Día: 4 de junio de 2023

La lucha por la verdad y justicia que llevan adelante varias organizaciones sociales y partidos políticos en nuestro país tiene varios décadas ya y ha dado lugar a la denominada “Marcha del Silencio” que cada año nuclea a miles de personas en diversas localidades del país para mantener vivo un reclamo que es parte de las más elementales necesidades humanas. Saber qué sucedió con aquellas personas que aún se encuentran desaparecidas es un derecho que aún permanece en el debe en muchos países del mundo como puede ser España, la antigua Unión Soviética o varias dictaduras latinoamericanas del siglo pasado –en las que aún perduran obviamente no existen las “marchas del silencio–.

El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de mayo crea en el Archivo General de la Nación una Sección destinada a “reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”. De acuerdo con la exposición de motivos, “el Poder Ejecutivo ratifica su más férreo compromiso con la transparencia, entendiendo necesario acercar el conocimiento de datos, acciones, así como documentos que hacen a la gestión de gobierno a la mayor cantidad de personas, con mínimos o nulos requisitos y exigencias. Esa misma conducta se traslada a otros documentos que existen en el ámbito del Estado y que pueden tener relevancia por su contenido histórico. De este modo, se busca facilitar el acceso a los archivos que estén en poder del Estado en forma amplia y sin restricciones, tal el caso de los denominados ‘Archivos Berrutti’ u otros a los que en el futuro se logren obtener, siendo este extremo de suma importancia para conocer cabalmente un período trágico y complejo de nuestro pasado. (…) Por lo expuesto, y en concordancia con la línea trazada por este Gobierno en materia de transparencia activa, así como de la eliminación de barreras o dificultades para obtener información histórica, asegurando el pleno ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos, así como a la verdad, a la memoria y al acceso a la información pública sobre ese período”, se remitió el Proyecto de Ley mencionado. De acuerdo con el portal informativo Ámbito, los papeles que componen el Archivo Berrutti fueron encontrados en 2006, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, en una unidad militar, donde funcionó un centro de detención y tortura de la dictadura. O sea: durante un gobierno del Frente Amplio se encontró el denominado “Archivo Berrutti” pero pasaron 17 años (14 de los cuales la izquierda estuvo en el poder con mayorías parlamentarias) y el mismo nunca fue puesto en conocimiento de la opinión pública. Un dato más que llamativo que habla de una voluntad clara de mantener alejados de la ciudadanía datos que seguramente no dejan tan bien parada a la izquierda, tal como sucedió con Vivián Trías (dirigente nacional del Partido Socialista, y su Secretario General en el período 1959-1962, así como fundador del Frente amplio en 1971) de quien al finalmente se supo que entre durante 13 años en la década de 1960 y 1970 fue un espía a sueldo del gobierno checoslovaco (bajo control comunista) que por 200 dólares al mes (una suma importante para aquella época) entregaba a sus patrones extranjeros información sobre Uruguay. El triste papel de Trías está respaldado por un libro del historiador Fernando López D`Alessandro, quien pertenece a la izquierda uruguaya y por ello está libre de sospecha o animosidades político-partidarias.

La norma proyectada por el Poder Ejecutivo prevé que el acceso al contenido de la Sección que se crea será libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley sobre Datos Personales. Asimismo, se establece que los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional, conjuntamente con la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), instrumentarán los mecanismos necesarios para la publicación en línea de los contenidos no definidos como reservados al amparo de lo mencionado anteriormente. Resulta evidente que el texto del Poder Ejecutivo protege claramente aquellos contenidos considerados reservados (“datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros”). No se trata de un cheque en blanco para que las autoridades antes mencionadas divulguen “a diestra y siniestra” datos personales. Nada más lejano a la realidad.

