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Las últimas semanas han estado marcadas por un progresivo deterioro de la situación económica en la República Argentina, realidad que debe preocuparnos en cualquier caso, pero especialmente si tenemos en cuenta la importancia que ese país tiene para Uruguay en varios ámbitos.
La manifestación más notoria de ese deterioro ha sido el default que se ha producido hace unos días. De acuerdo con una de las definiciones más corrientes y aceptadas, el default es “la situación financiera en la que un Estado no puede hacer frente a los pagos derivados de una deuda pública contraída, en la forma establecida en las condiciones de emisión, cesando los mismos”. A pesar de que el gobierno argentino ha tratado de quitarle dramatismo a la situación afirmando que se trata sólo de una renegociación de los plazos de pago, lo cierto es que el país vecino no respetó los mismos de acuerdo con el plan original pactado con sus acreedores. Según la agencia de noticias EFE para algunos funcionarios del gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, emplear esa definición en este escenario no es del todo correcto dado que, en esta oportunidad, dicho cese de pagos se da en medio de lo que su gabinete califica como un “impás” registrado mientras esperan que las negociaciones con los fondos de inversión lleguen a un estado de “madurez”. Sin embargo, Fernández aseguró, en declaraciones que ofreció desde Santiago del Estero, que su Argentina está en ‘default’’ desde antes de diciembre de 2019, cuando llegó a la Presidencia”. Como suelen decir los abogados: “a confesión de parte, relevo de prueba”.
El hecho que Alberto Fernández supiera de la delicada situación financiera de su país no hace más que agravar su responsabilidad, máxime teniendo en cuenta que el mismo asumió su cargo el pasado 8 de diciembre (tras un prolongado proceso electoral donde su victoria era clara) pero esperó a marzo de este año para presentar su primera propuesta a los tenedores de los títulos de deuda pública argentina, o sea a los acreedores a los cuales ahora se niega a pagarles en las condiciones acordadas originalmente. Gabriel Torres (vicepresidente de la calificadora de riesgo Moody’s para América Latina) ha destacado que “el Gobierno de Argentina incumplió un pago de intereses. (…) por lo que Moody’s anticipó que el panorama para la reestructuración de la deuda de Argentina muy probablemente se tornará más complicado”. El propio Torres fue claro a la hora de despejar dudas sobre la situación: “Veo mucho que se menciona que es un default técnico; no lo es. Argentina está en default”. El propio Torres confirma lo expresado por Alberto Fernández al destacar que esta situación de default fue iniciada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, porque según el funcionario de Moody’s “sabemos que va a suceder este default desde mitad del año pasado, el primer paso fue del gobierno anterior cuando hicieron el default de corto plazo. Un reperfilamiento para nosotros es un default. Porque todo cambió el pago de condiciones originales de la deuda”. En el mismo sentido el diario español “El País” fue claro y contundente al calificar la situación argentina: “la situación de default puede ser adjetivable, pero no discutible”.
Sin perjuicio de que la situación planteada es preocupante, la misma no alcanza a ser novedosa, ya que se trata del noveno default argentino en su historia como país independiente (dos de ellas en este siglo), al no realizar el pago de tres cupones de intereses por un total de 500 millones de dólares, lo cual estaba programado originalmente para ese día. Esos intereses tienen relación con bonos emitidos en el año 2016 los cuales se habían lanzado para poder salir de la situación de default creada en el año 2005. Para describirlo en forma sencilla pero gráfica: Argentina está “bicicleteando” su deuda y no tiene capacidad ni siquiera para poder pagar los intereses generados por la misma. De acuerdo con el diario argentino “Clarín”, “hoy se está entrando en default con bonos que se emitieron para salir de otro default. Debe ser difícil encontrar un antecedente igual en la historia de las finanzas mundiales”.
