Noticias relacionadas a los empresas, negocios, dinero, economía y finanzas en el mundo, Uruguay y Paysandú en particular.
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Al tiempo de subrayar que la utilización del puerto desde el punto de vista del costo total, “no presenta un gran ahorro para sacar la producción por una vía o la otra”, sí es “una comodidad para los exportadores citrícolas de Paysandú, que podemos ir acopiando en el puerto de Paysandú los contenedores, e ir liberando”, manifestó a EL TELEGRAFO Jumil Crouzet, director de Forbel.
El empresario explicó que para sacar la producción “utilizamos los dos canales posibles: terrestre y fluvial”. En el puerto de Paysandú se utiliza “un barco más pequeño, que hace trasbordo a un barco más grandes en la terminal de Montevideo. Hay una salida semanal por el puerto, y en función de la disponibilidad que tenemos para cuando se puede cargar, lo hemos utilizado”, dijo.
Sobre la logística expresó que a nivel país “se ve un evidente menor uso de las carreteras, pero desde el exportador no se refleja una reducción que pueda cambiar la ecuación del negocio en forma drástica”, acotando que al puerto le ve “una ventaja logística”.
El trabajo fue realizado en el marco de la Red de investigación en ciencias sociales para enfrentar las secuelas de la pandemia (Risep). Esta red es una iniciativa de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu), las distintas entidades de las Naciones Unidas que trabajan en el país, representadas por la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay (OCR) y el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) de Uruguay.
Para el documento antes mencionado, “el sistema de protección social uruguayo presenta un elevado grado de cobertura en la etapa activa, especialmente si se lo compara con otros países de América Latina donde los mercados laborales se caracterizan por elevados niveles de informalidad. En efecto, con un nivel de informalidad que en el 2020 alcanzó, en promedio, al 22% del total de ocupados algunos autores señalan a Uruguay como el único país de América Latina donde la proporción de trabajadores informales se encuentra alineada a lo esperado, considerando su nivel de ingreso”.
De acuerdo con el informe, “la evidencia internacional disponible muestra que el distanciamiento social es, desde el punto de vista sanitario, una medida eficaz para contener la propagación del virus en la población y para evitar el colapso de los sistemas de salud.
Al mismo tiempo, sin embargo, la estrategia de aislamiento y distanciamiento social implica un importante shock de oferta para la economía, en la medida en que se dificulta enormemente la producción y la distribución de ciertos bienes y servicios. (…) La importante red de conectividad que existe en las economías actuales, y muy particularmente en Uruguay, permite que muchas de las tareas habituales que realizan los trabajadores puedan continuar desarrollándose con relativa normalidad de manera remota. Sin embargo, hay muchas otras tareas que se tornan imposibles de realizar bajo un contexto de distanciamiento social.
En este sentido, resulta evidente que los sectores y trabajadores más afectados por las medidas adoptadas son aquellos que tienen menor capacidad de mantener su actividad laboral en un contexto restrictivo en materia de movilidad como el que se instaló en Uruguay principalmente durante los primeros meses de pandemia”.
Dr. Rodrigo Deleón
DELEÓN ABOGADOS – Río Negro 1370 esc. 702 – Montevideo – Celular: (099) 10-33-13 – E-mail: rdeleon1370@gmail.com
Si bien el ritmo de actividad no es de gran despliegue, en los últimos días se han efectuado operativas de granos en el puerto sanducero, e incluso ha tenido lugar la salida de la primera partida de soja de la última cosecha, a lo que se agrega la salida regular de contenedores, destacó a EL TELEGRAFO el administrador de la terminal portuaria sanducera, Jorge Granja.
Expuso el jerarca al respecto que “ha salido soja en barcazas, con un volumen de 4.300 toneladas, y también ha llegado azúcar crudo, en un total de 7.000 toneladas. El azúcar crudo se destina al procesamiento en la planta local de Azucarlito, en tanto la soja va a transbordo en el puerto de Nueva Palmira. La salida de soja es la primera del año, aunque todavía no tenemos nada previsto de próximos operativos, que se irían dando sobre la marcha, como ha sido este caso, en tanto ha sido la segunda de azúcar y estamos esperando una tercera para fin de mes”.
El viceministro de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, indicó a EL TELEGRAFO que con este premio se busca es dar visibilidad a “emprendimientos que han incorporado por primera vez, o en etapas anteriores, procesos de economía circular a su cadena de valor; para que nos sirvan como paradigmas, para que otros los tomen como ejemplo y para comenzar a entender que es un camino que debemos transitar”.
Verri es quien lidera dentro de la cartera el programa Page, con el que se le dio continuidad a la promoción de la economía circular, que había empezado en el país con el proyecto Biovalor. “Biovalor terminó el año pasado, estamos gestionando un Biovalor 2, básicamente era un programa de economía circular a partir de los residuos generados en las actividades agropecuarias”, indicó. Page es un programa de economía verde que se lleva adelante junto a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)b y otros ministerios, como el de Trabajo, el de Ganadería Agricultura y Pesca, el de Ambiente, y la OPP.
