Política

El Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, hará entrega en esta jornada de una carta acompañada de firmas de vecinos en la que se le solicita que “aplique y haga cumplir el decreto 8058/20 ‘Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guichón’”. El artículo 135, en su literal b), determina: “Distancias mínimas para la actividad productiva respecto a la UPA (Unidad Potabilizadora de Agua). Se prohíbe la actividad productiva dentro del radio de 200 metros del entorno de la misma”.

Agrega al respecto el colectivo que la UPA, que suministra el agua potable a la localidad, “hace más de una década que está expuesta a los agroquímicos que desde entonces hasta la actualidad se aplican a escasos 50 metros de la UPA de OSE”. En función de esto es que exigen “el cumplimiento de esta normativa que apunta a la protección del agua para consumo humano de Guichón”.

La entrega de este documento tendrá lugar al mediodía de hoy, se indicó desde el grupo a EL TELEGRAFO.

MENSAJE

Además de la entrega de esta carta, como es habitual, el grupo ambientalista dio a conocer un mensaje con motivo de esta fecha, en el que plantea sus preocupaciones. Señala esta comunicación que la organización, que lleva más de 15 años “trabajando sobre los problemas socioambientales en la comunidad, señalando conflictos y aportando propuestas para mejorar la calidad de vida en los territorios de los que somos parte”, desea transmitir una serie de inquietudes y propuestas. La primera de ellas alude, justamente, al planteo dirigido a Olivera con respecto a la distancia de las actividades productivas respecto a la UPA.

Por otra parte, solicitan “que se revise la resolución del MGAP 188/2011 que dispone distancias para aplicaciones terrestres mecanizadas de agroquímicos”. El planteo apunta a que “se suprima la facultad de autorizar a pulverizar con agroquímicos a menos de 300 metros de los centros educativos”. Sostienen que “hay pruebas suficientes que indican el riesgo que significan estas aplicaciones con agroquímicos en cercanías de las escuelas” y manifiestan que “¡Es inaceptable que exista esta autorización!”

Además están solicitando al Estado uruguayo dar cumplimiento al Acuerdo de Escazú, acuerdo regional “sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. Destacan que se trata de un tratado “jurídicamente vinculante”, que Uruguay ratificó en 2019 con la Ley N.º 19.773.

La Lista 22 del Partido Nacional explicó su decisión de no ingresar a sala para votar la Fundación +Paysandú, que junto al Frente Amplio y el Partido Colorado dejó al cuerpo sin quórum. El edil Claudio Zanoniani aclaró que “no es un sí ni un no. Vamos a estudiarlo”.

La agrupación solicitó un dictamen jurídico externo que aún no recibió respuesta. Entre las dudas planteadas: el plazo de 100 años previsto para la fundación, la mayoría necesaria para aprobarla —”¿21 votos, dos tercios o 16 ediles?”— y si una intendencia puede crear una persona jurídica de derecho privado.

“Estuvimos averiguando y no encontramos antecedentes en Uruguay. El propio intendente dijo que es innovador”, señaló Zanoniani, advirtiendo que el objeto de la fundación “abarca muchísimas áreas y amerita un estudio mucho mayor al que se le ha dado”.

El edil aclaró que la Lista 22 no se opone a herramientas que mejoren la gestión: “No tenemos ningún inconveniente en votar herramientas que ayuden a que las cosas lleguen más rápido a la gente”. Sin embargo, indicó que el intendente Olivera terminó retirando el proyecto tras la imposibilidad de alcanzar quórum.

El intendente Nicolás Olivera anunció que solicitará a la Junta Departamental la devolución del proyecto de la Fundación +Paysandú, tras no poder ser considerado por falta de quórum. “Entiendo que no están dadas las condiciones en la Junta Departamental”, afirmó.

Olivera cuestionó duramente la actitud de los ediles que no ingresaron a sala —Frente Amplio, Partido Colorado y parte del Partido Nacional—: “Si en siete meses los ediles no tuvieron tiempo de abordar este tema, pero el otro día no tuvieron la deferencia de entrar a sala, entiendo que no está la madurez para avanzar”.

El intendente calificó la ausencia de “un acto de irresponsabilidad” y reclamó que las diferencias se expresen con debate: “Las batallas las tienen que dar con coraje, sentándose ahí. ‘No estamos de acuerdo con esto’. No entrar a sala no resulta aceptable. Una vez más, el palo en la rueda“.

Recordó que la propuesta apuntaba a “desarrollo universitario, investigación aplicada y articulación con otros actores”, y que la Intendencia estaba dispuesta a incorporar modificaciones sugeridas durante el tratamiento en comisión, que se extendió desde noviembre.

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Los abogados uruguayos Emilio Mikolic y Graciela Figueredo, defensores de militares procesados por delitos de la dictadura, expusieron en el Parlamento Europeo en Bruselas, en un foro organizado por legisladores de derecha, cuestionando el funcionamiento del sistema judicial uruguayo en estas causas.

