En su reciente visita a Paysandú, el Dr. Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma de la seguridad social vigente, destacó a EL TELEGRAFO los alcances de la situación que atraviesa el sistema jubilatorio, pese a las medidas paliativas que se han incorporado con esta normativa, a la vez de analizar los problemas terminales que determinaría la aprobación de la reforma constitucional que promueve el Pit Cnt y sectores del Frente Amplio.
Entre otros aspectos dijo que pese al dinero que pasaría de las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales) al Banco de Previsión Social (BPS) por la reforma constitucional que promueve la central sindical, en caso de aprobarse, se acentuaría enormemente el déficit del organismo, porque las cargas y compromisos que incorpora son mucho mayores que el dinero que ingresaría por este concepto. “Es como darle 100 pesos a una familia para que haga frente a compromisos por 700”, según señaló.
Pero hay otros elementos involucrados en esta problemática, que forman parte de la ecuación que es una de las causas del gradual deterioro de la disponibilidad de recursos, como es el caso de la relación activo – pasivo, es decir la cantidad de aportantes respecto a las personas que se van acogiendo a la pasividad, por razones etarias. Expuso el entrevistado que por un lado “el ingreso al mercado de trabajo al BPS tiene una media del orden de los 22 años, y es bastante estable a lo largo del tiempo. Hay algunas razones que son positivas, podríamos decir, en el ingreso más tardío, y es lo que tiene que ver con el mayor número de muchachos que hacen estudios terciarios”.
“Pero igual allí tenemos un problema muy grande con que hoy, que han mejorado los números, solo cinco de cada diez muchachos que arrancan terminan la educación secundaria. Y esos cinco que terminan educación secundaria van a tener que ser enormemente productivos para poder financiar el estado de bienestar que nos enorgullece a los uruguayos. Porque van a ser cada vez grupos más chicos de la población que van a tener que financiar a un grupo etario cada vez más grande de personas”, explicó,
Recordó que “cuando éramos campeones del mundo –1950– había seis personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65, y hoy tenemos aproximadamente tres, de los cuales trabajan dos, y vamos camino a que sean uno y algo, y por lo tanto el nivel de productividad, ya sea vía aportes como por impuestos, va a tener que ser enorme, salvo que nos hagamos cargo de lo que todos sabemos que hay que hacerse cargo”. Trajo a colación que “el primero que dijo que había que aumentar la edad jubilatoria fue el expresidente José Mujica en el año 2011”, en tanto al ser consultado sobre el incremento de otros gastos que enfrenta el BPS aclaró que “debemos imaginar qué hubiera pasado en el año 2002, por ejemplo, con la crisis financiera si ese dinero en las AFAP no hubiera sido propiedad de las personas. Seguramente hubiera pasado lo mismo que en la Argentina (confiscación de esos fondos por el Estado y posterior colapso del sistema) y este plebiscito nos lleva por el camino ese de la Argentina”.
“El BPS ha crecido mucho en el nivel de prestaciones que da por fuera del sistema jubilatorio, y se financian todas con Rentas Generales, no con los aportes jubilatorios. Por ejemplo tanto el Seguro por Enfermedad y particularmente el Seguro por Desempleo fueron cruciales como instrumentos para que el Uruguay lograra llevar de la mejor manera posible el impacto brutal que tuvo la pandemia en nuestro país, a nivel de la actividad económica y del empleo, en tanto ahora el BPS tiene más cotizantes que nunca y se ha recuperado el nivel de empleo a nivel prepandemia.
Acotó asimismo que “hoy hay aproximadamente un millón y medio de personas con cuentas con saldos en las administradoras”, pero a la vez hay personas que entran y salen por distintas circunstancias del empleo. Pero sin dudas el número de personas involucrado en las AFAP es muy importante respecto al número total de trabajadores y de la población”.
Lo que implica, por supuesto, que lo que se plantea por el Pit Cnt es un verdadero despojo al dinero que es propiedad de los trabajadores, con el objetivo de trasladarlos al Estado a través del Banco de Previsión Social, para subsidiar, en el mejor de los casos, otras prestaciones, que es desvestir un santo para vestir a otro y generar una inseguridad jurídica en el país, cuando se cambian las reglas de juego sobre la marcha, a la vez de dejar intactos y peor aún, se agravan las causas de la desfinanciación ante el incremento de gastos y seguir con un número de aportantes bajo en relación con los beneficiarios del sistema, en una tendencia irreversible y que se acentuará sensiblemente con el paso de los años.
