Opinión

Recientemente nuestro país se vio sacudido por la noticia de que China ha devuelto una partida correspondiente a exportaciones, por contener restos de garrapaticida y por lo tanto ser deficiente en cuanto a inocuidad hacia el consumidor, tal como establecen los protocolos internacionales.

Sería tal vez un tema menor –pero no para dejarlo de lado– si el episodio no involucrara nada menos que a nuestra principal riqueza de exportación de base agropecuaria, en un país que tiene a los productos primarios como la mayor fuente de ingresos de divisas y por ende para el reciclado de riqueza dentro de fronteras, en un área en que por lo tanto se deberían tomar todas las previsiones habidas y por haber para no sufrir las consecuencias en los mercados compradores.

Tal como diera cuenta EL TELEGRAFO en reciente edición, el tema fue abordado en conferencia de prensa por las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), instancia en la que los representantes de la secretaría de Estado dieron cuenta de una serie de medidas “integrales y de carácter inmediato” en respuesta a lo acontecido, a partir de que autoridades sanitarias chinas reportaran la detección de residuos de un garrapaticida por encima de los niveles autorizados en carne bovina exportada por Uruguay. Si bien la República Popular China no suspendió a las plantas frigoríficas involucradas, exigió un informe técnico al respecto en un plazo de 45 días.

Un tironcito de orejas, podríamos decir, con una tarjeta amarilla añadida por parte de nuestro principal mercado comprador de carnes, lo que explica la respuesta inmediata del ministerio, en procura de minimizar daños y prevenir males mayores.

En la oportunidad el ministro interino Matías Carámbula dijo que el gobierno decidió comunicar públicamente el episodio “por respeto y seriedad hacia el mercado chino”, porque demás ya hay antecedentes recientes: uno a fines de 2024 y dos de este 2025 en los que se detectaron residuos de productos garrapaticidas en carne bovina con destino a ese país asiático. En resumen, las líneas de acción ministerial conducen a mejorar los controles dentro de la cadena cárnica, donde evidentemente hay responsabilidades compartidas, aunque la principal –que desata todo lo demás– corre por cuenta del productor que no respetó los plazos establecidos en la normativa que se deben guardar tras la aplicación del producto y el envío del animal a faena.

Este es el eje conductor en la problemática, y a partir del cual intervienen los demás integrantes de la cadena. De acuerdo al anuncio del MGAP, se ha fijado como primera medida el aumento de muestreos en planta frigorífica, a través de un incremento del muestreo oficial de carne para detectar residuos de garrapaticidas como el fluazurón, el principio activo involucrado en las detecciones. Se indicó que esta intensificación será del orden de del 20 por ciento y priorizará zonas del país con mayor prevalencia de garrapata.

Por otro lado, una medida adicional refiere a la actualización de las sanciones administrativas para los casos en que se detecten residuos por encima de los límites máximos permitidos, incluyendo la tipificación de “falta grave” la presencia de residuos de medicamentos veterinarios por encima de los niveles autorizados. Además, el uso de productos no autorizados por la División Laboratorios Veterinarios, pasa a ser consiodrado como “falta muy grave”, con sanciones más severas.

Debe tenerse presente que todo producto veterinario viene acompañado por condiciones obligatorias de uso y un tiempo de espera, con un período mínimo que debe transcurrir entre la administración del producto y el envío del animal a faena, por cuanto si se apresura este envío, aumentan ciertamente las posibilidades de que se presenten residuos en la carne.

Ante la detección, se solicita la información trazable del embarque, (identificación de la caja y el lote) para rastrear el origen de los animales y determinar el establecimiento involucrado. Se pasa luego a la inspección de esos predios, consecuente verificación del manejo sanitario y un refuerzo de los controles con muestreo dirigido para los establecimientos involucrados. Así, cada vez que estos establecimientos vuelven a enviar ganado a cualquier frigorífico, estas remisiones son muestreadas específicamente para detectar garrapaticidas, en particular el fluazurón.

Es decir que la trazabilidad determina que quien cometió la infracción incorpore antecedentes y se actúe en consecuencia, de forma de efectivamente hacer cumplir las normas que no solo involucran a un productor o un frigorífico, sino a todo el sector, que corre el riesgo de pagar en los mercados las consecuencias de quienes no cumplen las normas.

Y corresponde situar además la real entidad de la problemática de la garrapata en nuestro país: en un reciente informe dado a conocer en Torre Ejecutiva se lanzó el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata del Ganado, una estrategia considerada prioridad por el gobierno debido a las pérdidas que ocasiona esta parasitosis a la ganadería nacional, estimadas en unos 95 millones de dólares anuales, casi el doble de las provocadas por la bichera. El director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, destacó en la oportunidad que el Plan fue construido de forma participativa, con el liderazgo técnico de Carlos Fuellis y Leticia Luengo, y con la colaboración de todas las áreas de la Dirección General de Servicios Ganaderos. Señaló que “el éxito de la estrategia dependerá del compromiso de productores y productoras, veterinarios y veterinarias, organizaciones y comunidades, porque cada predio saneado es un paso hacia una ganadería más fuerte, competitiva e inclusiva”.

Lo que está muy bien, considerando que involucra la implementación de una nueva vacuna innovadora, el control de tránsito del ganado, el uso de acaricidas y hemovacunas bajo protocolos de uso responsable y la educación sanitaria de productores. Es decir, este plan busca mejorar la eficiencia productiva, preservar la sanidad del ganado y garantizar la calidad de la carne uruguaya para la exportación.

Y es de esperar que este llamado de atención, con la partida afectada nada menos que en el mercado chino, permita reflexionar tanto respecto a la importancia de la lucha contra el ácaro, como a ejercer la responsabilidad compartida de respetar los protocolos y los manejos de rigor, porque una falla individual o irresponsabilidad puede arrastrar a todo un sector y al propio país a sufrir fuertes pérdidas y credibilidad que después cuesta muchísimo recomponer, cuando además Uruguay se encuentra entre los tres países que exportan carne a mayor precio en el mundo, junto a Australia y Estados Unidos.

La asamblea del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Supra, aceptó el martes por unanimidad la última fórmula que se puso sobre la mesa y con eso se terminó el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata, el área especializada en la operación de contenedores del Puerto de Montevideo. Fueron 25 días que oscilaron entre la paralización total —el cierre alcanzó a 8 días consecutivos—, la apertura interrumpida por frecuentes asambleas para analizar la marcha de la negociación y la operativa a marcha forzada cuando se podía trabajar. En medio una negociación difícil por la postura intransigente de los trabajadores pese a las intentonas de la empresa de dar un cierre coherente al episodio y con un Poder Ejecutivo que medió yendo quizás un poco más allá de sus competencias para que el diálogo no se interrumpiese definitivamente.

El origen del conflicto, solo para poner en contexto, fue el cambio de un sistema de gestión, la incorporación de un software que, apoyándose en la consulta a un bot de inteligencia artificial y en datos de otros puertos, con otras realidades, los trabajadores estimaron que no solamente aumentaría la productividad de la empresa, sino que además pondría en riesgo sus puestos de trabajo a futuro, por lo que reclamaban ajustes, partidas y una reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario.
Detrás de la cortina, mientras tanto, toda la economía del país esperando que el puerto, la principal —casi que la única— boca de salida de la producción, del fruto del esfuerzo de todos los compatriotas, esperando atentos por las novedades y viendo desaparecer decenas de millones de dólares, y eso solo en un primer recuento.
Ese primer recuento lo hizo la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), después de la primera semana de paralización, hasta el 8 de octubre. A esa altura la estimación hablaba de U$S 60 millones de dólares en mercadería sin exportar. Toneladas de mercaderías, granos, carne, que esperaban turno para partir hacia diferentes mercados, con plazos, contratos y obligaciones que se incumplían.

A su vez el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), Ignacio Asumendi, señalaba por aquellos primeros días del mes a El País que las pérdidas en el sector se ubicaban entre U$S 2 millones y U$S 2,5 millones. Y sin entrar a hablar del resto de la cadena comercial, como el comercio mayorista y minorista que estaba a la espera de mercadería para vender. Para trabajar.
Pero además de dinero contante y sonante, hay otra afectación que es más difícil de contabilizar y que solamente el tiempo dirá y quién sabe si será posible cuantificar, que es la pérdida en la imagen del país y de la confianza en la operativa del puerto. En todo este tiempo fueron varios los buques que quedaron a la espera de terminar la carga o descarga y los que directamente evitaron la escala en Montevideo, siguiendo camino a próximo puerto con todos los costos adicionales que ello implica, porque mercaderías que debían cargarse o descargarse en Montevideo, debieron moverse a o desde Buenos Aires o Río Grande, en un mundo en el que ya hace rato que la ineficiencia ya no se tolera y se castiga en dinero y en ponderación, en confianza, bah. Además, miles de contenedores vacíos que debían cargarse o descargarse en Uruguay nunca llegaron, por lo que eso también tendrá un impacto en la logística por mucho tiempo.

