Política

Un grupo de extrabajadores de Pili, conformado por integrantes de la cooperativa de trabajo Cosepi, pasivos y desempleados esperan una devolución del Poder Ejecutivo de la carta entregada al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El mandatario estuvo el pasado 8 de junio ante la celebración de los 160 años de Paysandú Ciudad y en el documento entregado, los extrabajadores plantearon las gestiones efectuadas hasta el momento desde el cierre de la planta. Allí solicitaron apoyo al mandatario para ser incluidos en la ley de insolvencia patronal, que les habilite el cobro de lo adeudado por concepto de créditos laborales.
En la misiva explicaron que lo producido por los remates de predios y maquinaria de la antigua planta quesera y la secadora de suero fueron destinados al Banco República con las gestiones del síndico Lideco, encargado de la liquidación de la empresa que se presentó a concurso voluntario en noviembre de 2018.

“Al presidente le pedimos un apoyo a las gestiones que hacemos para cobrar los créditos laborales a través del trabajo de las abogadas que recogen la información para presentar ante el BPS y ver la posibilidad de ser incluidos en la ley de insolvencia patronal. Además de los contactos ante distintos actores políticos”, dijo el vicepresidente de Cosepi y extrabajador de Pili, Marcel Petrib.

En la carta “le informamos sobre el remate de los bienes y que lo producido allí fue en su totalidad para el Banco República. Por eso, lo último que nos queda a los extrabajadores es ser tenidos en cuenta en la ley de insolvencia patronal”. Otro punto presentado en la misiva, apunta “a la posibilidad de las prejubilaciones a aquellos que se encuentran entre los 50 y 56 años –que son varios–, tienen entre 30 y 35 años de aporte y no consiguen trabajo”, señaló a EL TELEGRAFO.

Días pasados la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló de forma unánime a favor de Ancap en cuanto al reclamo que la estatal hizo en setiembre del año 2021, por la inconstitucionalidad de la Tasa de Inflamables que la Intendencia de Montevideo (IMM) cobra por la circulación de combustibles, desde hace 60 años, y cuya recaudación va a parar a las arcas de la intendencia capitalina. Esta declaración de inconstitucionalidad se aplica para el caso concreto de la distribuidora Ducsa (empresa del grupo Ancap) ya que fue la única que inició acciones para la derogación de lo que ahora se define como un “impuesto”, no una “tasa”.

Consultado al respecto, el edil del Partido Nacional Marcelo Tortorella, explicó que “el fallo de la SCJ prueba que no se trataba de una tasa (que conlleva una contraprestación), sino de un impuesto encubierto, un impuesto que desde hace 60 años recauda la Intendencia de Montevideo, y lo pagamos los ciudadanos de todo el país”.

Ancap pagaba por este concepto a la IMM alrededor de 12 millones de dólares al año, según informó el presidente de la empresa, Alejandro Stipanicic. Tortorella agregó que “teniendo en cuenta la situación de los departamentos fronterizos, es esperable que la quita del impuesto se vea reflejada de forma inmediata en la baja del precio del combustible a nivel nacional, para todos los consumidores”.

Ha quedado radicada en comisiones de la Junta Departamental de Paysandú la moción de edilas frenteamplistas respecto a “Incorporar cambiadores de bebé en los baños municipales de la playa”.

El tema fue radicado en las comisiones de Higiene y Medio Ambiente y de Turismo, y surge del planteo de las representantes de la coalición de izquierdas Verónica Villarreal, Yessica Dantaz y Mónica Febrero.

Consideran que “son muchas las familias que disfrutan de la playa municipal, sobre todo en época de verano, pero también durante las otras estaciones realizando diferentes actividades. Muchas de ellas disfrutan de la zona con sus niños pequeños, en edad de uso de pañales; las cuales van en moto o caminando, no contando con un lugar cómodo para hacer el cambio de sus bebés. Teniendo en cuenta que con el paso de los años se han ido incorporando diferentes comodidades y en un mundo donde en muchas playas ya se cuenta con área de lactancia materna y cambiadores, consideramos que es oportuno el pedido y que Paysandú puede ir evolucionando y por el momento incorporando, al menos, cambiadores”.

