Mes: noviembre 2020

La “nueva normalidad” en la que ingresó nuestro país desde hace algunos meses en el contexto de la pandemia de COVID-19 parece estar planteando grandes desafíos a la tarea de comunicación desde el gobierno.
Por un lado se enuncia el concepto de libertad responsable y en ese marco se enfatiza en que no es conveniente concurrir a lugares donde se puedan producir aglomeraciones, pero por otro se anuncia que habrá temporada veraniega y se presentan beneficios que favorezcan la posibilidad de los uruguayos de salir a vacacionar en nuestro país. En una apurada primera lectura podría decir que el mensaje es contradictorio. Y sin embargo no, no lo es.
La semana pasada el Ministerio de Turismo anunció que a partir de diciembre, los operadores turísticos contarán con descuentos de IVA, aportes patronales, extensión de garantías para créditos a través del sistema SIGA. Asimismo se adelantó que se va a remitir un proyecto de ley que dispondrá exoneraciones en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) en los alquileres de esta temporada. Todas estas medidas se engloban en lo que se anunció como el “Plan Verano”. Por otra parte, también se dijo que se dispondrán descuentos de IVA a los consumidores en servicios de alojamiento, gastronomía y otros como alquiler de automóviles y que se está procurando conseguir financiación para los alquileres de temporada en hasta 12 cuotas.
Una pequeña digresión: una crítica que se ha hecho a estos anuncios es que, por su formato, solamente alcanzará a quienes ofrezcan servicios dentro de la formalidad y a quienes los usufructúen también dentro del marco formal, que –es cierto– es tal vez la mayor parte del mercado. El gobierno tiene que tomar decisiones empleando los instrumentos que tiene a su alcance y hoy muchos de ellos van de la mano del uso de los medios electrónicos de pago y para acceder a ellos hay que trabajar dentro de la “formalidad”.
Volvamos al tema inicial. En Paysandú venimos de tener dos eventos importantes, ambos al aire libre y con muy buena convocatoria de público, sin llegar a la masividad de otros como la Semana de la Cerveza y el Encuentro con el Patriarca; hablamos, claro, de la reciente edición de Paysandú Flor de Ciudad y de la muestra de reproductores de la Asociación Rural Exposición Feria.
En ambos casos la propia realización de estos eventos despertó críticas por suponer que se generaría un ámbito propicio para la aparición de nuevos casos de la enfermedad que ha hecho este año tan complicado. Si bien es cierto que por momentos tuvieron buena concurrencia, el hecho de cumplirse ambos al aire libre, en lugares con espacio suficiente para que no se provocasen aglomeraciones, junto al cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, otorgaron un marco suficientemente seguro para la concurrencia.
Habrá que esperar unos días antes de ver si efectivamente todo se realizó de manera ordenada y no aparecen casos que no se hubiesen detectado previamente que produjeran un foco de contagio en alguno de estos eventos –que puede ocurrir, porque aparentemente nadie está libre–, pero por ahora no es ese el caso.
Pero vayamos unos meses más atrás, a los días previos a las vacaciones de julio, cuando el ministro Germán Cardoso anunció en termas de Guaviyú la reapertura de los centros termales aplicando los protocolos que se confeccionaron entre las intendencias de Salto y Paysandú, en los que los operadores y los técnicos que trabajaron junto a estos. Las termas llevaban en ese momento más de cien días de inactividad y eso provocó en los comerciantes un problema económico que aún arrastran, pero por lo menos han podido volver a trabajar. ¿Se asumió un riesgo? Relativamente sí, seguro que sí, pero eso ha permitido que ese sector, tan importante para la región, vuelva a estar activo y sea un problema menos que atender, o por lo menos que el problema sea un poco más chico.
Aceptar que se hayan podido reabrir las termas, que se hayan podido hacer la muestra de la Asociación Rural y Paysandú Flor de Ciudad son buenas noticias, lo mismo que el que se hayan reabierto las salas de espectáculos con las reducciones de aforo correspondiente y todos los cuidados, así como que estén funcionando restaurantes y tiendas.
Imagínense qué estaría pasando en estos momentos si todo siguiera como el 14 de marzo, el día que aparecieron aquellos primeros cuatro casos y todos nos encerramos. Bueno, eso es por lo que están pasando millones de personas alrededor del mundo en estos momentos. Países enteros han tenido que declarar nuevos confinamientos por las segundas olas de la enfermedad y otros aún no han podido siquiera superar la primera.
Sin embargo todavía vemos como hay vecinos que se siguen preocupando cuando ven un grupo de personas en una plaza pública, como ocurría en los primeros días, cuando la policía atendía innumerables llamados solicitando su intervención.
Parece fino ese límite entre libertad e irresponsabilidad. Sin embargo no lo es, todos sabemos a estas alturas qué debemos hacer. Puede que haya vecinos que no sientan aún la confianza como para salir de sus casas y está bien que no lo hagan, pero por otra parte hay quienes sienten que están dadas las condiciones para salir y disfrutar de su tiempo de descanso –tomando sus precauciones y utilizando o no los beneficios anunciados por el gobierno– y es bueno, e incluso necesario, que así lo hagan.
→ Leer más

