Año: 2020

Esta semana llegó al país la primera de las dos unidades Hércules C-130 H, adquiridas por nuestro país al gobierno de España y, como no podía esperarse otra cosa, se reactivaron los cuestionamientos desde la oposición acerca de esta operación, en la que se invirtieron 21 millones de euros, con más un millón adicional en repuestos. Todo ello pagadero en tres cuotas. El primer cuestionamiento es el monto que se destinó a esta operación, muy pocos meses después que el mismo gobierno se desprendiera de otro avión, con otras características, otras dimensiones y, en definitiva otro tipo de usos a los que destinarlo, por lo que, en suma, no tiene punto de comparación una cosa con otra, salvo porque se trata de “máquinas que vuelan”.
Cabe, en todo caso, preguntarse por la oportunidad del gasto en plena pandemia, cuando se sabe que la economía está sufriendo embates y que el estado debe asumir erogaciones extraordinarias para ayudar mediante subsidios y otros instrumentos a diferentes sectores para que se mantengan a flote. Aquí, como argumento a favor de la compra, puede pesar el sentido de la oportunidad, es decir, que hay negocios que se presentan en determinadas circunstancias y se aprovechan o no. En este caso la oportunidad se presentó porque España estaba sacando de operación su flota completa de Hércules para pasarse a unidades más modernas y esto supone mejores condiciones que si fuese Uruguay el que saliera al mercado a buscar un avión de este tipo.
Otro de los cuestionamientos refiere a la antigüedad de los aparatos, al punto que se los ha señalado como “reliquias” o “chatarra”, pero, ¿es esto tan así? Sin ir más lejos, este lunes la página especializada española Gaceta Aeronáutica (gacetaeronautica.com), publicaba un artículo firmado por José Luis Lezg, donde comentaba la salida de los aviones Hércules C-130H, a los que definió como “la espina dorsal” de la flota de transporte del Ejército del Aire.
En efecto, el primero de los 12 aviones Hércules C-130H se incorporó en noviembre de 1973 y durante los años 80 se completó la adquisición. Destaca Lezg que durante los años 90 toda la flota se sometió “a un proceso de modernización, actualizando principalmente equipos de aviónica, navegación y algún elemento estructural”.
Agrega que “en 47 años de servicio los Hércules han realizado unas 210.000 horas de vuelo y como media cada avión tiene sobre 17.000 horas de vuelo. Son aparatos que gracias a los cuidados con los que han sido operados y al continuo meticuloso mantenimiento del personal de tierra, se encuentran en un excelente estado” y sostiene que toda la flota “podría continuar operativa durante muchos años más”. En este sentido menciona que “Reino Unido dio de baja sus Hércules con más de 35.000 horas de vuelo por célula” y que “no resulta complicado encontrar por el mundo aviones con 50.000 y 60.000 horas de vuelo que siguen operando con normalidad”.
Pero una vez arribado ya el primero de los dos aeroplanos a suelo uruguayo, nos encontramos con una serie de trascendidos que vienen a traer nuevas preguntas acerca de la adquisición. En concreto, el legislador opositor Gerardo Núñez, quien citó un párrafo del informe en minoría del integrante del Tribunal de Cuentas que se opuso a la compra de los aviones. En ese párrafo se recoge parte de un informe de la asesoría jurídica de la Fuerza Aérea, en el que se cuestiona que el Reino de España no haya aceptado designar la intervención de un tercero en caso de controversia, así como que ese estado no acepte responsabilidad y no brinde garantía sobre los aviones, lo que considera un “extremo objetable”.
Más allá de la filiación política del diputado que plantea los cuestionamientos, le asiste razón al transmitir estas inquietudes que son las mismas que a escala doméstica podría plantearse alguien al adquirir un bien automotor de uso familiar. Y, acaso, si en esas circunstancias es válido que alguien compre un auto en las condiciones en que se encuentra y sin garantía, después de hacerlo revisar por un mecánico de confianza, por supuesto, no es el tipo de trato que uno espera se lleve adelante entre dos estados y la responsabilidad por aceptar o no el trato es, como siempre, del comprador.
Ante estos cuestionamientos, García respondió afirmando que “El Partido Comunista y el diputado Núñez no creen en las Fuerzas Armadas y no están de acuerdo con que haya Fuerzas Armadas que estén armadas. Prefieren fuerzas desarmadas. Es una cuestión ideológica”, según publicó Montevideo Portal.
Agregó el ministro que el gobierno “cree en la institucionalidad” y en la función que deben cumplir las Fuerzas Armadas al servicio del país, “como hicieron estos aviones Hércules que, en plena pandemia, repatriaron centenares de uruguayos para unirlos con sus familias, que hacen traslados sanitarios o de laboratorios, como trasladamos al Interior del país en medio de la pandemia o para participar de rescates humanitarios. Eso es parte de la institucionalidad”.
García insistió en que “creemos en la institucionalidad y, dentro de la institucionalidad democrática y republicana, nuestra Constitución prevé Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad”.