A pesar de la claridad y cuidados puestos en la redacción del texto mencionado y de la importancia ciudadana del objetivo perseguido por el mismo, desde la izquierda surgieron en forma inmediata voces que se opusieron al proyecto de ley. Paradójicamente –y no tanto—Crysol, una asociación de expresos y presas políticos de la dictadura uruguaya que trabaja por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las personas que estuvieron detenidas fue una de las primeras en manifestar su descontento. Según el periódico “La Diaria”, a través de un comunicado Crysol señala que se trata de “documentos sensibles que deben ser manejados muy criteriosamente por un Estado democrático”.(…) El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, consideró que “se están manejando archivos muy sensibles provenientes de la justicia militar”, que “carecen de ningún valor legal” y que lo que consta en muchos documentos son declaraciones “arrancadas bajo tortura en condiciones terribles, como ha sido demostrado en los múltiples procesamientos que ha llevado a cabo la Justicia en nuestro país”.

Al ataque de Crysol contra la iniciativa del mandatario Lacalle Pou se sumó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien sostuvo que “hay que ser muy cuidadosos con esos archivos” ya que contienen “información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado” y que “hay que cuidarlas y no exponerlas”. Ante esto, el ministro de Defensa Nacional, Javier García expresó lo siguiente: “Escuché al presidente del Frente Amplio, el señor Fernando Pereira, que decía que no le parecía muy bien porque se podía acceder a información que no estaba bien acceder. Yo pregunto: ¿quién dice a qué información pueden acceder ustedes? ¿Cuál es el censurador que va a decir eso? Nosotros estamos por la transparencia, por la verdad. No queremos que haya un comité de censura que les diga a los uruguayos qué tienen que leer y qué no del pasado reciente”.

Ante la reacción de Crysol, Fernando Pereira y casi toda la izquierda uruguaya surge con claridad y firmeza algunas preguntas casi inevitables: ¿por qué quienes supuestamente buscan verdad y justicia tienen tanto temor por la difusión de esos archivos? ¿Qué secretos están tratándoles de ocultar a la ciudadanía? ¿Será que existe una Caja de Pandora que todos ellos quieren mantener cerrada tal como hicieron cuando estuvieron en el gobierno durante quince años? La respuesta podría surgir de un pasaje de “Hamlet”, una de las obras maestras del escritor inglés William Shakespeare en la cual uno de los personajes pronuncia una frase que se ha vuelto famosa: “Algo huele a podrido en Dinamarca”. Al parecer, en Uruguay también. → Leer más

Repentinamente, los informativos de televisión y radio, los diarios de imprenta y digitales dejaron de hablar y escribir del tema. Lo que hasta hace unos días prometía ser una discusión que debía terminar con un debate sobre las cuestiones de fondo, toda una oportunidad para profundizar sobre los desafíos no sólo de los Estados Unidos, sino que, por sus dimensiones, de buena parte del planeta, se acabó.

Todo aquello se diluyó y acabó con un acuerdo bipartidista. Alguien, con muy buena ironía, dejó deslizar: “fíjese si el tema en cuestión será importante, que Trump no pudo siquiera mencionarlo; por su complejidad, el tema le quedó grande”. Sarcasmos aparte, que todo el universo político y el mundo corporativo, incluso el académico, hayan encontrado una vía rápida de postergación, lo único que quiere decir es que efectivamente se está ante una encrucijada muy profunda, donde la alternativa de seguir por esta vía o la de salirse hacia una posibilidad de recomposición no son claras, y que todos tendrán que asumir una cuota parte del precio. Y, por cierto, este debate aún no empezó, pero la amenaza de que ello será así, está asumida.

El viernes, todos contentos

El acuerdo bipartidista, como corresponde, “no dejó a nadie contento”, pero al riesgo de que la pradera se encienda, por lo menos el de las planillas Excel, se lo “pateó para adelante”. El acuerdo alcanzado entre el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, demócrata el primero y republicano el segundo, postergó el tema hasta 2025, una fecha mágica para la próxima administración de gobierno, pues cae después de las próximas elecciones presidenciales. Será, de algún modo, un termómetro para saber si la discusión de esta próxima campaña electoral se concentrará en las cuestiones centrales de la agenda de problemas, o quedará para una puja poselectoral y de cabildeos, como más o menos ha sido hasta ahora.

