Opinión

Para el 2020, la creatividad será la tercera habilidad más buscada (después del manejo de datos en la nube y → Leer más

Dos noticias desde distintas procedencias, una de índole interna, y otra de origen internacional, tienen sin embargo en común el contribuir a insuflar cierto optimismo de cara al futuro para nuestro país, más allá del cambio de gobierno a partir del 1º de marzo, un factor que siempre implica expectativas nuevas en todo tiempo.
Así, por un lado se supo que tras cinco trimestres de estancamiento, la economía uruguaya creció 0,6% en el tercer trimestre frente al período previo, en tanto el crecimiento en el tercer trimestre fue del 0,9 por ciento, si lo comparamos con el mismo período del año pasado. A su vez, comparado con el segundo trimestre de 2019 (medición desestacionalizada), el Producto Bruto Interno Bruto (PBI) creció 0,6%, según se desprende del Informe de Cuentas Nacionales publicado el martes por el Banco Central de Uruguay (BCU).
Tenemos que en el primer trimestre la medición desestacionalizada había bajado 0,1%, y en el segundo trimestre había crecido 0,3%. Si se toma esta medición, la economía uruguaya retomó el crecimiento en julio-setiembre tras cinco trimestres estancada. A su vez, si se toman los 12 meses cerrados a setiembre, el PBI creció 0,3% respecto al mismo período de 2018, según la estimación de la consultora Grant Thornton.
Teniendo en consideración el crecimiento registrado durante el último trimestre del 2018 hasta el tercer trimestre de este año, y aún si la economía no creciera en lo que resta del año, se asegura un piso de expansión de 0,59% (de acuerdo al efecto de arrastre estadístico).
Las cifras indican a su vez que en términos nominales, el PBI totalizó U$S 56.712 millones en los últimos 12 meses, mientras que en el año a fin de setiembre de 2018 era U$S 60.252 millones. La medición en dólares del último año se vio afectada a la baja dado que el tipo de cambio promedio subió un 11,22% en el período considerado.
Claro, tampoco estamos hablando de tasas asiáticas ni nada que se le parezca, y según indicó a El País el economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema, los datos de la actividad económica del tercer trimestre no representaron “mayores sorpresas” y mencionó que “ratifican que el crecimiento 2019 de Uruguay se ubicará en torno a 0,5%”.
Incluso, indicó que “el crecimiento de 0,6% de Uruguay en el tercer trimestre (versus el segundo) estuvo en línea con los mostrados por Argentina (+0,9% informado el lunes), Brasil (+0,6%) y el mundo (+0,75%)”.
Otros analistas también evalúan que las cifras mostraron una aceleración moderada de la actividad económica en el tercer trimestre del año, y que los datos estuvieron en línea con lo que habían sugerido distintos indicadores adelantados de la actividad y en consonancia con cierta mejora de expectativas constatada tanto a nivel de los consumidores como de los empresarios.
En cuanto a los orígenes de este pequeño repunte, se ha registrado una leve mejora en la actividad comercial que estuvo atada a la recuperación de expectativas de los consumidores, un mayor dinamismo en otros servicios, conjugado con el desempeño de la industria manufacturera, a instancias de mayores niveles de actividad en celulosa, refinería y alimentos diversos.
Por supuesto, estos “brotes verdes” como se les suele llamar no indican que estamos ante una recuperación por mejora estructural en la economía ni nada por el estilo, sino que responden a factores coyunturales, porque subsisten los graves problemas de competitividad, de altos costos de producción de bienes y servicios, debido a los exorbitantes valores de la energía, tarifas y componente salarial, cargas sociales y carga impositiva, que nos dejan en inferioridad de condiciones frente al mundo. Ello es agravado por el hecho de que Uruguay prácticamente no ha suscripto tratados de preferencias arancelarias con países en los que podríamos ingresar con menores costos de aranceles, aún teniendo en cuenta nuestra baja competitividad.
Como es sabido, en economía existen ciclos, y el comportamiento o nota de un gobierno tiene mucho que ver con la capacidad de anticiparse o asimilar los ciclos, es decir contar con discernimiento y sentido común para disponer de un margen de ahorro en la época de las vacas gordas para tener capacidad de maniobra cuando el ciclo se revierta, como se ha dado a partir de 2014, solo que el gobierno del Frente Amplio desarrolló por motivos ideológicos una política económica procíclica e hizo crecer el gasto en época de bonanza, lo que hizo crujir la economía cuando se llegó a la meseta y al estancamiento.
Hablando de ciclos, es precisamente oportuno destacar que se insinúa en el horizonte un elemento positivo para nuestro país y la región productora de commodities y escaso valor agregado: se manifiesta una tendencia mundial al alza del precio de los alimentos, precisamente en aquellos rubros en los que el país tiene ventajas comparativas para producir.
Así, tenemos que en noviembre el índice de precios de la FAO alcanzó su máximo de los últimos dos años, impulsado por la carne (afectada por la peste porcina en China) y el aceite. Asimismo un informe del Banco Nomura alerta que la era de los precios bajos podría llegar a su fin por el alza de la demanda y restricciones a la oferta que impulsarán los costos en los próximos años.
Debe tenerse presente que en cuanto a ciclos, los alimentos llevan años vendiéndose en mínimos históricos, situándose en aproximadamente un 45 por ciento por debajo de la media de los últimos 120 años. El punto es que se están dando incipientes cambios en los mercados mundiales, que los observadores catalogan como una mezcla de tendencias de fondo y de causas coyunturales que calientan el mercado, hasta alcanzar el último mes el máximo en dos años.
Es decir que salvando las distancias, se podría dar una situación como el viento de cola –ojalá– que se dio por más de una década a partir de 2004, lo que podría significar un contundente paliativo para muchas de nuestras desventuras y un punto de partida interesante para comenzar a revertir el proceso de deterioro de los últimos años.
Tampoco es cosa de confundir deseos con realidad: El economista y director de Equipos, Alejandro Cavallo, señaló a través de Twitter que “el consumo privado se aceleró en forma notoria en el tercer trimestre, tal como esperábamos”. Asimismo, indicó que “parte de la mejora es atribuible al ciclo electoral” y que en los próximos meses se evaluará “qué tan importante fue este efecto y, por ende, qué tan duradera o efímera resultará la recuperación”.
No puede ignorarse, sin embargo, que con un déficit fiscal que supera el 5 por ciento del PBI, el Estado sigue llevándose cuantiosos recursos de nuestra economía, y que este costo es asumido íntegramente por el emprendedor, la actividad privada, que es la única apuesta posible para un crecimiento genuino y sostenible.
Pero si tomamos como válidas –o por lo menos esperanzadoras– expresiones del economista Santiago Rego, en el sentido de que “lo importante” es que la inversión privada “dejó de caer” y que “a pesar del entorno desafiante, la economía empieza a salir del estancamiento”, hay buenas razones para considerar que lentamente podríamos estar ingresando en tiempos mejores. Crucemos los dedos para que así sea. → Leer más

Más allá de las críticas que cualquiera puede hacerle a esta potencia, Estados Unidos posee una de las democracias más plenas de este planeta. Al punto de que el presidente pueda ser, siguiendo los pasos necesarios y si así amerita, llevado a juicio político, como está sucediendo en estos momentos con su actual mandatario, el republicano Donald Trump.
Las consecuencias que pueden desencadenar este proceso si llega a término –es decir, que Trump pueda ser destituido– no están claras porque las posibilidades de que los demócratas tengan éxito tampoco son fehacientes. El espectáculo sí brinda una realidad de puja política en un país como Estados Unidos, con todo lo que eso significa. Además, a Trump no lo cambiará un “impeachment”, como se le llama el juicio político a un presidente en su país: no variarán sus políticas migratorias ni su postura frente a China, por ejemplo.
Lo que sí logró la oposición demócrata, que llevó a este punto al presidente por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, fue molestar y dejar marcado a Trump, el tercer mandatario en ser sometido a un “impeachment” después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998.
El analista internacional Raúl Sohr explicó que en Estados Unidos la Cámara de Representantes es la encargada de realizar la investigación y el Senado actúa como jurado. El quórum es de dos tercios: “Si vas a sacar a un presidente de la República, no es un trámite sencillo”. En el Senado, el Partido Republicano cuenta con mayoría –53 de los 100 escaños–, por lo que se prevé que la acusación sea rechazada. “Este es un ritual que está siguiendo su camino, pero los demócratas saben que de todas maneras lograron rayarle el auto a Trump”, dijo Sohr, y agregó que “esto te queda en tu currículum”.
