Opinión

Un grupo de delincuentes que se hacen llamar hinchas del Club Atlético Cerro, de Montevideo, secuestró una unidad de transporte colectivo de la cooperativa UCOT el domingo por la mañana. Abordaron la unidad y amenazaron al conductor, dando comienzo a un viaje hasta el Intercambiador Belloni, al otro lado de la capital del país, junto a una decena de pasajeros “normales” del servicio que se vieron inmersos en una situación impensada.

Según relataron fuentes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), el periplo duró unos 40 minutos, durante los que el trabajador debió conducir bajo amenazas.
Un video difundido por redes sociales horas más tarde mostró, desde el interior del ómnibus, a varias personas con indumentaria vinculada a Cerro.

El club albiceleste disputaba esa mañana un partido de visitante en el estadio María Mincheff de Lazaroff, en Jardines del Hipódromo. Delante del ómnibus, abriendo paso, iban en dos motocicletas otras personas, también armadas, amedrentando a otros conductores para priorizar el paso del vehículo.

En declaraciones a medios capitalinos, el chofer relató cómo permaneció amenazado tanto desde dentro del ómnibus como por quienes iban en las motos adelante. Tuvieron la “deferencia” de ir permitiendo bajar al resto del pasaje y se tomaron unos minutos en el trayecto para ir a golpear a una persona que estaba en una vereda con indumentaria del Club Nacional, porque les dio la gana. No contentos con ello, al llegar a destino provocaron destrozos varios en el recinto del Intercambiador.
En esa entrevista, el conductor relata que se comunicaron con él desde el servicio 911 para explicarle que no le entendían cuando llamó, seguramente a causa del bullicio dentro del ómnibus. La situación fue también alertada a la Policía desde la propia empresa, que había sido puesta en conocimiento por el conductor de que algo andaba mal. Pese a estos avisos, ni durante el trayecto ni al arribo al Intercambiador hubo presencia policial para reprimir a los delincuentes.
Tras el angustiante episodio, se declaró un paro en la empresa, que se extendió hasta la finalización de la movilización del lunes. El sindicato se reunió ese mismo lunes con el ministro del Interior reclamando respuestas y medidas concretas que permitan desempeñar las tareas sin exponerse a situaciones de violencia.

Desde el sindicato se afirmó que la medida buscó defender “la vida, la integridad y la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras del transporte”, y se remarcó: “La seguridad es un derecho. La vida de nuestros compañeros no se negocia”.
La movilización comenzó tras una asamblea de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot-UCOT). Los trabajadores se desplazaron con los ómnibus por avenida 8 de Octubre y posteriormente por 18 de Julio, llevando banderas con consignas como “Queremos volver a casa” y “Sin seguridad no hay transporte”.

Una delegación del sindicato se reunió con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien informó sobre los avances de la investigación del episodio y las medidas previstas para reforzar la seguridad en el transporte público.
Mucho para comentar deja este episodio. Lo primero es lo expuestos que están en este momento los trabajadores del transporte. Con toda la tecnología de que se dispone hoy, no parece digerible que desde un ómnibus no haya una forma de poner en contexto a la Policía sobre alguna situación anormal y de transmitir la ubicación en tiempo real. Estamos saturados de aplicaciones que siguen los ómnibus; es incomprensible que no se haya desarrollado alguna para dotarlos de más seguridad. Debería poderse reportar a alguna parte que algo así está aconteciendo. No hablamos de tecnología futurista: los medios están, y ni siquiera estamos hablando de costos siderales, al menos para empezar por las zonas que se saben más críticas. Incluso hay miles de cámaras que opera el Ministerio del Interior en la vía pública que deberían permitir rastrear el ómnibus. Es injustificable que a su arribo no haya estado rodeado, por más que no fueran a actuar hasta garantizar la seguridad del trabajador.
Pero no. En cambio, lo que ocurrió fue que, cuando se recibió la alerta de la empresa, un operador del 911 llamó al conductor, le manifestó que no lograba entenderlo, y cortó. No volvió a intentar comunicarse.
Le salió baratísimo, porque un grupo de personas dispuestas a hacer lo que hicieron muy posiblemente también estén dispuestas a cometer un homicidio en ese contexto, o bien pudo escapársele un disparo, o el conductor pudo perder el control y ocasionar un accidente.
Solo por milagro el relato termina siendo casi el de una ocurrencia de unos loquitos del fútbol salidos de un cuento de Fontanarrosa.
El problema es que esto termina siendo cambio chico en comparación con la cantidad de muertes que mes a mes dejan en las calles la violencia y la delincuencia, y nos vamos anestesiando en definitiva. Pero no podemos perder de vista que todo esto no era lo normal en Uruguay hasta hace muy poco tiempo.

La transición hacia la movilidad eléctrica dejó hace tiempo de ser una posibilidad deseable desde el punto de vista de la independencia energética y el cuidado del medio ambiente, para convertirse en una realidad. Uruguay, que ha construido una posición particularmente destacada en materia de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, también pretende ocupar un lugar de liderazgo regional en la incorporación de vehículos eléctricos. El reciente XII Congreso Latam Renovables, organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) en el Auditorio del LATU, volvió a poner sobre la mesa los avances alcanzados, pero también algunas interrogantes que no pueden ser postergadas.
Es que una cosa es vender vehículos eléctricos y otra, bastante más compleja, es construir todo el ecosistema que debe acompañarlos durante los diez, quince o veinte años de vida útil que puede tener un automóvil. Y ese ecosistema incluye infraestructura de carga, redes eléctricas, mantenimiento, repuestos, mercado de usados, seguros, capacitación técnica y, particularmente, qué se hace con las baterías cuando dejan de ser útiles para mover un vehículo.
En Uruguay, la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica constituye una ventaja indiscutible para la electrificación del transporte. También existe una política pública que ha favorecido la incorporación de vehículos eléctricos mediante incentivos tributarios, beneficios en las patentes y condiciones tarifarias. El resultado está a la vista: mientras la penetración del parque eléctrico total todavía es reducida, las ventas de vehículos nuevos muestran una expansión acelerada.
Pero justamente allí aparece la primera advertencia. El éxito comercial de hoy puede convertirse en un problema de mañana si el crecimiento del parque no es acompañado por una planificación integral acorde.
La infraestructura de carga para estos vehículos constituye el ejemplo más evidente. Se ha señalado que Uruguay cuenta actualmente con algo más de 500 puntos de carga pública y que existe el objetivo de alcanzar 600 durante 2026 y 1.000 en 2027. Al mismo tiempo, las estimaciones del sector privado apuntan a un crecimiento muy importante del parque de vehículos eléctricos. El problema no consiste solamente en colocar más cargadores. La cuestión es dónde instalarlos, qué potencia requieren, cómo se distribuye esa energía y qué ocurre cuando varios vehículos necesitan cargar simultáneamente.
Uruguay no tiene, en principio, un problema de generación eléctrica, aunque sí tiene el desafío de llevar potencia suficiente hasta los lugares donde será requerida. Un cargador ultrarrápido puede demandar en pocos minutos una cantidad de energía considerable, y si varios vehículos coinciden en una estación, las exigencias sobre las redes de distribución cambian radicalmente.
Por eso, la expansión de la electromovilidad exige inversiones que muchas veces no son visibles para el comprador del automóvil. Subestaciones, transformadores, líneas, sistemas de gestión inteligente de la demanda y mantenimiento de los puntos de carga forman parte de una infraestructura que debe crecer a tono con el ritmo de las ventas.
A la vez existe el tema de la distancia, porque la experiencia de Montevideo no necesariamente se reproduce en el Interior del país. Para quien utiliza un vehículo eléctrico fundamentalmente dentro de la capital, la carga doméstica puede resolver buena parte de sus necesidades. Pero cuando se recorren cientos de kilómetros, se abandonan las rutas principales o se pretende llegar a localidades alejadas, la autonomía vuelve a adquirir una importancia determinante. No alcanza con decir que un vehículo tiene una autonomía determinada en condiciones ideales. El usuario necesita saber dónde podrá cargarlo, cuánto demorará y qué ocurrirá si el cargador está ocupado, fuera de servicio o vandalizado.
La infraestructura, por tanto, no puede medirse únicamente en cantidad de enchufes. Debe medirse también en confiabilidad.
Entre los desafíos hay además uno menos visible y potencialmente mucho más complejo: el final de la vida útil de las baterías. Por un lado, la discusión ambiental sobre el automóvil eléctrico suele detenerse en las emisiones que se evitan durante su utilización. Y es cierto que, en un país con una matriz eléctrica como la uruguaya, la electrificación del transporte presenta ventajas ambientales evidentes. Pero ninguna tecnología es completamente inocua. Una batería requiere minerales, procesos industriales, transporte y, finalmente, una estrategia para su reutilización o reciclaje.
Uruguay ha avanzado normativamente en este terreno. El Decreto 227/025 estableció un régimen específico para la gestión de baterías de más de un kilovatio, incluyendo las utilizadas en vehículos, y prioriza la extensión de su vida útil, el segundo uso, el reciclaje y otras formas de valorización. También establece obligaciones para fabricantes, importadores, distribuidores, puntos de venta y usuarios, además de sistemas de registro, trazabilidad y gestión mediante canales autorizados.
Es un paso importante. Pero una cosa es tener una norma moderna y otra muy distinta es disponer de la capacidad material para hacerla cumplir, y por ahí pasa uno de los mayores interrogantes para nuestro país.

