Mes: septiembre 2020

Pese a algunos altibajos ocasionales, la constante de las últimas décadas en nuestro país ha sido el de pérdida de empleos, de actividad y de ingresos en la industria manufacturera, lo que no solo es de incidencia significativa en la economía, sino que a la vez implica que se destruyen sistemáticamente puestos de trabajo calificados para los uruguayos, sin olvidar rezago en transferencia y desarrollo de tecnología, entre otras consecuencias.
En líneas generales, no hay país que de una forma u otra no atienda especialmente este sector, en el entendido de que su actividad conlleva poner en marcha o dinamizar un círculo virtuoso que determina el ingreso y reciclaje de recursos, mejora de la calidad de vida, multiplicación de la riqueza e incluso reducción de dependencia, además del ingreso de divisas por ventas al exterior o sustitución de importaciones.
Bueno, ocurre que en el caso de la industria manufacturera nacional, en gran medida su desarrollo en el siglo anterior tuvo su apoyo en circunstancias muy favorables como consecuencia de no haber sufrido directamente las consecuencias y en cambio haberse beneficiado de dos guerras mundiales, al vender sin problemas nuestras materias primas y a la vez invertir en emprendimientos para abastecer a países en guerra o eventualmente producir mediante subsidios directos o encubiertos, apostando a encerrarnos y no transferir hacia adentro de fronteras los problemas ajenos.
Una ilusión, por supuesto, para un país pequeño y altamente dependiente de lo que ocurre en el mundo, pero las reglas del comercio internacional eran diferentes y además como ha ocurrido en todas las épocas, había políticas económicas en boga e ideologías que eran consideradas poco menos que como la verdad absoluta.
El tiempo, golpeándonos duramente tanto a nosotros como a extraños, ha demostrado que no hay tales verdades absolutas, y que en el caso de la industria no se puede trabajar para un mercado que no existe o en su defecto a precios que no están dispuestos a pagar los potenciales compradores, cuando hay una competencia que lo puede hacer mejor o le funciona mejor la ecuación calidad-precio.
Así, en su momento se intentó proteger a la industria nacional a través de subsidios, sin un fin específico o condicionado a superar dificultades, lo que ha significado asumir el costo de tener que pagar mayores precios por productos de menor calidad, aplicando a la vez aranceles a las importaciones y por lo tanto, estableciendo un círculo vicioso en la economía que no ha tardado demasiado en volverse como un boomerang.
El sinceramiento de la economía que comenzó sobre fines de la década de 1970 ha implicado a la vez pagar el precio por los errores cometidos y el haber establecido subsidios permanentes que privilegiaron a empresas que no reinvirtieron ni mejoraron tecnología, y por lo tanto fueron quedando a la vera del camino. A la vez de algunas reconversiones e inversiones en áreas que no fueron las tradicionales, la industria manufacturera como la conocemos ha ido perdiendo puestos de trabajo por cierres totales o parciales de establecimientos, por su inviabilidad en la mayoría de los casos, las que fueron rescatadas parcialmente por dinero del Estado –de todos los uruguayos– pero sin cambiar el perfil para que pudieran sostenerse por sí mismas, sin olvidar las “velas prendidas al socialismo” tan caras para el gobierno de José Mujica.
En gran parte esta inviabilidad es consecuencia de la falta de competitividad en los bienes y servicios que se producen, en lo que ha influido el costo país, es decir la energía, las cargas sociales, los impuestos, carencias logísticas, de infraestructura, así como de escala de producción, entre otros factores, en lo que tiene participación decisiva –y negativa, por supuesto– el alto costo del Estado, que se lleva para sí la mayor parte de los recursos generados, que se malgastan en su burocracia y por lo tanto sin devolverlos a la comunidad.
Sobre el panorama actual de la industria, el asesor de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Ing. Quim. Washington Durán, destacó que la crisis económica derivada de la pandemia hundió la actividad industrial a nivel global en amplios sectores, mientras otras áreas como producción de alimentos, de higiene, farmacia, han tenido un impulso importante. En Uruguay, sin embargo, esta oportunidad no ha sido aprovechada debido a la imposibilidad de competir con el producto importado o la baja de sus mercados tradicionales, en tanto Durán considera que el gobierno tiene que elegir a qué empresas tiene que ayudar –a término– y que quizás a algunas haya que soltarles la mano, por lo que considera pertinente pedirle medidas al Poder Ejecutivo “pero no proteccionismo” por quienes no están en condiciones de competir.