“Lo que busca el programa Page es desarrollar capacidades de economía circular en el país, en diferentes áreas. La economía circular básicamente busca no solamente el desarrollo económico, sino también el desarrollo con sustentabilidad social y ambiental”, explicó el jerarca. “Para quien tiene que delinear las políticas públicas en materia de industria y de energía, incorporar a la producción prácticas de economía circular es un desafío que nos hemos propuesto con el ministro cuando asumimos, y es uno de los grandes temas que tenemos para potenciar en este mandato”, agregó.
La visita, realizada el 13 de julio, es la primera de una serie en que el MIEM busca “conocer la realidad del sector, las dificultades que puedan repetirse, y estar siempre en contacto, para que el Estado genere soluciones viables, las que necesita la industria”, explicó Pecoy.
Pecoy y un equipo del MIEM visitaron la empresa que produce y exporta cáñamo industrial, mientras tramita una licencia para la producción de cannabis medicinal. Esta visita es la primera de una recorrida por las empresas del sector, con el objetivo de “conocer su realidad y generar, de parte del Estado, las soluciones que necesita una industria con gran potencial para proyectarse internacionalmente”, explicó Pecoy. La directora enfatizó el interés del MIEM por esta industria, debido a su “gran potencial”. Por eso, la cartera creó un grupo de trabajo que se dedicará a este sector al que “le queda mucho camino por recorrer”, en palabras de la jerarca.
El presidente de la Comisión Intersectorial pro Puerto Ultramar de Paysandú (Cipup), Ing. Agr. Jorge Dighiero, destacó a EL TELEGRAFO la importancia de que desde la Administración Nacional de Puertos (ANP) se den señales positivas para los operadores del puerto de Paysandú, como es el reciente anuncio de la incorporación de beneficios para quienes operen con contenedores en el puerto local.
Expresó Dighiero que “con indudable satisfacción hemos recibido la noticia que va en la línea de lo que ha sido la lucha de estos casi 26 años de la Cipup en cuanto a buscar beneficios circunstanciales hasta tanto se imponga el puerto de Paysandú para aquellas cargas que puedan subirse o bajarse en feeders en este puerto de la región”.
Acotó que “la inversión que ha hecho nuestro Estado en la hidrovía del río Uruguay ha sido muy grande y además causa pena ver como cantidad de contenedores pasan deshaciendo las carreteras hacia el sur de Paysandú, cuando en realidad si se descargaran en nuestro puerto serían de beneficio para todos. Hay que hacer ver la conveniencia del puerto y una de las formas de hacerlo es a través de hechos como este beneficio de cinco dólares por contenedor que se cargue o descargue por el puerto sanducero, y que va a entrar a regir a partir del 1º de agosto”.
De superar esta fase, en 2022 el país se convertiría en el primero de la región en comercializar productos eléctricos de la marca. Siete años atrás, a instancias de la empresa Julio César Lestido S.A., el Grupo Volkswagen acordó con la firma realizar un estudio de las condiciones de Uruguay para comercializar vehículos 100% eléctricos. Las etapas de este proyecto eran las siguientes: verificar la instalación de la red de cargadores; comprobar la infraestructura vial en zonas urbanas, suburbanas y rurales; capacitar técnicos en alto voltaje; invertir en herramientas de servicio; probar el rodaje de vehículos eléctricos.
En la actualidad, el país se encuentra en la última fase. Para ello, llegaron diez automóviles 100% eléctricos que recorrerán 12.000 kilómetros en uso normal urbano y rural. Una vez completada, los vehículos serán inspeccionados por técnicos de Volkswagen Alemania y, solo después de su aprobación, quedarán habilitados para ser comercializados en Uruguay.
Desde 2014, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) promovió la inversión de unos 200 millones de dólares en más de un centenar de proyectos presentados por empresas sanduceras, las que se beneficiaron de las exoneraciones impositivas previstas en la Ley 16.906, como por ejemplo todo impuesto y recargo por importación de bienes; créditos por el IVA de materiales y servicios; exoneración del pago de Impuesto a la Renta de la Actividad Económica (IRAE) y el Impuesto al Patrimonio. Para ello, debieron cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo la generación de empleo; desarrollarse en zonas descentralizadas o ser empresas innovadoras.
La Comap funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas y tiene como objeto la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional.
Considerando solamente las inversiones promovidas durante el pasado 2020, se aceptaron proyectos de inversión en Paysandú por 4.093.234 dólares de los cuales U$S 557.975 fueron para el sector agropecuario; U$S 2.386.200 en la industria; U$S 74.910 en el comercio y U$S 1.074.150 en el sector servicios. El año pasado no se presentó ningún proyecto en el área del turismo. El total de esas inversiones representó menos del 1 por ciento del total promovido en el país, que fueron U$S 475.365.659.

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