Opinión

No hubo festejos de la comunidad científica internacional ni de los grupos que promueven respuestas efectivas ante el deterioro de las condiciones ambientales en nuestro planeta, desde que la Cumbre del Clima (COP25) de Madrid terminó este mes con sabor “agridulce”, por decir lo menos, si tenemos en cuenta que se quedó muy lejos de una resolución que permitiera alcanzar un acuerdo de bases mínimas frente a la urgencia climática, como consideran gran parte de los expertos.
Es así que dos intensas semanas de negociaciones, con una prórroga récord adicional de 42 horas, no permitieron igualmente participar a los casi 200 países presentes en esta conferencia de la ONU en Madrid detrás de una posición fuerte, contrastando con el entusiasmo multilateralista con el que se suscribió el Acuerdo de París en 2015, sobre lo que naturalmente en su momento se mostraron reservas.
Los comentarios respecto a este pobre desenlace no se han hecho esperar: por ejemplo, tenemos que la comunidad internacional “perdió una oportunidad importante” de estar a la altura de la urgencia climática, según lamentó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se mostró “decepcionado” por el resultado.
Ello se basa en que expertos elevaron al máximo la alerta en cuanto a los peligros climáticos a los que se enfrenta el planeta, con la subida del nivel del mar y la multiplicación de fenómenos extremos como canículas, sequías e inundaciones.
Al ritmo actual de emisiones, la temperatura mundial se elevará 4 o 5 ºC a finales de siglo, mientras que la “seguridad climática” solo se logrará limitando el aumento a menos de 2 ºC e idealmente a 1,5 ºC, subrayaron. En tanto, la mediática joven Greta Thunberg trasladó en esta cumbre de la COP25 el reclamo de millones de jóvenes que se han movilizado en todo el mundo detrás de esta causa y advirtió a los gobiernos que no bajarán los brazos.
En este encuentro y a último momento, se logró un consenso para pedir un aumento en 2020 de las metas nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hacerlo es indispensable para albergar posibilidades de limitar el calentamiento a 1,5 ºC, advierten integrantes de la comunidad científica.
Las señales previas no eran alentadoras, de todos modos, si tenemos en cuenta que grandes países emisores como China e India se habían resistido a comprometerse a ello, e incluso Estados Unidos fue más a fondo todavía, al haber anunciado su retirada del Acuerdo de París, en tanto solo la Unión Europea había dado un paso al frente al aprobar alcanzar la neutralidad carbono en 2050.
La ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al comentar lo ocurrido en la cumbre de Madrid, sentenció que se formaron dos grupos: “Quien quiere ir más deprisa y quien quiere escudarse en lo que hasta ahora ha sido insuficiente, para (así) no seguir avanzando”. Ocurre que la regulación de los mercados de carbono, el último capítulo que permanecía abierto del Acuerdo de París y que ya no pudo resolverse en la COP24 por la oposición de Brasil, quedó nuevamente aplazado, entendiéndose que estos mercados son un importante sistema de intercambio de emisiones entre países y empresas diseñado para rebajarlas.
Otros apuntes: el resultado en Madrid refleja una “resistencia” a avanzar. “Si esta situación no cambia” antes de la COP26 a finales de 2020 en Glasgow (Escocia), la meta de limitación de calentamiento “resultará casi imposible”, dijo Alden Meyer, un veterano observador. Está el antecedente inmediato de que en 2019, las emisiones de gases de efecto invernadero siguieron aumentando. Lo que habría que hacer según la ONU es reducirlas un 7,6% anual entre 2020 y 2030 para lograr la meta de +1,5 ºC.
Por su lado las organizaciones ecologistas lamentaron la “gran brecha” entre las demandas de la sociedad y la “inacción” demostrada por los gobiernos en las negociaciones de la cumbre del clima de Madrid con una declaración final que “no ha estado a la altura de la urgencia”.
Representantes de numerosos movimientos sociales presentes en el plenario manifestaron también su “decepción” con el texto adoptado, que en su opinión, sigue sin abordar la justicia social y sin tener en cuenta su voz en las decisiones. Cada una de las tres últimas décadas ha sido más caliente que las anteriores con una subida “probable” de la temperatura de 0,85 grados de 1880 a 2012, según datos del quinto informe del IPCC presentado en Copenhague (Dinamarca) en noviembre de 2014. Según la declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicada en 2019, el año 2018 registró la cuarta temperatura media mundial más elevada desde que existen datos.
El Acuerdo de París se aprobó en 2015 y entrará en vigencia en 2020. Tiene como objetivo intentar limitar el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados en 2100, y preferentemente, hasta un máximo de 1,5 grados. Pero los países no se ponen de acuerdo en regular las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
La contaminación atmosférica causa unos 7 millones de muertes anuales en todo el mundo, según datos de sociedades médico-científicas y de la Organización Mundial de la Salud. La OMS estima que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado.
Además, el cambio climático puede afectar al acceso al agua potable. Más de mil millones de personas carecen de agua y se espera que su número se duplique para el año 2025 debido al aumento de sequías. Por cada grado que se eleve la temperatura, disminuirá un 20% la cantidad de lluvias.
En consecuencia, la producción agraria también podría sufrir estragos, con África y América Latina como los continentes más afectados.
El cambio climático también alterará a los ecosistemas. Si la temperatura media sube un grado, algunos hábitats “únicos” corren peligro, como los arrecifes de coral y el Ártico, según el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).
Asimismo, el nivel medio del mar es uno de los mejores indicadores. Aunque según el informe de la OMM el nivel del mar se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, entre 1901 y 2010 subió 19 centímetros.
Este decálogo de calamidades posibles –en algún caso los científicos pueden tener un grado de exageración en su afán de sensibilizar a gobernantes y a la opinión pública para que ejerza presión– es sin embargo lo suficientemente grave como para pasar sin medias tintas, a la asunción de responsabilidades por los principales contaminantes y que se actúe en consecuencia.
Es que a este paso, en menos años de lo que podría pensarse, ya no podrá haber marcha atrás ante las consecuencias traumáticas y la irreversibilidad del deterioro, y de nada valdrá buscar chivos expiatorios, cuando todos estamos en el mismo barco. → Leer más

Las numerosas necesidades de una ciudad como la nuestra implican para las autoridades y organismos públicos no solo atender múltiples frentes de demandas sino tener la capacidad de planificar y ejecutar lo planificado de la forma más eficaz y eficiente posible. Esto es, en el menor tiempo posible, con la mayor calidad y rapidez que se pueda.
En algunos casos estas cuestiones implican inversiones importantes, búsquedas de agentes financiadores y un sinfín de trámites y gestiones que generalmente pasan al olvido una vez que la obra está ejecutada. Es lógico que así suceda y, por otra parte, se valora que los gobiernos de turno y organismos del Estado a los que se les asignan dineros públicos por administrar, puedan exhibir concreciones en beneficio de todos.
Recientemente el intendente Guillermo Caraballo informó que en el presente mes de diciembre OSE realizaría el llamado a licitación para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y disposición final de efluentes de nuestra ciudad, con una inversión prevista de 20 millones de dólares.
El reclamo local de esta importante obra no es antojadizo, puesto que se relaciona con una necesidad real de protección de la calidad de un importante recurso acuático que está sufriendo diferentes presiones.
Se trata de una obra que se viene reclamando hace más de 20 años y que una y otra vez, por distintas razones, ha sido postergada aunque es de fundamental importancia por el impacto ambiental que representa continuar tirando todos los efluentes sanitarios de ciudad totalmente “crudos” al río Uruguay.
Paysandú cuenta con servicio de saneamiento desde principios del siglo pasado y posee una alta cobertura (más del 70%), alcanzando incluso amplias zonas de Nuevo Paysandú. En la actualidad, el efluente recolectado en el sistema de saneamiento es vertido sin tratamiento al río Uruguay, en la zona de la desembocadura del arroyo Sacra a través de un canal a cielo abierto y en una zona inundable, por lo que las crecidas del río lo tapan en mayor o menor longitud.
De acuerdo a la comunicación de proyecto presentada ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente en abril pasado como parte del proceso de obtención de la Autorización Ambiental Previa (AAP), OSE propone construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales diseñada con tecnología de lodos activados en modalidad de aireación extendida, con remoción biológica de nutrientes y desinfección mediante UV, con un emisario subacuático dentro del río Uruguay.
El conjunto de obras necesarias para concretar el proyecto, además de la construcción de la planta de tratamiento y el emisario, incluyen la construcción una estación de bombeo y una línea de impulsión de aproximadamente 4,5 kilómetros que dirija el efluente doméstico a tratar desde la ciudad a la planta.
El proyecto, que representa una inversión de aproximadamente 20 millones de dólares, se encuentra comprendido dentro de las disposiciones del Tratado del Río Uruguay sometidas al régimen jurisdiccional compartido con Argentina a través de la CARU.
Por otra parte, si la historia del reclamo de esta obra es larga, también ha sido dilatado su trámite. En 2014 OSE informó que había resuelto realizar un nuevo proyecto para la planta de tratamiento de líquidos residuales de Paysandú, elevando la calidad del tratamiento con la finalidad de contar con una descarga que cause mucho menos impacto en el río Uruguay.
En noviembre de 2015 el ente anunció la construcción de la planta de tratamiento de efluentes de Paysandú con nuevas características a las del proyecto anterior que era una planta de pre tratamiento para dotarla de un grado superior de tratamiento, asegurando una mayor inocuidad del vertimiento de los líquidos residuales al curso de agua.