Ahora lo que hay que preguntarse es cómo influirá el juicio político en la campaña electoral para la Presidencia que tendrá lugar en noviembre de 2020 y en la que Trump buscará la reelección. A primera vista, este juicio político debería debilitar la imagen de Trump, pero lo más probable es que pase lo contrario. Sus seguidores –muchos de ellos muy activistas– observan en Trump un gran líder que un “impeachment” no cambiará.
Este tema viene de lejos. Los demócratas han hablado de someter a Trump a un juicio político desde que el presidente llegó al poder hace tres años tras una polémica campaña en la que, según la inteligencia estadounidense, recibió el apoyo de Moscú.
Al principio del mandato, los demócratas tenían sus esperanzas puestas en la investigación que lideró durante dos años el fiscal especial Robert Mueller para buscar nexos entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin, pero esta terminó sin resultados concluyentes contra el mandatario. Pero cuando los demócratas ya se habían resignado y veían los comicios de 2020 a la Presidencia como la única forma de sacar a Trump del poder, una filtración en setiembre desde el interior de la Casa Blanca sobre un controvertido favor que el mandatario pidió a Ucrania reactivó el proceso.
Ahora, en el fondo de este proceso habría que preguntarse qué le conviene más a Estados Unidos en este momento: definir si lo más importante es destituir a un presidente, o definitivamente, no destituirlo. Este es precisamente el gran dilema de este proceso de “impeachment”, en el que los demócratas pueden quedar como irresponsables y que luego la población se las cobre en las elecciones.
Y, vaya paradoja, el apoyo de la opinión pública al presidente estadounidense aumentó en un 6% con el anuncio del juicio de destitución. Según la última encuesta de Gallup, empresa de análisis y asesoría, el respaldo a Trump se incrementó con el comienzo del proceso. Además, entre los republicanos, el 89% apoya a Trump. Eso sí, el pueblo estadounidense tiene una diferencia de opinión sobre la destitución de Trump: el 51% de quienes participaron en la encuesta se oponía a la destitución de Trump mientras que el 46% estaba a favor.
Fiel a su estilo, mientras los congresistas votaban los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, Trump pronunciaba un discurso ante decenas de miles de simpatizantes. “A través de sus acciones depravadas de hoy, los locos demócratas de Nancy Pelosi se han señalado con una marca eterna de vergüenza”, afirmó el presidente, que dedicó gran parte de su acto a criticar a la oposición y defenderse de las acusaciones.
Trump advirtió que “el Partido Republicano nunca ha estado tan afrentado pero unido como ahora” y avanzó que los senadores conservadores “harán lo correcto” durante el juicio político. “Todo va a terminar pronto y con una gran victoria”, añadió muy confiado el presidente, al asegurar que el proceso que inició esta semana supone “una marcha suicida para el Partido Demócrata”.
El mandatario, que gusta bordear el límite en casi todas las cuestiones y utilizar un lenguaje punzante, irónico y por momentos hiriente, seguramente seguirá sentado en el salón oval de la Casa Blanca, manejando los hilos de su nación y de buena parte del mundo. El “impeachment” es un arañazo a un hombre impulsivo y reactivo, sobre el que pesan acusaciones graves. Todo esto sí deja una enseñanza: el hecho de tener un marco real de sentar en el banquillo de los acusados al propio presidente. → Leer más

En las últimas décadas Uruguay ha incrementado notoriamente su área boscosa debido a la actividad forestal, que se ha sumado a los montes nativos existentes en diversas partes del país. En este sentido, la prevención de incendios resulta un tema de primer orden dado que un descuido o negligencia puede poner en riesgos vidas humanas y generar millonarias pérdidas económicas.
Esta expansión ha hecho que más zonas del país se tapicen con este cultivo, rodeando en muchos casos poblaciones y viviendas aisladas, por lo cual además de la prevención a nivel empresarial, la activa información y participación de las comunidades en la prevención es un tema importante.
No obstante, los incendios forestales en general no se desarrollan con gran impacto en las áreas de bosques cultivados para la industria forestal sino en las zonas costeras, como suele ocurrir –con distinta intensidad– cada verano.
A nivel de las empresas forestales, la legislación existente asegura el control. Desde su origen a fines de los años 80, la Ley Forestal ayudó a que la actividad del sector naciera muy regulada, lo que resulta una ventaja a la hora de prevención de incendios.
En este sentido, existen normas estrictas que deben cumplir las empresas tanto en lo que refiere a la limpieza de los perímetros de sus plantaciones, así como en el diseño de éstas ya que la ley no permite áreas mayores a 50 hectáreas continuas de plantaciones.
Además se deben dar cumplimiento a otros requisitos como cortafuegos, caminería, cursos y reservas de agua, entrenamiento del personal así como otras medidas de prevención activas. A esto se agrega en muchos casos las propias exigencias de mercado de la madera y celulosa en lo que refiere a certificaciones ambientales y de calidad, que son sumamente exigentes también con respecto al manejo de las plantaciones.
La semana pasada la Sociedad de Productores Forestales (SPF) realizó el lanzamiento del Plan contra incendios forestales 2019 – 2020, declarado de interés por el Sistema Nacional de Emergencias.
El mismo está coordinado por la referida sociedad y un comité técnico con representantes de diferentes compañías quienes diseñan la estructura, dimensión del mismo y definen los recursos a emplear. Participan del proyecto 110 empresas asociadas a la SPF y en su edición 2019 – 2020 el plan logrará la cobertura de 800.000 hectáreas protegidas efectivas, involucrando a más de 100 trabajadores de España, Chile y Uruguay, lo que significa un gran esfuerzo y una inversión de 2,5 millones de dólares aproximadamente.
En paralelo, también es importante el trabajo preventivo de distintos organismos públicos. Por ejemplo, desde hace varias temporadas el Sistema Nacional de Emergencias realiza limpieza de predios y construcción y mantenimiento de cortafuegos en las zonas de mayor riesgo de incendios, en el marco de un compromiso de trabajo entre las intendencias departamentales, la Dirección Nacional de Bomberos y el Instituto Nacional de Rehabilitación con la colaboración de personas privadas de libertad.
A su vez, las alertas tempranas se fortalecen a través de vuelos regulares para detectar posibles situaciones de riesgo, por parte de la Fuerza Aérea y Policía Aérea, y con colaboración de la sociedad de productores forestales.
El índice de riesgo forestal, de difusión diaria por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología, es un insumo de información importante para tomar decisiones en relación a diferentes actividades a cielo abierto por parte de empresas y productores, pero también debería ser tenido muy en cuenta por la población en general para extremar precauciones y minimizar riesgos.
Por otra parte, las situaciones locales se ven influenciadas por tendencias mundiales. En este sentido un elemento a tener en cuenta en los planes de monitoreo de incendios forestales es el cambio climático.
Aunque los datos regionales en este sentido son escasos, en noviembre del año pasado Estados Unidos publicó en su Cuarta Evaluación Nacional del Clima una serie de datos que explicaban la relación existente entre el aumento de incendios forestales y el cambio climático señalando que la continua emisión de gases de efecto invernadero en el mundo provocará que este tipo de incendios sean más frecuentes ya que el aumento de las de temperaturas ha provocado olas de calor más intensas, así como sequías severas que influyen al sumar mayor combustible vegetal seco y hacerlo más susceptible al fuego.
A pesar de esto y merced al gran esfuerzo del sector público privado y la sociedad civil, en Uruguay en los últimos años se ha logrado reducir significativamente el número de intervenciones por incendios forestales y de campo. Según datos de la Dirección Nacional de Bomberos, y a modo de ejemplo, en el verano de 2011 hubo un total de 5.010 intervenciones y en 2016 fueron 1.222.
Si bien los incendios forestales son un tipo de desastre que no ha tenido un alto nivel de ocurrencia en nuestro país, cada vez que ocurre uno suelen haber preocupantes pérdidas materiales y/o en los ecosistemas.