Esta movilización —no digamos que caprichosa, como la han calificado actores del sistema político y de ámbitos comerciales— supuso un retroceso y ha puesto en riesgo, al agregar una cuota de incertidumbre, a todo un trabajo de posicionamiento que ha hecho el país, con desarrollos tecnológicos integrados a la producción, décadas de investigación y de misiones comerciales buscando hacer un espacio en las góndolas a los productos uruguayos. Porque de poco sirve tener la mejor carne del mundo si luego no se podrá contar con ella en los plazos comprometidos. Por supuesto que lo mismo corre para quienes no respetan los plazos después de inoculaciones o aplicaciones de medicamentos y exponen cargamentos completos a revisiones negativas, arriesgando no solamente el producto propio sino además la imagen del país. Es mucho lo que se arriesga si no hacemos las cosas profesionalmente, como el mundo espera que las haga un país que se presenta como líder en todas estas cosas. No podemos sucumbir a la tentación del amateurismo.

Entonces, volviendo al tema del comercio, la operativa del puerto y la distorsión en cómo nos ven que ocasionó este prolongado diferendo. Dice un artículo en el semanario La Mañana que “Cada embarque incumplido es una mancha en el historial de Uruguay como proveedor confiable”. Además de ello, ha sido un atentado contra el trabajo y el esfuerzo de todo el país. El derecho a huelga es un derecho humano consagrado e indiscutible, sin embargo debe haber una cuota de razón y proporcionalidad que prime en la adopción de las medidas sindicales, porque, como en este caso, no se trata solamente de que el trabajador se perjudica porque no cobrará los jornales de los días de paralización. Aquí quedó de rehén toda la economía y la producción de un país, con secuelas que no somos capaces de predecir, y vaya uno a saber a quién corresponde reclamar indemnización y qué puertas tendrá que ir a golpear quien se quede sin su puesto de trabajo después de esta aventura sin criterio.

Argentina no deja de sorprender, tanto por lo que ha sido el fenómeno del populismo peronista desde la década de 1950, que ha renacido una y otra vez tras proscripciones, dictaduras y gobiernos constitucionales, como por la pasión y las contradicciones de un electorado, que refleja el sentir de un pueblo que igualmente, pese a las malas experiencias, ha recaído en la apuesta a los presuntos “salvadores” mesiánicos.

El acto electoral del domingo resume mucha de estas reflexiones: contra los pronósticos, que daban cierta paridad electoral y la consabida preeminencia del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei y su partido obtuvieron una victoria contundente.

Casi todos los encuestadores pronosticaban un empate, con una prácticamente segura derrota del mileísmo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en el balance general, en la elección de diputados el oficialismo obtuvo 40,8% de los votos, contra 31,62% de Fuerza Patria (kirchnerismo) y sus variantes. En la de senadores, la victoria fue mayor: 42,64% para los libertarios y 28,5% para la principal oposición, en tanto en la provincia donde se concentra el 40 por ciento del electorado, el partido de Cristina Kirchner sufrió una derrota impensada, sobre todo luego que triunfara por más de 14 puntos hace menos de dos meses.

Estas elecciones son en los hechos una prueba de fuego para todo gobierno en el vecino país, por cuanto significa nada menos que elecciones legislativas de medio término, a mitad del mandato, y son un termómetro del humor popular respecto a la gestión gubernamental.

En este caso, el oficialismo ha despejado a su favor la incógnita principal de estos comicios, al incrementar su expresión parlamentaria con 64 diputados y 13 senadores, y los analistas consideran que este es el dato más relevante para su estrategia, que consiste en producir un conjunto de reformas que disminuyan los costos que desalientan la inversión privada en el país.

En la provincia de Buenos Aires, contrariando los vaticinios de las principales consultoras de opinión pública, la lista de La Libertad Avanza (LLA), encabezada por Diego Santilli, se impuso sobre la del kirchnerismo, que presidía Jorge Taiana. Es una señal muy importante para el Gobierno, porque pone en duda lo que parecía afirmarse con el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones locales del 7 de setiembre: que el populismo estatista de Cristina Kirchner y Axel Kicillof se perfilara con grandes posibilidades de volver en 2027.

En la ciudad de Buenos Aires, a su vez Patricia Bullrich hizo una gran elección como candidata a senadora, poniendo en una encrucijada al oficialismo de los Macri. Sacó 50,2% de los votos, lo que equivaldría a ganar sin balotaje en capital, que es un bastión mileísta.

El punto es que el pueblo argentino no la está pasando bien, porque las medidas del presidente Milei, con su famosa “motosierra” del gasto estatal, han repercutido muy negativamente en sectores postergados, sobre todo en aquellos grupos históricamente dependientes de las dádivas del kirchnerismo y que dependían de la asistencia estatal a través de los punteros sindicales y políticos así como de organizaciones que en el vecino país han lucrado y actuado como reclutamiento electoral a través de las entregas de dinero, favores y bienes a un sector de la población que ha sido tradicionalmente base electoral del peronismo a lo largo de las décadas.

Pero a la vez, otro gran sector de la población argentina, a esta altura la mayoría, de acuerdo a la consulta electoral, ha apostado aparentemente a mantener todavía cierta esperanza en la gestión del outsider Milei, ante el espanto y rechazo que generan las prácticas kirchneristas, su corrupción institucionalizada y los abusos de poder que lo caracterizan.

Y pese a hechos que han hecho mella en la credibilidad de los dirigentes de La Libertad Avanza, los desplantes y la postura confrontativa de Milei con todo lo que se le ponga enfrente y no coincida con su pensamiento, hay amplios sectores de la población que continúan apostando a que el rumbo que sigue el libertario es su última esperanza de un cambio real en la política del vecino país, porque del otro lado lo que hay es más kirchnerismo, más corrupción, más voluntarismo y búsqueda del voto a través de prebendas y eslóganes apoyados en fantasías probadamente fracasadas.

Tampoco parece pesado el “factor Trump”, por cuanto los dirigentes kirchneristas apostaron al sentimiento antinorteamericano del argentino promedio potenciado sobre todo cuando Washington apoyó a Inglaterra en la Guerra de las Malvinas. Pero naturalmente, estamos hablando de hechos ocurridos hace más de cuarenta años y hay dos generaciones que están votando que ya ven la guerra como historia vieja.

Es que pocos días antes de las elecciones, Milei se aseguró el auxilio financiero de Donald Trump, con duros cuestionamientos desde tiendas kirchneristas, pero la reacción parece haber sido positiva, tanto de los votantes argentinos como de los mercados financieros al conocerse los resultados de los comicios.
Igualmente, todavía falta definir los detalles de la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos. Ya se firmó el swap de 20.000 millones de dólares. Pero todavía está en discusión el fondo que se destinaría a la compra de deuda.

Otro factor no menos desdeñable es que es posible que el electorado haya premiado la desaceleración de la inflación, que fue su principal promesa en la campaña electoral, ante una carrera loca de precios que corroía la economía del vecino país, por más que el poder adquisitivo no se haya recuperado en la medida que se pretendía.

Sin embargo muchos de estos elementos ya estaban sobre la mesa en las elecciones de hace 49 días, cuando el oficialismo sufrió un revolcón en todo el país, incluyendo a la populosa provincia de Buenos Aires, y aún así el domingo La Libertad Avanza obtuvo a el 41,45% de los votos contra el 40,92% de Fuerza Patria en la provincia.

Con estos números, no es difícil establecer dónde están los ganadores y los perdedores. Pero, el gobernador Kicillof leyó de esta manera los números, según sus expresiones públicas al conocerse los resultados electorales: dijo que el 60 por ciento de los argentinos habían votado por rechazar al gobierno. Claro, lo que no dijo que con esta lectura, es que más del 70 por ciento había rechazado al kirchnerismo. Pero la realidad no es tan simple, pues hay de todo en la viña del Señor. Lo que sí es inocultable es que hay un hastío del pueblo argentino en general ante el político tradicional, y que han preferido tal vez un poco más de sacrificio en procura de un cambio que aún se ve incierto.

Ojalá que no viva una nueva frustración, y no quede nuevamente atrapado entre opciones de lo malo conocido y lo malo por conocer, porque esta película repetida nunca puede llevar a nada bueno.

El escenario electoral argentino se observa con atención desde Uruguay. Las elecciones legislativas en el país vecino se desarrollan en un contexto de considerable déficit fiscal y sin el superávit que los discursos oficiales aún sostienen.

La economía atraviesa una fase contractiva: acumula dos trimestres consecutivos de caída, con sectores clave —como el comercio, la construcción y el agro— en terreno negativo. El riesgo país se aproxima a los 1.500 puntos, mientras que el dólar oficial superó los 1.300 pesos durante los comicios de setiembre y cerró el último viernes cerca de los 1.500.

La inestabilidad cambiaria fue notoria y el panorama, lejos de mejorar, se mantiene incierto. La llamada “Argentina barata” es consecuencia de decisiones de política económica que, junto con la pérdida de reservas, obligan al gobierno a buscar mayor financiamiento externo y avanzar en nuevas reformas estructurales.
En el plano político, la ciudadanía exige respuestas ante el deterioro del poder adquisitivo y el impacto sobre los productos básicos. El auxilio del Fondo Monetario Internacional y las medidas del Ejecutivo no lograron revertir la recesión. Por el contrario, los indicadores muestran un empeoramiento de la actividad.