Posteriormente, en el marco de gestiones realizadas por la Intendencia y en declaraciones de prensa autoridades del ente anunciaron que la planta de tratamiento de efluentes se realizaría en 2018. Sin embargo, nuevas demoras vinculadas –de acuerdo a lo informado– a temas referidos a las aprobaciones de organismos con competencia en el tema como la Dinama y la Comisión Administradora del Río Uruguay, continuaron dilatando el proyecto.
Es de esperar que ahora, el 2020 llegue con el inicio de la construcción de una obra largamente esperada para mejorar la calidad de vida en la ciudad y, fundamentalmente, poder tener como sociedad una conducta más responsable con el cuidado de un recurso natural invaluable como el río Uruguay.
Si bien la calidad de las aguas del río no está amenazada en lo inmediato, viene sufriendo deterioro como consecuencia de una serie de impactos derivados de cuestiones tan diversas como el uso de agroquímicos en la región, la variabilidad climática, los vertidos industriales y del saneamiento en las ciudades litoraleñas.
En este sentido, es buena cosa que se hayan ido construyendo o están en proceso de planificación y construcción plantas de tratamiento en varias ciudades como Salto, Fray Bentos y del lado argentino, Colón y otras ciudades del litoral, desde Concordia hasta Gualeguaychú, que fueron incluidas en el Plan de Saneamiento Integral del Río Uruguay. El mismo contempla proyectos para estas ciudades ubicadas aguas abajo de la represa de Salto Grande con el fin de construir, ampliar o modificar las plantas de tratamiento de efluentes cloacales que son volcadas al río.
El proyecto está directamente relacionado al río Uruguay, ya que el emisario verterá las aguas tratadas por la planta hacia él. No obstante, al tratarse de un efluente cuya calidad cumpliría los estándares de vertido de un tratamiento terciario con remoción de nutrientes y desinfección, se considera que constituiría una gran mejora respecto de la calidad de vertido crudo actual. Además, el proyecto prevé que la descarga se haga en la zona del canal de navegación donde se tiene mayor profundidad y mayores velocidades de flujo de modo que la dispersión del efluente en el curso sea más favorable.
Uno de los aspectos en los que seguramente también tendrá impacto positivo es en lo que respecta a la disminución de las descargas de fósforo y nitrógeno, lo cual atenta contra la sustentabilidad del recurso y colabora a la generación de nuevos problemas como por ejemplo las floraciones de cianobacterias.
Otro aspecto a considerar que, si bien es transitorio no es menor, es la ocupación de mano de obra que una construcción de este tipo puede representar para la plaza local.
En definitiva, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y efluentes de la ciudad se impone como una necesidad que ya no admite más demoras y por eso mismo es de esperar que, de una vez por todas, los anuncios se cumplan y la obra pueda comenzar a concretarse en el año que se inicia. → Leer más

Cuando por primera vez, luego de quince años, el cambio de un gobierno a otro incluirá la rotación de partidos y de visiones ideológicas, interrumpiendo así la continuidad que reflejaron tres gobiernos de la coalición de izquierdas, una de las áreas que sin dudas deberá reflejar estos cambios es la educación, donde pese a las consabidas expresiones de autocomplacencia, ya han fracasado las tres sucesivas administraciones de gobiernos del Frente Amplio.
En la primera gestión de Vázquez la ley de reforma de la educación transfirió gran parte del poder a los sindicatos y corporaciones de la enseñanza, y en la que está en curso, trató de enmendar en alguna medida lo hecho cuando anunció que cambiaría el ADN de la educación, y los sindicatos le torcieron el brazo, a la vez de hacer renunciar a los hombres de confianza del presidente que se iban a encargar de los cambios.
Tras el triunfo de la coalición opositora encabezada por Luis Lacalle Pou el 24 de noviembre, las designaciones del presidente electo incluyeron a su asesor y mano derecha, Pablo Silveira, como ministro de Educación y Cultura y al excandidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva, como futuro presidente del Codicen.
Precisamente Silva está participando de reuniones con las autoridades vigentes en la educación, y entre otros aspectos, dijo que buscará “disminuir la inequidad del sistema educativo”.
El próximo presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP destacó tras reunirse con el actual número uno de ese organismo, Wilson Netto, que entre otros cambios, se buscará “salir de la lógica de colegiados divididos según los niveles educativos, a trabajar en una lógica de un colegiado único, que tenga representantes docentes, con voz y voto, que tenga representantes de los niveles Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente, y que tenga autoridades como integrantes del Codicen propiamente dicho, designados con venia del Senado y a propuesta del Poder Ejecutivo”.
Consideró asimismo que con Netto “fue una muy buena reunión, productiva, constructiva”, y agregó que fue “como volver a casa” porque estuvo en el Codicen “tres años y medio” como consejero electo por los docentes. “En esta reunión conversamos sobre políticas públicas que se están desarrollando en un marco de coincidencia, acuerdo, con muchas de ellas que ponen foco en el niño, en el estudiante, joven, y hay que avanzar en esa línea”, explicó.
Para Silva “hay un camino andado, pero hay que cambiar cuestiones para que hagan efectivo eso de la centralidad del estudiante” y se manifestó “convencido de que hay que desarrollar políticas públicas de continuidad, de largo aliento, más allá de los gobiernos”. Puso como ejemplo la formación continua de los docentes, “que es un debe que la administración tiene”, y destacó que “hay que llegar con una lógica de profundizar acciones que permitan disminuir la inequidad del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes”.
A su juicio se deberá “avanzar” en “la generación de comunidades educativas, sobre todo en lo que a educación media se refiere, en la mejor distribución de recursos en los contextos de vulnerabilidad, utilizando estudios y acciones también ya desarrolladas hasta ahora”, además de cambiar también “cuestiones vinculadas a la transformación y al fortalecimiento de los equipos de dirección y de inspección”.
“Hay que mejorar la articulación y la coordinación del sistema educativo público en lo que a la ANEP se refiere”, agregó, y dijo que esto lo “comparte” con el futuro ministro de Educación, Pablo Da Silveira, observó, en tanto se manifestó partidario de “mejorar el tema vinculado a la tecnología. Hay un Plan Ceibal que tiene que mejorar su articulación con el Codicen”, a la vez de reivindicar el rol protagónico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).
Naturalmente, en esta primera aproximación nos encontramos ante un decálogo de intenciones y objetivos que ya Silva había más o menos descrito en la campaña electoral, pero cuando se llegue a la hora de aterrizar estas opiniones o intenciones, debe tenerse presente que deberá conducir una estructura no solo complicada en cuanto al escenario burocrático, sino que durante tres lustros se delegó poder a quienes se sienten dueños de la enseñanza, y no admiten que nada se toque sin su consentimiento o iniciativa. De esa manera, las cosas adquieren otro color.
Lamentablemente, si bien las autoridades salientes están en conocimiento de esta situación, por compartir visiones ideológicas o para no levantar resistencias, han preferido dejar que las cosas siguieran su curso, y dejan sus cargos sin mayor autocrítica.
Un tema central, más allá de la sistemática pérdida de calidad de la educación a veces en aras de una visión “inclusiva” que ha significado emparejar hacia abajo, tiene que ver con la falta real de evaluación de resultados de los planes y de la propia situación, simplemente porque los sindicatos no lo han dejado hacer por temor a que de alguna u otra forma queden expuestos los problemas que no quieren reconocer, y sobre todo, que no sean afectadas sus condiciones laborales. En otras palabras las corporaciones en la educación, como ocurre en todas las áreas, defienden sus intereses; lo que está bien, porque fueron creadas con ese fin, pero el punto es que sus intereses no necesariamente coinciden con el interés general y muchas veces incluso están contrapuestos.
Precisamente quienes tienen la responsabilidad de que se vele por el interés general son los delegados del gobierno electo, de los ciudadanos elegidos por la ciudadanía, a quienes representan, y sobre este aspecto no debe quedar ninguna duda de parte de quienes se niegan sistemáticamente a aceptar que el pueblo es el soberano y en este caso, de quien tienen su representación.
Y no se trata de adoptar una postura refundacional, como lamentablemente, con poca suerte en los resultados, ha tenido el Frente Amplio, sino de tener altura de miras, de pragmatismo, de poder darle continuidad a lo que se considere que se ha hecho bien y cambiar la pisada en otros temas, esperando que, como en otras áreas, pueda llegarse a consensos que permitan delinear una política de Estado con rumbo firme y sometida a permanente evaluación. → Leer más

El año pasado en las cárceles uruguayas hubo 37 muertes y en 2017 se habían registrado 47. Del total de fallecidos en 2018, 27 fueron por muertes violentas, de las cuales 19 se caratularon como homicidios.
En 2018 hubo 10.179 presos y con ese registro se constataron 19 homicidios cada 10.000, o 18 veces más que la tasa nacional. El informe pertenece al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, y confirma el elevado nivel de violencia interpersonal que persiste en el sistema uruguayo. Y que, así, no hay reeducación ni posibilidad de una resocialización.
Por el lado académico, el trabajo de investigación denominado “Muertes en las cárceles uruguayas”, publicado en la revista Ciencias Sociales de julio-diciembre de este año, recopila un espacio mayor de tiempo. Allí señala que entre 2006 y 2017, murieron 475 personas o 40 por año.