Y hay una cuestión adicional que merece mucha más atención: ¿qué ocurrirá con el valor de los automóviles eléctricos usados?
La transparencia será fundamental. El comprador debería poder conocer el estado real de la batería, su capacidad remanente, historial de cargas, reparaciones, sustitución de módulos y eventuales actualizaciones. Un sistema de certificación de salud de batería podría terminar siendo tan importante para el mercado de usados eléctricos como lo es hoy la documentación de mantenimiento de un automóvil convencional.
De lo contrario, se corre el riesgo de crear un mercado de primera mano fuertemente subsidiado y un mercado de segunda mano castigado por la incertidumbre.
Un vehículo eléctrico de seis, ocho o diez años puede ser perfectamente funcional, pero su valor residual estará condicionado por la capacidad que conserve su batería, por la garantía que le reste, por la disponibilidad de repuestos y por la posibilidad de actualizar o reparar sus componentes.
Hoy, el comprador mira fundamentalmente el precio de adquisición, el ahorro de combustible, el costo de mantenimiento y los beneficios tributarios. Mañana tendrá que mirar algo más: el estado de la batería.
Por eso, la política de promoción de la electromovilidad no debería limitarse a estimular la venta del cero kilómetro. También debe preocuparse por construir un mercado saludable de vehículos eléctricos usados.
La discusión que dejó el Congreso Latam Renovables es, entonces, bastante más profunda que la cantidad de autos eléctricos que Uruguay puede vender durante un año: abarca la dotación de infraestructura, la sustentabilidad y el equilibrio entre la irrupción del eléctrico y el parque automotor ya existente, en un país que no tiene la capacidad económica, tecnológica y de infraestructura de los países desarrollados para administrar estos cambios. Y si ellos todavía no las tienen todas consigo en esta materia, y tratan de ir corrigiendo los errores sobre la marcha, es de sentido común ver primero qué es lo que está ocurriendo allá, para no apresurarnos cuando tenemos la posibilidad de ver por adelantado cómo viene la película y, en el mejor de los casos, construir nuestro propio desenlace.

Uruguay registra cifras récord de llegada de cubanos desde el año pasado. En 2025, incluso, la cifra ya triplicaba la correspondiente a 2024. A estos guarismos hay que sumar que el país entregó cerca de 14.000 cédulas de identidad a ciudadanos cubanos, lo que convierte a esta nacionalidad —con excepción de los uruguayos— en la que más documentos obtuvo.
Cuba atraviesa situaciones cada vez más dramáticas. La crisis del combustible no tiene antecedentes; los hospitales suspenden cirugías, los hoteles cierran y el suministro de energía se interrumpe durante largas horas.
Casi dos millones de personas abandonaron la isla en menos de un lustro y, además de Estados Unidos, son varios los países latinoamericanos que reciben esa oleada migratoria. Uruguay recepciona una cantidad importante cada año. De hecho, la organización UruVene, creada para los venezolanos residentes en el país, atiende cada vez más consultas de cubanos. Algo similar ocurre en Venezuela, donde faltan medicamentos e insumos básicos para intervenciones quirúrgicas.
El gobierno de Donald Trump comenzó una campaña de deportaciones masivas en la que utiliza inteligencia artificial para el rastreo, la vigilancia y la detención de indocumentados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, incrementó los arrestos domiciliarios y las interceptaciones callejeras de personas.
La administración de Trump destinó unos 3.000 millones de dólares a incentivar a los gobiernos estatales y locales a colaborar en estos operativos y permite que las agencias policiales actúen como agentes migratorios. Esta política ha generado un fuerte impacto económico y social debido al temor generalizado y a la salida de trabajadores, que puso un freno a la producción agrícola y a la construcción.
La consecuencia es directa y proporcional al daño: se dispararon los precios de los alimentos y de las viviendas. En forma paralela, se impusieron mayores barreras a los estudiantes internacionales y se incrementó de manera sostenida el número de deportaciones a más de 40 países, mediante vuelos de traslado masivo con destino a América Latina, el Caribe, África y Asia.
Es decir, Estados Unidos terceriza las deportaciones mediante acuerdos con países de distintos continentes. Entre ellos se encuentra Uruguay, cuya Cancillería mantiene conversaciones diplomáticas para que el país reciba a cubanos y a personas de otras nacionalidades deportadas desde Estados Unidos.
Cuando el 29 de julio un diario estadounidense informó sobre el intercambio de un documento preliminar de “entendimiento” sobre cooperación migratoria, saltaron todas las alertas.
En principio, porque los propios legisladores oficialistas se enteraron por los medios de prensa y, en segundo lugar —pero no menos importante—, porque las reivindicaciones históricas de la fuerza política en el gobierno se daban de bruces con la realidad.
En medio de la noticia surgieron debates vinculados con la soberanía, los derechos humanos y la necesidad de incrementar un perfil de población que es minoritario en un país envejecido. Mientras tanto, otros países latinoamericanos firman acuerdos de este tipo con el gobierno estadounidense, lo que instala un debate público de connotaciones diversas.
El texto que se discute deja a Estados Unidos la discrecionalidad de sugerir candidatos a la deportación, mientras Uruguay mantiene la potestad de aceptarlos o rechazarlos. El criterio de la administración Trump es que en el territorio uruguayo ya se encuentra instalada una numerosa comunidad cubana.
Sin embargo, los migrantes cubanos trabajan en condiciones precarias y pagan altos costos de alquiler. En los últimos días, un amplio desalojo en la Ciudad Vieja de Montevideo reveló situaciones de hacinamiento y la ocupación de antiguas propiedades en condiciones poco claras, donde residen personas de varias nacionalidades. Esto acarrea problemas de convivencia, ante la comprobación de que en distintos lugares se utilizan las instalaciones para la venta de droga. Además, intervino el Ministerio de Desarrollo Social, dado que se trata de familias que literalmente pasaban a situación de calle.
Entonces, mientras no se aseguran las mínimas condiciones indispensables para quienes ya residen en el país y aún no se resuelven unas 30.000 solicitudes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno negocia nuevas llegadas de migrantes.
En este caso, la condición de deportados es diferente de la inmigración —una realidad histórica en América Latina—, en tanto se trata de destinos obligados y no elegidos. Una vez instalados en el país, los choques son inmediatos con el alto costo de vida y con las tensiones que se expresan en las redes sociales, donde quedan en evidencia sectores de la población poco receptivos.
Por su parte, el presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin reconocieron la existencia de ese diálogo cuando ya era evidente la información divulgada por un medio estadounidense y replicada, con mayores detalles, por otro medio capitalino.
Las tensiones internas en el Frente Amplio son visibles, aunque los discursos hacia afuera mantienen cautela. Los legisladores de la oposición han realizado pedidos de informes y reclaman explicaciones, mientras el gobierno niega que existan documentos formales.
En medio de las deportaciones, el gobierno de Trump reconfiguró el sistema judicial migratorio y trasladó sus competencias al Departamento de Justicia. Esto obligó al reemplazo de centenares de jueces para acelerar la resolución de los casos. Y, mientras enfoca su política en el argumento de la seguridad nacional para expulsar del país a criminales convictos y pandilleros, los operativos también afectan a indocumentados sin antecedentes penales.
Es, en definitiva, una población que no cumple con el ideal de nación racial que tanto impulsa desde la Casa Blanca. El interrogante no está sobre lo que se ve, sino todo lo contrario. En cualquier caso, cabe preguntarse cuáles son los intereses políticos y económicos que están detrás de esta situación y que aún no han sido explicados a los uruguayos.