En este contexto, la reciente asistencia del Tesoro de los Estados Unidos —respaldada por el presidente Donald Trump y acompañada de advertencias políticas— colocó a las elecciones argentinas en el centro de la atención internacional. El Financial Times calificó la operación como “un desnudo ejercicio de imperialismo financiero”, mientras que The Economist proyecta un eventual cambio en el régimen cambiario del país.
Sin embargo, la reacción interna fue moderada. El desgaste del oficialismo comenzó a inicios de año, con la polémica promoción de una criptomoneda impulsada por el entorno presidencial. Más tarde, la hermana del presidente fue denunciada por presuntas irregularidades vinculadas a fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Paralelamente, La Libertad Avanza decidió competir en provincias con liderazgos locales consolidados, sin buscar acuerdos políticos.

Aunque la inflación comenzó a ceder, esa tendencia no garantiza un rédito electoral. El gobierno procura sostener un peso fuerte a costa de las reservas, lo que deja al país al borde de una nueva crisis cambiaria, con riesgos evidentes sobre el empleo y la producción. La población, por su parte, se muestra más preocupada por el costo de vida y el desempleo que por la estabilidad de precios.

En setiembre, el oficialismo perdió 14 puntos en la provincia de Buenos Aires —donde reside el 40 % del electorado—, resultado que impactó en los mercados. El peso se debilitó y el Banco Central, que aún no ha sido “cerrado con la motosierra”, debió vender mil millones de dólares en un solo día para frenar la depreciación. En ese marco, se gestionó el nuevo salvataje financiero.

El discurso político se polariza y los espacios de consenso se reducen. Los próximos meses se anticipan complejos, ya que el ajuste fiscal comprometido con el FMI implicará recortes sensibles en salarios, transferencias a las provincias y obra pública. La recaudación y las retenciones al agro también muestran descensos, mientras que las prestaciones sociales, jubilaciones y asignaciones comienzan a resentirse.

La recesión es un hecho: la actividad económica cayó en cinco de los ocho meses medidos por el Indec, y setiembre registró la tercera contracción consecutiva del Producto Bruto Interno. En ese mismo mes, La Libertad Avanza sufrió un duro revés en las elecciones provinciales.
El deterioro del consumo interno refleja el menor poder adquisitivo de los hogares. Las mediciones de ventas masivas confirman una caída sostenida, coherente con la desaceleración general de la economía.
Desde Uruguay, y especialmente en los departamentos fronterizos, se observa con atención esta coyuntura. Una “inestabilidad a la argentina” tiene inevitablemente efectos “a la uruguaya”: menor consumo interno, reducción de la recaudación del IVA y un turismo que aún no recupera los niveles prepandemia, lejos de los máximos de 2017.

La interdependencia entre ambas economías es significativa. La inestabilidad regional afecta el crecimiento, la generación de empleo y la atracción de inversiones. Por ello, la estabilidad se vuelve un valor esencial para evitar la profundización de los riesgos económicos y la reiteración de crisis cíclicas.
En lo que resta del mandato argentino, el desenlace del salvataje estadounidense dependerá de las decisiones del presidente Milei. De su rumbo económico —y, en particular, de la política cambiaria que adopte tras las elecciones— dependerá también el impacto sobre los sectores más sensibles de la economía uruguaya, que debe prepararse para mitigar eventuales repercusiones.

“Obediencia debida” suena a algo muy castrense, muy rígido, muy del poder y el cúmplase. En definitiva, una dimensión esencial de la cuestión militar. Incluso presente ante cada sentencia por violación de derechos humanos.

En efecto, en el ámbito militar la relación entre mandar y obedecer es la base de la disciplina y la organización jerárquica. Dicho de otro modo, la esencia de la vida castrense se sostiene en esa dualidad: el derecho de los superiores a dar órdenes (hablemos de las legítimas, las otras no son ajustadas a legalidad) y el deber de los subordinados de cumplirlas dentro del marco legal y normativo establecido.
Nuestro marco legal así lo establece: “La disciplina militar, como relación entre el derecho de mandar y el deber de obedecer, es un principio general de conducta en el ámbito de las Fuerzas Armadas. La subordinación, como corolario de la disciplina, implica el deber de obediencia al superior en toda circunstancia, de acuerdo a las leyes y demás normas vigentes”. Dícese del artículo 125 de la Ley 19.775, “modificase la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, de agosto de 2019.

Y no se trata de una ley más o menor, sino de la que “tiene por objeto establecer los principios y disposiciones que rigen la composición, jurisdicción, organización, misiones, personal y logística de las Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay”-

Cuatro veces cuatro

En esta ley fundamental, la obediencia se menciona en cuatro ocasiones, y cada una de ellas define con claridad los límites de su legitimidad.
La primera aparece en el artículo 50, que establece que la superioridad de cargo surge de la dependencia orgánica entre militares y otorga derecho de mando y deber de obediencia dentro del mismo grado y jerarquía.

La segunda está en el artículo 86, al enumerar las obligaciones del estado militar. La primera de ellas es respetar y cumplir la Constitución, las leyes y disposiciones reglamentarias; luego, mantener el deber de obediencia y subordinación al superior conforme a la normativa vigente; y finalmente, cumplir las funciones con respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, reafirmando así la esencia democrática de la institución, muy distinta de los años de la dictadura cívico-militar. Vale recordar a José Artigas, quien en el Congreso de Tres Cruces advirtió: “es muy veleidosa la probidad de los hombres, sólo el freno de la Constitución puede afirmarla”.

La tercera mención, en el artículo 125, profundiza la idea al señalar que la disciplina militar, entendida como la relación entre el derecho de mandar y el deber de obedecer, constituye un principio general de conducta dentro de las Fuerzas Armadas.

Por último, el artículo 126 resume y completa el concepto: todo militar debe ajustar su conducta a la Constitución, las leyes y los reglamentos, respetar las órdenes legítimas y rechazar aquellas manifiestamente contrarias al orden constitucional o a los derechos humanos.
Además, tiene el deber de denunciarlas, pues ni quien obedece ni quien las imparte puede ampararse en la jerarquía para eludir su responsabilidad.

La síntesis es contundente: la obediencia no es debida, es de acuerdo con las leyes que así lo establecen y que fueran resumidas.

La banalidad

Hannah Arendt utilizó por primera vez la expresión “banalidad del mal” en ocasión del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, año 1961. En 1963 su libro “Eichmann en Jerusalén: Un informe sobre la banalidad del mal” sirve para presentar su teoría de forma más elaborada.

A punto de partida, Arendt describe a Eichmann no como un monstruo sádico sino un burócrata mediocre, incapaz de reflexionar sobre el alcance moral de sus actos. El concepto “banalidad del mal” refiere a la capacidad de personas comunes de cometer atrocidades, no por maldad demoníaca o crueldad excepcional, sino por obedecer órdenes sin pensar críticamente en sus consecuencias.

En suma, el mal se vuelve “banal” dado que se ejecuta como un trámite administrativo, sin conciencia (es decir, sin sentido moral ni reflexión sobre las consecuencias) del sufrimiento causado. No obstante, Hannah subraya que la obediencia no exime de responsabilidad; “cada persona tiene el deber moral de pensar y juzgar”.

Remarco este aspecto minimizado pero “primo hermano” de la obediencia debida.
Poner el acento en el contexto (“Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo”, Meditaciones del Quijote, 1914), ya lo había dicho antes José Ortega y Gasset, que eso hace a la cuestión de fondo.

Los tiempos donde se formula la idea de la banalización del mal, son los tiempos de la “desnazificación”, una iniciativa de los ejércitos aliados tras su victoria de mayo de 1945, cuyo neologismo responde a inspiración del Pentágono del año 1943.

Los juicios de Nuremberg y los de Dachau no sirvieron para dar respuesta a las sociedades que anhelaban justicia. La abrumadora mayoría nunca fue juzgada. Los “valientes” sometidos a juicios sólo apelaron a dos estrategias; culpar a Hitler y/o alegar que solo habían seguido órdenes de sus superiores.
Antes de que Arendt presentara su teoría de la banalidad del mal, inspirada en la idea de Kant, el mal radical como disposición humana a subordinar la moral a intereses egoístas, el Eichmann burócrata se presentaba como una persona sin odios personales ni iras.

Pero es un contrasentido pues el odio es un sentimiento cruel y plenamente racional. Y es una conceptualización: odio religioso, político, de género… conceptos, que luego se personalizan.
El mal radical, en su dimensión ética, es un proyecto sistemático de aniquilación de la humanidad como tal.

Pero más tarde, Arendt ubica al individuo común que, sin pensar, cumple órdenes y normaliza atrocidades. Indiferente a los propósitos, y apego estricto a procedimientos y normas.
Sin embargo, y quizás se ajuste mejor a la realidad de este cambio de visión, es que Arendt pasó de una concepción ontológica y estructural del mal, del radical, hacia una concepción fenomenológica y ética, de la banalidad, centrada en la cuestión individual, que lleva implícita una licuación de la responsabilidad.
No es lo mismo el mal radical que la banalización.

