Día: 10 de mayo de 2024

Recurrentemente surgen episodios que por su notoriedad, exponen una y otra vez la incongruencia y delirio de la normativa, hecha a medida de los activistas que solo ven el mundo con el color de su ideología y fundamentalismos, y que sin embargo han forjado en su momento la masa crítica que permitió en su momento que se pusiera en vigencia la ley 19.580.

En estos días, luego de que Romina Celeste Papasso y Paula Díaz reconocieran que la denuncia al precandidato Yamandú Orsi era falsa, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió un comunicado en el que pide cambios a la ley 19.580 de violencia basada en género.
“Los recientes hechos que se han difundido públicamente demuestran la necesidad de realizar profundas modificaciones al proceso penal y todas las normas que establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba que vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material, esenciales para que exista un proceso justo”, señaló la asociación.

“Las normas del Nuevo Código del Proceso Penal, la ley 19.580 y sus erróneas interpretaciones propiciadas por determinados operadores y organizaciones que reivindican la ideología de género, han venido limitando el poder de contralor de los jueces y la defensa para que se conozca la verdad, generando múltiples situaciones de injusticia”, agregó.
A su vez, la asociación señala que “la falta de garantías en estos casos notorios, que afecta a políticos de distintos partidos, son una ínfima parte de lo que ocurren todos los días en el sistema, siendo demostrativo de lo poco fiable que es privilegiar la versión de una parte por su género u orientación sexual”.
“Las garantías tradicionales en las sociedades democráticas son fruto de siglos de evolución del derecho, tendientes a asegurar la igualdad de trato de todos los seres humanos y la averiguación de la verdad para evitar situaciones de injusticia, siendo evidente que estas normas necesariamente deben ser modificadas, puesto que en la práctica se ha visto que están siendo mal aprovechadas para la persecución de fines espurios”, concluyó.

Por su parte, el integrante de la Asociación de abogados penalistas Juan Fagúndez, fue muy crítico con la ley y con el funcionamiento de Fiscalía a raíz de lo sucedido en el programa Santo y Seña en el que Díaz reconoció que la denuncia contra Orsi era falsa.

“Esto no da para más. Fiscalía, Poder Judicial Consultorio de la Universidad están siendo perforados por la miopía del Poder Legislativo respecto de la legislación que se acaba de definir en TV, como un instrumento que motiva simular, mentir, ganar dinero, etcétera”, expresó en su cuenta de X.
Según Fagúndez, la ley “ha creado un mercado de irresponsables y fanáticos ególatras que no pueden ver su propia patología. Mercado de organizaciones de las que, hoy, no vale la pena destacar, en virtud de las pocas que trabajan profesionalmente”.

“Un show entre transexuales pretende develar la verdad de sus propias mentiras y absolverse de culpas .Y sí, castigar su trama sería victimizarlos. Todo en nombre de la Ley 19.580”, concluyó.
Lo que es cierto, porque lamentablemente, se ha establecido por esta vía legal un statu quo de sobreprotección y hasta inmunidad implícita para determinados colectivos solo por su género o inclinación sexual, haciendo que no todos seamos iguales ante la ley, y sobre todo, incorporado a la mencionada normativa un apartado de reparación a las víctimas que es manejado por inescrupulosos como una vía para hacerse de dinero a través del pago equivalente a doce salarios del victimario o imputado, al amparo de la norma.
El Dr. Enrique Moller, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, reflexionó que “hace ya un tiempo largo venimos recibiendo de parte de socios y colegas no socios cuestionamientos sobre cómo se está aplicando esta Ley de Género, en los distintos ámbitos que atraviesa”, que van desde los juzgados de Familia a juzgados de Género y en la esfera penal.
Consideró que existe falta de garantías y puso como ejemplo el caso Orsi, en el que hay delitos inventados por integrantes del colectivo trans y por lo tanto amparados en esta norma, a la vez que destacó que sin dudas uno de los artículos más cuestionables es el que indica en la ley 19.580 que “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género”, por lo que cualquier duda, real o hábilmente deslizada por la parte interesada, favorece a la mujer.

En cuanto a la reparación con doce salarios, subrayó al semanario La Mañana que no sabe por qué en realidad incorporaron ese artículo en la ley. “En definitiva trata de ser como una compensación y hoy en cierta forma se ve como un negocio”, dijo, a la vez de destacar que “no son 12 sueldos, son 12 ingresos mensuales del condenado o en su defecto 12 salarios mínimos”, por lo que “indudablemente la compensación económica es un tema que atrae”.
No cuesta mucho inferir, aún sin tener una firme formación jurídica, que la ley no solo es discriminatoria –además de resultar gratis para quien miente, porque no existe pena en su ámbito para una falsa denuncia– sino también inconstitucional, por cuanto desde su entrada en vigencia no todos somos iguales ante la ley, porque ello ya depende del sexo.

Encima, como bien reflexiona la senadora Graciela Bianchi, por esta ley “si no hay pruebas, la víctima siempre tiene razón. Eso es un derecho penal de autor, que juzga a personas por lo que son y no por lo que hacen, no como el derecho penal democrático, que juzga por lo que hacen”.
Son numerosos los casos de personas que han sido parte de un lobby que en aras de una ideología y de tratar de proteger a mujeres víctimas de violencia como fuera, se “bandearon” y lograron crear un monstruo que devora tanto a culpables como a inocentes, atropellando los principios básicos del derecho y la presunción de inocencia, en ancas en muchos casos de eslóganes ultrafeministas como “muerte al macho”, como vimos no hace mucho en Paysandú en la arenga pública de una activista frente a niños.
Es hora de que políticos de todos los partidos tomen nota de la realidad y den los pasos necesarios para corregir una ley que se llevó adelante contra viento y marea durante un gobierno de izquierda, que es el primer responsable de la barbaridad legal ideologizada que crearon.