Opinión

Para conocer la real dimensión de un problema social y sus consecuencias en los más vulnerables, no hay datos más sólidos que los oficiales. La Junta Nacional de Drogas presentó el lunes los resultados de la encuesta que lleva adelante el observatorio uruguayo de drogas.
Del estudio se desprende que entre los adolescentes de 13 y 17 años aumentó el consumo de alcohol y las bebidas energizantes. En particular el alcohol: un 72% de los consultados consumió en el último año y es la sustancia en expansión por excelencia.
Las conclusiones de este trabajo, llevado adelante en más de 100 centros educativos –liceos privados, públicos y escuelas técnicas en ciudades de más de 10.000 habitantes– destacan el consumo de alcohol. En diciembre pasado Uruguay sancionó solo con los votos del oficialismo una ley que regula su consumo. La discusión estuvo centrada en la urgencia de los “tiempos políticos” por aprobar una normativa y la oposición negó su voto ante la propuesta que dejaba en presunta ilegalidad a fiestas como la Semana de la Cerveza, por ejemplo.
En el año 2017, el presidente Tabaré Vázquez presentó un proyecto integral sobre el tema, que contó con el aporte de actores políticos y referentes sociales. La iniciativa crea una unidad reguladora para el comercio de bebidas alcohólicas, regula la publicidad y emite licencias específicas para vender alcohol. Con el paso de los meses, los partidos de oposición marcaron sus diferencias con el trabajo realizado por una comisión multipartidaria y multisectorial. Tanto que, cuando llegó al ámbito parlamentario fue votada por el Frente Amplio y el único voto de la oposición fue el de la senadora nacionalista Verónica Alonso.
En la cámara de representantes, su miembro informante Luis Gallo, dijo que el país enfrenta un “problema grave de salud pública” que afecta cada vez a edades más tempranas y señaló la urgencia de votar la ley.
La oposición volvió a marcar sus diferencias. El Partido Nacional coincidió con el problema, pero consideró que la iniciativa no lo resolverá. A pesar de los cuestionamientos, la ley fue aprobada bajo la sombra de la derogación futura, con la instalación del gobierno electo el 1º de marzo. De hecho, poco tiempo después lo confirmó Jorge Gandini por Twitter.
Sin embargo, a comienzos del año pasado Vázquez solicitaba a su fuerza política para que aprobaran lo antes posible esta iniciativa que la interna frenteamplista denominaba la “ley Tabaré”. El mandatario saliente sabía que la iniciativa estaba trancada dentro de su propia partido, pero finalmente le dieron el gusto.
Mientras la realidad indica que unas 260.000 personas tienen problemas de dependencia con el alcohol, con un consumo de 6,8 litros por habitante mayor de 15 años, la ley sancionada no implica una solución a este escenario de estricto control social. Desde hace años que el nivel de consumo uruguayo es algo superior a los valores medios internacionales y esa realidad nos ubica como un país con alto nivel de riesgo y daño.
Ahora además aparecen las bebidas energizantes en el horizonte de las preocupaciones y están asociadas a la ingesta de alcohol. Casi un 40% de los estudiantes consultados consumió estas bebidas en el último año y junto al alcohol, ambas manifestaron un incremento significativo.
La ley puede controlar lo que sucede en los expendios y regularlos. Pero lo que ocurre dentro de los hogares, “previas” o fiestas privadas, jamás. Si la encuesta demuestra lo que ocurre con estudiantes que asisten a la educación media, es –a estas alturas– una obviedad remarcar cualquier tipo de comentario entre la población por encima de esas edades.
Si los jóvenes entre 13 y 17 años toman alcohol y energizantes es consecuencia de una permisividad familiar que minimiza sus consecuencias. Por los demás datos, la ingesta a tempranas edades siempre ocurrió. La diferencia es que existen nuevas formas de socialización y maneras diversas de designar a los lugares donde consumen. Incluso adquieren distintos nombres los encuentros o las bebidas que consumen enmarcado en un marketing cada vez más atractivo.
En referencia al consumo de marihuana, es interesante destacar el aspecto que le importa al gobierno saliente. La secretaría de comunicación de Presidencia señaló como titular que la “regulación del mercado de la marihuana no derivó en un aumento del consumo en estudiantes de enseñanza media” y en segundo lugar ubica la “preocupación” de la Junta Nacional de Drogas por el consumo de alcohol, “cuyo registro es el más alto desde que se analiza”.
Es que, también, en este caso, destaca el interés político por encima de la realidad social y porque desde hace al menos dos décadas que Uruguay tiene una sistematización de los datos sobre este tema en particular.
Con respecto al cannabis, precisa que uno de cada cuatro estudiantes la probó alguna vez en su vida, el 19,7% del grupo consultado consumió en los últimos 12 meses y la edad promedio de inicio, se ubica en torno a los 15 años.
También es alto el registro de consumidores de tranquilizantes sin prescripción médica. El 20,7% de los estudiantes lo hizo alguna vez y el 8,3% lo hizo sin consulta profesional. Las demás sustancias, como alucinógenos, pasta base o cocaína registra consumos marginales que, en algunos casos, llega al 2% en el último año.
El gran tema en cuestión y que parece pasar desapercibido, al menos hasta acá, es que todo el tiempo estuvimos hablando de menores de 17 años. Por lo tanto la pregunta es: ¿quién le vende alcohol a los menores? ¿quién le vende marihuana a los menores? Porque en ambos casos la ley vigente desde hace décadas es clara, y prohíbe la venta a menores. Y, sobre todo: ¿quién lo sabe y mira para el costado?
Porque la prensa oficial del gobierno no lo enfocó desde el punto de vista del delito que implica la venta de estas sustancias a personas menores de 18 años, en tanto su propia encuesta abarca a un universo de 13 a 17 años. Si al Estado –a través de la Junta Nacional de Drogas– tanto le preocupa el incremento del consumo de alcohol en esta población: ¿por qué no sale a controlar?
Por otra parte, ciertamente es una buena noticia que no aumente la cantidad de jóvenes que fuman marihuana a partir de la regularización de su venta, pero la realidad es que casi la cuarta parte de los adolescentes consume.
Esos datos ya son suficientes para lanzar una fuerte campaña de fiscalización. Después vendrá el discurso que indica que no se trata de prohibir, sino de minimizar los riesgos, pero hay un incumplimiento claro de la normativa. Además de una clara responsabilidad de los referentes familiares para que una ingesta abusiva en adolescentes no vuelva a ocurrir. Pero, como dice el dicho, “cada casa es un mundo” y los valores no se miden de igual forma en un lado como en otro. → Leer más

A solo dos semanas de la asunción del poder por las nuevas autoridades del gobierno nacional, uno de los temas que ha estado en la agenda de contactos en el período de transición refiere nada menos que a las políticas de salud, sobre todo en cuanto a evaluación de resultados de la reforma de la salud, y el saldo del costo-beneficio en cuanto a su financiación.
En este contexto el futuro ministro de Salud Pública Daniel Salinas, junto al designado subsecretario José Luis Satdjian, entre otros integrantes del nuevo equipo, recibieron a las principales gremiales vinculadas al área de la salud, como es el caso del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), la Federación Médica del Interior (FEMI), la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.
Salinas manifestó que considera fundamental instrumentar políticas de descentralización y anunció que el gobierno electo es partidario de estimular la radicación de más médicos y especialistas en el Interior. Los datos indican que menos del 30% de los médicos están en el Interior, y del río Negro hacia el norte, menos del 6%, según comentó la presidenta de FEMI, Patricia Nava, durante el encuentro con el futuro secretario de Estado.
Salinas agregó que en el Interior faltan algunas especialidades y aseguró que hay una distribución “inequitativa de los médicos especialistas”.
En ese sentido, dijo que ve con buenos ojos la decisión de Tabaré Vázquez de extender el Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en cardiología del Hospital de Clínicas al Hospital de Tacuarembó porque “está en línea con la política de descentralización y nos congratulamos de que este tipo de tecnología llegue al norte del país”, aunque en filas del gobierno electo se formulan reparos porque se dispuso su creación sobre el fin del gobierno actual, pero no se ha dispuesto personal y otros recursos para un cercano funcionamiento.
El designado ministro consideró que con la descentralización “nos interesa llegar a una política de cercanía y desplegar a los recursos humanos de manera más eficiente y de la manera más humana”.
Puntualizó que Uruguay padece también en el área de la salud aún de un “macrocefalismo montevideano y nos interesa mucho llegar a todos los puntos del país y que todos tengan las mismas posibilidades como ciudadanos de atención”, a la vez de abogar por motivar “la radicación en el Interior de médicos y especialistas”.
“Este es un tema importante, por eso estaba aquí también la escuela de graduados, porque lo que hay que generar es un sistema de incentivos y que esto se enganche con la educación y la radicación posterior pero no de forma compulsiva sino por un sistema de incentivos”.
En tren de realidades, intenciones y proyectos, entre estos puntos no hay cosa que no se haya dicho antes, y por cierto que la experiencia revela que del dicho al hecho ha quedado mucha distancia en la gestión de los sucesivos gobiernos, más allá de la impronta que se le haya intentado dar.
Mientras tanto el presidente de la FUS, Martín Pereira, dijo que entre otros aspectos “nosotros planteamos que con la plata que hay dentro del sistema se podría tener un sistema de salud mucho mejor. Con lo que se destina para el sistema de salud en Uruguay deberíamos tener un sistema 10 veces mejor que el que tenemos hoy en día”, en tanto la directiva de la Federación Médica del Interior, Patricia Nava, afirmó que en la reunión con el ministro se consideró una gran cantidad de temas, uno de los cuales tiene que ver con la escasez de médicos especializados en el Interior, precisamente.
“En ese sentido, estuvimos intercambiando opiniones, sobre cómo estimular la radicación de médicos en el Interior, e incentivar sobre todo la formación. Uno de los caminos sería estimular que el médico se radique en el Interior, la mejor manera es que se vaya formando en el lugar, o en la región”, señaló.