Destacan que “es algo necesario y económico, que además solucionaría mucho la higiene en la playa, donde en muchas oportunidades podemos encontrar pañales que han sido descartados en sitios no adecuados. Cuando solicitamos cambiadores no lo hacemos solamente para el baño de las damas, consideramos que en el de hombres también deben existir”.

Nancy Núñez lanzó su campaña para las elecciones internas del Partido Nacional del 30 de junio de 2024, en busca de una postulación a la Intendencia de Paysandú. Presentó la lista 64, asociada a Alianza Nacional, en un acto en el que participaron, entre otros, el senador Carlos Daniel Camy, presidente de la agrupación nacional, Jorge Larrañaga Vidal, secretario general de Alianza Nacional y Mario Ayala, presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay.

Nancy Núñez se presentó como “mujer, madre, esposa y amiga, como ustedes, dispuesta a defender a este gobierno nacional del que formamos parte y estamos tan orgullosos de haber votado”.

“Llegué a este cargo (el de diputada) casi sin pensarlo, solamente movida por el espíritu de servicio que me condujo siempre. Y aún contra opiniones contrarias a mi permanencia allí, seguí firme, por momentos con lentitud, por momentos con entusiasmo, pero segura que había hecho lo correcto”.

Puso distancia con el actual Ejecutivo Departamental al indicar que “no me interesan las grandes obras para trascender en la historia de mi departamento, me preocupan y me ocupan los problemas cotidianos de los sanduceros, de las madres pensando en el futuro de sus hijos, de sus familias. Lamentablemente no hemos podido ponernos de pie, erramos el camino. ¡Pero lo lograremos! No debería haber una sola madre que derrame una lágrima porque sus hijos están sin trabajo, porque después de estudiar por años se cansan de entregar currículos y no llega el llamado por esa oportunidad. Una Intendencia debe tener las puertas abiertas a los inversores, a la llegada de capitales. Debe exigir al gobierno nacional facilidades para su gente y no andar cacareando por un lado y negociando en secreto por el otro en beneficio propio”.

El diputado sanducero del Partido Colorado, Juan Carlos Moreno, participó en Santiago de Chile en el X Foro Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, junto a otros legisladores uruguayos y más de 80 representantes de Iberoamérica y el Caribe, especialistas de la Cooperación Internacional y representantes de la academia, sociedad civil y sector privado.
El objetivo del encuentro es la contribución a la generación, aprobación y fiscalización de políticas públicas de Estado y presupuestos adecuados orientados a un efectivo cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en contextos de pos pandemia y crisis climática.
Este frente está conformado por más de 400 parlamentarios, cuenta con el apoyo de la FAO, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

“En los temas de agricultura trabajamos sobre los sistemas de cooperativas agroalimentarias y avanzamos en la generación de una ley modelo para la pesca artesanal, basado en la economía azul, tanto en producción, conservación y regeneración, con la exposición de técnicos, políticos y sociedad civil. Ha sido una actualización bien importante, sobre todo por el aumento del hambre y las necesidades básicas en la vida humana”, dijo Moreno a EL TELEGRAFO.

Explicó que “en América Latina y el Caribe tenemos un relevamiento FAO del año 2021, donde señala la existencia de unas 57 millones de personas con hambre. Representa un tercio de la población de estos territorios. Pero también está identificado que los desperdicios alimentarios son un 30% en promedio”. El diputado colorado señaló que “en Uruguay estamos bastante mejor en cuanto a estos indicadores, pero no por eso bajaremos los brazos. Estamos comprometidos con esta agenda 2030 de hambre cero y tenemos que trabajar por la equidad alimentaria, al acompañar a países que sí están con estos indicadores muy mal”.

Por inquietud de ediles del Frente Amplio ha sido derivada a la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Paysandú la moción presentada por los ediles Julio Retamoza, Washington Gallardo, Sandra Betti, Raquel Medina, Roberto Ciré y María Barreto, referente a “Reponer canciones de Aníbal Sampayo en su muelle”.