En definitiva, sigue siendo un tipo de desastre con gran riesgo potencial, fundamentalmente en las épocas de verano o sequía, razón por la cual desde principios de diciembre y hasta abril de cada año rige el denominado “Edicto del Fuego”. Esta medida tiene como fin prevenir los incendios forestales durante el verano, cuando la probabilidad de que ocurran aumenta debido a las altas temperaturas y la baja humedad, entre otros factores e incluye una serie de recomendaciones tales como mantener limpios y vigilados los predios arbolados, mantener limpias las calles cortafuegos (evitan la propagación del fuego), poner los restos de poda y hojarasca en lugares apropiados y nunca en terrenos baldíos, extremar la prudencia en el uso de fuegos artificiales evitando su uso por menores de edad, entre otras. En tanto, el incumplimiento de los reglamentos de policía de fuego podrá ser sancionado con multas que van de 10 a 200 UR (Unidades Reajustables), estableciéndose además penas de 12 meses a 16 años de cárcel para quien encienda una llama, poniendo en peligro la seguridad de personas o bienes de los demás, o lesionando sus derechos.
Son acciones sencillas sobre las cuales no se puede argumentar desconocimiento, medidas básicas de prevención que requieren una toma de conciencia de la peligrosidad que pueden tener comportamientos comunes como quemar basura o yuyos en baldíos, e incluso, el simple hecho de arrojar un cigarrillo encendido desde la ventanilla de un vehículo. El daño ecológico, económico y social de los incendios forestales y de campo es grave y suele permanecer durante años. En cambio, prevenir desde la conducta individual suele costar muy poco o nada. → Leer más

La multicausalidad del incremento del delito ha sido explicada hasta el paroxismo. En el debate han intervenido académicos, políticos, técnicos, asesores legales, intelectuales y antropólogos. Lo cierto es que las cifras mandan y aunque las explicaciones no sean simples, el problema es real y fue el caballito de batalla en la última campaña electoral.
Discutiendo el cambio en el perfil delictivo que obligó a la adopción de nuevas estrategias para su combate que, en ocasiones llegaron tarde y de atrás, hasta el balance penitenciario deficiente porque no rehabilita, ha pasado el efecto “Noviembre”. Las consecuencias sobre la aplicación del Nuevo Código de Proceso Penal, votado por todos los partidos y reclamado por todas las asociaciones que conforman los diversos operadores judiciales, tuvieron su cuota de protagonismo en el discurso oficialista.
Uruguay debió construir más cárceles porque ahora tiene más presos y los que ya estaban, vivían en condiciones deplorables de hacinamiento. Por eso, la mirada progresista, en este aspecto, cae por su propio peso. Porque los paradigmas trazados por esta ideología no se cumplieron y los derechos humanos, son una materia de referencia exclusiva al denominado “pasado reciente”.
Y porque el incremento de mayores efectivos, recursos tecnológicos, transformaciones internas y nuevas gestiones no alcanzaron.
Los delitos sexuales se incrementaron tremendamente. Montevideo lidera con el 18,8% de los casos, seguido por Canelones con 12,4%, Rivera con 10,9% y Paysandú con 8,9%. Todos los días se registran nuevas denuncias, con situaciones cada vez más complejas en su resolución. Las pericias psicológicas resultan lentas, ante la constatación de situaciones ocurridas en el ámbito familiar. Y las penas para los abusadores y violadores merecen un capítulo aparte. Solo diremos que la pena mínima para un abusador es de 8 meses y por violación de 2 a 12 años. Cuando ocurre una rapiña, se aplican penas de 4 a 16 años y los homicidios agravados de 10 a 30 años. Las penas por estos delitos son bajas, en tanto los efectos de los abusos sexuales pesarán sobre la víctima por el resto de su vida.
Pero el incremento se observa en todos los delitos, según el último balance presentado por el Fiscal de Corte, Jorge Díaz. En promedio, se denuncian unos 25.000 delitos por mes y hay 11.700 personas privadas de libertad. Hace algo más de 20 años, en 1997, había 4.117. Es decir que, el aumento es del 170%. Los datos oficiales eran conocidos en marzo pasado, con un 53,8% de crecimiento en las rapiñas y un 45,8% en los homicidios. La corrección vino unos meses después, en agosto, con la frase de un “aumento menor” de los delitos, en comparación con el año pasado. Las explicaciones corrían como reguero de pólvora porque a mayor explicación, se notaba un mayor enojo de la población. Y en esto no iba la “manija” de los medios de comunicación.
Después conocimos que en la región existía el poderoso e influyente Primer Comando Capital, que pasaba por encima de los sistemas de seguridad carcelarios y tendía redes del narcotráfico en cualquier punto del país.
Para cuando comenzó a actuar la justicia, ya había reclutado a 84 narcos, todos ellos con actuaciones en violentas rapiñas. Surgido en Carandiru hace cerca de treinta años, el comando actúa en la región y extiende sus tentáculos, desde los lugares que mejor conocen. Nacen dentro de las cárceles y las bandas desde afuera reclutan integrantes dedicados a obtener dinero para lo que sea. Secuestran personas, compran drogas y armas bajo el mejor sistema mafioso de la extorsión.
Calculan que en la región hay unos 40.000 delincuentes reclutados y en Brasil son los responsables de los grandes atracos y controlan el narcotráfico. Generan motines carcelarios que se extienden por varios días con asesinatos y ataques con explosivos que han llevado a la destrucción casi completa de los penales. Se especializan en tender puentes para el narcotráfico con rutas a África y Europa.
El referente de la banda en Uruguay tiene 10 antecedentes penales, entre los que se destacan homicidios, rapiñas y narcotráfico. Sin embargo con tamaño prontuario estaba libre al momento de consumar un atraco a un supermercado.
El nombre de Fernando Fabrasil comenzó a aparecer a comienzos de la década de 1990 con la muerte de un empresario de free shops y con el homicidio de un soldado durante un asalto a un local de pagos.
Ahora su nombre figura en la Agencia Brasileña de Inteligencia o ABIN y a través de escuchas telefónicas, la fiscalía pudo constatar que reclutaba nuevos integrantes, valorando especialmente sus antecedentes penales.
No es para asombrarse tanto porque Uruguay hace rato que se encuentra en el mapa de ruta del narcotráfico. Sin embargo, una vez constatada la salida de varias toneladas de cocaína por el puerto de Montevideo o por el aeropuerto de Carrasco, recién allí las autoridades resolvieron reforzar los controles. Solo la presión internacional y los grandes titulares para el mundo, nos ubicaron en la realidad.
A partir de allí, adoptaron un plan nacional de combate al tráfico de estupefacientes y al crimen en las fronteras, con trabajos de Inteligencia para mejorar los controles y la compra de un nuevo escáner.
La idea es mejorar la imagen del país, cuando ese bien en sí mismo debió ser el modus operandi de toda la estructura del país. Aunque sabían de la porosidad de nuestras fronteras, no se preocuparon. Y con esa displicencia, pasó lo que no debía pasar.
Era más o menos obvio que esa vulnerabilidad sería explotada por las redes y los cárteles latinoamericanos, en un continente signado por este flagelo. Con esta mochila comenzarán a cargar a partir del 1° de marzo, el equipo que encabezará Jorge Larrañaga, acompañado por Guillermo Maciel y Álvaro Garcé.
Aun si todo sale bien, los resultados no se verán en poco tiempo y quizás haga falta más de un quinquenio para poner la casa en orden y volver a creer que alguna vez fuimos un paraíso. → Leer más

Al cabo de quince años de gobierno del Frente Amplio, en los que ha contado con mayorías parlamentarias, no se ha avanzado prácticamente nada en la que fuera anunciada en su momento como la “madre de todas las reformas” del Estado en el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, y nada hace pensar que por mejores intenciones que se tenga, en el gobierno del Dr. Luis Lacalle Pou, que lo sucederá el 1º de marzo, pueda abordarse por la coalición de partidos este tema, cuando hay grupos de presión que siguen escudándose en el status quo para seguir medrando con más de lo mismo en la diversidad de las áreas del Estado.