Arendt insistió en que banalidad no era trivialidad sino superficialidad moral. Los ejemplos históricos muestran que la obediencia debida no puede ser un escudo absoluto. Y el derecho internacional y la filosofía política coinciden en que cada persona tiene un deber moral de resistir órdenes ilegales.

Por allí se juntan estas aproximaciones, pero también divergen. Mientras que el mal radical implica una intención maliciosa profunda y consciente, la banalidad del mal enfatiza la mediocridad moral y la ausencia de reflexión, mostrando cómo el mal puede surgir de la cobardía y la conformidad más que de una voluntad malvada explícita.

De acuerdo con Montevideo Portal, “En los últimos días, Antel denunció que varias empresas cableoperadoras, sobre todo en departamentos del Interior, están utilizando la infraestructura y el tendido eléctrico de UTE de forma ilegal para instalar fibra óptica y competir en el mercado. Según informó el periodista Eduardo Preve, una de las involucradas es una compañía propiedad del conglomerado argentino Grupo Clarín, y hay empresas que ofrecen servicio de televisión para abonados en el Interior que están haciendo lo mismo. Dicha práctica permite a los privados abaratar los costos de montar la infraestructura y ofrecer a sus clientes un servicio de fibra óptica más barato, algo que estaría causándole un perjuicio económico a Antel. Tal como consignó el comunicador, el presidente del ente, Alejandro Paz, transmitió este reclamo ante el directorio de UTE, que a su vez elevó el planteo al Poder Ejecutivo. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que la cartera está analizando el tema”.

Según el sitio web mencionado, “esta situación se estaría dando en departamentos como Salto y Paysandú, lugares en los que las empresas contratan trabajadores argentinos para que realicen las instalaciones”. Finalmente, la nota de prensa menciona que “en junio de este año, Antel resolvió dar de baja un plan de tarifas mayoritarias aprobado por el anterior directorio en agosto de 2024 que permitía ofrecer servicios de fibra óptica a empresas privadas, una decisión que fue criticada por el Pit Cnt, el director en representación del Frente Amplio y la actual vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. El plan permitía a los cableoperadores utilizar la infraestructura ya existente menos el último tramo de cableado hasta los hogares de los clientes, conocido como la “última milla”, que debía ser cubierto por los propios privados con inversiones suyas”. Ante esta situación, el directorio de UTE emitió una resolución en la que aprobó comenzar a quitar las instalaciones de los tendidos de fibra óptica realizadas de manera ilegal por varias empresas cableoperadoras en varios puntos del país.

La actitud tanto de UTE como del Ministerio de Industria. Energía y Minería deja al descubierto la total falta de sentido común del sistema avalado por las reglamentaciones municipales, que parecen no entender los problemas que trae aparejada la solución de que cada operador cuente con una columna. A este respecto, basta ver lo que ya sucede en las calles sanduceras de acuerdo con lo que exige UTE: en lugar de una columna cada cierta cantidad de metros habría nada más y nada menos que siete columnas; una para Antel, dos más para cada uno de los operadores sanduceros de cable, dos más para otros tantos operadores de Internet y otras dos más para UTE que en ciertos casos pueden ser de alta o baja tensión. Y todas esas juntas deberían encontrarse en cada esquina de la ciudad, todo lo que obviamente trae aparejado no solamente un incremento absurdo de costos sino también graves riesgos de seguridad, ya que como consecuencia de los fenómenos atmosféricos que cada día se repiten con más frecuencia la caída de cables o de las propias columnas estaría representando una amenaza cierta tanto para vehículos como para inmuebles y transeúntes.

Antes esta propuesta absurda de las autoridades nacionales, cabe preguntarse lo siguiente: ¿no resulta más sensato, rápido y conveniente fijarle a esas empresas privadas un monto de dinero por el uso de las columnas de UTE, de Antel o del servicio que fuera y de esa forma poder recaudar más dinero y tratar de abaratar en algo las escandalosas tarifas que pagamos todos los uruguayos por los servicios de los entes públicos?
Sin dudas este sistema aportaría mucho al urbanismo, facilitando el tránsito peatonal por las aceras que hoy están ocupadas por sucesiones de columnas que, como hemos documentado en infinidad de oportunidades, en muchos puntos concentra 4 ó 5 en menos de un metro cuadrado. Y por supuesto que también se evitarían destrozos en baldosas y pavimentos que deben ser reparados cada vez que un servicio “planta” su propio palo para sujetar un cable que generalmente no supera los 5 mm de diámetro y pesa menos de 2 kilos. ¡Una verdadera barrabasada!

Este sistema perverso hace imposible determinar de quién es cada columna y en caso de que un vecino tenga la desgracia de que tener una en el frente de su vivienda, puede ocurrir que se caiga –suele suceder que la madera se pudre en contacto con el portland a ras del piso y termina partiéndose en la base— y no sepa a quién reclamar.

Tampoco se trata de inventar la rueda (algo que los políticos de todos los partidos buscan hacer todos los días, empujados por delirios refundacionales que pagamos “los nabos de siempre” con más impuestos), porque en julio de año 2023 el exintendente de Río Negro, Omar Lafluf, se reunió con las autoridades de UTE para plantearles que la intención es aprovechar la infraestructura existente y, de esta forma, ampliar el alumbrado público.

En primera instancia, la intención es usar las columnas que tiene UTE en los nuevos grupos cooperativos de viviendas y en los Mevir de San Javier, evitando de esta manera colocar –por parte de la Intendencia de Río Negro– otras estructuras que dificultarían la transitabilidad de las veredas que, en algunos casos, son muy angostas. En palabras del exjerarca departamental: menos columnas pero con más aprovechamiento de cada una de ellas.
Respecto a la supuesta incompatibilidad de los servicios, tanto Antel como Internet actual utilizan fibra óptica, que no es conductora de electricidad y no provocan ni son susceptibles de interferencias electromagnéticas, precisamente porque lo que transportan es luz, no electricidad, por lo cual el viejo argumento de las interferencias dejó de tener sentido.

Es entendible que por razones políticas y de “propiedad” UTE, en supuesta defensa de los intereses de Antel, busque impedir la expansión de empresas proveedoras de Internet, aunque con solo ver la realidad actual en las veredas de nuestra ciudad no parece que necesiten tanto de las columnas del ente de la energía eléctrica. En principio, la empresa privada ahora cuestionada utiliza las de Cablevisión, que ya tiene una muy amplia cobertura en toda la ciudad, desarrollada en sus casi 30 años de existencia.

Pero separando la paja del grano, lo que corresponde es que sea la propia Intendencia la que disponga de una vez la prohibición de la abusiva instalación de columnas y obligue a las empresas a compartir infraestructuras, por el bien del urbanismo y de los propios sanduceros de a pie.

En estos días desde medios de varias partes del continente, con los que a veces colaboro, me han pedido les escriba sobre lo que pasará en la “agonizante” Argentina según Trump y la verdad que no lo he hecho, porque no sé qué decir, no lo veo claro.

Tampoco tengo mucho para elegir hoy aquí, en casa. Está el tema de los barcos y los contratos pero reclama esperar algunos días hasta que el humo se disipe; que se separe la paja del trigo.

Sí, son esas cosas que van generando grieta, la que en nuestro país se agranda y se ahonda y no crean lo que le dicen los argentinos. Parece que este gobierno está decidido a meter el dedo y revolverlo, a veces en clave de despistado, como sin quererlo. La brecha es parte de la dialéctica, de la toma real del poder que tanto reclamaron el Ñato y el Pepe. El presidente multiempleo de ASSE, quien hasta ayer nadie sabía quién era, con la anuencia de presidente y ministra no renuncia y se burla del parlamento y de lo que disponen la Constitución y todas las leyes y normas al respecto. Y entonces aparece el contrato. Lo descubrieron en tan solo tres días, la mitad del tiempo que a Dios le llevó construir el universo; son unos rayos. Nos salvan de perder 30 millones de dólares (por ahora por debajo de lo que nos costó María Dolores). Y la oposición cacarea, pero da prioridad a sus rencillas internas y pesa más el personalismo. No se une, y así pasan las cosas.

Pasó en Venezuela –la más rica por lejos y hoy la más pobre, por lejos también–. Creyeron que lo solucionaban con un atajo y sacaron de un calabozo a un teniente coronel golpista –el amigo de nuestros frentistas (dicen que demasiado amigo)– al que ellos manejarían. Y fijate.

Pasó acá, pese a lo que decían muchos bocabiertas y guapos, que luego cerraron la boquita: ¿guerrilla en Uruguay? , –‘tan locos–, ni el Che, un vocacional, lo imaginaba. “Nuestros militares son civilistas” se repetía: mirá vos. Hay cosas que pasan.