Según indica el industrial a la revista Economía y Mercado, del diario El País, “desde antes de la pandemia veníamos con la industria muy castigada, y ahora mucho peor, dado que no aparecen posibilidades de colocación en los mercados internacionales”, a lo que se agregan elementos como “las cadenas tradicionales en el país totalmente destrozadas”, aludiendo a que “la cadena de lana se redujo a su mínima expresión desde hace bastante tiempo y ahora la del cuero”.
A la vez de señalar que estas cadenas implican muchos empleos, recordó que “ya sabemos desde hace mucho tiempo que el agregado de valor en el país no es competitivo con la producción en otros países, incluso con algunos vecinos. Hemos perdido industrias no solo con China y con otros países asiáticos, también las hemos perdido a manos de Brasil y Paraguay”.
Aseguró que si bien en nuestro país hay seguridad jurídica y los indicadores son positivos, “si no somos competitivos no alcanza para nada”, y precisamente ese es el eje de la cuestión, para recibir inversión y asomar al mundo con otra proyección, con o sin pandemia.
Explicó asimismo que la competitividad está “jaqueada por las empresas públicas, por procedimientos burocráticos, la rigidez laboral, entre otras cuestiones que la Cámara de Industrias ha planteado reiteradamente”, por lo que el gobierno debería ayudar a los sectores que lo necesitan, y de lo que no se trata es de subsidiar a los empresarios, sino preservar y generar el empleo.
Aspectos sobre los que no debería haber discusión ya a esta altura del tercer milenio, ante lo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo, porque es impensable que el empleo y la riqueza salgan desde el Estado o desde las empresas públicas, que no son la solución sino el problema, precisamente.
Se trata de optimizar recursos públicos, de dirigirlos a donde realmente sirvan para contribuir a generar empleos genuinos y creación de riqueza desde el sector privado, que es el que asume los riesgos y es la llave para que crezca la economía.
Y ese precisamente debería ser el desvelo del gobierno, en consonancia con los enunciados de la campaña electoral, y para ello no es preciso esperar que termine la pandemia, sino que este es el momento de trabajar fuerte en esa dirección para ganar tiempo en una problemática impostergable. → Leer más

Los accidentes de tránsito son un flagelo que tiene como su consecuencia más visible la pérdida de vidas humanas pero que también tiene otras menos perceptibles como la pérdida de calidad de vida de las víctimas que quedan con secuelas permanentes.
Si bien el 2019 cerró con cifras auspiciosas ya que se logró descender un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito en Uruguay, llevando sus indicadores a una tasa de 12 personas fallecidas cada 100.000 habitantes –la más baja del último decenio-, hubo más de 25.000 lesionados, algo así como 69 personas por día.
De la cifra de lesionados anuales en eventos de siniestralidad vial –que en conjunto equivalen a poblaciones como Pando, Rocha o Fray Bentos–, unas 3.200 personas resultaron con heridas graves el año pasado.
Esto números son nada más que una cuantificación de situaciones complejas y dolorosas que viven muchas personas y sus grupos familiares, dado que las lesiones causadas por el tránsito provocan enormes costos para los individuos, las familias y la sociedad.
Sobrevivir con secuelas un siniestro vial se ve reflejado en el corte abrupto de la vida productiva, con consecuencias directas en la salud o la posición familiar –ya que en muchos casos son personas que pasan a estar en relación de dependencia- pero también representa un impacto para los países en términos de costos operativos de la atención y la recuperación en salud.
Otro impacto es el costo acumulativo del sufrimiento, ya que cada año se agregan más personas afectadas y cuya situación puede agravarse por la respuesta inadecuada a su pérdida.
Por otra parte, está comprobado que además del dolor emocional y psicológico, la pérdida de un familiar puede llevar a una situación de gran estrés económico. En muchos casos, los costos de una prolongada atención médica llevan a una familia a la pobreza, la pérdida de uno de los contribuyentes al sustento familiar o de la ayuda económica adicional para cuidar de las personas con discapacidades.