Plantean que “hemos visto como el Muelle Aníbal Sampayo es recorrido permanentemente por visitantes y turistas con la intención de acercarse al río que magníficamente le compuso y cantó el maestro”.

“Este muelle desde su reinauguración tiene otro lindo atractivo, que son estaciones donde la gente aplicando el Código QR puede desde su celular escuchar las canciones de Sampayo, pero lamentablemente dichas láminas se han ido deteriorando por el tiempo y sería bueno que se repongan para que la Canción Litoraleña siga acompañando dicho espacio público”, agregan.
Piden que “el tema se radique en la Comisión de Cultura a los efectos de que se invite al Grupo Cultural Aníbal Sampayo a seleccionar las canciones de nuestro poeta y que repongan las láminas que van instaladas en cada estación del muelle para su seguimiento”.

El Ing. Agrim. Ramón Appratto Lorenzo, exjerarca local de OSE, relativizó opiniones sobre la salinidad del agua potable de Montevideo, vertidas por dirigentes del Frente Amplio y organizaciones afines a la coalición de izquierda que cuestionan el accionar del gobierno nacional.

Recordó que “cuando yo era chico vivía en Montevideo. Iba en vacaciones a un campo de mi abuela en Florida y tomábamos agua salobre de un pozo de 30 metros de hondo, levantada por el molino a viento. Nos gustaba en verano ir de noche a tomar agua en vasos grandes que se empañaban de tan fría que salía. Y no nos pasó nada”.

Agrega el dirigente nacionalista que “ahora un informativista de TV nacido en un pueblito de campaña, todas las tardes se conmueve él y quizás su auditorio porque aumentaron unos miligramos de algo, que la convierte en ‘salada’. Decía el vasco Unamuno que para generalizar no hay mejor que hablar de uno mismo. Y a eso voy. Hace unos años, gobierno del Frente Amplio, una maniobra propia de la impericia… o quién sabe qué otra cosa, un petrolero contaminó el agua del río Uruguay a la altura de la planta de Ancap con un derrame de más de 200.000 litros de combustible. Eso afectó la zona del río aguas arriba de la toma de OSE, la que para acomodar los tantos, le agregó mucho hipoclorito a su potabilización. En cantidad tal que al abrir la canilla se sentía olor a hipoclorito. Ni que hablar del gusto. Por lo tanto decidí tomar mate con agua de los bidones de agua mineral. Y hasta ahora sigo en eso. Mate con agua mineral. Además no tomé más agua de la canilla, seguí con el bidón”.

Agrega que “siempre hay un pero. Fui en estos días a Montevideo y tuve que tomar mate con agua de OSE… el agua salada según el Frente Amplio… pero, no sentí ninguna diferencia. Y pensé que los militantes del FA, que se creen campeones de la ‘solidaridad’, se olvidaron que, para serlo, antes de que todos se queden sin agua, es preferible tomar agua algo salada. ¡Dejen de dar manija y fogonear la angustia pública! No sean hipócritas”.

Destaca que “están constatando la necesidad urgente de hacer el reservorio del proyecto Neptuno (Arazatí) y desde el Directorio de la propia OSE el representante del Frente Amplio, Sr. Edgardo Ortuño se opone tenazmente a su construcción esgrimiendo sinrazones. Con lo cual siguen demostrando una desubicación e inoperancia para gobernar en serio, que asusta pensar que puedan tener mayoría otra vez”.

La edila nacionalista Dra. Patricia Vásquez Varela destacó las inversiones y acciones que se están llevando a cabo en nuestro departamento, fundamentalmente en el Vertedero Municipal, en el marco de procesos que apuntan a la mejora del ambiente mediante gestiones de residuos domiciliarios y a la aplicación de la economía circular.

Señaló que recientemente se celebró en Paysandú la firma del convenio con Ministerio de Ambiente y la Intendencia Departamental “para cerrar el vertedero de Paysandú con una inversión cercana a dos millones de dólares, desglosados en un 1.137.372 dólares aportados por la Intendencia de Paysandú, de los cuales el 53,82% está siendo invertidos, y 976.000 dólares (46,18%) aportados por el Ministerio de Ambiente”.