Los últimos párrafos, entonces, serán para la Argentina, donde pasan cosas a rolete. ¿Y qué es lo que va a pasar? Colegas que saben dicen que se van a dividir en tercios. Y es probable: hay dos tercios que ni locos quieren la vuelta del kirchnerismo –los frenteamplistas de allá–, pero la mitad de ellos a su vez ni borrachos votan a Milei; le tienen miedo y piensan que está medio loco; ¿Usted qué piensa?

Si los kirchneristas obtuvieran una votación importante (40-45 %), aquello sería un pandemónium y podría irse mucho más lejos que “al carajo” como les gusta decir. Corta vida para Milei. Ahora si ese 40 o 45 fuera para Milei, olvídense. Y con el auspicio de Trump más todavía. Qué Constitución ni que leyes, solo las Fuerzas del Cielo y su único profeta. Uno pensaría que eso son cosas del pasado y que solo sucedían en otros continentes, pero pasan; está pasando. Lo bueno de los tres tercios es que implicaría la presencia de “Las provincias unidas”, una alianza de gente sensata y moderada –no del Pro, por favor– que podría sosegar a Milei y ayudarlo a ir con moderación y respeto por un buen camino, sin griterío, rabietas, insultos y caprichos y respetando las leyes. Es cierto que Milei tiene dos perros guardianes peligrosos, pero si se resiste arriesga a que lo echen. Sería uno de los juicios políticos más fáciles. Y, casi que no se habla de ella y está muy calladita, pero como diría Bogart, siempre queda Victoria Villarruel.

Hace unos días asistimos a toda clase de declaraciones en conjunto, oficialismo y oposición, condenando el atentado sufrido por la fiscal general de Corte.
Seguramente deben de haberse reunido narcos y delincuentes en general a ver en la prensa cual si fuera un partido de fútbol festejando el gol, pero no precisamente preocupados por los inoperantes de siempre. Dejando la ironía de lado, ¿alguien me puede explicar qué cambió de entonces a la fecha? Seguramente se mejoró, o al menos eso quiero pensar, la protección de la fiscal de corte, que no es poco, pero no es mucho. Doña María y don José seguirán con los mismos problemas de inseguridad, rogando porque sus hijos no caigan en las adicciones, o sean lastimados o muertos por arrebatarles un celular que terminará en una boca de droga por algunos gramos de pasta base. Mirando para todos lados cuando circulan por las calles o ingresan a su domicilio día y noche, ya que los delincuentes no se esconden en la oscuridad ni los paran las cámaras del ministerio.
Las cárceles siguen siendo el mismo desorden, donde se capacitan delincuentes y se violan DDHH por ellos mismos mientras se mira para otro lado, para lavarse las manos de responsabilidades, ya que en cuanto se trata de imponer orden las organizaciones internacionales de DDHH, bancadas por este mismo Estado, salen a castigarlo pero sin presentar solución de tipo alguno para solucionar los derechos quebrantados del ciudadano honrado, que sale a ganarse el pan cada día por quienes han tomado como trabajo la acción de delinquir.
El nuevo sistema judicial permite arreglos entre fiscalía y defensa que reducen aún más las penas. Penas que son cursos de aprendizaje para escalar en la cadena delictiva. No se puede, o no se debería aplicar este sistema para delincuentes pesados. Porque una cosa es una persona que cometió un error, y mató en un siniestro de tránsito o en un acto impulsivo por defenderse, y otra es el que lo hace premeditadamente o en la acción de una rapiña. Estos últimos deberían permanecer los años que le toquen en la soledad de un calabozo sin ver la luz del sol más que unos minutos al mes, (para lo que hay que construir nuevas, pequeñas y bien repartidas cárceles), absoluta y totalmente incomunicados. Así el día que salieran valorarían su libertad y lo pensarían dos veces antes de volver a perderla. Seguramente saldrán los defensores de casos perdidos a decir que es inhumano, y a dar soluciones mágicas como desarmar a la población civil o sacar militares a las calles. Los militares a lo sumo deben proteger las fronteras, por agua, tierra y aire, pero no están especializados para manejarse dentro de las calles de la ciudad. Falta especialización para nuestra policía, más aún para que los militares asuman una función que no es la propia.
Sí deben de desplegarse en la mayor cantidad posible a lo largo y ancho de nuestras fronteras para evitar el trasiego de droga, contrabando, y armas que no son las que este gobierno pretende de alguna forma eliminar o limitar, más aún de lo que ya están. Las armas legales que se encuentran en manos de civiles con sus papeles en orden no son las peligrosas, ¿o se puede pensar que alguien va a salir a delinquir con un arma registrada, después de pasar por el psicólogo, el médico, certificado de buena conducta, práctica de tiro, recibos de sueldo de un año que certifican su continuidad laboral? A lo sumo podrá haber algún incidente aislado de algún otro tipo, que para la cantidad de armas que hay en manos de civiles, es ínfima e insignificativa. Suceden muchas veces, más problemas dentro del personal policial, por no tener los cursos de apoyo y especialización necesaria y no por esto vamos a desarmar a la Policía. Por el contrario, lo que se necesita es más especialización y apoyo psicológico para una actividad que es altamente estresante.
Pero lamentablemente les tengo una muy mala noticia, esto va a empeorar. Así que disfrutemos el día de hoy, porque como decía Mafalda, “Ya vendrán tiempos peores”.

Javier Pizzorno edil del Partido Nacional

Comenzó el torneo departamental de ajedrez en la sede de la Unión Ferroviaria, donde funciona el Club de Ajedrez de Paysandú.
Mi hijo, persona discapacitada, estaba inscripto, con muchas ilusiones de hacer un buen papel, ya que es el único deporte que puede hacer, y es muy meritorio en ese aspecto.
Cuando llegó a ese lugar, el presidente del Club, le dijo que estaba expulsado por pedir dinero para el club; cosa inexacta, ya que nosotros somos una familia humilde, pero digna, y no necesitamos llegar a esos extremos.
Además le dijo que lo iba a sacar a patadas del lugar y que no le devolvería los $750 que mi hijo pagó de inscripción para jugar dicho torneo (tengo recibo).
También le expresó que él diría que mi muchacho tendría perdidos los 11 partidos que recién comenzaba a disputar.
Mi hijo sufrió por parte de esta persona. Abuso de poder, violencia al amenazarlo que le iba a pegar y lo acusó de un hecho que no es verdadero para sacarlo del torneo. Además le dijo que no se presentara en ninguna otra competencia de ese deporte, cosa que sería para mi familiar perjudicial en su salud, por ser lo único que practica desde que fue a la escuela, comprobado está por sus trofeos y medallas.
Lamento que su nombre sea mal visto por dichos inexactos, ya que es una persona respetable, tal como yo le di su educación.

Madre indignada

(Nota completa para abonados y en edición impresa)