Los presos en Uruguay, en su mayoría, son jóvenes entre 18 y 39 años, y pobres, provenientes de zonas marginales de las ciudades. Las muertes violentas, entre las que suman homicidios y suicidios, son en promedio más elevadas que las ocurridas fuera de las prisiones. La investigación diferencia que, en el caso uruguayo, las muertes no se registran por enfrentamientos entre bandas, sino que fueron provocadas por violencia entre reclusos o por episodios autoinfligidos.
El Comisionado Parlamentario estima que el 35% de los privados de libertad se encuentra alojado en malas condiciones y es sometido a tratos crueles e inhumanos. Y las posibilidades de cumplir una condena en un centro penitenciario que tenga oportunidades de inserción social se reduce al 26% de los casos. En Santiago Vázquez (ex Comcar) ocurrió el 48% de las muertes y el 21% en el Penal de Libertad.
El informe anual del Comisionado señalaba que, a julio de este año, Uruguay ocupaba el lugar 31 de las 222 naciones con más presos por habitantes. A mediados de este año había 11.141 personas privadas de la libertad o 316 cada 100.000 habitantes. “Las cárceles siguen siendo –pese al deber del Estado de garantizar la vida en ellas–, el territorio más violento del país”, escribió Petit.
Y si valoráramos en números el clamor popular de poner a trabajar a los reclusos, el documento precisa que el 39,3% realiza algún trabajo al mes, pero es relativa su evaluación formativa o trascendente para las personas. Incluso el 71% de las tareas no recibe remuneración.
En cuanto a las razones por las cuales llegaron al encierro, detalla que uno de cada tres estuvo vinculado al delito de tráfico de drogas o situaciones relacionadas a los estupefacientes. La última experiencia de violencia intracarcelaria trascendió en las redes sociales, hasta volverse viral. Un interno del módulo 11 de Santiago Vázquez hirió de gravedad con un cuchillo a otro y la víctima fue arrastrada por los pasillos hasta su celda, sin la intervención de los efectivos. La falta de personal en el sistema carcelario es una de las causas vinculadas al problema, mientras que se incrementa la cantidad de población en los penales.
El Ministerio del Interior tiene un presupuesto de 800 millones de dólares y solo las cárceles cuestan 117 millones de dólares al país. En este contexto, el problema –lejos de disminuir– se complica.
En el continente las cosas no están mejores. América Latina persiste en su desigualdad y en los últimos 20 años, la población reclusa se incrementó 120%, al tiempo que a nivel global lo hizo un 24%. Es, en este mismo continente, donde Uruguay tiene el triste privilegio de ocupar el cuarto lugar en tasa de homicidios, con 11,8, solo detrás de Venezuela, Brasil y Colombia.
Las situaciones de torturas y violencia, dentro de los recintos carcelarios, fue materia de una auditoría internacional en marzo de 2018, con visitas a dependencias policiales, organizaciones sociales, autoridades del gobierno y judiciales, entre otros.
El informe fue entregado en setiembre del año pasado y cada país tenía la potestad de su divulgación o no. Sin embargo, entre las recomendaciones figuraba su revelación a fin de evitar la naturalización de la violencia existente en el sistema uruguayo.
El ministerio no dio a conocer su contenido, con la excepción de un pedido de acceso a la información pública efectuado por el diario El País. En la auditoría internacional resaltaron las “numerosas alegaciones” de personas que relataron actos de tortura y malos tratos, tanto de adultos como adolescentes. El documento señala su preocupación porque “este tipo de delitos no sean investigados y sancionados en la forma adecuada y ello implica un riesgo de impunidad”. Una parte de la responsabilidad recayó en los servicios de salud porque los profesionales entrevistados, admitieron que “casi nunca se les pregunta a los internos la causa de sus lesiones ni ellos explican lo ocurrido”.
Según el ministerio, las personas privadas de la libertad denuncian malos tratos para obtener una baja de su condena. Pero lo argumenta sin pruebas específicas. La auditoría internacional aseguró que en Uruguay no hay un seguimiento de las “lesiones sospechosas” que deberían documentarse y examinarse por médicos forenses.
En suma, la resocialización de los presos para su retorno a las comunidades parece una materia pendiente, en un país que cuenta con un espectro bastante ampliado de organizaciones de la sociedad civil. Porque residir en determinadas condiciones, no los devuelve como mejores personas y fundamentalmente no lo hace con aquellos que son irrecuperables. Porque también los hay.
El retorno de esta población a la sociedad permanece en el debate público y hasta ahora no resulta simple definir si existe un modelo de rehabilitación. O si este se consigue con trabajo, clases de distintas disciplinas y horas de taller. Lo cierto es que el sistema actual no “reeduca” y eso se comprueba con los altos índices de reincidencia que se ubican en torno al 70%. → Leer más

Para el 2020, la creatividad será la tercera habilidad más buscada (después del manejo de datos en la nube y → Leer más

Dos noticias desde distintas procedencias, una de índole interna, y otra de origen internacional, tienen sin embargo en común el contribuir a insuflar cierto optimismo de cara al futuro para nuestro país, más allá del cambio de gobierno a partir del 1º de marzo, un factor que siempre implica expectativas nuevas en todo tiempo.
Así, por un lado se supo que tras cinco trimestres de estancamiento, la economía uruguaya creció 0,6% en el tercer trimestre frente al período previo, en tanto el crecimiento en el tercer trimestre fue del 0,9 por ciento, si lo comparamos con el mismo período del año pasado. A su vez, comparado con el segundo trimestre de 2019 (medición desestacionalizada), el Producto Bruto Interno Bruto (PBI) creció 0,6%, según se desprende del Informe de Cuentas Nacionales publicado el martes por el Banco Central de Uruguay (BCU).
Tenemos que en el primer trimestre la medición desestacionalizada había bajado 0,1%, y en el segundo trimestre había crecido 0,3%. Si se toma esta medición, la economía uruguaya retomó el crecimiento en julio-setiembre tras cinco trimestres estancada. A su vez, si se toman los 12 meses cerrados a setiembre, el PBI creció 0,3% respecto al mismo período de 2018, según la estimación de la consultora Grant Thornton.
Teniendo en consideración el crecimiento registrado durante el último trimestre del 2018 hasta el tercer trimestre de este año, y aún si la economía no creciera en lo que resta del año, se asegura un piso de expansión de 0,59% (de acuerdo al efecto de arrastre estadístico).
Las cifras indican a su vez que en términos nominales, el PBI totalizó U$S 56.712 millones en los últimos 12 meses, mientras que en el año a fin de setiembre de 2018 era U$S 60.252 millones. La medición en dólares del último año se vio afectada a la baja dado que el tipo de cambio promedio subió un 11,22% en el período considerado.
Claro, tampoco estamos hablando de tasas asiáticas ni nada que se le parezca, y según indicó a El País el economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema, los datos de la actividad económica del tercer trimestre no representaron “mayores sorpresas” y mencionó que “ratifican que el crecimiento 2019 de Uruguay se ubicará en torno a 0,5%”.
Incluso, indicó que “el crecimiento de 0,6% de Uruguay en el tercer trimestre (versus el segundo) estuvo en línea con los mostrados por Argentina (+0,9% informado el lunes), Brasil (+0,6%) y el mundo (+0,75%)”.
Otros analistas también evalúan que las cifras mostraron una aceleración moderada de la actividad económica en el tercer trimestre del año, y que los datos estuvieron en línea con lo que habían sugerido distintos indicadores adelantados de la actividad y en consonancia con cierta mejora de expectativas constatada tanto a nivel de los consumidores como de los empresarios.
En cuanto a los orígenes de este pequeño repunte, se ha registrado una leve mejora en la actividad comercial que estuvo atada a la recuperación de expectativas de los consumidores, un mayor dinamismo en otros servicios, conjugado con el desempeño de la industria manufacturera, a instancias de mayores niveles de actividad en celulosa, refinería y alimentos diversos.
Por supuesto, estos “brotes verdes” como se les suele llamar no indican que estamos ante una recuperación por mejora estructural en la economía ni nada por el estilo, sino que responden a factores coyunturales, porque subsisten los graves problemas de competitividad, de altos costos de producción de bienes y servicios, debido a los exorbitantes valores de la energía, tarifas y componente salarial, cargas sociales y carga impositiva, que nos dejan en inferioridad de condiciones frente al mundo. Ello es agravado por el hecho de que Uruguay prácticamente no ha suscripto tratados de preferencias arancelarias con países en los que podríamos ingresar con menores costos de aranceles, aún teniendo en cuenta nuestra baja competitividad.
Como es sabido, en economía existen ciclos, y el comportamiento o nota de un gobierno tiene mucho que ver con la capacidad de anticiparse o asimilar los ciclos, es decir contar con discernimiento y sentido común para disponer de un margen de ahorro en la época de las vacas gordas para tener capacidad de maniobra cuando el ciclo se revierta, como se ha dado a partir de 2014, solo que el gobierno del Frente Amplio desarrolló por motivos ideológicos una política económica procíclica e hizo crecer el gasto en época de bonanza, lo que hizo crujir la economía cuando se llegó a la meseta y al estancamiento.
Hablando de ciclos, es precisamente oportuno destacar que se insinúa en el horizonte un elemento positivo para nuestro país y la región productora de commodities y escaso valor agregado: se manifiesta una tendencia mundial al alza del precio de los alimentos, precisamente en aquellos rubros en los que el país tiene ventajas comparativas para producir.
