La Confederación Sindical del Uruguay (CSU), “desde su creación reivindica la lucha social de los trabajadores, igualdad de condiciones y este año con una proclama que la dirigimos hacia una utopía porque estamos en medio de los mismos reclamos históricos”, señaló José Álvarez, dirigente de la Asociación de Funcionarios de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Afuvi).
La confederación integra el Mondess y “hace hincapié en la seguridad social que tenían los trabajadores antes de la dictadura y lo que pasó después. Antes, nuestros padres cobraban aguinaldo y aportaban hasta 25 años, con devoluciones posteriores. Hoy eso no ocurre y los trabajadores reciben cada vez menos. Después de la dictadura comenzaron a beneficiarse unos pocos y los que nos levantamos todos los días para mantener un aparato político de zánganos, no vemos equidad ni beneficios”, dijo a EL TELEGRAFO.
Recordó que “cuando se resolvió por un Fondo Nacional de Salud que particularmente lo aplaudí, porque creía que era una inyección de recursos a los prestadores públicos, hoy vemos que no hay medicamentos ni especialistas. Por eso cuestionamos: ¿dónde está la plata de los trabajadores? Y la Confederación se hace eco de ese reclamo a diferencia de otros grupos sociales que hacen la plancha”.
Explicó que sus esfuerzos se enfocarán a “derogar la ley de la reforma de la seguridad social y eliminación total de las AFAP, porque los políticos están atados a esa plata de los trabajadores que usarán en la próxima campaña electoral. Y a este aspecto, lo desconocen muchos trabajadores”.
El edil Andrés Imperial denunció persecución política en la Intendencia de Paysandú contra municipales identificados con el Frente Amplio (FA) y una “cacería” con traslados de funcionarios de sus puestos de trabajo.
El edil frenteamplista señaló que dicha persecución está a cargo del “intendente Nicolás Olivera junto a los jerarcas de su confianza”, a partir del “primer día de haber asumido este gobierno departamental”.
Explicó que la “cacería de compañeros” se lleva adelante con “traslados de puestos de trabajo, recortes de horas extras, inhábiles y destratos por parte de los jerarcas responsables de las distintas direcciones. Este tema no solo está ocurriendo en la ciudad sino que también en los distintos municipios del país. En recorridas que hemos realizado por el Interior, siempre se acercan municipales para comentarnos de estas situaciones y de varias irregularidades”, dijo a EL TELEGRAFO.
Imperial agregó que “mayor es nuestra sorpresa cuando ya hace varios meses y en estas últimas semanas con más frecuencia, nos están ubicando varios funcionarios y funcionarias votantes del Partido Nacional, pero que no apoyaron a Olivera y su lista 51 en las elecciones. Son más que nada votantes que apoyaron las candidaturas de Bentos y Bandera que están siendo duramente perseguidos y castigados, totalmente desilusionados y sin entender cómo alguien que pertenece a su propia colectividad política, les hace sentir que son minoría”.
El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social (Mondess) participó en el acto efectuado en la plaza Colón, así como Paysandú por un Uruguay Soberano UPM2 NO, que plantean consultas ciudadanas en forma paralela.
El Mondess difundió, “invitados por la Confederación”, su campaña de recolección de firmas “para modificar la ley del gobierno, pero aguardamos las alianzas necesarias para llevar adelante esa campaña y esperar que la ley se haga efectiva”, dijo a EL TELEGRAFO Ricardo García.
El movimiento requiere unas 300.000 firmas, a fin de poner a consideración una reforma constitucional. García aclaró que “no es un plebiscito o una consulta para interponer un recurso a la ley del gobierno porque eso es potestad del Poder Ejecutivo. Es inconstitucional que se ponga a consideración de la gente la reforma que lleva adelante el gobierno. Por eso, vamos a proponer una nueva reforma que sustituya aspectos nocivos para los trabajadores que contiene esta ley”.
El integrante del Mondess señaló que “la confusión lleva a decir que es inconstitucional, pero ese es el trabajo que tenemos por delante y lo llevaremos como Mondess, que está integrado por todos los partidos políticos y sindicatos. El único objetivo del Mondess es la defensa de la seguridad social”.