El Diálogo Social al que convocó el gobierno –fruto de un compromiso de campaña del presidente de la República, Yamandú Orsi, tras el naufragio de la consulta que pretendía revertir la reforma de la seguridad social aprobada en el período anterior– ha tenido ya múltiples instancias virtuales, presenciales y en los diferentes departamentos, recogiendo insumos tanto de la opinión pública como de expertos que han presentado diagnósticos y evaluaciones sobre las diferentes temáticas que se abordan en este ámbito.
Una de estas instancias, la desarrollada el pasado 9 de octubre, llevó por título “Evidencia para repensar la ampliación de cobertura y tiempos de educación y cuidados” y en ese contexto se presentó el informe de una consultoría encomendada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a las expertas Ana Balsa y Deborah Zak, sobre los cuidados en la primera infancia particularmente. Un informe que mostró varios puntos sobre los que es necesario no solo trabajar, sino además plantearse una reflexión.
De acuerdo con este informe, en el año 2023 el gasto en cuidados de la primera infancia en el país fue de 8.810 millones de pesos, unos 227 millones de dólares, o un 0,3% del PBI, y eso sin contar los gastos directos de las familias. Esos son solo números que muestran cuánto se invierte y si de pronto se entrar a comparar podrá parecernos mucho o poco en relación a lo que en el Estado se destina a X cosa. Sería extraño que apareciese alguien que diga que le parece mucho, pero en estos contextos actuales nada debería sorprendernos.
Pero lo que resulta más interesante sobre este informe es que propone un cuestionamiento de la calidad de este gasto, y puntualmente sostiene que no hay forma de saber cuál es la calidad del trabajo que se está haciendo en primera infancia, porque no hay una evaluación al respecto. Las profesionales señalaron falencias varias, como la falta de una rectoría general del sistema, superposiciones entre instituciones como INAU y ANEP; en particular en los CAIF hay problemas de información en torno a la evolución de los niños y se encontraron centros en los que los costos por niño son tan elevados como 11.000 dólares al año.
“En términos de cobertura tenemos cosas buenas: aumentó la cobertura, aquellos niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, todavía tenemos desafíos de cobertura importante sobre todo en niveles uno y dos y en ocho horas. Los que más están faltando cubrir son niños obviamente más vulnerables”, planteó Balsa, encargada de la presentación en el seminario. Sin embargo, detrás de estas cosas buenas, aparecen dudas. “Tenemos marcos de calidad no vinculantes, sistemas de información débiles, ausencias de mediciones sistémicas de desarrollo y calidad del centro, sistemas de supervisión deficitarios, serios problemas en la formación de recursos humanos, falta de consenso y evaluación de distintas aproximaciones pedagógicas y carencia de evaluaciones externas”, prosiguió. “La gobernanza, o sea, la falta de una rectoría a nivel sistémico, creo que abraza todo esto y determina muchas de estas cosas que vemos hoy en día”, expuso.
Otro punto que planteó la experta, y que podemos atar a una campaña que se está desarrollando desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), procurando concientizar sobre la importancia de que los niños vayan a la escuela. Sí, a ese extremo hemos llegado. Lo que José Pedro Varela concibió como la consagración del derecho al acceso a la educación para todos, hoy es visto como una obligación prescindible y la caída de tres gotas locas es vista como un argumento para que los gurises no vayan a la escuela. El peso está en las faltas y en las notas, dejando de lado la adquisición de conocimientos y la socialización. Cuánto para entender.
Lo cierto es que, a juicio de lo que mostró el estudio de Balsa y Zak, hay una baja percepción de los beneficios de la concurrencia de los niños a los servicios (escuela, jardín, CAIF, etcétera), pero esto se da incluso en sectores de la población con mejores niveles de vida. “Sabemos que la inasistencia es un factor crónico en el país y sabemos que esto refleja una subvaloración también de lo que es la educación. Entonces también hay temas de que no se entienden bien los beneficios, las familias no entienden bien los beneficios de que un niño, una niña, asista a un centro de primera infancia”, planteó. “Si nosotros miramos por ejemplo en ANEP donde tenemos datos de asistencia, el 58% de los niños del quintil 1 tiene asistencia insuficiente, frente a 41% de los quintiles 4 y 5. Ese 41% ya igual, es como muy shockeante. Hay a nivel general de la población una desvalorización o un bajo reconocimiento del aporte que puede hacerle al niño en su desarrollo la asistencia a uno de estos centros”.
Sin embargo un el concepto aun más preocupante es que no se conoce, porque no se evalúa, cuál es la calidad de los servicios que está ofreciendo el sistema. A modo de ejemplo Balsa mencionó que solamente el 17% de quienes trabajan en los centros de primera infancia tiene formación terciaria y planteó que debe anteponerse la evaluación de la calidad del sistema a una expansión. “Un centro malo es una desinversión para el país. Un centro malo puede perjudicar a los niños. Puede bajar la capacidad cognitiva de los niños, puede bajar sus capacidades socioemocionales”, advirtió. “Y no sabemos nada de la calidad de los centros en Uruguay, nada. Todo lo que tenemos para evaluar calidad está, como siempre, como colgado de palillos. Entonces tenemos que trabajar en profundizar muchísimo. Y yo digo quizá que prefiero que pongamos el foco primero en invertir, en entender la calidad del sistema y después proceder a hacer la expansión. Porque una expansión sin saber que la calidad es buena, puede ser malísima”.

Ante la proximidad del verano, cuando la costa comienza a ganar protagonismo en la vida cotidiana de los sanduceros con sus plácidos atardeceres, el disfrute familiar y la belleza de un entorno natural profundamente arraigado en nuestra identidad litoraleña, cabe preguntarse por qué el llamado turismo fluvial no despega en Paysandú, pese a su enorme potencial.

Nuestra ciudad cuenta con una zona urbana dotada de servicios, oferta de turismo rural, termas y una propuesta cultural que podría articularse en circuitos. Entonces, ¿por qué, con estas condiciones, el río no actúa como motor económico para la orilla uruguaya, como sí ocurre en la argentina?

El ejemplo más cercano y evidente es la ciudad entrerriana de Colón, que supo capitalizar su ubicación combinando infraestructura balnearia, servicios y un producto turístico claramente posicionado en los circuitos regionales.

Nuestros vecinos de la otra orilla exhiben un ecosistema turístico fluvial más maduro: excursiones náuticas, playas e islas, presencia en plataformas de viajes, y una articulación efectiva entre servicios públicos y privados que mejora la experiencia del visitante y consolida una marca fuerte en el litoral argentino.

No se trata de copiar modelos, sino de aprender de sus prácticas exitosas: la articulación sostenida entre operadores privados y el gobierno local, y un marketing territorial constante que genera reputación y atrae turistas.

Paysandú, en cambio, ha tenido iniciativas puntuales y atractivas, pero ha faltado continuidad e impulso. La oferta turística está fragmentada entre operadores con escasa o nula coordinación; el trabajo interinstitucional es débil, y la inversión y promoción resultan insuficientes. En cuanto al río, faltan servicios regulares de navegación, y la gestión de los espacios naturales aún carece de una visión de largo plazo orientada al turismo sustentable.

Hace algunos años, durante la administración nacional frenteamplista, se implementó el concepto del Corredor de los Pájaros Pintados, una propuesta destinada a poner en valor los recursos naturales y culturales del litoral uruguayo, integrando los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. Esta iniciativa buscó combinar naturaleza, patrimonio, termas y actividades náuticas, articulando a operadores privados con instituciones públicas, gobiernos departamentales y cámaras de turismo. El resultado fue una mayor visibilidad para la región y su incorporación a circuitos nacionales e internacionales de turismo de naturaleza.

Fue una experiencia que, con la pandemia y el cambio de signo político en el gobierno nacional, terminó desarticulada. No obstante, sigue siendo un antecedente valioso, con recursos humanos formados, conocimiento acumulado y redes de operadores que podrían reactivarse.

El mercado turístico contemporáneo muestra dos tendencias clave para el litoral: por un lado, crece la demanda de experiencias basadas en la naturaleza y la autenticidad local; por otro, se cuestionan cada vez más los modelos masivos que degradan los entornos naturales.

Uruguay ha incorporado progresivamente la noción de turismo sustentable a su oferta y a su marca país. La agenda del turismo sostenible gana espacio institucional y de mercado, con ferias y programas que promueven experiencias responsables y abren oportunidades para destinos que ofrezcan naturaleza, cultura y prácticas sostenibles.

Pocos lugares en nuestra zona reflejan tan claramente la dualidad del río como fuente de riqueza y, al mismo tiempo, su fragilidad. El río, los arroyos, las islas y las zonas ribereñas poseen valores ecológicos —hábitats de aves y peces, humedales que regulan el agua—, y a la vez son escenarios atractivos para visitantes interesados en la naturaleza, la observación de aves o los paseos náuticos.

En este sentido, la reciente incorporación de las islas del río Uruguay al Sistema Nacional de Áreas Protegidas no debe verse como un obstáculo para el turismo fluvial, sino como una oportunidad: un sello de calidad capaz de atraer a un segmento creciente de turistas interesados en experiencias de bajo impacto y en el contacto respetuoso con los ecosistemas.

Esto abre oportunidades para un posible Paysandú fluvial, siempre que la oferta local logre combinar calidad ambiental y profesionalización de los servicios: amarraderos seguros, guías capacitados, normas de seguridad y sanidad, y una gastronomía que incorpore productos locales.

Conservación y turismo pueden avanzar juntos, pero para que el departamento desarrolle una oferta competitiva no bastan las declaraciones de intención, las fotos atractivas ni el material promocional. Se necesitan instrumentos concretos: un plan de manejo que establezca qué actividades se permiten, operadores certificados, y normas sobre capacidad de carga, entre otros elementos que contribuyan a un turismo fluvial sustentable y a nuevos usos educativos y científicos de la zona. Pensar este desarrollo implica, ante todo, asegurar la integridad ecológica: perderla sería hipotecar cualquier futuro posible.
La declaración de las Islas del Queguay como área protegida representa una oportunidad estratégica para preservar valores ecosistémicos y culturales, y al mismo tiempo aportar una marca de conservación que podría ser núcleo de un turismo de naturaleza y educación ambiental. Su gestión, basada en el bajo impacto y el uso restringido, puede garantizar que conservación y turismo no sean opuestos, sino fuerzas complementarias en equilibrio.

A la par, el turismo fluvial sostenible requiere logística adecuada, productos turísticos con valor agregado que incentiven la estadía y el consumo local, y una mejor infraestructura de servicios. En suma, un enfoque estratégico capaz de transformar las oportunidades potenciales en beneficios concretos.

El turismo es una política pública de largo aliento que exige continuidad, acuerdos entre los sectores público y privado y compromiso institucional. Paysandú tiene condiciones naturales, capital cultural y una ubicación estratégica a la que es posible agregar valor. Pero faltan compromisos prácticos y sostenidos. Se necesita una visión que considere el río Uruguay como un recurso a proteger, sí, pero también como un motor de desarrollo para su gente, capaz de generar oportunidades y de dialogar de igual a igual con lo que ocurre en la orilla de enfrente.