Mientras tanto hay números igualmente positivos, como es el hecho de que Uruguay está en el séptimo lugar en el mundo en cantidad de médicos por habitantes, según el Informe Anual de Estadísticas Sanitarias 2019 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Así presentadas las cifras, en forma global, se tiene la pauta de que la cobertura sanitaria del país en gran medida estaría a tono con las necesidades de la población, aún con restricciones en materia de acceso de acuerdo a la situación socioeconómica, aunque paralelamente los datos del organismo sin embargo dan cuenta de que el Uruguay cuenta con una baja tasa de enfermeros en base a lo recomendado, que es de la misma cantidad de médicos por cada mil habitantes.
El informe refiere asimismo entre sus consideraciones que en la mayoría de los países, la concentración de profesionales en áreas urbanas y en los servicios de atención terciaria de salud resultan en una fragilidad en la atención primaria a la salud como policlínicas en la Red de Atención Primaria (RAP) y puede estar relacionada con la mala distribución de la fuerza de trabajo y la migración de los recursos humanos en salud que afectan, sobre todo, a las regiones más pobres y remotas.
Si bien los números tomados globalmente para el Uruguay reflejan un escenario positivo en esta área en el comparativo mundial, la realidad indica que la distribución geográfica condiciona severamente el acceso a los servicios de salud y en este caso concreto, a la disponibilidad de médicos cercanos, así como a centros de salud.
En concreto, en nuestro país, la mejor situación de acceso corresponde a quienes residen en la capital y en la zona metropolitana, así como en departamentos del sur, en tanto la relación decrece sustancialmente a medida que nos alejamos de Montevideo hacia el norte, con datos que se deterioran ostensiblemente para quienes viven al norte del río Negro.
Precisamente desde gremiales médicas del Interior desde hace tiempo se pone énfasis en trabajar como incentivo la creación, formación y mantenimiento de la transformación de las instituciones en centros docentes, vinculados a la Escuela de Graduados de la Universidad de la República, entre otros ingredientes de una problemática muy compleja y cuyo común denominador o consecuencia más manifiesta es la menor disponibilidad de médicos y personal técnico en el Interior como un problema crónico del Uruguay.
Así, el país se divide claramente en dos grandes áreas, que son la del norte del río Negro, con una notoria discriminación negativa respecto al sur en cuanto a la radicación y disponibilidad de médicos y dentro del propio sur, la prevalencia del área metropolitana como el foco de captación de profesionales, cualquiera sea el origen del estudiante, porque el punto crucial en esta problemática radica en que gran parte del estudiantado del Interior que estudia y se recibe en Montevideo opta por radicarse en la capital, donde tiene las oportunidades y considera es el mejor horizonte de formación profesional ya desde el inicio de su actividad.
Bueno, en este tema complejo y tan profundamente arraigado desde hace décadas, es preciso trabajar con creatividad y convencimiento desde el nuevo gobierno, con sentido común y en conjunto con las gremiales del sector, pero sobre todo recibiendo los planteos que provienen desde un Interior eternamente postergado, para que por encima de eslóganes, no siga habiendo hijos y entenados en la atención médica dentro de un mismo país. → Leer más

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el viernes los datos de empleo y desocupación, cerrados a 2019 y no es otra cosa que la confirmación de más de una década de deterioro del mercado laboral. El año pasado quedó entre los peores registros desde 2007 –cuando el país salía de una crisis económica– y completaron cinco años consecutivos de pérdidas de puestos de trabajo. Por ejemplo, según el INE, solo el año pasado hubo 14.300 ocupados menos que 2018. Por eso, en el promedio anual, en el último quinquenio fueron destruidos 61.300 empleos.
Hoy, en el país, hay 157.900 uruguayos mayores de 14 años que buscan un trabajo, pero no lo encuentran. Y la brecha de las dificultades persiste sobre la población femenina, porque la tasa de desocupación entre las mujeres aumenta a 10,7% frente a los varones. Además, esa diferencia se sostiene entre Montevideo e Interior.
Tampoco hubo avances para los jóvenes porque el 27,7% de los menores de 24 años no pudo acceder a un trabajo. Y esto significa que más de uno de cada cuatro jóvenes no lo consigue. Y, nuevamente, empeora la situación si son mujeres jóvenes porque la cifra de desempleo se eleva a 32,8%, o una de cada tres.
En la estadística se observa que los indicadores no pueden compararse por trimestres, en tanto varían según el momento el año. Las zafras y sus especificidades, impulsan los niveles de productividad, pero no es el resultado de una mejora o empeoramiento de la situación laboral del país.
Por otro lado, es posible reconocer que el desempleo juvenil es un problema en América Latina, sin embargo, las cifras son preocupantes en Uruguay. Y si las explicaciones van por el lado de la multicausalidad, está bien, pero los resultados del sistema educativo y la formación de esta población aportan algo de explicación a un problema que no pudo solucionarse en los últimos doce años, es decir desde 2007.
Diariamente se constatan solicitudes de personal que, incluso, son compartidas en las redes sociales. Pero existen reservas al momento de resolver la contratación de un recurso humano sin experiencia o, al menos, sin formación. Porque también los desajustes se ven allí: la habilidades que demanda el mundo del trabajo hoy, no necesariamente están expuestas en las ofertas. Y, así, el impacto se mantiene.
Luego de conocer los indicadores oficiales, el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, escribió en Twitter que “cada vez es más evidente la gravedad de la situación del empleo y, en particular con relación a los jóvenes. Razón de más para ratificar que es la prioridad número 1 de nuestra gestión en el MTSS”.
No obstante, el incremento salarial deberá adecuarse al Producto Bruto Interno a fin de no complicar aún más el panorama. Es que el tironeo existente entre salario y empleo refleja las antipatías que presenta el escenario para el próximo equipo de gobierno.
En cualquier caso, no bajó el PBI sino los empleos, y ahora deberá retomarse el crecimiento que tampoco ha sido posible por el déficit fiscal cercano al 5%.
La consultora CPA Ferrere analizó que la población desalentada o que deja de buscar trabajo y la subempleada, con menos de 40 horas y el deseo de trabajar más (o también llamado desempleo ampliado) creció 2 p.p el año pasado y subió a 18% de la Población Económicamente Activa (PEA).
En forma paralela, baja la demanda laboral 15% en comparación a 2018. Una economía que crece poco y la incertidumbre ante un gobierno que no asumió, explica el descenso en algunos rubros específicos.
Y así como la incapacidad para crear nuevos puestos de trabajo profundizó la brecha y abonó el deterioro; también una economía estancada desde hace años implicó una caída en el salario real por primera vez en los últimos tres gobiernos.
Por eso la próxima administración deberá tomar un hierro candente que presenta complejidades en varias aristas. Porque a la destrucción de puestos de empleo, deterioro económico y pérdida de poder de compra, deberá sumarse una baja rentabilidad e inversión de las empresas. Y ningún panorama está claro si todos los años, tal como ha ocurrido, se pierden puestos de trabajo o los índices persisten bajo el estancamiento.
Incluso, como ya lo hemos repetido, los guarismos de desempleo no son más altos porque existe otro porcentaje de personas que dejó de buscar trabajo. El desafío será la generación de nuevos puestos y esperar a notar la influencia que tendrá esa demanda ante la posibilidad de ver nuevamente en la calle a quienes hoy están desesperanzados.
Pero, para todos los casos, hace falta el crecimiento económico. Que vendrá de la mano de las oportunidades generadas para mejorar la competitividad y productividad, ante un dólar que permanece bajo. Y que, justo es decirlo, son factores de malestar social aunque aún no hemos caído en la cuenta de lo que significa, en un país como el nuestro, la destrucción de miles de puestos laborales.
A modo de resumen del período pasado, se observó un déficit alto que no pudo contenerse, una inflación por encima del rango meta, falta de inversiones públicas y privadas y, por ende, un impulso en las cifras de desempleo.
El manejo de las cuentas públicas, atraerá contraindicaciones y deberá explicarse a la opinión pública si el déficit será solucionado solo con el ahorro de los 900 millones de dólares anunciados por el presidente electo Luis Lacalle Pou, o deberán incrementar los impuestos.
En el último caso, implicará –también– un aumento impositivo para las empresas que ya abordan el riesgo desde el último quinquenio. El costo será el mismo que ahora: la inversión continuará en franco deterioro al igual que el empleo. Y, como hemos visto, el sector privado pagará las consecuencias sin “mover la aguja” de las finanzas públicas.
Y estos, sin dudas, fueron temas que transformaron el clima del electorado y abrieron las puertas a un cambio de gobierno. A pesar de que un reajuste de esta situación no arrojará resultados positivos inmediatos, las respuestas deberán ser claras y firmes. Para evitar lo que ya ocurrió con otros gobiernos de la región y para no perder el capital político.

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En oportunidad de desarrollarse en las últimas horas la Convención Departamental del Frente Amplio en Cerro Largo, que proclamó al canciller Rodolfo Nin Novoa como candidato único para las elecciones departamentales de mayo por el Frente Amplio, el secretario de Estado destacó en su discurso la figura del presidente Tabaré Vázquez y su gestión.
Expresó que “yo con Tabaré tengo una deuda de gratitud que la llevaré por toda la vida y desde el primero de marzo hasta este mes hizo un gobierno formidable”, para acotar que “ha sido el mejor presidente durante los últimos 50 años en Uruguay, ha dejado el país en una situación absolutamente favorable, con grandes expectativas de progreso”.
También dirigió sus dardos hacia la oposición, al manifestar que “tanto han hablado que van a cambiar y resulta que ahora en la transición, quiero contarlo, parece que no van a cambiar tanto”.
Por supuesto no puede extrañar que un integrante del Poder ejecutivo, en este caso del gobierno saliente, se dedique a destacar la figura de su líder y jefe del gobierno que integra, lo que indica que estas reflexiones deben tomarse como de quien vienen y que no han sido compartidas, además, por la mayoría de los uruguayos que en el último acto eleccionario se inclinó por el cambio, más allá de las “bondades” indiscutibles a que refiere el canciller, desde su punto de vista.
Sí debe recordarse que Vázquez encontró un país en una situación en franco deterioro como consecuencia de la desprolija gestión –por decir lo menos– del expresidente José Mujica, cuando además ya estaba culminando la década de bonanza por los excepcionales precios de los commodities y cuando por lo tanto comenzaron a menguar los recursos con los que “se había floreado” en la primera administración de gobierno.