Así, tenemos que en noviembre el índice de precios de la FAO alcanzó su máximo de los últimos dos años, impulsado por la carne (afectada por la peste porcina en China) y el aceite. Asimismo un informe del Banco Nomura alerta que la era de los precios bajos podría llegar a su fin por el alza de la demanda y restricciones a la oferta que impulsarán los costos en los próximos años.
Debe tenerse presente que en cuanto a ciclos, los alimentos llevan años vendiéndose en mínimos históricos, situándose en aproximadamente un 45 por ciento por debajo de la media de los últimos 120 años. El punto es que se están dando incipientes cambios en los mercados mundiales, que los observadores catalogan como una mezcla de tendencias de fondo y de causas coyunturales que calientan el mercado, hasta alcanzar el último mes el máximo en dos años.
Es decir que salvando las distancias, se podría dar una situación como el viento de cola –ojalá– que se dio por más de una década a partir de 2004, lo que podría significar un contundente paliativo para muchas de nuestras desventuras y un punto de partida interesante para comenzar a revertir el proceso de deterioro de los últimos años.
Tampoco es cosa de confundir deseos con realidad: El economista y director de Equipos, Alejandro Cavallo, señaló a través de Twitter que “el consumo privado se aceleró en forma notoria en el tercer trimestre, tal como esperábamos”. Asimismo, indicó que “parte de la mejora es atribuible al ciclo electoral” y que en los próximos meses se evaluará “qué tan importante fue este efecto y, por ende, qué tan duradera o efímera resultará la recuperación”.
No puede ignorarse, sin embargo, que con un déficit fiscal que supera el 5 por ciento del PBI, el Estado sigue llevándose cuantiosos recursos de nuestra economía, y que este costo es asumido íntegramente por el emprendedor, la actividad privada, que es la única apuesta posible para un crecimiento genuino y sostenible.
Pero si tomamos como válidas –o por lo menos esperanzadoras– expresiones del economista Santiago Rego, en el sentido de que “lo importante” es que la inversión privada “dejó de caer” y que “a pesar del entorno desafiante, la economía empieza a salir del estancamiento”, hay buenas razones para considerar que lentamente podríamos estar ingresando en tiempos mejores. Crucemos los dedos para que así sea. → Leer más

Más allá de las críticas que cualquiera puede hacerle a esta potencia, Estados Unidos posee una de las democracias más plenas de este planeta. Al punto de que el presidente pueda ser, siguiendo los pasos necesarios y si así amerita, llevado a juicio político, como está sucediendo en estos momentos con su actual mandatario, el republicano Donald Trump.
Las consecuencias que pueden desencadenar este proceso si llega a término –es decir, que Trump pueda ser destituido– no están claras porque las posibilidades de que los demócratas tengan éxito tampoco son fehacientes. El espectáculo sí brinda una realidad de puja política en un país como Estados Unidos, con todo lo que eso significa. Además, a Trump no lo cambiará un “impeachment”, como se le llama el juicio político a un presidente en su país: no variarán sus políticas migratorias ni su postura frente a China, por ejemplo.
Lo que sí logró la oposición demócrata, que llevó a este punto al presidente por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, fue molestar y dejar marcado a Trump, el tercer mandatario en ser sometido a un “impeachment” después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998.
El analista internacional Raúl Sohr explicó que en Estados Unidos la Cámara de Representantes es la encargada de realizar la investigación y el Senado actúa como jurado. El quórum es de dos tercios: “Si vas a sacar a un presidente de la República, no es un trámite sencillo”. En el Senado, el Partido Republicano cuenta con mayoría –53 de los 100 escaños–, por lo que se prevé que la acusación sea rechazada. “Este es un ritual que está siguiendo su camino, pero los demócratas saben que de todas maneras lograron rayarle el auto a Trump”, dijo Sohr, y agregó que “esto te queda en tu currículum”.
Ahora lo que hay que preguntarse es cómo influirá el juicio político en la campaña electoral para la Presidencia que tendrá lugar en noviembre de 2020 y en la que Trump buscará la reelección. A primera vista, este juicio político debería debilitar la imagen de Trump, pero lo más probable es que pase lo contrario. Sus seguidores –muchos de ellos muy activistas– observan en Trump un gran líder que un “impeachment” no cambiará.
Este tema viene de lejos. Los demócratas han hablado de someter a Trump a un juicio político desde que el presidente llegó al poder hace tres años tras una polémica campaña en la que, según la inteligencia estadounidense, recibió el apoyo de Moscú.
Al principio del mandato, los demócratas tenían sus esperanzas puestas en la investigación que lideró durante dos años el fiscal especial Robert Mueller para buscar nexos entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin, pero esta terminó sin resultados concluyentes contra el mandatario. Pero cuando los demócratas ya se habían resignado y veían los comicios de 2020 a la Presidencia como la única forma de sacar a Trump del poder, una filtración en setiembre desde el interior de la Casa Blanca sobre un controvertido favor que el mandatario pidió a Ucrania reactivó el proceso.
Ahora, en el fondo de este proceso habría que preguntarse qué le conviene más a Estados Unidos en este momento: definir si lo más importante es destituir a un presidente, o definitivamente, no destituirlo. Este es precisamente el gran dilema de este proceso de “impeachment”, en el que los demócratas pueden quedar como irresponsables y que luego la población se las cobre en las elecciones.
Y, vaya paradoja, el apoyo de la opinión pública al presidente estadounidense aumentó en un 6% con el anuncio del juicio de destitución. Según la última encuesta de Gallup, empresa de análisis y asesoría, el respaldo a Trump se incrementó con el comienzo del proceso. Además, entre los republicanos, el 89% apoya a Trump. Eso sí, el pueblo estadounidense tiene una diferencia de opinión sobre la destitución de Trump: el 51% de quienes participaron en la encuesta se oponía a la destitución de Trump mientras que el 46% estaba a favor.
Fiel a su estilo, mientras los congresistas votaban los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, Trump pronunciaba un discurso ante decenas de miles de simpatizantes. “A través de sus acciones depravadas de hoy, los locos demócratas de Nancy Pelosi se han señalado con una marca eterna de vergüenza”, afirmó el presidente, que dedicó gran parte de su acto a criticar a la oposición y defenderse de las acusaciones.
Trump advirtió que “el Partido Republicano nunca ha estado tan afrentado pero unido como ahora” y avanzó que los senadores conservadores “harán lo correcto” durante el juicio político. “Todo va a terminar pronto y con una gran victoria”, añadió muy confiado el presidente, al asegurar que el proceso que inició esta semana supone “una marcha suicida para el Partido Demócrata”.
El mandatario, que gusta bordear el límite en casi todas las cuestiones y utilizar un lenguaje punzante, irónico y por momentos hiriente, seguramente seguirá sentado en el salón oval de la Casa Blanca, manejando los hilos de su nación y de buena parte del mundo. El “impeachment” es un arañazo a un hombre impulsivo y reactivo, sobre el que pesan acusaciones graves. Todo esto sí deja una enseñanza: el hecho de tener un marco real de sentar en el banquillo de los acusados al propio presidente. → Leer más

En las últimas décadas Uruguay ha incrementado notoriamente su área boscosa debido a la actividad forestal, que se ha sumado a los montes nativos existentes en diversas partes del país. En este sentido, la prevención de incendios resulta un tema de primer orden dado que un descuido o negligencia puede poner en riesgos vidas humanas y generar millonarias pérdidas económicas.
Esta expansión ha hecho que más zonas del país se tapicen con este cultivo, rodeando en muchos casos poblaciones y viviendas aisladas, por lo cual además de la prevención a nivel empresarial, la activa información y participación de las comunidades en la prevención es un tema importante.
No obstante, los incendios forestales en general no se desarrollan con gran impacto en las áreas de bosques cultivados para la industria forestal sino en las zonas costeras, como suele ocurrir –con distinta intensidad– cada verano.
A nivel de las empresas forestales, la legislación existente asegura el control. Desde su origen a fines de los años 80, la Ley Forestal ayudó a que la actividad del sector naciera muy regulada, lo que resulta una ventaja a la hora de prevención de incendios.
En este sentido, existen normas estrictas que deben cumplir las empresas tanto en lo que refiere a la limpieza de los perímetros de sus plantaciones, así como en el diseño de éstas ya que la ley no permite áreas mayores a 50 hectáreas continuas de plantaciones.
Además se deben dar cumplimiento a otros requisitos como cortafuegos, caminería, cursos y reservas de agua, entrenamiento del personal así como otras medidas de prevención activas. A esto se agrega en muchos casos las propias exigencias de mercado de la madera y celulosa en lo que refiere a certificaciones ambientales y de calidad, que son sumamente exigentes también con respecto al manejo de las plantaciones.
La semana pasada la Sociedad de Productores Forestales (SPF) realizó el lanzamiento del Plan contra incendios forestales 2019 – 2020, declarado de interés por el Sistema Nacional de Emergencias.
El mismo está coordinado por la referida sociedad y un comité técnico con representantes de diferentes compañías quienes diseñan la estructura, dimensión del mismo y definen los recursos a emplear. Participan del proyecto 110 empresas asociadas a la SPF y en su edición 2019 – 2020 el plan logrará la cobertura de 800.000 hectáreas protegidas efectivas, involucrando a más de 100 trabajadores de España, Chile y Uruguay, lo que significa un gran esfuerzo y una inversión de 2,5 millones de dólares aproximadamente.