Por esto, es una noticia auspiciosa que la institución referente en el tema de siniestralidad vial esté dando pasos firmes hacia la elaboración de mecanismos de contención de sobrevivientes y víctimas de accidentes de tránsito.
En este sentido, días atrás se reunieron los equipos técnicos del Colegio Médico del Uruguay y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para avanzar hacia el diseño de un programa de atención a las víctimas, dando cumplimiento así a uno de los acuerdos del recientemente convenio firmado por ambas instituciones. De acuerdo a lo informado por Unasev, desde la experiencia de asistencia del Programa Bienestar Profesional que lleva adelante el CMU para sus afiliados, se tomaron algunas pautas generales acerca de la estrategia para avanzar respecto a la cobertura del futuro Programa de contención a víctimas de siniestros viales, cuyo alcance más ambicioso pretende una cobertura nacional.
Para esto se atenderá a la regionalización del sistema de salud y se prevé contar con la participación de los diferentes actores del área, así como los recursos asistenciales del primer nivel de atención a la población. Será necesario también atender la necesidad de crear y mantener nuevos recursos de asesoramiento a los que puedan acudir las víctimas, especialmente en las zonas más alejadas del país.
Por su parte, la Red Nacional de Víctimas ha planteado la necesidad de brindar atención también a los familiares. Se trata de una red que conoce en profundidad el tema y funciona desde 2010 realizando prevención y dando apoyo a las víctimas de siniestros de tránsito y a sus familiares y desarrolla acciones tendientes a bajar el índice de siniestralidad y mortalidad en el tránsito. También apuesta a fomentar comunidades capaces de resolver las distintas dificultades que tienen que enfrentar a raíz de un siniestro de tránsito y facilitar a las personas, asociaciones y fundaciones la vinculación entre ellas para lograr la unificación de criterios y acciones. Por su parte, la Unasev trabaja en otros aspectos vinculados al tema, como la formación de estudiantes e internos de Medicina y la creación y mejora de protocolos para el traslado de las víctimas.
No obstante, las necesidades de asesoramiento y atención para sobrevivientes de accidentes de tránsito no se refieren exclusivamente a temas de atención médica y psicológica, sino que también involucran otros aspectos, como los legales y penales. Al respecto, el año pasado la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía General de la Nación y la Unasev comenzaron a trabajar en conjunto el fortalecimiento del asesoramiento de Fiscalía, que interviene para investigar si existió un delito, quién es el responsable y cuál es la pena que le corresponde en caso de lesiones o fallecimiento de una persona. Se trata de una actividad compleja que involucra distintas instancias de protección y atención a víctimas y testigos y en el que participan también organismos como el Ministerio del Interior, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el INAU, Organizaciones de la sociedad civil, el MIDES, los gobiernos departamentales, el Banco de Previsión Social y los ministerios de Vivienda y Trabajo y Seguridad Social, entre otros.
Entre otros esfuerzos de atención a las víctimas, la Unasev publicó una Guía de orientación y recursos para ciudadanos afectados por siniestros de tránsito, en la cual se enfatiza por ejemplo en las responsabilidades existentes a nivel del sistema de salud, que en el marco del Plan Nacional de Prestaciones en Salud Mental deben asistir y el tratamiento de situaciones que sobrevengan por muerte inesperada, contemplando en este sentido a toda la población de nuestro país.
En definitiva, son muy variadas las circunstancias en que una persona víctima de un accidente de tránsito puede requerir asesoramiento, ya sea para su participación en instancias judiciales, el proceso penal, la asistencia médica o psicológica, las ayudas sociales o los lugares de rehabilitación, entre otras necesidades de apoyo e información.
Hay que considerar que nadie está preparado para ser víctima de un accidente de tránsito y que suele ocurrir que una vez que ha pasado la repercusión inmediata del evento, la víctima de un siniestro de tránsito corre riesgo de ser una persona olvidada por la sociedad, su núcleo de amigos, grupo de trabajo y muchas veces debe enfrentarse solo a una nueva realidad. Se trata de una situación en la que contar con mecanismos de información, asesoramiento y apoyo resulta crucial y para enfrentar y contribuir a resolver situaciones de desesperación y desconcierto, además de la siempre dificultosa adaptación a una nueva condición de vida.

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