Como es sabido, durante la primera administración del gobierno de la coalición de izquierdas, aquel ímpetu de reforma se fue diluyendo hasta quedar en la nada, es decir, solo en los anuncios, porque al decir del expresidente José Mujica, “no se la llevaron” los mayores aliados del Frente Amplio en el gobierno, los sindicatos y grupos radicales basados en ideologías de izquierda sesentistas, que lejos de acompañar el avance que por lo menos insinuó Vázquez, siempre trataron de ir hacia un Estado omnipresente que concentra todo el poder y rige vida y obra de los ciudadanos, incluyendo las libertades más elementales si se les permitía.
Tampoco “le llevaron” a Vázquez en el siguiente gobierno una anunciada reforma del “ADN” de la educación, y lejos de ello, aquellos dirigentes y formadores elegidos para llevar adelante este proceso, debieron renunciar en la primera de cambio porque también en el statu quo regido por los gremios de la educación no dejó hacer ningún cambio, alertados de que, en todo caso, podrían ser evaluados y por lo tanto condicionarse la afectación de recursos a los resultados que se obtuvieran.
Y los resultados están a la vista: serios problemas en el ámbito educativo, en formación, en la preparación de niños y jóvenes para los desafíos del futuro en el área del trabajo, de la actividad profesional, y consecuentemente, en un sistemático decaimiento de la calidad educativa, al punto que siempre se están demorando los informes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), porque no son del agrado de las autoridades.
El punto, además, es que el próximo gobierno asimismo sufrirá trabas de todo tipo impulsadas desde las organizaciones de docentes y estudiantes que se oponen sistemáticamente a todo cambio que de alguna manera pueda rozar sus intereses laborales, actividad, perfil ideológico y ámbito de confort en la educación, porque de esto además, sobran antecedentes.
Es que si no han dejado hacer siquiera al propio gobierno de izquierda, del que son en su mayoría compañeros de ruta, mucho menos puede pensarse que lo harán con un gobierno que está en otra sintonía, catalogado de “neoliberal”, por decir lo menos, en tanto que la excandidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, lo ponía como una lucha entre “oligarquía o pueblo”.
Una perspectiva de lo que cabe esperar o de la forma de trabajo en que es posible y necesario actuar por lo menos en minirreformas del Estado o de la concepción del manejo de los organismos estatales, lo pauta el Ec. Conrado Ramos, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, cuando en entrevista con El Observador reconoció que “dentro de lo público tienes que articular valores de derecho público, de democracia, políticos, sociales y económicos”, y evaluó que si bien “los sindicatos han hecho bien en estar atentos que no permeara solo la óptica privada, otra cosa es con ese argumento mantenerse en el status quo, que es donde yo creo Uruguay peca mucho, dado que se ha vuelto muy refractario para introducir cosas del
mercado al sector público”.
A la vez refiere a un aspecto crucial que incide directamente en la gestión del Estado, y es precisamente la elección de los jerarcas en las respectivas áreas, que por regla general responden a la confianza política y la ideología, incluso antes que a la formación e idoneidad. La incorporación de cuotas políticas, como hizo el expresidente Vázquez en su primer gobierno, en que distribuyó los ministerios entre los cabeza de sector dentro de la coalición de izquierdas, no asegura precisamente calidad de gestión ni capacidad de dirigir.
Ello tampoco lo asegura a partir del 1º de marzo, porque el futuro presidente Luis Lacalle Pou ha distribuido gran parte de los ministerios entre los partidos que lo han apoyado en el balotaje, y por lo tanto en gran medida les ha trasladado la responsabilidad de elegir supuestamente a los más capaces e idóneos a las dirigencias de los respectivos partidos socios del futuro gobierno.
Como tampoco es valedero hacer caudal del reparto por cuota de género, como tanto les importa a quienes centran todo el tema en esa supuesta igualdad, cuando de lo que se trata es de que haya capacidad y eficacia en la gestión, y da lo mismo que sean todas mujeres, todos varones, la mitad o el porcentaje que sea.
Una pista del escenario que tradicionalmente ha primado en esta problemática la da el propio Cr. Ramos al evaluar en esta entrevista que las falencias que suelen darse tienen que ver con “temas de competencia y capacitación. Si pones a dirigir en las principales áreas del Estado a gente que su principal mérito es ser militante, ¿por qué va a tener buena gestión?
Aunque lo hemos estudiado y en general los partidos políticos uruguayos no ponen a gente completamente ignorante sobre su cartera, tampoco ponen a los mejores. Se elige entre el pool de gente de confianza que se tiene. No lo quiero plantear como una antítesis entre política y gestión, sino que debería haber una mejor combinación, para que en algunos ámbitos predomine lo político con componentes de gestión. Y otros directamente despolitizarlos, como la Corporación Nacional de Desarrollo (CND), el IMPO, el LATU, las direcciones de los hospitales, las cárceles”.
Es decir, que en los hechos de lo que se trata en este aspecto es de más o menos seguir tirando con la mejor intención, al fin de cuentas, con el Estado que tenemos y una gestión que deja que desear, en un ámbito estatal en que no hay estímulos para superarse y sí para no hacer olas. Tampoco para innovar buscando la excelencia, porque incluso si hubiera esta mejor voluntad desde las cabezas, hay de por medio una burocracia paralizante, y no hay locomotora que pueda arrastrar un tren en el que los vagones están sobrecargados y frenados, o peor aún, tiran para atrás.
Para ser optimistas, podríamos decir que siempre hay espacio para mejorar la gestión, y que si se llevan adelante políticas de estímulo para la actividad privada, para la inversión, para la apertura comercial, para incentivar a los emprendedores, es posible obtener buenos resultados, a pesar del Estado que tenemos. Lo que no es poco decir, por cierto. → Leer más

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, auguró “marchas históricas y pacíficas” durante su administración, potenciadas por la Ley de Presupuesto que deberá votar el Parlamento el próximo año y la Ley de Urgente Consideración. En el último caso, las interrogantes pesan sobre su contenido y –ante los reiterados reclamos del Frente Amplio y el Pit Cnt– las consecuencias que tendrá con las movilizaciones callejeras.
Una vez finalizada la contienda electoral, abrió paso la etapa de las amenazas y agitación continua de dudas, bajo un semblante aleccionador de aquellos que no entendieron que la campaña electoral ya terminó. Porque quienes perdieron por ser negadores compulsivos de la realidad, padecen ahora del mismo problema. No hay forma de explicar, pareciera, que el sufragio en Uruguay es la voluntad ciudadana y soberana, cuyo resultado se respeta. Y se respeta a pesar del enojo por quedar fuera del poder, después de 15 años con mayorías para resolver en torno a algunos asuntos que ahora reclaman con vehemencia.
Anteponen la fuerza y el grito para la tribuna, al respeto a las urnas que hablaron en forma serena. Hasta no hace muchos días, la agitación y la ansiedad que les generaba el inminente retiro, los mantuvo inquietos después del domingo 24 de noviembre. Pero aquella –de no reconocer resultados– y ésta –en estado continuo de anuncios– son actitudes a las que tendremos que acostumbrarnos.
Ya lo anunció el senador electo, Oscar Andrade. En el próximo período y desde la oposición, guiarán la discusión política hacia los sectores vulnerables de la población, que permanecen tan vulnerables y en los mismos lugares de vulnerabilidad después de tres períodos. Sin embargo, se lo van a cobrar al próximo gobierno porque ya se encuentran trabajando para ser oposición aún sin asumir en el Parlamento. Porque es, desde ese lugar, donde la fuerza política se maneja como pez en el agua.
Hoy no es posible definir el estilo que llevarán adelante. A juzgar por las declaraciones del legislador electo, “depende de la contraparte. Si es salvaje el ajuste, va a haber una respuesta social muy fuerte”.
Y como escenarios de alta conflictividad, manejó la posibilidad de una fuerte reestructura del Estado que no toque a las Fuerzas Armadas o una reforma social que afecte a los trabajadores, menos a los militares. Así definió a la “respuesta social muy fuerte”.
Incluso fue por más: “Si la coalición multicolor elige radicalizar la situación, hay que tener una respuesta política. No podés quedar perplejo, para ese escenario tenés que tener respuesta política, porque si no, te lleva puesto. Y ahí vas a tener un escenario de respuesta social sin alternativa, tipo Chile”. Y la respuesta “tipo Chile” tiene mártires, entre sus muertos y heridos con discapacidades permanentes bajo un escenario convulsionado que aún no está resuelto. La pregunta es si esa opinión es por extensión la de su fuerza política. Si así fuera, no son tan impensadas las revueltas con infilitrados dispuestos a todo.
