(El país)
En los últimos años, Uruguay se ha posicionado como uno de los países con mejores entornos para la inclusión financiera. Eso, debido principalmente a la aprobación de la ley homónima implementada en el año 2014, a través de la cual el Estado uruguayo promovió un mayor acceso a algunos productos financieros básicos e impulsó una reforma en el sistema de pagos.
Un estudio realizado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales (Decon-FCS) de Uruguay analizó el acceso a las tarjetas de débito y crédito y evaluó los cambios de tendencia durante el período comprendido entre los años 2012 y 2017.
La investigación encontró que el acceso a las tarjetas de débito aumentó “drásticamente durante el período” analizado y que “la influencia de variables como ingreso, género y raza en la probabilidad de poseer una tarjeta de débito se debilitó significativamente”.
Asimismo, entre los principales hallazgos, el estudio constató que con la implementación de la ley de inclusión financiera, “la brecha racial en la posesión de tarjetas de débito desapareció” en el año 2017, mientras que se redujo la brecha de género.
En tanto, en lo que se refiere al acceso a tarjetas de crédito, se mantuvo constante durante todo el período analizado, siendo los ingresos y la educación dos factores influyentes sobre la probabilidad de tener una tarjeta de crédito.
El estudio encontró que en el período analizado, “la proporción de hogares que tienen tarjetas de débito aumentó sustancialmente (de 0,52 a 0,76) mientras que la cantidad de personas con tarjetas de crédito se mantuvo casi invariable (0,57 y 0,59).
Entre las variables analizadas, la investigación incluyó cómo afectan (al acceso a las tarjetas) los ingresos de la familia, la edad, el género, el nivel de educación, la situación laboral del jefe de familia y la tenencia de la vivienda.
Además, incluyó un indicador que evaluó los cambios en función de si el jefe de hogar es afrodescendiente, así como también un indicador de si el jefe de hogar recibe una transferencia monetaria condicionada.
En este sentido, los resultados para el año 2012 indicaron que el ingreso familiar, el nivel educativo, el sexo, la edad y la situación laboral “influyen significativamente” en la probabilidad de tener tarjetas de débito y crédito. Y si bien esos resultados se mantuvieron hasta el año 2017, hubo cambios relevantes entre un año y otro, como que el efecto del ingreso del hogar en la probabilidad de tener tarjetas de débito “es significativo y positivo en 2017, pero menor que en 2012”. En cambio, la influencia estimada de los ingresos en el acceso a tarjetas de crédito fue mayor en 2017, mientras que la influencia de esta variable sobre la probabilidad conjunta de tener tarjetas de débito y crédito aumentó en forma leve.
PERITO ANALIZÓ ACCIDENTE EN MALDONADO Y COPSA RESPONDIÓ
(SUBRAYADO)
Arturo Borges, perito y director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, analizó las posibles causas del siniestro en el que un ómnibus de Copsa volcó en Maldonado. Los elementos que maneja Borges son dos: una falla mecánica o un error humano.
“Cualquiera de las dos (hipótesis) debería salir a la luz preguntándose después por qué”, sostuvo el experto. Al respecto de la primera opción, dijo que “llama la atención” porque no han visto “huellas de frenada”.
Una pasajera que viajó en el mismo coche en un trayecto anterior, describió un bamboleo en la parte trasera del coche, en diálogo con Subrayado.
Sobre las denuncias del movimiento del ómnibus, indicó: “Los vehículos en general deben de tener una barra estabilizadora, que es la que va a absorber los distintos movimientos, los distintos laterales y los ejes, para poder corregir situaciones que puedan ser anormales en el camino”. También habló de que un amortiguador pudo encontrarse en malas condiciones.
Una falla de este tipo puede provocar que el ómnibus vuelque si va a alta velocidad. “Se puede desprender perfectamente el tren trasero”, sostuvo. La empresa Copsa aseguró que el ómnibus pasó por mantenimiento el mes pasado, pero el experto aclaró puede suceder de un día para el otro.
“Si las cosas no se ajustan como deben ser, evidentemente son máquinas, responden a una responsabilidad que hace tener un control, y evidentemente el propio conductor, cuando siente esa inestabilidad, tiene que hacer la denuncia y además tiene derecho de poder bajarse y negarse a hacer el viaje. Pero en este sistema, en el principio tenemos dos víctimas: una es el conductor, y la otra la joven fallecida”, explicó Borges y aseguró que es imposible que un chofer no se de cuenta en el caso de que se hubieran dado las fallas hipotéticas que mencionó.
SALINAS PRESENTARÁ RENUNCIA EN MARZO
(LA DIARIA)
En octubre del año pasado el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que se retirará del cargo en 2023, antes de que termine su mandato. Esta semana, adelantó que, sujeto a posibles modificaciones que puedan llegar desde Presidencia, piensa presentar su renuncia el 3 de marzo, luego del discurso del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General, que será el día anterior.
Un día antes de su renuncia, de tarde, Salinas planea trasladarse a Punta del Este para participar en el cierre de la octava sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe. La plataforma es un espacio para que los gobiernos, los organismos, el sector privado y la sociedad civil intercambien experiencias y faciliten la toma de decisiones sobre el Plan de Acción Regional para la implementación del Marco de Sendai en las Américas y el Caribe, acordado en marzo de 2017. → Leer más
En la sala 1° de Julio de EL TELEGRAFO, el coleccionista Leonardo de Souza presentó “El peso del sitio”, una charla sobre la numismática nacional basada fundamentalmente en la moneda de plata del año 1844, acuñada durante la Guerra Grande en el sitio de Montevideo.
Por recomendación de la división Jurídica del Ministerio de Ambiente, la cartera desestimó los descargos presentados por la empresa UPM en el recurso que elevó contra la multa que se le aplicó en el mes de octubre por contaminación desde el vivero Santa Ana, en cercanías de Guichón. Es una sanción de 700 UR por el vertido de productos contaminantes no habilitados, que llegaron a una cañada afluente del arroyo Santa Ana, denunciados por vecinos y por el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales.