Lo que está claro es que este acuerdo le costó a Biden y McCarthy: 63-36 fue la votación, respaldada por los “centristas” de ambos partidos (abundan entre los demócratas, no así entre los republicanos), pero promovida solamente por los demócratas, que hicieron todo su desgaste. No hay que descuidar un dato importante de este entuerto: la idea de que habría un acuerdo siempre estuvo. Presentar este asunto como una simple barrera es pretender resumir el problema a una cuestión meramente administrativa. “Hemos salvado al país del flagelo del default”, celebró el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, al fundamentar su voto. “Estados Unidos puede dar un suspiro de alivio”, dijo casi ubicándose en el rol de un superhéroe de la pantalla.
Pero quien ganó algo de proyección en este episodio fue precisamente Kevin McCarthy, republicano originario de California, un político subestimado por el establishment de Washington. La negociación de este acuerdo bipartidista le permitió posicionarse como un jugador central, por lo menos hacia la interna partidaria.

El acuerdo Biden-McCarthy incluye la “eliminación” del riesgo de default por haber corrido el umbral de los compromisos, logró unos recortes presupuestarios, y que al intento número 15 logró los votos necesarios para aprobar el trámite parlamentario, para que Biden lo transformara en ley. Supo hacerlo de tal manera que la propia extrema derecha republicana no se ha sentido ganadora. Al asumir la “cruda realidad”, han advertido de que “va a haber un ajuste de cuentas”, en palabras de Chip Roy, correligionario de Texas. Dan Bishop, también republicano por Carolina del Norte, vía Twitter, lanzó un estéril “es la guerra”…, quizás les suene a algo. Y agregó, a modo de amenaza torpe, “estén atentos”. ¡Vaya doble originalidad!

Pero la percepción en la capital es que el momento tiene dos ganadores: uno, Joe Biden, que más allá de sus tropezones, sacó un tema de agenda preferido por la ultraderecha republicana, aunque en sentido estricto sea una consecuencia del problema mayor. Y dos, Kevin McCarthy, logró algunas cuestiones no menores: alinear a la mayoría de los republicanos detrás de este objetivo, que se aprobara un nuevo tope de deuda junto a un plan de recortes, y que sacar adelante este propósito haya sido mérito personal, pero no solitario, pues siempre mantuvo informados a sus colegas republicanos.

McCarthy logró unir en “la causa”, incluso, a “los conservadores fiscales”, algo que los memoriosos del Partido, apenas recuerdan como una leyenda deseada.
Buenas noticias
McMarthy fue uno de los ganadores. El otro, fue el presidente Biden. Firme y flexible, las dos f de la negociación, le permiten ahora dirigirse a definir su estrategia de último tramo de este período gubernamental, así como la campaña electoral para su reelección. Biden fue ganador porque logró blindar los fondos del Medicare y del seguro social, entre otros programas de apoyo a las clases medias.

Los datos de este viernes son alentadores para Biden: el informe del mercado laboral de los Estados Unidos presenta una situación sólida. Y Wall Street premió el anuncio con una suba del valor de las acciones. El índice S&P 500 subió un 1,5%, y también operaron al alza el Industrial Dow Jones y el Nasdaq.
Estos índices reafirman que el mercado laboral sigue estando firme. Y por ello, es un sólido apoyo para una economía que ha comenzado a desacelerarse a partir de las subas de tasas de la Reserva.

Las tasas de la Reserva sí se han convertido un problema, en especial, para las inversiones en desarrollo, las que fueron sorprendidas por un incremento de los costos financieros.
Desde diciembre de 2021, se han creado más de 5,5 millones de puestos de trabajo, y la tasa de desempleo cayó hasta el 3,4%. Hay que remontarse hasta la década del 60 para ver una tasa similar. Adicionalmente, según el The Conference Board, “el índice de satisfacción laboral es el más alto desde 1987”.

¿Dónde trabajan?

Washington ha repetido su debate sobre la deuda. En el 2011 rondaba los 15 billones y ahora está casi en 31,5. Superará los 50 billones de dólares para fines de la década, aun considerando los recortes recién aprobados.