Hace rato que la ciudadanía quiere dejar de lado la confrontación y arribar a acuerdos a través del diálogo certero. Pero los nostálgicos de otros tiempos prefieren que hablen las molotov y los enfrentamientos con la fuerza pública para crear mártires que después engalanen las pancartas callejeras y sirvan de sustento a nuevas marchas.
Aún sin asumir, le adjudican responsabilidades sobre la denominada agenda de derechos y recortes presupuestales, que alguien en algún momento deberá concretar porque, en cualquier caso, tendrán que enfrentarse al alto déficit fiscal. Un déficit tan alto que Uruguay no registraba desde hacía 30 años, con la paradoja de un escenario económico favorable que permitía la aplicación de las denominadas políticas contracíclicas.
Pero los agitadores de ahora son los mismos que no se movilizaron antes contra la mala gestión de los entes del Estado, ni el mal manejo de las arcas públicas. Y todas tienen nombre propio: Ancap, Antel Arena, Envidrio, Pluna, Alas U, Gas Sayago y otras, cuyos recursos asignados con absoluta discrecionalidad permitieron que hoy nos encontremos con un panorama económico incierto. Los mismos que dicen que “la lucha es ahora”, tuvieron tres quinquenios en sus manos, con mayorías absolutas para defender a las empresas estatales. Pero se juntan ahora y con una postura defensiva, le anuncian al próximo gobierno que estarán en la primera línea de la resistencia. La justicia social, que no amparó a jóvenes pobres y desempleados (casi 25% menores de 22 años), será la mochila que harán cargar al próximo gobierno. O la agenda de derechos, que no alcanzó para las cárceles superpobladas que tienen altos índices de homicidios intracarcelarios. Ni alcanzó tampoco con la regulación del mercado del cannabis, que era un invento para sacarle los consumidores al narcotráfico y, lejos de disminuir, se potencia con la llegada de nuevos perfiles delictivos.
Pero los números rojos no importaron. El gasto continuó y con ella, la denominada “consolidación fiscal” que tampoco mejoró el déficit. Eso no habla de seriedad ni de responsabilidad institucional, a pesar de las descripciones circunstanciales que repetían en las conferencias de prensa.
Y el gobierno que asumirá el 1º de marzo deberá hacerse cargo, de lo contrario, tendrá mayores dificultades que las gestiones anteriores. Porque un déficit cercano al 5% no habla de una “casa en orden” ni la panacea descrita durante los actos de campaña del oficialismo. Fuimos un país que gastó por encima de lo que recaudó y quienes ahora reclaman, nunca pidieron explicaciones por eso.
Fuimos un país que vio títulos universitarios donde no existían por el solo hecho de amparar a un delfín que querían promover como el sucesor de Tabaré. Que truchó remates, que defendió dictadores y dictaduras por afinidad ideológica y por negocios que nunca quisieron investigar. Y todo lo hicieron esos mismos que ahora se presentan como defensores de la cosa pública. En todos los casos, la historia y el archivo no los absolverá. → Leer más

La preocupación por las mutaciones que está sufriendo el empleo en el mundo alcanza dimensiones globales, tanto es así que desde agosto de 2017 existe en la Organización Mundial del Trabajo, (OIT), una Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que en enero de este año, en el marco del centenario de la organización, presentó un informe titulado “Trabajar para un futuro más prometedor” en el que abordó profundamente la temática.
Se trata de un enfoque esencialmente optimista respecto a las transformaciones que se avecinan y que considera a su vez, inevitables. Y es optimista porque lo plantea como una oportunidad de realizar un nuevo contrato social. “Nos esperan innumerables oportunidades para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir los estragos causados por las desigualdades a nivel mundial y mucho más. Sin embargo, nada de ello ocurrirá por sí mismo. Sin esas medidas enérgicas, nos dirigiremos a un mundo en el que se ahondarán las desigualdades e incertidumbres existentes”, presenta el informe.
Pese a ello reconoce que en el proceso habrá sufrimiento, puesto que “los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades”. Además advierte que “las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos de mañana” y que para colmo de males “las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente”.
Entre las posibilidades que el informe menciona en su estrategia para aprovechar favorablemente este cambio en el tablero laboral, indica que “la ecologización de nuestras economías creará millones de puestos de trabajo a medida que adoptemos prácticas sostenibles y tecnologías limpias; en cambio, otros puestos de trabajo desaparecerán cuando los países vayan reduciendo progresivamente sus industrias basadas en el carbón y en el uso intensivo de los recursos”. La comisión concluyó también que el aumento de la población juvenil en algunas regiones del mundo y el envejecimiento de la población en otras “pueden ejercer presión sobre los mercados de trabajo y los sistemas de la seguridad social”, lo que abrirá oportunidades en las áreas de los cuidados y la inclusión.
La propuesta de este equipo se resume en un programa que incluye tres recomendaciones generales, que desagrega en varios puntos más específicos. La primera de estas recomendaciones es “Aumentar la inversión en las capacidades de las personas” y en lo específico convoca a priorizar “el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que permita a las personas adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarse profesionalmente”; del mismo modo sugiere aumentar “las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que presten apoyo a las personas a lo largo de las transiciones que entraña el futuro del trabajo”, además de aplicar programas para la igualdad de género y proporcionar protección social universal “desde el nacimiento hasta la vejez”.
La segunda recomendación refiere al aumento de la inversión en las instituciones del trabajo y en ese sentido aboga por garantizar la representación colectiva de los trabajadores y los empleadores, a través del diálogo social como bien público, promovido activamente a través de políticas públicas, lo que en Uruguay conocemos como Consejos de Salarios, un instrumento que el gobierno entrante dijo tener intenciones de preservar, aunque es de esperar que haya transformaciones, en función de los anuncios. En el mismo apartado menciona también la necesidad de encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente, algo que explica en la recomendación que se adopte “un enfoque de la inteligencia artificial ‘bajo control humano’ que garantice que las decisiones definitivas que afectan al trabajo sean tomadas por personas”.
Finalmente la comisión recomendó “incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible”, mediante la creación de incentivos para promover inversiones en áreas clave, además de “remodelar las estructuras de incentivos empresariales en pro de estrategias de inversión a largo plazo, y explorar indicadores suplementarios de desarrollo humano y bienestar”.
Pero más allá de estas generalidades, de las que podría pensarse que aún estamos lejos, en Uruguay ya están pasando cosas. En abril de 2018 El País se hacía eco de un informe de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), que se centró en un análisis de 135 sectores de actividad en función de seis variables: peso del sector público, producción o no de bienes transables (que pueden exportarse o importarse), nivel de competencia, barreras de entrada, peso de la masa salarial en los costos de producción y rol de los sindicatos, que determinan si las condiciones aceleran o enlentecen la incorporación de tecnología.
Este estudio se basó en una metodología aplicada por la Universidad de Oxford años antes (en 2016), que reveló que el 54% de los puestos estaban en riesgo. La IEEM consultó además a 567 de sus egresados que ocupan puestos directivos en empresas, para tener su visión sobre cada uno de los factores.
El informe reveló que un 57% de los empleos analizados “tienen alta probabilidad de ser sustituidos por tecnología” y señaló que además “existen estímulos a nivel local para que eso se concrete”. Según sus estimaciones, los comprendidos en esta situación eran entonces 915.000 trabajadores.
Según el estudio, la cría de ganado (y otras tareas en el ámbito agropecuario), que empleaban entonces a unas 56.000 personas, constituían el sector más expuesto.
“Es que se trata de una actividad con poco peso del Estado, en competencia tanto a nivel local como con el exterior, sin barreras para la entrada y con un sindicato que no va a obstaculizar los cambios”, planteaban.
Del mismo modo estaban en riesgo por la automatización “quienes trabajan en el comercio (al por mayor o al por menor)”.
En una franja de riesgo intermedio el estudio situó actividades como “la enseñanza, la construcción, el transporte de pasajeros o la reparación de maquinaria” (entre otras), que sumaban entonces el 26% de los trabajos.
Entre los que menos deben preocuparse por el avance de la sustitución de tareas aparecen en este informe actividades como el diseño, medicina (y afines), jurídica y oficios, como los electricistas y otros.