Ante esta situación, es importante tener en cuenta que la totalidad de la deuda externa de Argentina (323.192 millones de dólares estadounidenses) equivale al 90% del Producto Interno Bruto (PIB). Adicionalmente, y tal como ha informado EFE, “en los últimos 12 meses, la inflación en el territorio argentino llegó al 53% y la pobreza se elevó al 33%, lo cual ha influido en la capacidad del país para salir a financieramente a flote incluso desde antes de que su industria se paralizara a causa de la propagación del coronavirus”. De acuerdo con la agencia de noticias alemana Deutsche Welle, “solo en los últimos dos años, el endeudamiento estatal se ha elevado desde el 57 hasta el 90 por ciento del Producto Bruto Interno, no solo por la deuda contraída sino también por haber devaluado el peso. Un dólar cuesta hoy más de cuatro veces más que el peso a principios de 2017”. Para el diario español “El País” Argentina suma más datos a una situación económica que califica como “pavorosa” y menciona que Argentina “lleva tres años en recesión. En marzo, la economía se contrajo un 11%. Abril, mes completo de confinamiento, arrojará datos mucho peores. Para 2020 se espera una caída anual de la producción del 10%, como mínimo. A falta de crédito, el Banco Central está emitiendo 300.000 millones de pesos cada mes. El 70% del presupuesto se cubre ya imprimiendo moneda”.
Para colmo de males, la política de confinamiento total adoptada por Alberto Fernández para combatir la pandemia causada por el coronavirus COVID-19 ha causado y sigue causando profundos daños a la economía y a la sociedad argentina, los cuales se traducen en pérdida de millones de puestos de trabajo y en la quiebra de empresas que no lograrán superar un cierre de actividades que muchos países han descartado a nivel mundial. Queda claro que el default argentino no ha sido causado por el COVID-19, pero también queda igualmente demostrado que el confinamiento total no es el camino correcto para conciliar salud y fuentes de trabajo. Lograr ese equilibrio no constituye una tarea fácil, pero sin duda es necesaria, porque como lo ha indicado la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muchos trabajadores a nivel mundial “enfrentan un dilema que no puede ser resuelto: morir de hambre o por el virus”.
Resulta deseable que toda esta situación sea prontamente superada para devolverle a la propia Argentina y a varios países de la región la seguridad jurídica y el prestigio que deriva de cumplir con las obligaciones asumidas. Al fin y al cabo, cuanto más fuertes y sanos sean nuestros países, más beneficiosa para sus pueblos será la relación entre ellos. → Leer más

En tiempos del COVID-19, con la incertidumbre sanitaria y económica global, ha pasado casi desapercibida la decisión del gobierno de Alberto Fernández en el sentido de retirar a la Argentina de las negociaciones del Mercosur, con repercusiones contenidas dentro y fuera de la región ante la prioridad que implica la lucha contra la pandemia.
En el caso de Uruguay, la Cancillería acusó recibo de la decisión y concluyó que esta decisión no afectará los acuerdos concluidos con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio.
Argentina anunció que por el momento no continuará acompañando la agenda de negociaciones comerciales del Mercosur, en una reunión de coordinadores nacionales del bloque, celebrada en la tarde del viernes 24 de abril por videoconferencia.
La cancillería uruguaya a su vez emitió un comunicado informando que “esta decisión no afectará los acuerdos concluidos con la Unión Europea (UE) y con la Asociación Europea de Libre Comercio, ambos en etapa de revisión legal y cuya firma y remisión a los Parlamentos está prevista para este año”.
Asimismo, “en lo que refiere a las negociaciones en curso con Canadá, Corea del Sur, Singapur y el Líbano, la decisión argentina de no participación en las mismas no afectará la agenda prevista ni el objetivo de conclusión de estos procesos a fines de 2020”, agrega el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por otro lado, Cancillería dio cuenta que “la decisión argentina no afectará los procesos exploratorios en curso y que podrían concluir en el lanzamiento de nuevas negociaciones comerciales del Mercosur especialmente con Vietnam e Indonesia, ni los procesos de profundización de los Acuerdos en vigor con Israel, India y la Alianza del Pacífico”.
Paralelamente, destaca que Uruguay “reafirma su fuerte compromiso con la integración regional y con el rol de Mercosur como plataforma para la inserción económica internacional de sus Estados Parte”, y que por ello, continuará “trabajando conjuntamente con Brasil y Paraguay para la pronta y eficiente conclusión de los acuerdos comerciales en negociación y la búsqueda de oportunidades para realizar nuevos acuerdos”.