Sobre este escenario y cuestionamientos a la reforma de la central sindical no hay discrepancias de ningún economista, e incluso el economista Gabriel Oddone, a quien se menciona como el probable ministro de Economía y Finanzas en un eventual gobierno del Frente Amplio, ha señalado que “me he convencido de que la iniciativa no solo no enfrenta ninguno de los desafíos que nuestro sistema previsional sigue teniendo, sino que es probable que agrave algunos problemas que la reforma reciente no resolvió y que termine generando resultados opuestos a los buscados por los impulsores de la reforma”.
Es decir que esta propuesta va exactamente en el camino opuesto a las soluciones de fondo que requiere la problemática, porque el Pit Cnt apunta a una reforma constitucional para restablecer un régimen previsional puro de reparto, fijar la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional (SMN).
Apunta el reputado economista que “la reforma constitucional planteada es inadecuada, inconveniente e imprudente”, y sobre todo plantea que “la reforma impulsada restablece un régimen de reparto puro como el que existía en Uruguay antes de 1966. Si la iniciativa prosperara, las contribuciones de los activos del futuro deberán ser crecientes porque la proporción de adultos mayores en la población total seguirá aumentando. Por eso, un régimen de reparto puro es desaconsejable en un contexto de envejecimiento poblacional”, teniendo en cuenta además que lo que se hace en esencia, es aplicar un voluntarismo de repartir lo que no se tiene ni se va a tener –se va a tener cada vez menos, en realidad– confiando en que los recursos van a tener que aparecer de algún lado.
Como indica Oddone, no parece adecuado “promover una reforma que implique mayores transferencias futuras de jóvenes a viejos. Por todo lo anterior, eliminar el esquema multipilar de nuestro actual régimen previsional no tiene mayor fundamento”, como así tampoco sostener que la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos queden fijados por mandato constitucional en 60 y 30 años, respectivamente.
“Ello es a todas luces inconveniente, puesto que ambos son parámetros que pueden tener que ser modificados a raíz de innovaciones tecnológicas, transformaciones del mercado laboral y cambios en las costumbres. Debido a ello, estos temas son materia legal, no constitucional”, subraya.
Peor aún, se plantea agravar los problemas de sostenibilidad del régimen al convertirlo en uno de reparto puro, e incluso pese a los eslóganes de los impulsores, el sistema previsional terminaría siendo menos equitativo. “Inadecuada, inconveniente e imprudente”, señala al respecto Oddone, a lo que hay que agregar, de nuestra parte, que es lisa y llanamente un intento irresponsable, panfletario y cargado de ideología trasnochada, al ofrecer un escenario de bienestar delirante, solo posible en los papeles, a fuerza de eslóganes sesentistas, para arrastrar a la ciudadanía a un futuro de caos y precipicio. → Leer más
El Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó la transformación de cinco escuelas a la modalidad de Tiempo Completo, en el marco del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. Los centros educativos modificados son las Escuelas 271 y 409 de Montevideo; la 45 y 3 de Rocha y la 94 de Tacuarembó.
En el marco de la instrumentación del proyecto de renovación del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, en las últimas horas el Poder Ejecutivo de nuestro país fijó la Comisión por Administración de UTE para el complejo hidroeléctrico –de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 448 de la ley N° 17.930 de 2005– en la suma de $ 700 millones, que se destinarán a gastos de administración, operación, mantenimiento e inversiones del complejo binacional. El aporte del Estado uruguayo para cubrir el presupuesto anual de Salto Grande se integra con una partida presupuestal, más la referida Comisión por Administración de UTE.
Un hombre con adicción al juego quiere que su esposa lo acepte nuevamente y para ello trata de cuidar de sus hijos. Una de las cosas que hace es llevarlos a la escuela el mismo día en que un ladrón decide asaltar… la casa de juegos en la que el protagonista se ha detenido por un dato de apuestas “infalible”.
Un hombre debió recibir asistencia médica al sufrir un accidente de tránsito al mediodía de la víspera. En base a los datos recabados por EL TELEGRAFO, éste circulaba en la motocicleta P110 cc, empadronada como ICT 6267, por Zorrilla de San Martín hacia el norte.
La edila del Frente Amplio Paola Ifrán, señaló que la gestión del intendente Nicolás Olivera, “está entrando en una etapa en la que lo encuentra muy débil, y ocasionando muchos disgustos en distintos barrios de la ciudad”.
Durante el último año agrícola ganadero (julio 2023 a junio 2024), tanto el valor de los corderos como de las ovejas descendieron U$S 7,90 por cabeza, respecto a igual período anterior. En ambos casos, las carcasas fueron más pesadas este año, pero el valor al bulto recibido por el productor cayó un 13%. Los corderos, según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), pesaron en promedio 38,1 kilogramos en pie, con un rendimiento en cuarta balanza del 45,1% significando carcasas de 17,2 kilogramos. Este peso es 800 gramos superior al año previo.