El ministro de Economía Gabriel Oddone expuso en nombre del gobierno en la celebración del Día de la Construcción, en el Club de Golf, en Montevideo, un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, así como de varios de los integrantes del gabinete, de los directorios de las empresas públicas y diferentes autoridades, lo que demuestra la relevancia que tiene este sector empresarial para la economía y para la vida del país. El mensaje de Oddone, o como él mismo planteó, “los mensajes”, tuvieron por supuesto el sesgo al que obligaba la circunstancia y el entorno, es decir, hubo mucho de eso dirigido específicamente al sector de la construcción; no obstante, el jerarca transmitió una visión, más que desde el gobierno, desde el Estado, sobre cómo entienden este momento de Uruguay y su economía en el contexto global, qué provecho se puede sacar de ello, y de qué manera se pueden mejorar las cosas. Es muy recomendable tomarse el tiempo de ver el registro completo video para interpretar las decisiones que se están tomando en materia económica.

Oddone tomó el guante que dejó el presidente de la Cámara de la Construcción —que le antecedió en el uso la palabra— Alejandro Ruibal, que planteó que el país debería “jugar en otra liga”. Para el ministro “ya estamos jugando en otra liga y tal vez no seamos conscientes de que eso es así (…) cuando uno sale de Uruguay se encuentra, y créanme que no es un elogio fácil el que recibimos, pero crean, seguramente ustedes como miembros de la comunidad empresarial también lo reciben, que algunas cosas son por efectivamente cosas que nosotros hemos hecho bien, o que estamos haciendo bien desde hace muchos años. Otras tienen que ver también, es justo decirlo, con el deterioro de muchas condiciones que tienen lugar en el mundo, pero en cualquier caso, por la razón que sea, hoy Uruguay está en condiciones de captar la atención, de ser atractivo, y eso es un momento que tenemos que aprovechar”. Y tan es así eso de que hay que aprovecharla que esa misma mañana del lunes pasado el gobierno lanzó una convocatoria a inversores “para salir en un programa de financiamiento a la búsqueda de recursos en el mercado internacional”. Es decir, se realizó una emisión de deuda. Que tiene la particularidad de lanzarse en pesos uruguayos. Ojo, en pesos-pesos, nominales, ya no Unidades Indexadas, que cubrían la inflación, en pesos. Y eso es acompañar con acciones el discurso que viene sosteniendo el Banco Central en este proceso de fortalecimiento de la moneda nacional, que no empezó en este período de gobierno, justo es decirlo, sino que se ha transformado hace tiempo en una política transversal. Para el ministro “lo que tengamos como respuesta en las próximas horas, en los próximos días, también va a ser una demostración de cómo nos están evaluando el exterior. Insisto, no en particular a este gobierno, quienes somos los que estamos a cargo de tomar las decisiones de tipo económico, de tipo político, pero en general es al Uruguay y creo que efectivamente tanto el sector privado como el sector público tienen que ser conscientes de esta situación”.

El secretario de Estado hizo notar que el país, además de tener grado inversor desde hace bastantes años, “es un país que tiene el menor riesgo país de la región y eso no es un hecho circunstancial que ha ocurrido en el último año, en los últimos tres o cuatro, sino que viene ocurriendo de manera sistemática, de manera prolongada”. Estas virtudes del momento económico que vive el país y especialmente en un contexto internacional tan adverso, son, dijo, “un resumen de los fundamentos de la economía uruguaya y de la forma en la que el resto del mundo nos observa: nos observa como un país confiable, con niveles de riesgo bajo control y por lo tanto al cual las tasas de interés a las cuales se les cobra para poder acceder a financiamiento son tasas comparativamente bajas, en un mundo en el cual el financiamiento se ha vuelto más restrictivo”. Y a esto agregó que al menos desde que se lleva la cuenta, “lo que está ocurriendo con la tasa de inflación a lo largo de los últimos años es un evento inobservado en la historia del Uruguay de los últimos 50 o 60 años”, haciendo referencia a que “tenemos una consolidación de una tasa de inflación a niveles bajos, por debajo del 6%, por un período prolongado, de manera destacada”. Pero a la vez que se produce esta convergencia entre el dato inflacionario, o mejor dicho, del Índice de Precios al Consumo (IPC), Oddone destacó que también está alineada en esta convergencia la expectativa de inflación que transmiten a través de las encuestas que el Banco Central realiza periódicamente a diferentes actores de la economía y a especialistas. “Por primera vez en muchos, muchos años, las expectativas de inflación que el sector privado tiene, tanto en el mercado financiero como en las respuestas a las distintas encuestas que se realizan convergen a los niveles de inflación proyectados por el gobierno. ¿Y eso qué supone? Eso supone la credibilidad de las instituciones, en particular del Banco Central, que ha logrado trazar una meta creíble y consistente por un período prolongado de tiempo en relación a la consolidación de la baja de la inflación”, manifestó, en lo que valoró como un elemento crucial “tanto para la toma de decisiones a nivel privado como también para la mejora en la distribución del ingreso”.

También adelantó que al final del período “vamos a tener un equilibrio primario de nuestras cuentas públicas y nuestro déficit fiscal”, que estimó para entonces en el entorno del 2,5%, un porcentaje asociado al pago de intereses de la deuda.

Defendió además los cambios tributarios. Al respecto nos interesa aludir a una visión sobre el rol del sistema financiero nacional en el fomento e incentivo a la inversión nacional. En concreto su afirmación fue que “el sistema financiero uruguayo no financia la inversión en Uruguay. Tiene un papel digamos ‘moderado’ para financiar la inversión”. Eso, dijo, en los últimos años fue “disimulado por tasas de interés muy bajas” y como el sector privado “accedía a estas tasas baratas, o no tenía un costo de oportunidad elevado donde colocar la plata, había una posibilidad de que el empresario financiara con capital propio (sus) inversiones”. Sin embargo “Ese mundo, en principio, la visión del gobierno es que terminó” y ha dado lugar a un escenario de tasas más altas.

La intención es generar mecanismos —que no serán obligatorios, adelantó— para mejorar este que definió como un problema de inversión que tiene el país. “Los bancos prestan el 30% de los depósitos en dólares, los depósitos en Uruguay son el 70% del sistema. O sea, que estamos hablando de que casi la mitad de los depósitos que en Uruguay existen, no se canalizan al mercado doméstico, se canalizan al exterior. Eso tiene que ver con que faltan proyectos de inversión”, afirmó. Incentivar a través de diferentes mecanismos la inversión en el propio país, por ejemplo en crédito a pequeñas y medianas empresas, puede ser un instrumento interesante y tener un efecto potenciador del empleo, además, no olvidemos que ese segmento es el de mayor impacto en ese rubro, y en especial en el interior del país. Tal vez no alcance con ello y tal vez no sea tarea sencilla reactivar la confianza de los inversores domésticos después de tanto golpe recibido de empresas que más que empresas eran mecanismos de estafa, pero vale la pena el esfuerzo. Porque aunque quizás ya haya perdido algo de vigencia aquello de nada esperar sino de nosotros mismos, es un recurso del que no podemos darnos el lujo de privarnos.

La agenda que tuvo el presidente Yamandú Orsi en su reciente visita a Europa incluyó la consideración del acuerdo con la Unión Europea, una iniciativa que está en negociación desde hace más de 25 años y cuya concreción, que en varios momentos ha sido considerada como inminente, se parece más bien a la leyenda del tejido de Penélope, que tejía de día y destejía de noche, para hacer tiempo, por cuanto una y otra vez han aparecido los obstáculos desde el lado europeo para frustrarlo a último momento.

En este caso el canciller Mario Lubetkin fue el encargado de llevar adelante conversaciones con varios actores del bloque europeo, incluyendo al comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefovi, con el vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea, Raffaele Fito, y con miembros del Parlamento Europeo, “para evaluar el proceso del acuerdo” . En su paso por Alemania, Lubetkin se entrevistó con el canciller alemán Johann Wadepful , agenda en la que se incorporó el tema del acuerdo entre los bloques.
De acuerdo a lo comentado por la delegación uruguaya, se recogió un clima favorable para seguir en la fase de culminación de este dilatado proceso, aunque igualmente no existe unanimidad entre los países del viejo continente, y subsisten algunas dificultades burocráticas y políticas.

También fue palpable que hay voluntad política en el bloque europeo, pero los problemas surgen sobre todo en la interna de varios países, como es el caso de Polonia y Francia, por la presión de grupos de interés vinculados a la problemática de los productores del agro, que se resisten al ingreso de productos de los países del Mercosur, que compiten directamente con sus producciones, y que provienen de regiones donde hay grandes ventajas comparativas para estos rubros de producción.

Esta resistencia de los agricultores ha sido el gran obstáculo durante estas más de dos décadas de negociaciones, a lo que se ha agregado la escasa disposición de los grandes socios del Mercosur, Brasil y Argentina, para suscribir acuerdos extrarregión porque por su lado el proteccionismo comprende producciones industriales y productos semiterminados, a los que se les aplica un elevado arancel externo común, que ha costado mucho reducir y mucho más eventualmente desmantelar.

Es decir, que hay intereses sectoriales de ambos lados, pero con mayor énfasis en naciones europeas, donde los lobbies son muy poderosos y mucho más cuando se acercan compromisos electorales, donde están en juego el mantenimiento de subsidios y otras medidas proteccionistas pararancelarias para contener las importaciones desde este lado del mundo.