Ahora, se supo que la Cancillería de Alberto Fernández redactó el documento cuando se supo que Brasil, Paraguay y Uruguay continuarían negociando tratados de libre comercio con Corea del Sur, Canadá, India y el Líbano, pese al rechazo explícito de la Casa Rosada.
Desde el vecino país se indica que Alberto Fernández cree en la integración regional y apoya la continuidad del Mercosur, pero tiene profundas diferencias con Brasil, Paraguay y Uruguay respecto a las estrategias que deben ejecutarse para enfrentar en el Cono Sur las consecuencias económicas y sociales que derivarán tras la crisis del coronavirus.
El presidente argentino sostiene que la apertura económica será letal para el sistema productivo regional y por eso rechaza ahora la decisión de Jair Bolsonaro (Brasil), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Luis Alberto Lacalle Pou (Uruguay) de cerrar acuerdos de libre comercio con India, el Líbano, Corea del Sur y Canadá.
En Olivos igualmente explicaban que Fernández no trata de representar una posición ideológica estatista ante el pensamiento liberal aperturista de Bolsonaro, Benítez y Lacalle Pou, sino de plantear una perspectiva realista ante las consecuencias inevitables del paso de la pandemia por América Latina.
Así, el jefe de Estado del vecino país considera que firmar esos acuerdos con Corea del Sur, Canadá, India y el Líbano implicaría inundar al mercado argentino con productos extranjeros que pueden profundizar aún más la actual crisis del sistema industrial nacional. Y, a través del canciller Felipe Solá, exigió congelar esas negociaciones hasta nuevo aviso, según se indica desde la vecina orilla.
Es sabido que el Mercosur, en sus más de dos décadas de existencia, no ha cumplido ni por asomo con las expectativas que se habían generado en la región, tanto en lo que refiere a la integración regional como en la apertura comercial hacia el exterior, de lo que es claro ejemplo que en todo este período de existencia del bloque no ha suscripto ningún acuerdo de preferencia arancelaria o libre comercio con ningún bloque, lo que ha sido evaluado como un corsé para fomentar el intercambio comercial y el crecimiento de sus integrantes.
Pero peor aún ha sido la influencia del hecho de que con los gobiernos “progresistas” en los países del bloque, el Mercosur ha funcionado como un “club de presidentes amigos”, y en su momento la exclusión de Paraguay del bloque, para habilitar el ingreso de Venezuela, ha sido el ejemplo tan claro como irrefutable de esta postura.
El reciente advenimiento de gobiernos de corte liberal en la región ha permitido que por lo menos desde el punto de vista de la actitud se hayan rectificado posturas y buscado alternativas comerciales aggiornadas a los tiempos que corren, incluyendo la reactivación de las negociaciones con la Unión Europea, emprendidas hace más de veinte años y esta vez cercanas a un acuerdo, hasta que la pandemia puso en stand by toda negociación.
Pero no cuesta mucho inferir que las razones que argumenta la Cancillería argentina, aún teniendo en cuenta que la coyuntura no abona por ahora el innovar en materia comercial ante la incertidumbre económico financiera en los países del bloque y en el mundo, pasan en realidad por el caos que en materia económica enfrenta el país vecino, agravado por la decisión extrema del gobierno de Fernández de establecer una severa cuarentena obligatoria que contribuye a destruir lo poco que queda de la economía argentina.
En gran medida igualmente la cuarentena ha sido utilizada por el gobierno kirchnerista como excusa distraer la atención de los reales problemas del país, que inevitablemente recuperarán visibilidad una vez se deje atrás la coyuntura y se insista con el proteccionismo, los subsidios y las políticas asistencialistas, mientras en todo este período se le ha dado con todo a la máquina de imprimir billetes para repartir dinero para financiar la cuarentena suicida en que se ha paralizado toda actividad.
Este panorama indica que lejos de influir negativamente el no contar con Argentina para las negociaciones, estamos ante un elemento positivo para rectificar errores en la conducción política del bloque, de forma de que no prospere el intento del gobierno argentino de hacer primar la óptica proteccionista, y ampliar los lazos comerciales procurando preferencias para nuestros productos con lo que hasta ahora no hemos contado. → Leer más