Hacer una represa en la zona de Casupá, en el departamento de Florida, es, según el gobierno —basándose en informes internacionales—, la solución más robusta para enfrentar futuras sequías. Este argumento se utiliza como justificación para abandonar el proyecto Neptuno, que ya había sido adjudicado a un consorcio empresarial que lo presentó como iniciativa al comienzo del pasado gobierno.
El gobierno publicó que un informe técnico, contratado en 2024 y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entregado en junio de 2025, “fue contundente” al señalar que la presa de Casupá “es una solución más robusta y confiable que Arazatí para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a futuras sequías”. El estudio —explica— fue supervisado por la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de Ambiente (MA) y OSE, y consistió en una comparación entre ambas alternativas estructurales ante un escenario de creciente demanda hacia 2035. Concluyó que Casupá permite una mayor capacidad de almacenamiento y regulación, clave para enfrentar eventos críticos como la sequía de 2022-2023. En contrapartida, asegura que “Arazatí presenta limitaciones técnicas ante situaciones extremas de escasez hídrica”.
Esta evaluación, según indica el Ministerio de Ambiente, fue financiada por el organismo multilateral y forma parte del nuevo Protocolo Específico de Sequías para Montevideo y Minas, elaborado en el marco del Protocolo Nacional de Sequías aprobado por el Ministerio en 2023. Además de proponer una serie de obras de infraestructura, el estudio recomendó “un programa urgente de reducción de pérdidas en la red de distribución, que puede ejecutarse más rápidamente y aportar mayor eficiencia al sistema”.
La proyectada presa de Casupá —que estuvo en los papeles incluso antes que el proyecto Neptuno, y que, al igual que este, fue objeto de advertencias por parte de expertos, ya que tampoco es una solución inocua desde el punto de vista ambiental— se considera una opción sólida “para garantizar el abastecimiento de agua potable ante el cambio climático”. Agrega la cartera en su publicación que la represa “cumple un doble cometido: regulación de los caudales de la cuenca y aseguramiento de la calidad del agua mediante una adecuada gestión del embalse y medidas de protección de la cuenca alta”, así como “la disminución de la probabilidad de eventos de floraciones algales y sus consecuencias”.
Este último punto es, cuando menos, discutible. Si hay un factor que favorece la proliferación de cianobacterias —un problema nacional, especialmente grave en la zona sur del país—, es precisamente el estancamiento del agua, es decir, su represamiento. Resulta contraintuitivo pensar que una represa contribuya a combatir ese fenómeno.
Por otra parte, el Movimiento Uruguay Sustentable (Movus) publicó una declaración en la que celebra la caída del proyecto Neptuno, pero plantea una serie de reparos respecto a la solución que se propone en su lugar, en particular en relación con la participación de las mismas empresas que impulsaron originalmente el proyecto en las nuevas soluciones alternativas. Estas implican una serie de obras para incrementar la potabilización, además de la mencionada represa. La organización ambientalista señala que el nuevo proyecto “debería también cumplir con todos los requerimientos para la obtención de una autorización ambiental” y que, de no modificarse el contrato, “se continuaría con la violación de la Constitución, al otorgarles a empresas privadas intervención directa en el abastecimiento de agua a la población mediante la aducción y el manejo del agua bruta” que allí se establece.
Recordemos que el conocido como “Plebiscito del agua”, realizado el 31 de octubre de 2004, aprobó una reforma constitucional que estableció la “gestión pública, participativa y sostenible del agua y el saneamiento” y consagró “el acceso al agua como un derecho humano”, mediante una serie de agregados al artículo 47.
Pero, además, la organización considera que todo esto es innecesario, en la medida en que, si se llevara a cabo un proyecto serio de reparación y renovación de las redes, se podría evitar la pérdida del agua que se extrae del río Santa Lucía y que, ya potabilizada, se escurre por las dañadas redes de distribución. Según los cálculos que presentan, realizar estas reparaciones haría innecesaria la construcción de la represa y todas las obras asociadas.
De allí proviene la afirmación de que no se trata de un problema hídrico. Que la sequía afectó, por supuesto; pero el impacto habría sido mucho menor si no existieran tantas pérdidas en la red. Si no se solucionan estos problemas —que, como sabe cualquiera que ha sufrido la rotura de un caño en su vivienda, son comunes y persistentes—, la situación continuará agravándose, y no es concebible que se siga apelando a nuevas fuentes de agua en lugar de reparar los agujeros por los que se pierde.
Asimismo, la afirmación de que no se trata de un problema hídrico busca poner de manifiesto el error histórico de concentrar a más de dos millones de personas en un rinconcito del sur del país, cuando Uruguay cuenta con fuentes de agua mucho mejores, como el río Uruguay —junto al cual Artigas quiso establecer su capital— o el río Yí, en Durazno, próximo al río Negro, donde Rivera visualizó una capital alternativa. En definitiva: el problema no es hídrico, sino la vieja y conocida macrocefalia, que vuelve a mostrarnos cuán equivocados hemos estado. → Leer más
