Mes: enero 2021

Desde que comenzaron los planes de vacunación contra la COVID-19 a nivel global, se han aplicado unas 60 millones de dosis en unos 49 países, los cuales a su vez se aseguraron las vacunas necesarias para abastecer hasta tres veces su población.
Es lo que hacen los países ricos del planeta. Y no es novedad para nadie. Es bueno saberlo en momentos de tanta gritería virtual.
Organizaciones tan diferentes entre sí como Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam ya denunciaron abiertamente que los países pobres llegarían a vacunar únicamente al 1% de sus habitantes a finales de este año.
Eso, además de desigualdad, significa el estilo de las negociaciones que las naciones llevan adelante con la industria farmacéutica. Pero dicha situación ocurre en todos los países, no solo en Uruguay que espera –bajo el código de la confidencialidad– por el cierre de acuerdos. Mientras, la oposición reclama una mayor claridad que, por la fuerza de las circunstancias y los hechos, no es posible satisfacer.
Las oenegés han solicitado a las multinacionales que compartan una distribución más equitativa y un mejor acceso a las vacunas. Pero, en los hechos la realidad demuestra que el 14 por ciento de la población residente en los países más ricos accederá al 53 por ciento de las vacunas de comprobada efectividad. Este panorama es, además, una bienvenida a la desigualdad existente en el planeta y que no deja afuera a esta contingencia sanitaria.
Esa realidad también demuestra que miles de personas en todo el mundo se quedarán sin vacunas, por lo tanto, es posible suponer que el virus continuará en circulación por un buen tiempo. En este caso, también deberá considerarse que la demanda superará ampliamente la oferta. Las limitaciones afectan a la producción y este año sólo llegarán las vacunas al 18 por ciento de la población mundial, por lo tanto, continuará afectada la economía de los países.
En general, los gobiernos apuran por la firma de sus acuerdos, así como los laboratorios desarrollan las vacunas en tiempo récord. Esa corrida contrarreloj se lleva adelante bajo un acuerdo de confidencialidad con los gobiernos. La Comisión Europea se declaró en noviembre del año pasado “legalmente imposibilitada” a revelar el contenido de sus contratos con las farmacéuticas, pero tampoco ocultó su enojo cuando Pfizer y AstraZeneca, comunicaron que no se encuentran en condiciones de suministrar la cantidad de dosis acordadas. Igual que lo ocurrido en Uruguay.
Es decir, no es una cuestión inherente a la calidad de las negociaciones ni a la espalda que tiene un gobernante para resolver sobre la marcha. Es, antes que nada, una situación coyuntural donde ahora –en el caso europeo– el bloque exige a las multinacionales que publiquen sus contratos, de lo contrario amenaza con controlar las exportaciones de las vacunas que producen en aquel continente. Es que los gobernantes también calculan los costos políticos que traen aparejadas las marchas y contramarchas. Porque, al igual que en Uruguay, son fuertes los reclamos por una mayor transparencia en un asunto de sanidad pública.
La confidencialidad, en realidad, sostiene el abanico de precios que manejan los laboratorios con los países de acuerdo a sus recursos. Y no es mucho más que eso.
AstraZeneca informó que su vacuna, que requiere dos dosis, costará aproximadamente entre 3 y 4 dólares por cada una. Pero en el otro extremo se encuentra Pfizer, que es una de las más exigentes en sus contratos de confidencialidad. A pesar de que las pandemias mundiales ocurren cada tanto tiempo, el sistema no se encuentra preparado para una mayor cooperación, sino que demuestra sus alcances competitivos.
Por eso, no es una novedad el anuncio efectuado por el presidente Luis Lacalle Pou, quien confirmó en una conferencia de prensa que no dará a conocer la información correspondiente a los contratos.
Allí, también, utilizó palabras claves que remarcan el techo que tienen los países en estas negociaciones. “La opción era firmar un contrato con confidencialidad o no tener vacunas”.
Además, los intereses globales liderados por algunas potencias, promovieron la extensión de créditos por cifras millonarias a países pobres para la compra de vacunas. Este contexto puso en alerta a la comunidad internacional que trató de protegerse con la iniciativa de Acceso Global a la Vacuna de la COVID-19 o Covax. A través de este instrumento los países, como Uruguay, logran la financiación necesaria que incentiva a los fabricantes de las vacunas a producir las dosis suficientes que asegure una distribución equitativa. No obstante, requiere que cada gobierno pague un anticipo del 15 por ciento del valor de las dosis. Una cifra que tampoco se conoce su monto.
No es una cuestión de pragmatismo en las negociaciones de un presidente, ni en la esencia del mensaje de transparencia ni en las alianzas con otros países. De lo contrario, sería muy simple y ya sabríamos los costos presupuestales de la vacunación contra el virus, en Uruguay y el mundo.
Es oferta y demanda. Hasta en la vida y salud de los pueblos.