Año: 2020

Mientras se encienden señales de advertencia sobre el casi seguro enlentecimiento de la transformación del sistema energético del mundo hacia una energía más limpia y sostenible, Uruguay ocupa el primer lugar del continente americano y el 11º a nivel global en energía renovable luego de Suecia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Austria, Reino Unido, Francia, Holanda e Islandia, según el Índice de Transición Energética 2020 del Foro Económico Mundial.
El documento, que se actualiza anualmente, es una evaluación comparativa de los sistemas energéticos como parte de la iniciativa de Fomento de la Transición Energética Efectiva del Foro Económico Mundial que además de comparar los sistemas de energía también mide su preparación para la transición energética.
El informe de este año señala que la transformación del sistema energético durante la última década, aunque más lenta de lo necesario para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, no ha tenido precedentes. No obstante, advierte que el impulso ganado con tanto esfuerzo ahora corre el riesgo de perderse, ya que la actual pandemia de COVID-19 continúa causando daños económicos y sociales.
“Más allá de la incertidumbre sobre sus consecuencias a largo plazo, COVID-19 ha desatado efectos en cascada en tiempo real: la erosión de casi un tercio de la demanda mundial de energía; volatilidades de precios del petróleo sin precedentes y posteriores implicaciones geopolíticas; inversiones y proyectos retrasados ​​o estancados e incertidumbres sobre las perspectivas de empleo de millones de trabajadores del sector energético”, plantea el documento para luego agregar que la crisis generada por la pandemia ha obligado a lo impensable y la sociedad ha debido renunciar a productos y libertades valiosas para abordar colectivamente el brote global.
Por otra parte, señala que la transición energética global se ha estado moviendo a un ritmo lento pero constante lo que se refleja en el índice ya que de los 115 países comparados, 94 –que contribuyen a más del 70% de las emisiones globales de CO2– han mejorado su puntaje desde 2015 y, en particular, 2019 fue un año histórico aunque el COVID19 podría dar lugar a cambios importantes en las prioridades a corto plazo.
Desde 2015, los países importadores de combustible han mejorado a un ritmo más rápido que los países exportadores de combustible priorizando cuestiones como sostenibilidad ambiental y la inversión en nueva infraestructura energética. En este contexto, es realmente importante para un país pequeño como el nuestro estar liderando en materia de energías renovables en el continente americano, muy cerca de países desarrollados con larga trayectoria en materia de performance ambiental.
En este sentido, el informe señala que con compromiso con el cuidado del medio ambiente y la producción sostenible, Uruguay desarrolló un modelo de inversión público-privado para impulsar el sector, que ha sido sumamente exitoso y hoy es replicado en diversos países.
En su índice anual, el Foro Económico Mundial distinguió a Uruguay como la nación americana más avanzada en la materia. Nuestro país destaca como la primera nación no europea en la lista, en un índice que pondera más de 40 indicadores y ordena a los estados con un puntaje de entre 0% y 100%. Uruguay obtiene una puntuación general de 67%, con un desempeño de su sistema energético evaluado en 75% (solo por debajo de Suecia y Noruega) y una preparación para la transición energética evaluada en 59%.
El volumen de inversión en infraestructura para transformar la matriz energética –más de 7.800 millones de dólares entre 2010 y 2016– es muy relevante si se la compara con otros países, lo que ameritó que en 2018 Uruguay fuera reconocido como una de las naciones líderes en la producción de energía eólica y solar por REN21, respaldada por la ONU para promover la energía renovable en todo el mundo. Además, como bien señala una publicación reciente de Uruguay XXI, la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena) ha citado la experiencia uruguaya como uno de los ejemplos de manejo exitoso de sistemas eléctricos con alta participación de energías renovables.
El despegue energético renovable uruguayo no ha ocurrido espontáneamente sino que se basa en la existencia de políticas de Estado, el establecimiento de normativa en el contexto de un marco jurídico que garantiza reglas de juego claras y, fundamentalmente, la delimitación de un rumbo claro sobre hacia donde ir. Recordemos que a fines de los años 90 y principios del 2000 el sector energético uruguayo estaba sumamente golpeado, fundamentalmente por su dependencia casi exclusiva de la energía hidráulica y del petróleo que se importaba para suplir los faltantes hidráulicos. Se había apostado al gas natural de Argentina –una de cuyas entradas al país se fijó por Paysandú— pero pronto el vecino país no estuvo en condiciones de seguir exportando.
El nuevo diseño energético para Uruguay, hoy mirado con curiosidad y admiración desde el exterior, creó oportunidades no sólo para aquellos que desean generar energía a partir del viento para su propio consumo, sino también la generación eólica a gran escala mediante la instalación de parques eólicos conectados a la red de transporte de energía eléctrica. Este diseño desde cero de una reconversión energética ha generado también un importante conocimiento acumulado que las empresas también están aprovechando, por ejemplo en el asesoramiento a otros países a partir de su propio know-how acumulado.
