Día: 14 de abril de 2024

En estos días han recrudecido las quejas y señalamientos y las charlas técnicas y de festejo en torno al tema del atraso cambiario. Y este, el del atraso, seguramente será recurrente hasta la campaña electoral, salvo que haya algunos toquecitos de timón que para muchos ponderados y respetados analistas deberían haberse dado ya desde el año pasado. El éxito del gobierno en domeñar la inflación, –que no es poco–, junto al “atraso” y la reforma jubilatoria serán vedettes para octubre. Esto dependerá, desde luego, de si el Pit Cnt consigue las firmas: si no llega será un gran fracaso para la central sindical y si lo logra puede transformarse en serio escollo para el retorno de la izquierda al gobierno. Difícil que los uruguayos se lo lleven; el FA perderá credibilidad y eso se refleja en votos.

Para la coalición de gobierno sería una suerte que Abdala y su gente tuvieran éxito, se le haría mucho más fácil.
Sin duda que lo de la inflación es muy importante, pero ¿cuál es su poder de convocatoria al momento electoral? El público no lo valora, es como las calles sin pozos. Además, poca inflación pero uno de los países más caros del mundo.

Lo del atraso bancario es otra cosa. Muchos lo disfrutan hasta sin darse cuenta –viajes, autos, compras en el exterior– y se sienten bien y eso puede determinar el voto. ¿Que se trate de una nueva época de “plata dulce”? Por ahora nadie piensa en ello.
El tipo de cambio “desalineado” tiene empero implicancias más serias que pueden afectar el crecimiento económico, generar dificultades y desaliento en sectores productivos y hasta problemas de empleo. Y al momento de votar…

Desde el gobierno el MEF y desde el ortodoxo Banco Central que se muestra muy contento consigo mismo, explican que esta apreciación del peso es una muestra de confianza en el país. Insisten unos y otros que hay una libre flotación del dólar sin ninguna intervención del Banco Central. Como que la gente de aquí y otra que viene de afuera (inversores) quiere desprenderse de los dólares y refugiarse en el peso.

Algo hay, pero no es tan así. Efectivamente el BCU no compra ni vende dólares, pero con su política monetaria y su objetivo antiinflacionario incita, influye o estimula ciertas decisiones que inciden en el mercado de cambios y explican la caída del dólar. Las Letras de Regulación Monetaria que emite el BCU, son razón y explicación. Son papeles a plazos de 30, 90 y más días, que pagan una tasa anual en pesos del 9%, en un país con una inflación menor al 4% anual y en el que el dólar está planchado o cayendo, que constituyen un muy buen negocio para operadores financieros: bancos, las AFAP, inversores. Buen interés más el eventual fortalecimiento del peso frente al dólar. Imagínese el lector a alguien que vendió dólares a 38,93 el 1º de marzo, colocó en LRM y recompró dólares a fin de ese mes a 37,55. A dos puntas: diferencia de cambio y 9% de interés anual en pesos.

Pero nada es gratis. Se estima que al 31 de marzo las LRM sumaban unos 9 mil millones de dólares. Eso es deuda, del BCU, del país y de todos, por la que se paga una tasa del 9%, lo que implica al año un desembolso del orden de los 800 millones de dólares. Esto explica las ganancias declaradas por los bancos, las decisiones de las AFAP y la venida de inversores. Se sabe quien los gana, pero ¿y quién los paga? y ¿cómo se pagan?
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Estamos, no está demás comenzar reconociendo el segundo problema antes que el primero, frente a un extendido consenso de que nuestras democracias están o atraviesan o viven una crisis. Pero existe el mismo consenso para concluir en que no hay coincidencias acerca de qué tipo de crisis nos toca vivir.
En 1748, cuando el Barón de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, publicó “El espíritu de las leyes” dejó establecida su teoría de la división de poderes, muchas han sido las constituciones del mundo que han hecho suyo este principio. Las constituciones postrevolucionarias norteamericana y francesa, dieron lugar a las dos formas de gobierno respondiendo a la necesidad de limitar el poder, dotándose en ambos casos de cierta independencia al poder judicial.

