Resultados de la búsqueda de cannabis

Basta con hacer una búsqueda en Internet para corroborar que lo que normalmente se denomina como “legalización de la marihuana” es uno de los signos que distingue internacionalmente a nuestro país, régimen que fue adoptado a través de la Ley N°19.172 del 20 de diciembre de2013. Esta norma establece que el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal, conforme con lo dispuesto en la dicha ley y en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación de la misma.

En la realidad, el régimen uruguayo en esta materia se trata de un verdadero “Frankestein” armado con pedazos de distintas vertientes que combinan la presencia estatal (algo que los uruguayos buscan y esperan como forma de que las responsabilidades las pague otro) con algunos espacios específicos para la participación del sector privado. No se precisa ser un genio para imaginar que como siempre sucede en estos casos, el Estado (la “máquina de impedir” según el expresidente Luis Lacalle Herrera) se dedicó a poner trabas absurdas a ese negocio hasta hacerlo inviable, en parte respondiendo a presiones de parte de la sociedad, mientras los particulares están pagando los platos rotos de una política formulada y ejecutada sin ninguna clase de planificación, visión de largo plazo ni sentido común. Según el listado de empresas habilitadas en el Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública, existen 19 empresas relacionadas con el cannabis medicinal. De esas, quedan pocas en actividad.

Un caso que ha trascendido en los últimos días es el de la empresa Boreal instalada en el vecino departamento salteño. De acuerdo con el portal de noticias Infobae, “con la inauguración de la planta de procesamiento de cáñamo medicinal más grande de América Latina, en setiembre de 2020, el gobierno de Luis Lacalle Pou destacaba que Uruguay debía apostar a ese tipo de emprendimientos. La inversión, de capitales canadienses, unía la capacidad agrícola y la producción primaria con las “fortalezas” de Uruguay y la “capacidad de generar empleo de alta calidad”. “A nuestro gobierno le interesa mucho profundizar en este tipo de desarrollo”, decía en la presentación de la inversión el ministro de Industria, Omar Paganini.

La planta era de casi 5.000 metros cuadrados edificados y tenía una capacidad de producción de hasta 20 toneladas por semana, gracias a los cultivos en 50 hectáreas. Estaba ubicada en la localidad Colonia Garibaldi, en el departamento de Salto, a más de 500 kilómetros de Montevideo. A casi tres años de la presentación, la propuesta no salió como el gobierno uruguayo esperaba: la planta procesadora de cannabis medicinal Boreal cerró, de forma imprevista, su inversión en Uruguay y despidió a los trabajadores por WhatsApp”. En relación con este fallido emprendimiento privado, Infobae expresa que “el caso de Boreal es el más sonado por estos días, aunque no el único en un rubro que perfilaba con grandes expectativas hasta ahora solo cumplidas a medias. Según un reciente informe del diario El Observador de Montevideo, han quebrado al menos cuatro empresas del rubro cannábico, más chicas que la canadiense, mientras que Selenio Nueve está en serios problemas. El trasfondo es, según los empresarios, una regulación que no avanzó al ritmo de los negocios y niveles de competitividad deteriorados, un factor que viene golpeando a prácticamente toda la canasta exportadora uruguaya”.

En tanto en nuestras páginas informábamos en la edición de ayer que los cuatro emprendimientos que había en nuestro departamento ya dejaron de producir, por falta de mercados y los altos costos de producción, cuando el cannabis para uso medicinal cayó de precio drásticamente en los últimos años, haciendo inviable su exportación.