Iván Sánchez presentó renuncia a su cargo de adjunto al Departamento de Descentralización, cargo al que había asumido el 2 de marzo pasado. El propio Sánchez confirmó la noticia a EL TELEGRAFO pero declinó indicar las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.
Su contratación había causado controversia por ser militante del Frente Amplio, candidato a diputado en la línea de Álvaro García al senado, en la lista 982. No obstante el propio intendente Nicolás Olivera aseguró entonces que lo había contratado por su “idoneidad técnica” y que ponía en relevancia la capacidad y no la política.
Iván Sánchez es licenciado en Ciencia Política, magister en Estudios de América Latina y docente de la Universidad de la República. Fue referente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, inauguró una policlínica en Salto y realizó una visita protocolar en el Congreso Nacional de Ediles, reunido en la sede de la Junta Departamental, con el fin de instalar una mesa de diálogo similar a la existente con el Congreso Nacional de Intendentes o la mesa nacional de municipios para intercambiar información oficial sobre el estado de ejecución de obras departamentales.
Fondos
Delgado señaló que en la actualidad hay “más de 200 proyectos presentados en todo el país por unos 70 millones de dólares” a través del Fondo de Desarrollo del Interior y del Programa de Desarrollo de Gobiernos Subnacionales (PDGS).
El fondo recibió “casi un 19% de aumento con respecto a años anteriores” y “se agregaron en la presente administración, dos componentes que obligan a distribuirlo de manera diferente. Es un 15% del FDI que va directamente a los municipios y tiene que ser gastado allí a fin de darle jerarquía al tercer nivel de gobierno y un 3% se destinan a proyectos productivos”, dijo Delgado.
En forma paralela, “el Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios, aumentó casi 40% su presupuesto en relación a años anteriores. Son unos mil millones de pesos al día de hoy y en este 2023 hay 500 proyectos de municipios de todo el país que serán financiados con este fondo”, agregó Delgado.
Desempleo
El coordinador de la bancada de ediles del Partido Nacional, Alejandro Colacce, señaló a EL TELEGRAFO “la importancia de la visita institucional del secretario de la Presidencia, en 70 años de la formalización del Congreso de Ediles. Avanzamos en una instancia necesaria para los ediles de las 19 juntas departamentales y le damos un final a la articulación de la institucionalidad creada por la Ley 19.992”.
El congreso sesionó en Salto, donde se registró el índice más alto de desempleo del país con 14,2% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.
De acuerdo a la conferencia de prensa recogida por Presidencia, Delgado criticó que en el vecino departamento “no se ve una Intendencia que haya facilitado inversiones, como sí lo hacen otras intendencias del país”. Recordó que en Paysandú, Soriano y Fray Bentos, el desempleo es cercano al 10% y en el caso de Salto “nos está faltando la actitud de facilitar inversiones”. Según el jerarca de Presidencia, “con Nicolás Olivera tenemos un contacto permanente. Se está anunciando la instalación de hoteles, otras inversiones”.
La Comisión de Memoria de la Intersocial Paysandú realizó una conferencia de prensa en “Casa del Maestro”, para informar sobre el lanzamiento del proyecto de creación de un memorial que homenajee a los trabajadores que sostuvieron la huelga general del 27 de junio hasta el 16 de julio de 1973 en Paysandú.
Según dijo a EL TELEGRAFO María Topolansky, “en este año 2023, la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado en Uruguay ofrece un ámbito propicio para rendir homenaje a los trabajadores que sostuvieron la huelga general con la construcción de un memorial, y al ser emplazado en la zona fabril, (frente a Paylana) resignificaría ese espacio. Creemos oportuno que la sociedad sanducera se integre a la concreción de esta obra para manifestar su homenaje a los hombres y a las mujeres cuya lucha simboliza nuestras mejores tradiciones democráticas y republicanas”.
En la explanada del Hospital Escuela del Litoral, la Federación de funcionarios de Salud Pública de Paysandú convocó a una asamblea abierta con trabajadores y usuarios a fin de exponer sobre “la falta de personal en la farmacia, en el área de salud mental, en atención al usuario y de ambulancias para los traslados”, señaló la dirigente Perla Gentile.