Aún a riesgo de pecar de un exceso de simplificación, en el “El Espíritu de las Leyes” Montesquieu manifiesta que la justicia es el principio fundamental que debe buscar la legislación. Montesquieu enuncia una separación de poderes cuyo propósito es garantizar la justicia y dejar establecidos los límites del poder. En síntesis, este concepto de división de poderes lo que se propone es evitar la concentración de poder en alguno de esos tres poderes del estado.

Por ello, Montesquieu suma en esta conceptualización, el principio de igualdad ante la ley y, al mismo tiempo, la imparcialidad de los jueces. Fundamental, que esas leyes sean claras, conocidas por todos y aplicadas de manera imparcial. Montesquieu insiste en que el sistema judicial debe ser independiente de los otros poderes del estado, como principal garantía de imparcialidad.
Las otras teorías del Barón
Montesquieu trascendió a su tiempo. Severo defensor de la república y crítico de los autoritarismos, ya sea monárquico como alguna expresión del despotismo, advertía que para el mejor desarrollo del sistema político era necesaria una virtud o conducta cívica de parte de los ciudadanos, o sea, una ética que sitúe el bien común, el interés general, por encima del individual y que fomente, especialmente, la participación en la vida política. Por ello, en ausencia de esta “virtud cívica”, o en falta de los equilibrios definidos en la teoría se descompensarían, y con ello, la pérdida de legitimidad del sistema político.

Ha cedido…

Unas de las afirmaciones más celebradas data del año 2004, escrita por Sheldon Wolin, en su libro “Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought” (Princeton 1960, 2nd Ed. 2004): “la ubicación de la crisis se ha buscado en los lugares equivocados”.

Este libro tuvo una primera versión del año 1960, que fue enriquecida en el 2004. Los capítulos agregados expusieron una nueva profundidad y son en sí mismos un novedoso aporte teórico, como también lo fue “Democracia S.A.: democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido”-. Wolin concluye que Estados Unidos había desarrollado una nueva forma política, a la que refirió como “totalitarismo invertido”, donde el poder económico en lugar del político es “peligrosamente dominante”, un tecnofascismo como nueva forma de totalitarismo. En el tecnofascismo, el uso de las telecomunicaciones y de las computadoras es un medio de vigilancia absoluta, consiguiendo adhesiones de una población que percibe una sensación de progreso.

En esta conceptualización, importa la precisión de esta idea: la aparente horizontalidad de una sociedad altamente tecnológica es, entonces, apenas una apariencia casi edulcorante. Por ello, para Wolin el elitismo es un principio político fundamental aquí, mientras la existencia de habilidades desiguales es un hecho ineludible, y una contradicción con un sistema democrático horizontal.
En la edición ampliada, insiste en que la teoría política de finales del siglo XX debería energizar, iluminar y provocar a las generaciones venideras de académicos.

Coincidencias

A partir de este reconocimiento, podría aparecer la primera coincidencia que nos debería ayudar a ordenar esta confusión: el problema de la democracia, el impulso que la ha agotado, es que ha cedido frente a las redes corporativas en sectores organizados que representan los intereses de grupos que son protegidos por encima o más allá del soberano, e incluso, hasta prescindiendo de él. Por ello, hay analistas que no dudan en concluir que, de una relación desigual, no puede menos que producirse la desafiliación, la abulia o el desinterés, el cual no sólo aparece como un rasgo del estado postdemocrático, sino post representativo.
Dicho de otra forma, el agotamiento del sistema representativo no sólo tiene que ver con las democracias parlamentarias, sino que esa misma debilidad o fragilidad ha invadido a las democracias presidencialistas.
En el parlamentarismo, la atomización del sistema de partidos fue debilitando la construcción de coaliciones o alianzas más o menos sostenidas, instalándose progresivamente mayores costos institucionales al momento de dotar de estabilidad al gobierno surgido débil de esas instancias. Hay un concepto, bastante universalizado, respecto a la creciente incapacidad de aportar gobernabilidad a los presidentes, sean éstos del signo que sean. Esta debilidad se refleja en el deterioro del complejo sistema de pesos y contrapesos de poder, de capacidad decisoria, y de una separación de los poderes del estado más marcada, contundente. Surge la tentación autoritaria y el uso del estado como herramienta de construcción de ese poder ilegítimo.

