Mes: febrero 2021

A diferencia de la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, que no se han sumado a tiempo a la revolución de las TIC y de Internet y presentan distintos grados de retraso respecto a indicadores referidos a aspectos básicos como el acceso a banda ancha y la cantidad de computadoras entre la población, Uruguay se ubica a la cabeza de los rankings de acceso a Internet y, además, muy bien posicionado en materia de gobierno digital.
En este sentido, en los últimos años nuestro país ha desarrollado una sólida infraestructura de banda ancha fija, en especial la fibra óptica, pero también ha mejorado la conectividad internacional y ha desarrollado una fuerte concepción administrativa relacionada con la Sociedad de la Información y la trasformación digital del Estado, el desarrollo de software de seguridad y el abatimiento de la brecha digital a través de planes como Ceibal e Ibirapitá, que entregaron computadoras portátiles a niños y jubilados, avanzando así hacia una propuesta de fuerte inmersión tecnológica en la vida cotidiana.
No obstante, la digitalización de las empresas –en particular las pequeñas y medianas– continúa siendo un proceso lento y heterogéneo, lo que puede convertirse en un problema importante para su incorporación a la llamada cuarta revolución industrial, una revolución digital que supera todas las transformaciones económicas previas en escala, alcance y complejidad.
De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el impacto de la revolución digital en la economía mundial alcanza los 11,5 trillones de dólares, el equivalente al 15,5% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. Se calcula que para el año 2025 llegará a los 23 trillones de dólares, casi el 25% del PBI mundial.
Nos referimos a las tecnologías denominadas de cuarta generación o tecnologías 4.0, que implican transformaciones en las condiciones tecnológicas de producción mediante la transición a nuevos sistemas ciberfísicos que operan en redes complejas al borrar los límites entre lo físico, lo digital y lo biológico. Entre ellas se ubican, por ejemplo, los sistemas de integración, las máquinas y sistemas autónomos, Internet de las cosas, manufactura aditiva, big data, computación en la nube, simulación de entornos virtuales, inteligencia artificial, ciberseguridad y realidad aumentada.
El año pasado, un informe del BID titulado “Travesía 4.0: Hacia la adopción tecnológica uruguaya” analizó los rubros de alimentos procesados y bebidas, farmaquímica y construcción, encontrando que estamos retrasados en materia de incorporación de tecnologías avanzadas. Esto representa una desventaja para nuestro país –incluso frente a países vecinos como Argentina–, especialmente si tenemos en cuenta los cambios que están ocurriendo en la forma de entender y desarrollar el trabajo, las nuevas dinámicas de las organizaciones y las exigencias de los consumidores, que están incorporando cada vez más al uso intensivo de tecnologías de la información y comunicación.
En particular, se plantea la necesidad de digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual representa un gran desafío por las características propias del sector y porque les está costando bastante adoptar tecnologías digitales avanzadas. No obstante, las exigencias de la denominada inclusión financiera en el gobierno anterior y, más recientemente, la realidad impuesta por el distanciamiento social en el marco de la pandemia por coronavirus, ha significado la incorporación de soluciones digitales para algunos procesos y actividades.
En este sentido, la digitalización, que antes podía considerarse algo extra para aumentar la eficiencia y productividad, hoy se ha vuelto un requisito para que las empresas sobrevivan. En particular, las micro y pequeñas empresas que comienzan a transitar hacia la transformación digital necesitan acceder rápidamente a conexiones de calidad y dispositivos tecnológicos (computadoras y servidores), soluciones digitales para ventas, marketing y gestión de clientes, ciberseguridad y herramientas como plataformas de comercio electrónico y medios de pago digitales.
Estas empresas hoy necesitan seguir generando ingresos para sostenerse en el mercado y se encuentran con un panorama disruptivo e imprevisto: el cambio de condiciones de trabajo y de conductas de los consumidores, producto también de la crisis sanitaria y de las medidas de distanciamiento social impuestas para evitar contagios. Se trata de un escenario en el que es necesario incorporar el uso intensivo de herramientas digitales para el teletrabajo, realizar compras y ventas en línea y gestionar procesos de producción en forma remota.
Otro informe del BID titulado “El imperativo de la transformación digital” (2018) evidencia claramente que los avances tecnológicos emergentes, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la tecnología blockchain, la impresión 3D, los sensores y el big data han desencadenado una fuerte ola de innovaciones caracterizada por la desintermediación, el emparejamiento (matchmaking), el intercambio y la innovación a través de plataformas y modelos abiertos. Se trata de cambios que están teniendo consecuencias profundas en los modelos de negocio de las empresas, la dinámica de mercado en varias industrias, los procesos de manufactura, el comercio y los servicios, lo cual ya está manifestándose también en las economías latinoamericanas, en el mercado de trabajo, en el sector financiero y la producción de bienes y prestación de servicios.