La presidenta de la federación, filial Paysandú, dijo a EL TELEGRAFO que “tenemos cada vez más usuarios porque son unos 65.000 y los recursos humanos no dan abasto. En la parte de salud mental, tenemos usuarios internados con patologías complicadas. No contamos con el servicio 222 de apoyo en la sala, porque también hemos recibidos a pacientes judiciales. Y pedimos lo que se llama una ‘guardia blanca’ para ayudar a los enfermeros ante las condiciones de algunos pacientes de salud mental”.
El presidente de la Junta Departamental, Marcelo Tortorella, por resolución 24/2023 determinó que “la edil (Verónica) Villareal se encuentra inhibida de participar en la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas a raíz de la medida cautelar adoptada por la Comisión de Trabajo”, conocida también como Comisión de Protocolo.
El tema fue el que desembocó en la sesión secreta del jueves en la Junta Departamental y el abandono de sala de funcionarios que se sintieron agredidos por dichos de ediles del Frente Amplio y motivó en la víspera, una declaración de la Asociación de Funcionarios de la Junta Departamental de Paysandú (Afujupay).
La base del asunto radica que la edila que representa al Frente Amplio en la mencionada comisión es Mónica Febrero, que de acuerdo a Roberto Ciré y Silvia Fernández “si bien no ha renunciado, no concurre más a la Junta” razón por la cual “el 14 de abril enviamos una nota a Presidencia indicando quien la suplantaría”.
No obstante, el coordinador de la bancada del Partido Colorado, David Helguera, advirtió que “Verónica Villareal no puede participar de la Comisión de Protocolo ni la de Asuntos Internos, porque la primera de las nombradas, que es una especial, se formó precisamente para considerar una denuncia que se realizó en su contra”. De hecho, ambas bancadas relatan de manera muy diferente los hechos que llevaron a formar la Comisión de Protocolo, que se integra ante denuncia de un funcionario por maltrato, abuso laboral o similares.
EL ORIGEN DE LA DENUNCIA
La edila Verónica Villareal fue denunciada por la secretaria general de la Junta Departamental, Alejandra Fernández, la que se sintió injuriada en una sesión de la comisión. Empero, el Frente Amplio y el Partido Colorado contaron de diferente manera a EL TELEGRAFO cómo ocurrieron los hechos.
“Respaldamos el trabajo de la compañera Villareal, más allá de su impronta”, aseguraron Ciré y Fernández. Contaron que en la sesión de la comisión la edila del Frente Amplio “le solicita a la secretaria general, que es a su vez la secretaria de esa comisión, que le presente las actas, pero no le son proporcionadas. A esto Verónica Villareal le dice: ‘Entonces tengo que interpretar que vos estás cambiando las actas’. Por esas palabras la secretaria la denuncia en la Comisión de Protocolo”.
“La edil hace justificadamente el reclamo porque tiene derecho a saber si sus palabras las pusieron exactamente. Las actas son puestas en la mesa, pero no se pueden leer en profundidad. Una simple palabra hizo que la secretaria se sintiera violentada, expresando que la edil Villareal la agredió verbalmente porque dijo que el acta había sido cambiada. Claramente, eso se puede arreglar de otra manera”.
La manera en que David Helguera narra los hechos es muy diferente. “Presencié lo que pasó”, dijo. “Villareal le dijo de todo a la secretaria general Alejandra Fernández. La siguió hasta el baño y le gritó de todo. Tuve que pararme adelante y decirle: ‘no tenemos por qué presenciar en una comisión una discusión que no tiene nada que ver con la naturaleza de la comisión”.
Y agregó: “Cuando el Frente Amplio conozca mis dichos van a venir por mí, pero no puedo ser temeroso y no decir con claridad que Verónica Villareal le dijo de todo a esta funcionaria de la Junta”.
LA DECLARACIÓN DEL SINDICATO
El sindicato de la Junta Departamental en una extensa declaración se pregunta “¿qué pasa con la bancada representante del partido defensor de los trabajadores, que una y otra vez sistemáticamente ha estado en contra de los trabajadores de la Junta Departamental, y más aún cuando le ha tocado desempeñarse como la mayoría entre los patrones?”