No es de extrañar que cuando hubo que administrar un país con menos ingresos por los productos primarios de exportación, y que no se generaron las inversiones que nos hubieran más o menos mantenido a flote la economía, el mandato de Vázquez terminó con un déficit fiscal de casi un 5 por ciento del PBI y en una situación general de deterioro de la economía.
Y si para muestra basta un botón, tenemos que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el ingreso medio de los hogares uruguayos aumentó 5,7% en diciembre de 2019 frente a igual mes del año pasado. Esto estuvo por debajo de la inflación acumulada a diciembre, por lo que descontado ese efecto, el poder de compra de los hogares uruguayos cayó 3,09% en diciembre de 2019 frente al mismo mes de 2018.
Considera que en 2019 se dieron dos factores que explican la pérdida del poder de compra de los hogares. Por un lado, hubo una caída en el empleo y por otro, también hubo una baja –por primera vez en 15 años– de los salarios reales (descontado el efecto de la inflación).
Según los datos divulgados por el instituto, el ingreso medio de los hogares para el total del país a valores corrientes, sin aguinaldo y sin valor locativo alcanzó a $65.034 en diciembre de 2019. En tanto, el ingreso medio per cápita fue de $ 23.178.
En el cuarto trimestre de 2019, la estimación puntual del ingreso medio de los hogares a valores corrientes (sin aguinaldo y sin valor locativo) para el total país se estimó en $ 64.881. En Montevideo ese valor alcanza a $77.911 y en el Interior a $55.833. Mientras, el ingreso medio per cápita del cuarto trimestre se estimó en $23.025. En Montevideo fue de $28.839 y en el Interior fue de $19.263.
Paralelamente, un informe de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), da cuenta que la utilización de la capacidad instalada de la industria está en niveles históricamente reducidos y las empresas del sector producen un tercio por debajo de la capacidad plena.
Consigna la gremial que la utilización de la capacidad instalada en la industria uruguaya se mantuvo en 64% en el tercer trimestre de 2019 (el mismo guarismo que en igual período de 2018), según el Indicador de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria que divulgó la Cámara.
El uso de la capacidad instalada se mantiene “en valores históricamente reducidos”, indicó el informe, en tanto ordenando a las empresas según su valor de ventas, “en el tercer trimestre del año, surge que el promedio de utilización de la capacidad instalada para las empresas más grandes y para las pequeñas fue del 64%. En la comparación con igual trimestre del año anterior, en promedio, las empresas pequeñas y medianas disminuyeron el nivel de utilización de la capacidad instalada (un punto porcentual), mientras que para las grandes empresas el indicador aumentó un punto”, explicó.
En cuanto a las causas de esta situación, de acuerdo al informe, “el principal impedimento que destacaron los empresarios para no aprovechar la capacidad potencial fue ‘aspectos vinculados a la competitividad en el mercado externo’, siendo uno de los motivos más importantes declarados por las empresas de la agrupación Alimentos, Bebidas y Tabaco, y Químicos y Plásticos”.
En segundo lugar, se ubicaron los aspectos vinculados a la competitividad en el mercado interno, como motivo declarado principalmente por las empresas pertenecientes a las agrupaciones Alimentos, Bebidas y Tabaco, Químicos y Plásticos, Textil, Vestimenta y Cuero y Productos metálicos, Maquinaria y Equipo.
En este panorama esquematizado en números, además de tenerse un indicativo claro de las serias dificultades que padece la economía uruguaya, surge en toda su magnitud el legado de ribetes de presente griego para el gobierno que asumirá el 1º de marzo. Evidentemente los problemas de falta de empleo, conjugado con caída del salario real, problemas en la industria y empresas en general, la caída de la competitividad, condicionarán de entrada al nuevo gobierno, que cuenta con escaso margen de maniobra debido a la gran diferencia entre ingresos y gastos, que lejos de reducirse criteriosamente durante la Administración Vázquez, se ha acrecentado.
Es decir, un panorama muy complicado y muy lejos de la situación “absolutamente favorable” que muy suelto de cuerpo ha presentado el canciller Nin Novoa, quien parece tener una visión distorsionada de las cosas, lo que explica la errática postura que ha tenido Uruguay en el relacionamiento internacional. → Leer más

Desde su fundación en 1991, el Mercosur ha dado numerosas marchas y contramarchas, en el que nunca termina de dar con su cometido, de ser una verdadera zona de libre comercio que, a su vez, garantice la seguridad de las fronteras, del trajinar de las personas, de los vínculos entre los países.
El ejemplo del Brexit nos debería hacer pensar a todos. El Reino Unido se marchó de la Unión Europea, un actor clave y poderoso dentro de este bloque, que prefirió hacer la suya luego de muchas idas y venidas, con referéndum incluido. El hecho, sin duda, pone en jaque la estabilidad de un continente que necesita encontrarse unido en un mundo turbio y cambiante, con amenazas constantes y de futuro incierto.
El Mercosur debería tomar nota para cerrar filas y de una vez por todos, salir adelante, funcionar como corresponde, brindar soluciones, apaciguar los mercados, que contribuya como plataforma comercial a generar riquezas para beneficio de las sociedades involucradas.
Justo ayer, el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que el Mercosur debería ingresar en una fase de flexibilización para así soltar a nuestro país del “corsé” que le impide moverse de manera más ágil con los mercados (recordemos qué ha sucedido cada vez que Uruguay amaga con hacer negocios por fuera del Mercosur).
“Nosotros estamos acá en el barrio y tenemos un Mercosur que tenemos que flexibilizar. Hace un año y medio o dos los presidentes (de Brasil y de Argentina) Jair Bolsonaro y Mauricio Macri (2015-2019) se juntaron y hablaron de la flexibilización del Mercosur y quedó en un concepto”.
“Nosotros vamos a ponernos en esa vía”, destacó quien asume como presidente el domingo 1º de marzo.
Lacalle Pou dijo esto durante su conferencia inaugural en el foro global de negocios America Business Forum (ABF), que se celebró ayer en Punta del Este. El líder del Partido Nacional se mostró convencido, y muy optimista por cierto, de que este bloque “tiene mucho para negociar y para ofrecer al mundo tanto oferta como demanda”.
Sin embargo, dejó ver su pretensión de que a Uruguay le suelten “el corsé” para que comience a moverse por diferentes mercados y pueda lograr acuerdos bilaterales con otras naciones. “Uruguay es un país que, por su dimensión, por su población y por su sintonía política, sin perjuicio de quien gobierne, tiene más capacidad de moverse antes”, explicó.
Lacalle Pou se acordó del Brexit, que representa “todo un desafío”, en el que existe “una oportunidad para muchos países de economías complementarias”. También aseveró que le gustaría “terminar lo que se empezó” entre la UE y el Mercosur, en alusión al acuerdo alcanzado el 28 de junio de 2019 y que debe ser ratificado por los Parlamentos de cada estado miembro. Un pacto que bien le vendría a nuestro bloque regional, con un socio de alcurnia que podría dinamizar todos los mercados de la vuelta.
El cambio de gobierno puede ser beneficioso para expoliar nuevamente al Mercosur, y esto es algo sobre el que ha insistido Lacalle Pou en casi todas las entrevistas que ha mantenido. A principios de diciembre, en palabras al diario El País, señaló que Uruguay tiene la oportunidad de ser una “bisagra entre los grandes” que contribuya al buen funcionamiento del Mercosur.
“Tendremos intereses que confluyan, muchos; tendremos algunos intereses contrapuestos”; de todos modos, “el interés nacional, entre otras cosas, es tranquilidad en la región”, insistió en la línea de la estabilidad regional, punto central de un bloque comercial que va más allá de los números, de las exportaciones e importaciones.
“Uruguay es un país que apenas sea competitivo en el mercado anda, pero cuando ves que pagamos 250 millones de dólares por año de aranceles es muy complejo (…) Entonces nosotros tenemos que tener una política muy agresiva en lo que hace a las relaciones comerciales internacionales”, recalcó como crítica en esa entrevista con el medio capitalino.
Un punto que debería ser clave en el próximo gobierno, es esa intención de unir la diplomacia con las relaciones comerciales, de modo que los dos asuntos vayan de la mano para generar crecimiento, inversiones y relaciones más eficaces.
Según asesores del propio Lacalle Pou, el gobierno electo mantendrá el foco en un “fortalecimiento de la diplomacia comercial, reorientando el servicio exterior para transformarlo en una gran fuerza comercial”.
Y para esto dispondrá de instrumentos como el Programa de Formación de Negociadores Globales, el Centro de Análisis Estratégico y Prospectivo, la revisión del conjunto de las representaciones diplomáticas en el exterior, y el fortalecimiento de las aéreas de Asia-Pacífico.
El objetivo está claro. Solo falta, una vez que tomen las riendas del país, de ponerle en práctica por el bien de todo. Por nuestra economía, por nuestra seguridad, por nuestra estabilidad. Y la de todos los países que nos rodean. → Leer más

El ministro y el subsecretario designados para el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini y Walter Verri respectivamente, quienes asumirán sus cargos el próximo 1º de marzo, además de participar activamente de las instancias correspondientes a la transición de un gobierno a otro, han mantenido contactos y reuniones con actores directos sobre temas vinculados a su cartera, la que por cierto comprende una problemática muy vasta en un área prioritaria para el país.
El punto es que los nuevos jerarcas serán receptores de una situación económica que dista de ser la mejor, que podemos resumir por un lado en que tenemos los combustibles más caros de la región y una competitividad muy desfavorable respecto a nuestros directos competidores en los mercados internacionales, pero a la vez causa y consecuencia de que somos caros en la comparativa internacional, por motivos endógenos que son difíciles de corregir sin generar traumas.
Recientemente el designado titular de esa cartera, Ing. Omar Paganini, defendió la propuesta de liberalizar la importación y refinación de petróleo crudo y derivados, propuesta incluida en el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración que divulgó días atrás el gobierno electo.
En diálogo con el programa de Radio Carve, Así Nos Va, Paganini respondió a las críticas que ha recibido la propuesta en los últimos días desde voceros del partido del actual gobierno y sindicalistas y afirmó que el objetivo no es “atacar ni achicar Ancap” sino que la finalidad es lograr “que sea un jugador regional”.