En un planteo general explican que “Cuanto más orientado a ejecutar esté tu trabajo, más en problemas estás, y cuanto más orientado a pensar y resolver problemas, más protegido”.
Con estos elementos sobre la mesa, sumado a otras incertidumbres más coyunturales, como la situación económica y política en la región, el próximo gobierno deberá medir cuidadosamente el uso del timón si no quiere perder una posición que –si bien no es la mejor de la historia– sigue siendo de mucha estabilidad, comparada con la realidad del resto del continente. Del mismo modo que se deben fortalecer herramientas como el Instituto de Empleo y Formación Profesional, (Inefop), que en un futuro de conocimientos volátiles, será clave para mantener actualizados y competentes a los trabajadores. → Leer más

En un convulso escenario regional y en medio de un frenazo económico global, con una Argentina fracturada socialmente y ante una situación económica extrema, el martes pasado asumió como nuevo presidente de ese país, Alberto Fernández, bajo la bandera del kirchnerismo y del peronismo, junto a la inefable Cristina Fernández como vicepresidenta.
Los desafíos del nuevo mandatario son enormes y, si se mantiene en la línea conciliatoria a tono con su discurso de asunción, podrían generarse cambios para mejor, para acortar “la grieta”, para achicar la pobreza, para generar empleo genuino. Sin embargo, hablamos de Argentina y, se vio con claridad en la transmisión televisiva del acto del martes, Cristina Fernández no tiene ningún interés en una reconciliación y esto es un punto de preocupación.
Alberto Fernández asumió la Presidencia con un llamado a la unidad para superar “el muro del rencor y del odio entre argentinos” y con el foco en aliviar la grave crisis económica, paliar la pobreza y renegociar la deuda que asfixia este país. En medio de ovaciones y la marcha peronista, Fernández recibió la banda y el bastón presidencial de manos de Mauricio Macri, el primer mandatario argentino no peronista que termina su mandato desde el retorno de la democracia en 1983.
Argentina se dirige hacia tiempos de mucha incertidumbre, y la unidad política es la base sobre la cual sostener cualquier estrategia que pretenda algún tipo de éxito. Alberto Fernández, a diferencia de Macri hace cuatro años, no se anduvo con vueltas a la hora de describir la actual situación del país, con una pobreza del 40% y de una economía a la deriva al borde de la quiebra.
Tan realista fue el nuevo presidente que dejó en claro que Argentina, aunque tiene la voluntad de pagar las deudas con los acreedores, no posee recursos para hacerlo. Un mensaje un tanto peligroso teniendo en cuenta los antecedentes de los argentinos respecto a la actitud peronista de que el impago es un acto de patriotismo. Alberto Fernández no está en esa línea, pero quizá pudo haber matizado un poco esas palabras; los mercados desconfían y mucho de Argentina.
“Tanto el gobierno como los organismos financieros internacionales han de tener un límite que no debe ser sobrepasado. Argentina no puede volver a convertirse en un país expulsado del sistema, con las líneas de financiación cerradas y con una clase media –factor de estabilidad y progreso del país– cada vez más empequeñecida y empobrecida. Se pueden discutir los mecanismos para que la situación revierta, pero no a costa de que Argentina vuelva a ser apartada, ni de que los argentinos carguen el pesado fardo de una situación que no merecen”, asegura un certero análisis del diario El País de Madrid.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró el jueves “respaldar plenamente” los planes de Alberto Fernández de fortalecer la protección social contra la pobreza, aunque advirtió que necesita “detalles” sobre las “prioridades” del nuevo gobierno de cara a la modificación del programa de asistencia.
“Ha habido un buen número de discusiones con las autoridades argentinas, conversaciones constructivas”, dijo el portavoz del Fondo, Gerry Rice, durante su rueda de prensa quincenal. Según datos del gobierno saliente, Argentina acumula una deuda pública total de 314.315 millones de dólares, de los que casi 44.000 corresponden al préstamo de 56.300 millones aprobado el año pasado por el FMI.
Pero hay otros puntos que dejan más incertidumbre y generan preocupación. Como la referencia de Alberto Fernández a la justicia durante su discurso de asunción, un momento muy aplaudido por su hinchada. En ese instante, el flamante mandatario se refirió a la reforma de la justicia que impulsará su gobierno para que “nunca más” haya una justicia que “decida y persiga según los vientos políticos del poder turno”. Fernández consideró que en los últimos años se ha producido un deterioro judicial y se han visto “persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática”.
El mandatario indicó que quiere “una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes”, y recalcó que no quiere que “haya impunidad ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes” por lo que anunció el envío de un conjunto de leyes al Parlamento para reformar la Justicia.
En los últimos años, la propia Cristina Fernández, investigada por la Justicia por diversas causas de corrupción, ha sostenido que es víctima de “una persecución política” por parte del anterior gobierno de Macri. Todo hace sospechar que las palabras del actual presidente apuntan a blindar a la exmandataria de una cantidad de causas, entre ellas por corrupción y enriquecimiento ilícito.
La figura de por sí de la viuda de Néstor Kirchner es esencialmente peligrosa. Su escaso apego a la legalidad, sus maneras chabacanas y ordinarias, su mentalidad revanchista y su odio perenne a todo lo que no sea peronismo, pueden llevar a pensar que ella será el poder en la sombra. Ya el martes le robó el protagonismo al otro Fernández con los desplantes a Macri. Es un vínculo para seguir muy de cerca. → Leer más

Aunque no fue caballito de batalla de ninguno de los partidos que comparecieron en las recientes elecciones nacionales, la problemática de la seguridad social y sobre todo su financiación de cara al futuro es un factor omnipresente cuando hablamos de los recursos del Estado.
El que se le haya soslayado en la campaña tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un “llamador” de votos, por el contrario habrá que establecerse correctivos que no van a resultar simpáticos, porque cuando hay que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro, siempre hay damnificados, o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que hay consenso en que las respuestas necesariamente tienen que pasar por un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema.
Por lo pronto, debemos partir de la base de que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
En este sentido, considerando solamente los índices de natalidad y mortalidad, según un estudio del Banco de Previsión Social, nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 –cuando tampoco estábamos entre los de mayor índice ni mucho menos– a una estimación de 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se estima en 9,21 para 2020.
Vienen a cuento en este análisis aportes formulados por Guillermo Tolosa, director ejecutivo del instituto de estudios económicos Ceres, en El Observador, quien considera que entre los desafíos que tiene por delante Uruguay figura la necesidad de un ajuste fiscal, y en este sentido el economista sostuvo que el “gran elefante blanco” que tiene el Estado uruguayo es la seguridad social –que implica un 35 por ciento del gasto estatal– teniendo en cuenta el elevado gasto en jubilaciones y pensiones.
Dijo que este gasto incluso es elevado en la comparativa internacional respecto a países de estructura demográfica semejante, al punto que se duplica en promedio respecto a otros y consideró que “es un esfuerzo que está haciendo la sociedad uruguaya que tiene consecuencias positivas. No es un despilfarro y todos deberíamos estar orgullosos”.
Empero, destacó que desde 2008 el gasto en seguridad social aumentó un 70 por ciento, lo que equivale a un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en infraestructura el incremento fue del 0 por ciento.
Para el ejecutivo, aunque el Uruguay alcanza niveles excelentes en cobertura, suficiencia del sistema e indicadores sociales para los adultos mayores de los mejores en el mundo, en la actualidad los niveles de gastos en el sector son similares a los previos a la reforma de 1996 y ha ido “en peligroso aumento”.
Y aquí debemos situarnos nuevamente en el aspecto demográfico como uno de los elementos a tener en cuenta: un menor número de nacimientos y la mayor expectativa de vida significa inequívocamente que estamos ante un envejecimiento de la población que implica desafíos a los que, contrariamente a lo que ocurre por ejemplo en los países desarrollados, se llega con disponibilidad de recursos muy menguados y coberturas que dejan que desear en diversas áreas relacionadas sobre todo con la seguridad social, con la productividad y con los requerimientos de recursos humanos y materiales.
Esto no un tema nuevo ni mucho menos, sino que refiere a una problemática que desde hace mucho tiempo debería estar recurrentemente en la mesa de trabajo, pero que a menudo se soslaya por los actores políticos.
