Política

Tal como fuera adelantado por EL TELEGRAFO hace ya algunos meses, la Intendencia Departamental de Paysandú elevó a la Junta Departamental el documento de la Comisión de Seguimiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), referente a la reglamentación integral de los Vehículos Móviles Personales (VMP), que incluye habilitación para circulación, permisos a los que debe accederse para su conducción y las formalidades para sus empadronamientos por parte de la intendencia.

El documento fue considerado por la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclator, donde fue aprobado y elevado al Plenario, donde fue considerado y aprobado en la sesión del jueves.

La normativa que vuelve al Ejecutivo Departamental para su promulgación, busca solucionar los inconvenientes que actualmente se aprecian en calles, ramblas y veredas no solo en Paysandú sino en otras partes del país. Entre los principales se destaca que un alto porcentaje no respeta la normativa vigente, no utiliza casco protector y no tiene permiso habilitante para conducir.

Mañana domingo se habilitará la feria de Avenida Soriano, de Entre Ríos al oeste, y también podrá funcionar el domingo 30.
El director de Mejora Continua y Optimización y el director de la Unidad Inspección y Servicio a la Comunidad, Rodrigo Vercellino y Álvaro Lussich, respectivamente, se reunieron en la mañana de ayer con representantes de las ferias artesanales, para confirmar la autorización a la mencionada feria.
En tanto el 23 de mayo podrán trabajar los feriantes de avenida Soriano desde Entre Ríos al este, conocidos como los periferiantes. Empero Álvaro Lussich fue categórico al indicar que “esa feria está medio clandestina, no tiene personería jurídica, no tiene ninguna organización, no tienen establecido un orden de los puestos”.

En la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental ediles de los tres partidos políticos representados en la corporación expusieron sobre temas de carácter político, algunos de los cuales fueron retomados en debates trasladados a la última parte de la sesión, en algunos casos ríspidos, sobre todo a partir de intervenciones del edil colorado David Helguera, erigido en “francotirador” hacia el oficialismo departamental pero también hacia flancos de la coalición de gobierno que integra el propio Partido Colorado.
En su estilo vehemente, desafiante, provocador en algunos pasajes, el representante colorado dijo que discrepa con determinadas posturas de su partido y señaló que se mantiene en el rumbo que ha reivindicado una y otra vez, con críticas hacia el Gobierno y en casos haciendo causa común con algunas posturas de la bancada frenteamplista.

A partir del jueves 1° de julio los tenedores de perros deberán presentar la denominada cédula canina cuando quieran trasladarlos en unidades de transporte interdepartamental.
La resolución, con la firma de Pablo Labandera, director nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fue destacada por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Gastón Cossia, quien expresó que esta medida contribuye a promover la tenencia responsable de esos animales.

El intendente departamental Nicolás Olivera recibió en la víspera a los alcaldes del departamento, con excepción de Ramiro Ayende, de Porvenir, para conocer los Planes Operativos Anuales (POA). Precisamente, Ayende no concurrió porque Porvenir no tiene POA diseñado.
Sí estuvieron presentes Milton Laurencena de Chapicuy, Gabriela Barrute de Lorenzo Geyres, Silbia Visoso de Quebracho, Martín Álvarez de Guichón, Ricardo Soares de Lima de Tambores y Jhonn Cáceres de Piedras Coloradas. También estaban presentes el secretario general Fermín Farinha y la directora de Descentralización, Gabriela Goméz.

Tras leer “el artículo publicado por EL TELEGRAFO el 11 de mayo pasado bajo el título, ‘En Paysandú hay 6.594 personas sin empleo y 11.606 trabajan en negro’, tomado de los resultados de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) generada en el año 2020, ciertamente la situación es muy preocupante”, sostiene el edil departamental Marcelo Tortorella.
Los datos “revelan una realidad difícil de digerir y que se viene arrastrando desde la pasada Administración, tanto del gobierno nacional como departamental, que ha eclosionado y potenciado en virtud de la pandemia de la COVID-19, poniendo de manifiesto una situación aún más grave en nuestro departamento que en otros puntos del país, con un incremento del desempleo y la pobreza”.
De acuerdo con el edil del Partido Nacional, “Paysandú cayó mucho más de la media de nuestro país, y esto fue producto del resultado de la gestión precedente, desde que no puso énfasis en generar oportunidades de inversión sustentables”.
Considerando que 11.606 personas se encuentran en la informalidad, Tortorella sostiene que “es necesario preparar a nuestra gente desde un nuevo abanico de habilidades desde niveles muy básicos (ya sea interpersonales, digitales o técnicos). Esta crisis es una muy buena oportunidad para avanzar en la transformación del mercado laboral centrándonos en la persona. La reactivación debe tener acciones de corto plazo, pero también es fundamental contar con una visión de largo plazo para lograr un mayor desarrollo para nuestra región”.

(Katoen Natie)
Para la empresa belga Katoen Natie, la principal accionista de Terminal Cuenca del Plata (TCP), Montecon –que al igual que la TCP se dedica a la operación y almacenaje de los contenedores en el puerto de Montevideo–, tergiversa la información y ha cometido varias irregularidades que deberían ser investigadas a fondo, entre ellas una licitación del año 2008 en la que fue descalificada por la grave irregularidad de presentar dos ofertas.

También asegura que desde hace más de doce años Montecon utiliza los espacios portuarios sin haber participado de ningún proceso competitivo y cuando se presentó a una licitación y fue descalificada, igualmente continuó usufructuando hasta hoy espacios en un régimen ilegal que para Katoen Natie “nunca debió existir”.