En el predio “la Intendencia construye la nueva planta de gestión y disposición final de residuos domiciliarios, que serán operados por la empresa Sandeco, reducirán el impacto ambiental e incorporarán a varios clasificadores garantizando una fuente de ingreso en condiciones de trabajo dignas”.

Agregó que “está previsto para las próximas semanas el cierre definitivo de dicho vertedero y la puesta en funcionamiento de la referida planta de procesamiento, siendo una moderna planta industrial que gestiona los residuos ambientales sustentables y permite obtener ganancias de los mismos. En total, una inversión cercana a los 3,5 millones de dólares, en el predio ubicado a unos 8 kilómetros de Paysandú. La empresa Sandeco, ganadora del llamado a licitación, ya instaló maquinaria de alta tecnología que permitirá clasificar, procesar, compactar y disponer hasta 200 toneladas diarias de residuos domiciliarios generados en la capital departamental”.

En informe aprobado por mayoría, la Comisión de Promoción Social de la Junta Departamental de Paysandú consideró “adecuadas” las condiciones en que funciona el refugio La Heroica, del Mides, desde su traslado a una nueva sede, tras analizar la situación a partir de mociones presentadas por ediles del Frente Amplio encuadradas en “No al cierre del refugio del Mides en Paysandú”, “Culminación contrato refugio” y “Traslado del refugio La Heroica: condiciones inadecuadas”.

La citada comisión produjo un informe en mayoría, firmado por los ediles Verónica Bica, Humberto Biglieri y Gabriela Meneses, y un informe en minoría, discrepante con esta postura, de la edila Mabel de Agostini. El informe aprobado expresa que “oportunamente esta Comisión informó a través de los Repartidos N.° 44.192 respecto a los dos primeros asuntos mencionados y 44.314/22 respecto al último tema, permaneciendo los mismos en bandeja para su seguimiento”.

“Asimismo, el día martes 16 de mayo del corriente año los ediles integrantes de la Comisión, Sres. Verónica Bica, Humberto Biglieri, Carlos Paredes, Gabriela Meneses y Paola lfrán (con licencia María Inés Firpo), concurrieron al refugio La Heroica. Una vez allí constataron que el horario de ingreso al refugio es a las 19:00 horas y el horario de salida es a las 9:00, en invierno, en verano el horario de salida es a las 8:00. Residen 45 personas, pero hay lugar para 60”, consigna.

Además, destaca el informe que “ingresan al refugio por tandas, 7:15, 7:20, etcétera. Lo primero que hacen es bañarse. Les hacen entrega de shampoo, jabón y pasta dental. El día de la visita de la Comisión, los residentes estaban haciendo fila para bañarse, para luego cenar, ya que les brindan desayuno y cena”.

El director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, analizó que la reforma de la seguridad social recientemente aprobada (Ley Nº20.130) “no atiende los problemas. No solo porque se hizo sin diálogo social y sin información, sino porque la inmensa mayoría de la población no conocía el contenido del proyecto y ahora no conoce la ley”.

Esta reforma “tiene un alcance jubilatorio y nosotros necesitamos una reforma de la seguridad social e integral. Por otro lado, la motivación de discutir una transformación y reforma del sistema –aunque sea solamente en el aspecto jubilatorio– es porque los recursos que tenemos para la seguridad social no nos alcanzan. Hay más egresos que ingresos. Sin embargo, en esta reforma no hay siquiera una medida que mejore la fuente de financiamiento”, dijo Ruiz a EL TELEGRAFO.

Explicó que “la única medida que apunta a contener la inversión en el mediano y largo plazo, o sea tratar de contener la trayectoria del gasto, es pedirle a los trabajadores que se retiren más tarde y que cobren menos jubilación”. De acuerdo al representante social, aún hay sectores que tienen capacidad contributiva para aportar a la seguridad social. “Esto no es plantear una contradicción. O se aumenta la edad, o se aumenta el aporte de esas empresas. Puede ser una complementación de las dos cosas”, agregó.