En paralelo, también es importante el trabajo preventivo de distintos organismos públicos. Por ejemplo, desde hace varias temporadas el Sistema Nacional de Emergencias realiza limpieza de predios y construcción y mantenimiento de cortafuegos en las zonas de mayor riesgo de incendios, en el marco de un compromiso de trabajo entre las intendencias departamentales, la Dirección Nacional de Bomberos y el Instituto Nacional de Rehabilitación con la colaboración de personas privadas de libertad.
A su vez, las alertas tempranas se fortalecen a través de vuelos regulares para detectar posibles situaciones de riesgo, por parte de la Fuerza Aérea y Policía Aérea, y con colaboración de la sociedad de productores forestales.
El índice de riesgo forestal, de difusión diaria por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología, es un insumo de información importante para tomar decisiones en relación a diferentes actividades a cielo abierto por parte de empresas y productores, pero también debería ser tenido muy en cuenta por la población en general para extremar precauciones y minimizar riesgos.
Por otra parte, las situaciones locales se ven influenciadas por tendencias mundiales. En este sentido un elemento a tener en cuenta en los planes de monitoreo de incendios forestales es el cambio climático.
Aunque los datos regionales en este sentido son escasos, en noviembre del año pasado Estados Unidos publicó en su Cuarta Evaluación Nacional del Clima una serie de datos que explicaban la relación existente entre el aumento de incendios forestales y el cambio climático señalando que la continua emisión de gases de efecto invernadero en el mundo provocará que este tipo de incendios sean más frecuentes ya que el aumento de las de temperaturas ha provocado olas de calor más intensas, así como sequías severas que influyen al sumar mayor combustible vegetal seco y hacerlo más susceptible al fuego.
A pesar de esto y merced al gran esfuerzo del sector público privado y la sociedad civil, en Uruguay en los últimos años se ha logrado reducir significativamente el número de intervenciones por incendios forestales y de campo. Según datos de la Dirección Nacional de Bomberos, y a modo de ejemplo, en el verano de 2011 hubo un total de 5.010 intervenciones y en 2016 fueron 1.222.
Si bien los incendios forestales son un tipo de desastre que no ha tenido un alto nivel de ocurrencia en nuestro país, cada vez que ocurre uno suelen haber preocupantes pérdidas materiales y/o en los ecosistemas.
En definitiva, sigue siendo un tipo de desastre con gran riesgo potencial, fundamentalmente en las épocas de verano o sequía, razón por la cual desde principios de diciembre y hasta abril de cada año rige el denominado “Edicto del Fuego”. Esta medida tiene como fin prevenir los incendios forestales durante el verano, cuando la probabilidad de que ocurran aumenta debido a las altas temperaturas y la baja humedad, entre otros factores e incluye una serie de recomendaciones tales como mantener limpios y vigilados los predios arbolados, mantener limpias las calles cortafuegos (evitan la propagación del fuego), poner los restos de poda y hojarasca en lugares apropiados y nunca en terrenos baldíos, extremar la prudencia en el uso de fuegos artificiales evitando su uso por menores de edad, entre otras. En tanto, el incumplimiento de los reglamentos de policía de fuego podrá ser sancionado con multas que van de 10 a 200 UR (Unidades Reajustables), estableciéndose además penas de 12 meses a 16 años de cárcel para quien encienda una llama, poniendo en peligro la seguridad de personas o bienes de los demás, o lesionando sus derechos.
Son acciones sencillas sobre las cuales no se puede argumentar desconocimiento, medidas básicas de prevención que requieren una toma de conciencia de la peligrosidad que pueden tener comportamientos comunes como quemar basura o yuyos en baldíos, e incluso, el simple hecho de arrojar un cigarrillo encendido desde la ventanilla de un vehículo. El daño ecológico, económico y social de los incendios forestales y de campo es grave y suele permanecer durante años. En cambio, prevenir desde la conducta individual suele costar muy poco o nada. → Leer más

La multicausalidad del incremento del delito ha sido explicada hasta el paroxismo. En el debate han intervenido académicos, políticos, técnicos, asesores legales, intelectuales y antropólogos. Lo cierto es que las cifras mandan y aunque las explicaciones no sean simples, el problema es real y fue el caballito de batalla en la última campaña electoral.
Discutiendo el cambio en el perfil delictivo que obligó a la adopción de nuevas estrategias para su combate que, en ocasiones llegaron tarde y de atrás, hasta el balance penitenciario deficiente porque no rehabilita, ha pasado el efecto “Noviembre”. Las consecuencias sobre la aplicación del Nuevo Código de Proceso Penal, votado por todos los partidos y reclamado por todas las asociaciones que conforman los diversos operadores judiciales, tuvieron su cuota de protagonismo en el discurso oficialista.
Uruguay debió construir más cárceles porque ahora tiene más presos y los que ya estaban, vivían en condiciones deplorables de hacinamiento. Por eso, la mirada progresista, en este aspecto, cae por su propio peso. Porque los paradigmas trazados por esta ideología no se cumplieron y los derechos humanos, son una materia de referencia exclusiva al denominado “pasado reciente”.
Y porque el incremento de mayores efectivos, recursos tecnológicos, transformaciones internas y nuevas gestiones no alcanzaron.
Los delitos sexuales se incrementaron tremendamente. Montevideo lidera con el 18,8% de los casos, seguido por Canelones con 12,4%, Rivera con 10,9% y Paysandú con 8,9%. Todos los días se registran nuevas denuncias, con situaciones cada vez más complejas en su resolución. Las pericias psicológicas resultan lentas, ante la constatación de situaciones ocurridas en el ámbito familiar. Y las penas para los abusadores y violadores merecen un capítulo aparte. Solo diremos que la pena mínima para un abusador es de 8 meses y por violación de 2 a 12 años. Cuando ocurre una rapiña, se aplican penas de 4 a 16 años y los homicidios agravados de 10 a 30 años. Las penas por estos delitos son bajas, en tanto los efectos de los abusos sexuales pesarán sobre la víctima por el resto de su vida.
Pero el incremento se observa en todos los delitos, según el último balance presentado por el Fiscal de Corte, Jorge Díaz. En promedio, se denuncian unos 25.000 delitos por mes y hay 11.700 personas privadas de libertad. Hace algo más de 20 años, en 1997, había 4.117. Es decir que, el aumento es del 170%. Los datos oficiales eran conocidos en marzo pasado, con un 53,8% de crecimiento en las rapiñas y un 45,8% en los homicidios. La corrección vino unos meses después, en agosto, con la frase de un “aumento menor” de los delitos, en comparación con el año pasado. Las explicaciones corrían como reguero de pólvora porque a mayor explicación, se notaba un mayor enojo de la población. Y en esto no iba la “manija” de los medios de comunicación.
Después conocimos que en la región existía el poderoso e influyente Primer Comando Capital, que pasaba por encima de los sistemas de seguridad carcelarios y tendía redes del narcotráfico en cualquier punto del país.
Para cuando comenzó a actuar la justicia, ya había reclutado a 84 narcos, todos ellos con actuaciones en violentas rapiñas. Surgido en Carandiru hace cerca de treinta años, el comando actúa en la región y extiende sus tentáculos, desde los lugares que mejor conocen. Nacen dentro de las cárceles y las bandas desde afuera reclutan integrantes dedicados a obtener dinero para lo que sea. Secuestran personas, compran drogas y armas bajo el mejor sistema mafioso de la extorsión.
Calculan que en la región hay unos 40.000 delincuentes reclutados y en Brasil son los responsables de los grandes atracos y controlan el narcotráfico. Generan motines carcelarios que se extienden por varios días con asesinatos y ataques con explosivos que han llevado a la destrucción casi completa de los penales. Se especializan en tender puentes para el narcotráfico con rutas a África y Europa.
El referente de la banda en Uruguay tiene 10 antecedentes penales, entre los que se destacan homicidios, rapiñas y narcotráfico. Sin embargo con tamaño prontuario estaba libre al momento de consumar un atraco a un supermercado.
El nombre de Fernando Fabrasil comenzó a aparecer a comienzos de la década de 1990 con la muerte de un empresario de free shops y con el homicidio de un soldado durante un asalto a un local de pagos.
Ahora su nombre figura en la Agencia Brasileña de Inteligencia o ABIN y a través de escuchas telefónicas, la fiscalía pudo constatar que reclutaba nuevos integrantes, valorando especialmente sus antecedentes penales.
No es para asombrarse tanto porque Uruguay hace rato que se encuentra en el mapa de ruta del narcotráfico. Sin embargo, una vez constatada la salida de varias toneladas de cocaína por el puerto de Montevideo o por el aeropuerto de Carrasco, recién allí las autoridades resolvieron reforzar los controles. Solo la presión internacional y los grandes titulares para el mundo, nos ubicaron en la realidad.
A partir de allí, adoptaron un plan nacional de combate al tráfico de estupefacientes y al crimen en las fronteras, con trabajos de Inteligencia para mejorar los controles y la compra de un nuevo escáner.
La idea es mejorar la imagen del país, cuando ese bien en sí mismo debió ser el modus operandi de toda la estructura del país. Aunque sabían de la porosidad de nuestras fronteras, no se preocuparon. Y con esa displicencia, pasó lo que no debía pasar.
Era más o menos obvio que esa vulnerabilidad sería explotada por las redes y los cárteles latinoamericanos, en un continente signado por este flagelo. Con esta mochila comenzarán a cargar a partir del 1° de marzo, el equipo que encabezará Jorge Larrañaga, acompañado por Guillermo Maciel y Álvaro Garcé.