Indicó que no es la idea “que tengamos un mercado protegido y hacemos ahí lo que queremos”, sino que por el contrario, lo que busca la propuesta es tener un jugador que “tiene que ser competitivo y jugar en la cancha grande”.
Al ser consultado respecto a por qué el gobierno defiende la propuesta, Paganini respondió que es un instrumento con el que se podrán “lograr combustibles competitivos”, desde que liberalizar la importación permite “sincerar la operativa de Ancap para que sea competitiva en la medida en que puede tener la opción de compararse con precios importados”.
En cambio, la actual presidenta de Ancap, Marta Jara, había criticado la propuesta al asegurar que “la refinación (local) es el abastecimiento más económico” para los consumidores. Claro que si fuese así no habría de qué preocuparse.
Pero a principios de enero en entrevista con El País, Jara había indicado que importar combustible es un negocio “sumamente riesgoso” y que “Ancap sería el ganador” si se liberaliza el mercado porque “es un productor mucho más eficiente que la importación”, en tanto Paganini afirmó que si bien es cierto que Ancap tiene un margen de refinación (la diferencia entre lo que costaría importar versus lo que cuesta comprar crudo y refinarlo) “bastante interesante”, la propuesta “le pone un techo y le dice más de tanto no, porque está la posibilidad de importar”.
Sumado a eso, para Paganini Ancap debe convertirse en un jugador regional mediante la exportación de combustibles a países como Argentina, Paraguay y Brasil dado que son mercados que importan desde lejos.
“Exportar combustible y no permitir la importación tampoco es viable entonces nuestro enfoque es: vamos a pensar que somos una empresa en serio, que jugamos regionalmente, eso quiere decir que tenemos que ser competitivos”, manifestó el futuro ministro.
Por supuesto, lo que expresa el ministro no causa gracia en gremios como el de Ancap y sectores de izquierda que históricamente han defendido a capa y espada el monopolio y la gestión de Ancap, pero se han cuidado muy bien de decir que esta gestión discrecional y el tener clientes cautivos le han costado al país por un lado no menos de 600 millones de dólares en capitalización a la empresa estatal porque estaba fundida. Y cuando se dice Ancap no es eficiente, eso se traslada al país, que en parte tampoco es competitivo por los precios de la energía –entre los que se encuentran los combustibles—que son los más caros de la región. En tanto la experiencia de liberalizar la competencia con organismos del Estado ha dado excelentes resultados, por ejemplo en Antel. Hoy el servicio de telefonía celular que presta ente nacional está entre los mejores de América y a precios sorprendentemente competitivos, al igual que la Internet, y eso no caben dudas que es mérito de que está en competencia con multinacionales de las telecomunicaciones. Si no se hubiese “desmonopolizado” la telefonía celular –en realidad se salvó de entrar en el régimen monopólico de Antel porque la ley no contemplaba esta nueva tecnología a principios de los años ’90–, de seguro que hoy estaríamos en la era del fax, pagando por cada hoja que se envíe, como pretendió hacer Antel cuando los documentos se transmitían con esa tecnología.
Por supuesto los correctivos no serán fáciles ni gratuitos, y ni siquiera tal vez con resultados más o menos inmediatos, por lo que sin duda los cuestionamientos de sectores interesados cuentan con amplio margen para arrojar piedras en el camino, disfrazando sus planteos como si se basaran en la defensa del interés general, cuando solo defienden sus privilegios e intereses particulares y sectoriales.
Sin dudas ello se enmarca en un elemento central en las políticas que habrá de llevar adelante el nuevo gobierno.
El designado subsecretario, nuestro conterráneo Walter Verri, dijo que “no está descartado que la liberalización de la importación de combustibles se pueda incorporar a la Ley de Urgencia, o enviar un proyecto independiente a la brevedad, pero tampoco es un tema que necesariamente deba procesarse rápidamente”, aunque existe ya desde el vamos la decisión de que los precios de los combustibles tiendan a estar alineados con el precio de paridad de importación, más allá que exista o no la posibilidad de importarlo.
Es decir, que la idea de incorporar mecanismos para abaratar los combustibles es eje central para abaratar el país, en tanto este aspecto clave para la competitividad, combinado con factores agravantes, ha influido para que las industrias, incluyendo las de origen agroexportador, estén en serias dificultades, en muchos casos apenas sobreviviendo, y en otros han quedado a la vera del camino, como es el caso reciente y emblemático de la empresa Pili. → Leer más

A las puertas de una nueva vendimia, el sector vitivinícola uruguayo espera una buena cosecha en un contexto en que el consumo local se ha mantenido y continúa evolucionando el valor del vino exportado en botella. Son noticias alentadoras para un sector que se desarrolla a cielo abierto con mucha dependencia del estado del tiempo en meses claves de la producción.
De acuerdo a lo informado por el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, enólogo José Lez, la vendimia en Uruguay puede ser excelente este año, obteniéndose materia prima de muy buena calidad.
En declaraciones a El Observador señaló que aunque la sequía podría generar una merma de kilos a cosechar y en algunos establecimientos se requirió realizar riego, el estado del tiempo ha sido favorable presentando días calurosos, buena radiación solar y noches frescas en la mayorías de las jornadas, lo que es muy bueno en la etapa final de la producción de los viñedos, minimizando dificultades sanitarias y evitando inversiones en curas.
Nuestro país es el cuarto productor de vinos de Sudamérica –después de Chile, Argentina y Brasil– y su clima subtropical húmedo así como la cercanía del océano Atlántico –que modera la temperatura en los meses calurosos– le otorgan una situación geográfica privilegiada para este tipo de producción, encontrándose además entre la latitud 30º y 35º al igual que la mayoría de los productores de vino. Se destaca además que es el único país del continente que, con influencia del océano Atlántico, se asemeja a Burdeos en temperatura, lluvia y vientos, y posee diversidad de buenos suelos con diferentes niveles de drenaje y fertilidad.
Cada vez que un vino uruguayo es premiado en un concurso internacional nos sentimos orgullosos de ese logro que no sólo premia el trabajo de una bodega específica que ha sabido crearse, sobrevivir o reconvertirse ocupando mano de obra local e invirtiendo en tecnología de producción, sino también por ser un paso más adelante para todo el sector, el cual es además depositario de una tradición.
La industria del vino en el país es de tiempos remotos, pero es después de constituida la República, en 1830, que la viticultura encontró un entorno favorable para su expansión. Como es sabido, el vino llegó a Uruguay de la mano de familias inmigrantes que traían su saber desde el Mediterráneo. Hacia 1870 se establecen dos viñedos que marcarían historia en el suelo uruguayo, el del vasco francés Pascual Harriague en San Antonio Chico (Salto), y la granja del catalán Francisco Vidiella en Colón (Montevideo), quien en 1878 adaptó la primera variedad de vid de procedencia europea al clima uruguayo.
Con la experiencia de estos pioneros más el trabajo de otros tantos que se sumaron a la empresa vitivinícola el sector se afianzó en el país y alcanzó un crecimiento que logró sustituir buena parte de la producción extranjera hasta que en 1898 se instaló la filoxera y cambió el modelo productivo. Luego de la destrucción por fuego de todas las cepas atacadas por la plaga el gobierno hizo frente a la crisis y obligó a sustituirlas por plantas injertadas sobre pie americano. Lo que no se esperaba, y fue un hallazgo, es que la vid injertada resultó ser sensiblemente más productiva que la de plantación directa aspecto que, junto a la adopción de fertilizantes orgánicos creó una nueva vitivinicultura de la cual son herederos los emprendimientos actuales del sector.
Esta historia, tradición y trabajo es uno de los factores que seguramente ha contribuido al reconocimiento de los vinos uruguayos en el mercado internacional, consolidando a la uva tannat como la principal variedad de nuestro país por su buena adaptación al suelo y al clima, así como por la aceptación de los consumidores.
En lo que respecta a las exportaciones, según información aportada por el Inavi, continúa evolucionando el valor del vino exportado en botella, con un incremento del 0,95% en el precio promedio por litro y un ingreso global en el último año de 15,8 millones de dólares por la colocación de algo más de 4 millones de litros. En concreto, en 2019 se exportó un total de 4.121.000 litros, a un valor de 3,85 dólares por litro.
Entre las empresas que han logrado o tienen potencial para desarrollar un producto acorde a las exigencias de los mercados externos, existe un número menor que se plantea el desafío de exportar. Sin embargo, la enorme mayoría de las bodegas tienen como principal objetivo abastecer el mercado interno.
Se trata de un mercado muy fiel a los vinos nacionales, lo que se manifiesta en el hecho de un consumo mantenido durante los últimos cuatro años así como en los resultados del último estudio sobre el posicionamiento del vino entre los uruguayos realizado por el Inavi, que constató que se encuentra entre las bebidas preferidas por los consumidores adultos.
Actualmente Uruguay cuenta con 6.150 hectáreas de viñedos. La presente vendimia está comenzando y se desarrollará hasta mediados de marzo aproximadamente. Se espera un volumen de uva cosechada de entre 93 y 98 millones de kilos de uva, algo superior a lo del año pasado que se situó en 83 millones de kilos. Si así ocurre, se podrá vinificar un volumen de 74 millones de litros, de acuerdo a las previsiones del Inavi.
Aunque las zonas de cultivo más grandes están situadas al Norte de Montevideo y en Canelones (el departamento vitivinícola más grande del país), donde se concentra aproximadamente el 75% del terreno destinado a la producción de uvas, existen viñedos en Maldonado, Colonia, Durazno, Rivera, Paysandú y Salto.
Aquí en el litoral las temperaturas elevadas y la gran amplitud térmica y humedad así como la fuerte influencia de los ríos Uruguay y Daymán, junto a la diversidad de suelos dan origen a vinos con características particulares. Son regiones donde la humedad hace todo más difícil, pero le da al vino más sabor y aroma.
Paysandú, con un suelo fértil y rico en contenido calcáreo, bueno para tannat, cabernet sauvignon y syrah, cuenta con una tradición vitivinícola también desde la segunda mitad del siglo XIX, y es la más “grande” de las regiones pequeñas de vino uruguayo, con unas 30 plantaciones en 170 hectáreas.