Ante “planteos de los vecinos sanduceros” la diputada Cecilia Bottino presentó una exposición escrita en Diputados, denunciando que “han visto a jerarcas del actual gobierno y autoridades de ASSE que estarían utilizando recursos públicos, sus horarios y lugares de trabajo para llevar adelante proselitismo político”.
La diputada por el Frente Amplio expresa en su informe que le llegaron capturas de pantalla de redes sociales “donde se observan a Jerarcas de ASSE con responsabilidades en el área departamental y regional; a la subdirectora Regional Litoral Norte, la directora de la RAP Paysandú, la adjunta de la RAP de ASSE así como al director de la CTM designados por el Poder Ejecutivo, violando la Constitución de la República”.

La diputada expresa además que “en publicaciones de redes sociales hacen referencia a sus recorridos y visitas a establecimientos de ASSE como funcionarios públicos y mencionando a partidos políticos en la misma publicación. Luego de advertir la irregularidad, dicha publicación fue dada de baja en las redes”.

La coordinadora de sindicatos de Ancap que el jueves 8 de junio dialogó con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el marco de su presencia en los actos centrales por los 160 años de Paysandú Ciudad, espera la confirmación de la entrevista que fuera anunciada por el mandatario después del 20, con el fin de plantearle su preocupación por el proceso de asociación del negocio del cemento y la cal de Ancap con privados. Mientras tanto, continúan movilizados y ayer ocuparon la planta del ente en Minas.
El organismo lanzó la licitación el 18 de mayo y recibirá ofertas hasta el 19 de julio “con el objetivo de revertir la situación deficitaria y restablecer la competitividad del sector”, definió el directorio en su página web.
En forma paralela, luego de una polémica sesión en la Junta Departamental donde la coordinadora de sindicatos fue desalojada de las barras, desde el deliberativo “se nos comunicó que iba a hacer una sesión extraordinaria para tratar como único tema el portland de Ancap y su presidente, Marcelo Tortorella, quedó en fijar una fecha”, dijo a EL TELEGRAFO el dirigente de Fancap Horacio Depratti.

Inversión millonaria

El mandatario anunció una millonaria industria de hidrógeno verde desde el próximo año, cuya construcción “comenzará en algún momento del año que viene”. De acuerdo al mandatario, quien realizó el anuncio acompañado por el ministro de Industria, Omar Paganini, y el presidente del directorio de Ancap, Alejandro Stipanicic, implicará una inversión de U$S 4.000 millones, 1.500 puestos de trabajo estable con picos de 3.200 durante la obra. Una vez finalizada su construcción, empleará a unos 300 trabajadores.

“Desde el sindicato aplaudimos ese anuncio porque es una fuente laboral con una inversión muy grande para el departamento, pero no estamos de acuerdo en que se maneje como una alternativa a la problemática de la industria del portland que nos genera esta privatización”, agregó.

Explicó que “ninguna empresa está interesada en la tercera línea de producción y eso quiere decir que no hay perspectiva de fuertes inversiones. Porque la instalación del tercer horno de producción es el 90 por ciento de una fábrica nueva. Y si no hay interés, quiere decir que van a tener una vaga producción en Paysandú.

Considerando que el próximo 4 de noviembre de 2023 se cumplirán 114 años del nacimiento de Alberto Gallinal Heber, la Intendencia y la Junta Departamental impulsan que se firmen entonces las escrituras del Mevir Alberto Gallinal, que dio origen a Pueblo Gallinal, a once kilómetros de ruta 26, en su kilómetro 68.

La iniciativa proviene de cincuenta vecinos que se la presentaron al presidente de la Junta Departamental, Marcelo Tortorella, solicitando la escrituración de las unidades de las que son titulares, lo que debe ser realizado por Mevir.

Tortorella, acompañado por el secretario de la Junta Departamental Gerardo Muria, fue recibido por el presidente de Mevir, Juan Pablo Delgado, exponiendo que los solicitantes “manifiestan que han cumplido con los derechos y obligaciones que surgen de los contratos suscritos con Mevir”. También informaron que “culminaron el proceso de pago de la totalidad de la deuda, pasando entonces a ser los propietarios de las viviendas”.