Aun si todo sale bien, los resultados no se verán en poco tiempo y quizás haga falta más de un quinquenio para poner la casa en orden y volver a creer que alguna vez fuimos un paraíso. → Leer más

Al cabo de quince años de gobierno del Frente Amplio, en los que ha contado con mayorías parlamentarias, no se ha avanzado prácticamente nada en la que fuera anunciada en su momento como la “madre de todas las reformas” del Estado en el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, y nada hace pensar que por mejores intenciones que se tenga, en el gobierno del Dr. Luis Lacalle Pou, que lo sucederá el 1º de marzo, pueda abordarse por la coalición de partidos este tema, cuando hay grupos de presión que siguen escudándose en el status quo para seguir medrando con más de lo mismo en la diversidad de las áreas del Estado.
Como es sabido, durante la primera administración del gobierno de la coalición de izquierdas, aquel ímpetu de reforma se fue diluyendo hasta quedar en la nada, es decir, solo en los anuncios, porque al decir del expresidente José Mujica, “no se la llevaron” los mayores aliados del Frente Amplio en el gobierno, los sindicatos y grupos radicales basados en ideologías de izquierda sesentistas, que lejos de acompañar el avance que por lo menos insinuó Vázquez, siempre trataron de ir hacia un Estado omnipresente que concentra todo el poder y rige vida y obra de los ciudadanos, incluyendo las libertades más elementales si se les permitía.
Tampoco “le llevaron” a Vázquez en el siguiente gobierno una anunciada reforma del “ADN” de la educación, y lejos de ello, aquellos dirigentes y formadores elegidos para llevar adelante este proceso, debieron renunciar en la primera de cambio porque también en el statu quo regido por los gremios de la educación no dejó hacer ningún cambio, alertados de que, en todo caso, podrían ser evaluados y por lo tanto condicionarse la afectación de recursos a los resultados que se obtuvieran.
Y los resultados están a la vista: serios problemas en el ámbito educativo, en formación, en la preparación de niños y jóvenes para los desafíos del futuro en el área del trabajo, de la actividad profesional, y consecuentemente, en un sistemático decaimiento de la calidad educativa, al punto que siempre se están demorando los informes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), porque no son del agrado de las autoridades.
El punto, además, es que el próximo gobierno asimismo sufrirá trabas de todo tipo impulsadas desde las organizaciones de docentes y estudiantes que se oponen sistemáticamente a todo cambio que de alguna manera pueda rozar sus intereses laborales, actividad, perfil ideológico y ámbito de confort en la educación, porque de esto además, sobran antecedentes.
Es que si no han dejado hacer siquiera al propio gobierno de izquierda, del que son en su mayoría compañeros de ruta, mucho menos puede pensarse que lo harán con un gobierno que está en otra sintonía, catalogado de “neoliberal”, por decir lo menos, en tanto que la excandidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, lo ponía como una lucha entre “oligarquía o pueblo”.
Una perspectiva de lo que cabe esperar o de la forma de trabajo en que es posible y necesario actuar por lo menos en minirreformas del Estado o de la concepción del manejo de los organismos estatales, lo pauta el Ec. Conrado Ramos, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, cuando en entrevista con El Observador reconoció que “dentro de lo público tienes que articular valores de derecho público, de democracia, políticos, sociales y económicos”, y evaluó que si bien “los sindicatos han hecho bien en estar atentos que no permeara solo la óptica privada, otra cosa es con ese argumento mantenerse en el status quo, que es donde yo creo Uruguay peca mucho, dado que se ha vuelto muy refractario para introducir cosas del
mercado al sector público”.
A la vez refiere a un aspecto crucial que incide directamente en la gestión del Estado, y es precisamente la elección de los jerarcas en las respectivas áreas, que por regla general responden a la confianza política y la ideología, incluso antes que a la formación e idoneidad. La incorporación de cuotas políticas, como hizo el expresidente Vázquez en su primer gobierno, en que distribuyó los ministerios entre los cabeza de sector dentro de la coalición de izquierdas, no asegura precisamente calidad de gestión ni capacidad de dirigir.
Ello tampoco lo asegura a partir del 1º de marzo, porque el futuro presidente Luis Lacalle Pou ha distribuido gran parte de los ministerios entre los partidos que lo han apoyado en el balotaje, y por lo tanto en gran medida les ha trasladado la responsabilidad de elegir supuestamente a los más capaces e idóneos a las dirigencias de los respectivos partidos socios del futuro gobierno.
Como tampoco es valedero hacer caudal del reparto por cuota de género, como tanto les importa a quienes centran todo el tema en esa supuesta igualdad, cuando de lo que se trata es de que haya capacidad y eficacia en la gestión, y da lo mismo que sean todas mujeres, todos varones, la mitad o el porcentaje que sea.
Una pista del escenario que tradicionalmente ha primado en esta problemática la da el propio Cr. Ramos al evaluar en esta entrevista que las falencias que suelen darse tienen que ver con “temas de competencia y capacitación. Si pones a dirigir en las principales áreas del Estado a gente que su principal mérito es ser militante, ¿por qué va a tener buena gestión?
Aunque lo hemos estudiado y en general los partidos políticos uruguayos no ponen a gente completamente ignorante sobre su cartera, tampoco ponen a los mejores. Se elige entre el pool de gente de confianza que se tiene. No lo quiero plantear como una antítesis entre política y gestión, sino que debería haber una mejor combinación, para que en algunos ámbitos predomine lo político con componentes de gestión. Y otros directamente despolitizarlos, como la Corporación Nacional de Desarrollo (CND), el IMPO, el LATU, las direcciones de los hospitales, las cárceles”.
Es decir, que en los hechos de lo que se trata en este aspecto es de más o menos seguir tirando con la mejor intención, al fin de cuentas, con el Estado que tenemos y una gestión que deja que desear, en un ámbito estatal en que no hay estímulos para superarse y sí para no hacer olas. Tampoco para innovar buscando la excelencia, porque incluso si hubiera esta mejor voluntad desde las cabezas, hay de por medio una burocracia paralizante, y no hay locomotora que pueda arrastrar un tren en el que los vagones están sobrecargados y frenados, o peor aún, tiran para atrás.
Para ser optimistas, podríamos decir que siempre hay espacio para mejorar la gestión, y que si se llevan adelante políticas de estímulo para la actividad privada, para la inversión, para la apertura comercial, para incentivar a los emprendedores, es posible obtener buenos resultados, a pesar del Estado que tenemos. Lo que no es poco decir, por cierto. → Leer más

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, auguró “marchas históricas y pacíficas” durante su administración, potenciadas por la Ley de Presupuesto que deberá votar el Parlamento el próximo año y la Ley de Urgente Consideración. En el último caso, las interrogantes pesan sobre su contenido y –ante los reiterados reclamos del Frente Amplio y el Pit Cnt– las consecuencias que tendrá con las movilizaciones callejeras.
Una vez finalizada la contienda electoral, abrió paso la etapa de las amenazas y agitación continua de dudas, bajo un semblante aleccionador de aquellos que no entendieron que la campaña electoral ya terminó. Porque quienes perdieron por ser negadores compulsivos de la realidad, padecen ahora del mismo problema. No hay forma de explicar, pareciera, que el sufragio en Uruguay es la voluntad ciudadana y soberana, cuyo resultado se respeta. Y se respeta a pesar del enojo por quedar fuera del poder, después de 15 años con mayorías para resolver en torno a algunos asuntos que ahora reclaman con vehemencia.
Anteponen la fuerza y el grito para la tribuna, al respeto a las urnas que hablaron en forma serena. Hasta no hace muchos días, la agitación y la ansiedad que les generaba el inminente retiro, los mantuvo inquietos después del domingo 24 de noviembre. Pero aquella –de no reconocer resultados– y ésta –en estado continuo de anuncios– son actitudes a las que tendremos que acostumbrarnos.
Ya lo anunció el senador electo, Oscar Andrade. En el próximo período y desde la oposición, guiarán la discusión política hacia los sectores vulnerables de la población, que permanecen tan vulnerables y en los mismos lugares de vulnerabilidad después de tres períodos. Sin embargo, se lo van a cobrar al próximo gobierno porque ya se encuentran trabajando para ser oposición aún sin asumir en el Parlamento. Porque es, desde ese lugar, donde la fuerza política se maneja como pez en el agua.
Hoy no es posible definir el estilo que llevarán adelante. A juzgar por las declaraciones del legislador electo, “depende de la contraparte. Si es salvaje el ajuste, va a haber una respuesta social muy fuerte”.
Y como escenarios de alta conflictividad, manejó la posibilidad de una fuerte reestructura del Estado que no toque a las Fuerzas Armadas o una reforma social que afecte a los trabajadores, menos a los militares. Así definió a la “respuesta social muy fuerte”.
Incluso fue por más: “Si la coalición multicolor elige radicalizar la situación, hay que tener una respuesta política. No podés quedar perplejo, para ese escenario tenés que tener respuesta política, porque si no, te lleva puesto. Y ahí vas a tener un escenario de respuesta social sin alternativa, tipo Chile”. Y la respuesta “tipo Chile” tiene mártires, entre sus muertos y heridos con discapacidades permanentes bajo un escenario convulsionado que aún no está resuelto. La pregunta es si esa opinión es por extensión la de su fuerza política. Si así fuera, no son tan impensadas las revueltas con infilitrados dispuestos a todo.
