Opinión

Tal vez ni horas habían transcurrido desde que Nacional se coronaba campeón Uruguayo cuando los festejos mutaron a consternación y luego al dolor. Durante los incipientes festejos un joven de 24 años recibió los disparos que se llevaron su vida, cobardes disparos por un encargo hecho desde dentro de una cárcel. De este triste hecho no han pasado más que dos meses y semanas y sin embargo parece haber caído en el olvido. Pero no es a este hecho en específico que vamos a referir hoy, sino a lo que aconteció muy pocas horas más tarde con un futbolista, Matías Viña, y de nuevo ha ocurrido días atrás con otro jugador, Facundo Milán, ambos amenazados de muerte por mensajes que se liberan en las redes sociales.
Seguramente esto se repite con una tasa altísima entre quienes no tienen la notoriedad que da el llevar por profesión correr detrás de una pelota de fútbol. Sin ir más lejos, también le ocurrió al futuro Ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Hablamos de las amenazas y hostigamiento a través de medios informáticos, especialmente las redes sociales, pero también –por ejemplo– a través de WhatsApp u otros servicios de comunicación.
El Ministerio del interior posee un Departamento de Delitos Tecnológicos, que funciona en el ámbito de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado y por lo general trabajan el tema en coordinación con Interpol.
Técnicamente los delitos informáticos “son una acción ilícita que se da a través de las vías virtuales. En los casos más comunes se encuentran las publicaciones de fotografías en las redes sociales, principalmente Facebook. Allí se cometen delitos que van desde la difamación, acoso, injurias, hasta pornografía, soborno y otras”.
Este tipo de situaciones se pueden denunciar en cualquier seccional, zona operacional, a través del sistema de gestión de calidad 0800-5000. “Cuando el Departamento de Delitos Tecnológicos recibe una denuncia de este tipo, en primera instancia buscan determinar la veracidad de la misma. Luego se realiza una investigación del perfil de la persona ofensora para determinar la acción al tiempo que se pone en conocimiento a la Justicia de dicha investigación. Según la experiencia del personal de este departamento, para cada caso se hace una especie de rastrillaje de las redes y las publicaciones para llegar a esa persona. Asimismo, el personal de esa unidad realiza un monitoreo permanente de redes sociales”, explica en su página el Ministerio.
Por supuesto que este departamento tiene preocupaciones muchísimos más importantes, por ejemplo atendiendo casos de defraudación o el conocido como “phishing” en el que alguien (un hacker) crea una página exactamente igual a la de un banco o un sello de tarjetas de crédito, por ejemplo, y desde allí envía un correo electrónico a un usuario diciendo que debe actualizar los datos de su cuenta o el código de seguridad de una tarjeta. Al hacerlo se le otorga a los delincuentes la información necesaria para que, o bien extraiga todo lo que haya en la cuenta o efectúe compras que serán cargadas a ese medio de pago.
Pero volvamos a las amenazas. Por hablar de casos recientes, y saliendo del ámbito del fútbol en el que, ya vemos, los episodios se reiteran, también se encuentran ejemplos en el ambiente político. Un exmilitar fue denunciado penalmente en noviembre pasado por la bancada parlamentaria del Frente Amplio después de proferir amenazas en un video de Facebook contra el –en ese momento– candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, y contra el presidente de la República, Tabaré Vázquez. El video lo realizó en vivo –una modalidad que permite esa red social– pocas horas después que un ómnibus de la armada fuera atacado por varias personas en la costera de Montevideo. Techera, además de amenazarlos, les atribuía a ambas figuras políticas responsabilidad en esos hechos, cosa que –luego se comprobó– no era de esa manera.
Da la impresión que hoy, que la comunicación es mucho más ágil, hemos dejado de tomarnos el instante de reflexión que se requiere antes de dirigirnos a los demás. Enviar un mensaje por WhatsApp es muy rápido. Se puede hacer mientras se está cocinando, mientas se está esperando que el semáforo cambie de rojo a verde, mientras se hace la fila en la fiambrería del supermercado. Es decir, lo hacemos sin poner completamente la atención en ello, casi como algo instintivo. Hoy la comunicación no dispone de la ceremonia que suponía hasta hace algunos años escribir una carta a mano o en máquina de escribir. Esta inmediatez ha suprimido aquella paciente reflexión, incluso obligada por las circunstancias, tal vez, pero requerida para encontrar las palabras justas.
Quizás un extremo de ello ocurra en las redes sociales en los comentarios de las noticias. Lamentablemente lo vemos en la misma página de EL TELEGRAFO, más que nada en Facebook, aunque no solo en esa red social y tristemente es algo general entre los servicios de los medios de comunicación. Un espacio que podría servir para desarrollar un debate, intercambio respetuoso y enriquecedor sobre las noticias que publicamos, incluso evacuar dudas y hacer sugerencias –ese suponemos que era el sentido original de este espacio– se ha vuelto un coto donde vale todo con el propósito de agredir o denostar a los demás; incluso al periodista, o a esta casa.
El subido tono de la violencia que se expresa sería intolerable si a esas mismas personas la ubicáramos todas juntas en una sala, donde tuvieran que expresarse esos agravios frente a frente, cosa que, por otra parte, seguramente no harían en una circunstancia de ese tipo.
Como hemos visto, un delito, como lo son las amenazas, los agravios, la difamación, aún cometido a través de medios digitales, no deja de ser eso, un delito, y por lo tanto pasible de ser perseguido por la Justicia y, por consiguiente, castigado en los mismos términos que si se hiciese cara a cara.
Por eso cable plantear si es que acaso no resulta hasta más conveniente contener los impulsos que nos genera cualquier estímulo en las redes o en una conversación por medios digitales, tomar un momento para una reflexión y ver si realmente amerita dar enviar a esa amenaza, agresión, provocación o ataque gratuito que nos brota como primera respuesta. → Leer más

Desde principios de la presente década está primando en los países productores y exportadores de carne del Cono Sur Sudamericano, su disposición a encarar la mejor forma de coordinar las acciones para prevenir el azote de epizootias que en su momento diezmaran al ganado bovino fundamentalmente, y en otras alcanzara para afectar las perspectivas de exportación de sus productos a un mejor precio, ante la exigencia de los mercados.
Nuestro país es parte del corazón de esta producción, y precisamente resultó uno de los más afectados cuando la última gran crisis producto de la epidemia de aftosa. Desde 2001 a la fecha, cuando la gran epidemia de fiebre aftosa, que fue uno de los orígenes –no el único– que precipitó la crisis que vivió nuestro país meses más tarde, ha habido consenso en los países productores, bajo la coordinación de organismos técnicos y políticos, de actuar en forma conjunta para preservar la riqueza ganadera, en el entendido de que ante la amenaza continua de focos en zonas endémicas, había que mantener el esquema de vacunación, pese a sus costos y cierta pérdida de valor de la carne.
Se trata siempre de una relación costo- beneficio, naturalmente, que se mantiene vigente hasta nuestros días, solo que en base al tiempo transcurrido hay países, como Brasil, que entienden que es pertinente dejar de vacunar para acceder a estos mercados, ante un riesgo de contagio que ha descendido.
Precisamente el análisis con los costos y beneficios que implicaría a futuro dejar de vacunar contra la fiebre aftosa en Uruguay, forma parte de la tarea de una consultora que está trabajando desde hace un tiempo en el tema.
Hace pocos días, en la sede de la Dilave “Miguel C. Rubino”, las gremiales de productores recibieron un nuevo informe de la consultoría independiente impulsada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre esta compleja problemática, que involucra uno de los pilares de nuestra economía de base agropecuaria.
Un dato a tener en cuenta es que Uruguay destina unos 37 millones de dólares anuales para vacunar contra la fiebre aftosa, asegurarse el acceso a los mercados con su ganado en pie, carne y subproductos, además de los análisis que prueben que no hay circulación viral.
Igualmente, las gremiales de productores mantienen su postura tradicional contraria a dejar de vacunar contra la fiebre aftosa, más allá de que Río Grande del Sur y otros estados brasileños, estén presionando para que cese la vacunación, con la mirada puesta en captar mercados.
Pero una cosa es la visión y la realidad brasileña y otra la de Uruguay, donde sus productores y técnicos consideran que la carne bovina de nuestro país, desosada y madurada, puede entrar en mercados de primera línea como Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur y Japón.
En este contexto, Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), a través de su representación, ha sido firme impulsora de generar el estudio sobre el tema por la consultoría, aunque hay una postura adoptada a priori difícil de modificar sin elementos contundentes: como otras gremiales, CAF considera que la vacunación es mucho más que una barrera contra la aftosa, sino que es también un seguro de altísimo valor para la producción ganadera uruguaya.
Pablo Perdomo, presidente de esta gremial, señaló a El País que los productores tienen mucho recelo en cuanto a dejar de vacunar, “porque tenemos muy pendiente lo que ocurrió en 2001, con una epidemia que se extendió con más de dos mil focos activos detectados por el país. De alguna manera, lo que se está invirtiendo es como un seguro, porque no hay ningún impedimento de acceso a los mercados de mayor potencial porque estemos vacunando contra la aftosa”.
Aseguró el dirigente que el costo de la lucha activa contra la enfermedad “no justificaría el riesgo de infectación que se correría si surgiera algún problema, por más que los números presentados puedan generar alguna duda”. Es decir que hay ciertas dudas sobre si efectivamente la consultora ha evaluado hasta ahora todos los elementos en juego en el caso de que se genere algún foco, y así lo dijo el presidente de la CAF al señalar que los productores consideran que muchas veces los consultores no conocen la interna “ni la realidad de los Servicios Ganaderos”, así como tampoco sus limitantes de recursos económicos y humanos e infraestructura, por lo que “todas esas cosas también hay que ponerlas en la balanza en el marco de la discusión”.
Precisamente de eso se trata, de la realidad de hoy y de los antecedentes, de lo que realmente se tiene en recursos y de lo que se debería tener, porque a la hora de la crisis recién se descubren otras falencias y lo que no se ha tenido en cuenta. Es que estamos precisamente en una región en la que la falta de controles y prescindencia de algunos organismos de países vecinos, con productores poco apegados a la responsabilidad, suelen ocultar cuando aparece algún foco, para no verse afectados, y resulta que salen a la disparada cuando ya es tarde para adoptar medidas de prevención eficaces.
