Año: 2020

Para hacer previsiones en economía en plena pandemia, cuando tenemos una segunda ola en el norte y aumento de casos en el Hemisferio Sur, con nuestro país con un creciente número de contagios aunque sin la gravedad del escenario de los vecinos, se necesita poco menos que tener la bola de cristal, y de la mejor calidad, dado el tenor de la incertidumbre general y porque la ansiada vacuna se sigue haciendo esperar.
En nuestro país el gobierno ha llevado la situación dentro de un manejo cauteloso y muy razonable, tratando de compatibilizar la prevención con el mantener encendidos los motores de la economía, aunque con gastos significativos en subsidios y encima una menor recaudación por caída de actividad, todo ello agravado por el legado de un déficit fiscal superior al 5 por ciento del PBI, proveniente de la Administración Vázquez.
Pero con o sin pandemia, hay patrones claros que no se deben abandonar en el área de la economía, que tienen que ver con una regla fiscal que limite el desfasaje entre ingresos y egresos en las cuentas del Estado, es decir evitando que se gaste más que lo que entra, como ha ocurrido durante los quince años de los gobiernos del Frente Amplio, y en este sentido el Presupuesto Quinquenal está llamado a ser una herramienta en la que se combinen la austeridad con estímulos para la inversión y contemplar a los sectores más afectados por la pandemia y el parate de la actividad.
En este período pos pandemia, además, en tanto la situación siga incierta, el Estado está llamado a tener un rol muy significativo en cuanto a su protagonismo para subvencionar temporalmente actividades que ocupen mano de obra, contener a los grupos afectados a través del Seguro por Desempleo, pero con la mirada puesta en que es preciso alentar la inversión y aliviar costos a los sectores reales de la economía, lo que solo puede lograrse si desde el Estado se gasta en forma más eficiente y devolviendo en servicios el esfuerzo que hace el contribuyente.
En cuanto al escenario que es de esperar en los próximos meses, sin hacer futurología, sino siguiendo el hilo de la presencia del Estado –que financiamos todos– como elemento clave desde el punto de vista sanitario y de atención para los sectores más afectados, en esta coyuntura, el dilema o la interrogante que surge es por cuánto tiempo se podría sostener esta participación exorbitada por causas justificadas, desde que no es un secreto para nadie que se hace en base a demandar más recursos desde el sector privado, cuando las cosas precisamente están más complicadas para su desenvolvimiento.
Es decir, tenemos coyunturalmente más Estado debido a las circunstancias, pero esto debería ser lo que realmente corresponde, una excepción, y no una presencia de mayor duración que implique más problemas para el país, más costos para los actores reales de la economía, menos capacidad de atender a los que realmente nos van a sacar de la crisis, que son los capitales de riesgo con capacidad de inversión y creación de más fuentes de empleo.
Una pista de este panorama nos da el economista Javier de Haedo en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, cuando analiza que en coyunturas como la actual “es inherente al Estado la aplicación de instrumentos propios de las políticas públicas para atenuar el impacto económico de la crisis sanitaria: políticas sociales, seguro de desempleo, facilitación del crédito, es decir las tres que se están llevbando adelante en nuestro país”.
El punto es, como explica De Haedo, que “como consecuencia de estas acciones, los estados aumentan sus déficits y sus endeudamientos. Veamos al respecto el caso uruguayo: según el proyecto de Ley de Presupuesto en el escenario que el gobierno considera para el quinquenio, se estará durante cinco años por debajo del PBI potencial, habrá un déficit fiscal permanente partiendo del más alto desde 1985, y la deuda subirá considerablemente en términos del PBI (más de diez puntos este año y algo más en los dos siguientes”.
Además, ello “significa que los estados, incluyendo el nuestro, quedarán exhaustos tras el esfuerzo que habrán realizado durante la pandemia, con altos déficits y muy endeudados, con poco ‘resto’ para seguir apuntalando a personas y empresas”.
En otras palabras, habrá llegado la hora de la verdad.
Ergo, como bien sostiene de Haedo, –pero que es además un imperativo de sentido común–, desde ya los estados deben prepararse para el día después de la pandemia, y eso no es otra cosa que “crear las condiciones para que el sector privado actúe de manera pujante e impulse la economía, creando riqueza, mejorando su ingreso, generando empleos. Para ello debe realizar reformas en las principales políticas públicas, que promuevan el crecimiento, la inversión y la exportación”.
Y además de estas políticas que deberían ser el ABC del buen gobernante, y que se comparte en la Administración Lacalle, debe apuntarse a la vez a mejorar la posición de Uruguay en la apertura al mundo, con una integración comercial efectiva y a la vez trabajar en aspectos clave como la educación, la capacitación laboral, la generación de infraestructura y propiciar cadenas de valor dentro de fronteras.
Buena parte de estos aspectos no es posible de hacer realidad en el corto plazo, pero sí es posible sentar las bases para avanzar en estas políticas con rumbos ciertos y procurar consensos para que un gobierno no deshaga lo que hizo el otro y así sucesivamente. Es decir, contar con la contraparte de madurez del sistema político, más allá de la rotación de partidos en el poder, para que se incorporen políticas de Estado que faciliten el desenvolvimiento del motor de la economía, que es la inversión privada, haciéndole los costos más tolerables en lugar de seguir aplicando impuestos, cargas sociales y costos tarifarios que hacen que el país resulte tan caro a la hora de colocar nuestros productos en el exterior y a la venta de bienes y servicios en el mercado interno.