En el año 2011, en ocasión de estas mismas discusiones, se conformó una comisión bipartidista para revisar íntegramente el presupuesto federal; una suerte de revisión “base cero”, ZBB, una técnica de presupuestación en la que todos los gastos deben estar justificados para un nuevo período a partir de cero.
Esa comisión concluyó con una serie de recomendaciones para reducir la deuda, pero todos los legisladores las descartaron, por inviables. En realidad, una sociedad es algo bastante más complejo y sofisticado que una inmensa planilla Excel.

Por ello persiste en Washington, en la agrietada capital política de los Estados Unidos, una duda que les inquieta: ¿quién está pensando en el futuro? Seguramente, sería lo más certero responder, que hay quienes lo están haciendo. Pero la mayoría tiene la convicción que esos no parecen trabajar en el Congreso.

  → Leer más

Ya se sabe entre quienes será la carrera: Yamandú Orsi y Carolina Cosse. En esencia será entre el MPP y el PCU: tupamaros versus comunistas.
La decisión del PCU fue muy masticada. Sondeos varios y largas discusiones. Se reflexionó mucho en función de las potenciales fuerzas y del tamaño y eficiencia de los respectivos “aparatos”. Guiados siempre por su doctrina y ajustado a como funcionan los partidos comunistas.

Se analizó la propia personalidad de la candidata. Su conducta como política; su transitar como gobernante. Hoy, ya resueltos, le llaman su “don de mando”, pero les preocupa su tendencias autoritaria y personalista. Se resisten al liderazgo individual, a los “hombres fuertes” que estén o se sientan que están por sobre “el Partido” y no se sometan a las reglas y la conducción de “la Nomenklatura”.

Fue una cuestión de oportunidad. Se barajó la alternativa de ir con lista propia, pero se vio que ello viabilizaría la candidatura de Orsi y aumentaría las posibilidades de éste de llegar a la presidencia, lo que se consideró que constituiría un retraso para sus planes de tomar las riendas de la izquierda de forma total. Se entendió que las “internas” son prioritarias: el mejor momento para “adueñarse”.

Vistas las cartas, ahora resta ver lo que dirán las encuestas, hasta hoy muy favorables al hombre del MPP. Ver también cómo incide en ellas si el seregnismo o astorismo va con candidato propio. Esta eventualidad quita votos a Orsi; de hecho sería funcional a Cosse.

“No vio que Fernando Pereira dijo que era bueno que el seregnismo compita y que se amplíe la oferta y todos sabemos para el lado que él juega”, me dijo alguien del MPP. Los expertos y asesores de cada uno de los candidatos ahora tendrán que ponerse las pilas. Con un doble objetivo; cuidar la imagen de su “pollo” para el “después” –para la conquista de los votos flotantes en las elecciones generales– pero sin distraerse con la interna en la que se necesita una mensaje diferente, algo más radical.

Esta etapa, aparentemente, se hace mas fácil para Cosse: del mensaje ortodoxo y radical se ocupa el PCU, al que ayudan algunos grupos menores, mientras ella alimenta su imagen de gobernante de estatura nacional. Gasta mucho y cuenta además con el aparato municipal y medios propios. ¡Bah!, propios no, son públicos, son del Estado, pero ella los maneja como propios.
El problema de Cosse es que a nivel de la población genera más rechazo que Orsi. Puede que no sea tanto en la interna, pero algo también se da. Además comete errores: que es “prescindible” hablar de la prioridad dada al “Antel Arena” por sobre la represa Casupá, cayó muy feo. (A todo esto, ese asunto del AA está en la Justicia, ¿no?; quizás en manos de un fiscal que lee lento). Cae feo también el desprecio por los problemas de los montevideanos, y eso incide. No se trata de repartir bidones, sino de destapar las cloacas y del saneamiento.

Los de Orsi deben afinar la puntería. No basta con Mujica y menos con la bendición de un Papa cada vez más kirchnerista: ésta es una mala junta.
Héctor Rodríguez, entonces mi jefe, me decía, en épocas de la Asamblea Nacional de Sindicatos y de la “Reforma Amarilla”: el problema es que la unidad de la izquierda sin los comunistas es imposible, pero con ellos se va hacia el fracaso.

Para empezar acaban con los sindicatos, me advertía aquel gran dirigente del Congreso Obrero Textil. → Leer más