Es de recibo por lo tanto la reflexión de Perdomo en el sentido de que no hay apuro por llegar a decisiones de dejar de vacunar ni nada que se le parezca, porque Uruguay accede a mercados de alto valor con pruebas científicas que demuestran todos los años que no hay circulación viral y consecuente riesgo de contagio en el rodeo bovino.
Precisamente en un subcontinente donde el Uruguay y otros países vecinos tienen a la carne como un valor preciado de exportación, resulta vital la cooperación e interrelación entre los que comparten el recurso para preservarlo y potenciarlo, porque además al no existir fronteras sanitarias un problema puntual en determinada zona puede llegar a extenderse hasta lugares recónditos, cual reguero de pólvora, como ya ha ocurrido.
Al ser la aftosa endémica, aunque bajo control, el interés común de los países que comparten el recurso es establecer reglas de juego claras y controles adecuados para evitar que se den emergencias como las que arrastraron a Uruguay a una crisis sin precedentes y que dinamitó por determinado tiempo nuestras posibilidades como exportadores de carne, y que en 2001 naturalmente no solo afectaron a nuestro país.
Los escenarios de focos episódicos reafirman la necesidad de que las redes de vigilancia en la región sigan en estado de alerta permanente, ante la fragilidad de las fronteras y la forma en que en varios países de la región se maneja la cría de animales, sin los controles y acciones protocolares correspondientes para preservar esta riqueza, con un contagio potencial siempre presente. → Leer más

Con la confirmación de un caso de la nueva cepa de coronavirus (COVID-19) en Brasil se disparó la alarma en América Latina, que hasta el momento era –junto con la Antártida– el único continente sin la presencia del referido virus.
Se trata de un brasileño residente en San Pablo que recientemente regresó de un viaje de negocios en Italia y que, tras pasar el fin de semana con su familia, se sintió mal y realizó la consulta médica que permitió la detección del caso, encontrándose actualmente el paciente en cuarentena en su casa.
Mientras tanto, la epidemia continúa en expansión y se estima que continúe avanzando en la medida que según la Organización Mundial de la Salud, el mundo no está preparado para hacerle frente en forma efectiva.
Surgida en diciembre del año pasado en China, la epidemia ya lleva casi 80 mil enfermos y 2.700 muertos en ese país y según la OMS se propaga a unos 30 países por día, con aumento de infecciones y muertes en Corea del Sur, Italia, Irán, Austria, Croacia, España y Francia así como varios países de Medio Oriente
Los coronavirus son una amplia familia de virus que se encuentran tanto en animales como en humanos. Algunos infectan al ser humano y se sabe que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).
En Uruguay existen coronavirus como parte del “paquete” de virus respiratorios de la población y aunque el COVID-19 aún no ha llegado, todo indica que quizá no dentro de mucho podríamos tenerlo también aquí.
En este sentido, Alicia Cardozo, médica grado 4 en Infectología, dijo en declaraciones a El Observador que “no va a ser posible impedirlo” a pesar del protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud Púbica y el estrechamiento de la vigilancia en particular sobre los casos sospechosos que se encuentren en el Aeropuerto de Carrasco o el puerto de Montevideo.
En el mismo sentido se expresó el coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología, Eduardo Savio, quien hace una semana dijo que “no es desmedido pensar que el coronavirus pueda llegar a Uruguay” y que “cuando llegue el primer caso no da tiempo para pensar, es ahora. Hay que ser muy proactivo en el manejo de todo esto”.
Hasta la fecha no existe ningún medicamento específicamente recomendado para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus. Ahora bien, las personas infectadas por el 2019-nCoV deberán recibir el cuidado adecuado para aliviar y tratar los síntomas, y aquellos gravemente enfermos deberán recibir una atención de apoyo optimizada. Se están investigando algunos tratamientos concretos que serán probados en ensayos clínicos. La OMS está ayudando a coordinar medidas con diferentes asociados para desarrollar medicamentos con los que tratar la infección por el nuevo coronavirus.
Sobre la peligrosidad de este coronavirus, la OMS señala en su sitio web que tal como ocurre con otras enfermedades respiratorias, la infección puede causar síntomas leves como rinorrea, dolor de garganta, tos y fiebre. En algunas personas puede ser más grave y causar neumonía o dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. Las personas de edad avanzada y las personas con afecciones como diabetes o cardiopatías parecen correr un mayor riesgo de caer gravemente enfermas por el virus.
Sin embargo, no es fácil efectuar los controles dado que los síntomas se pueden presentar algunos días después del contagio y mientras tanto el infectado puede seguir contagiando a personas de su entorno laboral, familiar o social.
El período de incubación varía entre 1 y 12,5 días, con una media estimada de 5-6 días aunque se trata de una estimación que se irá ajustando en la medida que los servicios de salud e investigación epidemiológica cuenten con más datos sobre el comportamiento de este nuevo virus.
Al igual que ocurre con el dengue, las acciones individuales cuentan mucho para evitar contagios. Sin vacunas ni medicamentos para la prevención o tratamiento, el mantenimiento de la higiene respiratoria y de las manos es un aspecto básico y fundamental, así como el desarrollo de prácticas alimentarias seguras evitando, cuando sea posible, el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedad respiratoria, como tos y estornudos.
Al cubrir la boca y la nariz –con el codo flexionado, no con las manos– durante la tos o el estornudo se minimiza la propagación de gérmenes y virus. Luego un simple lavado de manos con agua y jabón o el uso de alcohol gel ayudará a prevenir. Por otra parte, si bien aún no se sabe durante cuánto tiempo vive el nuevo coronavirus sobre las superficies –aunque bien la información preliminar apunta a que puede sobrevivir unas horas– un simple desinfectante puede matarlo e impedir que siga infectando.
Es la responsabilidad individual y este tipo de cuidados preventivos, al alcance de todos, los que resultarán más efectivos para prevenir contagios. Conductas alarmistas poco ayudan a una prevención efectiva y real. Sin embargo, son las que en estos momentos están llevando a agotar los stocks de mascarillas –que aumentaron su precio al doble– en similar comportamiento al desabastecimiento de repelente ante la detección del primer caso de dengue autóctono en el país en 2016.
Aunque usar mascarilla médica puede ayudar a limitar la propagación de algunas enfermedades respiratorias, la OMS recomienda el uso racional de mascarillas para evitar el derroche innecesario de recursos valiosos y por su posible uso indebido. Además, su uso no garantiza por sí solo que no se contraigan infecciones y debe combinarse con otras medidas de prevención, en particular la higiene respiratoria y de las manos y la evitación del contacto cercano antes mencionado.
Por otra parte, en un contexto del avance de las enfermedades emergentes en la región es importante no perder de vista otras amenazas que también están a un paso, como es el caso del dengue –cuya epidemia recrudeció en 2019 en Brasil y Paraguay, estando presente también en Argentina– y los brotes de sarampión (enfermedad que sí es posible prevenir mediante vacunación).
En definitiva, la epidemia del nuevo coronavirus es un tema que las autoridades sanitarias están monitoreando de cerca y que requiere esfuerzos estatales pero también acciones personales de la población para evitar contagios si, como se prevé, finalmente tenemos la enfermedad entre nosotros. No obstante, ante una situación regional complicada en virtud de la amenaza también de otras enfermedades de alta incidencia es importante estar atentos, informarse y actuar con mesura y responsabilidad sabiendo que las acciones individuales también cuentan. → Leer más

En Uruguay se suicida una persona cada once horas y la tasa crece anualmente. Actualmente es de 20,25 personas cada 100.000 habitantes, más del doble del objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que había propuesto reducir este flagelo a menos de 10 cada 100.000 para el presente año.
De acuerdo a los datos del Observatorio de Criminalidad y Violencia, presentados al final de la semana anterior, el año pasado unas 705 personas se quitaron la vida y es mucho más que los muertos en siniestros fatales, que fueron 422 o por asesinatos, con 391 homicidios. Por cada hecho consumado, hay siete intentos y esta, tampoco, es una cifra menor.
Según el informe oficial del Ministerio del Interior, los números crecieron constantemente en los últimos dos años, pero representan sólo una parcialidad que aumentarán aún más cuando el Ministerio de Salud divulgue sus propios registros. Asimismo, se mantiene la tendencia en relación a la franja etaria y el sexo: el 76,76% de los casos son hombres y se observa en personas mayores de 70 años. Ni las crisis económicas fueron motivaciones únicas, ni la grisura propia del uruguayo ni las problemáticas mentales. No hay un patrón común que nos obligue a pensar que se quitan la vida las personas abrumadas por las deudas o sin atención en su salud mental. Si bien es real que en 2002, en plena crisis económica histórica el año cerró con 690 casos –20,62 cada 100.000 habitantes pero con la población basada en el censo de 1996– una vez superada esa coyuntura, la tasa continuó en franco crecimiento. Cuando el Ministerio de Salud Pública analiza la realidad uruguaya, la contextualiza en torno a un fenómeno mundial que afecta a cualquier región. Sin embargo, no es menos cierto que no existe una política pública fuerte para atacar esta problemática tal como se ha actuado respecto a otras enfermedades o zoonosis que aparecieron en esta parte del continente.
En el año 2015 se declaró al suicidio como un problema sanitario y de los “más críticos del país”, pero las campañas no han estado a la altura de las circunstancias, ni se han encarado adecuadamente. En la población mayor a 65 años, la cifra salta a 30 casos cada 100.000 habitantes y es muy superior al promedio. Las pérdidas de valores afectivos o la falta de reconocimiento o la desprotección son factores comunes. Y si no es un asunto de estricta visión desde la salud, entonces no se ha hecho lo suficiente para quitarlo de su ocultamiento.