Las postergaciones de la visita del presidente Yamandú Orsi a nuestro departamento han resultado muy llamativas, pero se trata de algo que no es nuevo: durante la campaña política presidencial en el año 2024 fue notorio el esfuerzo del Frente Amplio por mantenerlo apartado de la prensa y especialmente de cualquier intercambio de opiniones (conversatorios, debates, mesas redondas) en las cuales pudiera quedar en evidencia que se trataba de un candidato que claramente no estaba preparado para ejercer la primera magistratura de nuestro país.
Si bien Orsi intenta llevar adelante un estilo campechano y llano, se trata de una postura claramente impostada y seguramente aconsejada por su círculo de confianza y los asesores de imagen de turno, que dista mucho de la forma de ser del expresidente José Mujica, quien, más allá de adhesiones o rechazos a su figura, tenía una forma de expresarse y de relacionarse que era legítima. Claramente, Orsi quiere parecerse a Mujica, pero no le sale.
Y el entorno en Presidencia de la República no podría ser peor para Orsi: por un lado, Alejandro “Pacha” Sánchez (aspirante no declarado a ser el próximo presidente uruguayo) y, por otro, Jorge Díaz, cuyo accionar conjunto permanente en la prensa condena al presidente Orsi a un papel de permanente debilidad y segundo plano, un aceptador de lo que proponga ese particular pero eficaz dúo, y lo transforma sin más en un mero espectador de la realidad nacional. Una cosa es clara: cuando hablan Sánchez y Díaz, habla el Estado uruguayo, pero cuando habla Orsi las declaraciones son confusas, erráticas. Después es “Pacha” quien sale a dar explicaciones de que lo que dijo el presidente no es lo que cualquier mortal interpreta, sino otra cosa que solo las mentes más lúcidas como la de él pueden entender, y pone en palabras simples la ambigüedad presidencial.
En medio del reciente escándalo por la camioneta mencionada, se dio a conocer en la prensa capitalina que el mandatario adeudaba el Impuesto de Primaria por una casa que adquirió en 2024, y que su domicilio —que puso a nombre de su esposa antes de asumir— tuvo reformas no declaradas ante la Dirección Nacional de Catastro. Cada explicación que dio —en respuesta a lo que la prensa iba “destapando”— fue una peor que la otra.
Temas como el uso de vehículos militares para patrullar las zonas más peligrosas de Montevideo también han sido objeto de marchas y contramarchas, desmentidos y todo tipo de vacilaciones de un presidente y de un ministro, Carlos Negro, que tampoco da la talla.
A esto debe sumarse la constante, insidiosa y efectiva acción del “fuego amigo” contra Orsi que lleva adelante el propio Frente Amplio, y en especial algunas de sus figuras, como por ejemplo el senador socialista Gustavo González y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien ha contradicho ante la prensa al presidente, a pesar de que este había pedido que no lo hicieran. A esto se agrega que el Pit Cnt, si bien no abandona su rol de brazo ejecutor y patotero del Frente Amplio, sigue empeñado en lograr la renuncia del ministro Oddone, quien a duras penas logra mantenerse en el cargo. La reciente polémica en la interna frenteamplista sobre la existencia de documentos tendientes a lograr la radicación de deportados cubanos en Uruguay (algo que el canciller Mario Lubetkin negó en un primer momento, pero que finalmente tuvo que admitir) completa un panorama poco halagüeño.
Ante todos estos antecedentes, no es de extrañar que la desaprobación del presidente Orsi se encuentre en el 65%. Tan débil es la actual posición de Orsi que hasta el expresidente Julio María Sanguinetti salió a la prensa a defenderlo, expresando que se trata de un “presidente honesto, prudente, afectuoso”, al tiempo que resaltó “la experiencia administrativa” del actual mandatario.
Pero el presidente tampoco ayuda para que su imagen mejore en algo en la opinión pública. Y un ejemplo claro lo tenemos en Paysandú, un departamento que está sufriendo una de las peores catástrofes laborales en la industria local, con amenazas de cierre simultáneas en grandes empresas como Frigorífico Casa Blanca, Cympay y Portland Ancap, fuerte reducción de personal y producción en Paycueros, citrícolas en problemas, entre otras. Y si bien Orsi estuvo ya una vez de visita en el departamento, fue a un pequeño pueblo a 80 kilómetros de distancia de la fuerza sindical que lo esperaba en la capital departamental, y para dar “buenas noticias” para la zafra citrícola. A nuestra ciudad no vino ni siquiera a inaugurar el tomógrafo del Hospital, tras haber anunciado su visita y postergado a último momento, justo cuando Paysandú esperaba una respuesta a las declaraciones de su ministra de Industria por el apagado del horno de la planta de Portland de Ancap y el cierre de la producción local.
Ahora el desaire le tocó a Guichón. Dos veces. La excusa: el mal tiempo. Se suponía que vendría a reinaugurar un tramo de la ruta 4 —que ya había sido pavimentado durante la administración Bentos, y que ahora se amplió y se le aplicó carpeta asfáltica—, pero una pálida franja amarilla de alerta meteorológica de Inumet le hizo cancelar el vuelo. No había alertas de magnitud para ese día, como sí se había advertido para el día siguiente.
Paradójicamente, el recientemente inaugurado aeropuerto internacional de Paysandú nunca estuvo cerrado por mal tiempo —que por cierto nunca llegó—, así como tampoco dejó de operar el aeropuerto Chalkling. Además, en caso de que puntualmente se pudiera formar una tormenta, el helicóptero puede bajar en cualquier terreno —nuestro país es una “penillanura suavemente ondulada”— y esperar a que pase con total seguridad. Y por si eso fuera poco, la Armada Nacional cuenta con extraordinarios pilotos, acostumbrados a operar en condiciones extremas porque deben poder hacer rescates en alta mar justamente durante temporales. Los vimos pilotar con gran destreza y seguridad precisamente cuando el expresidente Lacalle Pou vino a Piedras Coloradas el 1.° de enero de 2022 y aterrizó en un baldío en medio de vientos huracanados y lluvia torrencial. El entonces presidente Lacalle Pou bajó del helicóptero sin paraguas ni impermeable y se dirigió a un público que vio con asombro cómo el mandatario se acercaba a saludar a los vecinos, que hasta ese momento vivían con la angustia de no saber si el fuego les llegaría a sus casas.
Pero aun si Orsi teme volar —es algo muy natural—, siempre tiene la alternativa de viajar por carretera. No son más de cuatro horas y media o cinco las que lo separan de la comodidad de la Torre Ejecutiva. Pero esa opción también la descartó. Simplemente no vino a Guichón, por segunda vez. Parece que la gente de Guichón no vale la pena.
Los números del presidente van en caída. Y Orsi poco hace para revertirlo.

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Hace algunos años, un basquetbolista apodado “Air Pap”, jugador profesional de baloncesto griego y capitán del equipo Olympiacos de la Liga Griega de Baloncesto (GBL) y la Euroliga, se lamentaba con una cuota de humor bien llevado de que su nombre no lo había ayudado a traducir el reconocimiento que el periodismo deportivo le otorgaba en popularidad entre los fanáticos, porque su apellido era algo difícil de pronunciar y recordar. En los hechos, muchos fanáticos apelaban a creatividad propia para referirse a él, siempre respetuosamente.

Con una altura de 2,04 metros era considerado uno de los mejores jugadores defensivos del baloncesto europeo y estadounidense; jugó en Olympiacos, FC Barcelona, Houston Rockets, Denver Nuggets y regresó a Olympiacos en 2016. Renovó contrato para la temporada 2027-2028.
Konstantinos “Kostas” Papanikolaou, su nombre de nacimiento, cuya reflexión acerca de su popularidad podría ser acertada, pero ello no afectó el reconocimiento profesional.

No es el primero ni el último

Esta circunstancia en la vida de Papanikolaou, que como todo recuerdo guardado solo en mi memoria seguramente tiene imprecisiones, la rescaté estudiando la biografía de Abdulrahman Mohamed El-Sayed… ¿quién es? Un médico de 41 años convencido de que “pronunciar mi nombre produce sonidos que salen de partes de la garganta que las personas no saben que tienen”… también es un nombre con más caracteres de los que caben en una cartelería de publicidad política, por lo que lo redujo a apenas 12 letras de las 25 originales.
Y a partir de esa decisión, que tiene su riesgo y que ha cuidado de no opacar sus orígenes, se reconoce como Abdul El-Sayed, a quien los demócratas de Michigan convirtieron en ganador de la interna partidaria y, por tanto, candidato al Senado.

Con su victoria en la interna demócrata estadual, este médico norteamericano de 41 años tiene seria posibilidad de alzarse con una victoria y dejar su nombre en la historia de la democracia estadounidense como el primer senador musulmán. Ya empezó a dejar su impronta al ganar la interna del Partido Demócrata en Michigan. Eso ha sido suficiente para ganarse todo tipo de “ofensas” de parte del trumpismo, para quienes él se ha transformado en “comunista, islamista, yihadista, infiltrado y el hombre del odio”.

La lucha electoral fue intensa y obtuvo una ajustada victoria: 48,5% contra 47,5%. Victoria por un punto porcentual, pero victoria al fin. Por ello, cuando se oficializó que Abdul El-Sayed era el ganador, lo primero que expresó fue un llamado a la unidad del partido, a “recomponer” el campo demócrata, “sea cual sea la magnitud de nuestras discrepancias”.

En una entrevista, al contar su historia más personal, también plantó sus ideas acerca de su mirada sobre la educación: “tuve la oportunidad de asistir a excelentes escuelas públicas y a una universidad pública increíble. Me pagaron la carrera de medicina. Eso es lo que me dio Estados Unidos”.

Médico con un posgrado en cirugía, ha forjado su formación académica en base a becas. Primero en la Universidad de Michigan, donde conoció a quien tiempo después sería su esposa Sarah Jukaku y madre de sus dos hijas.
Con otras instancias en el Oriel College de la Universidad de Oxford, posteriormente se graduó en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia. Concomitantemente, su esposa se graduó de fisiatra.

Parte de la renovación

A esta interna partidaria, el candidato llegó con las mejores credenciales, con el respaldo de líderes locales de fuerte arraigo y proyección, así como también de una centroizquierda identificada con Barack Obama. El dos veces presidente no puede, por restricción constitucional establecida en la 22.ª enmienda, postular a un tercer mandato, pero está jugando un papel clave en el apoyo partidista, reforzando una línea renovadora y de marcada veta social.

Líderes nacionales como la exsenadora y vicepresidenta Kamala Harris, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Tina Smith, Ed Markey, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Delia Ramírez, entre otros. La lista de referentes locales, políticos y sociales es diversa y extensa, tanto como las organizaciones.

En la mira de los ataques

La prensa estadounidense, especialmente la de Washington, que suele, por definición, seguir de cerca las cuestiones políticas pero que también muchas veces genera bulos y estrategias de información falsa, ya hizo sentir su presión.

Los primeros comentarios han tenido que ver con el perfil religioso del ganador, donde se mezcla todo. Luego, cuando se confirmó el triunfo de Abdul El-Sayed, fue el propio Trump quien le dedicó otros mensajes.
“El condado de Wayne (Detroit), en Michigan, es una de las zonas electorales más corruptas de Estados Unidos, si no del mundo”, dijo Trump en su acostumbrado estilo de descalificar hasta una escala del absurdo, burda, que ya no goza de credibilidad.

Luego apeló a las redes sociales: “comunista perdedor que odia a los judíos y a Israel”, y sumó otra: “es el hombre de odio”. J. D. Vance hizo su aporte: “Dios no lo quiera, van a tener al presidente El-Sayed en tres años”. Y en un estilo que recuerda a cierto programa, la senadora trumpista Katie Britt se sumó: “Una alianza de comunistas e islamistas está tomando el control del Partido Demócrata. En realidad, es un simpatizante yihadista. Nos están infiltrando desde dentro”.

El-Sayed ha rechazado estas acusaciones. En una entrevista reciente publicada por la revista Time, el candidato expresó que prefería el “capitalismo a nivel comunitario” para que la gente acceda de modo igualitario a los recursos.
Volvió Trump a arremeter en su tono habitual, a lo que El-Sayed respondió en una entrevista con CNN que se oponía a gastar miles de millones de dólares en equipamiento militar para terceros, cuando es necesario desarrollar proyectos nacionales en infraestructura, sanidad y educación.

Varios analistas políticos admiten que el presidente apela una vez más al insulto, instalando un clima tenso. Pero cada vez con menos resultados. Por ejemplo, según Forbes, la aprobación de su gestión de la guerra con Irán ha disminuido seis puntos desde junio, incluyendo del 71% al 61% entre los republicanos.
La aprobación de Trump está ocho puntos por debajo de la que tenía en julio de su primer mandato y tres puntos por debajo del 36% de aprobación de Biden en julio de 2022 (encuesta AP-NORC, 23 al 27 de julio).
La encuesta desnudó descontento con los beneficios financieros de Trump, que según declaraciones superaron los 2.000 millones de dólares en 2025. El 85% de los demócratas y el 62% de los independientes desaprobaban. Los republicanos están divididos: el 20% desaprobaba, el 15% aprobaba y el 65% decía que no importaba. Una fotografía que ha dejado preocupados a los suyos.

