El Banco Mundial (BM) ha dado a conocer un informe titulado “Inclusión social en Uruguay” el cual está centrado en distintos aspectos de la delicada situación de los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las mujeres (en particular, las jefas de hogar) y las personas trans. Teniendo en cuenta la temática de esta columna, haremos especial hincapié en los temas relacionados con el empleo.
1. Panorama general
De acuerdo con el informe, “Uruguay es un líder regional en el camino hacia la inclusión social. El crecimiento económico sostenido de las últimas décadas y la implementación de ambiciosas políticas redistributivas lo han convertido en el país más igualitario de América Latina. No obstante, algunos grupos siguen excluidos. Los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los hogares con jefatura femenina y las personas que se identifican como LGBTI+ son más susceptibles de ser excluidas”.
2. Afrodescendientes
Entre otros factores, “la participación en la fuerza laboral también tiende a diferir en función de la raza. Los afrodescendientes participan con tasas más altas en el mercado laboral, comienzan a trabajar a una edad más temprana y se jubilan más tarde que la población general, pero experimentan tasas más elevadas de desempleo y tres cuartas partes de ellos se ocupan en trabajos poco calificados y mal remunerados. Además, son menos propensos a encontrar trabajo en grandes empresas, en el sector público o el sector formal (donde se beneficiarían del sistema de seguridad social). (…) Manteniendo otras variables constantes, como el nivel educativo, el género, y el perfil socioeconómico de la familia, los afrodescendientes tienden a ganar 20% menos que otros uruguayos por el mismo tipo de trabajos. En total, ganan un tercio menos que los trabajadores no afrodescendientes, tendencia que ha empeorado entre el 2005 y el 2015. Las mujeres afrodescendientes tienen la peor inserción en el mercado laboral, pues experimentan la tasa de desempleo más alta de todos los subgrupos considerados en este estudio (14,1%, comparado con el 8% entre la población general). Su injusta participación en el mercado laboral muestra cómo la intersección de raza y género puede intensificar la exclusión de una persona.” (…) Además de enfrentar segregación laboral y bajos ingresos, los profesionales afrodescendientes también enfrentan barreras a su desarrollo profesional. Basado en una muestra de 6.787 gerentes, un estudio del 2013 encontró que sólo el 0,8% de los profesionales en posiciones de gerencia en Uruguay eran afrodescendientes (tanto en el sector privado como en el público, así como en organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, universidades y organizaciones políticas). En el sector privado, solo el 0,2% de los directores ejecutivos eran afrodescendientes”.
3. Personas con discapacidad
Sobre este colectivo, el BM expresa que “las personas con discapacidad y sus cuidadores también enfrentan desventajas importantes en el mercado laboral. No sólo tienen menos probabilidades de encontrar empleo, sino que también tienden a recibir salarios más bajos que los trabajadores sin discapacidad por el mismo tipo de tareas. Más aun, la presencia de una persona con discapacidad en el hogar está asociada a una menor participación en el mercado laboral de todos los miembros del hogar. Si bien esto podría parcialmente explicarse por un sesgo en la edad promedio de los cuidadores de personas con discapacidad, que suelen ser mayores, también podría indicar una carga mayor de tiempo y trabajo no remunerado para los cuidadores. (…) En 2011, alrededor del 16% de la población en Uruguay declaró tener algún tipo de discapacidad visual, auditiva, motriz o de aprendizaje. La mayoría (más del 80%) de las personas que manifestaron tener dificultades severas no participaban en el mercado laboral. La tasa de participación laboral entre aquéllos con alguna discapacidad era del 59,5%, muy inferior a la de personas que no reportaron ninguna discapacidad (76%)”.
4. Mujeres
El informe destaca que “el trabajo doméstico no remunerado no se reconoce en términos de seguridad social. Sin embargo, el cuidado es una actividad asombrosamente feminizada, en parte debido a ideas socialmente arraigadas que categorizan a las mujeres como quienes deben cuidar a la familia. Por el contrario, a los hombres se les sigue imaginando como los principales proveedores económicos del hogar (especialmente entre los hogares de bajo ingreso). (…) Si bien la prestación de cuidados afecta a todas las mujeres en edad laboral, las afrodescendientes son particularmente susceptibles de pasar más horas realizando estas tareas domésticas. (…) La exclusión de las mujeres no se limita a su participación desigual en el mercado de trabajo. A las que logran integrarse a la fuerza laboral se les sigue negando el acceso a ciertos tipos de trabajos y remuneraciones. Las mujeres tienen menor probabilidad de convertirse en empleadoras y ganan en promedio 25% menos que los hombres, en similares circunstancias. En cargos gerenciales hay una menor proporción de mujeres que de hombres, a pesar de que éstas suelen tener mejores niveles educativos.
5. Personas trans
Según el BM, “las personas trans tienen los peores indicadores laborales del país. Mientras que el 66% de las personas trans están empleadas, los hombres trans cuentan con una tasa de desempleo del 43% y las mujeres trans con una tasa del 30%—más del doble de la tasa de desempleo de las mujeres afrodescendientes. Las oportunidades laborales tampoco son muy variadas. Entre las personas trans que trabajan, cerca de un tercio realizan trabajo sexual (hasta el 70% de las mujeres trans se desempeñan o se han desempeñado como trabajadoras sexuales), lo cual les expone a mayores riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) —el 29% declara tener o haber tenido una ETS. Estas estadísticas claramente apuntan a un reto importante en materia de políticas públicas que ayuden a esta comunidad, dada la magnitud de los obstáculos que han enfrentado durante toda la vida.
En nuestra próxima entrega seguiremos considerando este informe del BM.
Dr. Rodrigo Deleón
La cooperativa de trabajo Cosepi, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Banco República (BROU), acreedor de la ex industria láctea PILI, instale cámaras de seguridad en las plantas quesera y secadora de suero. Los integrantes de la cooperativa realizan tareas de custodia y mantenimiento, como única fuente de empleo, mientras aguardan por nuevos llamados a inversores, en el marco del proceso de liquidación a cargo del síndico Liga de Defensa Comercial (Lideco).
