Política

La problemática de funcionamiento de un local para alojamiento de personas atendidas por el Ministerio de Desarrollo social (Mides) en las cercanías de un centro docente de secundaria de nuestra ciudad, ha dado lugar a un planteamiento en la Junta Departamental por la edila nacionalista Marta Sosa, quien pide que se traslade el refugio a un lugar alejado del centro liceal.
Al fundamentar la inquietud, la representante del oficialismo departamental señala que “recientemente, vecinos, padres y personal docente del Liceo N° 2 de Paysandú han manifestado su profunda preocupación por la instalación de una pensión bajo convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), destinada al alojamiento de personas en situación de calle, algunas de las cuales presentan problemas de conducta”.

Agrega que “si bien reconocemos la importancia de las políticas de asistencia social, la ubicación de este dispositivo frente a una institución educativa secundaria genera una incompatibilidad en el uso del espacio público. Se han reportado incidentes que alteran la tranquilidad y la percepción de seguridad de los adolescentes que asisten al centro escolar”.
Señala asimismo que “es deber de las autoridades garantizar ‘entornos escolares seguros, donde el proceso de aprendizaje y el tránsito de los jóvenes no se vean interferidos por situaciones de riesgo’. Por lo expuesto, se solicita que la Junta Departamental de Paysandú, a través de su Comisión Asesora, mantenga una reunión con autoridades de la Dirección Departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Jefatura de Policía y DGES para plantear: 1) Se proceda a la reubicación de las personas alojadas en dicho establecimiento a un local alejado de centros educativos. 2) Se implementen medidas de vigilancia coordinadas en la zona mientras se efectiviza el traslado, para asegurar la tranquilidad de la comunidad educativa del Liceo N 2. 3) Se informen los criterios técnicos utilizados para la elección de locaciones de refugios en zonas de alta densidad estudiantil”.

Asimismo, en la inquietud de la edila Marta Sosa se solicita que este planteo se haga llegar al Ministerio de Desarrollo Social, Dirección del Liceo N° 2 de Paysandú, Intendencia Departamental, Jefatura de Policía de Paysandú y que el tema se radique en la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Junta Departamental para su tratamiento.

El Juzgado convocó para hoy a las 12.30 a las partes en la causa “Álvarez Petraglia, Federico c/ Intendencia Paysandú”, una acción de acceso a la información pública que reclama respuestas sobre la adjudicación del Vertedero Municipal a la empresa Teyma.

El accionante Federico Álvarez Petraglia sostiene que la Intendencia respondió parcialmente su solicitud del 28 de enero de 2026, pero omitió contestar dos preguntas clave: cómo se eligió a Teyma para gestionar el vertedero y si el Tribunal de Cuentas intervino en esa contratación, reclamando además copia completa del expediente.

La demanda sostiene que “no se ha dado respuesta a ambas preguntas” y que la Intendencia “no argumentó ninguna razón para denegar la información”, tratándose de actuaciones que involucran dineros públicos.

La solicitud original abarcaba también el viaje del intendente a Italia y la gestión de Sandeco en el vertedero. El juzgado exhortó a la Intendencia a acreditar el estado del expediente administrativo 01/0089/2026.

Los diputados Fermín Farinha y Walter Verri valoraron el anuncio de OSE sobre las obras de saneamiento para Quebracho y Guichón, aunque advirtieron que Nuevo Paysandú sigue sin solución.

Farinha recordó que la confirmación llegó “luego de mucho tiempo de trabajo” de alcaldes, fuerzas vivas, el intendente y los diputados, y solicitó adelantar el inicio de las obras para impactar en el empleo local. Señaló además que “queda pendiente el saneamiento de Nuevo Paysandú, comprometido desde el año 2022”, recordando que el vicepresidente de OSE, Guillermo Caraballo, “lo había anunciado hace ocho años en Quebracho y nunca se concretó”.

Verri destacó que las obras “generarán impacto laboral y ambiental en una población que crece” y explicó que para la zona norte de la ciudad el directorio se comprometió a elaborar un proyecto ejecutivo con un colector para toda el área: “Será una obra de varios millones de dólares”, aunque reconoció que “todavía está lejos”.

Concluyó con cautela: “No hay que generar falsas expectativas, pero esperemos que se pueda avanzar más rápido”, valorando el trabajo de la comisión barrial de la zona norte.

El Ministerio de Salud Pública anunció una serie de cambios en su conducción. Laura Llambí, especialista en Medicina Interna y Emergentología con doctorado en Ciencias Médicas y formación en Johns Hopkins, asumirá la Dirección General de la Salud.

La Subdirección General será ocupada por Gerardo Bruzzone, licenciado en Enfermería, y la Subdirección de Fiscalización por la economista Alejandra Piñeyrúa, con más de 15 años en organismos públicos.

En el Instituto Nacional de Donación y Trasplante (INDT), asumirá Adriana Tiscornia, galardonada con el Gran Premio Nacional de Medicina de la Academia Nacional de Medicina.