“Oddone no es dueño del Frente Amplio”, dijo el senador socialista Gustavo González. Y es cierto; aunque mucho menos lo es el dicente. Él lo admitió; bueno sería: los números cantan (porcentajes, votos, legisladores). Basta ver cómo les fue al MPP y al Partido Socialista en octubre del ‘24. Peor si se mira y mide el apoyo que recibieron el MPP y sublemas que “acumularon”, con el conseguido por el Partido Comunista y el Socialista juntos.

El cuestionado Gabriel Oddone hace algunos días dijo que no habían sido elegidos —él, el sector y el partido a que pertenece— para “hacer la revolución” ni para “dinamitar”. Mucho más cierto.
Es que, efectivamente, no le dijeron nada a los votantes sobre aplicar la más dura y pura dialéctica: la de que “lo peor es lo mejor”. Todo lo contrario: Oddone fue el caballito de batalla —y no creo que “caballo de Troya” precisamente— de José Mujica y Yamandú Orsi para dar “garantía” a empresarios e inversores de que el triunfo del FA para nada afectaría los equilibrios ni el manejo macroeconómico ni las reglas: cambiarias, tributarias, laborales, de respeto a la actividad y la propiedad privada, a los contratos y convenios de todo tipo. Fue lo que dijo el entonces candidato en San Pablo, Buenos Aires, por todos lados y por todos los rincones del Uruguay, además.

El país seguirá funcionando igual, sin ningún tipo de barquinazo raro o cambios bruscos; ese fue el mensaje claro para todos y para los votantes uruguayos en especial. “Oddone es a Orsi lo que Astori fue a Mujica”, se batió urbi et orbi. Los que ganaron dentro del FA dijeron “no” al impuesto a los ricos —aún lo dicen— y no apoyaron el plebiscito del PCU, socialistas y Pit Cnt para dinamitar el sistema jubilatorio y arrasar con las AFAP. Es como “meterse en cana uno mismo”, ejemplificó Mujica, y sin embargo en esto algo han flaqueado, como ha ocurrido también, ya llegándose a otros extremos, con lo de que no se aumentarían ni crearían nuevos impuestos.
¿Les creyeron inversores y empresarios? Están a la espera, viendo, preguntando y advirtiendo, y por ahora muy quietitos. Es lo que siente en carne propia Oddone y que parece que no se dan cuenta los mayoritarios “mujiquistas”, “astoristas” y “seregnistas”, en tanto les importa un comino a la minoría de ortodoxos y ultradialécticos que lo interpretan a su gusto y gana; y que se lo hacen creer al resto. ¡Increíble!

¿Lo creyeron los ciudadanos? Sí, y votaron a Orsi, y fueron aún más los que quedaron contentos con el nuevo presidente. Hoy ya no. Esperaban que ejerciera más el mando.
La mayoría se siente decepcionada, quizás piensa que fueron engañados, que les mintieron a sabiendas, “que los hicieron entrar”, y es eso lo que se refleja en las encuestas.

Es lo que siente muy buena parte de los que votaron al FA en octubre, y la totalidad de los casi 200 mil que sumaron su voto a Orsi en el balotaje. Los que ven que el impuesto a los ricos sigue vigente y el “arrase” jubilatorio un poco postergado pero también en la mira —para eso se convocó a las “bases” maquilladas de “diálogo social” y habrá congreso en octubre— y los que pagan los impuestos —viejos y nuevos—, los que ven los avances de los ministerios comunistas con Juan Castillo y el Pit Cnt a la cabeza, los que sienten que no tienen la chance de “esperar” ni tienen escape.
No ver eso es hacerse trampas al solitario, o es que los han hecho entrar; “como a unos chorlitos”, como decían en mi pueblo.

En estos días, asistimos a un espectáculo que roza el absurdo total: la plana mayor de la derecha rasgándose las vestiduras y saliendo en procesión a exigir “honestidad”, ante una deuda doméstica del presidente en su casa de Salinas.
Hay que reconocerle a la derecha uruguaya una capacidad asombrosa para la manipulación política. Tienen el don de encoger elefantes y agigantar hormigas con una velocidad que envidiaría el mago más audaz. Bocinean de forma indignante como catastrófica, el simple hecho en que el presidente Orsi figuró con un retraso en el pago del impuesto de Primaria por una suma que apenas arañaba los 7.000 pesos uruguayos, una cifra que a cualquier compatriota se le puede traspapelar entre las facturas a pagar en un mes complicado. Realmente resulta obsceno tener que pedirle sensatez a quienes gobernaron el país hasta hace muy poco, pero la memoria colectiva no puede ser tan frágil. Calificar de “bochornoso” un atraso impositivo hogareño –que el propio Orsi mandó a regularizar enseguida y pagó de su propio bolsillo– es de un cinismo de dimensiones olímpicas.

No maquillar la historia y jamás la impunidad

No se justifica el olvido, el mandatario debe dar el ejemplo, pero pongamos la balanza sobre la mesa de la República. Comparemos la dimensión de un trámite doméstico frente al festival de privilegios e impunidad que se orquestó en los últimos cinco años donde Luis nunca se podría atrasar en la contribución de la casa, porque vivía en la residencia y la contribución la pagaba el pueblo. ¿Esta es la honestidad?
Mientras la gente de a pie masticaba la Ley de Urgente Consideración que facilita el desalojar a un inquilino en apenas un mes, si se atrasaba con el alquiler. Mientras la gente de a pie masticaba que nos aumentaban por ley la edad jubilatoria a los 65 años obligándola a trabajar más y viviendo menos, el presidente Luis Lacalle Pou vivía en una realidad paralela en una mansión donde no gastaba en nada. ¿Esta es la honestidad?
Durante cinco años, el pueblo uruguayo financió la vida del presidente en la residencia de Suárez y Reyes, viviendo igual que un rey, con un gasto anual total que rondó los 4,8 millones de dólares, acumulando casi 24 millones de dólares estatales en todo el período.

¿Esta es la honestidad?
Pensemos que siete mil pesos uruguayos no alcanzan hoy ni para pagar dos días de sueldo del jardinero de la lujosa casa presidencial. El pueblo uruguayo pagó sus niñeras para hijos adolescentes, peluqueras para la primera dama y hasta un gimnasio privado montado exclusivamente para el disfrute del mandatario. ¿Esta es la honestidad? Pero hay ejemplos diferentes.
Estos compañeros sí: Son símbolos de honestidad
Ni Tabaré Vázquez, ni Pepe Mujica eligieron vivir a costa de la plata de los uruguayos; siempre prefirieron sus hogares y sus barrios. También Orsi vive en su casa de Salinas y paga absolutamente todas sus cuentas. ¿No es esta la mayor muestra de honestidad?

La memoria trae más dudas: ¿Cuánto nos costó?

Contrario a lo anterior con la plata del pueblo, el gobierno anterior no solo costeaba lujos domésticos, sino que financiaba cosas muchísimo más oscuras. ¿Cuánto nos costó?
Nos van a decir, ¿cuánto nos costó realmente la persecución y el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara? ¿Esta es la honestidad?
¿Cuánto nos costó a los uruguayos usar el aparato del Estado para perseguir a “Loly”, para saber si le era infiel, movilizando comisarios y recursos de inteligencia como si fuera un asunto de seguridad nacional? ¿Esta es la honestidad?
¿Cuánto nos costó armar la cacería ilegal contra el dirigente sindical Marcelo Abdala? Por supuesto que nunca sabremos las cifras exactas porque se financió en las sombras, con la caja negra de un poder que usaba patrulleros y sistemas informáticos del Ministerio del Interior como si fuesen su empresa de detectives privados. No sabemos cuánto nos costó, pero seguro que mucho más de 7.000 pesos. ¿Esta es la honestidad?
En las oficinas más íntimas de la Torre Ejecutiva, otro escándalo, no se les traspapelaron deudas de Primaria, sino que se gestionaban pasaportes exprés a ciudadanos rusos por 50.000 dólares, cada uno en una red criminal liderada por el mismísimo jefe de la custodia presidencial. ¿Esta es la honestidad?

Otro escándalo fue saber que enviaron un pasaporte exprés, completamente gratis y por valija diplomática al narco que lo esperaba en una cárcel de Dubái. ¿Esta es la honestidad?
Otro escándalo que tuvo su colmo fue cuando se reunieron en el piso 11 de la propia Torre Ejecutiva para romper actas notariales y borrar chats de prueba, una cita donde el propio Luis Lacalle Pou admitió que “pasó a saludar”. ¿Esta es la honestidad?
Otro escándalo se daba, mientras recibían un misterioso cargamento desde los Emiratos Árabes, llegaban de regalo 450 Kg de pescado más duro que una piedra. ¿Estarían congelados? ¿Esta es la honestidad?

Críticas sin honestidad

Salen ahora dando cátedra de moral pública, y sin embargo durante el gobierno anterior todos los días aparecian noticias que los involucraban en situaciones de corrupción. Hoy vienen a hablar de transparencia quienes sostuvieron a ministros y autoridades que destruyeron actas de la cancillería frente a la nariz de la Justicia. ¿Esta es la honestidad?
El gobernar con honestidad no se daña por ser infalible con la burocracia de los tiempos de los impuestos. En cambio gobernar con honestidad es no robarle al pueblo, no es usar el aparato del Estado para perseguir senadores opositores. Tampoco es gobernar con honestidad, exprimir el presupuesto nacional para financiar caprichos personales mientras se le pide austeridad a los trabajadores. ¿Esta es la honestidad?
Al uruguayo le gusta la sensatez, por eso cambió de rumbo y sacó a los que no gobernaron con honestidad. Cuando la derecha sale en jauría a gritar por esta deuda para intentar tapar el saqueo que le hicieron a la gente, quedan en evidencia quienes no gobernaron con honestidad. El pueblo distingue perfectamente al presidente que se atrasa con una cuenta de la contribución de su casa, con el otro presidente que convierte el palacio presidencial en un feudo privado donde vivió 5 años financiado por el pueblo, no gobernaron con honestidad.