Por su parte, la página web argentina “El Economista” informaba sobre la preocupante situación de este sector de la economía nacional: “Según un informe del gubernamental Instituto Uruguay XXI de promoción de las exportaciones y las inversiones difundido en abril, el ecosistema local del cannabis se compone de 102 emprendimientos y emplea a 900 personas de manera directa. En 2022 la producción con fines medicinales totalizó 15,7 toneladas y se exportaron 16 toneladas por U$S 5,3 millones, una caída de 35% respecto al año previo. El 83% fueron flores para uso medicinal que se dirigieron principalmente a Portugal, Alemania, Israel y Canadá. Aunque la demanda del mercado internacional es alta, las limitaciones regulatorias para el acceso al cannabis medicinal y la falta de competitividad han dificultado la comercialización, señaló Andrea Kruchik, vocera de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal de Uruguay, citada por El Observador. “Es imposible competir”, sostuvo, y comparó: “Mientras a Uruguay le cuesta U$S 2 producir y colocar una flor de cáñamo, en Europa se puede llegar a vender a U$S 1,4, a Sudáfrica le cuesta U$S 1 –con empaquetado final– y a Colombia centavos de dólar”.

El argentino Facundo Garretón, con inversiones en la industria cannábica uruguaya YVY Life, lamentó la “burocracia estatal” y la “lentitud para tomar decisiones” de política, lo que según él ha generado obstáculos para el desarrollo del rubro.

Otra restricción que frena el crecimiento del negocio es, según algunos especialistas, el requisito para las empresas que invierten en el sector de “acreditar el origen de los fondos e identificar a sus inversores, accionistas y beneficiarios finales para acceder a las licencias de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay”.

Si bien cultivar marihuana bajo ciertas condiciones se ha convertido en una actividad legal y lucrativa en varios países del mundo, en Uruguay el Estado se ha encargado de transformar un negocio formidable en una bolsa de frustraciones. En verdad no hay nada nuevo bajo el sol, sino que se trata de lo mismo de siempre: un Estado monopólico (de hecho, o de derecho) en varios sectores claves de la economía, altos costos (tanto salariales como de energía así como de impuestos en general) y demoras varias para la instalación y funcionamiento de las empresas, entre otros “palos” para una rueda que cada día gira más lento o directamente se detiene, como bien lo saben en nuestra ciudad los extrabajadores de Paylana, Famosa, Norteña o Pili. Al fin y al cabo, para el Estado lo importante no es generar riqueza sino esperar que lo hagan los privados y una vez que se encuentren instalados apropiarse de su actividad a través de los costos e impuestos ya mencionados.

En la vida de los países sucede lo mismo que con las personas: hacer algo por primera vez no quiere decir hacerlo bien. Lo mismo le pasó a Uruguay, que pasó de ser un ejemplo global de avanzada en materia de legalización de marihuana a colocarse en el camino de ser un cementerio de empresas del sector. En el recorrido al Estado Uruguayo le faltó audacia, legislación clara, capacidad de adaptar trámites y procedimiento a un mundo interconectado, así como costos acordes, los cuales hubieran permitido a esta industria incipiente desplegar todo su potencial. En el caso de la ciudad de Salto, la experiencia de la marihuana para uso medicinal sólo dejó muchas fotos de rostros sonrientes, corte de cintas, instalaciones millonarias en dólares vacías y 400 trabajadores en la calle. Una cortina de humo que tardará mucho tiempo y dolor en dispersarse. → Leer más