En definitiva, es de esperar que las buenas perspectivas se cumplan para este sector de la actividad productiva que genera mano de obra y proyecta al país y la calidad de su producción en el exterior, atrayendo turistas interesados en conocer las bondades de vides y vinos. De esta forma numerosos establecimientos vitivinícolas han abierto las puertas de forma permanente u ocasional al turismo a través de visitas guiadas, degustaciones y diferentes tipos de eventos, algo que aún no ha sido incorporado en forma estable en Paysandú aunque seguramente tendría buena respuesta tanto por parte de lugareños como visitantes. → Leer más

Ayer, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, nos encontrábamos con el abordaje de la segunda causa de muerte en Uruguay –un 24,6% del total–, donde son diagnosticados unos 16.000 nuevos casos cada año. Pero también es la segunda causa de muerte en el mundo. El lema y compromiso para este año “yo soy… y voy a”, es un llamado a la acción individual e institucional y a una transformación en agentes de cambio de las estadísticas.
Anualmente, a nivel global, casi 10 millones de personas mueren por esta causa y un tercio de las situaciones más comunes pueden evitarse con hábitos saludables. El cáncer de próstata es el de mayor incidencia en la población masculina, seguido por el de pulmón y el cáncer colo-rectal. Sin embargo el cáncer de pulmón se lleva, en promedio, la vida de unas mil personas en el país.
A su vez, el cáncer de mama está en primer lugar con el diagnóstico de 1.900 nuevos casos y 650 mujeres muertas en promedio. A pesar de esto, la detección temprana muestra un descenso en la tasa de mortalidad.
Si bien existe el Fondo Nacional de Recursos y los programas de prevención que ubican a Uruguay en el mapa como el tercer país latinoamericano que lleva adelante un abordaje institucional del problema, existen otras situaciones que se mantienen conforme pasan las administraciones sanitarias.
Tiempos –y listas– de espera para algunas intervenciones, medicamentos de alto costo y, por ende, una alta judicialización de la salud, nos lleva a preguntarnos si un país tan chico y con el mismo nivel poblacional desde hace años, se merece esta estadística. Las autoridades lo justifican comparando con los mejores índices en expectativa de vida de los países desarrollados.
En el continente latinoamericano persisten las desigualdades y las brechas sociales tienen correlación con los casos de cáncer. Los especialistas aseguran que el cáncer colo-rectal, vinculado al consumo de carne roja, es un indicador de desarrollo pero también de un estilo de vida. Tanto como el de pulmón debido al tabaquismo o el consumo problemático de alcohol u otras sustancias, que producen otros tipos de cáncer.
Uruguay está ubicado en los primeros puestos con población fumadora y obesa, pero ese aspecto responde a decisiones personales.
Los próximos años serán cruciales en la batalla contra las enfermedades oncológicas que llegan a pacientes que se encuentran en edades productivas y de atención a la familia. Pero a nivel mundial, el crecimiento poblacional y el envejecimiento van atados también a esta problemática. La iniciativa City Cancer Challenge calcula, ya en el plano de esas desigualdades, que así como crecerá el cáncer un 23% en Uruguay, lo hará un 92% en Costa Rica. A pesar de que ambos manejan índices de desarrollo humano similares.
Los desafíos están planteados en la reducción de esas brechas porque –aunque no es el caso de Uruguay– la inacción de algunos gobiernos, conspiran contra los buenos resultados. Es que la accesibilidad y el sistema de atención sanitario no es igual en un país que en otro, a pesar de las similitudes culturales o cercanías geográficas que puedan haber.
Mientras en Uruguay es obligatorio el Papanicolau en el carné de salud, o las mamografías en mujeres después de los 50 años, en Bolivia por ejemplo hay sólo siete oncólogos para toda la población y los equipos de radioterapia no están disponibles en la salud pública. Incluso los tabúes existentes al respecto, actúan como una muralla para el acceso a un correcto tratamiento.
Difieren hasta en la inversión. Expertos de la iniciativa City Cancer Challenge calculan que hay países que invierten el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) en el sistema sanitario –en Uruguay es el 9,5%– pero otros llegan al 5 o 6%. Brasil se despega con el 11% del PBI.
No obstante, las “chacras” en las diferentes áreas de salud suelen afectar los resultados y las fragmentaciones tienen su costo. Además de económico, el de las esperas y que los rehenes sean, al final de la cadena, los usuarios de todos los servicios. Es que, en cualquier caso, pueden cambiar los paradigmas y los protocolos de atención, pero cuestan mucho los cambios culturales. Y los liderazgos, en este plano de individualidades, no se construyen de un día para el otro.
Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó, ante la llegada de este día, que si el cáncer avanza tal y como evoluciona en la actualidad, en unos veinte años habrá un 60% más de casos en el mundo. Incluso en los países de ingresos medios y bajos, crecerá un 81%. Es, en definitiva, una enfermedad que padecerá una de cada cinco personas a lo largo de su vida. Y eso significa que no habrá una familia sin padecerlo. A pesar de la visión instalada en el costo monetario que implican algunos tratamientos, existen factores de riesgos que pueden minimizarse con la prevención y controles efectivos de llegada a toda la población. Ese, probablemente, sea el mejor indicador de países desarrollados. Aquellos que realicen los cambios culturales trascendentales, mejorarán la calidad de vida de sus poblaciones. Pero ningún cambio se lleva a cabo sin el compromiso individual. De lo contrario, la carga no solo será personal, sino para la sociedad en su conjunto. → Leer más

Cuando gran parte de las discusiones en el ámbito político, a menos de un mes de la asunción del nuevo Poder Ejecutivo, están centradas en la Ley de Urgente Consideración y los cargos que tendrá la futura oposición en directorios de empresas y organismos del Estado, ha pasado casi desapercibido el dato –que nos afecta y seguirá afectando por bastante tiempo a los uruguayos– divulgado hace pocos días en el sentido de que el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez cerró el año con un déficit fiscal del 4,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Debemos tener en cuenta que José Mujica finalizó su mandato con un déficit de 3,4% y la actual administración esperaba dejarlo en 2,5%, de acuerdo a reiterados anuncios, pero tras mil y una argumentaciones sobre las causas para no haber podido hacerlo, lo deja en un 4,7%.
De acuerdo al informe publicado la semana anterior por el Ministerio de Economía y Finanzas, el resultado global del sector público no financiero cerró con un déficit de 2,9% del PBI. El informe toma en cuenta los ingresos obtenidos por la ley que atiende la situación de los llamados “cincuentones” y deja afuera los intereses del Banco Central.
Según analistas económicos, si se agregan los intereses del Banco Central el déficit sube 0,5 puntos porcentuales, y si se quita el ingreso extraordinario de la solución votada para los “cincuentones” –producto de una ley aprobada en el Parlamento, no de un beneficio estructural– se agrega 1,3 puntos más al déficit, llegando así al -4,7% final, lo que equivale a U$S 2.665,5 millones.
Ese dato es el más alto para un año calendario desde el 6,2% del PBI que marcó en 1989, y determinó que el entonces gobierno entrante de Luis Alberto Lacalle Herrera hiciera un ajuste fiscal para enjugar el déficit.
En suma, de lo que se trata es que desde hace ya varios años, el Estado gasta mucho más de lo que le ingresa, y este desnivel, como ocurre en un hogar en similar situación, tenemos que solo puede solventarse con deuda o emisión, mientras se intenta ahorrar y/o aumentar los ingresos, para ir balanceando la situación, so pena de que ésta se torne insostenible.
El punto es que esto ha ocurrido en gobiernos del Frente Amplio, donde ingresó gran cantidad de recursos adicionales por concepto de exportaciones, y en lugar de gastar criteriosamente e invertir en infraestructura para promover inversiones y sustentabilidad, lo que se hizo fue incorporar gastos fijos, que los padecemos ahora, ya con la economía estancada y en retroceso, y por ende condicionando severamente el desenvolvimiento económico del país, demás de, por supuesto, dejando con las manos atadas y sin margen de maniobra más o menos razonable al nuevo gobierno.
Mientras tanto, en el gobierno electo que encabeza Luis Lacalle Pou se omite utilizar la palabra ajuste y se habla de ahorro en el gasto. El objetivo de este ahorro (ajuste en definitiva) es alcanzar los U$S 900 millones en el primer año, es decir 1,6% del PBI, para tratar de llevar el escenario a una posición menos comprometida.
La meta del gobierno saliente en la Rendición de Cuentas era de un déficit de 3,4% del Producto.
Sin embargo, el déficit “incluye los ingresos del Fideicomiso de la Seguridad Social”, que alcanzó a “1,3% en términos del PBI”, dijo el MEF. Esto es, estable, respecto a 2018.
Esos son ingresos extraordinarios y están afectados al futuro pago de jubilaciones de los “cincuentones” que salieron de las AFAP. Estas son personas que tenían menos de 40 años en 1996 cuando empezó el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP. Al salirse y volver al régimen previo (solo por el Banco de Previsión Social sin topes de jubilación), sus ahorros en las AFAP pasan al fideicomiso.
Si bien actualmente hay un ingreso extraordinario a las arcas del Estado, luego que se termine el pasaje de “cincuentones”, el costo de pagarles las jubilaciones superará con creces lo que ingresó, por lo que empeorará el déficit. Por eso, al excluir esos ingresos, el déficit fiscal del sector público consolidado fue de 4,7% del PBI (había sido 4,2% en 2018).
Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ha intentado minimizar las consecuencias de este déficit, pese a que ha quedado demostrado por los hechos que no se pudo cumplir ni por asomo con todos los anuncios de ir revirtiendo el déficit fiscal por el actual gobierno, lo que quiere decir que no es un tema fácil y que los responsables de esta situación no han encontrado la fórmula para que sus previsiones optimistas se cumplieran.
A la vez, tenemos que en 2019 hubo una caída del salario real, como consecuencia de la pérdida de ingresos por el sector privado, en tanto aumentó levemente la de los empleados estatales por encima de la inflación, lo que igualmente no alcanza para que estatales y privados hicieran un promedio que, trasladado a los aumentos de pasividades, permitiera un reajuste por encima de la inflación, aunque fuera mínimo, y por lo tanto esta vez los pasivos han perdido poder adquisitivo en sus prestaciones.