Hace rato que la ciudadanía quiere dejar de lado la confrontación y arribar a acuerdos a través del diálogo certero. Pero los nostálgicos de otros tiempos prefieren que hablen las molotov y los enfrentamientos con la fuerza pública para crear mártires que después engalanen las pancartas callejeras y sirvan de sustento a nuevas marchas.
Aún sin asumir, le adjudican responsabilidades sobre la denominada agenda de derechos y recortes presupuestales, que alguien en algún momento deberá concretar porque, en cualquier caso, tendrán que enfrentarse al alto déficit fiscal. Un déficit tan alto que Uruguay no registraba desde hacía 30 años, con la paradoja de un escenario económico favorable que permitía la aplicación de las denominadas políticas contracíclicas.
Pero los agitadores de ahora son los mismos que no se movilizaron antes contra la mala gestión de los entes del Estado, ni el mal manejo de las arcas públicas. Y todas tienen nombre propio: Ancap, Antel Arena, Envidrio, Pluna, Alas U, Gas Sayago y otras, cuyos recursos asignados con absoluta discrecionalidad permitieron que hoy nos encontremos con un panorama económico incierto. Los mismos que dicen que “la lucha es ahora”, tuvieron tres quinquenios en sus manos, con mayorías absolutas para defender a las empresas estatales. Pero se juntan ahora y con una postura defensiva, le anuncian al próximo gobierno que estarán en la primera línea de la resistencia. La justicia social, que no amparó a jóvenes pobres y desempleados (casi 25% menores de 22 años), será la mochila que harán cargar al próximo gobierno. O la agenda de derechos, que no alcanzó para las cárceles superpobladas que tienen altos índices de homicidios intracarcelarios. Ni alcanzó tampoco con la regulación del mercado del cannabis, que era un invento para sacarle los consumidores al narcotráfico y, lejos de disminuir, se potencia con la llegada de nuevos perfiles delictivos.
Pero los números rojos no importaron. El gasto continuó y con ella, la denominada “consolidación fiscal” que tampoco mejoró el déficit. Eso no habla de seriedad ni de responsabilidad institucional, a pesar de las descripciones circunstanciales que repetían en las conferencias de prensa.
Y el gobierno que asumirá el 1º de marzo deberá hacerse cargo, de lo contrario, tendrá mayores dificultades que las gestiones anteriores. Porque un déficit cercano al 5% no habla de una “casa en orden” ni la panacea descrita durante los actos de campaña del oficialismo. Fuimos un país que gastó por encima de lo que recaudó y quienes ahora reclaman, nunca pidieron explicaciones por eso.
Fuimos un país que vio títulos universitarios donde no existían por el solo hecho de amparar a un delfín que querían promover como el sucesor de Tabaré. Que truchó remates, que defendió dictadores y dictaduras por afinidad ideológica y por negocios que nunca quisieron investigar. Y todo lo hicieron esos mismos que ahora se presentan como defensores de la cosa pública. En todos los casos, la historia y el archivo no los absolverá. → Leer más

La preocupación por las mutaciones que está sufriendo el empleo en el mundo alcanza dimensiones globales, tanto es así que desde agosto de 2017 existe en la Organización Mundial del Trabajo, (OIT), una Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que en enero de este año, en el marco del centenario de la organización, presentó un informe titulado “Trabajar para un futuro más prometedor” en el que abordó profundamente la temática.
Se trata de un enfoque esencialmente optimista respecto a las transformaciones que se avecinan y que considera a su vez, inevitables. Y es optimista porque lo plantea como una oportunidad de realizar un nuevo contrato social. “Nos esperan innumerables oportunidades para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir los estragos causados por las desigualdades a nivel mundial y mucho más. Sin embargo, nada de ello ocurrirá por sí mismo. Sin esas medidas enérgicas, nos dirigiremos a un mundo en el que se ahondarán las desigualdades e incertidumbres existentes”, presenta el informe.
Pese a ello reconoce que en el proceso habrá sufrimiento, puesto que “los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades”. Además advierte que “las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos de mañana” y que para colmo de males “las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente”.
Entre las posibilidades que el informe menciona en su estrategia para aprovechar favorablemente este cambio en el tablero laboral, indica que “la ecologización de nuestras economías creará millones de puestos de trabajo a medida que adoptemos prácticas sostenibles y tecnologías limpias; en cambio, otros puestos de trabajo desaparecerán cuando los países vayan reduciendo progresivamente sus industrias basadas en el carbón y en el uso intensivo de los recursos”. La comisión concluyó también que el aumento de la población juvenil en algunas regiones del mundo y el envejecimiento de la población en otras “pueden ejercer presión sobre los mercados de trabajo y los sistemas de la seguridad social”, lo que abrirá oportunidades en las áreas de los cuidados y la inclusión.
La propuesta de este equipo se resume en un programa que incluye tres recomendaciones generales, que desagrega en varios puntos más específicos. La primera de estas recomendaciones es “Aumentar la inversión en las capacidades de las personas” y en lo específico convoca a priorizar “el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que permita a las personas adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarse profesionalmente”; del mismo modo sugiere aumentar “las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que presten apoyo a las personas a lo largo de las transiciones que entraña el futuro del trabajo”, además de aplicar programas para la igualdad de género y proporcionar protección social universal “desde el nacimiento hasta la vejez”.
La segunda recomendación refiere al aumento de la inversión en las instituciones del trabajo y en ese sentido aboga por garantizar la representación colectiva de los trabajadores y los empleadores, a través del diálogo social como bien público, promovido activamente a través de políticas públicas, lo que en Uruguay conocemos como Consejos de Salarios, un instrumento que el gobierno entrante dijo tener intenciones de preservar, aunque es de esperar que haya transformaciones, en función de los anuncios. En el mismo apartado menciona también la necesidad de encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente, algo que explica en la recomendación que se adopte “un enfoque de la inteligencia artificial ‘bajo control humano’ que garantice que las decisiones definitivas que afectan al trabajo sean tomadas por personas”.
Finalmente la comisión recomendó “incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible”, mediante la creación de incentivos para promover inversiones en áreas clave, además de “remodelar las estructuras de incentivos empresariales en pro de estrategias de inversión a largo plazo, y explorar indicadores suplementarios de desarrollo humano y bienestar”.
Pero más allá de estas generalidades, de las que podría pensarse que aún estamos lejos, en Uruguay ya están pasando cosas. En abril de 2018 El País se hacía eco de un informe de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), que se centró en un análisis de 135 sectores de actividad en función de seis variables: peso del sector público, producción o no de bienes transables (que pueden exportarse o importarse), nivel de competencia, barreras de entrada, peso de la masa salarial en los costos de producción y rol de los sindicatos, que determinan si las condiciones aceleran o enlentecen la incorporación de tecnología.
Este estudio se basó en una metodología aplicada por la Universidad de Oxford años antes (en 2016), que reveló que el 54% de los puestos estaban en riesgo. La IEEM consultó además a 567 de sus egresados que ocupan puestos directivos en empresas, para tener su visión sobre cada uno de los factores.
El informe reveló que un 57% de los empleos analizados “tienen alta probabilidad de ser sustituidos por tecnología” y señaló que además “existen estímulos a nivel local para que eso se concrete”. Según sus estimaciones, los comprendidos en esta situación eran entonces 915.000 trabajadores.
Según el estudio, la cría de ganado (y otras tareas en el ámbito agropecuario), que empleaban entonces a unas 56.000 personas, constituían el sector más expuesto.
“Es que se trata de una actividad con poco peso del Estado, en competencia tanto a nivel local como con el exterior, sin barreras para la entrada y con un sindicato que no va a obstaculizar los cambios”, planteaban.
Del mismo modo estaban en riesgo por la automatización “quienes trabajan en el comercio (al por mayor o al por menor)”.
En una franja de riesgo intermedio el estudio situó actividades como “la enseñanza, la construcción, el transporte de pasajeros o la reparación de maquinaria” (entre otras), que sumaban entonces el 26% de los trabajos.
Entre los que menos deben preocuparse por el avance de la sustitución de tareas aparecen en este informe actividades como el diseño, medicina (y afines), jurídica y oficios, como los electricistas y otros.
En un planteo general explican que “Cuanto más orientado a ejecutar esté tu trabajo, más en problemas estás, y cuanto más orientado a pensar y resolver problemas, más protegido”.
Con estos elementos sobre la mesa, sumado a otras incertidumbres más coyunturales, como la situación económica y política en la región, el próximo gobierno deberá medir cuidadosamente el uso del timón si no quiere perder una posición que –si bien no es la mejor de la historia– sigue siendo de mucha estabilidad, comparada con la realidad del resto del continente. Del mismo modo que se deben fortalecer herramientas como el Instituto de Empleo y Formación Profesional, (Inefop), que en un futuro de conocimientos volátiles, será clave para mantener actualizados y competentes a los trabajadores. → Leer más

En un convulso escenario regional y en medio de un frenazo económico global, con una Argentina fracturada socialmente y ante una situación económica extrema, el martes pasado asumió como nuevo presidente de ese país, Alberto Fernández, bajo la bandera del kirchnerismo y del peronismo, junto a la inefable Cristina Fernández como vicepresidenta.