La memoria, nos te trae alguna aberración

La derecha hoy quiere imponer que una deuda domiciliaria del presidente, es una aberración. Esto me genera una duda, cuál es para la derecha la definición de aberración.
Aberración es vivir en la residencia del pueblo y hacer que los uruguayos paguemos las reformas de cañerías, los tableros eléctricos, el parque de casi medio millón de pesos mensuales, los sueldos de cocineros, mucamas, niñeras y los 80 guardias de seguridad de una residencia monárquica que nos costaba a todos los uruguayos, miles de dólares por mes. ¿Esta es la honestidad?
Aberración es mandarle un pasaporte gratis y forma exprés a la cárcel a un narco uruguayo preso en Dubai.

¿Esta es la honestidad?
Aberración es expedir pasaportes para ciudadanos rusos vendidos a grandes cifras de dinero y negociando desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. ¿Esta es la honestidad?

Nos preguntamos, deuda o pasaporte

Pónganse a pensar que un solo pasaporte ruso, vendido en más de dos millones de pesos, entra casi 287 veces en la deuda que le critican a Orsi. Por más que la derecha arranque temprano su campaña electoral, el pueblo uruguayo despierta la memoria y sabe muy bien de qué lado está la verdad, por eso la lucha con el pueblo y para el pueblo continúa, “levanten esas banderas que desde lejos se puedan ver”… ¡Que siga gobernado la honestidad!

Pablo Miranda Ponce

Quisiera compartir una historia que, estoy seguro, representa a muchas familias de Paysandú y especialmente de Guichón.

Conocí al Dr. Ismael Terzano no solo como un excelente dermatólogo, sino como un médico profundamente humano. Aunque ejercía en Montevideo, nunca dejaba de regresar a su querido Guichón. En vacaciones atendía gratuitamente a quienes golpeaban la puerta de su casa buscando ayuda. Lo hacía con una sencillez y una generosidad que hoy cuesta encontrar.

Mi padre tuvo un problema importante en la piel. El doctor Terzano lo examinó y, en lugar de conformarse con una consulta rápida, le dijo: “Vaya a verme a Montevideo para hacerle los estudios necesarios”. Convocó a otros colegas hasta llegar al diagnóstico correcto. Aquello cambió la vida de mi padre.

Ese primer encuentro en Guichón no quiso cobrarlo. Mi padre, agradecido, le regaló un enorme zapallo. Tiempo después, Ismael me contó entre risas que junto a su madre lo cortaron, llenaron una mesa entera y terminaron haciendo un exquisito dulce de zapallo. Esa anécdota refleja la sencillez que siempre lo caracterizó.

Los años pasaron y el Dr. Terzano asistió al cumpleaños número 94 de mi padre. Verlo compartir ese día con nuestra familia, feliz de estar entre los Claro, fue un regalo que jamás olvidaremos.

Por todo ello, quisiera proponer que Paysandú o Guichón le rindan un homenaje en vida. Sería un hermoso gesto que una calle llevara el nombre del Dr. Ismael Terzano, como reconocimiento a un profesional que dedicó su conocimiento y su corazón al servicio de la gente.
Los pueblos no solo deben recordar a sus grandes médicos cuando ya no están. También deben agradecerles mientras aún pueden recibir ese reconocimiento.

Con profundo respeto y gratitud.

Un uruguayo, nacido en Paysandú y residente en Argentina

No es noticia. El 24 de junio de este año, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala abierta de Richter, respectivamente, sacudieron el norte de Venezuela, dejando hasta ahora unos 4.000 fallecidos, un número significativo de personas que aún permanecen desaparecidas y más de 11.000 heridos de diversa entidad. Los sismos redujeron a escombros la zona de La Guaira y algunos sectores de la capital, Caracas, en una catástrofe de esas que no se pueden prever. ¿O en este caso sí?
De un tiempo a esta parte vienen circulando versiones sobre la existencia de un informe elaborado por expertos japoneses, encomendados por el gobierno de Hugo Chávez a comienzos de este siglo, en el que no solamente se advertía sobre los devastadores efectos de un terremoto de la dimensión de los que habían ocurrido en el país en el pasado, sino que, además, se sugerían medidas de mitigación de riesgos y las formas de financiarlas. Ese informe —insisten estas versiones, que incluso se han difundido en medios internacionales— fue absolutamente ignorado por el gobierno bolivariano.

Lo primero que cabe señalar es que es cierta la existencia de este documento, solo que no fue ocultado ni mucho menos destruido, como sugieren algunas de estas versiones. Muy por el contrario, alcanza con una simple búsqueda en Google para que aparezca entre los primeros resultados, titulado “Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas”. Fue entregado al gobierno venezolano en 2005, efectivamente, pero fue fruto de un trabajo que expertos japoneses llevaron adelante desde 2002, en colaboración con científicos y técnicos locales. Lo que parece tener bastante certeza es el hecho de que no se llevaron adelante —algunas tal vez sí, pero parcialmente— las acciones allí sugeridas.

No sorprenderá que, como suele ocurrir en estos casos, el estudio fuese solicitado a partir de otro episodio trágico: en este caso, un devastador deslave ocurrido en la misma zona de La Guaira en 1999. En nada debe sorprendernos, a nosotros, los uruguayos, que tenemos en la rambla montevideana un emblema, una postal del país en la actualidad, pero que en su momento —se construyó en el primer tercio del siglo XX— fue una solución pensada para frenar los embates de los temporales del Río de la Plata.
Cuando arribó el equipo técnico, se analizaron, entre otras dimensiones, los riesgos sísmicos, de deslizamientos e inundaciones que amenazaban la región. Entre las conclusiones, el informe indicaba que la ubicación geológica, la calidad del suelo, las deficiencias en la planificación urbana y las modalidades de construcción hacían de Caracas una ciudad “altamente vulnerable” ante un terremoto. Los expertos contratados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) detectaron que prácticamente ninguna edificación en la zona norte de Caracas y en La Guaira cumplía con condiciones sísmicas adecuadas. También señalaron que hospitales y centros de emergencia estaban ubicados en áreas expuestas y podrían quedar inoperativos en una catástrofe.

El mismo estudio aclara —se puede acceder a él escaneando el código QR adjunto— que “no es, de forma alguna, un modelo de predicción para el próximo terremoto, sino más bien una visualización de los daños posibles y de las consecuencias de la ocurrencia de un evento de este tipo”. Agrega que no se evaluaron estructuras específicas, “sino que emplea el análisis estadístico para evaluar la vulnerabilidad de una región. El resultado no debe ser utilizado para el diseño sísmico de estructuras, ni tampoco para usos de aseguradoras”.

Allí se plantea, para calcular las eventuales víctimas, que el número de personas por casa en el área de estudio es de 4,5. Se estudió la capacidad sísmica de las edificaciones existentes construidas entre 1968 y 1982, que presentaban “de baja a moderada capacidad sísmica, principalmente falta de resistencia contra un terremoto como el de 1812”. En cuanto a las edificaciones existentes construidas entre 1983 y 2001, se apunta en el informe que tenían “capacidad sísmica moderada contra un terremoto como el de 1812”.

En cuanto a la capacidad sísmica de las edificaciones construidas después de 2002, estas tenían capacidad sísmica alta contra un terremoto como el de 1812. Sin embargo, explicaba el informe, existían muy pocas edificaciones —menos del 0,1%— en el área de estudio con estas características.

No señala expresamente que fuese a haber determinada cantidad de muertes, pero el estudio sí transmite la alta vulnerabilidad de la zona frente a un eventual episodio sísmico, impresión que quedó a la vista luego de los recientes sismos. Para mitigar el impacto, el equipo proponía llevar adelante un Plan Maestro con veinte medidas concretas, entre ellas, el reforzamiento sísmico de edificios y puentes existentes; la construcción de estructuras para controlar flujos de escombros; la reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo; la implementación de sistemas de alerta temprana y evacuación; la creación de un centro de comando de emergencias, y el fortalecimiento de la organización comunitaria para la prevención.
Ahora bien, ¿el hecho de que exista este informe, con sus sugerencias, es suficiente para afirmar que las consecuencias, al menos las fatales, pudieron haberse evitado? Difícilmente.

Nosotros, desde acá, desde Uruguay, no podemos asegurarlo. Tampoco tenemos las credenciales para reprochar nada. Basta reconocer las dificultades que la geóloga Leda Sánchez tiene para recorrer, a lo largo y ancho del país, el equipamiento que ha colocado, gestiona y mantiene, y que le permite —nos permite— disponer de información sobre los riesgos de un eventual episodio sísmico. En todos estos años, Sánchez no ha logrado que se le aseguren las partidas necesarias para montar un sistema de alerta temprana. Incluso hay quienes se burlan cuando la experta plantea que el país está expuesto a la ocurrencia de un terremoto, del que, además, hemos tenido avisos.
Ojalá se equivoque y nunca ocurra. Y, en caso de que ocurra, tal vez en realidad no estemos tan expuestos, por las características de nuestra densidad poblacional y, posiblemente, por una mejor calidad de las edificaciones. En todo caso, no lo sabemos.