La empresa salió al cruce de un comunicado difundido por Montecon diciendo que “vuelve a tergiversar la información intentando transformar una tarifa vigente en el tarifario portuario como si fuera un título de uso habilitante de espacio físico portuario”.

El Frente Amplio presentó ante la Cámara de Representantes la solicitud remoción del diputado colorado y empresario citrícola salteño Omar Estévez y promoverá una denuncia Penal ante la Fiscalía Letrada Departamental de Salto en relación a los hechos de pública notoriedad vinculados al daño de la salud pública y a la salud de los trabajadores (artículo 224 del Código Penal): “Daño por violación de las disposiciones sanitarias” y el artículo 1 de la Ley 19.196 de responsabilidad penal empresarial).

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS

Diario Cambio de Salto da cuenta que la solicitud de remoción se relaciona con el incumplimiento de normas sanitarias que presentan una extrema gravedad de conductas y comportamientos suyas como empleador, que ponen en riesgo la salud y la vida de sus trabajadores, el incumplimiento de los protocolos de prevención dispuestos y de las medidas sanitarias de aislamiento que han dictado las autoridades sanitarias nacionales y departamentales para atender la situación de emergencia sanitaria decretada en marzo de 2020. El diputado empresario es contratista de distintas multinacionales citrícolas en su departamento y el departamento de Paysandú y reconoció haber transportado en un ómnibus a ocho personas cursando la enfermedad provocada por el virus COVID-19, los que nunca dejaron de trabajar, representando un riesgo para los demás trabajadores y atentando contra los protocolos de contención y reducción de los contagios.

Habrá de sesionar esta noche la Junta Departamental de Paysandú, en el teatro Florencio Sánchez, para considerar un orden del día de 22 puntos y darse por enterada de los asuntos entrados y comunicaciones.
El cuerpo presidido por Braulio Álvarez deliberará en este edificio en el marco de las medidas preventivas contra la pandemia, a partir de las 20, para considerar como primer punto la aprobación de actas de sesiones anteriores y considerar informes de comisiones sobre una serie de temas.
Entre los items figuran la reiteración de pedido de informes referente a “funcionarios de la dirección de Movilidad Urbana de la Intendencia Departamental”, así como el relacionado con “traslado de funcionarios a las Termas de Guaviyú”.
Asimismo se reiterarán los pedidos de informes sobre “área protegida montes del Queguay” y exoneración de tasas de servicios de recolección a la cooperativa de vivienda de la madera (Covimad), ante pedido de anuencia de la Intendencia Departamental.

Los ediles departamentales de la Vertiente Artiguista (lista 77, Frente Amplio), piden que la Intendencia de Paysandú tenga en cuenta en el programa “Jornales Solidarios” a discapacitados, personas trans y afrodescendientes, de acuerdo a lo previsto por ley.
En una Minuta de Comunicación enviada al intendente Nicolás Olivera, los ediles frenteamplistas indican que después de anunciada “la implementación del programa ‘Jornales Solidarios’ por parte del gobierno nacional, nuestro departamento contará con 728 puestos de trabajo rotatorios, tal como usted lo manifestó días pasados”, es apreciado por la Vertiente Artiguista “con buenos ojos que se destinen fondos para este tipo de actividades, ya que todo nuestro departamento (ciudad e interior) está atravesando una grave situación laboral y el índice de pobreza se ha incrementado en estos últimos meses, agravado por la situación de pandemia de la COVID-19 que ha devastado a varias ramas de actividades y muchas disciplinas, ejercidas por mujeres y hombres de distintas edades”.

El presidente de la Junta Departamental –actuando en su función de edil departamental– Braulio Álvarez propone crear zonas “libres de humo” en espacios públicos de la ciudad ante el aumento de la presencia de fumadores, tanto de tabaco como de marihuana (sustancias permitidas) en aquellas plazas y similares que cuenten con instalaciones para niños o estaciones aeróbicas.
En una propuesta enviada al primer vicepresidente de la Junta Departamental Mario Culñev, Álvarez destaca que la propuesta surge “a partir de una inquietud de varios vecinos de la ciudad que, a diario, plantean la molestia que les causa el hecho de tener que compartir espacios públicos abiertos con el humo de cigarrillos y otro tipo de sustancias que distintas personas, en legítimo ejercicio de sus libertades, se encuentran fumando en distintos puntos de la ciudad”.

La principal preocupación surge -curiosamente- porque se aprecia como “padres o cuidadores que acompañan a los niños a los distintos parques o espacios de recreación y mientras los vigilan aprovechan la ocasión para despuntar sus vicios, generalmente en los bancos linderos a los juegos, lo que hace que por acción del viento terminen contaminando el área de recreación y esparcimiento de los niños y por ende terminen resultando fumadores pasivos”.

El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, recibió en su despacho a los dirigentes del sector Vertiente Artiguista Mauro Valiente y Dany Collazo, quienes plantearon su “preocupación por las vacunas que no han llegado en las cantidades que realmente se necesitan, la problemática que existe en la coordinación y ver qué se puede exigir en conjunto”.
El edil Collazo destacó que en la mesa plantearon “la situación laboral que está atravesando el departamento, la tasa de desocupación y pobreza que se incrementó notoriamente en los últimos meses. El senador nos informó sobre las propuestas que la bancada de senadores frenteamplistas entregó al gobierno días atrás relacionadas a las medidas sanitarias”. Explicó que estas medidas deben restringir “la movilidad por un período de un mes, tomando como base las propuestas el 7 de febrero del GACH y las planteadas en la comisión de seguimiento por el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior, además de revisar protocolos en el trabajo, aumentando exigencias, controles, fiscalización y sanciones”.