Estas respuestas no son aceptables, puesto que el ministro olvida que también forma parte de la institucionalidad y la democracia el contralor que debe ejercer el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y en este caso hubiese correspondido responder acerca de las condiciones del negocio llevado adelante por el Estado. Si hay un error en la información que manejó el diputado Núñez, desmentirlo, y si en cambio, fueron esas las condiciones en las que se llevó adelante la transacción, asumirlo.
“Es la hora de hacernos cargo”, dijo el 1º de marzo el presidente Luis Lacalle Pou. Es momento de demostrarlo en los hechos, señor ministro.

La problemática de la seguridad social en nuestro país es abordada actualmente en una primera fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años.
Aunque no fue motivo de énfasis por ninguno de los partidos que comparecieron en las elecciones nacionales, la problemática de la seguridad social y sobre todo su financiación de cara al futuro es un factor omnipresente cuando hablamos de los recursos del Estado.
El que se le haya soslayado en la campaña tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un tema captador de votos, tiene muchas espinas que indefectiblemente implican correctivos que no van a resultar simpáticos, desde que de una u otra forma habrá que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro en el que siempre hay damnificados o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que hay consenso en que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema.
Por lo pronto, debemos partir de la base de que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
En los últimos días, el trabajo de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) designada por el presidente Luis Lacalle Pou se está concentrando en audiencias con diversos grupos de interés respecto a la situación del sistema previsional.
Uno de los integrantes del grupo, economista Alvaro Forteza, dijo a El Observador que el aspecto que más le preocupa es lo que va a pasar con las personas más vulnerables a la hora de la jubilación en un futuro próximo, dado que ese grupo de población es grande y crecerá en los próximos años.
En este sentido el economista plantea que actualmente hay unos 1.500 millones de dólares transferidos al Banco de Previsión Social para las jubilaciones de estas personas pero que están siendo asignados en parte al pago de jubilaciones de alto nivel de ingreso.
Sostuvo asimismo que “hay todavía mucha gente que se jubila reconociendo a través de testigos y testimonio personal de años de trabajo. Y puede ser que lleguemos a jubilaciones enteras sin capacidad de registrar períodos de aporte o de servicio basadas en estos mecanismos un poco menos formales”.
“Cuando uno mira los aportes de contribución en estos registros, el panorama es bastante preocupante. Hay frecuentes lagunas en la contribución de mucha gente, especialmente en la de menores ingresos”, señaló, en tanto evaluó que “es previsible que ese problema se note en forma creciente en los próximos años. Otra dimensión que importa es que hay gente que tiene ingresos bajos a lo largo de toda la vida y va a llegar a jubilaciones bajísimas financiables con sus aportes, inferiores a la jubilación mínima actual. A esa gente habrá que subsidiarla, como ahora pero a muchos, y habrá que evaluar el costo de eso”.
A esta altura hay que tener en cuenta, que nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 a una estimación de 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se estima en 9,21 para 2020.
Vienen a cuento en este análisis aportes formulados por Guillermo Tolosa, director ejecutivo del instituto de estudios económicos Ceres, quien considera que el “gran elefante blanco” que tiene el Estado uruguayo es la seguridad social, que implica un 35 por ciento del gasto estatal.
Dijo que este gasto incluso es elevado en la comparativa internacional respecto a países de estructura demográfica semejante, al punto que se duplica en promedio respecto a otros y consideró que “es un esfuerzo que está haciendo la sociedad uruguaya que tiene consecuencias positivas. No es un despilfarro y todos deberíamos estar orgullosos”.
Empero, destacó que desde 2008 el gasto en seguridad social aumentó un 70 por ciento, lo que equivale a un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mientras que en infraestructura el incremento fue del 0 por ciento.
Forteza, por su lado, al exponer el tema de los subsidios, señaló que “por ahora no hay propuestas porque estamos en la fase de diagnóstico, pero pienso que va a haber voluntad para hacer un sistema de jubilaciones de base no contributiva, es decir con financiamiento importante de Rentas Generales, que ya lo es hoy en día, pero habría que reestructurarlo para tapar huecos e integrarlo mejor a los pilares contributivos que existen y seguirán existiendo”.
Consideró además que podría tomarse como referencia el modelo sueco de pensión garantizada, para complementar pasividades mínimas, salvando las distancias entre la realidad de la nación nórdica y nuestro país.
Es decir, estamos ante la visión de uno de los técnicos dentro de la diversidad de la comisión, que cuenta con participación de todos los partidos políticos, y de ahí la importancia de recoger todos los puntos de vista y comparar números y perspectivas.
Pero por más que se da vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando en lo que refiere al apoyo para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
Este es un aspecto central en el análisis de la comisión de expertos, al conjugar la diversidad de componentes que inciden en la problemática, las asimetrías, la asignación intergeneracional de recursos y los avatares de la economía en cuanto a la capacidad de captación de recursos, en el marco de la premisa de garantizar la sustentabilidad del sistema.
Ello debe enmarcarse dentro de un entendimiento político interpartidario sin excepciones, ante un desenlace que se desembocará en un futuro más o menos cercano, y que se manifestará de todas formas, cualquiera sea el partido que esté en el poder.