Las campañas en los medios de comunicación le dan visibilidad a los temas que preocupan y el gobierno saliente, en el marco de la denominada ley de medios, contaba con espacios de difusión obligada que utilizó para difundir otros temas de su propio interés. La gestión que dejará el cargo el próximo sábado expuso en reiteradas ocasiones un diagnóstico certero de la situación, pero las acciones no pasaron de la difusión del número de teléfono para atención de situaciones de intentos de autoeliminación, la Línea de Vida S.O.S. 0800 0767. Por otra parte, en marzo de 2018, la oenegé Último Recurso, dejó de funcionar luego de 30 años de contención a personas en riesgo. No recibía apoyo financiero oficial ni del exterior y los convenios con organizaciones sociales o aportes de privados, no eran suficientes para mantener su funcionamiento las 24 horas. No le faltaba demanda de trabajo, pero no había recursos.
Recién en julio de ese año, es decir cuatro meses después, el Poder Ejecutivo lanzó la línea telefónica mencionada. En ese lapso funcionó una línea de emergencia, que también tuvo escasa difusión. En nuestro país, existe un protocolo de actuación que obliga a los prestadores a realizar el seguimiento de cualquier usuario que haya tenido un intento de autoeliminación, a fin de recibir atención en las primeras 24 horas de ocurrido el hecho. La segunda consulta debe darse en un plazo de siete días. Sin embargo, no se ha logrado revertir la situación. Porque la difusión de la problemática debe darse a mayor escala, y es el Estado el responsable de hacerlo.
No es una casualidad esta estadística, ni tampoco es una patología cuyo virus sea pasajero. Es una tendencia, con factores complejos que requieren de un trabajo de largo aliento que deberá llevarse a cabo con los técnicos pertinentes. En Uruguay, las estadísticas sorprenden porque son serias y se llevan registros desde hace varios años. Pero nunca ese registro estuvo por debajo de 15 cada 100.000 habitantes.
Este asunto, que también pone a prueba las referencias socioculturales de las comunidades, nos indica que la sociedad es menos inclusiva, con propensión al aislamiento, menos afectiva y comprometida con una causa que nos desnuda tal como somos.
Desnuda, además, la fragilidad de los vínculos, las pruebas constantes que somete al “homo videns” –término acuñado por el filósofo y sociólogo italiano Giovanni Sartori– a una sobre-exposición que no logró manejar y que enfrenta, por decisión propia y colectiva, en sus diversas formas.
Como contradicción, ese exceso de influencia de medios de comunicación sobre las masas no fue utilizado para hablar del tema, tal como lo reconoció el ministerio en una conferencia de prensa.
El tabú persiste en las sociedades e incluso en las comunidades de técnicos que deben enfrentarse con el problema. En realidad, se exponen más los resultados de la siniestralidad en el tránsito o los homicidios que este flagelo tan uruguayo. No obstante ocurre en un país con escasas distancias y de fácil acceso a la medicación o tratamientos. En un país donde se instaló la corresponsabilidad en los cuidados como una política social o la discusión de la equidad e igualdad, como un sinónimo de avance y transformación social. Un país donde la complementariedad de los servicios pesa mucho en los discursos de las autoridades de referencia.
En Uruguay se habla del tema cada 17 de julio ante la conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Suicidio y después, vuelve a encontrarse con la privacidad y el ocultamiento.
Hablemos para actuar y crear lazos de contención a una población en riesgo que se encuentra entre personas de 15 y 29 años y mayores de 65 años, si bien en los últimos tiempos se incrementaron los casos en la mediana edad. Hablar para actuar puede hacer la diferencia en la estadística y acercar una palabra a tiempo, también salva vidas. → Leer más

Cuando el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tomó su cargo el 2 de marzo de 2015 –era confirmado por otro período al frente de la cartera donde estuvo una década– “asumió el compromiso” del presidente Tabaré Vázquez de bajar las rapiñas un 30%.
Durante su discurso de asunción pidió la creación de “por lo menos dos juzgados más de Crimen Organizado” y así ocurrió a partir del nuevo Código de Proceso Penal, que rige desde noviembre de 2017. Incluso anunció cambios en la estrategia de patrullaje para cumplir con la promesa presidencial. Bonomi aseguraba que el impacto se comenzaría a “sentir” en el primer año del gobierno que finalizará el sábado próximo.
Por ese entonces, adelantó que la Policía iba a comenzar a utilizar el software PredPol, creado en Estados Unidos por un grupo de matemáticos californianos, que emitía una predicción sobre los lugares en pueden ocurrir los delitos. Esta aplicación científica establecía diez áreas de 150 metros cuadrados por seccional policial capitalina y tomaba una base de datos con información de actos delictivos en los últimos dos años.
El ministerio utilizó ese software por dos años y no publicó resultados oficiales, a pesar de su anuncio con bombos y platillos. El PredPol dio resultados similares a la Unidad de Análisis Criminal, pero tenía un costo. Por lo tanto, le dio de baja. En forma paralela, el ministerio resolvió desplegar una fuerza especializada para asistir a los lugares de mayor concentración del crimen y así creó la estrategia denominada PADO.
Bonomi informaba que Inteligencia se iba a involucrar en la investigación de los denominados “delitos menores” porque pesaban sobre las preocupaciones de la población. Incluso se comprometió a fortalecer el “combate a los ajustes de cuenta mediante el control de armas y el control de motos”, además de la extensión de la videovigilancia. El ministro reconocía –en aquella fecha– el incremento en los homicidios que venía registrándose desde el año anterior (2014) pero lo explicaba por “los ajustes de cuentas y los casos de violencia intrafamiliar”.
¿Qué ocurría cuatro años después? En marzo de 2019, Bonomi acompañado por el director nacional de Policía, Mario Layera, daba la cara en una conferencia de prensa para anunciar un récord criminal en la historia uruguaya. De acuerdo al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, el 2018 fue el año más violento, con el asesinato de 414 personas (46% más que 2017). Las rapiñas habían aumentado 54% y los hurtos un 26%. Uruguay se ubicaba en 11,8 homicidios cada 100.000 habitantes (Montevideo con 16,1), de los cuales el 47% ocurrieron por “conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas”.
Las rapiñas, tanto entonces como ahora, se consolidaban contra cualquier uruguayo que caminara por la calle o se encontrara en horas de trabajo. Y en cuanto a las disputas territoriales o el sicariato, crecieron durante el último quinquenio. Luego de dar a conocer los datos, continuó su camino al frente del ministerio hasta el viernes 14 de tarde, cuando renunció para asumir como senador al día siguiente. Por mucho menos, su fuerza política cuando era oposición pedía la cabeza del jerarca en cuestión. Veremos lo que pasa en los próximos cinco años con respecto a este tema.
Lo verdaderamente comprobable es que, a pesar de los recursos, las metas anunciadas, las mayorías parlamentarias que utilizaron para sostenerlo y el respaldo popular, el panorama lejos de mejorar se volvió más complejo. Cuatro años más tarde, la explicación tenía otro nombre y era muy parecido a una operación encubierta: “Efecto Noviembre”.
Ayer domingo se cumplieron ocho meses de no tener noticias de Rocco Morabito o el “rey de la cocaína de Milán” o, también, uno de los criminales más buscados en Europa. El supuesto jefe de la poderosa mafia calabresa conocida como ‘Ndrangheta, salió caminando desde Cárcel Central, tomó un taxi en la esquina y nunca se conocieron resultados administrativos o judiciales. Además de algunas remociones –solo por corrección política– no hubo otros responsables por este caso.
Si los números fueran evaluados por un quinquenio, es decir los resultados obtenidos durante un período de gobierno, entonces las cifras oficiales indican un crecimiento del 46% en los homicidios y un 53% de las rapiñas. La meta no fue cumplida, a pesar de que el último informe del Observatorio del Ministerio, presentado el viernes pasado, remarca que hubo un 6% menos de homicidios en 2019 que en 2018. Claramente 391 es menos que 414, pero también refuerza el concepto de un homicidio por día. En contraste, las rapiñas aumentaron 2,5%, con 30.650 casos a nivel nacional o 753 más que el año anterior. Los transeúntes, motociclistas y comerciantes encabezan la lista de damnificados, tanto como el año récord de 2018. Sin contar los casos de damnificados que no denunciaron porque, claramente, la cifra sería más alta.
Durante la conferencia de prensa hace un año, tuvo que reconocer que sería “muy difícil” bajar un 30% las rapiñas y ayudar al mandatario a cumplir con su promesa de marzo 2015. Y así fue.
El año 2020 comenzó con el asesinato a dos policías en enero y la estadística continuó en febrero. A esto se sumaron las rapiñas, donde los efectivos resultaron lesionados y algunos de gravedad. Junto a estos hechos, aparecieron las explicaciones pero no el ministro, quien estuvo ausente durante el primer mes del año y apareció para recibir donaciones de un gobierno extranjero. Las aclaraciones fueron brindadas por el jefe de Policía de Montevideo, quien aseguró que les dicen a policías cómo cuidarse y que deben transitar por zonas “seguras” o que el uniforme es una forma de provocación en sí misma. Es probable que no repararon en el detalle que hay efectivos que viven en las denominadas “zonas rojas” y deben lidiar con el delito a la vuelta de su esquina.
La “maravillosa peripecia”, según la definición de Bonomi en su despedida, deja resultados negativos. Aunque el titular solo compare a la baja con el año anterior, no cambia mucho el panorama que ahora vea “distintas las cosas al salir del ministerio”. → Leer más

Luego de algunas semanas de intensas negociaciones, el gobierno electo y el Frente Amplio anunciaron el viernes que finalmente habían alcanzado un acuerdo para integrar los distintos organismos del Estado, con presencia de todas las fuerzas políticas. La noticia, si bien pasó desapercibida para gran parte de la población, debería servir como disparador de importantes reflexiones sobre los desafíos que enfrenta el país en los próximos años y no como un episodio más de una “repartija de cargos” según la percepción lejana pero legítima que muchos uruguayos ajenos a los centros de poder (partidos políticos, sindicatos, etcétera) tienen de este tipo de negociaciones. Teniendo en cuenta esto, deberíamos preguntarnos si la población en general tiene motivos reales y concretos para celebrar este acuerdo. Estamos seguros de que por lo menos 34 personas tendrán motivos para celebrar que serán designados con importantes sueldos y otros beneficios (uso de auto oficial, secretarios, etcétera) ¿pero qué sucede con los uruguayos “de a pie” que día a día tienen que trabajar y pagar impuestos para mantener a esos 34 afortunados y a otros cientos que han sido designados por el gobierno electo o lo serán en los próximos días? Si bien este tipo de acuerdos debe ser bienvenido, la respuesta radica únicamente en la ciudadanía; de ella depende que la actuación de todos los designados (sin excepciones) se traduzca en un aporte real y eficaz para mejorar el bienestar general.