Haber podido concretar la reconversión de la matriz antes de la presente pandemia –que seguramente frenará procesos de ese tipo en otros países– es un gran punto a favor y un aporte de tranquilidad no sólo para el gobierno nacional sino para los ciudadanos. No obstante, el cuello de botella para estos últimos sigue siendo el costo de la factura de los servicios de electricidad, un asunto que hoy toma nueva relevancia a medida que aumenta el desempleo debido a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.
No es un tema menor, ya que Uruguay también tiene el “honor” de encabezar la tabla de los mayores costos de electricidad en la región, tanto en el ámbito doméstico como industrial. Evidentemente, la mejora de la diversificación de la matriz, si bien ha asegurado el abastecimiento y una producción más económica y limpia, sigue sin trasladarse al bolsillo del consumidor sino exclusivamente a las arcas del Estado. → Leer más

Una de las primeras medidas que el gobierno departamental adoptó en Paysandú al comienzo de la emergencia fue la clausura de los espacios públicos que dependen de su gestión. Hasta etimológicamente estaban en el centro de la discusión en torno a esta enfermedad: “público” y “espacio”, las claves del distanciamiento social que se entendió como el arma para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
El propósito de esta medida fue desestimular las reuniones y la concentración de personas. Rápidamente empezaron a aparecer denuncias, tanto a la propia Intendencia, como a la Policía y no faltaron quienes se manifestaron a través de redes sociales y en la página de Cortocircuitos Ciudadanos, expresando reclamos por la presencia de personas que se encontraban reunidas en esos espacios.
Pero esta polémica no es nueva en realidad, recordemos que hace relativamente poco tiempo otra administración había creado una zona de exclusión vehicular en varias cuadras alrededor de la plaza Artigas a partir de los reclamos de los vecinos del lugar por los ruidos molestos, y previamente también se había prohibido la permanencia de grupos de jóvenes en los canteros entre Washington y el Obelisco.
Los espacios públicos y el uso que hacemos de ellos son una parte importante de la vida en la ciudad, por lo que amerita detenernos un minuto a pensar en nuestros espacios públicos y cómo se gestionan, qué nos ofrecen y qué necesitan mejorar para beneficio de la comunidad.
Es un tema que a veces se pierde en las agendas de por estas latitudes, tantas veces preocupadas por asuntos más urgentes, postergando los importantes.
El tema en el mundo se considera tan sensible que Naciones Unidas incluyó entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible la meta 11.7, referida justamente a la gestión urbana de los espacios públicos. La prioridad que se planteó en esa meta es clara: “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.
En octubre de 2016 se realizó una conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (conocida como Hábitat III), en la que se elaboró el documento “Nueva Agenda Urbana 2”, en el que se establecieron prioridades, aspectos críticos y recomendaciones al respecto de la gestión de los espacios urbanos.
En ese documento se enfatizó en algunas características que se pretende de los espacios públicos, los que se espera que sean: seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, que creen las condiciones adecuadas para las familias; que contribuyan a mejorar la interacción social e intergeneracional; que contribuyan a las expresiones culturales; que contribuyan a la participación política; que fomenten la cohesión social; que fomenten la inclusión; que fomenten la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas. Pero además que sean espacios donde se satisfagan las necesidades de todos los habitantes y espacios donde se reconozcan las necesidades específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
Muchas veces el debate por acá se limita a la infraestructura y sus condiciones, por ejemplo, si las fuentes están funcionando, la iluminación, el estado del césped y la higiene en general, pero se pasan por alto otros aspectos que bien podrían estudiarse, como por ejemplo a qué contenidos culturales y de entretenimiento se accede mientras se está en una plaza, por ejemplo, o a qué tipo de alimentos.
Otra discusión que se está dando de forma muy limitada es la del uso de otro espacio público urbano: la calle.
Recientemente, el 3 de junio, se celebró el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha que instituyo la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2018 con el objetivo de poner en relieve los cambios necesarios en la movilidad de las ciudades hacia un esquema más sostenible.
Hoy muchas ciudades están viendo en la bicicleta una alternativa al uso del transporte público para disminuir el riesgo de contagio entre su población, por lo que ha tomado cierto nuevo empuje (que ya traía de todos modos), la búsqueda de estrategias que fomenten el uso de la bicicleta como medio de transporte, es decir, apartándose de la idea generalizada en nuestra comunidad que ve a la bicicleta como un medio únicamente para la distracción y el paseo, basta ver dónde se ubican los únicos dos tramos de ciclovía que existen en Paysandú.
Internacionalmente se consideran distancias “pedaleables” las que son menores a 10 kilómetros desde el domicilio hasta el lugar de trabajo o de estudio. Claramente es una distancia que comprende prácticamente cualquier lugar dentro de nuestra ciudad.
El Día Mundial de la Bicicleta, expresa Naciones Unidas, “invita a los Estados Miembros a mejorar la seguridad vial y a integrarla en la planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte, en particular mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con el fin de obtener resultados más amplios en materia de salud, en particular la prevención de lesiones y enfermedades no transmisibles”.
De cara a este último tramo de campaña electoral hacia la renovación del gobierno departamental –y con un ambicioso proyecto de obras a consideración–, es deseable que todo esto sea tenido en cuenta en el debate. → Leer más