En Uruguay la Ley N° 19.172 de “Regulación y control del cannabis” por la cual se habilitó la venta de marihuana para uso recreativo en farmacias fue promulgada en diciembre de 2013, pero la oferta legal ha sido insuficiente y la poca cantidad de farmacias que se han adherido al sistema retiene a los usuarios en el mercado negro.
Uruguay ya tuvo sus quince minutos de fama cuando hace diez años se convirtió en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción y el consumo de cannabis, impulsada por el expresidente José Mujica. En aquel entonces, la iniciativa se presentaba como alternativa a la denominada “guerra contra las drogas” que –también– ha fracasado a escala global.
Porque, a nivel mundial, el mercado negro continúa siendo la forma mayoritaria por la cual los consumidores se hacen de la droga, y esto ocurre por varias razones. Entre ellas, la facilidad de acceso, la variedad y principalmente, el anonimato.
Durante el primer año de la pandemia, en 2020, las exportaciones uruguayas de cannabis fueron el doble que el año anterior con 7,3 millones de dólares, de acuerdo a la información publicada por el portal Uruguay XXI.
Al año siguiente, se ubicaron en 8,1 millones de dólares y en los primeros seis meses del año pasado, totalizaron 4,4 millones de dólares. Sin embargo, el país exporta menos que sus competidores latinoamericanos.
Desde finales del año pasado, en las farmacias se ofrece la sustancia “con más pegue”, con el objetivo de atraer a más consumidores al mercado legal. El reclamo de de los usuarios que pedían un mayor porcentaje de THC –la droga psicoactiva de la planta– fue atendido por la Junta Nacional de Drogas, en tanto hasta el 2021 sólo el 27 por ciento de los usuarios acudía a la compra legal.
Es decir, a las tres formas establecidas en la ley como el autocultivo, la membresía en clubes cannábicos o la compra en farmacias.
Hasta el momento, la cantidad de farmacias que venden cannabis son pocas en comparación a la población usuaria de la sustancia. La razón es la persistencia de las dificultades para acceder al sistema financiero que sufren las empresas que se adhieren, debido a regulaciones bancarias internacionales.
Por otro lado, aún existe desconfianza en los consumidores al momento de registrarse en el sistema, si bien la información se utiliza específicamente para estudios de consumo. Los clubes tienen una cantidad limitada de socios y en algunos hay lista de espera, que es la clave para comprender que existe una demanda insatisfecha, pero interesada de adquirir la sustancia en el mercado legal.
La baja percepción de riesgo de adicción y para la salud y la normalización de su uso, plantean un escenario diferente conforme pasan los años. Es que existe una tendencia a descreer de la existencia de un “mercado negro”, en tanto son cultivadores domésticos que no se encuentran registrados y son visibilizados como “cercanos”.
Las cifras varían continuamente, pero el 2022 fue un año récord para el registro de los clubes cannábicos y en poco tiempo llegarán a unos 300. Uruguay contabiliza más de 260.000 consumidores adultos que compra de distinta formas. Hasta el año pasado, había unos 50.000 usuarios registrados para la adquisición de la sustancia en las farmacias, unos 13.000 autocultivadores y más de 7.000 usuarios distribuidos en los clubes. Es decir que los restantes 190.000 compran por otras vías.
Lo que ocurre en el país es diferente a otras disposiciones legales en territorios que han dificultado la legalización. California, por ejemplo, registra un incremento del mercado ilegal de la marihuana a pesar de que el Estado legalizó su consumo hace unos seis años.
Los californianos aprobaron la Proposición 64 en el año 2016 que brinda potestades a los municipios para habilitar en sus territorios el uso recreativo de la sustancia. Por esa razón, existen condados que no permiten la venta y en aquellos que habilitaron el comercio y cultivo, facturan con elevados impuestos, hay escasez de licencias y costos regulatorios.
Además, los consumidores no cuentan con la información necesaria que les permita dirimir lo legal de aquello que no lo es. En este marco, es que las empresas resolvieron orbitar entre lo legal e ilegal y conformar un escenario que denominan “tradicional”.
En general, la industria se ha complicado en resolver los protocolos de actuación y los usuarios han demostrado que desean permanecer lejos de las complejidades del sistema. La legalización se atasca en los países porque es baja su prioridad política y no lo resolverán con la inmediatez que reclaman los usuarios.
En estas circunstancias, no sorprende el informe a la ONU que señala en Uruguay un impacto de la legalización de “difícil” evaluación. Las razones son simples y similares a otros países. Una de ellas, es que la legislación sobre el tema no logró persuadir a los jóvenes para que abandonen el consumo de cannabis.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dice en su último informe anual: “Los datos muestran que la oferta ilegal de cannabis continúa en niveles elevados en todas las jurisdicciones en proceso de legalización, alcanzando el 40% en Canadá, casi el 50% en Uruguay e incluso el 75% en California”.
Los comentarios se extienden sobre Uruguay por su condición de primer país en regular la producción y comercialización de marihuana recreativa para los uruguayos. Porque, según la JIFE, “los extranjeros compran tanto cannabis como los uruguayos”.
En estas circunstancias es posible razonar que a nivel mundial, el objetivo de desarmar al mercado ilegal no se ha cumplido. Y ese, que era uno de los efectos esperados, se percibía desde el principio que iba a tener dificultades. Pero en la medida que se siga en la línea media donde la venta y la compra es legal, pero “complicada” –por decir lo menos–, el mercado negro continuará con su negocio exitoso condenando el esfuerzo estatal al fracaso. → Leer más

