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Caja Bancaria “no está fundida”; necesita “respuesta del gobierno y patronales”

“Nos sorprendió la presencia a una asamblea informativa donde surgieron consultas e intervenciones de nuestros delegados muy enfocados en el problema y la solución que queremos alcanzar. La situación de la Caja Bancaria es que se proyecta un déficit del 10% de su presupuesto para los próximos diez años. El ejemplo que pongo es que nos imaginemos a una familia que en los próximos diez meses cobrará un diez por ciento menos del sueldo en relación a los gastos que va a tener. En la caja, al déficit lo medimos anualmente, por eso es un 10% por año”, dijo a EL TELEGRAFO el integrante del Consejo Central, Manuel García.
En enero del año que viene la liquidez de la caja, alcanzará para el pago del 90% de las jubilaciones. “Lo que se requiere es una solución financiera. No es que la caja esté fundida ni tenga problemas económicos de largo plazo, sino que tiene sus propias inversiones forestales que conocemos en Paysandú, por ejemplo. También tiene una cartera de préstamos personales que da a sus afiliados y eso también es una inversión”.
Retiros
El dirigente aseguró que la Caja Bancaria “necesita una solución legal que brinde liquidez por esos diez años hasta que se solucione el problema. Tenemos previsto que este año se jubilarán muchísimos trabajadores que ingresaron a la banca a principios de la década de 1980. Eso estaba previsto y es un impacto a las finanzas de la caja. Lo que no estaba previsto era la pandemia, que generó un impulso a la digitalización de las transacciones”. Según García, “eso, aunque parezca mentira, generó que muchas empresas privadas enviaran trabajadores al seguro de paro. Los bancos públicos dejaron de hacer llamados a concurso y no cubrieron las vacantes. Hizo, también, que la Caja Bancaria perdiera más o menos 2.300 aportantes.

Un grupo de extrabajadores de Pili, conformado por integrantes de la cooperativa de trabajo Cosepi, pasivos y desempleados esperan una devolución del Poder Ejecutivo de la carta entregada al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El mandatario estuvo el pasado 8 de junio ante la celebración de los 160 años de Paysandú Ciudad y en el documento entregado, los extrabajadores plantearon las gestiones efectuadas hasta el momento desde el cierre de la planta. Allí solicitaron apoyo al mandatario para ser incluidos en la ley de insolvencia patronal, que les habilite el cobro de lo adeudado por concepto de créditos laborales.
Días pasados la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló de forma unánime a favor de Ancap en cuanto al reclamo que la estatal hizo en setiembre del año 2021, por la inconstitucionalidad de la Tasa de Inflamables que la Intendencia de Montevideo (IMM) cobra por la circulación de combustibles, desde hace 60 años, y cuya recaudación va a parar a las arcas de la intendencia capitalina. Esta declaración de inconstitucionalidad se aplica para el caso concreto de la distribuidora Ducsa (empresa del grupo Ancap) ya que fue la única que inició acciones para la derogación de lo que ahora se define como un “impuesto”, no una “tasa”.
Ha quedado radicada en comisiones de la Junta Departamental de Paysandú la moción de edilas frenteamplistas respecto a “Incorporar cambiadores de bebé en los baños municipales de la playa”.







Ante “planteos de los vecinos sanduceros” la diputada Cecilia Bottino presentó una exposición escrita en Diputados, denunciando que “han visto a jerarcas del actual gobierno y autoridades de ASSE que estarían utilizando recursos públicos, sus horarios y lugares de trabajo para llevar adelante proselitismo político”.
La coordinadora de sindicatos de Ancap que el jueves 8 de junio dialogó con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el marco de su presencia en los actos centrales por los 160 años de Paysandú Ciudad, espera la confirmación de la entrevista que fuera anunciada por el mandatario después del 20, con el fin de plantearle su preocupación por el proceso de asociación del negocio del cemento y la cal de Ancap con privados. Mientras tanto, continúan movilizados y ayer ocuparon la planta del ente en Minas.