Sophie Cunningham representa una figura cada vez más escasa en el deporte profesional contemporáneo: se trata de una atleta estadounidense que es figura en el club Indiana Fever de la WNBA —la NBA del básquetbol femenino— y que agrega, a su despliegue de calidad y vitalidad contagiosa en la cancha de juego, posturas en las que fustiga los intentos de incluir a mujeres trans en las competencias deportivas femeninas, como si se tratara de congéneres en condiciones de competir en igualdad con mujeres biológicamente “nativas”.
La jugadora no intenta agradar a todos, y se expone con una dosis siempre latente de incorrección política. Su personalidad desafiante, su tendencia a involucrarse en cada conflicto y su disposición para asumir posiciones polémicas la convirtieron en mucho más que una simple jugadora de rol dentro de Indiana Fever. Para algunos es una líder valiente. Para otros, una provocadora.
Fuera de la cancha, Cunningham también quedó en el centro del debate estadounidense por sus declaraciones sobre la participación de atletas transgénero en el deporte femenino: “Quiero proteger a las niñas jóvenes en el vestuario o en el deporte, que no deberían tener que enfrentarse a hombres biológicos”, expresó en una entrevista con ESPN en julio de este año, que recoge el diario bonaerense La Razón en un artículo.
Días después ratificó públicamente esas afirmaciones y aseguró que seguía pensando exactamente lo mismo. “Recibí muchas críticas por supuestamente odiar a las personas trans. Y yo digo: ‘Nunca dije eso’. Creo que estoy aquí para extender amor. Pero también creo que con ese amor viene la verdad, la honestidad. Dije lo que dije, creo que es de sentido común, siempre creeré en eso, es realmente importante proteger a los niños, y eso incluye a las niñas pequeñas”, remarcó la jugadora. Por sus dichos recibió el apodo de “MAGA Barbie”, asociado al lema “Make America Great Again” de Donald Trump.
Más allá de las consabidas polémicas que a menudo la rodean, es pertinente señalar que el deporte de competencia se basa en un principio elemental: que quienes participan lo hagan en condiciones lo más equitativas posible en cuanto a las condiciones y requisitos a respetar. Por esa razón existen categorías por edad, peso, discapacidad y sexo. No se trata de discriminar, sino de reconocer diferencias físicas que pueden resultar decisivas para el rendimiento deportivo.
En ese contexto, la participación de mujeres transgénero que atravesaron la pubertad masculina en competiciones femeninas ha generado un debate cada vez más intenso. La evidencia disponible indica que, en numerosas disciplinas, esas deportistas conservan ventajas fisiológicas relevantes en aspectos como la estatura, la densidad ósea, la longitud de las extremidades, la capacidad pulmonar y, en muchos casos, la fuerza y la potencia muscular. Si el objetivo del deporte femenino es garantizar una competencia justa entre mujeres, ignorar esas diferencias significa poner en riesgo el fundamento mismo de esa categoría.
Los ejemplos abundan. La nadadora Lia Thomas ganó el campeonato universitario estadounidense de 500 yardas libres en la NCAA en 2022, tras haber competido anteriormente en la categoría masculina. En ciclismo, la británica Emily Bridges fue excluida de una competencia femenina tras la revisión de los criterios de elegibilidad. En halterofilia, Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta trans en competir en unos Juegos Olímpicos. Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, en general se trató de actuaciones de primer nivel en categorías femeninas, cuando habían sido mediocres en la masculina, y estos episodios impulsaron a numerosas federaciones deportivas a revisar sus reglamentos.
De hecho, organizaciones como World Athletics, World Aquatics y otras federaciones internacionales han establecido restricciones para la participación de mujeres trans que hayan pasado por la pubertad masculina en pruebas de élite. Estas decisiones no fueron adoptadas por razones ideológicas, sino tras evaluar la literatura científica disponible y escuchar a especialistas en medicina deportiva, fisiología y rendimiento atlético, más allá del sentido común, que se ha perdido en la sociedad.
Sin embargo, el debate público parece muchas veces desconectado de esta evolución institucional. Aunque distintas encuestas realizadas en varios países muestran un apoyo considerable a mantener la categoría femenina reservada para personas nacidas biológicamente mujeres en el deporte de alto rendimiento, la discusión pública suele estar dominada por organizaciones activistas que sostienen la postura contraria. Su capacidad de movilización, su presencia en los medios de comunicación y su influencia en determinados ámbitos políticos y legislativos generan con frecuencia la impresión de representar una posición social mucho más amplia de la que reflejan algunas mediciones de opinión.
Esto no significa descalificar el activismo ni negar la dignidad o los derechos de las personas transgénero. Toda persona merece igualdad ante la ley, protección contra la discriminación y respeto a su identidad. Pero esos principios no eliminan la necesidad de preservar la equidad en las competiciones deportivas cuando existen diferencias biológicas capaces de alterar el resultado.
La política debería evitar transformar esta cuestión en un enfrentamiento cultural. El objetivo no debería ser decidir quién tiene razón desde una perspectiva ideológica, sino encontrar un equilibrio entre inclusión y justicia competitiva. Si las categorías deportivas existen para compensar diferencias físicas objetivas, cualquier modificación de sus reglas debería sustentarse en evidencia científica sólida y no en la presión de grupos de interés, por más influyentes —y a menudo intolerantes— que sean.
El desafío consiste en proteger simultáneamente la dignidad de todas las personas y la integridad del deporte femenino. Negar cualquiera de esas dos dimensiones solo profundiza la polarización y dificulta alcanzar soluciones razonables. Una de ellas, por sentido común, podría ser habilitar universalmente una categoría exclusiva para personas trans, aunque tampoco esta alternativa logre conformar a quienes, escudados en la inclusión, no vacilan en desvirtuar la esencia de las competencias deportivas femeninas con tal de defender sus banderas a capa y espada, descalificando a quienes no opinan lo mismo.

Durante muchos años la digitalización del gobierno se celebró como un triunfo de la eficiencia, tanto para evitar a los ciudadanos hacer filas como por las ventajas de la disminución del uso de papel o la resolución de trámites a distancia.
Sin embargo, con la digitalización del Estado aparecieron nuevos desafíos, y la ciberseguridad en el sector público ha dejado de ser un asunto técnico de nicho, restringido al hacer diario de los departamentos de informática de las instituciones, para convertirse en una cuestión de alta política, soberanía y hasta supervivencia institucional.
Los datos que arrojan los informes oficiales del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy), dependiente de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), muestran que se pasó de procesar 14.264 incidentes en 2024 a 42.768 en 2025, lo que representa un incremento superior al 199% de un año a otro.
La tendencia se ha ido acelerando, registrándose 32.399 incidentes adicionales en tan solo el primer semestre de este año, lo que indica que, lejos de tratarse de un mero reflejo de mayor eficiencia en los sensores del Estado, lo que se está dando es un cambio profundo en la naturaleza de la amenaza digital que enfrentamos.
Cuando los ataques cibernéticos dejan de ser una molestia marginal para convertirse en incursiones directas sobre portales estatales neurálgicos, como ocurrió con las filtraciones y alteraciones en la Dirección Nacional de Identificación Civil o los embates recurrentes sobre entidades educativas y financieras, se desvanece la ilusión de que la lejanía geográfica de Uruguay respecto de los grandes centros internacionales garantiza inmunidad institucional.
Un análisis de las estadísticas de CERTuy indica que entre el 70% y el 77% de los incidentes reportados se concentra en tareas de “recolección de información” y sondeos automatizados de credenciales. No se trata de ataques de destrucción masiva, sino que los ciberdelincuentes están operando mediante un mapeo minucioso y persistente, cruzando bases de datos estatales vulneradas —que han afectado estructuras educativas, sistemas de cobro o dependencias ministeriales o intendencias— para construir perfiles de ingeniería social.
Esto demuestra que el Estado enfrenta una ofensiva quirúrgica orientada a socavar la confianza institucional desde adentro, aprovechando quizás la fatiga digital de los funcionarios y la reutilización de credenciales. Hay otras heridas abiertas también importantes, como el ataque de ransomware perpetrado por el grupo internacional Alfa contra la Intendencia de Paysandú, que paralizó el sistema del gobierno departamental en materia de tributos, registro civil y el Sucive tras exigir un rescate de 650.000 dólares. El episodio dejó al descubierto tanto la crudeza del colapso operativo local como el estado de vulnerabilidad general.
Este ha sido quizás el ciberataque más grave contra un organismo público en la historia del país, y la respuesta gubernamental fue negarse rotundamente a pagar el rescate reclamado, aunque se debió afrontar un proceso interno de reconstrucción de extrema complejidad y alto costo operativo, con pérdidas parciales de registros históricos. Pero ha habido otros casos: diversos colectivos de hackers han perpetrado brechas de seguridad que expusieron bases de datos de instituciones clave como Migraciones, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dinacia, entre otros, y también se han filtrado millones de registros de la ANEP y registros de usuarios y equipos de Ceibal.
La respuesta gubernamental ha sido intentar articular normativas para contener la situación. Cuando el Poder Ejecutivo y organismos rectores como Agesic despliegan normativas, decretos y marcos estratégicos, como el Decreto 66/026, amparados en la hoja de ruta de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030, el propósito es poner orden, exigir la designación de responsables de seguridad y establecer consecuencias administrativas claras ante fallas sistémicas.
Por ejemplo, mediante la Ley 20.212 y el Decreto 66/025 (complementado en 2026) se estableció la obligatoriedad estricta para los organismos públicos y sectores críticos de reportar incidentes al CERTuy en un plazo máximo de 24 horas y de adoptar los marcos de referencia de ciberseguridad de Agesic. Las nuevas disposiciones modifican radicalmente el antiguo escenario del silencio burocrático, obligando a los organismos de la Administración Central a activar investigaciones formales e iniciar sumarios cuando un incidente crítico se origina por negligencia, desidia o uso prolongado de sistemas desatendidos. No obstante, pretender que una estrategia de esta magnitud se aplique con la misma velocidad y eficacia en todo el país —un escenario fragmentado donde convergen realidades institucionales muy disímiles— parece ignorar la fricción de esas mismas realidades.
Es decir, de un lado de la mesa, en Uruguay tenemos ministerios y organismos centrales muy robustos; del otro, hay agencias descentralizadas, intendencias y unidades ejecutoras menores, con personal muchas veces sobrecargado, escasez de recursos y sistemas que no siempre están a la altura del rol que hoy tienen la información y la ciberseguridad en el contexto digital.
Desde esta perspectiva, cargar todo el peso de la responsabilidad sobre los mandos medios y equipos técnicos locales requiere dotarlos previamente de infraestructura, respaldo y transferencia real de capacidades, para no terminar castigando a náufragos que están intentando nadar en mar abierto. Es necesario entender que el riesgo latente es la parálisis, donde la consigna institucional pase a ser el ocultamiento preventivo del riesgo por temor a ponerse en el centro del huracán ante una posible falla sistémica.
Modernizarse, aggiornarse y prevenir es algo que no se materializa con decretos o resoluciones ministeriales, ni tampoco con manuales de procedimientos o listados de posibles sanciones. La ciberseguridad plantea una carrera con obstáculos que exige una transformación cultural profunda hacia el interior de las organizaciones, un aprendizaje y formación constante y, seguramente, un rediseño de los incentivos laborales que premie la alerta temprana y la transparencia. Si el Estado uruguayo no logra alinear sus asignaciones presupuestales para proteger sus activos digitales y, a la vez, retener el talento —y hacer todo eso con la velocidad con que crece la amenaza digital—, será difícil contar con sistemas que realmente no se desmoronen ante las amenazas implacables de la actualidad.