Para llevar a cabo esa tarea, los ciudadanos deben tener presente que en un régimen democrático la oposición política tiene el derecho (y el deber) de controlar al Gobierno, sin perjuicio del contralor institucional ejercido en otros ámbitos tales como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por mencionar algunos ejemplos. En su cuenta de Twitter, Luis Lacalle Pou dejó en claro estos conceptos con la siguiente publicación: “Como dijimos en campaña electoral, queremos a la oposición representada en los órganos el Estado. Así se lo propusimos y hoy ya tenemos un acuerdo. Es fundamental tener a la oposición colaborando y controlando al oficialismo. Comprometimos y cumplimos. Gestión y transparencia”. De la misma forma que la tarea desarrollada por ejemplo por los legisladores Pablo Mieres, Pedro Bordaberry, Daniel Radio, Pablo Abdala o Martín Lema fue determinante para que se conocieran las irregularidades cometidas durante los quince años del gobierno frenteamplista en Antel, ASSE, Ancap o el Mides, los legisladores del Frente Amplio y las treinta y cuatro personas que ese partido designe para los cargos ofrecidos por la coalición de gobierno deberán ser lógicos y celosos custodios de lo más importante: la transparencia y honestidad de la gestión pública.
En el medio de los intercambios entre el gobierno electo y el Frente Amplio, el expresidente José Mujica formuló una propuesta para lograr un mecanismo que facilite una solución rápida y efectiva para este tipo de situaciones, expresando que “deberíamos propender a encontrar, por vía de la ley, una metodología que defina, definitivamente, la participación de la oposición, con algún grado de definición de proporcionalidades con alguna metodología legal. Y no dejar esta cuestión al libre ocasional albedrío de los gobiernos de turno, porque en cada período de gobierno este asunto se presenta” (…) si se adopta este camino se evitaría a un próximo gobierno “los sinsabores que imponen negociaciones siempre llenas de dificultades y subjetivismo” y que “debería haber madurez global de desembocar en un camino legal, discutido y acordado”. La opinión del senador Mujica representa un desafío al sistema político en general y plantea algunas interrogantes que tal vez deberían ser analizadas por todos quienes cada cinco años asumen la responsabilidad de dirigir los destinos del país, ya sea desde el ámbito legislativo o administrativo. Pensando en dotar a ese mecanismo de una estabilidad tan deseable como necesaria, el mismo podría estar previsto de la Constitución Nacional, porque como señalara oportunamente nada más y nada menos que el general José Gervasio Artigas, “es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla”. Pero los mecanismos de contralor de los servidores públicos no deberían limitarse únicamente a los ejercidos por los partidos políticos de la oposición desde el Parlamento o desde los organismos en los cuales se designen sus representantes en cumplimiento de acuerdos como el recientemente alcanzado entre el gobierno electo y el Frente Amplio. La repetida frase “si no te gusta lo que hicieron no los votes en la próxima elección” tampoco constituye un mecanismo eficaz ya que les garantiza a los gobernantes ineptos –e incluso corruptos– un plazo de por lo menos cinco años para causar daños importantes a las arcas públicas. Existen en otros países ejemplos de mecanismos de contralor que podrían ser estudiados en nuestro país, como por ejemplo las veedurías ciudadanas de la República de Colombia. En ese país se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. La legislación colombiana dispone, asimismo, que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. Las peticiones de estas veedurías ciudadanas generan obligaciones en sus destinatarios, ya que deberán informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia correspondiente.
Más allá de los mecanismos que puedan ser estudiados en el futuro cercano para mejorar la transparencia de la gestión pública y su efectivo control, todos los uruguayos debemos celebrar el acuerdo alcanzado con respecto a los 34 cargos cuyos ocupantes serán designados por el Frente Amplio. Sin perjuicio de ello, no debemos olvidar que no se trata de cambiar de trinchera y por ello no sería saludable que quienes hasta ayer pedían informes o interpelaban hoy dejen de hacerlo por el mero hecho de que se trata de un compañero de partido o de coalición, así como tampoco sería deseable que quienes durante años no respondieron pedidos de informe, declararon reservada y por lo tanto inaccesible información que pertenece a la ciudadanía y respondieron con ironía a las preguntas de los legisladores interpelantes quieran hoy transformarse en los abanderados de la transparencia. Por encima de los intereses políticos partidarios deben primar, ahora y siempre, los intereses del país y de todos sus habitantes, sin importar a qué partido votaron. → Leer más

Hay cosas con las que no se puede tranzar o mostrar simpatía. Las dictaduras, del color que sea, son un mal en sí mismo y aquí en nuestro continente tenemos ejemplos latentes. Por lo tanto, hay que denunciarlas, combatirlas y, siempre, hacerles saber que se está en contra de ese régimen. Nunca ser cómplice o demostrar algún tipo de amistad hacia gobiernos que excluyen a su pueblo.
Por lo tanto, ha sido correcta la decisión del gobierno entrante uruguayo de excluir en la ceremonia de investidura de Luis Lacalle Pou, el próximo domingo 1º de marzo, a los representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esta decisión, según dijo a la prensa días atrás el canciller designado, Ernesto Talvi, obedece a que estos países son “regímenes autoritarios plenos”.
El presidente electo incluso lo elevó a categoría personal y, en una entrevista con una radio, declaró: “No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión”.
En un momento en el que parece naturalizarse ciertos regímenes, porque la visión de izquierda a veces predomina y esas dictaduras pertenecen a ese signo, son valerosas estas actitudes y marcan una pauta y un antecedente. Frente al caso venezolano, en el que el gobierno saliente de Tabaré Vázquez se mostró muy cercano y defendiendo lo indefendible, se toma un rumbo necesario y ojalá que sirva para esclarecer los vínculos entre ambas administraciones, con sospechas de negocios malhabidos y de amiguismos.
En una entrevista con la agencia Efe, el investigador y politólogo Alfonso Lessa dijo que “no sorprende” la decisión sobre Venezuela, ya que “todos los sectores” de la coalición encabezada por Lacalle Pou han sido “muy duros” con el gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, respecto a Cuba expresó que “llama la atención” la no invitación, ya que estos dos países han tenido una “buena relación histórica” desde el gobierno del que fuera dos veces presidente Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), quien para su investidura invitó al entonces líder cubano Fidel Castro. “Sanguinetti era de la idea de que había que incluir a Cuba y no dejarla afuera. Me parece que en esta oportunidad la decisión de no invitar a Cuba tiene que ver más con su relación con Venezuela”, apuntó.
De cualquier modo, desde hace más de 50 años que en la isla caribeña existe una dictadura, de las duras, de las que tienen presos políticos, en la que no existen los partidos políticos, en la que se carece de muchas libertades como la de expresión. Ya va siendo hora de que los países de la región sean más duros con el gobierno cubano y se exija terminar con ese suplicio de medio siglo.
La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua es menos conocida por estos lares. Este régimen dictatorial ha dejado ver corrupción y una forma de manejarse autocrática. Impertérrito ante las condenas de organismos internacionales como Naciones Unidas, la UE o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de gobiernos democráticos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como el Comité para la Protección de los Periodistas, Ortega sigue sin mostrar el menor asomo de rectificación, ni intención de abrirse al diálogo.
Claro está, la exclusión de estos tres países de la investidura del nuevo gobierno uruguayo, generó reacciones en la izquierda vernácula y así lo ha expresado el Frente Amplio, tan admirador del régimen cubano y tan amigo del chavismo venezolano.
El Frente Amplio emitió un comunicado en el que “deplora y rechaza” la exclusión de estos tres países de los actos protocolares. “Contradice la no ideologización de las relaciones diplomáticas entre los Estados asumida como compromiso de gobierno en política exterior por el Dr. Luis Lacalle Pou durante la pasada campaña electoral”, destacó el documento.
Además, el FA subrayó que este hecho “sienta un pernicioso precedente en lo que refiere al respeto a la soberanía de las naciones”, que “expone a Uruguay a eventuales consecuencias en las distintas dimensiones” en su relación con estos países. En fin, un escándalo farisaico.
También habló, porque de eso se ha dedicado mucho, el expresidente José Mujica, quien criticó la decisión y la calificó de “discriminación ideológica”. “Venezuela no iba a venir ni en pedo, porque no va a ningún lado de eso, Nicaragua no sé. Con Cuba es un error muy fuerte porque están cayendo en lo que nos criticaban a nosotros, están haciendo discriminación ideológica”, dijo muy a su estilo alguien que, diga lo que diga, enuncie el disparate que enuncie, no pasará nada y toda su tribuna lo aplaudirá.
Uruguay, con su tradición democrática y republicana, debe ser un adalid de la democracia en la región, también en estas cuestiones diplomáticas en las que muchas veces se toma el camino de la conveniencia y del acomodo, del mirar para otro lado cuando hay millones de personas sufriendo dictaduras.

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Como señal inequívoca de cuál será el modo de actuar ante el gobierno que asumirá funciones este 1º de marzo, la gremial de profesores de enseñanza secundaria de Montevideo, ADES, anunció que realizará un paro el 12 de marzo, con pretensiones además de recoger adhesiones en todo el país, porque no comparte el contenido del proyecto de Ley de Urgente Consideración, porque a su juicio la norma va contra su postura en materia educacional.
Al respecto, el futuro secretario de la Presidencia, Alvaro Delgado, manifestó estar sorprendido porque el motivo de paro es un contenido que está en un borrador: “Es un paro por algo que está en un borrador, no está presentado en el Parlamento”, dijo. El tema educación “es donde más falta de resultados hay, se propuso durante toda la campaña electoral”, sostuvo.