El pasado 9 de marzo se dio a conocer un nuevo informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), sobre el seguimiento de las experiencias de legalización de algunas sustancias, en el que se plantea un escenario poco alentador para quienes han promovido estas iniciativas. Ya el título es bastante contundente: “La legalización de la marihuana ‘parece’ aumentar su consumo y no ha terminado con los mercados ilegales”. Cabe aclarar que las comillas de “parece” son de origen de ONU Noticias, y de allí que empleemos la expresión “bastante contundente”. Pero sin dilaciones, vayamos al tema.

El informe concretamente afirma que “no se han logrado los objetivos de la medida”, y aunque reconoce que “carece de datos oficiales para afirmar que el consumo de mariguana (Sic.) haya crecido donde se ha despenalizado su uso lúdico”, sí advierte sobre los daños de salud de esta liberalización.
Sostiene que –como es fácilmente comprobable por los informes de incautación de la Policía– “la legalización del cannabis no ha logrado reducir el consumo de drogas y los mercados ilícitos de narcóticos persisten”. Esa es tal vez la principal conclusión del informe de JIFE, que corresponde al año 2022.

La Junta plantea su preocupación por “la expansión de la industria del cannabis, que comercializa los productos a base de esa sustancia de una forma que atrae a la juventud y le resta importancia a los daños que puede causar el consumo del cannabis de potencia elevada”. Citado en un artículo de Noticias ONU, el vicepresidente segundo de la JIFE, César Arce Ríos, advierte por la “trivialización” del uso no médico del cannabis y la tendencia a su legalización, “principalmente en Latinoamérica y parte de Europa” y recordó que esta legalización recreativa “contraviene el artículo cuarto de Convención Única de Estupefacientes de 1961”. En esa instancia se clasificó al cannabis como “una sustancia altamente adictiva” y se prohibió todo uso no médico o científico.

Uno de los aspectos en los que enfatiza Arce Ríos es la incongruencia de datos de los países que llevan adelante estas experiencias, entre los cuales está Uruguay, aunque no menciona ninguno en especial y planteó un reproche por la falta de datos oficiales. “Tenemos datos oficiosos de países donde hay legalización y la información no es congruente”, afirmó Arce. “Por ejemplo, tomamos los datos de un país que informa que se ha estancado o ha disminuido el consumo, pero por el otro lado hay mucha venta e importación de cannabis, es decir, no coinciden los datos”, agregó. También señaló que hay “informes de oenegés que indican que el consumo ha crecido. Por eso usamos la palabra ‘parece’. Hasta tanto no tengamos un informe oficial y congruente de los países, no queremos afirmar que el consumo ha aumentado”, explica. Pero los datos extraoficiales muestran que en las jurisdicciones donde se ha legalizado, el consumo de marihuana ha aumentado entre 9% y 15% con respecto a los lugares donde su uso lúdico sigue prohibido, según JIFE.

El informe destaca que los mercados ilegales siguen activos en las jurisdicciones donde se ha legalizado el consumo, pese a que la legalización apostaba a desarticularlos. Según los datos disponibles representan el 40% en Canadá, casi el 50% en Uruguay y el 75% en California. Según Arce señala estos mercados ilegales prevalecen debido a que en ellos se vende a precios más baratos marihuana con mayor contenido de THC –el componente psicoactivo del cannabis–. En otras palabras, la marihuana ilegal “pega más”. También apunta el estudio de JIFE que este incremento del consumo y de la potencia de algunos productos del cannabis está ocasionando efectos negativos para la salud y afirma que “entre 2000 y 2018 las admisiones relacionadas con la dependencia y la abstinencia esa droga se multiplicó por ocho a nivel mundial, mientras que las admisiones debidas a trastornos psicóticos relacionados con la marihuana se cuadruplicaron”. Y esto hay que relativizarlo bastante, porque esta estadística no se limita a los territorios donde se experimenta con la legalización, que son una muy pequeña porción del Mundo.