El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, aprovechó su conferencia en el marco de las jornadas de economía que organiza la institución para transmitir varios mensajes interesantes. Una hora y dos minutos le alcanzaron para afirmar que los uruguayos somos extremadamente conservadores, miedosos, financieramente cortos de vista, y a la vez los campeones de América en estabilidad financiera. Los datos parecen darle la razón.
El planteo con el que abrió la presentación fue la tan vigente discusión sobre por qué Uruguay crece lento, de quién es la culpa de que el país tenga un crecimiento marginal, por más que crecimiento al fin. Entre las razones que citó como explicación, situó las decisiones financieras de los uruguayos. “Cómo ahorramos, cómo nos endeudamos, lo que invertimos: por debajo de esos números, esas decisiones financieras hablan de nosotros mismos. Hablan de cómo interpretamos la realidad, cómo imaginamos el futuro, hablan de nuestra cultura, hablan de los valores que tenemos”, planteó, antes de ingresar en un análisis de las carteras financieras de los uruguayos. “En Uruguay, aproximadamente el 70 u 80% de los activos financieros son depósitos”. En otros países emergentes, como Rumania o Chile, esa cifra se sitúa en el 30 o 40%. “En los países avanzados es aún menor”, dijo. Pero además, dentro de estos depósitos, el uruguayo elige “depósitos que no cambian de valor, digamos, que son ‘seguros’, y nos exponemos relativamente poco, comparado con otros países, a opciones que tengan más retorno y algo más de riesgo”. Es decir, el ahorro de los uruguayos está en cajas de ahorro o cuentas corrientes que no generan interés. “Alrededor del 80% de los depósitos en el año 2024 estaban a la vista, con la mayor liquidez posible”. Y además, en dólares.
Viene al caso recordar en este punto la prédica cuasi obsesiva de Tolosa por la pesificación de la economía uruguaya, una de las más dolarizadas del mundo, según el propio presidente del BCU. “Más del 70% de los depósitos de los uruguayos están en dólares, allá arriba, con Congo, Camboya y Nicaragua. Esto incluye países que tienen inflación bastante más alta que Uruguay”, dijo, refiriéndose a economías en las que el dólar verdaderamente actúa como refugio frente a la variabilidad de la moneda local. Lo curioso del caso es que, siempre según los datos presentados por Tolosa, “los extranjeros que invierten en Uruguay ganan 5%”, mucho más que el rédito que obtienen los uruguayos por sus ahorros, que estimó en un promedio de 1,6%. “Quiere decir que tenemos en nuestras narices activos que rinden con tasas de interés muy interesantes, pero preferimos invertir en opciones conservadoras, con muy pocos retornos”.
Agregó que los uruguayos “depositan una cifra inusualmente alta, en la comparativa internacional, en bancos públicos”, con lo que “sienten alivio no solo por darle su dinero a un banco, sino porque está el Estado todoprotector detrás de esos depósitos”. También, dijo, sienten alivio “con una proporción completamente desproporcionada a nivel internacional de sus activos en ladrillos”, activos que, según describió, no dependen de la confianza: “los puede ver, los puede tocar, son tangibles”. También afirmó que la mitad de los uruguayos “dice tener efectivo en su propia casa, de forma que le da alivio poder tocarlo y no depender del sistema”. Del mismo modo, aseguró que las empresas uruguayas son “particularmente cautas” y que la inversión en el país en los últimos diez años “es de las más bajas del mundo”, lo que refleja una “actitud igualmente ultraconservadora” de los empresarios, aunque reconoció que hay “otros factores que explican estas tendencias”. Todos estos datos, estos resultados, “hablan de quiénes somos; estos resultados gritan quiénes somos y qué creemos los uruguayos”, y afirmó que detrás de ellos “hay un factor que atraviesa todas las decisiones, y ese factor es el miedo”.
Este miedo, dijo, traducido en estas “opciones conservadoras, de refugio, de terror a la pérdida”, termina generando “costos muy altos para los uruguayos, para sí mismos y para la sociedad”: por ejemplo, al renunciar al interés de esos depósitos y al hacerlo, además, en dólares. “En los últimos 30 años los uruguayos perdimos la mitad del poder adquisitivo que teníamos (…). Los uruguayos tenemos un árbol que quiere crecer, pero por protegerlo no lo dejamos crecer”, resumió.
La conferencia en su totalidad es sumamente interesante por los datos que presenta y por el análisis que transmite el presidente del Banco Central; es recomendable verla (y quien lo desee puede hacerlo siguiendo el código QR). En su repaso, Tolosa definió características recientes de la economía nacional, elementos que hacen al “buen clima”. Desde 2003, dijo, “ya van 23 años que está conduciendo una obra de ingeniería y blindaje, de fortalecimiento de cimientos, con apertura económica que ha sido, creo, ejemplar en el mundo”. A modo de ejemplo, señaló que Uruguay ha bajado su dolarización de la deuda pública de casi 90% a 45%. Fruto de este proceso de derisking (reducción del riesgo), “Uruguay absorbe los shocks externos, y todas las recesiones (en Uruguay) empiezan con un choque externo”.
Para el jerarca, este temor a asumir riesgos es fruto de viejos resquemores, de cicatrices de situaciones pasadas que costaron mucho. Y no solo costaron plata: costaron vidas. Hablar del quiebre de la tablita, en noviembre de 1982, o de la crisis de julio de 2002, para muchos son, más que cicatrices, heridas aún abiertas, porque muchos sufrimos incluso la pérdida de familiares en aquellas tristes circunstancias. De allí que no se pueda culpar del todo a quienes, habiendo atravesado esas dolorosas situaciones, sientan todavía, tantos años después, cierta desconfianza respecto a dónde poner su dinero. ¿Es justificado? Tal vez no del todo, como sugiere Tolosa. Pero tampoco es plenamente reprochable, y más aún después de ver cómo miles perdieron en los últimos años la totalidad de sus ahorros en un negocio que se suponía seguro y rentable, como los ya tristemente célebres fondos ganaderos. Es de reconocer que se trataba de una actividad que no estaba supervisada por el Banco Central, gracias a una estrategia de quienes llevaban adelante el fraude, y hay incluso una primera sentencia judicial que responsabiliza al Estado por la omisión en la supervisión de esta actividad —aplicable solo a algunos de los casos—, pero que, de confirmarse, podría sentar un precedente. Veremos.

Recientes declaraciones del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Juan Cristina, confirman la existencia de una realidad que desde hace años se viene constatando en prácticamente todos los ámbitos de la enseñanza y que repercute sobre todo en la llegada de los estudiantes al nivel terciario, donde ya no es posible, como en los ciclos anteriores, seguir pateando la pelota hacia adelante, porque llega la hora de la verdad en la formación profesional: una parte muy significativa de los jóvenes ingresa a la universidad sin la formación básica necesaria para afrontar con éxito una carrera de nivel superior.
No se trata de una opinión aislada ni de una crítica dirigida exclusivamente a la enseñanza media, porque este ciclo es a su vez receptor del déficit que proviene desde la niñez. El propio Cristina aclara, en entrevista concedida a Montevideo Portal, que se trata de un fenómeno “multifactorial y muy complejo”, en el que intervienen cambios culturales, tecnológicos y sociales.
Destaca en este sentido que “evidentemente, la formación que traen de la enseñanza media —pruebas que hacemos nosotros nos lo indican— no es una formación básica para una carrera. Esto no es para echarle la culpa a la ANEP ni a nadie, es una cuestión multifactorial y muy compleja, pero es la realidad”.

Advierte que “yo creo que hay un cambio civilizatorio entre mi generación y la de ellos. Nosotros éramos una generación que teníamos otros referentes que hoy no existen. Había referentes familiares, sociales, políticos, religiosos, y hoy esas estructuras no juegan el papel que jugaban antes. Hoy las redes sociales juegan un rol en cómo la gente se relaciona y también en cómo aprende y estudia. No digo que las tecnologías sean malas, sino que el problema es el uso que se les da. Se le presenta a los jóvenes una sociedad ideal donde no van a haber dificultades. No vamos al médico y le preguntamos a la inteligencia artificial como si eso fuera lo mismo que estudiar 14 años. No creo que ninguna generación desde Artigas hasta acá se la haya llevado de arriba. Son distintos, pero no quiere decir que vaya a haber problemas. Incluso desde el punto de vista neurobiológico, todas las pantallas nos afectan, incluso el aprendizaje”.

Es inevitable ensayar un diagnóstico, por más que seguramente falten elementos a tener en cuenta. Si desde las propias facultades se realizan evaluaciones que muestran carencias importantes en comprensión, razonamiento, escritura y conocimientos fundamentales, es evidente que el sistema educativo enfrenta un problema estructural que se viene agravando desde hace décadas, acompañando los cambios en la sociedad, sobre todo en cuanto a valores.

