Las renuncias presentadas en el curso de pocos meses por integrantes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) han sido soslayadas por las autoridades educativas de nuestro país para tratar de situarlas como hechos institucionales comunes, pero han desestimado su carácter técnico y el tratarse tal vez de la única posibilidad de evaluación externa de la marcha de nuestro sistema educativo.
Esta actitud evidencia que sigue manifestándose en toda su magnitud la autocomplacencia tradicional del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno sobre la problemática.
Hace pocas semanas renunció a su cargo Mariano Palamidessi, director ejecutivo del Ineed, luego de haber desempeñado funciones desde noviembre de 2015, y a esta dimisión se le sumó la de Juan Soca, quien se desempeñó como director de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas del Ineed.
El ahora exdirector fue crítico con el funcionamiento del instituto, y si bien por un lado dijo que su renuncia se debe en parte a “una decisión familiar” y que “tres años era un buen ciclo”, aclaró que “junto con eso hay otro tipo de elementos que me parece que es importante señalar y lo he hecho internamente a la comisión directiva, acerca de que el Ineed tiene en su diseño institucional un problema”, como es el caso de que “cuatro de los seis integrantes” de la comisión directiva “son designados por organismos que el Ineed evalúa indirectamente. El Ineed no evalúa las políticas”, pero sí “los efectos de las políticas”.
“Esto es un elemento importante porque de un modo u otro, estas pertenencias institucionales se hacen sentir al momento de pensar y orientar estratégicamente y generar el estilo de una institución que tiene que ser sumamente autónoma, basada en criterios exclusivamente técnicos en la construcción de evidencias, sin interferencias de algún modo de distinto tipos de presiones, preferencias o necesidades políticas”, añadió.
Es que el cese “voluntario” de ambos jerarcas tiene el común denominador del choque entre un técnico y autoridades del organismo, y según se supo por integrantes del Consejo Directivo del Ineed, se había consolidado un deterioro notorio en la relación entre Palamidessi y la presidenta del instituto, Alex Mazzei.
Básicamente, sus diferencias radicaban en la incidencia que puede tener ese consejo en los reportes preparados por el equipo técnico, y entre otros aspectos se cuestiona la manera en que se presentan los datos recabados sobre la situación de la enseñanza.
Según Palamidessi, no hay que “proteger” a la gente y decirle ‘quédense tranquilos que está todo más o menos bien’”, sino que “estamos para señalar que hay cuestiones que hay que atender, que hay cuestiones que están avanzando bien y hay cosas que no están avanzando bien. Y que para hacer esto hay que tener una posición de independencia y autonomía, y hacerlo con criterio técnico y validez metodológica, etcétera”. Evidentemente, los directivos se han inmiscuido en los procesos técnicos: “ha habido interferencias, sí. Ha habido intentos de querer revisar los procesos técnicos en el medio y no cuando están finalizados con la independencia que corresponde. Esos tire y aflojes han sido muy desgastantes”.
Ello da la pauta de que tiene asidero que desde diversos ámbitos se cuestione la confiabilidad de los informes en un instituto que fue creado por la ley general de educación de 2008, pero recién comenzó a funcionar en 2012. Desde su apertura es conducido y administrado por una Comisión Directiva integrada por seis miembros: dos designados por el Ministerio de Educación y Cultura, dos designados por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), uno designado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (UdelaR), y uno por la educación privada inicial, primaria y media habilitada.
Lo que viene debatiéndose es qué papel debe jugar esa conducción política y hasta qué punto puede orientar el trabajo de los equipos técnicos, cuando cinco de los seis integrantes de la comisión “representan a organismos que el Ineed evalúa”, lo que es efectivamente caldo de cultivo de roces y presiones directas e indirectas.
Y si bien –por supuesto– la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz relativizó las diferencias y consecuencias de estas visiones, queda expuesta una grieta entre la conducción política y sus motivaciones con el trabajo de personas de primer nivel, con reconocida solvencia técnica, cuando además estamos ante una compleja problemática de la enseñanza en nuestro país.
Este escenario requiere respuestas diversas y coincidentes en objetivos, no ya solo ante el deterioro manifiesto de la calidad que se ha dado a lo largo de las últimas décadas, sino porque además se han acentuado las dificultades por una realidad social que no ayuda para nada al problema, sino que es parte indisoluble de éste, a partir del núcleo familiar y de los valores que se cultivan en la sociedad.
Es cierto, no estamos solo ante problemas de valores, sino que también existe desmotivación manifiesta en los jóvenes, que se percibe sobre todo a partir de Secundaria, pero que es consecuencia de situaciones que se dan desde la infancia y que se potencian en esta etapa crucial de la vida.
En cuanto a las respuestas, más allá de los objetivos centrales, últimamente las autoridades han puesto énfasis en la inclusión, esto es buscar mecanismos para que el joven no termine de desmotivarse del todo y genere el “pase social” apuntando a que al no quedar fuera del sistema, el alumno tenga por lo menos oportunidad de reinserción y eventualmente ponerse al día, lo que es nada fácil, por supuesto, en tanto la alternativa de la repetición generalmente es acompañada por la deserción de los involucrados.
Pero ante los anuncios del presidente Tabaré Vázquez de que en su gestión iba a cambiar el ADN de la educación, lo único que logró con su experimento de mutación genética es generar un gravísimo daño para el país, que tendrá serias consecuencias en un futuro próximo.
Mientras tanto, entre los gremios del sector sigue primando la consigna –para su conveniencia– de que todo lo que se requiere son recursos, sin rendir cuentas por resultados –rechazan todo tipo de evaluación– , y que en último caso, por añadidura, y como elemento accesorio a la mejora salarial, vendría la mejora en el nivel de la enseñanza, dejando de lado el hecho de que desde hace ya tiempo se ha aumentado la afectación de recursos y el nivel de las retribuciones, pero sin que ello se haya traducido ni por asomo en una mejora en la calidad de la instrucción en la enseñanza estatal.
Hasta ahora, además, desde las autoridades tanto en Primaria como en Secundaria, pero sobre todo en este último caso, la alta deserción y la deficitaria formación que reciben los egresados de cada grado, pretenden combatirse bajando exigencias para que los estudiantes continúen cursando, pero naturalmente con la condicionante de que cada vez tendrán menos conocimientos para el curso siguiente.
Este es un camino al precipicio cuando llegan al nivel terciario sin la base mínima indispensable y trasladando por lo tanto el problema hacia los escalones superiores de la enseñanza, mientras seguimos perdiendo calidad y nos sumergimos en la autocomplacencia, priorizando cortoplacismos ante las reales necesidades de reforma integral del sistema educativo.
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