Sin embargo el gremio explica mediante un comunicado que en materia educativa “determina una serie de cambios que atentan contra los/as trabajadores de la educación, los/as estudiantes y la Educación Pública en su conjunto”.
Por su parte, el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, calificó de “apresurado” el paro resuelto por el sindicato de profesores de Secundaria de Montevideo y consideró que “hay un anticipo que no es razonable. Estamos hablando de un borrador”.
Mieres aclaró que los docentes tienen derecho a hacer paro, pero “lo que sí hay que tener en cuenta es que un paro al comienzo del año lectivo, preventivo, por las dudas, afecta la vida familiar, afecta el derecho de los chiquilines a ir a clases”.
Mientras tanto, el 12 de marzo se realizará una nueva asamblea en la que evaluarán posibles medidas adicionales a tomar, dijo sobre el punto Javier Iglesias, dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria.
Y si hay un calificativo que en realidad no podría darse a esta medida es el de “sorpresivo”, porque indudablemente responde a una postura filosófica ya histórica de muchos sindicatos que abogan por la vigencia de la lucha de clases y la lucha permanente contra el supuesto “neoliberalismo”, contra la “obligarquía”. Ergo, ni por broma respaldarán ninguna medida que provenga de un gobierno de este origen, pese a que esta es precisamente la voluntad popular, que por supuesto importa poco y nada a la conducción de estos gremios.
Y decimos que no es sorpresivo, porque ya pocos días después del resultado de las elecciones celebradas el 27 de octubre, que perfilaban a la fórmula del Partido Nacional como posible ganadora del balotaje para gobernar en coalición con otros partidos de la oposición –como efectivamente se diera– desde la izquierda surgió como eje de la campaña un cúmulo de críticas, rumores, verdades a medias y falsedades para tratar de desacreditar a los “fachos” que se perfilaban para acceder al poder por la vía del voto popular. Para ello, además, se contaba con el apoyo de gremios que les son afines.
Precisamente uno de los tantos gremios que ha formado parte de esta acumulación de poder político-gremial es el de los profesores de Enseñanza Secundaria, que sistemáticamente se ha opuesto a toda reforma educativa y apunta a sostener un statu quo en el que más allá de los eslóganes poco importa el alumnado y la calidad de la educación, sino que mucho se arma en torno a reivindicaciones gremiales.
Sobre este punto, el integrante del consejo educativo de la Fenapes, y directivo de ADES, Javier Iglesias, aseguró en plena campaña electoral que “son sumamente preocupantes las propuestas que hay en educación”, y que a su juicio la oposición “desconoce los problemas reales que hay en la educación pública hoy. No hay ni una palabra sobre la necesidad de incrementar el presupuesto, no hay hay una sola palabra sobre necesidades de cubrir la cantidad de cargos que hacen falta hoy en liceos y escuelas”, a la vez que considera hay desconocimiento “de sus propios expertos que elaboran esas propuestas, porque no va a los problemas reales concretos que tenemos hoy en los liceos y las escuelas”.
Por supuesto, la ciudadanía tuvo otra opinión y la expresó en las urnas, pero parece que ese es un asunto menor para los dirigentes mesiánicos que pretenden imponer su pensamiento único como verdad inapelable.
A la vez, apuntando a generar confusión, aseguró Iglesias que estas propuestas están en sintonía con supuestos intentos del presidente brasileño Jair Bolsonaro, “de ir a un mecanismo de incrementar el nivel represivo en cuanto a la tarea docente. Hay que ver que aparece la necesidad de rediscutir la necesidad de redescubrir la libertad de cátedra, que es un principio esencial, no solamente en la educación pública de nuestro país sino a nivel mundial”.
Por supuesto, para quienes así piensan, cualquier norma que se promueva por los abanderados del neoliberalismo y la derecha, aunque estos gobiernos surjan de la voluntad popular, amerita convocar a la “resistencia” a los cambios. Provienen de dirigentes sindicales de una izquierda que es protagonista excluyente del pensamiento único en la enseñanza como en tantas áreas, donde no admiten otra opinión.
Están contra el principio de autoridad en los organismos de la enseñanza, pero disciplinan a quienes piensan distinto o se atreven a discrepar, no aceptan que se les evalúe en el desempeño de sus cargos, cuestionan comparaciones en pruebas internacionales como las PISA y atribuyen todos los problemas a la falta de recursos cuando en los hechos se ha incrementado sustancialmente el presupuesto pero sin que se haga un uso eficiente del dinero.
Y en el rechazo a todo lo que venga del futuro gobierno, no solo no generan propuestas reales de solución, sino que omiten que son parte sustancial del problema, porque sus iniciativas de mejoras en la enseñanza, más allá del aspecto ideológico, por supuesto, apuntan solo a mejorar su posición, defendiendo el interés particular y no el general, como debería ser el fin de la conducción de la enseñanza. → Leer más

Ser presidente de un país de América Latina es manejar continuamente la contradicción de estar al frente de una nación rica en recursos naturales y minerales, pero a la vez encontrarse dentro del continente más desigual del planeta. Esas desigualdades que no pueden acabarse dentro de una gestión, de dos ni en tres, los enfrenta a amores y odios. Sensaciones que cambian, incluso, en pocos meses.
Y Tabaré Vázquez no es la excepción. El próximo 1º de marzo se va el mandatario que, dentro del contexto latinoamericano, es el mejor valorado con el 65% de aprobación. Pero, no siempre fue así.
Se retira el primer frenteamplista en ser dos veces intendente y dos veces presidente, a pesar de autodefinirse como “un outsider”. En el libro “Tabaré Vázquez. Misterios de un liderazgo que cambió la historia”, escrita por los periodistas Edison Lanza y Ernesto Tulbovitz reconoció que siempre tuvo el respeto profesional. Sin embargo, “en el ámbito político la cosa cambió, muchas veces me sentí como sapo de otro pozo. Es como si te dijeran los dueños de Uruguay son otros, los que hicieron el Uruguay son otros, vos no tenés nada que ver, no hiciste nada por el país”.
Luego de su primer período, entregó el mando a José Mujica y se fue para su casa, con el anuncio ya en titulares de que se retiraba de la política. Pero su partido no había concretado las transformaciones internas necesarias ni había dejado espacio para el nacimiento de nuevos liderazgos. Por eso, lo fueron a buscar. Recorrió el país nuevamente, se postuló para las presidenciales de 2014 apoyó al “delfín” de entonces, Raúl Sendic, y ganó las elecciones por segunda vez. Pero la cosa, esta vez, no sería tan fácil.
Tuvo que lidiar con desajustes que dejaba su antecesor, las tormentas políticas y de gestión de su compañero de fórmula en un ente monopólico salieron a la luz y allí despuntaron las primeras dificultades para cumplir con las promesas electorales.
A mediados de enero cumplió 80 años y de este mandato se va con varias heridas. Además de tener que soltarle la mano a su vicepresidente que renunció en 2017, debió enfrentarse a la “biología”, tal como él lo define.
El año 2019 fue muy particular en su vida: falleció su esposa de manera sorpresiva y anunció que tenía cáncer de pulmón.
Para llegar al 65% de aprobación, debió atravesar antes con los niveles más bajos manejados desde el gobierno de Jorge Batlle, en 2004. En setiembre de 2018, tenía una desaprobación del 52% y una aprobación del 24%. La encuesta de Equipos Consultores de ese entonces, mostraba que más de la mitad de los uruguayos consultados no estaba de acuerdo con su gestión. Tenía, además, un 23% de indiferentes y marcaba así un antecedente que se remontaba a tiempos posteriores a la crisis de 2002.
El colorado tenía una desaprobación del 67% y si bien el guarismo parece lejano con el frenteamplista, era un parámetro utilizado para confrontar los tiempos políticos. Uno, después de una de las crisis políticas más importantes. El otro, después de diez años de “bonanza económica”.
A Vázquez se le cuestionaba en ese entonces por el aumento del desempleo, la presión tributaria y los altos niveles de descontento por la inseguridad ciudadana.
Son tres temas aún no solucionados, a los que deberá sumarse un déficit fiscal en torno al 5%. Pero, es un presidente en retirada y los últimos acontecimientos que marcaron su vida, tornaron el ceño fruncido en una mirada indulgente. Y, claramente, trasladaron las responsabilidades a los ministros a cargo de esos temas, es decir, Danilo Astori en Economía, y Eduardo Bonomi, en Interior.
No obstante, la cabeza responsable será hasta el último día, la del presidente de la República. El mismo que respaldó a Bonomi cuando escapó el mafioso Rocco Morabito o aumentaban los índices de homicidios. Era quien en todo momento ironizó con la oposición cuando le reclamaban el “renunciá Bonomi”. Es el mismo que decretó la esencialidad en la educación o en Meteorología o en la distribución de las naftas en poco más de dos años. Fueron decisiones que rechazó de plano el Pit Cnt y sus sindicatos afiliados. En aquellos días, los sindicatos de la educación rotulaban la medida de “indecente”, “un atropello” y “anticonstitucional”. Y la central sindical consideraba que el gobierno “echaba nafta encima de las brasas”. Además, anunciaba que la organización iba a iniciar acciones legales ante la justicia uruguaya o internacional, enmarcado en los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, fueron los mismos que le tributaron un sentido homenaje hace unos días. Son contradicciones que, a veces, los líderes olvidan. Pero, todo está guardado en la memoria. O en el buscador de Google.
Vázquez era un presidente que siempre se alejaba de la escena mediática ante situaciones difíciles. O enviaba a su prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, o algunos de sus ministros. No obstante, no le tembló la mano para “renunciar” a un ministro en su lecho de muerte. El secretario de Defensa, Jorge Menéndez, venía de su misma corriente socialista y era un duro rival político en el Parlamento, cuando tenía que defender las resoluciones de Vázquez. Lo tuvo que reconocer el exsenador Pedro Bordaberry cuando lo llamó a sala para que explique sobre la compra del avión presidencial.