La reflexión lógica e incuestionable es que el sector privado ha pagado en desempleo y pérdida de poder adquisitivo el gasto excesivo del Estado, y por aquí pasa el eje de la cuestión, pese a que por motivos ideológicos, desde el gobierno del Frente Amplio se intenta plantear el tema en otros términos para no perder su fuente de sustento electoral cuando pase a la oposición, retomando la vieja perspectiva de ir acumulando descontento y poder para cuanto lleguemos a la próxima contienda electoral, dentro de cinco años.
Y pese a que el ministro Astori procura restar gravedad a este escenario, cuestionando que “el tema fiscal se analiza con un sentido de urgencia y gravedad, y por favor quiero que me entiendan bien, que no tiene correspondencia con la realidad”, al punto de que “Uruguay tiene que tener una trayectoria más tranquila hacia un mejor resultado fiscal”, el hecho de que lejos de revertir este escenario, lo haya ido empeorando sistemáticamente en el quinquenio, pese a anuncios reiterados en contrario con plazos establecidos, es una señal que debe asumirse en toda su trascendencia.
Y esta señal dice a las claras que la herencia que se deja es mucho peor que la que menciona y lo que es aún más significativo, con una tendencia consolidada, debido a que no se instrumentaron en tiempo y forma por el gobierno saliente las medidas de ajuste desde el Estado, que sí deberá hacer el gobierno que viene, por un tema de responsabilidad hacia el país y los uruguayos.

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En América Latina han gobernado todas las ideologías. En este continente conviven países con democracia plena, regímenes autocráticos que llevan décadas entronizados, gobiernos de centroizquierda, centroderecha y ultraderecha. Todos debieron enfrentar al mismo flagelo con diversas herramientas y a las dificultades de solucionar las épocas de recesión en sus administraciones, sin pasar el problema al mandatario que sigue.
De hecho, ocurre en Uruguay. Tabaré Vázquez deja un déficit fiscal en el período de 4,7% del Producto Bruto Interno (PBI) y –aunque le desagrade la comparación al ministro de Economía, Danilo Astori– es el más alto en los últimos 30 años. Aseguraba el contador que hace treinta años había “otro país”, por lo tanto, la comparación no es pertinente. Sin embargo, el crecimiento económico de una década ocurrió en los tres períodos de su fuerza política. Incluso, el mandatario anterior (José Mujica) dejó un rojo en las cuentas públicas de un 3,4% que la gestión saliente debió corregir y hacerse cargo de algunos asuntos. Como la “capitalización” de Ancap, por ejemplo.
Sin embargo, la administración que entregará el gobierno el próximo 1º de marzo, se había comprometido a dejarla en 2,5% del PBI.
Entre esos dilemas se encuentra el desempleo. Y particularmente el desempleo juvenil, cuyas cifras no mejoran en Uruguay. Si no, todo lo contrario.
“Panorama Laboral” es el título del informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde analiza la realidad latinoamericana con números cerrados a 2019 y su comparación con 2018.
En once países se contrajo el empleo para las poblaciones que tienen entre 15 y 29 años y Uruguay se encuentra en la lista de los cinco primeros con mayor índice de desocupación juvenil. También se encuentra entre las naciones que registró una mayor tasa de crecimiento de la desocupación entre los primeros nueve meses del año pasado. O para tener una idea: en la región creció 1,52 y en Uruguay 1,8%.
En las últimas décadas el problema no mejoró. Si en América Latina y el Caribe hay unos 25 millones de personas en la búsqueda de un empleo, el problema se acentúa y triplica en esa franja etaria. Según el documento, “evidencia la situación de desventaja en la que se encuentra este grupo en el mercado laboral”.
Y las mujeres jóvenes enfrentan mayores dificultades frente a los varones de su misma edad. A pesar de tener una mejor nivel de escolaridad, la realidad es que permanecen muy por debajo de su potencial. Es por eso que el informe apunta al problema que afecta a uno de cada cinco jóvenes. Son, además, quienes reciben los mayores impactos de las recesiones económicas respecto al resto de la fuerza laboral. Y en un contexto de menor crecimiento económico, son los jóvenes quienes deben sortear las barreras negativas para acceder al mundo del trabajo.
El desenlace en Uruguay parece claro. Durante los nueve primeros meses de 2018 registró 26,1% de desempleo juvenil. Con el mencionado crecimiento de 1,8% se elevó al 27,9% de la población entre 15 y 29 años.
Y si recibieron una mayor educación o capacitación que las generaciones anteriores, sigue observándose que su inserción laboral es precaria. En esa población, un 46,7% estudia y el 53,3% no lo hace.
No obstante, a pesar de los avances en cuestiones vinculadas a la igualdad de género o en la legislación relativa a nuevos derechos adquiridos, el estancamiento económico en sus países hace mella en las trayectorias personales. El crecimiento económico menor en América Latina y el Caribe conspira contra un pleno desarrollo de las capacidades. Y presionan sobre las desigualdades y los guarismos de pobreza.
La región creció el año pasado apenas 0,1% ante las crisis que atravesaron las principales economías como Brasil, Argentina o México. Pero el panorama para 2020 no es muy alentador.
Las estimaciones mejoran con respecto a 2019 y ubica el crecimiento del continente en 1,3%. Sin embargo, no es menos cierto que engloban a países que atraviesan por feroces ajustes fiscales y recortes presupuestarios. Algo que, ineludiblemente, deberá hacer Uruguay.
Pero hay que detenerse en un asunto que particularmente generó perjuicios en los países afectados: las continuas protestas sociales que, además de transformar el mapa político, ineludiblemente afectaron a las economías.
El 2020 comenzó con un continente estancado, con países que continúan bajo la inestabilidad social y otros que optaron por cambios de rumbos, como el caso uruguayo. En casi todos, la clase media emergente está –y se siente– vulnerable con la posibilidad de volver a la pobreza. Las medidas de austeridad y los presupuestos rígidos, obligaron a una caída de las inversiones. Y un descenso de las inversiones es absolutamente, una baja en el empleo. También, en este punto, Uruguay es un buen ejemplo.
En cualquier caso, las soluciones no son mágicas ni se resuelven de un día para otro. Pero un incremento de la inversión pública y una mayor promoción de la privada, deberían priorizarse para evitar mayores caídas. El enfoque debe centrarse en la inversión global, orientada a la infraestructura y la tecnología para mejorar el índice de desarrollo humano que también se encuentra estancado. Al menos, en nuestro país.
Es –además de un hecho– una problemática que deben enfrentar los gobiernos de cualquier signo político. De lo contrario, aplazar las decisiones y dejarlo para el mandato siguiente, solo servirá para empeorar un panorama complejo, con el consiguiente costo social. Un costo que, como ya lo vimos también en Uruguay, nadie quiere asumir. Por eso el informe de la OIT define que el “rasgo estructural de las economías” latinoamericanas es el desempleo juvenil, con resultados deprimidos que dan señales de alarma desde hace años. Pero como los oídos escuchan poco, el propio documento lo dice más conciso: “Queda claro, a la luz de las estadísticas de este año, cuán difícil es ser joven en Latinoamérica y el Caribe”. → Leer más

El análisis de la ecuación costo-beneficio es sin dudas el eje de la viabilidad de toda obra que se intente o se pretenda llevar a cabo, incluyendo naturalmente todo lo que tiene ver con el aspecto medioambiental en juego y la perspectiva de financiación, además de la coyuntura y prioridades.
En este contexto es que corresponde evaluar el anteproyecto de dique elaborado por la Facultad de Ingeniería, cuyo objetivo sería el de proteger a la zona oeste de la ciudad de inundaciones provocadas por desbordes del río Uruguay, en este caso previendo que alguna salida de madre pudiera superar en magnitud la creciente de 1959, la mayor de la que se tenga memoria en el litoral del río Uruguay.
Por supuesto, en toda evaluación, más allá de los aspectos técnicos y financieros, entran en consideración elementos relacionados con decisiones políticas, incluyendo orden de prioridades y otras perspectivas, como costo del mantenimiento, por lo que es pertinente establecer determinados elementos a tener en cuenta a priori, más allá del natural entusiasmo que se podría despertar entre los directamente interesados en que se lleve a cabo el proyecto, es decir vecinos de esa zona y organismos vinculados de una y otra forma con esta problemática.
Otra cosa es el interés general, donde deben ponerse sobre la balanza una diversidad de elementos en juego, y por ello es pertinente ir despacito por las piedras y sopesar todo el contexto, con la mayor ecuanimidad y realismo posible, para que a la hora de las decisiones no haya factores que no se hayan evaluado y así llegar a una determinación que minimice riesgos.
En este caso, el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República presentó su informe de prefactibilidad para la construcción de un dique que proteja la ciudad de inundaciones incluso superiores a la registrada hace 60 años en Paysandú, y que ha marcado a la ciudad para siempre en una extensa franja ribereña.
Este muro tendría 8 kilómetros de extensión y 4,8 metros de altura, aproximadamente, e insumiría un costo no menor a los 250 millones de dólares, que sería una suma algo superior a todo el presupuesto quinquenal de la Intendencia Departamental de Paysandú.
El proceso que ha dado lugar a este estudio se generó a partir de la iniciativa de vecinos de la zona portuaria, los que formaron una comisión en su momento con la idea de lograr apoyos para llevar adelante obras que permitieran establecer una contención del río a partir de determinado nivel, en una forma similar a los diques que se utilizan desde hace décadas en los Países Bajos, donde se han llevado a cabo emprendimientos monumentales con los que se ha incluso “robado” tierra al mar para su aprovechamiento, habida cuenta de la elevada población y reducida superficie de esos países.
Tras elevar este inquietud a la Junta Departamental y la Intendencia sanducera, se logró que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande financiara un estudio de prefactibilidad del proyecto, de forma similar a la idea que se maneja para Salto, y es así que el ingeniero ambiental Juan Sanguinetti, del citado instituto de la Facultad de Ingeniería, trazó lineamientos del proyecto ya estructurado, para cuya elaboración se han manejado elementos de seguridad vigentes en el primer mundo.