“Por otra parte, ¿por qué dedicar tanto tiempo de las sesiones de la Corporación a temas que fácilmente se solucionarían con el diálogo respetuoso con los funcionarios, cuando el discurso permanente es que son tantos y tan importantes los problemas del pueblo?”, agrega.
A través de una minuta de comunicación dirigida al intendente Nicolás Olivera, la edila del Frente Amplio Natalia Martínez cuestionó la iniciativa del intendente sanducero de aprobar la exoneración para la inversión de la empresa Azucitrus, lo que entiende que ha perjudicado a una industria capitalina con la pérdida de puestos de trabajo. Indica que “me dirijo a usted para trasladarle mi preocupación por la pérdida de fuentes de trabajo, producto de las inversiones realizadas por la empresa Azucitrus SA (San Miguel) algo que usted mismo defendió y expresó que era para traer más trabajo y más desarrollo”.
“Hace unos días me reuní con trabajadores de la industria metalúrgica y dirigentes de la Untmra que me trasladaron el problema que atraviesan en su empresa empleadora en Montevideo. La empresa es Prestal S.A.; una empresa con más de 50 años en el país. Fabrican tanques de 200 litros, entre otros, y que hoy ven amenazada su fuente de empleo, habiendo en el momento alrededor de 20 trabajadores en seguro de desempleo”, señala.
Destaca que “se preguntará por qué vinieron a Paysandú solicitando ser escuchados, y es debido a que la empresa Pretal S.A. vendía sus tanques a la empresa Azucitrus S.A. para sus productos, pero desde hace algún tiempo les avisan que ya no les comprarán los tanques porque los traerán a un costo mucho menor desde la República Argentina. Esto hace que la empresa Prestal S.A. deba enviar al seguro de desempleo a gran parte de su plantilla de trabajadores”.
La diputada Nancy Núñez (Partido Nacional) aseguró que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con quien se reunió en su despacho del Palacio Legislativo, “consideró apropiadas y estimables las propuestas para las pequeñas empresas, considerando estudiar la posibilidad de aplicar algunas otras exoneraciones tributarias para mantener fuentes laborales en Paysandú”, ante la situación “de crisis por la que atraviesan, a consecuencia de varios factores que han incrementado estas cifras en los últimos meses, entre ellos la situación de diferencia cambiaria con Argentina”.
Es por eso que uno de los temas “importantes es el de las políticas de frontera, entre otros aspectos coyunturales y de orden para poder ir dando respuesta a tantos sanduceros que hoy no tienen trabajo, o bien el mismo se ha visto precarizado mediante el subempleo e incluso el trabajo informal, sin poder acceder a ninguna protección social del Estado”.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), determina que Paysandú presenta una tasa de actividad del 59,1%, con un 52,9 % de empleo y una desocupación del 10,5%, lo que significa unos 6.000 sanduceros sin trabajo.
La reactivación de la policlínica de Piñera-Pueblo Beisso ha sido solicitada por el edil nacionalista Pedro Braga Frondoy, que ha trasladado esta inquietud a la Junta Departamental de Paysandú.
Indica al respecto que “reu-nido con vecinos de Piñera y Pueblo Beisso he recibido su aspiración de que se reactiven los servicios en lo que por muchísimos años fuera la policlínica de estos pueblos”.
“Ese local, que data de 70 u 80 años, es de excelente construcción; consta de varias salas que le dan la comodidad necesaria para su finalidad; el techo es de planchada, no existe rajadura alguna en ninguna pared y más allá de reparar alguna humedad y dar una mano de pintura, estaría en condiciones de volver a brindar el servicio que allí se prestaba”, explica.
Quedó trunca, ante el retiro de los funcionarios por medida gremial, la sesión de anoche de la Junta Departamental de Paysandú, en la que se esperaba recuperar el atraso del tratamiento de temas, con la incorporación de puntos pendientes de sesiones anteriores.
El detonante de la medida fue el “destrato” a los funcionarios por algunos ediles del Frente Amplio, –sobre todo aparentemente de dos edilas– siendo que éstos no pueden responder en el desarrollo de las sesiones ni en reuniones de comisión, en tanto se espera para hoy contar con una declaración al respecto de la gremial que nuclea a los funcionarios de la Junta Departamental.