A comienzos de abril del año pasado, Vázquez cesaba a la cúpula del Ejército en medio de un escándalo político por las declaraciones de José Nino Gavazzo, al reconocer que tiró el cuerpo de un desaparecido al río Negro. Asuntos que, ciertamente, nadie desconocía en la interna pero todos pusieron cara de sorprendidos.
Simplemente había que darle curso ante la justicia a esas afirmaciones.
Una cosa que hizo –pero a la luz de todos– un periodista de diario El Observador, cuando en realidad correspondía a su secretario de la Presidencia. Pero, luego de cruce de responsabilidades, nada más pasó y nadie explicó más. Pocos días después, murió Menéndez y Vázquez se excusó de ir a su funeral.
A pesar de la mirada indulgente que algunos tienen ahora, deberán reconocer que la visión negativa que pesó sobre su gobierno también se trasladó a la intención de voto. Pero eso ya es historia. Y, a pesar de los homenajes, todo está guardado en la memoria. → Leer más

Mucha agua ha corrido bajo el puente –muchas cosas han pasado, realmente, y no buenas– desde que el 1º de marzo de 2005 asumiera como primer ministro de la cartera Interior del Frente Amplio, José Díaz, quien se desempeñara en el cargo hasta 2007, para aplicar desde el vamos en la secretaría de Estado el ABC del manual de la izquierda, la premisa de que la delincuencia es generada por el capitalismo, por la sociedad injusta, y que por lo tanto quien delinque es una víctima que está dando un poco de su propia medicina a aquellos que lo han destratado y ninguneado durante toda su vida.
Y como buen alumno de esa doctrina, el exministro un día no tuvo mejor ocurrencia que abrir las puertas de las cárceles para unos 800 reclusos, para devolverlos a la sociedad, en el entendido de que, como víctimas, no debían estar un minuto más entre las paredes de los recintos carcelarios, haciendo aún más grave la injusticia.
Esta ingenuidad se sostiene en que en lugar de enmarcar los hechos en la realidad, quien así piensa considera que hay que acomodar la realidad a través del relato. Por supuesto, tras intentos retóricos y retorcidos de convencer a los sufridos ciudadanos uruguayos de que tener a los delincuentes sueltos era lo mejor, pese a que éstos salieron a “ponerse al día” en sus tropelías, la situación caótica y el gravísimo error del ministro obligó al entonces presidente Tabaré Vázquez a su relevo en el cargo.
Pero claro, el cambio de personas ante el fracaso de la gestión no necesariamente implicó que se hubiera tomado por otro camino. Sólo se trató de cambiar la cara del hombre frente al ministerio pero se mantuvo la línea de pensamiento de que el delito es en esencia el producto de la injusticia social, con la expectativa de que en poco tiempo se iba a lograr revertir la situación como resultado de las exitosas políticas sociales del gobierno del Frente Amplio.
La historia es archiconocida por todos: las supuestas políticas sociales, lejos de revertir el proceso de deterioro en valores, no desestimuló la delincuencia, y la impunidad por la “mano blanda” y el “pobrecitos” recayó sobre las espaldas de los vecinos honestos, de los que se han formado en otros valores, los que procuran obtener el sustento con su propio esfuerzo, que han padecido los ataques sistemáticos de delincuentes cada vez más violentos. Así, han debido enrejarse en sus propios hogares y buscar mil y una formas de protegerse ante un Estado que solo prometía soluciones, pero que no ha tenido respuestas y es desbordado por los delincuentes envalentonados.
Es cierto, además de la decadencia en valores y estas políticas delirantes, también se ha contado con una legislación y un talante permisivo en la administración de la Justicia, además de aquellos aspectos en los que se legisló en base a grupos de presión representativos de sectores minoritarios que han hecho valer sus “lobbies” a la hora de luchar por sus derechos, aunque en gran medida ello se ha logrado postergando los de los demás.
En suma, esta situación se ha ido desarrollando a lo largo de los tres períodos de gobierno del Frente Amplio, incluyendo el cambio de actitud que en alguna medida, ha tenido el exministro Eduardo Bonomi, cuando reconoció que hay una delincuencia sistémica y que se reproduce al margen de cualquier mejora social. Pero al mismo tiempo la izquierda se ha negado a que se aplicara mano firme y sigue reivindicando a capa y espada los derechos de unos, los antisociales, aunque ello sea a costa de la calidad de vida de los ciudadanos honestos que con su trabajo, su esfuerzo diario, son agobiados por la delincuencia que sigue actuando a sus anchas.
Sin dudas en gran medida la derrota de la coalición de izquierdas en las últimas elecciones, se explica por el saldo negativo en materia de seguridad, y esto es así porque los perjudicados no son los “capitalistas de derecha”, los “oligarcas”, los que “tienen plata” sino todos los uruguayos, incluso los que históricamente han sido frenteamplistas; y en especial los trabajadores que luchan por lograr su sustento a través de un pequeño almacén que ha sido rapiñado varias veces, o el repartidor asalariado que fue asaltado, o el ciudadano de a pie que no tiene una “4×4” para escapar de los malandras ni un guardia de seguridad en la puerta de su casa. En definitiva los más perjudicados por la inseguridad son los que menos tienen, el “pueblo” al que la izquierda dice proteger.
Es por eso que ahora la ciudadanía espera un cambio de actitud y sobre todo de resultados en la lucha contra la delincuencia, más allá de los “cucos” a que apelan los sectores radicales de izquierda en el sentido de que se viene el “gatillo fácil” en la Policía.
Precisamente a pocos días de iniciar su gestión, el futuro ministro del Interior, nuestro conterráneo Jorge Larrañaga, se reunió con los 19 jefes de Policía designados por el gobierno entrante. En el encuentro, las futuras autoridades de esa cartera –Larrañaga, el subsecretario, Guillermo Maciel, y el director general, Luis Calabria– plantearon a los jefes los “lineamientos generales básicos” que promueve la futura administración, según explicó en conferencia de prensa el ministro designado. Los principales lineamientos planteados por Larrañaga fueron tres: “Dar la cara en todo el país”, “tener un despliegue territorial permanente” y generar “resultados”.
“Todos debemos tener conciencia de que estamos obligados a hacer el máximo esfuerzo para el combate a la delincuencia”, dijo, para acotar que “la autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce”. Sostuvo que este es un aspecto “fundamental” para la futura gestión, pero aclaró que no debe entenderse como una “imposición” o un “acto discrecional omnipotente”, sino que “se trata de (generar) el convencimiento colectivo de que el respeto a la ley y a la convivencia es básico para tener el clima de paz y de seguridad pública que nos demanda hoy la sociedad uruguaya en todos los rincones del país”.
Consultado sobre cuáles fueron los planteos para los jefes de Policía de los departamentos en los que se han registrado enfrentamientos entre familias y bandas vinculadas al narcotráfico, Larrañaga dijo que la orden fue: “autoridad, aplicación de la Constitución y de la ley para tener convivencia ciudadana. Esto nos parece fundamental y es lo mismo que expresamos al Instituto Nacional de Rehabilitación: autoridad para la rehabilitación.
No puede haber rehabilitación –es lo que creemos– si no hay también autoridad”, añadió. En tanto, reiteró que en el ámbito rural la Policía tendrá el apoyo de la Dirección General de Seguridad Rural que creará el nuevo gobierno.
Además, durante la reunión, las futuras autoridades encomendaron a los nuevos jefes un trabajo el relevamiento de información del estado de situación de cada departamento, que presentarán en un futuro encuentro. Larrañaga señaló que los jefes tendrán la oportunidad de plantear las “sugerencias” que quieran hacer en la próxima reunión que tengan antes de asumir el 1º de marzo.
Es decir, aspectos que fueron expuestos en la plataforma electoral que recibió el respaldo de la ciudadanía en las elecciones de octubre y noviembre últimos, del legítimo reclamo de seguridad para la convivencia, cumplimiento de la ley y mano firme para quienes no respetan las normas legales.
Nada difícil de entender y de compartir por quienes respetan y confían en la democracia representativa de gobierno, en la Constitución y en las herramientas que ella ha otorgado para proteger a los ciudadanos. → Leer más

Los nuevos legisladores que asumieron el sábado tendrán ante sí varios desafíos. Además del estudio del anteproyecto de ley de Urgente Consideración y el presupuesto nacional que entrará en vigencia al año siguiente, deberán sostener la coherencia de sus discursos. Algunos escuchados en la campaña electoral y otros mientras fueron gobierno durante tres períodos.
Los guiños de la democracia nos permitieron ver nuevamente a José Mujica –el senador más votado de la lista más votada, perteneciente al partido más votado– tomar juramento a los representantes en la Asamblea General. Mientras, aguardamos un acto similar ante la vicepresidenta y el presidente electos, Beatriz Argimón y Luis Lacalle Pou.
Hasta ahora –al menos desde la instalación de la democracia hasta acá–, las lides parlamentarias nos mostraron que tanto diputados como senadores son falibles. Cometen errores por acción u omisión y a pesar de salir entre nosotros, hay algunas situaciones que les cuesta aprender.
En ocasiones han mostrado el lado oscuro de nuestra sociedad que los acunó y, a menudo, volvió permeables a las críticas. Ante los errores que constataba la realidad, lejos de reconocer la equivocación, se encandilaron en sostener un relato que con los años se volvió un dogma. Porque ni la sinceridad brutal ni la humildad para reconocer un yerro aportan votos. Al menos en la política moderna.
Y buscaron la vuelta para explicar lo que resultaba contradictorio con las ideologías fundacionales de una izquierda a la uruguaya, que desde el sábado pasó a ser oposición.
Es en este contexto que Mujica intentó explicar lo inexplicable y esbozó, a modo de ensayo, una catarsis que suelen hacer dirigentes y votantes que no logran convencerse sobre el cambio en la dirección política del país. Aunque el senador más votado no quiera “medio país contra medio país”, hay que avisarle que este –y no otro– es el escenario que queda después de un absolutismo parlamentario.