Coaliciones

Pero el foco de la preocupación es el poder en disputa, casi permanente, aunque la zona de incertidumbre electoral sea relativamente pequeña. Y en esos estadios, el diálogo es una suerte de suma de monólogos, tal cual los intercambios de audio de WhatsApp, a diferentes velocidades y pausas. Algunos concluyen, otros quedan colgados, pendientes sin razón definitiva. Pero eso no es un diálogo. Por definición, un diálogo tiene interlocutores que se alternan, y es una forma eficiente de transmitir información y también emociones.

A diferencia de lo que sucede en otras latitudes, cercanas y lejanas, la democracia uruguaya es una democracia de partidos, de fuerte arraigo. Con mayores niveles de volatilidad que en el pasado, se está muy lejos de los registros de nuestros vecinos o de otras referencias que se quiera elegir.
Los partidos han consolidado y contribuido de enorme modo a esa solidez institucional. Aún en la consideración de que los fenómenos propios de la era de las redes se han hecho presente, los partidos también han resistido la erosión del tiempo y sus propios errores.
El riesgo es que las estructuras partidarias se desmoronen frente a las redes corporativas que representan los intereses de grupos que construyen impunidad. Y son protegidos más allá del soberano. → Leer más

La recolección de firmas que impulsa el Pit Cnt y un grupo de figuras políticas del Frente Amplio constituye un espectáculo donde todo parece deslizarse sin prisa, pero sin pausa a un profundo abismo. Ambos están jugando a la ruleta rusa con un revólver que tiene su cargador lleno, por lo que resulta imposible siquiera dudar sobre cuál será el resultado de esa macabra hipoteca multimillonaria que deberá afrontar el país. Para ello habilitar el plebiscito en contra de la reforma de la seguridad social se necesita recolectar 270.000 firmas, para lo cual tienen tiempo hasta el 27 de abril. A modo de ejemplo, el Partido Socialista y su secretario general, Gonzalo Civila, han sido también grandes defensores de la recolección de firmas. A ellos se suma la precandidata frenteamplista e intendente de Montevideo, Carolina Cosse, quien ha manifestado que firmó la iniciativa, pero llamativamente (y de manera conveniente para su campaña electoral) no se pronunció sobre el contenido de la enmienda constitucional que impulsan los sindicatos. El cinismo político en su máxima expresión.
Por su parte, el senador Mario Bergara, quien discrepa abiertamente con la ley vigente, ha manifestado en varias ocasiones su oposición a la recolección de firmas que lleva adelante el Pit Cnt y sus satélites frenteamplistas –que son lo mismo–, expresando que “tener las cuentas individuales con nombre y apellido de trabajador permitió que en la crisis de 2002 a nadie se le ocurriera decir ‘vamos a echar mano a esa plata porque estamos en la ruina’, porque estaba claro que esa plata no era del Estado uruguayo”, afirmó.
Según recoge La Diaria, consideró que avanzar en los “parámetros planteados en la papeleta” del plebiscito que impulsan el Pit Cnt y otras organizaciones sociales sobre la seguridad social “va en la dirección contraria de la sustentabilidad fiscal. Hoy hay un millón y medio de cuentas individuales con el nombre y apellido de los trabajadores y las trabajadoras. No estamos de acuerdo con que esas cuentas se diluyan en un fondo común, por más que eso se vuelque al pago de jubilaciones, porque sabemos que tenemos un sistema totalmente deficitario. Según Bergara, las AFAP protegen los ahorros de las personas en situaciones de crisis”. El senador sostuvo que otra discrepancia con el contenido de la papeleta es que al consolidar los derechos preexistentes “consolida los privilegios”.
Bergara expresó que no “queda clara” la postura de la intendenta de Montevideo sobre el fondo del asunto. Además, dijo que “no ve la lógica” en la idea de Cosse de que el tema vuelva a discutirse en la Asamblea General, ya que los legisladores que componen este órgano “son los mismos que mayoritariamente aprobaron la reforma jubilatoria que nosotros queremos revertir”.
Mientras tanto el expresidente de la República del MPP, José Mujica, y el precandidato presidencial frenteamplista, Yamandú Orsi, se mostraron contrarios a la idea de un plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Mujica señaló que “es un terremoto cambiar la Constitución” pero que al sistema jubilatorio “hay que toquetearlo a cada rato por el cambio en la naturaleza del trabajo”, por lo que no resulta conveniente incluir las cláusulas en el texto de nuestra carta Magna.
