El senado debatió el capítulo de seguridad de la Ley de Urgente Consideración entre acaloradas discusiones
El Senado vivió este jueves una jornada de crispación entre los legisladores oficialistas y de la oposición por las diferencias en el apartado de seguridad pública de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
“Los delincuentes se van a volver mucho más violentos”, afirmó el senador Eduardo Bonomi, del Frente Amplio, sobre el primer artículo de la LUC, que amplía los supuestos de legítima defensa e incluye un apartado sobre la Policía que generó polémica en el Plenario.
El senador nacionalista Carlos Camy defendió que esta ley servirá para defender “a las víctimas potenciales y a los inocentes”.
Otro de los asuntos que más crispación generó fue la creación de un delito de “agravio a la autoridad policial”, sobre el cual el frenteamplista Charles Carrera aseguró que “atenta” contra el derecho de reunión y de libertad de expresión, a lo que el senador blanco Sergio Abreu respondió que las libertades en Uruguay “están protegidas por ley”.
En la tarde se acordó penalizar a quienes agredan a trabajadores de la salud, la educación y el transporte.
El artículo en cuestión tipifica esto como delito e impone como pena multas económicas y eventualmente medidas sustitutivas a la reclusión. Se pretende que esto sea un mensaje en respuesta a hechos de violencia que se han cometido contra estos colectivos. Además, se tipifica como delito la resistencia al arresto policial.
El senador nacionalista Gustavo Penadés, miembro informante del proyecto de ley, defendió el texto y desmitificó las intenciones de avasallar los derechos. “No nos corresponde a nosotros establecer su constitucionalidad, le corresponderá al Poder Judicial”, indicó, y agregó que “la intención no fue esa, el trabajo no es ese, el objetivo que se busca no es ese”.
La sección de seguridad pública cuenta con el apoyo del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto en todos sus artículos y del Frente Amplio en algunos, como los que endurecen las penas por abuso sexual.
La LUC es un paquete legislativo de 476 artículos, entre los que se incluyen, entre otras, medidas de educación, vivienda y seguridad, que el Parlamento debe aprobar en menos de 90 días (a contar desde que ingresó al Senado). La presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, intervino en varias ocasiones para pedir a los legisladores que no se interrumpieran, para intentar agilizar el debate.
En la jornada de ayer se pretendía comenzar a tratar los artículos sobre educación y terminarlos de votar este viernes.
Mientras se debatía la LUC, miles de manifestantes se concentraron frente al Palacio Legislativo –convocados por el PIT CNT– para defender que “la verdadera emergencia es la gente”, en palabras de su secretario general, Marcelo Abdala.
El plazo del Senado para aprobar el texto culmina este domingo, tras lo cual será remitido a la Cámara de Diputados, que cuenta con 30 días para su discusión.
Después, volverá la Cámara Alta para estudiar las modificaciones y, si se mantienen las diferencias, el proyecto pasa de manera automática a la Asamblea General, que cuenta con 10 días para su aprobación definitiva.
(Nota completa para abonados y en edición impresa)