Pero por más que se da vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando en lo que refiere al apoyo para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
El Economista Tolosa señala por su lado que como contrapartida a la inversión social, también ocurre que la totalidad de gastos en adultos mayores que debe cubrirse con Rentas Generales –por encima del ingreso del sistema– equivale al 7 por ciento del PBI, superando en más del 40 por ciento los gastos en niñez y adolescencia, incluyendo educación.
Apuntó que esta asimetría ha implicado una desigual asignación intergeneracional de recursos, dado que la pobreza en adultos mayores bajó en mayor ritmo que la de los niños, y destacó que el aumento en el gasto de la seguridad social se dio principalmente por el ajuste que se aplica a las pasividades por Índice Medio de Salarios “aunque la reforma de 2008 y otras medidas administrativas también tuvieron efecto”.
Se preguntó si la sociedad uruguaya ha pasado a ser un modo de transferencia de ricos a pobres o de jóvenes a adultos mayores, y evaluó que ante el aumento de salario real en el período, quien se ha jubilado en 2004 promedialmente obtiene 1,4 veces más como pasivo que en su vida activa.
Esto tiene sus consecuencias en la financiación, reflexionó, y dijo que se necesita una reforma que incorpore de mayor forma a los adultos mayores a la sociedad, no excluyendo la posibilidad de que puedan trabajar a tiempo parcial para generar ingresos durante su jubilación, sin excluir nuevos elementos, desde la política fiscal o la mecánica de la indexación, respetando la Constitución, de forma de buscar garantizar la sustentabilidad del sistema.
Lamentablemente, como bien consigna Tolosa, cuando a una sociedad le va bien como se dio en Uruguay entre 2005 y 2015, es bueno compartir esa bonanza entre activos y pasivos, sin que tenga impactos en el déficit fiscal, pero este déficit empeoró desde 2015 a 2018 en el 1 por ciento, solo por seguridad social.
De todas formas, con una relación activo-pasivo que dista de ser la ideal y con este ritmo de envejecimiento poblacional, las decisiones no pueden postergarse. El sistema político debería buscar soluciones y compartir los costos políticos que inevitablemente surgirán como consecuencia de los correctivos.
Y ello debe enmarcarse en un entendimiento político interpartidario sin excepciones, ante un desenlace que desembocará en un futuro más o menos cercano, y del que todos los involucrados con poder de decisión y responsabilidades deben hacerse cargo llegado el momento. → Leer más

Una superficie equivalente a un campo de fútbol se erosiona cada cinco segundos cada día y el planeta se encuentra en una situación que podría conducir a la degradación de más del 90% de todos sus suelos para 2050, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La erosión, provocada por la agricultura intensiva, la labranza, el monocultivo, el sobrepastoreo, la expansión urbana, la deforestación y las actividades industriales y mineras, contribuye a acelerar la pérdida del suelo, lo que puede provocar reducción del rendimiento de los cultivos de hasta el 50%, según explicó el organismo internacional.
Entre las consecuencias de este fenómeno se encuentran además de la pérdida de suelos, la reducción de su capacidad para retener agua, la disminución de la calidad y cantidad de los alimentos producidos y la pérdida de biodiversidad, es decir, una serie de problemas que pueden agravar situaciones tales como inundaciones, deslizamientos de tierra o favorecer la contaminación debido al arrastre de partículas.
Por otra parte, existe clara evidencia de que las tasas de erosión del suelo en terrenos agrícolas arados de forma convencional o en pastizales de pastoreo intensivo son notablemente mayores que la erosión bajo la vegetación nativa, lo que implica que estamos agotando un recurso no renovable.
La cubierta vegetal –incluyendo arbustos, árboles, pastos resistentes, cultivos de cobertura y rastrojos– puede reducir la erosión eólica en más del 80% y también mejorar la capacidad de absorción de agua, mitigando la compactación del suelo e impidiendo la creación de arroyos que impiden el trabajo agrícola.
El interés en el tema es importante en todo el mundo y, según la FAO, en los últimos tres años se han publicado más investigaciones sobre este asunto que en todo el siglo XX. Si bien el conocimiento de cómo se produce la erosión del suelo y cómo controlarla está firmemente consolidado, el organismo entiende que aún se necesita más investigación sobre cómo medir las tasas de pérdida de suelo y está vigente el debate sobre el presupuesto necesario para las medidas para reducirlas.
Se trata de un tema de relevancia por su alcance global y regional. En este sentido, conviene recordar que América Latina y el Caribe contribuyen con cerca del 11% del valor de la producción mundial de alimentos y cuentan con aproximadamente 24 por ciento de la tierra cultivable del mundo, además de poseer cerca de un 28% de la tierra del mundo que se identifica con un potencial medio-alto para la expansión sostenible de las tierras cultivadas. Se trata pues de una riqueza sustancial para las economías nacionales y la posibilidad de desarrollo de sus sociedades.
En el caso de nuestro país, el 75% de las exportaciones surge de sectores vinculados con la producción agropecuaria, razón por la cual el recurso suelo es estratégico y sustancial.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, dijo que el suelo “es un patrimonio nacional” y lamentó que “solo se lo valora porque vamos a comer un asado el fin de semana, porque es nuestra base productiva, es lo que nos diferencia en el mundo. El país vive de la agropecuaria, y a veces cuesta que la gente lo entienda”.
En paralelo, desde hace varios años distintos especialistas vienen diciendo que el principal problema ambiental de Uruguay fuera de las áreas urbanas es la erosión de los suelos, algo desconocido por buena parte de la población en especial la residente en las ciudades.
El campo natural es el ecosistema predominante en Uruguay ya que ocupa el 60% de la superficie. No solo representa la base forrajera para la ganadería, sino que tiene otros efectos ecosistémicos como impedir la erosión, ayudar a conservar la biodiversidad y la calidad del agua y contribuir a la mitigación del cambio climático.
No obstante, estudios realizados hasta 2013 mostraron la existencia de una pérdida del orden del 20% del carbono de la materia orgánica durante los 14 años anteriores y cierta degradación del suelo debido al cultivo intensivo de la soja, según declaraciones del director de Recursos Naturales del MGAP, Fernando García Préchac. En este sentido sostuvo la necesidad de más pasturas en rotación con cultivos ya que las pasturas permanentes recuperan las propiedades del suelo.
Actualmente existen instrumentos legales de protección del suelo. Por ejemplo una ley que se aplica desde 2014 establece la obligatoriedad de contar con un plan de uso y la responsabilidad del dueño por el cuidado del suelo, incluso si quien hace mal uso es el arrendatario.
La exigencia de planes de uso y manejo de suelo sirve para que las actividades agrícolas se realicen de acuerdo a la capacidad de uso de cada predio y sean evaluadas de acuerdo a tolerancias de erosión y otros criterios establecidos en forma general y oficial, contándose además con la posibilidad de trámites en línea y monitoreo mediante imágenes satelitales.
El asunto es que además del impacto en el suelo mismo, la erosión perjudica otros ecosistemas y puede acarrear incluso ciertos riesgos para la salud humana así como una mayor necesidad de tratamiento del agua de consumo.
En declaraciones recogidas por La Diaria, García Préchac dijo que este fenómeno es “el principal contaminante de aguas” en el país y es muy difícil de monitorear. “Si usted pregunta en OSE cuál es el insumo que más consume para potabilizar el agua en Aguas Corrientes, le van a decir: sulfato de aluminio. ¿Para qué se usa el sulfato de aluminio? Para precipitar los sedimentos y poder sacárselos al agua”, añadió.
A partir de su base agropecuaria, Uruguay hoy produce 10 veces más comida de la que necesita su población y lo hace con criterios de sustentabilidad, pensando en el cuidado del recurso natural básico: el propio suelo.
Con el crecimiento del sector agropecuario y la incorporación de nuevos sistemas y paquetes tecnológicos aumentó la presión sobre los ecosistemas naturales. No obstante, resulta evidente que no solo es posible cuidar el suelo en base al conocimiento existente sino que en un país donde la agropecuaria genera la mayor cantidad de divisas, preservar su calidad y “salud” resulta una necesidad inminente y continua.