El economista y socio de la consultora uruguaya Exante, Pablo Rosselli, elaboró un resumen de los argumentos detrás del rechazo a la iniciativa de la central sindical, la cual calificó como “una pésima iniciativa, regresiva y temeraria”. Sus críticas se suman así a una larga lista de detractores que incluye, incluso, a la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings. En un hilo en X —antes Twitter—, el especialista sostuvo que “es una muy mala idea introducir regulaciones de índole legislativa en la Constitución, porque la Constitución es muy difícil de cambiar y debe utilizarse para establecer las grandes reglas del ordenamiento jurídico”. Rosselli aseguró que “la reforma constitucional es profundamente regresiva”. En primer lugar, porque “son las personas de mejores carreras y mayores ingresos las que pueden acumular 30 años de servicio a los 60 años de edad”, mientras que “las de menores ingresos deberán trabajar más allá de los 60 años, aunque se apruebe esta reforma.
Otro argumento para sostener la idea de regresividad fue que “actúa en perjuicio de las generaciones más jóvenes, que son quienes más padecen la pobreza y el desempleo y que deberán soportar una mayor presión tributaria” para sostener un sistema previsional ampliado por la edad mínima jubilatoria de 60 años –que la reforma de la seguridad social elevó a 65 años, justamente, para garantizar la sostenibilidad de dicho sistema–.
En tercer lugar, Rosselli señaló que, además, “la indexación de las pasividades mínimas al Salario Mínimo Nacional terminará alentando a los futuros gobiernos a rezagar el salario mínimo, como pasaba hasta 2005”.
“La reforma es temeraria porque plantea un fuerte aumento instantáneo del gasto público (suba de pasividades mínimas) y una enorme inseguridad jurídica, no sólo por la confiscación de los ahorros administrados por las AFAP sino porque también pone en duda la reforma de 1996”, consideró el socio de Exante, que también advirtió: “Si este proyecto de reforma constitucional terminara siendo aprobado, el próximo gobierno deberá gestionar una herencia compleja para las finanzas públicas y deberá dedicar mucho esfuerzo político a encontrar una solución legislativa que cumpla con la Constitución”.
Por su parte el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), economista Ignacio Munyo, ha sido igualmente claro con la propuesta: “El Pit Cnt propone retroceder 30 años para deshacer dos reformas previsionales que han recibido reconocimiento global (1996 y 2023) y condenar al próximo gobierno a lidiar con las enormes consecuencias negativas que ello implica. La iniciativa es muy fácil de vender: ofrece aumentar el pago mínimo por pasividades y asegura que ninguna jubilación ni pensión sea inferior al valor del salario mínimo nacional; todo sin reducir los montos jubilatorios de la casi totalidad de las personas. La propuesta es tan populista como retrógrada al reducir la edad jubilatoria a 60 años, exigiendo 30 años de servicios; condiciones similares a vigentes en 1904, cuando la esperanza de vida era 27 años menor que la actual”, comenzó el economista. Y añadió: “A su vez, con una ceguera ideológica que nubla la realidad, se propone eliminar el ahorro individual jubilatorio y la confiscación de los fondos de cada trabajador que gestionan las AFAP, para que pasen a la bolsa del BPS, borrando la identificación de la propiedad individual”.
Al igual que el barco más famoso de su tiempo, el lujoso Titanic, los promotores de esta irresponsabilidad institucional no están haciendo caso a las señales que se presentan en una trayectoria que todos sabemos cómo termina. En caso de que resulte aprobada la reforma propuesta esos promotores tampoco se harán responsables de sus trágicas consecuencias para los uruguayos, así como tampoco del descrédito que sufrirá nuestro país y de los juicios multimillonarios que enfrentará y perderá ante los accionistas de las AFAP, siguiendo el mismo camino que Argentina, la cual acaba de perder un juicio internacional por la nacionalización de las AFJP –similar a las AFAP—durante el gobierno de Cristina Kirchner. Nada de eso importa, sólo ponen su atención en los réditos electoralistas y de corto plazo. Así, los radicales que manejan a su antojo al Pit Cnt y la cúpula del Frente Amplio –que insistimos, son la misma cosa—vuelven a torcerle el brazo a toda la coalición de izquierdas. Siguen al mando de “su” Titanic mientras el país permanece cautivo de un final tan trágico como previsible. → Leer más

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