El Parlamento aprobó cambios a la ley de prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle. La norma otorga facultades al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para la internación de esta población sin su consentimiento, en los casos de constatar la salud mental afectada por patologías siquiátricas o por consumo de sustancias. Entrará en vigencia dentro de 90 días. Por lo tanto, queda claro que será luego del presente invierno.
Desde un principio resultó un proyecto largamente discutido entre legisladores de la coalición multicolor y la oposición frenteamplista en ambas cámaras. Pero las polémicas sobre este tema no son nuevas, así como tampoco el problema que tienen que resolver los gobernantes al tratar a las personas en extrema vulnerabilidad por enfermedades mentales o consumo problemático de sustancias en las calles.
Conviene recordar que el expresidente José Mujica, a comienzos de su administración, propuso tratamientos especiales que incluirían instrucción militar o tareas en el campo a los adictos a las drogas y otras sustancias.
La primera resistencia vino desde dentro de su partido. A pesar de su objetivo inicial de querer provocar “algo de impacto” en el combate a las adicciones ante el incremento de la delincuencia, su proyecto era observado con cautela. Rechinaba, sobre todo, la parte del servicio militar que expuso durante una sesión de la Junta Nacional de Drogas.
La propuesta no era novedosa. Ya en la campaña electoral del año 2009 había presentado un planteo parecido que no llevó adelante su fuerza política. El Frente Amplio entendía que la iniciativa presentaba riesgo de caer en violaciones a los derechos humanos. En su momento, el veterano dirigente respondía a ese argumento: “El problema es que te tiran una parafernalia de derechos, que no sabés lo que es. Me rindo. ¡Hay una producción ‘abogadil’ en este país, brutal! Te agotan”.
Lo cierto es que el exmandatario quería “sacarlos del medio ambiente”, “tenerlos un poco aislados y que se cansen” y que hicieran trabajo físico. Desde dentro de su sector, el entonces diputado Víctor Semproni proponía la internación compulsiva y la posibilidad de que cualquier ciudadano presentara una denuncia que debería investigarse y si ameritaba, derivara en la internación del adicto. Pero también, resultó resistida en la bancada.
A los pocos meses de aquella propuesta, un grupo de familiares de personas adictas solicitaba la internación compulsiva e intentaba llegar al expresidente con un proyecto de ley. El entonces secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, calificó la propuesta de “una burrada” porque “no funciona”.
Durante el invierno del año siguiente, en 2011 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de internación de personas en situación de calle ante riesgo inminente de muerte o enfermedad grave. A principios de julio se registró la muerte de seis personas por una ola de frío y la oposición solicitó la renuncia de Ana Vignoli al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Algo que finalmente ocurrió.
Algunos legisladores de la oposición de entonces consideraron que “el derecho de ser protegidos en el goce de su vida” se encuentra en la Constitución de la República y no votaron el proyecto, pero alcanzaron la mayoría necesaria y finalmente quedó sancionada la ley de internación compulsiva de personas en situación de calle.
En los años posteriores la ley prácticamente no se usó, sino la persuasión para evitar consecuencias fatales.
La nueva ley posibilita al Mides a “solicitar al prestador de salud correspondiente y/o a distintos centros de atención médicos la hospitalización de personas que se encuentren en situación de intemperie completa, aún sin que éstas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.
La autoridad “deberá acreditar, previamente, mediante informe indicado por un médico, que las personas sujetas a hospitalización presentan un riesgo inminente para sí o para terceros y/o que el hecho de no hospitalizarlas pueda determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado que sólo pueda aplicarse mediante dicha hospitalización”. A partir de allí el protocolo de atención se cumplirá de acuerdo a la Ley 19.529 o conocida como ley de salud mental.
La nueva normativa sufrió transformaciones, en tanto el proyecto inicial establecía que un siquiatra debía avalar la internación y eso era un verdadero obstáculo para la aplicación de la ley, ante la imposibilidad de encontrar especialistas para la totalidad de los centros de atención a la salud. Ahora, con la redacción actual, puede hacerlo un médico general y acortan los tiempos.
En realidad, la ley reglamentada hace trece años y la reciente se complementan porque aquella se enfocaba al riesgo de vida por permanecer a la intemperie en el frío y la actual se enfoca a los aspectos vinculados a la salud mental.
No obstante, la sostenibilidad del proyecto en el tiempo requiere de recursos de todo tipo. Económicos, técnicos y de infraestructura, fundamentalmente. De lo contrario, mientras en la puerta de un centro de atención logran estabilizar al consumidor problemático, si éste no recibe un correcto seguimiento o derivación a un lugar de tratamiento, al ser dado de alta retornará a las calles por retomar su estilo de vida.
En Montevideo, ya se conoce el protocolo de actuación y la coordinación con los servicios que –incluso– funcionan durante 24 horas. Pero en el interior del país, los recursos no están repartidos en forma similar.
Es posible observar que los sucesivos gobiernos tuvieron dificultades para encarar esta problemática que afecta a una población por sus adicciones y se vincula con otras cuestiones, como la inseguridad ciudadana o el desorden público.
Pero hay que ver los resultados sanitarios. Porque esa persona tendrá –en algún momento– el alta de la hospitalización. ¿Hacia dónde se dirigirá?
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