Mikolic sostuvo que “hay una presunción de inocencia que está impartida, y hay una total falta de prueba”, y cuestionó que la responsabilidad penal se atribuya a partir de jerarquías institucionales: “Dicen ‘fulano estaba ahí, debió saber’. Eso no se prueba. No se puede probar hoy quién comete un delito, imagínate hace 50 años”.

Sobre la Ley de Caducidad, declarada constitucional en 1988 y luego cuestionada tras 2005, afirmó: “Lo que hicieron literalmente para juzgar estos hechos fue resucitar un muerto y eso no tiene ninguna explicación jurídicamente”.

El abogado aclaró que la defensa no responde a afinidades políticas: “Somos uruguayos y tenemos una ley. El parlamento ha decidido esto y hay que ser respetuoso de eso. Estamos defendiendo el Estado de Derecho“.

Señaló además que asumir estas defensas genera estigmatización profesional: “Ningún abogado muy conocido se mete en estos asuntos. No se pueden quemar”.

El diputado Walter Verri presentó dos pedidos de informes con destino, por un lado, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y, por otro, al Ministerio del Interior para que informe sobre la compra de vehículos desde el 1 de marzo del año pasado, hasta la fecha de emitido el documento, el pasado 1 de junio.

En ambos casos, Verri solicita “copia de todos los actos administrativos, licitaciones, pedidos de precios o compras directas referidos a recambio o compra de vehículos de cualquier tipo, cero kilómetros”, realizados por ASSE y el Ministerio del Interior.

El legislador preguntó “si el cambio o la compra de nuevos vehículos fue en forma directa”, que se adjunten los informes técnicos y jurídicos que dieron sustento a la decisión de contratos directos. En el caso de las compras por concurso de precios, Verri pidió informes sobre “las propuestas de todos los participantes, con sus respectivos precios y los informes técnicos que motivaron y fundamentaron el acto de adjudicación”.

Tras recibir la respuesta de la Intendencia al caso Vercellino, Federico Álvarez Petraglia presentó una nueva acción de acceso a la información pública solicitando conocer los cargos, funciones y remuneraciones de Mariana Mazzilli (prosecretaria) y Manuel Appratto (coordinador de gabinete), cargos que según el solicitante “no fueron votados por la Junta Departamental”.

Álvarez Petraglia pide además que se informe “qué norma ampara la existencia de esos cargos” y en qué disposición del Estatuto se funda su eventual condición de cargos de confianza política.

El nuevo pedido surge tras recibir la respuesta al caso Vercellino, elaborada precisamente por Appratto. El informe indica que la renuncia fue aceptada el 12 de marzo de 2026 y que “no existe denuncia presentada ante la Intendencia contra Rodrigo Vercellino” ni investigación administrativa sobre su gestión. Sin embargo, reconoce que la Fundación A Ganar realizó “de forma genérica, y sin nombrar a nadie en particular, una comunicación de posibles situaciones en la Escuela de Artesanías”, que derivó en una investigación administrativa aún en curso.

La propuesta del intendente Nicolás Olivera para crear la Fundación +Paysandú no pudo ser votada en la Junta Departamental tras el abandono de sala del Frente Amplio, el Partido Colorado y la Lista 22 del Partido Nacional, que dejaron al cuerpo sin quórum.

El edil de la Lista 51, Alejandro Colacce, defendió la iniciativa y rechazó que fuera improvisada: “Estaba en tratamiento de comisión desde noviembre del año pasado. No fue que justo el 27 se dijo ‘muchachos, todos para adentro y hay que votar’. Eso es mentira”.

Colacce destacó el componente educativo —becas, articulación con UTEC, UTU y universidades— y su potencial como herramienta para recibir aportes privados que la Intendencia no puede captar directamente. Rechazó que quedara sin control: “Rinde cuentas ante el MEC, no genera beneficios personales ni reparte utilidades”.

Cuestionó al FA y sorprendió su distancia con la Lista 22: “Dejamos en claro qué queremos para Paysandú. Los otros han tomado otro camino. Hay un frente que cascotea, pone el palo en la rueda y le da la espalda a Paysandú“.

El proyecto continuará en comisión.

El diputado Juan Gorosterrazú celebró la inauguración de la fibra óptica en Porvenir, que completa la cobertura en todas las localidades uruguayas de más de 1.000 habitantes, con una inversión de 255.000 dólares.

“Hoy dejó de ser un lujo para transformarse en una herramienta fundamental para estudiar, trabajar, emprender y acceder a servicios. Con la llegada a Porvenir, esto es un paso muy importante hacia una mayor igualdad de oportunidades“, señaló a EL TELEGRAFO.

Desde el primer día, la escuela, el liceo y el CAIF de Porvenir cuentan con conexión por fibra óptica. Gorosterrazú subrayó que “la conectividad es una infraestructura tan importante como una ruta o una red de energía eléctrica”.

