(Presidencia)
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó un balance económico de 2020 y presentó las perspectivas macroeconómicas para el año en curso. Explicó que se destinaron 1.217 millones de dólares para atender la crisis sanitaria por COVID-19, lo que representa un 2,3% del Producto Bruto Interno (PBI), y “Vamos a seguir apoyando el combate a la pandemia”, aseveró, y añadió que “tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras que nos hacen pensar que lo peor quedó atrás”.
Arbeleche informó que al 31 de diciembre del año pasado, y mediante el mecanismo del Fondo Coronavirus, que fuera votado en forma unánime por todos los partidos políticos con representación parlamentaria para hacer frente a la pandemia, las erogaciones alcanzaron los 711 millones de dólares, equivalentes a 1,3% del PBI. Este monto está alineado a la exposición de motivos de la presentación del presupuesto nacional, apuntó. Sobresalen en el referido monto el seguro de desempleo (238 millones), la reasignación de aportes (213 millones), medidas del Ministerio de Desarrollo Social (144 millones) y en salud (48 millones).
La integrante del Poder Ejecutivo sostuvo que la rápida respuesta del Gobierno permitió enfrentar la pandemia y mitigar los impactos económicos y sociales. En ese sentido, enumeró las medidas de apoyo al sector productivo con foco en las medianas y pequeñas empresas. Citó la exoneración del 40% de los aportes patronales y personales y el aplazamiento del vencimiento de tributos.
Además, recordó el seguro de desempleo y los subsidios a monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la exoneración de aportes patronales en transportes escolares, organización de eventos, agencias de viaje y transporte turístico y medidas aplicadas en la actividad turística, como el impuesto al valor agregado (IVA) cero a hotelería, la devolución de nueve puntos de IVA en arrendamiento de vehículos y gastronomía, entre otras. Arbeleche dijo que en los tres primeros instrumentos se verificó un incremento del 56% en las transferencias de 2020 en relación con el año anterior. Esto no incluye a Tuapp, que es una herramienta nueva. En cuanto a la totalidad de las transferencias, estas alcanzaron un incremento del 40%. En 2019, llegaron a 602.000 beneficiarios y en 2020, a 841.000, básicamente titulares y menores. Si se considera a otras personas en contextos de vulnerabilidad, la cifra supera los 1,1 millones de personas.
Al seguro de desempleo tradicional, se le sumó el parcial y flexible, fueron incorporados con el objetivo de que la actividad económica continuara funcionando, aún a una velocidad diferente. Esto se mantiene con horizonte al 31 de marzo, expresó. En 2020 el 60% de quienes accedieron al seguro de desempleo lo hicieron por concepto de suspensión de tareas, mientras que en 2019 el 66% de los trabajadores recurrió al instrumento por motivos de despido.
Consultada acerca de por qué se decidió modificar la referencia del índice de precios al consumo (IPC) por el índice medio de salarios (IMS) para el cálculo de la BPC, indicó que se tomó esa opción porque permite mantener la contribución tributaria del impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF). Enfatizó que “no se recauda ni más ni menos” y agregó que el promedio es neutral porque la recaudación es la misma.
NUEVAS CONSTRUCCIONES
(PRESIDENCIA)
La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, presentó el Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales, que permitirá facilitar y dinamizar la construcción de viviendas en todo el país a menor costo y con un plazo máximo de resolución de 90 días. En la oportunidad, dijo que se debe otorgar soluciones habitacionales dignas a la población.
Moreira indicó que el objetivo de la propuesta es agregar el mayor número de soluciones habitacionales posible y que existen sistemas alternativos más económicos que permitirán llegar a la población que lo necesita. Mencionó que en el país existe un déficit que alcanza las 70.000 viviendas, que significan 650 asentamientos. “Hay mucho por hacer”, sostuvo.
El registro presentado en la jornada es “una puerta nueva” para cualquier sistema constructivo no tradicional que cuenten con la certificación normativa europea, chilena, argentina, brasileña, y uruguaya (disponible en nuestro mercado desde hace 2 años). “Si un producto me permite construir a menor valor y a un ritmo más rápido, podemos apostar a ello”, anunció la ministra.
La jerarca aclaró que la herramienta no se opone al documento de aptitud técnica (DAT), sino que brinda posibilidades a los nuevos sistemas constructivos no tradicionales con respaldo de normas europeas y americanas con una antigüedad mayor a los dos años, para habilitar su registro en la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) e iniciar el trámite de registro del producto.
BAJAN ACTIVOS DE COVID-19
(SINAE)
Uruguay registró ayer lunes 342 casos nuevos de coronavirus sobre un total de 5.632 tests realizados, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Estas cifras dieron una tasa de positividad de 6,1%.
La cantidad de pacientes que cursan la enfermedad bajó en casi 400 entre el domingo y ayer hasta 5.476, desde 5.845; el número de internados en CTI se redujo a 75 (el domingo eran 81).
Al comparar con dos semanas atrás, el número de casos activos de coronavirus bajó en más de 2.000 (el lunes 25 de enero había 7.508). De los casos nuevos, 199 fueron de Montevideo, 40 de Canelones, 17 de San José, 16 de Rivera, nueve de Colonia, nueve de Salto, nueve de Soriano, siete de Durazno, seis de Cerro Largo, seis de Maldonado, seis de Tacuarembó, cinco de Lavalleja, cuatro de Artigas, cuatro de Paysandú, cuatro de Treinta y Tres y uno de Río Negro.
La totalidad del país se ubicó en zona de riesgo naranja, de acuerdo al índice de la Universidad de Harvard, que mide la cantidad de casos nuevos detectados en promedio en los siete días previos por cada 100.000 habitantes. Este indicador para Uruguay se situó en 14,42 (la zona naranja va entre 10 y 25).
En la franja naranja se ubicaron los departamentos de Tacuarembó, Montevideo, Rivera, Durazno, Lavalleja, San José, Maldonado, Rocha y Canelones. En la franja amarilla se situaron Cerro Largo, Colonia, Soriano, Paysandú, Salto, Artigas, Florida, Río Negro y Treinta y Tres. En zona verde estuvo, únicamente, Flores.
El R –que mide la cantidad de personas que contagia cada infectado– se ubicó este lunes en 0,92, ligeramente por encima del 0,91 registrado en las últimas jornadas, de acuerdo a los cálculos del GACH (Grupo Asesor Científico Honorario). Hubo siete nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Fueron cuatro pacientes de Montevideo y tres de Canelones, de entre 59 y 93 años.
El director de Tránsito Lucas Facello “ante decenas de llamados telefónicos que diariamente recibimos en la Dirección” recordó que por resolución del Congreso de Intendentes de setiembre de 2020, “acordó aceptar la sugerencia de la Comisión Asesora de Tránsito prorrogar la vigencia del Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC) de modo unificado hasta el 30 de abril venidero” para aquellos permisos que hayan caducado con posterioridad al 31 de enero de 2020.
Integrantes de la Comisión Intersectorial pro Puerto de Paysandú (Cipup) mantuvieron una reunión con los delegados uruguayos en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Mario Daniel Ayala, Miguel R. Feris y Roberto Pérez Rodino, así como el administrador del puerto sanducero Jorge Granja, el presidente de la Junta Departamental, Braulio Álvarez y Mauro Appratto, de la Dirección de Desarrollo de la Intendencia, en torno a planteos sobre la problemática portuaria y el transporte fluvial.