Para Paysandú, la altura de seguridad promedial es de casi cinco metros, es decir el equivalente a una casa de dos pisos, aunque en algunos lugares se necesitaría una altura superior, en tanto se requeriría a estos efectos un movimiento de tierra del orden del millón de metros cúbicos.
De acuerdo a los técnicos, las dimensiones de la obra permitirían la contención de inundaciones que se pudieran registrar al cabo de doscientos años, salvo algún acontecimientos fuera de lo común que nunca hay que descartar, pero de difícil concreción en lo que refiere a los cálculos de posibilidades. Esto es necesariamente así porque de superar el agua el muro de contención, se produciría una inundación repentina en los barrios poblados que estarían detrás, con consecuencias catastróficas y seguramente mortales, como ya ha sucedido en casos similares en otras partes del mundo; por ejemplo cuando el huracán Katrina elevó el nivel de río Misisipi que superó los diques e inundó buena parte de Nueva Orléans, cobrándose miles de víctimas.
Planteadas así a grandes rasgos las características de la obra y sus beneficios, tenemos que considerar a su vez los aspectos negativos tanto directos como indirectos, el primero de los cuales naturalmente pasa por prioridades y el costo económico del emprendimiento.
Para algunos, los directamente interesados sobre todo, puede tratarse de una obra de primera prioridad, lo que tal vez no sea compartido por la mayoría de los sanduceros, pero sobre todo cabe la pregunta: ¿son compatibles sus beneficios con el costo de entre 250 y 300 millones de dólares, más allá de que se logre o no diversidad de fuentes de financiación y no recaiga toda esta sobre los sanduceros?
Y en el marco de la ecuación costo-beneficio, la pregunta inmediata que surge es si la mayoría de los sanduceros quiere tener una ciudad amurallada, a este o cualquier otro costo, y a la vez perder la tradicional vista al río desde toda la zona costera, los accesos y los atardeceres del río Uruguay desde amplias zonas costeras, uno de los atractivos turísticos que establecen fuertemente la “marca Paysandú”. Cuando se compara la obra con una de similares características llevada a cabo en Concepción del Uruguay, no debemos olvidar que “La Histórica” nunca tuvo una rambla como la nuestra ni paseo costero alguno, y que el único acceso directo al río es a través de Banco Pelay, un balneario que está fuera de la ciudad.
Nos permitimos aventurar que la enorme mayoría de los habitantes de la ciudad, entre los que nos incluimos, creemos que sería mucho más lógico invertir en construir, reconstruir y/o trasladar a lugares más seguros buena parte de viviendas de las zonas afectadas, con la consecuente parquización de los espacios ganados; un proyecto que no es nuevo y tiene más de 40 años.
Tampoco es un problema menor la necesidad de expropiar amplias superficies para incorporar lagunas de amortiguación para el agua de lluvia, con lo que habría que desalojar igualmente a numerosas familias de la zona del puerto, además de requerir la instalación de bombas para la extracción de agua y saneamiento.
Paralelamente, se trata de una obra que requeriría permanentemente vigilancia y mantenimiento, un aspecto en el que no se puede improvisar, que tiene también importantes costos fijos, más allá de la inversión inicial.
Estamos por lo tanto ante un emprendimiento de ribetes faraónicos, y no solo en su aspecto económico, sino que en la ecuación costo-beneficio a que nos referíamos todo indica que dejaría mucho más en el debe que en el haber, y que para colmo privaría a Paysandú del paseo que más disfruta, la costa del río. → Leer más

El barrio está convulso y todos lo sabemos. La sensación de que la situación se encuentra complicada y revuelta, se confirma con los datos de perspectivas económicas que acaba de brindar el Fondo Monetario Internacional (FMI) para nuestra región, que este último tiempo ha acumulado momentos de tensión que generan incertidumbre a lo largo y ancho de América Latina. Uruguay, por supuesto, entra en la ecuación, cuando está a punto de cambiar de gobierno.
El reporte del FMI, divulgado el miércoles pasado, es bastante preocupante. En primer lugar, recortó de manera drástica las previsiones económicas de Chile al 0,9 % para este año por las “tensiones sociales”, a la vez que advirtió sobre el “estancamiento” económico regional lastrado por la crisis en Argentina –nuestro vecino que siempre da la nota– y el frenazo en México. El FMI presentó las previsiones actualizadas para el conjunto de la región: con un 0,1 % estimado al cierre de 2019, un 1,6% para 2020 y 2,3% para 2021.
Los datos macroeconómicos agregados ahondan en esta visión pesimista: el PBI real per cápita de la región ha disminuido un 0,6% por año en promedio durante el período 2014-2019, en marcado contraste con el aumento medio anual de 2% durante el período 2000-2013 de auge de las materias primas. “Si bien las causas de las tensiones sociales varían de un país a otro, estas en general reflejan una insatisfacción con ciertos aspectos de los sistemas económicos y políticos”, alertó Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del FMI en la actualización de las previsiones regionales.
Son palabras para tener en cuenta por supuesto, pero más aún las que comentó a continuación: que los países que han tenido tensiones sociales, como Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, ha visto “afectada” la actividad económica. En nuestro país, ante la proximidad del comienzo del nuevo gobierno –a partir del 1º de marzo–, que cambia de signo político, ya se han escuchado voces de movilización y resistencia, como si estuviéramos en una especie de dictadura. Ojo con los que atizan protestas, con los que pregonan la confrontación. No solo porque enfrentaría a ciudadanos con otros, sino también porque el efecto en las finanzas es casi inmediato. El caso más evidente es el de Chile, que vive en los últimos tres meses la crisis social más importante desde el retorno a la democracia en 1990, y que sufre el mayor recorte de previsiones para este año del organismo, de 2,1 puntos porcentuales menos que lo previsto en octubre, hasta un 0,9 %; y de 0,5 puntos para 2021, hasta el 2,7 %. Los efectos negativos de la protestas en Colombia han sido más leves.
La crisis política en Bolivia también hará mella en la actividad económica, y se rebajarán las proyecciones, aunque el Fondo no dio cifras al respecto.
¿Y qué pasa en la siempre convulsionada Argentina, donde acaba de asumir el nuevo gobierno de Alberto Fernández? Nuestro vecino enfrenta una complicada reestructuración de su deuda y el FMI espera que se suavice a una contracción desde el 3,1% del pasado al año al 1,3% en 2020, mismas proyecciones que tres meses atrás.
Caso aparte es el de Venezuela, donde el PBI real se ha contraído un 65%, debido al descenso de la producción de petróleo, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y el desplome del poder adquisitivo y donde incluso la crisis parece haber perdido ímpetu. “Es muy difícil pensar que un país pueda seguir cayendo a tasas anuales del 35%. Los modelos tienden a apuntar hacia la estabilización, pero no a la recuperación”, aseguró Werner.
Las previsiones del FMI de principio de año siempre llegaban con un panorama alentador para América Latina, que prometía un crecimiento más o menos robusto, para luego con el paso de los meses, ese análisis iba perdiendo fuelle y el organismo corregía, casi siempre a la baja. Para esta temporada, el reporte muestra un poco agradable camino por delante ya de entrada.
En los cuatro principales países de la región –Brasil, México, Colombia y Argentina– sus dinámicas políticas continuarán con un potencial de generar tensión en el contexto internacional, bien desde la perspectiva económica y comercial como desde la estrictamente política. El rediseño que ha realizado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de la política exterior del país, plenamente alineada con Estados Unidos –algo que Uruguay, con el gobierno de Luis Lacalle Pou, debería acompañar a manos llenas–, contrasta con la actitud del presidente argentino Alberto Fernández, de retraerse al mundo.
“Finalmente, Venezuela va a seguir centrando la atención por sus niveles de deterioro de la vida cotidiana, tanto en lo relativo al desempeño de su economía -como en la dura confrontación política interna.
Todo ello en un clima de frustración por la ausencia de visos de solución. Mientras la nomenclatura conformada por el chavismo y la cúpula militar tiene el control de la vida pública y de la economía, la oposición no logra deshacerse del cerco al que se ve permanentemente sometida”, aseguró un análisis del portal Política Exterior sobre un país que el actual gobierno uruguayo supo, vergonzosamente, defender. Hay que alejarse lo más posible de estos contextos y generar ámbitos de verdadero crecimiento, con más aliento a las empresas e industrias, y menos impuestos. Este es el desafío para hacer menos oscuro el futuro que augura el FMI. → Leer más

Aunque poco alentador, evidentemente no resulta una sorpresa el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de que se ha dado en 2019, y sigue en 2020, un elevado nivel de desempleo en América Latina y el Caribe, habida cuenta de que más de 25 millones de latinoamericanos y caribeños están desempleados, y que la cifra seguramente aumentará en 2020 debido al débil crecimiento de las economías.
El reporte destaca que entre las mujeres el desempleo está aumentando más que entre los hombres, y que la situación de los jóvenes latinoamericanos “es alarmante”, pues ahora uno de cada cinco “no puede conseguir empleo”, la tasa más alta en una década.
“Los mercados del trabajo de América Latina y el Caribe atraviesan por un momento de incertidumbre reflejado en una leve alza de la tasa de desocupación regional e indicios de precarización que podrían empeorar en 2020”, advirtió el organismo al presentar en Lima su informe anual Panorama Laboral.
La tasa de desempleo en la región al cierre de 2019 es de 8,1%, una décima más del 8% de 2018. “Es un alza leve, pero aun así significa que más de 25 millones de personas están buscando empleo activamente y no lo consiguen”, dice el informe.
En este estudio asimismo se da cuenta de que el desempleo aumentó el último año en nueve de 14 países latinoamericanos incluidos en el estudio de la OIT, en tanto, en el Caribe angloparlante, que tiene menos población, “hubo un descenso del desempleo de 0,7 décimas”, precisa el reporte.
Claro, la realidad del empleo en América Latina se inscribe en un contexto heterogéneo, pero en términos generales, estamos ante un componente cíclico, que tiene directa relación con los vaivenes de la economía mundial y en términos comparativos, con una baja calidad y primarización que precisamente depende de los altibajos de economías exportadoras de productos primarios y por ende con bajo o nulo valor agregado.
