Mes: junio 2020

“Amaneció hoy en remera sobre el pavimento mismo y tenía al lado un acolchado. Para nosotros es algo muy duro ver esa realidad de Uruguay que están en esa situación. Tenía prácticamente mi edad y uno piensa en las diferentes oportunidades que hemos tenido en la vida unos y otros”. Esa fue la primera reflexión que se le ocurrió al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, hace algunos días cuando se enteró que en Paso Molino apareció muerto un indigente de 53 años. El hombre ya había estado en refugios, pero se había negado a concurrir a estas dependencias en los últimos tiempos.
Con el comienzo del invierno desde este fin de semana, y una contingencia sanitaria y social aún vigente, no es fácil predecir los resultados de las políticas aplicadas a una población vulnerable. Pero no desde ahora, sino desde hace varias administraciones.
Esa población en situación de calle, que aumentó con el paso de los años, es la cara visible de una realidad que no cambiará. Así cambien los gobiernos y envenenen sus discursos aquellos mismo que tampoco pudieron. Porque ahora algunos saben lo que hay que hacer y manifiestan su enojo por un muerto en las calles. Les parece difícil de comprender que son personas con vínculos familiares completamente rotos. En su mayoría son consumidores de alcohol y otras drogas, con patologías psiquiátricas y denuncias por violencia doméstica. Nada nuevo que no ocurra en la otra sociedad que vive bajo techo y resguardada detrás de un zaguán. Pero en estos casos, han salido de las cárceles y al menos la mitad de ellos retornan a una celda pocos meses después.
En su mayoría estuvieron institucionalizados por alguna razón y es una población que tiene diez veces más posibilidades de suicidarse que la población en general. Y esto ocurre en un país con al menos dos suicidios por día.
Quienes estuvieron antes, y ahora despuntan su vicio en las redes sociales, saben que esta realidad nunca pudo modificarse porque se trata de una población con determinadas pautas de vida. Así llegan a un refugio, donde deben asearse y abstenerse de consumir por el tiempo que se encuentren en una dependencia del Estado.
Si vamos al argumento fácil, podríamos decir que siempre hubo muertos por hipotermia. Claro, en realidad, esa fue la razón por la cual tuvo que renunciar la entonces ministra de Desarrollo Social, Ana María Vignoly, durante la presidencia de José Mujica. La muerte de cinco, por ejemplo, fue una variable de ajuste para el cambio de dirección en el Mides.
Aquellos que hoy se asustan por el anuncio del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien informó sobre la instalación de operativos para retirar de los espacios públicos a estas personas, son los mismos que olvidaron el énfasis que hizo Mujica un día, durante un Consejo de Ministros, en actuar “como sea” para sacar a los indigentes de la calle.
Por ese entonces, en 2011, había dudas jurídicas sobre la forma de hacerlo, porque no existía ninguna ley que lo permitiera. Es así que en agosto de 2013, también durante su presidencia, se sancionó la famosa Ley de Faltas y Conservación de los Espacios Públicos.
Su artículo 14 dice que quienes ocupen los espacios públicos, acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, serán castigados con una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario, si continúan haciéndolo luego de dos intimaciones.
Porque también podemos citar otra ley (18.787), aprobada a mediados de 2011, que establece el traslado compulsivo a los refugios a los indigentes con problemas psiquiátricos o de salud, que se encuentren en los espacios públicos. Es un rasgo de la institucionalidad uruguaya la aplicación de la ley vigente. Todo lo demás, es discurso.
En el informe de transición de las autoridades anteriores del Mides, señala que alcanzaron 2.070 cupos en todo el país. En la actualidad, los tres programas que incluyen a madres con niños, cuidados y situación de calle, llegan a unos 2.600 lugares.
Hace unos días, cuando Larrañaga insistió en la ley de Faltas, la Policía derivó a los refugios respectivos a unas 85 personas en situación de indigencia. De ese total, la mitad prefirió volver a la calle. Una realidad que repite desde las administraciones pasadas, porque es una población que está por fuera de los tironeos políticos. Pero parece que cuesta entenderlo. Son personas que atraviesan situaciones “de fondo” en sus vidas, que no es posible analizar desde un punto de vista electorero. Y aunque existan recursos, buena voluntad y cambios en las estrategias de atención, será relevante comprender que es imposible meterse en la cabeza del otro. Y ese otro, que también es un sujeto de Derecho, no permite que lo convenzan de lo que es mejor para sí mismo.
Es que esta población siempre fue materia de diatribas. Desde que la acumulación de los sillones en desuso en la vía pública contribuía a la conformación de “miniasentamientos”, pasando por el uso del espacio público como un “derecho” porque no incurren en ningún delito, hasta la historia creada en torno al “café vencido”, sigue cruzando mucha agua bajo los puentes. Lo que no deja de brotar es la desidia ni la interminable explicación para aclarar que algo que no se pudo hacer con miles de uruguayos, tampoco será posible terminar en el corto plazo. Por más que griten en las redes sociales y se golpeen el pecho. Ya estuvieron y tampoco supieron cómo resolverlo.