Política

En dos transmisiones en vivo por Facebook, el 2 y 3 de marzo pasados, Ayende descalifica de diferentes maneras a Gabriela Gómez y sostiene que “andaba aflojando las ruedas a los camiones de (Guillermo) Caraballo”, lo que de ser cierto, sería delito.

El primer vivo fue realizado tras culminar la reunión del intendente Nicolás Olivera con todos los alcaldes del departamento, donde entre otros temas se consideró el Plan Operativo Anual 2023 (POA). Ayende se mostró molesto porque no había avances en la aprobación del de Porvenir, según una reunión de la que votaron afirmativamente tres concejales (incluido Ayende) que prevé la adquisición de una camioneta combi y trabajos de bituminización.

En esas circunstancias tuvo palabras hirientes para Gabriela Gómez, para el recién nombrado adjunto a Descentralización Iván Sánchez e incluso (aunque sin nombrarlos) para otros alcaldes.

Al día siguiente hizo un vivo de similar contenido porque en el anterior tuvo dificultades de recepción de Internet. Ahora el asunto está en manos de la justicia.

De acuerdo al relato de la concejal, que está ya en manos de Marcelo Tortorella, presidente de la Junta Departamental de Paysandú, los problemas se generaron apenas comenzó la lectura del acta 71, cuando “estuvieron presentes la coordinadora de Descentralización, Gabriela Gómez y la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero”.

El acta “la cual él mismo relató porque seguimos sin secretaria”, contiene elementos donde “vuelve a faltar la verdad”, sostiene Reimundez. “Junto al concejal Daniel Gronros pedimos con anticipación que fueran invitadas, para consultar el contenido del proyecto ganador ‘Una casa, la identidad de todos’, ya que hasta el día de hoy el alcalde nos niega una copia. Volví a reclamar, esto lo enfureció y nuevamente plasmó otra mentira en el acta, referente a lo que Gronros y yo dijimos. Pedí la palabra, el permiso para tomar el libro, releer, expresar mi indignación. Se estaba faltando a la verdad de forma reiterada. Fundamenté mi concepto de lo acontecido y por supuesto, mi desacuerdo”.

“Lo cierto es que no sale del concejo que está integrado por cinco representantes”.

Explicó que, además, se constataron debilidades en el control de las horas extras de los funcionarios afectados a determinadas tareas.

Auditoría

Recordó que el TCR “se basa en el decreto departamental y, si bien existe una ley que rige en todo el país, cada Junta Departamental tiene un reglamento con diferencias y similitudes en comparación con otros departamentos”.

El tribunal entrevistó a las autoridades de la localidad y “vio el libro de actas de las sesiones del concejo”. Además, “realizó el arqueo de fondos permanentes, arqueo de caja chica con el Departamento de Contaduría, revisó actas de audiencias públicas y entregó un cuestionario a funcionarios pertenecientes al área administrativa”.
“Hizo un control en el funcionamiento interno del propio concejo, consultó sobre quién dispone de los gastos y su ejecución, además del cuórum en las sesiones”.
Con esta información, “el TCR observó un incumplimiento en las normas legales y en el proceso de gastos basado en la Ley 19.272, que rige a los municipios. Porque el concejo municipal no resuelve como tal, sino que la alcaldesa toma decisiones unilaterales”, señaló Arbelo a EL TELEGRAFO.

Observaciones

El TCR “observó que los gastos se cargan al sistema informático y finalmente lo define el gobierno departamental. Eso, en parte, está bien porque los municipios no tienen personería jurídica. Por lo tanto, no pueden disponer del dinero para tomar decisiones, con la excepción de una ‘caja chica’. El resto del presupuesto se maneja por el sistema informático de la Intendencia y lo dispone el jefe de Administración o el secretario general”.

“Eso tiene que hacerse de esa forma, pero con la decisión del concejo en pleno y eso es lo que cuestiona el TCR. Porque la ley y el reglamento departamental son claros”.

En el complejo de Sutel, en Montevideo, efectuaron la 77ª Asamblea Nacional Extraordinaria de la federación, que abordó la propuesta de la Dirección que consta de cuatro puntos y que resultó aprobada por unanimidad. En el primer punto señalan la “rebaja del interés de todas las cooperativas Reglamentación 2008, al 2%, dejando bien claro cuál es la cuota resultante y cuántas son, una vez que se aplique el 2% al saldo de deuda de cada cooperativa”. El segundo aspecto refiere al “reconocimiento de los meses de amortización con el valor de la UR de cada año, sin multas ni recargos de ningún tipo” y en el tercero, el “reconocimiento de los subsidios otorgados por las cooperativas durante los meses de huelga de pagos”.

Planteé la idea y me dijeron que había gente en Cabildo Abierto –no Manini Ríos– que iba a quedar conforme con mi decisión, pues no les era particularmente simpático”.

Eduardo Lust planea fundar un partido ambiental y jurídico. “Primero pensé en formar una agrupación dentro de Cabildo Abierto, pero después me di cuenta que era prácticamente igual que hacer un nuevo partido. Así que tomé la decisión de comenzar de cero. No pretendo incorporarme a otro partido más allá que he recibido contacto de varios, el Partido Nacional, el Colorado y hasta del Frente Amplio”.

“Lo que yo digo es que pertenecer a un partido tradicional es un tema emocional. Uno es blanco por Leandro Gómez, por Aparicio Saravia; colorado por José Batlle y Ordóñez. También por tradición, por el abuelo, el padre. En un partido nuevo que aparece es una cuestión racional. Si me fuera al partido de Vega, de la Gente, emocionalmente no siento nada, es una decisión racional. Racionalmente me incorporé a Cabildo Abierto, pero emocionalmente no me sentía miembro de Cabildo Abierto. Hasta que pasen 10 o 15 años esa parte emocional no llegará”.
En cuanto a su alejamiento de Cabildo Abierto, Eduardo Lust subrayó que en su encuentro con Manini Ríos “expliqué la teoría que tengo de un matrimonio.

Uno está con una persona una determinada cantidad de años y llega el momento que pasa algo que impide que continúe la relación y se resuelve la separación. Pero no hay que hablar mal de la pareja porque se hablaría mal de uno mismo. Esto es igual, no voy a hablar mal de Cabildo Abierto”, dijo más adelante.

Explicó que las autoridades municipales y del organismo, “trabajamos en las conexiones del pueblo viejo de El Eucalipto con el gerente comercial Diego Guichón sobre los estudios realizados para conocer por dónde pasan los caños, porque algunos terrenos son de uso público y otros son privados. Precisamente hoy (por el miércoles) hablé con Guichón, porque visitaba Cañada del Pueblo, donde hay un corte de agua por la bomba y no está claro el tema. Por esa razón, coordiné una reunión para la semana que viene”, dijo a EL TELEGRAFO.

“A veces llama la atención que hay actores políticos que recién ahora se acuerdan de pueblo El Eucalipto y cuando tuvieron la responsabilidad de acordarse, ni pasaron.

“Obviamente no queremos que se pierda, por lo que estableceremos esa Unidad de Gestión Documental, para poder consolidar todos estos archivos digitalizados, darle un respaldo digitalizado, trabajando en conjunto con la Comisión de Patrimonio”, aseguró.