En este sentido, los estudios antes citados advierten que las políticas públicas frente a este nuevo escenario han tenido grandes limitaciones, ya que en general las políticas de TIC latinoamericanas muestran un sesgo hacia el desarrollo del gobierno electrónico, particularmente en las áreas de gestión financiera, adquisiciones, y la gestión de los sistemas tributarios y de ingresos públicos, a expensas del poco hincapié que se hace en la necesidad de programas que realcen las capacidades del sector privado de adoptar y utilizar tecnologías digitales. Es verdad que Uruguay está mejor preparado que varios de sus pares latinoamericanos para adaptarse a la economía digital pero el panorama es igualmente complejo y desafiante. No se trata de un tema sólo de tecnologías, infraestructura y recursos económicos, sino que también involucra aspectos referidos a la educación de los ciudadanos y trabajadores y otros relacionados a nuevos modos de interacción entre las empresas, los consumidores y el Estado.
La transformación digital requiere una estrecha colaboración entre el gobierno y el sector empresarial, con garantías para que las nuevas formas de trabajo no conduzcan a una mayor precariedad y desprotección. La punta del iceberg está asomando y es necesario no perder tiempo ni oportunidades para el Uruguay 4.0.

La semana pasada trascendió la decisión del gobierno de interrumpir las obras planificadas en el muelle del viejo frigorífico Anglo al completarse la primera de las fases de la intervención.
El complejo industrial, que abandonó su actividad productiva hace ya varias décadas, fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en el año 2015. No fue un proceso sencillo el que se transitó para lograr este reconocimiento, y quizás sea bueno tener claro que estas cosas no caen del cielo, que no alcanza con solamente tener una fábrica antigua para pasar a integrar esa prestigiosa lista, en la que el viejo Anglo comparte espacio con sitios que son mojones en la historia de la humanidad.
En el caso del Anglo, la postulación a integrar la Lista de Patrimonio Mundial se basó en tres criterios previstos en la Guía Operativa para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, el primero de ellos es “atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un período concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes”; el segundo, “ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios períodos significativos de la historia humana”; y el tercero, “estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional”.
Todo esto, más que decirlo, hubo que demostrarlo durante diferentes visitas que misiones de la Unesco realizaron al lugar, para constatar que se cumpliesen esos criterios enunciados. Así, esa postulación se eleva a consideración de una asamblea que termina evaluando y aprobando, si fuera del caso, la incorporación a la lista. Así ocurrió el 5 de julio de 2015, en la reunión celebrada en la ciudad de Bonn, en Alemania, cuando el Anglo (el complejo industrial y su entorno), se incluyó en la lista como Paisaje Industrial Fray Bentos, que se convirtió en el segundo registro de Uruguay, después que en el año 1995 se incorporara el barrio histórico de Colonia del Sacramento.
El Arq. Salvador Schelotto, integrante de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura, destacaba en su momento que “este reconocimiento e inclusión implica además una significativa oportunidad para un desarrollo integral del área y su entorno, en armonía con el legado cultural material e inmaterial a preservar y proyectar hacia el futuro. Y supone también una enorme responsabilidad para el país, para sus instituciones y para la comunidad local, de manera de gestionar este bien cultural de acuerdo a un plan de manejo acorde a los criterios que sustentaron su postulación”.
La inclusión en esta lista no implica que haya que dejar todo “quietito” como está. Por el contrario, parte de los compromisos que el país asumió hablan de mejorar, no solamente las condiciones edilicias, como se ha hecho, sino también la experiencia didáctica para quien visita el lugar. En eso se han hecho avances y, aunque ciertamente todavía falta, quien realiza una visita guiada al lugar va sabiendo qué fue lo que allí existió (que fue mucho más que un frigorífico grande), cómo funcionaba y el impacto que tuvo esa industria en toda esta región del país, por supuesto, pero también del otro lado del océano, en la vieja Europa.
Pero para que el Anglo esté en ese destacado lugar, también fueron importantes los acuerdos que permitieron, por ejemplo, la construcción en el lugar del Centro Regional de UTEC, en una intervención arquitectónica que realizó dentro del sitio, un edificio moderno que sigue la línea estética del complejo y que requirió, por supuesto, de una serie de consultas previo a su concreción, justamente para no poner en riesgo la permanencia en la lista de Unesco.
Del mismo modo ocurrió con el referido muelle. El proyecto de obra se presentó antes en todos los lugares en los que fue necesaria una aprobación antes de dar luz verde, y una vez conseguidos todos los permisos se puso en marcha. Por eso es llamativo que hoy, por decisión unilateral del estado uruguayo se interrumpan los trabajos que se estaban desarrollando. Esta situación motivó que desde las oficinas centrales de Unesco se efectuara una consulta formal al Ministerio de Educación y Cultural, para conocer de primera mano cuál es la situación, ya que la decisión se tomó de manera inconsulta.
Está sumamente claro que nuestro país, así como todos los países del mundo, pueden dar la prioridad que quieran a sus recursos, y más en una situación de pandemia como la que se está viviendo. Nadie duda que alcanza como fundamento, en este contexto, para la detención de la obra, el señalar que los recursos previstos hoy son más necesarios en otras actividades.
Lo que no se puede admitir es que de alguna manera se ponga en riesgo la permanencia de este patrimonio en la lista por no seguir los pasos lógicos, que eran, en este caso, cuando menos notificar a Unesco que la intervención prevista no se iba a poder completar. Si bien se ha dicho desde el Ministerio de Educación y Cultura que en este caso ese riesgo no existe de momento, de todos modos es bueno tenerlo en cuenta a futuro para que todo lo que se ha invertido en posicionar ese espacio no se pierda por errores o desatenciones administrativas.