Para la Vicepresidencia de ASSE fue propuesta Marcela Cuadrado, médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, requiriéndose venia del Senado por mayoría especial de tres quintos. El MSP agradeció al vicepresidente saliente Daniel Olesker.

La Ley 20.446 creó además dos nuevos organismos: la Agencia de Vigilancia Sanitaria —presidida por Silvia Belvissi— y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar, con Consejo presidido por Zaida Arteta.

La Amplia, agrupación del Frente Amplio que en 2024 presentó la lista 1358 encabezada por Carolina Cosse, resolvió por unanimidad en plenario nacional apoyar la reelección de Fernando Pereira como presidente del partido. El referente del sector en Paysandú es Ruben Maciel.

La resolución plantea que el momento político requiere “reafirmar el rumbo colectivo” y mantener la unidad interna, respaldando la continuidad de Pereira “acompañada por mejoras en el funcionamiento interno”.

El documento reconoce “dificultades en el funcionamiento de algunas departamentales” y advierte que la información “central no llega a los territorios, ni la de los territorios a la estructura”, reclamando revisar los mecanismos de coordinación.

El sector también plantea fortalecer la presencia territorial en el interior, la formación política, la integración generacional y la participación de jóvenes, adultos mayores y migrantes dentro del partido.

Entre los referentes del espacio figuran Silvia Nane, María Inés Obaldía y Ernesto Murro.

Las comisiones interdepartamentales de Género y de Personas Mayores del Congreso de Intendentes sesionarán este viernes 8 en el Palacio Córdoba de Salto, con agenda centrada en políticas públicas de derechos e inclusión territorial.

Por la mañana, la Comisión Interdepartamental de Género (CIG) abordará su plan anual de trabajo, informes sobre educación inclusiva y participación en el Consejo Nacional de Género, con intercambio con organizaciones locales como la coordinadora de género de Salto, el Consejo Departamental Afro-Indígena y la Comisión Departamental de Violencia.

Desde las 13.15, la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (Cipem) tratará avances en el protocolo para encuentros departamentales y una evaluación de la Tarjeta Dorada. Participarán Ajupensal, cooperativas de cuidadores y la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (Redam).

El edil departamental Alejandro Colacce planteó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores las dificultades que enfrentan las familias cuando un uruguayo fallece al otro lado de la frontera y debe ser repatriado para su sepultura.

“No tiene razón de ser que un artiguense se muera en Montevideo, a 700 kilómetros, y el traslado interno no tenga inconvenientes; y si se muere en Quaraí, a 1.500 metros de su casa, no se lo pueda trasladar sin cumplir complejos trámites y abonar una suma importante de dinero”, sostuvo ante las autoridades de Cancillería.

El edil advirtió que el procedimiento puede resultar “costosísimo” y generar demoras que agravan un momento doloroso, con costos que muchas veces terminan asumiendo los gobiernos departamentales.

La reunión se desarrolló con las embajadoras Gabriela Ortigosa y Cecilia Otegui, con “muy buena receptividad” según Colacce, quien solicitará además una audiencia con el MSP para agilizar protocolos en casos humanitarios.

Desde el 1º de mayo el gobierno extendió los beneficios de la Ley 20.419 de comercio fronterizo al litoral limítrofe con Argentina, sumándose a las ciudades del norte donde ya regía desde fines de 2025.

Los beneficios incluyen descuento del Imesi al 15% en combustibles, rebaja del IVA al 11% en pagos electrónicos, exoneración del 75% de aportes jubilatorios patronales por nuevos trabajadores y régimen simplificado de importaciones en la franja de 20 a 60 kilómetros de frontera.

El diputado del Frente Amplio Mariano Tucci, en gira por el interior, señaló a EL TELEGRAFO que el MEF prepara una ampliación: “Se sumarán nuevos sectores con exoneración de aportes patronales, incorporación de productos y una tercera franja para el descuento del Imesi”.

El Partido Nacional realizará el jueves 14 a las 19 en la Casa del Partido de calle Leandro Gómez la Convención Departamental que elegirá la nueva Mesa de la Comisión Departamental Nacionalista de Paysandú, con la presencia del presidente del Directorio, Álvaro Delgado.

Serán convocados los 93 convencionales habilitados. La actual Comisión está en funciones desde el 8 de febrero de 2020 y su presidente, Gerardo Muria, confirmó que no continuará en el cargo tras seis años y medio de gestión.

La elección se realizaría mediante lista única, con 15 titulares y otros tantos suplentes con representación de todos los sectores.

Como probable presidenta surge el nombre de Valeria Alonzo, actual presidenta de la Junta Departamental, lo que la convertiría en la segunda mujer en presidir la Departamental blanca en Paysandú.

La Junta Departamental de Paysandú vivió un áspero debate sobre el refugio para personas en situación de calle del barrio Santa Elena, con vecinos exponiendo en comisión general. El tema fue derivado a la Comisión de Descentralización y se enviarán oficios al Mides.