Lo más preocupante es que esta realidad no parece limitarse a una disciplina en particular. Desde hace tiempo, docentes de distintas carreras universitarias y terciarias advierten que deben dedicar los primeros años a suplir déficits que deberían haber sido resueltos durante la educación media. Ese tiempo perdido termina afectando la calidad de la formación profesional, incrementa la deserción y posterga el verdadero aprendizaje especializado.

Naturalmente, la respuesta a una realidad que depende de factores múltiples no consiste en buscar culpables. Como sostiene el propio decano, sería simplista atribuir toda la responsabilidad a la ANEP o a los docentes. Los cambios en los hábitos de estudio, la influencia de las redes sociales, la disminución de la lectura, la reducción del vocabulario y las nuevas formas de acceder a la información son factores que también inciden sobre las capacidades de los jóvenes. Pero reconocer la complejidad del problema no puede transformarse en una excusa para evitar las reformas necesarias.

En ese sentido, también corresponde revisar críticamente la propia educación terciaria. Durante décadas se han ido acumulando planes de estudio con una cantidad creciente de asignaturas —también en otras áreas de la enseñanza, como el nivel secundario—, muchas de ellas de carácter tangencial respecto de la actividad profesional que finalmente desarrollarán los egresados. Es razonable promover una formación integral, pero cuando esa aspiración deriva en currículas excesivamente extensas, con materias que poco aportan a las competencias específicas, el resultado suele ser una mayor duración de las carreras, mayores índices de abandono y profesionales que ingresan tardíamente al mercado laboral.

La universidad debe contribuir a formar ciudadanos íntegros y con una perspectiva que trascienda su área de estudio específica, pero sobre todo profesionales competentes. Ambas metas son compatibles siempre que exista un adecuado equilibrio entre la formación general y las competencias propias de cada profesión.

El desafío impostergable pasa por revisar con seriedad qué conocimientos son verdaderamente esenciales para cada carrera y cuáles responden más a tradiciones académicas que a las necesidades actuales de la sociedad. Al mismo tiempo, resulta indispensable fortalecer las competencias básicas desde la educación media: comprensión lectora, escritura, razonamiento lógico, capacidad de análisis y hábitos de estudio. Sin esos cimientos, cualquier formación superior se vuelve mucho más difícil.
Y en un país con rezago en empleo y en dotación de valor agregado, la educación no puede perder de vista uno de sus principales objetivos: preparar a las personas para su inserción en el mundo del trabajo. Ello no implica reducir la enseñanza a una lógica meramente utilitaria, sino reconocer que el desarrollo personal y el crecimiento del país dependen, en buena medida, de contar con egresados capaces de incorporarse rápidamente a actividades productivas, científicas, tecnológicas y profesionales.Las palabras del decano Juan Cristina constituyen una nueva oportunidad para abrir un debate impostergable. La educación uruguaya necesita menos discusiones ideológicas y más decisiones orientadas a garantizar que los jóvenes lleguen preparados a la universidad y que la universidad, a su vez, los prepare eficazmente para los desafíos del siglo XXI y para un mercado laboral cada vez más exigente.

Se reunió la Mesa de la Agrupación de Gobierno y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, concluyó que existen “problemas de gestión política” para que “nuestros avances, nuestras concreciones y nuestro programa, que se está cumpliendo, finalmente lleguen al resto de la sociedad”.
En ese marco, sostuvo que el Frente Amplio se fijó 63 prioridades y que, de ese total, “se han empezado a aplicar cerca del 85%”.
Según el dirigente, cuando se construye un programa de gobierno luego hay que “generar la película de cómo se está cumpliendo ese programa”.
Entre los aspectos que destacó, afirmó que el país atraviesa el período con el desempleo “más bajo de la historia”. Sin embargo, esa afirmación carece de un desglosamiento territorial y simplifica la realidad al presentar una única cifra nacional. El litoral, por ejemplo, no forma parte de esas cifras “más bajas de la historia”, sino que continúa inmerso en un proceso que comenzó hace décadas con el desmantelamiento del aparato productivo y la desaparición de sus industrias más emblemáticas, o de las que aún sobreviven.
La falta de competitividad tampoco constituye un reclamo nuevo. Lo han planteado tanto las cámaras empresariales, que han negociado con todos los gobiernos, como los sindicatos. Se trata de una consecuencia de la profundización de la globalización en una región fragmentada, donde la política exterior de cada país procura mejorar sus regulaciones para abrir nuevos mercados y captar mayores inversiones.
Al gobierno le cuesta dominar la agenda pública, y ello no responde al mérito de la oposición ni de los medios de comunicación, sino a la percepción ciudadana y a las diferencias internas al momento de defender decisiones sobre asuntos que históricamente han generado debate dentro de la fuerza política. Algunos ejemplos son el relacionamiento con Estados Unidos, las políticas favorables al gran capital y la continuidad de las AFAP.
En este último caso, el gobierno descartó eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional para sustituirlas por un monopolio estatal y optó por una agenda de reformas orientada a reducir costos y mejorar la rentabilidad. Nada de eso figuraba en la papeleta que impulsó la recolección de firmas promovida por un sector muy relevante del oficialismo, que ahora deberá alinearse con la resolución del Poder Ejecutivo.
El Partido Comunista, entre otros sectores, insistía en que era necesario cumplir el programa del Frente Amplio y eliminar el lucro en la seguridad social. Al finalizar 2024, el gobierno de la coalición republicana sostenía que esa propuesta desconocía la voluntad popular, que no había acompañado el plebiscito sobre la seguridad social.
Sin embargo, el dirigente comunista insistía en que “buscaremos los mecanismos y las formas”. Hoy, Juan Castillo sostiene que lo anunciado por el equipo económico es “lo posible”. “Es lo que el gobierno entiende que se puede proponer” en el marco de lo resuelto en el Diálogo Social. Pero agregó que, “si en principio es la postura del gobierno, tiene que ser nuestra postura”.
Otro de los desacuerdos protagonizados por el referente comunista fue su rechazo al uso de vehículos blindados del Ejército para patrullar barrios con alta conflictividad. Calificó la medida de “shokeante”. El debate se trasladó rápidamente al ámbito público y, ante la imagen de descoordinación que proyectaba el oficialismo, terminó acatando la decisión adoptada por el Consejo de Ministros.
Algo similar ocurrió con la visita de Yamandú Orsi al portaaviones USS Nimitz. Castillo consideró que esa decisión constituía “una contradicción” con los principios del país, que se opone a las guerras, y con las raíces “antiimperialistas” que identifican a buena parte de la militancia frenteamplista desde la fundación de la fuerza política. Sin embargo, terminó reconociendo que “el presidente es él”.
Ahora la Cancillería mantiene conversaciones con el gobierno de Donald Trump para definir si Uruguay recibirá ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos. Una decisión de la que, por cierto, varios senadores oficialistas se enteraron por la prensa. Resulta, sin embargo, más sencillo cuestionar la “deplorable” política migratoria del presidente republicano que reclamar una mejor comunicación hacia la interna partidaria, donde deberían explicitarse las diferencias entre un país de inmigrantes y otro que recibe deportados.
En ese contexto, Pereira aseguró que el Frente Amplio “no va a estar de acuerdo” con deportaciones que violen los derechos humanos. No obstante, la experiencia reciente recuerda que Uruguay recibió refugiados provenientes de Guantánamo como parte de un acuerdo político que facilitó la apertura del mercado estadounidense para los cítricos uruguayos.
También resulta visible la descoordinación entre los anuncios del presidente de la República, los de la Secretaría de la Presidencia y las declaraciones de algunos ministros. Los tiempos no están alineados, los criterios de trabajo difieren y eso termina demorando los anuncios. Un ejemplo es la eventual instalación de HIF Global en Paysandú.
El 23 de junio, durante la inauguración de la zafra citrícola en Azucitrus, Orsi anunció ante la prensa: “Voy a volver a Paysandú en pocos días porque tenemos otras cosas para anunciar”. En esos mismos días, el gobierno uruguayo y la multinacional acordaban extender el plazo, que vencía el 30 de junio, para definir el acuerdo definitivo de inversión y el precio del suministro eléctrico.
A comienzos de julio, el secretario de la Presidencia informó que la empresa y el directorio del ente habían acordado el precio de la energía y que el anuncio era cuestión de días. Sin embargo, hacia fines de ese mes, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, aseguró que aún no existían contratos firmados y que la empresa resolvería recién el año próximo si se instalaría en el país.
Es decir, los tiempos no están alineados entre los distintos niveles del gobierno. Tampoco existe una metodología común de trabajo y la reiterada explicación sobre la falta de recursos termina postergando la ejecución de políticas públicas.
A ello se suma que la gestión de crisis imprevistas, como los problemas de inseguridad o las condicionantes geopolíticas, irrumpe permanentemente en la agenda y desplaza otros asuntos considerados prioritarios.
La burocracia uruguaya tampoco parece adaptarse a estas dinámicas y menos aún cuando las decisiones atraviesan sucesivos niveles administrativos. Si, además, el presidente avanza por un lado, el Frente Amplio por otro y las bancadas legislativas desarrollan su propia agenda, resulta comprensible que la conducción política a la que aludía Pereira se vuelva cada vez más compleja. Y ello ocurre sin que medie la influencia de la oposición o de los medios de comunicación, porque se trata de dificultades originadas en la propia interna oficialista.
Si el gobierno no logra comunicar ni realizar una gestión política eficaz de aquello que considera sus “avances”, probablemente sea porque no consigue visualizar esa brecha. El Poder Ejecutivo dispone de recursos institucionales y comunicacionales muy superiores a los de la oposición: proyectos de ley, rendiciones de cuentas, anuncios oficiales y la difusión permanente de sus resoluciones.
De ese modo, la opinión pública termina observando a un Poder Ejecutivo con una agenda distinta de la que impulsan la militancia frenteamplista y sus bancadas legislativas, mientras la oposición aparece alineada, con mayor cohesión y una gestión política más consistente de los temas públicos.