Se apura Arce a asegurar que se ha fracasado en el intento de, por la vía de la legalización, “disminuir o eliminar el crimen organizado que se dedica a la venta de cannabis”.
Pero también cabe hacer un análisis de la experiencia. Uruguay viene llevando adelante la experiencia de regulación desde diciembre de 2013, en realidad ese es el año de aprobación de la Ley Nº 19.172, aunque de hecho la venta en farmacias comenzó en 2017, recién tres años y medio más tarde, es decir, que no lleva aún seis años y en Uruguay ya captó el 50% del mercado, según los datos de la JIFE. Pero además lo hizo con una implementación mucho menos que a medias, porque el producto legal –puesto en el mercado por el Instituto de Regulación del Consumo del Cannabis, Ircca– no está disponible en todas las farmacias, de hecho ni siquiera se consigue en la mayoría de las ciudades y los consumidores registrados tienen que viajar a otros departamentos para comprarlo. Además, está limitado en la cantidad que puede comprar por mes. Mientras que el vendedor ilegal está en cualquier esquina, en cualquier plaza sin restricciones ni cuestionamientos de tipo alguno. Por otra parte, el consumo de marihuana en Uruguay –donde es legal—es mínimo comparado con el de Estados Unidos, por ejemplo, país principal impulsor de las políticas prohibicionistas.

Entonces si lo que queremos es hacernos trampas al solitario y defender la posición de que el experimento fracasó, alcemos las palabras de Arce. Pero si lo que realmente pretendemos es determinar si la legalización o la regulación puede ser una herramienta efectiva para solucionar un montón de problemas que rodean al comercio ilegal de estupefacientes, sincerémonos y demos a la estrategia estatal todo el apoyo necesario: permitamos que los usuarios accedan fácilmente a un producto legal y seguro. Si las farmacias no quieren venderlo, que se busque otro expendio efectivo. Pero solamente así, dando todas las herramientas, se podrá decir si se cumplen o no los objetivos. → Leer más

El consumo problemático de sustancias en embarazadas en Uruguay está fuertemente estigmatizado e invisibilizado. Sin embargo, ocurre y se incrementa como un fenómeno nacional y global.
En el continente latinoamericano, Uruguay y Argentina mantienen un elevado nivel de consumo de cocaína –entre otras sustancias– e incluso presentan mayor consumo no médico de sicofármacos. Las últimas estadísticas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina señalaban que entre 2010 y 2017 se triplicó el consumo de cannabis, cocaína y alucinógenos en la región, en esta población específica.

Pero el énfasis de los estudios y las estadísticas se han enfocado en el consumo de las sustancias legales y “socialmente aceptadas”, como el tabaco y el alcohol. Igualmente, hay un incremento en ambos países y, de un universo de unas 1.500 embarazadas que se asistieron en hospitales públicos, el 44% en Argentina y el 53% en Uruguay habían sido o eran fumadoras en ese momento.
Los porcentajes también son considerables en cuanto al consumo de alcohol durante la gestación y un 15% reconoció haber tenido al menos un episodio excesivo en ese período.
La invisibilidad de esta población aumenta su vulnerabilidad porque el consumo crea un ámbito sujeto a perjuicios y, frente al rechazo, ocultan su consumo o interiorizan su frustración. Las campañas, en general, suelen enfocarse a los aspectos negativos del consumo y sus afectaciones a la salud física o mental –ya conocidos–, sin priorizar un mensaje con mayores contenidos a poblaciones específicas. La visibilidad del problema y sus consecuencias, en un mundo mediatizado y con un fuerte bombardeo de información, tampoco tiene una perspectiva de género en ese momento de la vida de una mujer.