El vecino Juan Rotundo advirtió que el refugio “es pequeño, cedido por la Iglesia y al final hicieron un mal al barrio”, con personas provenientes de otros departamentos e incluso del extranjero que llegaron en Semana de Turismo y no regresaron.

El edil Alejandro Colacce (PN) cuestionó al ministro Gonzalo Civila: “Menos escritorios y más calle, hay un Estado ausente”. El edil Marcelo Tortorella señaló “ineptitud y omisión” del gobierno nacional y propuso usar galpones de la seccional tercera como refugios alternativos.

Desde el Frente Amplio, Natalia Martínez respondió que “es un discurso de la derecha, dejaron el tendal en su gestión”.

En un segundo artículo 47, vecinos del realojo Parkway 3 reclamaron la entrega de viviendas prometidas para marzo, mientras OSE y la Intendencia se responsabilizan mutuamente. Hoy habrá una reunión entre vecinos y autoridades municipales.

Las direcciones nacionales de Fancap, el Sunca y el Pit Cnt se reunieron con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para destrabar el conflicto por el plan del gobierno que concentraría la producción de portland en la planta de Minas, reconvirtiendo la cementera de Paysandú en un centro logístico.

El dirigente de Fancap Paysandú, Eduardo Zabala, informó a EL TELEGRAFO que “se consiguió un espacio de intercambio para presentar las propuestas de los trabajadores al Ministerio de Industria para un ahorro genuino y que impida el apagado del horno en la planta local”.

El sindicato entiende que “hay cosas que se pueden mejorar en Paysandú y en Minas, donde se pueden generar mejores balances”, y la ministra se comprometió a estudiar las propuestas.

El edil Marcelo Tortorella cuestionó el aumento de combustibles vigente desde el 1º de mayo —segundo en menos de 30 días— y calificó la autorización para que Ancap acceda a una línea de crédito de 100 millones de dólares como “una capitalización encubierta”.

“Si la empresa Ancap cerró el 2025 con ganancias de 72 millones y las tarifas están subiendo para cubrir los costos, ¿por qué necesita este salvavidas financiero?”, cuestionó.

Definió la situación como un “combo” que golpea especialmente al litoral: suba en el surtidor, rebaja insuficiente del Imesi en la frontera —fijada en 15%— y nuevo endeudamiento de la petrolera. “Seguimos teniendo el combustible más caro con relación a lo que se comercializa en Argentina”, afirmó.

Sobre la línea de crédito, sostuvo que “no son solo un préstamo” sino “el síntoma de una Ancap que sigue siendo el gran problema sin resolver”.

Concluyó que “es una capitalización que hacemos nosotros cada vez que llegamos a una estación de servicio para comprar el combustible más caro del mundo”.

El movimiento sindical de Paysandú rindió homenaje en el acto del 1º de Mayo al histórico dirigente bancario Darío Carozo, referente de AEBU Paysandú y militante de larga trayectoria, con la lectura de una semblanza y la entrega de una distinción.

La semblanza lo presentó como “mercedario de nacimiento, sanducero por adopción”, destacando su formación autodidacta y su militancia desde la Caja Popular hasta su integración al Pit Cnt. También recordó su compromiso previo al golpe de Estado y las consecuencias que sufrió durante la dictadura: “la destitución, la prisión y todo lo que ello implicaba en ese momento negro de nuestro país”.

Al agradecer, Carozo evitó el reconocimiento personal: “Más que un reconocimiento a la persona que soy, era un reconocimiento a toda una generación”, expresó, evocando a quienes construyeron el movimiento obrero desde la vieja CNT.

Subrayó la unidad como valor esencial: “Lo primero, lo esencial era conservar, mantener, alimentar, nutrir el concepto de unidad de la clase trabajadora”.

Cerró con una advertencia y una consigna: “¡Viva la unidad de la clase trabajadora!”

Diputados y referentes del Frente Amplio de Paysandú, Salto y Río Negro se reunieron en nuestra ciudad para coordinar una agenda común orientada al litoral. El encuentro buscó formalizar una bancada regional que aborde problemáticas compartidas y potencie las fortalezas productivas, turísticas y educativas de la zona.

El diputado local Juan Gorosterrazú subrayó que “el objetivo es conformar esa bancada del Litoral o del río Uruguay y también pensar, obviamente, en lo inmediato, pero también en mediano y largo plazo”. Entre las prioridades, destacó la logística, la hidrovía y el vínculo fronterizo con Argentina a través de los puentes internacionales.

Por su parte, el legislador salteño Álvaro Lima enfatizó la importancia de gestionar ante el Ejecutivo nacional la creación de empleo e infraestructura.

En sintonía, Sylvia Ibarguren (Río Negro) abogó por “pensar el desarrollo en clave región”, promoviendo una sinergia entre los gobiernos departamentales y nacionales para mejorar la calidad de vida en el litoral.