Este escenario uruguayo planteó una apertura hacia las trasnacionales, como nunca antes, aunque el referente grite que el mundo neoliberal permite el crecimiento ilimitado del consumismo. Es el mismo mundo donde capitalismo, burguesía, oligarquía o imperialismo resultan tan “malas palabras” que alcanza con ver el patrimonio de algunos excandidatos o dirigentes de izquierda para saber que la coherencia no es un valor que atesore nuestra clase política. Porque una gran pregunta queda en el aire: ¿cómo se hace para jugar del otro lado de la cancha cuando uno mismo escribió las reglas?
Dice el gran líder que le da la “impresión” que “el presidente nuevo no confía un carajo en nadie y se mete en todo”, mientras “empieza a haber una confusión que gobernar es mandar, y gobernar no es mandar”.
Justo lo asegura un exadministrador bajo cuyo gobierno pudieron confluir varias visiones de la economía hasta explotar en malas decisiones. Y uno de esos ejemplos es Ancap. O cuando los detalles de las diferencias entre mandar y gobernar quedaron expuestas en un duro intercambio de cartas públicas –porque no utilizaron mecanismos privados– enviados entre Mujica y Astori.
Los pases de factura eran una señal inequívoca de la falta de confianza en la interna y las diferencias existentes en la visión estratégica de un mismo país. En la izquierda saben que “no hay peor astilla que la del mismo palo”. Porque la herencia que dejó a su sucesor, Tabaré Vázquez, fue pesada. A modo de resumen, podemos recordar la construcción de una regasificadora en Puntas de Sayago, el proyecto de minería de gran porte que ahora se dirime en tribunales internacionales, el puerto de agua profundas relacionado con la minera Aratirí, la regulazión del comercio del cannabis para el siguiente presidente que luchó tanto contra el tabaquismo, la llegada del primer grupo de refugiados de Siria que se detuvo por orden de Vázquez en el siguiente período. Después vino aquella frase que aseguraba que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, pero su fuerza política la aprobó igual en el Parlamento, a pesar de las advertencias de inconstitucionalidades. La falta de inversiones en infraestructura productiva y rutas, aunque repetía sobre la necesidad de un “apagón logístico” que prometió a poco de asumir. Y así, sucesivamente, hasta llegar a nuestros días.
Con la asunción del nuevo parlamento, varios legisladores reiteraron su rol de “articulador”, para trabajar “del lado de la gente”. Ese no sería el problema. Las dificultades están en ejercer la coherencia de quienes asumirán el gobierno y hasta la semana pasada eran oposición, y de quienes fueron mayoría y ahora pasan al otro lado. Todos tienen sus mochilas cargadas con el bagaje del gobierno y ahora pueden hablar desde ambos lugares.
Pero la coherencia también deberá exigirse a las organizaciones sindicales que, con total libertad, optaron por homenajear a un presidente que permitió la declaración de la esencialidad en la educación, que avaló distintos modos de privatización en el ingreso al Estado, a partir de la instalación de un progresismo que permitió tantas diferencias salariales entre trabajadores y las jerarquías del Estado. Porque mientras invertían en obras suntuosas que se iban largamente por fuera de lo presupuestado, había que escucharles las explicaciones concernientes a los escasos recursos para la educación o la salud. Y todo esto, visto desde el discurso que históricamente sostenía la fuerza política del gobierno saliente.
¿Cómo harán ahora? ¿A quién le reclamarán lo que ellos no hicieron? ¿Quedaron por el camino aquellos conceptos históricos que pretendían crear a un hombre nuevo?
Por eso: coherencia, señores legisladores. Coherencia y más coherencia que los volverán más humildes y cercanos. Es posible entender, de una vez por todas, que esos lugares deben reservarse a los mejores porque no manejan nada propio, sino los destinos del país y, principalmente, los recursos de todos. → Leer más

Un reciente informe de la Cámara Uruguaya de Logística indica que Uruguay sigue posicionado en el poco honroso puesto de ser el más caro en logística de la región, con el agregado de que en el año recientemente finalizado los costos del sector aumentaron un 42,7 por ciento más que la inflación.
Precisamente la cámara da cuenta que mientras en 2019 la inflación fue del 8,8 por ciento, los costos logísticos se incrementaron un 12,5 durante el mismo período, con lo que continúa en proceso el desfasaje, con el consecuente encarecimiento en términos reales.
Más de la mitad de los costos, un 52 por ciento, están vinculados al rubro pago de salarios, en tanto este desfasaje es seriamente perjudicial para el sector, habida cuenta de que las empresas se ven enfrentadas a problemas de rentabilidad, con márgenes de ganancia decrecientes, aspecto este que también se dio durante 2018, con la consecuente acumulación durante por lo menos dos años de saldos negativos.
Mientras tanto, la desventaja con Argentina se acentúa, ya que en el vecino país los costos logísticos en dólares cayeron un 30 por ciento, lo que se traduce en una pérdida de competitividad con nuestros vecinos, lo que por supuesto es tenido en cuenta por los operadores internacionales a la hora de elegir la cadena logística.
En resumen, en los últimos doce meses la logística sido afectada por una racha adversa que ha significado el repliegue de empresas vinculadas a la temática, retracción de inversiones, costos en dólares que han sido crecientes y caída de la productividad laboral.
En 2018, a su vez, con una inflación del 8 por ciento, el costo en la cadena logística tuvo un crecimiento del 12,56 por ciento, es decir un 57 por ciento más que la inflación, y los motivos fueron similares a los del año pasado, por lo que los desequilibrios ya están instalados en Uruguay, pese a que se han detectado con precisión a partir de las mediciones que sen han realizado específicamente.
Debe tenerse presente que el presupuesto en logística incide en toda la cadena de valor y resulta fundamental para la competitividad de los respectivos países. Las mediciones realizadas por el Observatorio Regional del BID muestran que en América Latina y el Caribe el costo de la logística como porcentaje del PBI es entre un 50% y un 100% mayor que en los países de la OCDE (Organización Internacional de Comercio).
Dado los elevados costos logísticos de la región, decidió medirlos y evaluar su evolución a lo largo del tiempo. En el cierre del primer año completo desde la creación del Indice de Costos Logísticos Calog en nuestro país se realizó un análisis cuantitativo de su evolución anual del índice que refleja los costos relacionados con el almacenamiento. Se comparó dicha evolución con datos relevantes en el área dentro del país y con índices similares en la región.
La actualización del índice de costos logísticos Calog comenzó en junio de 2017, desarrollado por el Centro de Innovación en Organización Industrial (CinoiI) de la Universidad de Montevideo en conjunto con la Cámara Uruguaya de Logística (Calog), con el objetivo de construir una paramétrica que permita cuantificar los costos de almacenamiento en el país, y así elaborar un índice representativo de la realidad nacional a partir de la paramétrica con su actualización periódica. El índice es actualizado y publicado trimestralmente por el Cinoi, que se encarga de recabar toda la información necesaria para su actualización, que incluye los costos de insumos logísticos, salarios y variables económicas.
Estos índices en 2018 y 2019 precisamente son los que han indicado que los costos del sector en el Uruguay sigue creciendo por encima de la inflación, y consecuentemente los costos reales siguen creciendo y afectando sustancialmente la cadena.
Notoriamente el crecimiento del índice de Calog se desacompasa de la inflación nacional. Esto muestra que los costos de almacenamiento aumentaron más que los costos de los productos de consumo. Los insumos para las operaciones logísticas se están volviendo más costosos, a un ritmo mayor que el esperado y este desfasaje es perjudicial para las empresas del rubro, que se ven enfrentadas a problemas de rentabilidad debido a márgenes de ganancia decrecientes.
Naturalmente, los problemas del sector no son ajenos a los que padecen prácticamente las empresas de todas las áreas de actividad del país, que se sintetizan en que somos un país caro en la comparativa internacional, con costos elevados en dólares que afectan las posibilidades de competir, con caída en la actividad y/o estancamiento, y debilidades en infraestructura que no han sido abordados con decisión y sobre todo con recursos, porque en la década de bonanza desde el gobierno no se aprovechó los ingresos adicionales para generar sustentabilidad.
En este contexto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través de su Dirección Nacional de Planificación y Logística (Dinaplo), ha fijado como objetivo el desarrollo de un Plan Estratégico de Transporte, Logística e Infraestructura al año 2030. Los grandes lineamientos se han esbozado y se requieren recursos por unos 12.400 millones de dólares para realmente generar el impacto que se busca, dentro de un plazo razonable.
La tarea necesariamente debe estar asociada a las definiciones que el país ha asumido y asuma en materia de desarrollo productivo e inserción internacional, de tal manera que se facilite la concreción de dichos objetivos generales, a través de los fines y estrategias específicas a llevar adelante en transporte y logística.
Sobre todo, tener en cuenta que la logística involucra variados aspectos de carácter estructural y coyuntural, pero sobre todo la infraestructura perdurable y en desarrollo, que no se genera de un día para el otro, porque requiere proyectos de carácter integral y fuentes de financiación para ejecutarlos. Pero además deben trascender un período de gobierno o un escenario coyuntural, apostando a escenarios sustentables y en expectativa y posibilidades de futuro.
En materia de logística, es impensable que en un solo período de gobierno se pueda desarrollar un proyecto auténticamente removedor y mucho menos aparecer con la varita mágica de las soluciones, pero sí es posible potenciar los consensos respecto a los puntos clave que es preciso atacar para revertir la tendencia negativa en la comparativa de costos, de forma de ir desarrollando respuestas en el menor tiempo posible.
Pero no es posible desasociar la problemática del escenario general de la economía y situación de las empresas, del mercado, de los costos de producir. Por lo tanto, es fundamental inscribir la tarea en un marco de cambio de pisada en la política económica, sobre lo que en los últimos años el gobierno ha estado con piloto automático, con la expectativa ingenua y cómoda de que las cosas se irían arreglando solas. → Leer más

Argentina y Brasil llevan más de 200 años de relaciones, tiempo en el que mucho ha sucedido, en el que han competido, han tratado de imponer su visión en la región, en hacer pesar su estampa a nivel de América Latina y, también por qué no, en el ámbito global. Es un vínculo que a Uruguay mucho le interesa por cuestiones geopolíticas, y cuanto mejor estén los grandes de Sudamérica entre ellos, más beneficioso para todos.