Y la resistencia recrudece cuando se anuncian avances en la negociación entre bloques: el sindicato agrícola más grande de Francia, la Confederación Campesina, se movilizó la semana anterior con tractores en la Explanada de los Inválidos de París, para exigir al presidente Emanuel Macron que defienda a los agricultores ante un acuerdo con el Mercosur que consideran “mortal” para este sector de actividad.

Precisamente hay compromisos previos y enunciados de por medio del gobierno galo, y los manifestantes exigieron al presidente que cumpla su compromiso de proteger a los agricultores franceses contra todo tipo de acuerdos comerciales entre el bloque comunitario y terceros países o bloques.
Los agricultores no son los únicos que se oponen a estos acuerdos en Europa, porque siempre hay intereses de diversa índole afectados, y estas presiones son las que han imposibilitado hasta ahora que se haya llegado a la concreción del acuerdo.

A su vez, en el Parlamento Europeo hay voces a favor y en contra del acuerdo, y el paso imprescindible es la aprobación de todos los parlamentos involucrados, y este proceso puede dilatarse todavía varios años, de acuerdo a los observadores más pesimistas, en tanto otros analistas consideran que la salida puede ser mucho más próxima.

Vienen a cuento de este tema precisiones formuladas a Búsqueda por el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Petros Mavromichalis, quien al ser preguntado sobre la posibilidad de que pueda entrar en vigencia por lo menos la parte comercial del acuerdo, que no requiere ratificación de los parlamentos de cada país europeo, dijo que la Comisión, a principios de setiembre, ha iniciado “el proceso de consulta que debe llevar a la aprobación por el Consejo de Ministros, por nuestros estados miembros. Luego el parlamento va a votar, y si los resultados son exitosos, que confío que será así, la parte comercial podrá entrar en vigor a títulos provisionales, pero el año que viene”, en tanto precisó que “ya sé que hace tantos años que estamos negociando, pero ahora las discusiones están terminadas, y estamos en el proceso de aprobación. Tenemos como objetivo común firmar en diciembre en Brasil”.

Pero claro, hay aspectos, todavía controversiales, como la cláusula de salvaguarda que incorpora la UE, que está orientada a contemplar a los agricultores europeos en caso de situaciones perjudiciales en la relación comercial, y según el jerarca de la UE se trata de “una medida interna que acompaña el acuerdo y que tiene como objetivo reasegurar a algunos sectores que tienen miedo de que van a perder como consecuencia de la entrada en vigor del acuerdo. Entonces es sol una señal política, más que política, incluso jurídica, de que la Comisión va a vigilar, va a acompañar para asegurarse de que ellos no va ser perdedores de este acuerdo”.

Incluso señaló que si bien un acuerdo de libre comercio es “ganar-ganar”, la vez “dentro de ese win- win hay quien gana más y quien gana menos, e incluso quien pierde”, por lo que “este documento es para acompañar a nuestros agricultores, para que no se sientan como el chivo expiatorio, de una cierta manera”.

En realidad, más allá de la burocracia y las diferentes realidades entre países de la UE, con mayor o menor incidencia de los sectores potencialmente perjudicados por el acuerdo, como los agricultores, debe tenerse presente que históricamente los países europeos han subsidiado a sus productores para evitar los perjuicios del ingreso de producciones como las de los países del Mercosur, que pueden producir a precios más competitivos por ventajas naturales.

Por lo tanto, sin lugar a dudas, una vez que se concrete el acuerdo entre los dos bloques, de algún lado van a tener que salir los recursos para compensar a los agricultores europeos. Y este es el eje que ha estado en discusión durante 25 años, para ver quien lo financia y como, y es lo que sigue aún hoy en el tapete, se le llame como se le llame en la negociación, que sigue con pronóstico reservado ante la magnitud de los intereses en juego.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP), correspondiente a la semana 40 y que registra datos hasta el 4 de octubre, en todo el país se han declarado oficialmente 3.146 mordeduras de perro, de las cuales 247 corresponden al departamento de Paysandú.
En todos los casos se evidencia un incremento respecto a años anteriores. Sin embargo, es necesario alertar sobre el subregistro existente, lo cual impide dimensionar con precisión la magnitud del problema. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de denunciar estas situaciones, pero la pauta cultural de la población no está alineada con esta necesidad.
Las razones pueden ser diversas. La principal —aunque no la única— es la desazón que genera la falta de medidas coercitivas que obliguen a los dueños de los animales involucrados a asumir responsabilidades por los hechos.
El incremento sostenido de animales de compañía quedó registrado en el último censo de 2023. Se estima que hay casi 1,5 millones de perros en el país, lo que aumenta el riesgo potencial de mordeduras. A esto se suma la falta de socialización adecuada y la carencia de normas básicas de conducta canina. Pero, sobre todo, existe una evidente falta de asunción de responsabilidades cuando ocurren estos episodios.
No todos los perros son potencialmente peligrosos, así como no todas las personas están capacitadas para tener un animal de compañía en su hogar.
En lo que va del año, se han registrado casos fatales y otros con lesiones de extrema gravedad en distintas partes del país. Si la denuncia tuviera consecuencias concretas, sería posible visualizar el impacto del aumento de estos hechos. Pero tanto las personas afectadas como sus familias saben que eso no ocurrirá, y en casos fatales la ausencia de responsables visibles es constante, aunque especialistas insisten en promover acciones judiciales para reparar los perjuicios.
El artículo 10 de la Ley 18.471, de protección, bienestar y tenencia responsable de animales, es claro. Lo que no está tan claro es su aplicación. El texto establece que los propietarios de perros de razas potencialmente peligrosas “deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras”. Agrega que, “tanto en la vía pública como en los lugares donde habitan”, sus propietarios deberán adoptar rigurosas medidas de seguridad en el sentido referido. Un gravísimo ataque ocurrido en Fray Bentos hace una semana fue elevado a la Justicia y al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), mientras se aguarda la evolución de la persona lesionada. El animal involucrado permanece bajo custodia de su dueño y con estrictas medidas de seguridad.
En este caso, no existían reportes previos, y la reacción del pitbull se produjo en cuestión de segundos. La vivienda contaba con rejas y un cartel de advertencia que decía “Cuidado con el perro”, elementos que, claramente, no pueden considerarse medidas de seguridad suficientes.
Respecto a los perros potencialmente peligrosos (PPP), la Resolución Nº 2/019 advierte que no se refiere únicamente a razas específicas, sino también a ejemplares que, por sus características morfológicas, agresividad, tamaño o potencia mandibular, tengan el potencial de causar daños graves o muy graves, incluso la muerte, tanto a personas como a otros animales.
En este punto, varios proyectos de ley han sido presentados en la legislatura anterior, pero sin mayor tratamiento parlamentario. Por ejemplo, la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch propuso una iniciativa en 2021 y volvió a presentarla en mayo de este año. El proyecto establece la esterilización obligatoria de estos perros dentro de plazos definidos por la ley, así como la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños.
Además, indica que estos animales deben mantenerse en instalaciones adecuadas y no podrán circular en espacios públicos o comunes sin correa y bozal apropiados, y siempre bajo la responsabilidad de una persona mayor de edad. También en 2021, el diputado del Frente Amplio, Javier Umpiérrez, presentó un proyecto que exigía licencia y seguro de responsabilidad civil para poseer perros peligrosos, aunque la propuesta tampoco prosperó.
Por su parte, los diputados colorados Felipe Schipani y Elianne Castro han propuesto la creación de un registro de PPP, la imposición de multas a quienes no los inscriban, y la obligatoriedad de capacitación y medidas de seguridad para su tenencia y circulación.
En la exposición de motivos, se destaca que las mordeduras de perro son un problema de salud pública que también afecta al bienestar animal, y se resumen los datos del MSP que muestran un incremento constante en los últimos años.
La Comisión de Bienestar Animal de la Cámara de Diputados tiene actualmente al menos tres proyectos en estudio, y los legisladores prevén unificar criterios en una propuesta común. Las dificultades a sortear son múltiples. Una de las más complejas es cómo hacer efectiva la aplicación de sanciones a propietarios irresponsables. ¿Qué medidas realmente garantizarán que una persona imprudente no pueda seguir teniendo animales a su cargo?
El INBA cuenta con recursos y herramientas muy limitados. Dispone de apenas 21 funcionarios para atender la problemática en todo el país, mientras recibe alrededor de 550 denuncias mensuales, que no pueden ser gestionadas en tiempo y forma.
Entonces, nos enfrentamos a una institucionalidad debilitada, a una legislación existente pero interpretada de maneras diversas, a la urgente necesidad de establecer medidas coercitivas claras, a pautas culturales que naturalizan conductas negligentes, a la moda de ciertas razas sin preparación alguna, a la falta de seguimiento a las denuncias y al desconocimiento generalizado de la obligatoriedad de la castración, el chipeo y el uso de medidas de seguridad en la vía pública.
Todo esto impide que el futuro de la convivencia entre personas y animales de compañía sea, al menos por ahora, esperanzador.