No obstante, el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) maneja “la otra” estadística. Desde el año 2020, registra más de un caso por año de niños que debieron ser hospitalizados por ingesta de drogas y unas 650 mujeres declararon que consumieron en algún momento del embarazo. Por lo tanto, la estadística es incierta si vamos al hueso del asunto: ¿cuántos embarazos no intencionales existen en este universo de mujeres? Y ¿cuántas consideran que no es lo que habían planificado para sus vidas?
El impacto en el desarrollo humano y la salud mental es doble, en tanto afectará a la mujer y al niño desde el primer momento de sus vidas.
Y si la maternidad es una construcción cultural, es posible que las comunidades no estén preparadas para el debate desde ese punto de vista. Bajo estas circunstancias, serán cruciales los primeros tres años en la vida de todo ser humano y sus consecuencias en el desarrollo posterior. Porque a ese aspecto, deberán sumarse la alimentación, estimulación y afecto de un entorno que brindará contención de acuerdo a las capacidades adquiridas para contener.

Las crisis –económicas y sanitarias– son momentos coyunturales que sirven para medir esas realidades. Y los pediatras confirman cada impacto en los consultorios, tanto por problemas en el desarrollo mental, el habla o el estado físico en general de un niño.
No hay un relevamiento de datos sobre lo ocurrido durante la pandemia, tanto con el consumo de alcohol o drogas en las embarazadas. Sin embargo, a las consultas llegaban mujeres solas que se encontraban deprimidas.

En cualquier caso siempre hay que asociar los resultados a la difusión y, al menos durante la pandemia, las campañas publicitarias se acotaron a la situación de contingencia que atravesaba el planeta. En este caso, cabe recordar a modo de ejemplo que durante la primera administración de Tabaré Vázquez se instaló –junto a la prohibición de fumar en espacios públicos– una campaña de desestímulo del consumo de tabaco que tuvo eco en esta población y, de hecho, durante ese tiempo bajó el consumo de cigarrillos en las embarazadas.
En los últimos años y con la venta de cannabis para uso recreativo, ha bajado la percepción del riesgo en general. En realidad, durante el período de gestación el consumo de la madre causa un efecto en su embarazo y llega al feto. Pero también le llega el consumo de otras personas que conviven en el mismo espacio y lo transforman en un ambiente hostil.

Hace algunos días, el INAU debió intervenir y derivar a un hogar a un niño de 2 años que ingresó al Hospital Pereira Rosell por ingesta de cocaína. En este caso, su madre no es consumidora sino un familiar, y la droga estaba sobre una mesa de una vivienda en un asentamiento.
Por lo tanto, es una muestra más de la otra cara de la desigualdad no resuelta, en un ámbito de consumo problemático y sin una solución habitacional para la parte más vulnerable de esa familia. Porque ahora el organismo considera su derivación a una residencia de madres con hijos del Ministerio de Desarrollo Social o el INAU. El caso no revistió gravedad, pero es la aproximación a otras situaciones ocurridas en años anteriores, donde a la droga se suman los contextos de violencia intrafamiliar, como causantes de al menos la mitad de los motivos de los ingresos en la citada institución.

Según el presidente del INAU, Pablo Abdala, “es alarmante una circunstancia de estas características”, en tanto supone un hecho de vulneración extrema en la primera infancia.
A nivel global, entre el 1% y el 3% de la población tiene retardo mental y ese guarismo aumenta al 10% en países en extrema pobreza. En una población –como la uruguaya– donde desciende la natalidad año tras año, cada niño es un tesoro. Y los programas de atención a la primera infancia deberían quedar fuera de las discusiones electorales. Sí, es una materia de discusión de política pública que se enriquecerá conforme pasen las distintas administraciones. Pero cada gobierno deberá estar alerta frente a estas realidades de entornos vulnerables para el desarrollo futuro porque estará comprometida –e involucrada– toda la sociedad. Y acá no importa cuándo empezó el problema, sino cómo se sobrellevan las políticas de Estado. → Leer más