Se abre una nueva campaña electoral con dos problemáticas no resueltas como la inseguridad y el desempleo, que a estas alturas son cuestiones estructurales que enfrentaron las últimas administraciones.
El desempleo aumenta en el litoral del país y se desprende del promedio nacional ubicado en 8,6%. Con la recuperación de unos 110.000 empleos –según cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social– al norte del río Negro se ha dado la contracara de las estadísticas.
El flamante presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un fuerte ajuste para reducir el pronunciado déficit fiscal, ordenar las variables económicas y evitar una hiperinflación con medidas sin gradualismos. De este lado de la frontera, sus resultados se aguardan con expectativas porque el Litoral padece la prolongada diferencia cambiaria con el vecino país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el trimestre móvil agosto-octubre, indica que en esta zona, Río Negro encabeza la lista con 12,7% de desempleo y afecta a unas 4.000 personas.
La infomalidad es alta y llega al 28,3% a nivel departamental, cuando la media nacional se ubica en torno al 22%. Le sigue Artigas con 12,5%, Durazno con 11,8%, Salto con 11,4% y Paysandú en 10,4%.
La inseguridad ciudadana, como resultado de la incidencia del narcotráfico y sus consecuencias en los territorios donde el Estado ha perdido presencia, es la principal preocupación del 46% de los uruguayos, que lo plantea como un gran desafío a resolver.
No es un tema nuevo, si se tiene en cuenta que en el año 2019 preocupaba al 68% de los consultados, con variaciones en tiempos de pandemia. Y en este sentido, los partidos políticos han aprendido a usar el termómetro del descontento social para anunciar medidas.
En este período, la oposición critica las medidas adoptadas por el gobierno y se centra en los puntos débiles. Pero estos resultados se sostienen desde las administraciones anteriores. El oficialismo, por su lado, agrega un nuevo condimento y promueve los allanamientos nocturnos que requieren apenas de 52 firmas para modificar la Constitución, aprobar la propuesta y enviarla desde la Asamblea General a la Corte Electoral. Era uno de los puntos fuertes que contenía la inicitiva “Vivir sin miedo” del exministro del Interior, Jorge Larrañaga, y que presentara cuando ocupaba el cargo de senador. Algunos sectores dentro del nacionalismo, que encabezan la movida dentro de la coalición, destacan que Uruguay integra el selecto grupo de cuantro países del mundo que no habilita esta posibilidad.
El Frente Amplio rechaza su efectividad para enfrentar a las bocas de venta de droga, lo plantea como una “excusa ante el fracaso” del combate a la inseguridad y recuerda que fue un asunto laudado por la ciudadanía en 2019.
El proyecto ingresó por la Cámara de Senadores con destino a la Comisión de Constitución. De allí a la Asamblea General, donde habrá tres quintos de votos de la coalición de gobierno, necesarios para poner a consideración de la ciudadanía en las elecciones de octubre de 2024, a través de un plebiscito.
La diferencia con la propuesta del exministro sanducero es que, en esta oportunidad, la consulta será específicamente sobre los allanamientos y modificaría el artículo 11 de la Constitución de la República que define al hogar como un “sagrado inviolable”.
La iniciativa del fallecido dirigente blanco naufragó con el 46,7% de las adhesiones –más de un millón de ciduadanos–, cuando necesitaba alcanzar el 50%. Aquella propuesta, que no ensobró ningún partido con la excepción del sector de Larrañaga, creaba una guardia nacional de 2.000 militares, el cumplimiento efectivo de las penas para determinados delitos y la cadena perpetua revisable para delitos muy graves.
El primer artículo del proyecto solicita nuevas leyes para interpretar las preexistentes sobre el término “hogar”. Define que solo serían pasibles de realizarse si los delitos son violación, abuso sexual, privación de libertad, secuestro, homicidio agravado, violencia doméstica física o sexual, rapiña con privación de libertad, copamiento y delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes y de tráfico de armas.
La iniciativa que apoyan dirigentes del Partido Colorado, presenta diferencias en la interna de Cabildo Abierto. Su líder, Guido Manini Ríos, se expresó a favor de la propuesta. Sin embargo, el senador Guillermo Domenech presentó reparos y planteó opciones, como el patrullaje continuo en las zonas de influencia de las bocas para evitar poner en riesgo a la seguridad de la Policía.
Porque no es menos importante el aspecto vinculado al equipamiento policial a desplegar en los allanamientos nocturnos, sus costos e inversiones.
Habrá que considerar, además, la palabra de los operadores judiciales y fiscales que entienden el ingreso del narcotráfico al país por otras vías. Y a las estrategias de los delincuentes que conocen –según las zonas del país– la falta de recursos humanos, logísticos y de capacitación. Porque la criminalidad, lamentablemente, va un paso más adelante.
Es probable que el problema comience más arriba de una boca. Es posible que haya que ir a las fronteras, que son permeables para todo tipo de delitos. Y en estos casos, tal como opinan algunos efectivos, la medida a plebiscitar podría resultar un pequeño parche sobre una enorme herida que crearía nuevas víctimas en una sociedad que no será la misma.