Las situaciones que se arrastran desde hace tiempo fueron calificativos que se habrían pronunciado por ediles de la coalición de izquierdas en sesión secreta que fuera habilitada para que fundamentaran su voto, ante votación negativa de la moción en que el Frente Amplio pedía el tratamiento grave y urgente por aplicación del artículo 47 de la situación generada en comisiones ante el “atropello” hacia sus ediles.
Según trascendió, en esta sesión secreta algún edil del Frente habría manifestado que “no importan” los funcionarios, por lo que éstos decidieron retirarse y así el presidente de la corporación, Dr. Marcelo Tortorella, dio por terminado el plenario de anoche por la imposibilidad de funcionar.
La sesión se había iniciado poco después de las 20, presidida por el edil Gastón Berreta, con el desarrollo de la media hora previa en la que seis ediles expusieron sobre temas de su interés, en tanto luego asumió el titular, Marcelo Tortorella, quien informó en primer lugar sobre la compra de dos nuevos vehículos para la Junta, en una operación de recambio a través del contrato vigente con una marca, concretado en el período anterior.
Posteriormente, en un cuarto intermedio de diez minutos, Tortorella hizo entrega a los ediles frenteamplistas de remozadas instalaciones para el funcionamiento de la bancada de la coalición de izquierdas, en el marco de una serie de obras que se han venido desarrollando en el edificio en que funciona la corporación.
Continuando con la sesión, un edil del Frente Amplio pidió que se designara una comisión preinvestigadora sobre la forma en que se ejecutaron las obras, los presupuestos, empresas participantes y otros datos que se entienden no han sido proporcionados por la presidencia. La preinvestigadora fue votada negativamente, pero se habilitó elevar el planteo a la consideración del Tribunal de Cuentas de la República.
Fue en ese momento en que la edila Silvia Fernández pidió la aplicación del Art. 47 (tema de urgente consideración) por el “atropello” en la Comisión de Protocolo, en otras comisiones y hasta en deliberaciones del plenario, contra “compañeras” de su partido. El tema fue votado negativamente, por 14 votos en 30, pero al pasarse a la fundamentación del voto, pedido por los ediles del Frente Amplio, el presidente Marcelo Tortorella pidió que se vertieran en sesión secreta, debido a que en las expresiones se estaba involucrando temas relacionados con los funcionarios, ediles y aspectos de relacionamiento interno que no deben difundirse en sesión abierta.
Fue entonces, durante el desarrollo de la sesión, que expresiones consideradas hirientes y fuera de lugar por los funcionarios, vertidas por ediles del Frente Amplio, dio lugar a que los trabajadores decidieran dejar de cumplir funciones, por lo que se levantó la sesión.
Tortorella: se afectaba el honor de personas
En diálogo con EL TELEGRAFO tras haberse levantado la sesión, el edil Marcelo Tortorella expuso que “tuvimos un planteo de la bancada de ediles del Frente Amplio que afecta aspectos vinculados al honor de las personas. El reglamento interno establece que si se quiere tratar temas vinculados al honor de las personas, ya sean ellas ediles o funcionarios, cuando se está en régimen de funcionamiento público, la Junta tiene que proceder a declarar sesión secreta”.
“Cuando se dan las argumentaciones de los ediles, y ellas empiezan a apuntar directamente por los ediles del Frente Amplio hacia funcionarios de esta Junta, que no tienen posibilidad de defenderse al no tener voz y voto y son objeto de cuestionamientos en el trabajo y su reputación, es que consideramos que debía hacerse este debate en sesión secreta, ante los valores a preservar”.
En el marco de esta sesión secreta, “fue que los funcionarios optaron por retirarse porque no tienen posibilidades de defenderse. Creo que la falta de sensibilidad de ediles del Frente Amplio que hicieron uso de la palabra que horadaron la reputación y el buen comportamiento de los funcionarios, hizo que el gremio tomara la medida, como lo había anticipado, en el sentido de que lo harían cuando un edil de esta Junta afectara el honor los funcionarios”.
“Fue así que levantamos la sesión, ante la imposibilidad de funcionar”, acotó, a la vez de señalar el “daño a la institucionalidad de la Junta que le hace el Frente amplio con estas actitudes”.
