En los últimos treinta años creció la delincuencia en América Latina y las nuevas democracias no han resuelto el problema. En el ínterin, los sucesivos gobiernos han brindado estadísticas a la población junto a una suerte de comparación con administraciones anteriores. Nada que no ocurra en Uruguay, así como en el resto de la región.
Lo real es que la percepción ciudadana va a contrapelo de las estadísticas, de los discursos políticos y, muchas veces, de la realidad.
A modo de ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) señaló a finales del año pasado que el crimen organizado creció particularmente en Uruguay, Ecuador y Chile.
El informe hace hincapié en que casi la mitad de los homicidios ocurridos en el país durante el 2021 tuvieron como motivo el crimen organizado o los enfrentamientos entre bandas criminales.
Sin embargo, en Ecuador el incremento es “más preocupante” por la brecha aún mayor y con más rapidez de estos delitos. En el comparativo de la región aparece Argentina. Contrariamente a la divulgación mediática de los crímenes que mantienen mayor espacio en los medios de comunicación, la Undoc asegura que el vecino país se encuentra muy por debajo de otros cercanos, con 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Es menor, por ejemplo, al compararlo con Brasil que mantiene un índice de 21 asesinatos.
La diferencia se encuentra en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con un promedio de 10 asesinatos cada 100.000 personas y el crecimiento del sicariato.
Sin embargo, es elevada la tasa de impunidad –en torno al 40%– que presentan los homicidios. Así como la percepción en la ciudadanía en general, que sostiene que la tasa de homicidios es engañosa, en tanto no demuestra la realidad de todos los días.
Ocurre que la estadística, pura y dura, no es un tema de discusión en las veredas. Y muchas veces no interesan los porcentajes, sino el entorno de cada caso, un contexto personal, familiar o barrial. Cada individuo juzgará de acuerdo a su circunstancia y aunque las matemáticas digan otra cosa, esa situación se transformará para una persona en el cien por ciento de los casos.
Los hechos violentos también deciden el voto en las elecciones nacionales y Uruguay tiene experiencia en la materia. Incluso sirven para que los dirigentes políticos instalen discusiones en la población, como los allanamientos nocturnos, la cadena perpetua, el incremento de penas o la posibilidad que el Ejército ayude a la Policía en el combate al delito. Cada tanto se transforma en olas que vuelven sobre los titulares, tal como ocurre por estos días.
El asesinato de una adolescente de 14 años a fines de diciembre y el de un niño de 8 años la semana pasada, tuercen la agenda de temas por su impacto social, así como las voluntades de aquellos que reclaman mano dura.
Es decir, a mayor cantidad de criminalidad organizada, existe una menor percepción de seguridad en las calles. En general, se amplía la brecha de resiliencia de los países contra los delitos basados en el narcotráfico. Y tampoco es un asunto de la estadísticas sino la realidad que demuestra una mayor tecnificación, especialización en delitos informáticos y en armamento, que obligan a las instituciones a una adecuación continua.
Uruguay hoy tiene un aumento de la actividad criminal con el comercio de la cocaína que subió con respecto a la última medición internacional de 2021.
El Índice Global de Crimen Organizado 2023, realizado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, señala que el país es “un actor pequeño en el mercado de la cocaína en comparación con sus vecinos” y “todavía sirve como país de tránsito para las drogas con destino a Europa”. Apunta como una problemática que la instrumentación sobre las regulaciones para el comercio legal de la marihuana ha sido “lenta” y eso permitió que las bandas narcotraficantes se encarguen de la demanda insatisfecha.
Uruguay adolece de un cortoplacismo que dificulta la instrumentación de políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. En general, el cálculo es a cinco años y el enfoque cambia con el siguiente gobierno.
Es hora de que la dirigencia política cambie el tono de la discusión de los temas y se transformen en actores proactivos. En última instancia, están colocados por la ciudadanía en sus respectivos lugares, tanto desde el gobierno como en la oposición.
Deben existir, a pesar de las diferencias ideológicas, acuerdos interpartidarios que se comprometan a instalar verdaderas políticas de prevención y represión del delito que se mantengan, conforme pasen los gobiernos. Y ese punto es un aspecto que aún no ha logrado afincarse en la política uruguaya. En líneas generales, juegan con el lapso que dura un hecho delictivo en la memoria colectiva y nuevamente instalan las discusiones desde el punto de vista de “la culpa la tiene el otro”.
Es probable que el ministro Nicolás Martinelli haya utilizado otro tono en su comparecencia parlamentaria, con un análisis en las políticas desplegadas por los gobiernos anteriores desde el comienzo de la democracia hasta nuestros días. La primera etapa basada en la represión y “tímidamente en las causas”, dio paso a los períodos frenteamplistas enfocados en la prevención, pero “dejó de lado la represión”. Ambos casos registraron incrementos de la delincuencia, por lo que el ministro destacó que las experiencias anteriores dieron paso a un “enfoque dual”. No es novedoso el trabajo sobre las causas del delito, pero tampoco el hecho de que los gobiernos anteriores no han tenido éxito sobre el avance del narcotráfico. Por lo tanto, sobre las causas y consecuencias del delito que incrementa la cantidad de niños baleados.
Desde hace varias administraciones que los gobiernos se sumergen en un proceso de prueba y error, con una mezcla de opiniones político-partidarias, técnicas y académicas que dificultan una visión amplia del problema, que es la inseguridad ciudadana como el tema principal de las encuestas desde hace varios años en un país pequeño y con una población estancada.
El tono de disputa continua no permite visualizar –si es que hay– una solución. Porque los dirigentes se esfuerzan por demostrar sus visiones políticas contrapuestas.
Y mientras esto ocurra, la experiencia ya enseñó que continuaremos hablando siempre de lo mismo.
De acuerdo a lo informado por autoridades de UTE, el ente estatal tiene previsto abordar durante el primer semestre del año en curso licitaciones públicas con el fin de construir dos parques solares fotovoltaicos que serán de su propiedad, y que insumirán una inversión del orden de los 100 millones de dólares, tal como en su momento había adelantado la presidenta del Directorio del organismo, Silvia Emaldi.
Hoy, en el marco del ciclo de cine que ofrece a los sanduceros la 36ª Fiesta de la Prensa, se exhibirá la película “El Tren”, inspirada en un hecho real y destacada por sus peligrosas escenas y efectos visuales.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sostuvo que mejoró la situación del empleo en el país, con una tasa de actividad más alta y un descenso en los envíos al seguro de desempleo en diciembre. El secretario de Estado comparó las cifras con 2017, cuando se registró uno de los niveles más bajos de desempleo en los trabajadores pertenecientes al sector privado.