El legislador destacó que Antel prevé inversiones superiores a los 2,1 millones de dólares en Paysandú durante 2026, incluyendo obras de fibra óptica y fortalecimiento de la red móvil.

“Celebramos cada avance que contribuya a reducir las brechas entre Montevideo y el Interior”, concluyó.

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, cuestionó el ritmo de la gestión de Yamandú Orsi en entrevista con EL TELEGRAFO: “Lo veo muy parsimonioso, como si tuviera cien años para gobernar y tiene cinco. Ya se gastó más de un 20% del gobierno y lo veo todo muy tranquilito”.

Con una aprobación presidencial del 27% según Equipos Consultores, Ojeda comparó el funcionamiento del Ejecutivo con un equipo sin táctica: “Los jugadores del cuadro parecen correr detrás de la pelota. El gobierno está pidiendo la hora y faltan tres cuartos de partido todavía”.

Sobre el proyecto HIF Global en Paysandú, fue entusiasta: “Es un bombazo para la zona, ni siquiera solamente para acá, sino para toda la región. Entonces hay que meterle calor”.

Sobre el modelo de Bukele, afirmó que “le ganó a la resignación” y reclamó que Uruguay complique sustantivamente el narcotráfico: “Para que sea un negocio menos rentable y para que quien entre tenga una alta chance de terminar preso rápidamente”.

Reafirmó su posición: “Sigo siendo profundamente coalicionista. El futuro es en Coalición Republicana“.

El intendente Nicolás Olivera rechazó las acusaciones del abogado Federico Álvarez Petraglia, quien lo vinculó con supuestas presiones sobre OSE relacionadas con el caso Teyma.

“No salgo del asombro. Hay gente con una imaginación tremenda”, afirmó Olivera, calificando la versión de carente de lógica. “¿Yo voy a ir a apretar? La peor propaganda que se le puede hacer al gobierno es que vaya uno y le diga algo, y después el gobierno nacional termine cediendo. No entra en la cabeza de nadie”.

Ante la pregunta directa sobre su vinculación con los hechos, fue categórico: “Yo no tengo nada que ver”. Señaló además que existe una tendencia a responsabilizarlo por diferentes controversias: “En la cabeza de algunos, Olivera es el culpable de todo”.

El intendente cuestionó el tenor de las acusaciones y reclamó centrar el debate en asuntos más útiles: “¿Por qué no le ponemos las ganas a hacer cosas más productivas por Paysandú?”

Finalmente, reafirmó su compromiso con la gestión: “Fui electo para gobernar durante este período y mi objetivo es dejar a Paysandú arriba”.

El diputado Fermín Farinha anunció que convocará al ministro de Educación José Carlos Mahía y autoridades de la Biblioteca Nacional a la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, para que expliquen el alcance real del proyecto “Biblioteca del Futuro”.

La iniciativa surge tras la presentación del plan con inversiones de 30 millones de dólares, luego contradicha por la OPP como un “error de comunicación”. Farinha fue contundente: “Anunciaron una transformación histórica con bombos y platillos. Pero en menos de 48 horas el propio gobierno borró con el codo lo que escribió con la mano”.

El legislador vinculó el episodio con el cierre de la Biblioteca Nacional hace un año: “Cerraban la principal institución bibliográfica del país hablando de una supuesta emergencia edilicia que nunca terminaron de acreditar con claridad. Hoy protagonizan otro episodio de improvisación”.

Para Farinha, la situación revela “un preocupante nivel de desorden y falta de seriedad institucional”: “Cuando un gobierno anuncia 30 millones sin respaldo presupuestal y reconoce que fue un error de comunicación, ya no estamos frente a una desprolijidad. Estamos frente a improvisación e incapacidad. Alguien tiene que hacerse responsable políticamente”.

El intendente Nicolás Olivera participó en la presentación oficial de Uruguay Impulsa en la Torre Ejecutiva y recordó que el programa “comenzó a implementarse a la salida de la pandemia, cuando existía una necesidad imperiosa de poder contar con un jornal”.

Paysandú tiene asignados 298 cupos. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 10 de junio para quienes aspiren a trabajar cuatro meses con una remuneración de hasta 3 BPC mensuales en tareas coordinadas por intendencias y municipios.

Olivera destacó que el programa puede ser “una puerta de entrada al mercado laboral” especialmente para quienes buscan su primera experiencia laboral y para mayores de 60 años. Reconoció que “no es una solución de fondo” frente al desempleo, pero lo valoró como herramienta para “paliar esta situación”.

El edil nacionalista Carlos Romero presentó una moción en la Junta Departamental reclamando señalización adecuada en el Camino a Casa Blanca, muy transitado por vecinos, trabajadores y funcionarios municipales.

Romero señaló que el camino “carece de una demarcación del eje central, así como de las líneas blancas reflectivas de las banquinas”, lo que “dificulta el traslado en días lluviosos o en la noche, tornándose muy peligroso”. Agregó que el puente sobre el arroyo Juan Santos está “poco visible” y requiere la colocación de reflectivos horizontales y verticales.