Repudio de bancada nacionalista y cabildo abierto
Tras los hechos ocurridos en la sesión de anoche, la bancada nacionalista y Cabildo Abierto dio a conocer un comunicado que expresa que “ante una fecha tan especial como el primero de mayo” desea hacer llegar “un cordial saludo a todos los trabajadores en su día, quienes llevan adelante su labor con compromiso, responsabilidad y dedicación haciendo de éste un departamento más justo y democrático”.
“El compromiso es permanente con aquellos que buscan un trabajo digno para llevar el pan diario a la mesa familiar así como con quienes necesitan de la mejora de sus condiciones laborales. Esta bancada hace un reconocimiento especial al gremio y a todos los funcionarios de la Junta Departamental, sin quienes el funcionamiento institucional no sería posible. En estas horas previas al primero de mayo nos solidarizamos y respaldamos a los funcionarios de la Junta Departamental quienes han sido atropellados por la bancada del Frente Amplio, hecho que repudiamos enfáticamente”.
“OFICIAN COMO PUNTEROS POLÍTICOS”, DICE EL FA
Por su parte, el Frente Amplio emitió un comunicado en que expresan su postura ante el “levantamiento abrupto, motivado en el paro sorpresivo de un grupo de funcionarios, debido a que se estaba debatiendo el mal funcionamiento, autoritarismo, arbitrariedad y discriminación política que venimos sufriendo desde el inicio de este período de gobierno tanto por Ediles del oficialismo como por un grupo muy reducido de funcionarios que ofician como punteros políticos del Partido Nacional”. Y expresaron: “No vamos a aceptar presiones que vayan en detrimento de nuestra función en este recinto para la cual fuimos electos por el pueblo; exigimos respeto y repudiamos todo tipo de violencia ejercida en el marco de nuestro desempeño”; a la vez que “hacemos responsables al Partido Nacional de la inconducta de algunos funcionarios que se burlan cuando estamos en uso de la palabra los ediles del Frente Amplio”.
Indicaron que “queremos hacer saber a la población que es el Partido Nacional quien se niega a tratar los temas que atañen a nuestro pueblo, blindando al Intendente Departamental y su Ejecutivo, no permitiendo el libre ejercicio de nuestro rol de contralor establecido en la Constitución de la República”, por lo que “exhortamos a la Departamental Nacionalista y sus autoridades, al Sr. Presidente de la Junta y al Sr. Intendente Nicolás Olivera a bregar por el funcionamiento institucional de este órgano de Gobierno Departamental, dentro del marco normativo vigente”.
La Comisión Especial de Derechos Humanos, Equipo y Género de la Cámara de Senadores estudia el proyecto de ley de paridad, presentado por la legisladora nacionalista Gloria Rodríguez. En Uruguay, existe desde 2009 la denominada ley de cuota femenina y se aplica en las campañas electorales. Requiere que haya al menos una mujer cada tres lugares en las listas presentadas, sin embargo, el proyecto de Rodríguez propone colocar igual número de hombres y mujeres en las listas.
En el ámbito olítico consideran que la cuota no ha funcionado, por lo tanto, se aguarda que este planteo provoque nuevas resistencias en el oficialismo. El Frente Amplio aplicó en forma voluntaria este sistema, en las elecciones de 2019.
“Consideramos este proyecto sumamente necesario. Lo presentamos en el 2021, comenzó su tratamiento en 2022 y en 2023, esperamos poder votarlo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ya tenemos una ley de cuotas que es la ley de participación política de ambos sexos, que tiene más de 10 años. Pero esa ley ya dio todo lo que tenía que dar y hoy es necesaria la paridad porque no se respetó el espíritu de la que existe. Se ha utilizado toda la ingeniería política con tal de no cumplir”, dijo Rodríguez a EL TELEGRAFO.
La Comisión de Cultura de la Junta Departamental, en su sesión del pasado 19 de abril, decidió presentar al plenario de mañana jueves la solicitud que se proceda al archivo de 19 mociones que proponen otros tantos homenajes a instituciones, artistas, periodistas y estudiantes. En la sesión de la que participaron Valeria Alonzo (reemplaza a Ana María San Juan), Mabel de Agostini, Gabriela Meneses y Carina Texeira, se consideró que las mociones habían sido presentadas durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022. En consecuencia, “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, lo cual hizo perder vigencia de varias solicitudes de reconocimientos, y contemplando también lo expresado en el artículo 114 del reglamento interno de la corporación, se sugiera al plenario proceder al archivo de los temas”.
La Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTEC, vive momentos complejos, los más complicados desde el punto de vista de su gobierno –que nunca terminó de arrancar– en poco más de una década de funcionamiento. Todo ha quedado patente en un ida y vuelta de leyes que empezó el año pasado.
Una ley, la 20.096 del 29 de noviembre de 2022, modificó la gobernanza de la UTEC establecida por la legislación de creación de UTEC, la 19.043, del 28 de diciembre de 2012. Su artículo 14 indicaba que la integración del Consejo Directivo Central –ente autónomo de la UTEC– estaría encabezado por un rector, elegido por los docentes, estudiantes y egresados, dos delegados por los docentes y dos por los estudiantes, un representante de los trabajadores, y otro de los empresarios. Todos con derecho a voto.
Lo que modifica la ley 20.096 es que el órgano será integrado por un rector designado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros previa aprobación por la Cámara de Senadores. A su vez, se designan dos miembros de la misma forma, y un director del Instituto Tecnológico Regional (ITR) elegido por sus pares. Y el pasado 10 de abril, en una supuesta tentativa de enmendar lo anterior, el Senado sancionó “un nuevo intento de eliminar el cogobierno de UTEC”, según un comunicado del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica (Situtec).
De acuerdo al texto, y en base a legisladores y otros juristas “consultados” el “proyecto de ley que deroga la ley 20.096, y sorprendentemente propone el mismo texto de la ley que deroga, es potencialmente inconstitucional”. “Esta nueva ley aprobada en el Senado de la República es una demostración de que Situtec estaba en lo cierto y que la ley 20.096 era inconstitucional. Con la misma firmeza decimos que esta nueva ley también lo es”, insiste.
“Nosotros buscamos todos los mecanismos de diálogo. Percibimos que dentro de la coalición se vota más por disciplina que por convicción. Nos tocó hablar con senadores y diputados de Cabildo Abierto y del Partido Nacional, y nos dicen que definitivamente es un mal proyecto el cambio de la ley”, dijo a EL TELEGRAFO Marcelo Ubal, presidente de Situtec.
“La ley original de UTEC es la 19.043. En el artículo 14 se habla de la forma en que se organiza la institución referente a su gobierno. Este es el Consejo que debió gobernar, pero incluso el Frente Amplio no lo puso en práctica. Fue uno de los motivos por los que renunció María Antonia Grompone en 2014, por la falta de voluntad clara de concretar el proyecto de ley. Y para eso se configuró el Consejo Ejecutivo Central Provisorio de UTEC. Era hasta 2016 y hasta hoy sigue siendo provisorio. Es el provisorato más largo de la historia del país”, ahondó.
El edil Andrés Imperial denunció persecución política en la Intendencia de Paysandú contra municipales identificados con el Frente Amplio (FA) y una “cacería” con traslados de funcionarios de sus puestos de trabajo.
Iván Sánchez presentó renuncia a su cargo de adjunto al Departamento de Descentralización, cargo al que había asumido el 2 de marzo pasado. El propio Sánchez confirmó la noticia a EL TELEGRAFO pero declinó indicar las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.
El presidente de la Junta Departamental, Marcelo Tortorella, por resolución 24/2023 determinó que “la edil (Verónica) Villareal se encuentra inhibida de participar en la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas a raíz de la medida cautelar adoptada por la Comisión de Trabajo”, conocida también como Comisión de Protocolo.
La Comisión Especial de Derechos Humanos, Equipo y Género de la Cámara de Senadores estudia el proyecto de ley de paridad, presentado por la legisladora nacionalista Gloria Rodríguez. En Uruguay, existe desde 2009 la denominada ley de cuota femenina y se aplica en las campañas electorales. Requiere que haya al menos una mujer cada tres lugares en las listas presentadas, sin embargo, el proyecto de Rodríguez propone colocar igual número de hombres y mujeres en las listas.