Subsisten en nuestro país desde hace décadas problemas crónicos y de carácter estructural, que se acentúan en períodos de crisis económica, y que incluso se potencian o quedan al desnudo en toda su magnitud en períodos excepcionales como el que estamos atravesando por la pandemia.
Ergo, toda respuesta que se intente, por mejor intención o visión que se tenga desde los respectivos ámbitos, de acuerdo a las competencias institucionales, quedará muy limitada en su capacidad, porque como suele ocurrir, hay urgencias que no se pueden atender por falta de recursos debido a que en su momento no se hizo lo importante: las reformas estructurales pendientes desde hace décadas.
No puede extrañar que cíclicamente el Uruguay, como la mayoría de los países de la región, deje expuestas sus vulnerabilidades cuando decae la actividad económica –como está ocurriendo desde hace más de un lustro– y se generen fuertes desfasajes en períodos de crisis, porque el Estado, con sus costos rígidos sigue demandando más y más recursos desde los sectores productivos, a través de impuestos, cargas sociales, altos costos de energía y servicios, así como limitaciones logísticas por falta de inversión y de condiciones operativas.
Y precisamente en este contexto uno de los grandes temas pendientes para quedar en mejores condiciones cuando se presenten las bajas cíclicas es la reforma del Estado, de incidencia decisiva en el denominado costo país, sin que las sucesivas administraciones de gobierno hayan abordado esta problemática en el marco de un proyecto integral y contundente en sus objetivos, simplemente porque no se ha querido pagar el costo político de hacer lo que se tiene que hacer frente a los lobbies de gremios de funcionarios públicos, instituciones y grupos de poder que viven “prendidos” históricamente del Estado.
Así, al cabo de quince años de gobierno del Frente Amplio, en que contó con mayorías parlamentarias propias, no se puso en marcha la que fuera anunciada en su momento como la “madre de todas las reformas” del Estado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y nada hace pensar que por mejores intenciones que se tenga, en el gobierno de Luis Lacalle Pou –jaqueado desde un primer momento por la pandemia y las urgencias de la hora– pueda abordarse este tema, cuando además los grupos de presión siguen moviéndose a sus anchas y escudándose en el statu quo para seguir con más de lo mismo en la diversidad de las áreas del estado.
Como es sabido, en la primera administración de gobierno de la coalición de izquierdas aquella supuesta reforma se fue diluyendo hasta quedar en la nada, solo en los anuncios, porque al decir del expresidente José Mujica, “no se la llevaron” los mayores aliados del Frente Amplio en el gobierno, los sindicatos y grupos radicales basados en ideologías de izquierda sesentistas que –lejos de avanzar en la misma dirección que por lo menos insinuó Vázquez– siempre han querido llevar a un Estado omnipresente y a un modelo de partido único, como el Partido Comunista, en el que el Estado concentra todo el poder y rige vida y obra de los ciudadanos, incluyendo las libertades más elementales.
También le “trancaron” a Vázquez en su segundo gobierno, que terminó el 29 de febrero, una reforma “del ADN” de la educación y, lejos de ello, aquellos dirigentes y formadores elegidos para llevar adelante este proceso, debieron renunciar a las primeras de cambio porque –también revalidando el statuo quo regido por los gremios de la educación– no permitieron ningún cambio que valiera la pena, en el entendido de que en todo caso podrían ser evaluados y por lo tanto condicionarse la afectación de recursos a los resultados que se obtuvieran.
Las urgencias son malas consejeras para poder llevar adelante lo importante, y mucho más aún cuando en circunstancias como las actuales, los esfuerzos se concentran en paliar los efectos de la pandemia antes que estar en condiciones de trazar un rumbo más o menos cierto cuando la incertidumbre ha ganado al mundo, y por lo tanto queda una vez más reafirmado, por si hacía falta, que en el período de bonanza que comenzó a revertirse a partir de 2014 se perdió una oportunidad inmejorable para una reforma del Estado, fundamental para que el Uruguay pueda generar un crecimiento con desarrollo sustentable, más allá de los avatares de los ciclos económicos.
Esta premisa es válida para todo gobierno, del signo que sea, sobre todo porque implica reducir el peso del Estado sobre los actores reales de la economía, atacar su ineficiencia e incorporar decisiones para que la actividad privada impulse el motor de la economía mediante inversiones imprescindibles para reciclar recursos dentro de fronteras.
Un Estado ineficiente y costoso conlleva necesariamente tener que recaudar más para poder mantenerlo, lo que no se ha podido o querido hacer en estos últimos quince años y se ha llevado el déficit fiscal a más del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), sin recursos y espalda financiera para sobrellevar las consecuencias de la pandemia.
Sin un consenso político para implementar una reforma significativa del Estado –los gremios y la burocracia estatal siempre van a estar en contra– y en una coyuntura adversa para innovar ante las urgencias, el margen de maniobra real de todo gobierno es muy limitado, como lo es precisamente el del que encabeza Luis Lacalle Pou.
Pero sí hay medidas que pueden y deben implementar: acotar el gasto estatal a lo realmente necesario y dejar por el camino los abusos en erogaciones superfluas que se cargan sobre las espaldas de todos los ciudadanos y además mejorar la gestión de los organismos del Estado desde arriba hacia abajo, desde las máximas jerarquías con responsabilidades políticas pasando por mandos medios y toda la escala de funcionarios.
En esta escala, sobre todo desde arriba, la constante de todos los gobiernos ha sido el colocar en puestos clave a personas de confianza política, priorizando este aspecto sobre la gestión, y en este caso el actual gobierno no ha sido una excepción, porque además el anterior se ocupó de asegurarse de que quedaran en mandos medios y otras jerarquías personas de su confianza y afinidad ideológica.
Esta forma de actuar de los que estuvieron y de los que están no es un buen marco para mejorar la gestión. La diferencia deberá surgir de las exigencias que se planteen al respecto desde la propia Presidencia de la República, de sus directos colaboradores y así sucesivamente. Algo para empezar, si se hace bien, como aparentemente se ha tratado de hacer hasta ahora, pero que lamentablemente aparece como insuficiente ante la magnitud de las reformas que deberíamos darnos los uruguayos en nuestro Estado altamente demandante de recursos pero muy poco propenso a devolverlos en servicios y acciones en beneficio de la población.

→ Leer más