Los desafíos del nuevo mandatario son enormes y, si se mantiene en la línea conciliatoria a tono con su discurso de asunción, podrían generarse cambios para mejor, para acortar “la grieta”, para achicar la pobreza, para generar empleo genuino. Sin embargo, hablamos de Argentina y, se vio con claridad en la transmisión televisiva del acto del martes, Cristina Fernández no tiene ningún interés en una reconciliación y esto es un punto de preocupación.
Alberto Fernández asumió la Presidencia con un llamado a la unidad para superar “el muro del rencor y del odio entre argentinos” y con el foco en aliviar la grave crisis económica, paliar la pobreza y renegociar la deuda que asfixia este país. En medio de ovaciones y la marcha peronista, Fernández recibió la banda y el bastón presidencial de manos de Mauricio Macri, el primer mandatario argentino no peronista que termina su mandato desde el retorno de la democracia en 1983.
Argentina se dirige hacia tiempos de mucha incertidumbre, y la unidad política es la base sobre la cual sostener cualquier estrategia que pretenda algún tipo de éxito. Alberto Fernández, a diferencia de Macri hace cuatro años, no se anduvo con vueltas a la hora de describir la actual situación del país, con una pobreza del 40% y de una economía a la deriva al borde de la quiebra.
Tan realista fue el nuevo presidente que dejó en claro que Argentina, aunque tiene la voluntad de pagar las deudas con los acreedores, no posee recursos para hacerlo. Un mensaje un tanto peligroso teniendo en cuenta los antecedentes de los argentinos respecto a la actitud peronista de que el impago es un acto de patriotismo. Alberto Fernández no está en esa línea, pero quizá pudo haber matizado un poco esas palabras; los mercados desconfían y mucho de Argentina.
“Tanto el gobierno como los organismos financieros internacionales han de tener un límite que no debe ser sobrepasado. Argentina no puede volver a convertirse en un país expulsado del sistema, con las líneas de financiación cerradas y con una clase media –factor de estabilidad y progreso del país– cada vez más empequeñecida y empobrecida. Se pueden discutir los mecanismos para que la situación revierta, pero no a costa de que Argentina vuelva a ser apartada, ni de que los argentinos carguen el pesado fardo de una situación que no merecen”, asegura un certero análisis del diario El País de Madrid.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró el jueves “respaldar plenamente” los planes de Alberto Fernández de fortalecer la protección social contra la pobreza, aunque advirtió que necesita “detalles” sobre las “prioridades” del nuevo gobierno de cara a la modificación del programa de asistencia.
“Ha habido un buen número de discusiones con las autoridades argentinas, conversaciones constructivas”, dijo el portavoz del Fondo, Gerry Rice, durante su rueda de prensa quincenal. Según datos del gobierno saliente, Argentina acumula una deuda pública total de 314.315 millones de dólares, de los que casi 44.000 corresponden al préstamo de 56.300 millones aprobado el año pasado por el FMI.
Pero hay otros puntos que dejan más incertidumbre y generan preocupación. Como la referencia de Alberto Fernández a la justicia durante su discurso de asunción, un momento muy aplaudido por su hinchada. En ese instante, el flamante mandatario se refirió a la reforma de la justicia que impulsará su gobierno para que “nunca más” haya una justicia que “decida y persiga según los vientos políticos del poder turno”. Fernández consideró que en los últimos años se ha producido un deterioro judicial y se han visto “persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática”.
El mandatario indicó que quiere “una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes”, y recalcó que no quiere que “haya impunidad ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes” por lo que anunció el envío de un conjunto de leyes al Parlamento para reformar la Justicia.
En los últimos años, la propia Cristina Fernández, investigada por la Justicia por diversas causas de corrupción, ha sostenido que es víctima de “una persecución política” por parte del anterior gobierno de Macri. Todo hace sospechar que las palabras del actual presidente apuntan a blindar a la exmandataria de una cantidad de causas, entre ellas por corrupción y enriquecimiento ilícito.
La figura de por sí de la viuda de Néstor Kirchner es esencialmente peligrosa. Su escaso apego a la legalidad, sus maneras chabacanas y ordinarias, su mentalidad revanchista y su odio perenne a todo lo que no sea peronismo, pueden llevar a pensar que ella será el poder en la sombra. Ya el martes le robó el protagonismo al otro Fernández con los desplantes a Macri. Es un vínculo para seguir muy de cerca. → Leer más

Aunque no fue caballito de batalla de ninguno de los partidos que comparecieron en las recientes elecciones nacionales, la problemática de la seguridad social y sobre todo su financiación de cara al futuro es un factor omnipresente cuando hablamos de los recursos del Estado.
El que se le haya soslayado en la campaña tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un “llamador” de votos, por el contrario habrá que establecerse correctivos que no van a resultar simpáticos, porque cuando hay que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro, siempre hay damnificados, o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que hay consenso en que las respuestas necesariamente tienen que pasar por un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema.
Por lo pronto, debemos partir de la base de que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
En este sentido, considerando solamente los índices de natalidad y mortalidad, según un estudio del Banco de Previsión Social, nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 –cuando tampoco estábamos entre los de mayor índice ni mucho menos– a una estimación de 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se estima en 9,21 para 2020.
Vienen a cuento en este análisis aportes formulados por Guillermo Tolosa, director ejecutivo del instituto de estudios económicos Ceres, en El Observador, quien considera que entre los desafíos que tiene por delante Uruguay figura la necesidad de un ajuste fiscal, y en este sentido el economista sostuvo que el “gran elefante blanco” que tiene el Estado uruguayo es la seguridad social –que implica un 35 por ciento del gasto estatal– teniendo en cuenta el elevado gasto en jubilaciones y pensiones.
Dijo que este gasto incluso es elevado en la comparativa internacional respecto a países de estructura demográfica semejante, al punto que se duplica en promedio respecto a otros y consideró que “es un esfuerzo que está haciendo la sociedad uruguaya que tiene consecuencias positivas. No es un despilfarro y todos deberíamos estar orgullosos”.
Empero, destacó que desde 2008 el gasto en seguridad social aumentó un 70 por ciento, lo que equivale a un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en infraestructura el incremento fue del 0 por ciento.
Para el ejecutivo, aunque el Uruguay alcanza niveles excelentes en cobertura, suficiencia del sistema e indicadores sociales para los adultos mayores de los mejores en el mundo, en la actualidad los niveles de gastos en el sector son similares a los previos a la reforma de 1996 y ha ido “en peligroso aumento”.
Y aquí debemos situarnos nuevamente en el aspecto demográfico como uno de los elementos a tener en cuenta: un menor número de nacimientos y la mayor expectativa de vida significa inequívocamente que estamos ante un envejecimiento de la población que implica desafíos a los que, contrariamente a lo que ocurre por ejemplo en los países desarrollados, se llega con disponibilidad de recursos muy menguados y coberturas que dejan que desear en diversas áreas relacionadas sobre todo con la seguridad social, con la productividad y con los requerimientos de recursos humanos y materiales.
Esto no un tema nuevo ni mucho menos, sino que refiere a una problemática que desde hace mucho tiempo debería estar recurrentemente en la mesa de trabajo, pero que a menudo se soslaya por los actores políticos.
Pero por más que se da vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando en lo que refiere al apoyo para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
El Economista Tolosa señala por su lado que como contrapartida a la inversión social, también ocurre que la totalidad de gastos en adultos mayores que debe cubrirse con Rentas Generales –por encima del ingreso del sistema– equivale al 7 por ciento del PBI, superando en más del 40 por ciento los gastos en niñez y adolescencia, incluyendo educación.
Apuntó que esta asimetría ha implicado una desigual asignación intergeneracional de recursos, dado que la pobreza en adultos mayores bajó en mayor ritmo que la de los niños, y destacó que el aumento en el gasto de la seguridad social se dio principalmente por el ajuste que se aplica a las pasividades por Índice Medio de Salarios “aunque la reforma de 2008 y otras medidas administrativas también tuvieron efecto”.
Se preguntó si la sociedad uruguaya ha pasado a ser un modo de transferencia de ricos a pobres o de jóvenes a adultos mayores, y evaluó que ante el aumento de salario real en el período, quien se ha jubilado en 2004 promedialmente obtiene 1,4 veces más como pasivo que en su vida activa.
Esto tiene sus consecuencias en la financiación, reflexionó, y dijo que se necesita una reforma que incorpore de mayor forma a los adultos mayores a la sociedad, no excluyendo la posibilidad de que puedan trabajar a tiempo parcial para generar ingresos durante su jubilación, sin excluir nuevos elementos, desde la política fiscal o la mecánica de la indexación, respetando la Constitución, de forma de buscar garantizar la sustentabilidad del sistema.
Lamentablemente, como bien consigna Tolosa, cuando a una sociedad le va bien como se dio en Uruguay entre 2005 y 2015, es bueno compartir esa bonanza entre activos y pasivos, sin que tenga impactos en el déficit fiscal, pero este déficit empeoró desde 2015 a 2018 en el 1 por ciento, solo por seguridad social.
De todas formas, con una relación activo-pasivo que dista de ser la ideal y con este ritmo de envejecimiento poblacional, las decisiones no pueden postergarse. El sistema político debería buscar soluciones y compartir los costos políticos que inevitablemente surgirán como consecuencia de los correctivos.
Y ello debe enmarcarse en un entendimiento político interpartidario sin excepciones, ante un desenlace que desembocará en un futuro más o menos cercano, y del que todos los involucrados con poder de decisión y responsabilidades deben hacerse cargo llegado el momento. → Leer más