“La situación del mercado del trabajo es compleja”, declaró el director regional de la OIT, Juan Felipe Hunt, al presentar el informe a la prensa, acompañado del coordinador del estudio, Hugo Ñopo, y del jefe regional de comunicaciones, Luis Córdova, para agregar que “la dinámica de desaceleración económica observada desde mediados de 2018 ha impactado tanto en la estructura como en la calidad de los empleos”.
Precisamente reafirmó el jerarca que hay una “precarización” en los empleos que se crean en la región, así como un aumento del trabajo por “cuenta propia, no calificado”, lo que obedece a una necesidad de salirle a lo que venga y no a un espíritu emprendedor. Ello da la pauta de una realidad socioeconómica que no ha tenido modificaciones estructurales significativas en muchas décadas, pese a que la región se vio favorecida durante más de diez años por condiciones excepcionales en los mercados mundiales, lo que potenció los precios de los productos de exportación de la región.
Un capítulo aparte refiere a la mano de obra femenina, si se tiene en cuenta que en lo que tiene que ver con el trabajo de las mujeres, la OIT señaló que debido a las condiciones económicas la tasa de desempleo puede trepar a 8,4% este año, lo que significaría que la región tendría 27 millones de personas sin trabajo, considerando que hay un rezago en las estadísticas laborales, por lo que en el segundo o tercer trimestre comenzaría a verse el impacto.
El informe expresa que a pesar del aumento de la participación laboral de las mujeres (a 50,9%), “ésta sigue estando más de 20 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres” (74,3%).
Destaca además que la tasa de desempleo femenino subió dos décimas a 10,2%, mientras que la de los hombres se mantuvo sin cambios en 7,3%, “lo que indicaría que el peso del aumento del desempleo regional afectó en forma desproporcionada a las mujeres”.
En lo que refiere a Uruguay, el estudio sostiene que en nuestro país de alguna forma el comportamiento de nuestros indicadores se diferencia de la tendencia regional por categoría ocupacional y a nivel de ramas de actividad.
En Uruguay se observó una contracción del empleo asalariado durante 2019 (-0,3%) y un leve crecimiento del empleo por cuenta propia (+0,8%). Respecto a las ramas de actividad económica, se observó la contracción del empleo en la industria manufacturera (-2,5%).
Por otro lado, nuestro país siguió las tendencias regionales a nivel de los salarios reales. En línea con la tendencia regional, Uruguay también experimentó un incremento del salario mínimo real (3,7%) superior al de 2018 (1,9%), dentro de un contexto regional de aumentos similares (3,9% en 2019 y 1,5% en 2018).
Ocurre que el tramado socioeconómico es muy complejo, y el nivel salarial, la calidad del trabajo, responde inevitablemente a la salud de las empresas, que son empleadoras directas y no pueden sostenerse con números en rojo, como sí lo hacen las empresas públicas, mientras haya actividad privada que pueda sostenerlas. Cuando la economía de las empresas está en peligro, cosa que se ha acentuado en la región y en nuestro país a medida que ha quedado atrás la década de bonanza económica producto del viento favorable del exterior, el crecimiento del salario real que se ha dado en varios sectores fue a costa de la pérdida de rentabilidad de las empresas y de empleos, desde que la ecuación económica se ha deteriorado.
Ergo, esta desaceleración no se ha sentido en el sector estatal, naturalmente, pero sí en la mayoría de las empresas privadas que han debido hacer frente a esta erosión apelando al ajuste en el nivel de empleo, ante una normativa laboral muy rígida, y se ha mantenido el salario real a costa de la reducción de puestos de empleo.
Ello da cuenta, por si había alguna duda, de que no hay magia en economía, y sí leyes que no pueden soslayarse. Quienes han sufrido las consecuencias del deterioro de la economía que se ha acentuado en el Uruguay a partir de 2015, han sido del sector privado, trabajadores y empresas, así como los cuentapropistas.
La única forma de salir de este atolladero en nuestro país y la región es por la vía de la inversión genuina, de la inyección y regeneración de recursos que permitan hacer crecer la torta para distribuir, y no poner la carreta delante de los bueyes.
Desde la OIT, precisamente, el coordinador del estudio, Hugo Ñopo, explicó que así como el desempleo y las precarias condiciones laborales estimulan las protestas, éstas también impactan en el crecimiento económico, lo que a su vez afecta las tasas de empleo, por lo que lejos de las soluciones, se realimenta el círculo vicioso que no deja salidas a corto plazo para el problema, lamentablemente.

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El hombre que persiguió la embarcación que se le escapaba en el río Santa Lucía no debió hacerlo. Los bañistas que entraron al agua en un lugar no habilitado tampoco debieron hacerlo. La recientemente desaparecida joven argentina en nuestras propias costas sanduceras tal vez tampoco tendría que haberse acercado tanto a las boyas donde se la vio por última vez.
Así se podrían seguir comentando todos los casos. Pero claro, lo que “tendría” que haber pasado o no es una suposición que, a estas alturas, no sirve para nada.
Por otra parte, recientemente hubo un paro de los Guardavidas que exigían el pago de las horas extras y mejoras en sus equipamientos de trabajo. Por todos los medios de comunicación se informó que los guardavidas no estarían trabajando. El conflicto de solucionó rápidamente. ¿Pero los bañistas dejaron de meterse al agua cuando ese fundamental eslabón de la seguridad no estuvo presente? Algunos sí, otros no.
Así es como en esta temporada de verano ya llevamos varios ahogados en las costas uruguayas.
Grandes costas, grandes playas. Envidia del mundo. Y a todo esto, olvidamos un aspecto importantísimo: muchos de los bañistas fanáticos del mar, e incluso también algunos de los que trabajan en él como los pescadores –lo que es más inaudito–, no saben nadar. Puede parecer una gran paradoja, pero así es.
Y no saben porque simplemente las circunstancias de su propia vida no los llevó a que sus padres, en vez de mandarlo a jugar al fútbol o a andar en bicicleta, actividades que más o menos todos los uruguayos hacemos, hayan decidido mandar a su hijo a que aprenda natación. O no contaban con las posibilidades de hacerlo. Nuestras manos entonces, no se cansarán de aplaudir la iniciativa de haber hecho de la educación física una materia obligatoria en las escuelas. La educación de todos los uruguayos debe ser lo más completa posible. Y no es secreto para nadie que la natación es uno de los ejercicios físicos más completos. Pero con un agregado de importancia: puede salvar la vida de quien lo aprenda.
Por supuesto que no hay que no todos los que terminan perdiendo la vida en ríos, mares, arroyos o hasta piscinas no sabían nadar. Algunos de ellos sí sabían. Pero hay otros que no y que, de haberlo sabido hacer, hubiesen tenido varias chances más de salir con vida. No es un dato novedoso. Muchos de los que leen pueden haber pasado por algo parecido y haber sobrevivido sencillamente por saber nadar.
Además, es más que obvio que ni el clima ni el agua se están comportando de la misma manera que hace, digamos, algunas décadas. Las recientes inundaciones hablan a las claras que estamos ante una realidad bastante más peligrosa. Los caminos se vuelven imposibles de atravesar, el agua se vuelve un torrente imparable que arrastra todo a su paso y no son pocos los que también se han visto en apuros en tales circunstancias.
También ahí, el saber nadar puede salvar vidas. Y puede hacerlo porque en muchas oportunidades será nuestro último recurso, que, casi siempre, es el más importante.
Nadar puede darnos el tiempo necesario para que llegue la ayuda cuando por el motivo que sea, fuimos arrastrados por la corriente, o se dio vuelta la embarcación en la que nos trasladábamos, o perdimos pie en un pozo demasiado profundo. O hasta para salir del apuro por nuestros propios medios. Parece absurdo que en un país rodeado por agua, donde cada pocos kilómetros encontramos una cañada, un arroyo, un río o el mismo mar; que tiene más de 660 kilómetros de costa, una gran parte de la población que no sabe siquiera cómo defenderse en el agua. Y así es como cada año ocurren tragedias.
En 2014 el presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA) Julio César Maglione, presentó durante la tercera FINA World Aquatics Convention en Doha, Qatar el proyecto “Natación para todos” que buscaba lograr que todos los niños del mundo aprendieran a nadar en forma obligatoria. Ese año la cifra mundial de ahogamientos fue de 372.000 personas.
En lo que respecta a Uruguay, los números no nos dejan bien parados. Nuestro país está en el primer lugar de América Latina en cuanto a muertes por ahogamiento. Con una tasa de 3,9 por 100.000 habitantes. El proyecto de la FINA debería entonces ser tomado en cuenta con más seriedad.
Para lograr el objetivo sin dudas que la mejor forma sería establecer la “materia” natación en las escuelas, obligatoria. Desde allí se podría enseñar a los niños no solo a sobrevivir en un medio que no les es natural, sino también a respetar el agua, los riesgos de adentrarse en el mar, el efecto de las olas, las corrientes en ríos y arroyos, las ramas y objetos sumergidos que pueden dificultar mantenerse a flote, etcétera. También sobre técnicas de reanimación o cómo ayudar o asistir a personas en peligro.
En nuestro país hay muchos lugares donde se puede hacer la parte práctica de la natación, que es lo más importante. Actualmente hay innumerables piscinas municipales que podrían usarse, algunas de ellas son abiertas y otras cerradas. Claro está, para nadar en invierno las piscinas deberán ser climatizadas y cerradas, pero es una inversión que se puede hacer, así como se construyen escuelas u otros centros. Y en verano se podría enseñar en cursos de agua naturales, bien acondicionados.
En Paysandú hubo mucha experiencia en este sentido hace años, a través del Club Remeros Paysandú, donde se enseñaba a nadar a cientos de escolares primero en la “piscina” flotante en el río Uruguay y luego en la actual piscina cerrada. Habría que reflotar aquellas iniciativas, pero llevándolas aún más lejos, estableciendo la obligatoriedad de aprender a nadar.
De hacerse de esta manera, igualmente seguirán ocurriendo tragedias en las aguas uruguayas, pero lo que es seguro es que se habrán evitado muchas más. → Leer más