Con la asunción en Argentina del presidente Alberto Fernández, el pasado diciembre, se estableció una clara contraposición entre su figura y la del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro. El agua y el aceite. Y así se han dado una serie de polémicas que poco favor le hacen a sus pueblos y al resto de las naciones que los rodean.
En estos últimos meses, ambos presidentes han privilegiado su público y agendas domésticas. Pero como por fortuna existe conciencia de que eso se tiene que ir terminando, comenzaron los gestos de acercamiento. Primero, Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente brasileño, que es titular de la comisión de Relaciones Exteriores y presidente de la comisión de Defensa, dijo que empezaba a notar un proceso de acercamiento entre Argentina y Brasil.
También los industriales brasileños y argentinos dijeron que más allá de las diferencias ideológicas, la relación entre ambos países es una prioridad estratégica desde todo punto de vista. En el mismo sentido, la cancillería y diplomáticos brasileños y diplomáticos argentinos han hecho artículos hablando de que las diferencias políticas e ideológicas no deben afectar la integración. Entonces se está generando un clima que podría derivar en una desescalada de las tensiones, ha comentado el argentino Fabián Calle, especialista en relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Austral de Buenos Aires.
“Ahora bien, si por necesidades domésticas estos amagues de ir resolviendo las diferencias se interrumpen, creo que la relación bilateral va a entrar en una crisis importante”, deja en claro el experto.
Es que las diferentes visiones de ambos gobiernos son notorias. “Brasil siente que tiene un viento a favor a nivel de reformas económicas”, afirma Calle. Cuenta con un ministro de economía muy poderoso y un Congreso que, con ciertas limitaciones, le aprueba todo y un presidente y vicepresidente que apoyan mucho a ese ministro.
A su vez, se están llevando bien con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea. En contraposición, se encuentra una Argentina más estatista, más cercana a Cuba, Venezuela, contestataria con el FMI y Washington, y todo ésto se trata de una carga que Brasil no desea.
“Esta idea de que es una relación añeja, con interdependencia económica, comercio y turismo, y que eso la hace sobrevivir a cualquier dificultad, la verdad que no es del todo cierta. Tenemos más de 200 años de historia en común y hemos sido actores cooperativos durante 30 de esos 200 años. Tuvimos 170 que no. Por lo tanto, hay un montón de antecedentes de buenos entendimientos y también muchos de malos entendimientos. Por esto, me parece que va a ser un equilibrio delicado”, vuelve a dejar en claro el especialista argentino.
De cualquier modo, esta semana se dio una instancia de acercamiento. El canciller brasileño, Ernesto Araújo, recibió el miércoles en Brasilia a su homólogo argentino, Felipe Solá, para una primera cita que ambos consideraron “franca” y “sincera”, y que supuso el primer paso para una distensión de la relación bilateral.
Las divergencias ideológicas fueron dejadas de lado por los dos ministros, quienes subrayaron los lazos históricos bilaterales, la cooperación que mantienen los dos países en las más diversas áreas y la apuesta común en el Mercosur, bloque que también integran Uruguay y Paraguay.
El deseo común de superar las diferencias quedó reflejado en la decisión de volver a convocar a unas comisiones bilaterales en las áreas de economía, infraestructura y hasta política, cuyo trabajo se interrumpió tras la victoria el año pasado de Fernández.
Solá afirmó que su visita “al hermano Brasil” se dio en un “marco de acercamiento” y la consideró como un “viaje de amistad y calidez postergado por varias razones”, que le ha permitido exponer la difícil situación económica “heredada” por el nuevo gobierno. Incluso, Solá fue más allá en el intento de reducir la tensión con Brasil al pedirle ayuda para renegociar la deuda con el FMI.
Luego habrá que ver si esta nueva reconciliación prospera y se extiende en el tiempo. Se tiende a pensar que volverán a surgir diferencias que se plasmarán en el comercio, en la política exterior y en las relaciones bilaterales, influyendo como siempre en la región y más allá.
De cualquier modo, se los precisa lo más amigos posible y estos pasos van en esa dirección, en la dirección del sentido común, de la conveniencia bien entendida, de la verdadera dinámica que debe prevalecer entre los pueblos. → Leer más

En el marco de una postura inequívoca de alineamiento político-ideológico, la dirigencia del Pit Cnt, pese a la opinión en contrario de algunos sindicatos que no quisieron participar, decidió realizar un acto de “agradecimiento” al presidente saliente Tabaré Vázquez, en el que entre otros sindicalistas el secretario general de la central, Marcelo Abdala, enumeró las “conquistas lideradas e impulsadas” por el presidente y dijo que este homenaje “para nada empaña ni la independencia de clase, ni la autonomía, ni la autarquía”.
Esta última cita precisamente, que pretende oficiar como una aclaración, opera en realidad como una confesión, que naturalmente no puede ser sorpresiva, porque la central sindical ha sido históricamente y lo ha confirmado en los quince años de gobierno del Frente Amplio, un apéndice o un aliado de la coalición de izquierdas, incluso con dirigentes actuando como parlamentarios o integrando el Poder Ejecutivo.
En fin, ha sumado a las definiciones ideológicas una participación activa confirmando este alineamiento, con el agregado de que aún con las cartas a la vista y rompiendo los ojos, se pretende exponer esta toma de posición como democrática y de independencia, cuando se pasa por arriba de la opinión de gran parte de los trabajadores, que no simpatizan ni han votado a la izquierda, cosa que poco importa a los dirigentes que sí están ideológicamente abrazados a esta ideología desde siempre.
En este caso Marcelo Abdala, secretario general del Pit Cnt, fue quien tomó la palabra en representación de la central de trabajadores, y dijo que este era “más que un reconocimiento: El doctor Vázquez al frente de todo un equipo asumió un primero de marzo de 2005, cuando en la vida de la república reinaba la crisis, la falta de trabajo, desregulación de las condiciones de trabajo; en fin, en un contexto de neoliberalismo extremo”.
El gobierno de Vázquez, añadió, significó un “enorme cambio cualitativo” para la clase trabajadora y “vastos sectores populares”, a la vez de pasar a enumerar algunas de las “conquistas impulsadas” por Vázquez, a la vez de reflexionar respecto a que “un día en la Historia serán reconocidas las conquistas laborales que impulsó el compañero Tabaré con la misma admiración con la que hoy miramos las reformas de don José Batlle y Ordoñez”.
Por supuesto, agregó, “esto no empaña para nada la independencia de clase, ni la autonomía, ni la autarquía con que se resuelve y lucha nuestra clase trabajadora”, lo que significa abrir el paraguas cuando ya se caminó varios kilómetros bajo el chaparrón.
Lamentablemente, en este alineamiento político- ideológico de organizaciones sociales el Pit Cnt no está solo, sino que como regla general dirigentes activistas de izquierda se entronizan en forma militante en las cúpulas de dirección de una serie de organizaciones representativas y adoptan decisiones que van en línea con su pensamiento, pero que no necesariamente es lo que opinan ni sienten sus afiliados o representados, y sobre todo se manifiestan en opiniones políticas e ideológicas sobre temas que nada tienen que ver con el área en la que se desenvuelven.
Otro ejemplo claro en este concepto es la federación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua Fucvam, una organización que históricamente ha actuado dentro del movimiento cooperativo del sector en reivindicación de un tema fundamental como es el acceso a una vivienda propia por familias con dificultades de ingresos.
Durante todos los gobiernos la federación ha formulado planteos respecto a necesidades y reclamos del sector, no siempre con éxito, centrados en facilitar el camino a la vivienda de interés social por este mecanismo. Como es notorio, dentro del movimiento se encuentran ciudadanos de todos los partidos e ideologías, unidos en el objetivo de asociarse y actuar en forma solidaria para entre todos encontrar caminos de solución hacia la ansiada meta.
El punto es que si bien no es fácil representar a un grupo heterogéneo, no es tan difícil cuando ello se centra en luchar por el objetivo común, en donde hay más coincidencias que desavenencias, porque la idea es actuar en forma corporativa defendiendo sus intereses.
La dificultad –y el error– aparece cuando los dirigentes asumen que se sienten dueños de la verdad y en nombre del movimiento, de todos sus integrantes, asumen posturas político- ideológicas sin importarles que hay sin dudas un número importante de afiliados que no están en sintonía con este “verticalazo” que se impone como si hubiera un pensamiento único y monolítico.
Como postura ideológica tenemos el ejemplo de una reciente declaración de Fucvam contra una ley que ni siquiera ha sido redactada como tal, sino que está en borrador, y a la que se le buscan pelos y señales para rechazarla.
La dirección del movimiento expresa que la Ley de Urgente Consideración que aprobará en uno de sus primeros actos el gobierno de Luis Lacalle no solo es un ataque a Fucvam, sino “a la clase trabajadora y sus diferentes organizaciones representativas”.
Los dirigentes del movimiento aseguran que la iniciativa “es la expresión de los sectores poderosos” de Uruguay, que actúan “en defensa de sus intereses y en detrimento del resto de la sociedad”, repitiendo “medidas ya conocidas”, sin tener en cuenta y por supuesto, menos aún importarle, que se trata de un gobierno electo que contó con la adhesión del voto de la mayoría de los uruguayos, –que no son los sectores “poderosos”– en elecciones democráticas y que por lo tanto pasa legítimamente a gobernar por mandato popular, mediante leyes, sea esta como cualquier otra, que es una de las herramientas con la que apunta a cumplir con el programa de gobierno que contó con el respaldo ciudadano en las urnas.
Sin embargo este pequeño “detalle” no tiene ninguna significación para los que se autoerigen como únicos representantes de la voluntad popular y se ponen desde el vamos en la vereda de enfrente.
Consideran así que “los uruguayos nos hemos expresado en contra de ese modelo y esas propuestas neoliberales, que solamente favorecen a la consolidación de una sociedad injusta y a las clases poderosas y sus eternos lacayos”, según indican, encerrados en su actitud mesiánica, al igual que en el caso de la dirigencia de la central sindical, –aunque no son las únicas– en esta postura de representantes de ciudadanos a los que consideran poco menos que a un rebaño que no tiene individualidad ni derecho a pensar libremente. → Leer más