Un día de mayo del año pasado, el director nacional de la Policía, Mario Layera, dijo que vaticinaba para Uruguay un escenario similar como El Salvador o Guatemala. “El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo”, aseguraba en una entrevista con El Observador.
El jerarca también reconocía que el gobierno “está muy compartimentado”, donde la Policía no accede a determinada información del Ministerio de Desarrollo Social porque dicen que es reservada, así como tampoco al BPS ni a Secundaria o Primaria, a fin de conocer el perfil de las personas.
Ante el avance de la delincuencia, de acuerdo siempre a los registros oficiales, Layera reflexionaba que “un día los marginados van a ser mayoría. ¿Cómo vamos a contenerlos?” Criticaba, además, la “anomia social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir estrictamente”.
Tales afirmaciones generaron un revuelo político y reuniones al más alto nivel. Tanto como que los hermanos Vázquez, Tabaré y Jorge, se reunieron en la residencia de Suárez para analizar sus dichos. Y salir a aclararlos, por supuesto.
“El director de Policía no dijo nada que no hayamos dicho antes”, aseguraba pocas horas después el subsecretario del Ministerio del Interior y que una crisis de la inseguridad “está lejos”. Sin embargo, tuvo que reconocer que “faltaba bastante” para mejorar en el acceso a la información que facilitara el trabajo de la Policía. No obstante, el gobierno le pidió a los ministerios que no le respondieran a Layera porque “había que estudiar” sus dichos. Y así fue: nadie salió a contestarle. Y aunque por mucho menos, cualquiera tenía que irse por la puerta chica, al director de la Policía no lo tocaron. Era como reconocer el fracaso de una gestión. Algo que ni por las tapas se hubieran permitido de cualquier otra persona.
Incluso el presidente de la República señalaba unos días después que el gobierno no temía aplicar medidas contra la seguridad. Respondía así a las afirmaciones del jerarca policial, quien apuntaba a que las autoridades “no se animan” a tomar decisiones políticas claves. Por ese entonces, no tenía tanto protagonismo –aún– el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio, Gustavo Leal. Tampoco los ministros ni otros jerarcas del gobierno estaban en campaña electoral, como ahora.
En aquel momento, las palabras tomaron vuelo político y la oposición aprovechó para citar a Layera a ambas cámaras. Detrás de las marquesinas, todos reconocían que sus dichos generaban preocupación, nerviosismo y una sensación de desborde para trabajar sobre el mapa del delito. Lo cierto es que el tema fue tratado a nivel de la orgánica de la fuerza política, ante la sorpresa y el malestar por la forma utilizada para comunicar lo que pensaba un jerarca técnico sujeto a una autoridad política.
Pero el domingo pasado, el director de la Policía cambió su versión manifestada hace más de un año atrás. “Veo disfrutar a la gente de todo. No noto el miedo en la población”, dijo. Según Layera, la clase trabajadora es la que “generalmente en la noche está durmiendo”, por lo tanto, está segura. Además, en su visión el miedo resulta inexistente porque “todos los espacios están ocupados” con “un tráfico impresionante que hace difícil transitar en Montevideo”.
¿Es que la realidad del país se transformó radicalmente en poco tiempo? ¿Es una garantía acostarse a dormir, apagar la luz y sentirse seguro? O incluso, mejor, ¿proyecta una imagen de saludable trabajador, el hecho de que alguien permanezca en su casa a la noche y no que ande por ahí?
¿Aquellas similitudes con Guatemala, El Salvador y el protagonismo de las maras que aterran los barrios centroamericanos ya no caben? ¿Exageró el jerarca hace más de un año para llamar la atención? Un poco de todas.
La diferencia es que ahora toda la estructura se puso al servicio de la campaña electoral por un cuarto gobierno del Frente Amplio cuando hace un año y medio se sentían más libres. Es notorio que han sido mandatados a defender la gestión frenteamplista, en tanto la seguridad ciudadana será un factor clave y decisivo para votar en las próximas elecciones. Y aunque no resistan el archivo y se expongan, son capaces de estas declaraciones.
Porque la situación, lejos de mejorar, permanece igual que en los meses anteriores o hasta ha empeorado. Setiembre cerró con 31 homicidios, es decir uno por día, según la Fundación Propuestas (Fundapro). Y hasta el último día de ese mes se contabilizaron 256 homicidios en lo que va del año, además de 31 delincuentes abatidos por la Policía, en cumplimiento del deber o por legítima defensa.
Es que la seguridad ciudadana está instalada en la campaña electoral y enfoca su debate hacia el plebiscito “Vivir sin miedo” que, al menos las encuestas, ubican en las preferencias del electorado. Con una fuerte campaña en contra, el Frente Amplio organiza marchas y lleva consigo a las organizaciones sociales afines. Además, logró involucrar a los sindicatos y la academia, e incluso que tomen partido con un fuerte discurso de rechazo.
Es decir, se puso en marcha toda la estructura al servicio del oficialismo para presentar un discurso paralelo que las estadísticas refutan hora tras hora y día tras día. Y tampoco se puede quitar de las conversaciones diarias, por lo tanto, es una preocupación que permea en la ciudadanía.
Porque las grandes diferencias siguen siendo ideológicas y a pesar de las similitudes en las propuestas sobre seguridad ciudadana, al oficialismo –con tres períodos de gobierno encima– le cuesta asumir que no pudo, no supo o no quiso hacer lo que tenía que hacer para combatir ese flagelo.
Hoy salen a hablar porque la hora apremia. Y lo hacen porque los números oficiales los obligaron a salir. Entre octubre y noviembre sabremos si fue el punto débil que se cobró los votos o si estamos tan felices, como nos ve Layera ahora.
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