Los indicadores de empleo son diferentes de acuerdo a la época del año y las variaciones no se asocian a coyunturas económicas sino a la estacionalidad. Con ese punto en la mira, es posible observar una constante en los últimos meses y es la caída de las fuentes laborales, y mayores envíos al seguro de paro, que rozaron los 40.000 beneficiarios en abril.
Los últimos datos cerrados al mes anterior muestran esa tendencia y requiere mirar hacia atrás, al menos 12 años, para compararnos con cifras similares. La industria –y particularmente el sector manufacturero– permanece con el mayor aporte y las señales de deterioro se encuentran en la cantidad de beneficiarios del subsidio por desempleo.
El mes pasado registró un aumento de 39,8% y totalizaron más de 12.300. Desde comienzos del año y en los cuatro meses vigentes, la cifra exacta fue de 39.583 y un promedio que no alcanza a $20.000. Eso, sumado al incremento de 9,5% de desempleo –y por encima del 10% en el Interior– corresponde a un descenso de 1,1 puntos porcentuales, con respecto al mismo mes del año pasado.
Paralelamente, en el directorio del Banco de Previsión Social, la representante empresarial Elvira Domínguez, opina que deben revisarse las prórrogas de los seguros que aprueba el Parlamento, en tanto perjudica al sistema.
De acuerdo a la representante, el año pasado unos 30.000 jornales se ampararon en la extensión del beneficio y, mientras amparaba a trabajadores por un período de seis meses, hubo casos como la ex fábrica de cerámica “Metzen & Sena”, Aratirí, Riloman, u otras situaciones llamativas que recibieron el seguro por años, con renovaciones por 180 días. Los últimos casos votados por el Parlamento corresponden a los extrabajadores de Pili y Coleme, hasta el 31 de diciembre de 2019.
Aunque estas extensiones salen –en general y sin mencionar casos particulares– con el voto unánime de los legisladores, algunos reconocen puertas adentro y otros públicamente que deberá rediscutirse el marco legal que ampara esta decisión, con un beneficio paralelo que, básicamente, discrimina a los restantes trabajadores que lo perciben de acuerdo a la ley y sin extensiones. Pero, en cualquier caso, deberá reconocerse –sin lugar a dudas– las presiones sindicales existentes, en tanto los derechos adquiridos son individuales.
La representante empresarial Domínguez reclama, además, una revisión de las pasividades por discapacidad y sus criterios, si se tiene en cuenta que en Uruguay uno de cada cinco pasivos recibe su prestación por este concepto y duplica las cifras de 2008, el año previo a la reforma. Domínguez, sin embargo, se opone a la propuesta del precandidato Jorge Larrañaga, quien propuso la exoneración de aportes patronales porque es dinero que deja recaudar el BPS –con deterioro financiero– y deberá buscarlo por otro lado.
De cualquier manera se colará, indefectiblemente, la necesidad de reformar el sistema de previsión social del personal de las Fuerzas Armadas, o más conocida como la Caja Militar, que resultó aprobada en ambas cámaras durante el año pasado, cuando debe recordarse –ante la insistencia elegida por algunos parlamentarios y parlamentarias– que la actual fuerza política gobierna desde hace tres períodos. De todas formas, la reforma aprobada tendrá impactos dentro de 25 años para unos 1.000 jubilados sobre un universo de 50.000. O sea que, dentro de 25 años ya dispuesta la segunda mitad del siglo XXI, ejercería un ahorro del 15%. Porque el tope fijado en $110.000, solo corre para unas 200 personas que vayan a retirarse como comandantes en jefe, generales o coroneles. En realidad, ni aporta al discurso político ideológico fuertemente ejercido por el oficialismo, porque lo aprobado no soluciona el déficit ni acaba con los privilegios.
Estos indicadores de la seguridad social no se exponen en las agendas de los precandidatos con la solvencia con la que hablan, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, así como tampoco se refieren a la necesaria reforma previsional que, hasta el momento, solo se pasa para adelante.
Y el tema del empleo que ha transformado la realidad social no solamente en Uruguay sino en América Latina, donde seis de cada diez jóvenes relatan que la primera barrera a sortear en sus vidas es la de insertarse en el mercado de trabajo. En el caso específico de la franja que va desde los 18 hasta 24 años –casualmente es el que tienen una informalidad del 38% en Uruguay– revelan que no encuentran un trabajo porque les exigen “mucha experiencia”.
Según el índice de Mejores Trabajos que maneja la Cepal, la deuda permanece sobre la calidad del empleo para los más jóvenes y aunque Uruguay se ubique en primer lugar de ese índice global, se encuentra también entre las naciones con la mayor brecha generacional en la dimensión de calidad. Y porque la calidad del empleo deberá asociarse a la calidad de la formación, es que vemos claramente los resultados de los egresos y trayectorias educativas en nuestro país. Asimismo, deberá analizarse el escaso arraigo que tienen entre los jóvenes algunas carreras como la de Ingeniería que, a pesar de los esfuerzos por las comunidades educativas de abrir sus puertas y dar a conocer sus propuestas educativas en la comunidad, la matrícula hoy resulta irrisoria en comparación a otras relacionadas a las Ciencias Sociales. Y todo eso marca un perfil: laboral, social, salarial, de desarrollo y enfoque ciudadano de las próximas generaciones que deberá sostenerse sobre una mirada bastante más abarcativa de la que contienen los discursos presidenciables.
Porque los eslóganes de campaña pueden ser fuertes, pegadizos y con gran llegada. O la sonrisa continua puede ejercer un mayor poder de convencimiento que las palabras. Lo que está claro es que eso terminará un día, cuando el próximo gobierno se ponga a trabajar y compruebe que no conlleva una solución a corto plazo. Por el momento, seguimos convencidos que Uruguay está atiborrado de diagnósticos que, básicamente, dicen lo mismo.
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