Los compromisos asumidos en los últimos años han llevado a empresas y productores a un esfuerzo importante en procura de la protección de este valioso recurso. La tarea realizada por Uruguay en este sentido, hoy es objeto de reconocimiento a nivel internacional pero también –como dijo Benech– es básica para la sobrevivencia nacional. En este sentido, tenemos que ser capaces de asegurar nuevas formas de agricultura productiva, sostenible y amigable con el medio ambiente ya que la conservación de condiciones adecuadas de los recursos naturales será, cada vez más, un requisito para el desarrollo futuro. → Leer más

Las estadísticas oficiales relacionadas al empleo y desempleo en Uruguay suelen darse de bruces con la realidad. Y principalmente si las cifras refieren al Interior o, peor aún, si se refieren a la situación que se da más al norte del territorio nacional.
El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística estimó que la tasa de desempleo se encuentra en 8,8% o siete décimas por debajo, en comparación con el mes de setiembre, pero es 0,2% superior al mismo mes del año pasado. Hay mayor desempleo en las mujeres (11,1%) que en los hombres (6,8%).
Sin embargo, subyace la brusca caída en la cantidad de puestos de trabajo, si se compara con octubre de 2018.
Es importante recordar que la tasa de empleo es la relación existente entre las personas que tienen trabajo con la cantidad de personas en edad de trabajo. Y ese indicador cayó casi un punto porcentual y se encuentra en 56,5%, con relación al mismo mes pero hace un año.
En números, puede calcularse la pérdida de unos 13.000 puestos de trabajo que no se recuperaron en ese período. De acuerdo al INE, la tasa de actividad que compara la población económicamente activa con la población en edad de trabajar fue de 62%, o 0,8% por debajo que hace un año. El panorama, complicado, confirma la tendencia del deterioro que muestra en el último quinquenio y de manera progresiva.
Por otro lado, a pesar de una mejora en los registros, aún existe un núcleo duro de trabajadores en la informalidad que no ingresa en el BPS. A nivel general es de un 25,8%, pero entre las personas de 18 a 29 años, supera el promedio y asciende al 31%. Es decir que uno de cada tres jóvenes, trabaja en negro en el país, mientras que el desempleo en esa franja etaria se encuentra en 22%.
La última Encuesta Continua de Hogares, correspondiente a 2017, señalaba que el 60,9% de los jóvenes en esa edad son trabajadores y representa el 22,5% del total de ocupados. Incluso, casi el 50% de los jóvenes trabajadores entre 18 y 22 años tienen previsto cambiar de trabajo ante estas circunstancias, en tanto provienen de niveles socio-económicos bajos.
En cuanto a las cifras correspondientes a octubre de 2019, surge que los subempleados representan al 10% de los empleados. Pero los analistas son aún más duros. O realistas.
La consultora Deloitte calcula que a nivel nacional, superan las 340.000 personas con problemas de empleo. Y eso es cerca del 20% de la población del país. Es, además, claramente superior a las 167.000 que, según los números oficiales, buscan trabajo pero no encuentran. Además, son cifras parecidas al 2007, cuando en el país no se habían instalado determinadas inversiones. Es decir que, la demanda superó la oferta y el empleo no se reactivó en el último período, sino que el deterioro ha transversalizado a distintos sectores de la producción.
En cualquier caso, el desempleo baja por las personas que dejaron de buscar trabajo y, técnicamente, no son desempleados. Lo interesante de los relevamientos oficiales es que cuando hablan de la Tasa de empleo, no mencionan la calidad del trabajo, como por ejemplo los contratos temporales o por pocas horas diarias.
Y, si tomáramos en cuenta este panorama como otra de las tantas cifras que se ponen sobre la mesa en estos momentos de transición, también el desempleo es alto en relación a las administraciones anteriores. En su primer gobierno, Tabaré Vázquez entregaba a José Mujica un país con 7,7% de desempleo y un déficit de 1,6% del PBI, Mujica le devolvió a Vázquez con un mayor déficit fiscal (3,5%) pero con 6,6% de desempleo. Vázquez transita este final con un déficit que ronda el 5% y un desempleo de 8,8%.
Estos aspectos que influyen en el mundo del trabajo y en la calidad del empleo, se relacionan estrictamente con el tipo de inversiones y la política comercial que ejercerán en la región, una vez instalados los gobiernos. El recientemente asumido Alberto Fernández, en Argentina, no se ha mostrado afín al presidente electo Lacalle Pou, en tanto este último bregó por una región abierta.
A nivel global, el comercio mundial se encuentra en retroceso y resulta un panorama negativo para el país. La recesión económica no sostiene el estado de bienestar. Esta coyuntura la terminan sufriendo tanto comerciantes e industriales con pequeñas y medianas empresas, que sostienen la presión fiscal en un país con grandes dificultades para competir. Con niveles de desempleo parecidos al 2007 y con inversiones similares al 2005, no parece difícil de comprender la existencia de un escenario restrictivo que influye en todos lados, pero particularmente en el empleo.
Es que nada crece sin reformas estructurales que abarcan la gestión de las empresas, mejora del gasto público, predisposición al ahorro y una visión abierta a los mercados.
En forma paralela, ningún gobernante puede ignorar que los resultados en la educación, tienen incidencia directa sobre la preparación del capital humano que después solicitarán las empresas. Por otra parte, el avance sostenido de la tecnología aplicada al trabajo, con la robotización de los procesos productivos nos interpela porque el país sigue educando para que una de cada dos personas sean fácilmente sustituidas por la automatización.
El panorama no es alentador porque, sin cambios previstos en el horizonte, iremos inexorablemente a un deterioro en la calidad de vida de los uruguayos. Los tiempos de vacas gordas se terminaron, y difícilmente volveremos a ver otros así en los próximos años. → Leer más

El período de transición de un gobierno a otro es tradicionalmente un período particularmente difícil, aún en países con régimen democrático de institucionalidad firmemente consolidada, porque existe un limbo –en nuestro país es de tres meses entre la elección y la asunción en el caso del gobierno nacional– en el que el gobierno que se va y el que viene deberían generar un ámbito especialmente coordinado para que quien asume la responsabilidad de conducir el país sepa en plenitud lo que recibe y cómo, y además puede –en el mejor de los casos– participar en decisiones que repercutirán desde el vamos en su gestión desde el primer día.
Y no se trata precisamente de pagar o no costos políticos, o eventualmente recibir decisiones en las que deberá dar marcha atrás en forma inmediata por no coincidir con su programa de gobierno o lo comprometido en la campaña electoral, sino que simplemente se trata de hacer lo mejor para el país, para todos los uruguayos, del partido que sean, que no deben pagar el precio –lamentablemente ya lo han hecho más de una vez– de intereses electorales político-partidarios, pensando ya en la siguiente elección.
Y más allá de decisiones puntuales, como el controvertido caso de las tarifas públicas, hay elementos en juego que deben tenerse en cuenta a la hora del análisis de este escenario, porque las dificultades de la economía, por ejemplo, no son consecuencia de políticas de último momento, sino de un cúmulo de decisiones que responden a factores endógenos y exógenos. En un país de reducida economía y altamente dependiente, como el Uruguay, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afectará de una u otra manera, y hay que actuar en consecuencia, sobre todo para reducir vulnerabilidades.
Lamentablemente, el gobierno del Frente Amplio no deja una economía saneada ni una situación social que pueda catalogarse como más o menos buena, porque el escenario socioeconómico se ha ido deteriorando con el paso de los meses y los años, desde que en 2014 dejó de soplar el viento a favor que favoreció las exportaciones y la economía del país durante más de una década, apoyada en el elevado precio de los commodities y las bajas tasas de interés internacionales.
Los avatares en la economía, sumado a problemas de seguridad y empleo, entre otros factores, han sido decisivos para que el pueblo uruguayo se expresara en las urnas en la forma en que lo hizo en las elecciones de octubre y noviembre. Las dificultades de la población han sido sin dudas factor determinante para que la ciudadanía decidiera cambiar al actual gobierno por el que presidirá el Dr. Luis Lacalle Pou, y no es porque sí que la situación económica se ha puesto en el centro de la transición de gobierno.
El serio deterioro fiscal, las advertencias por la deuda y un PBI que hace un buen tiempo que no crece, indican que la economía ha ingresado en un parate y el gobierno saliente no encontró opciones por la falta de margen de maniobra debido a su renuencia a adoptar medidas correctivas en tiempo y forma por motivos ideológicos.
Ha llegado el momento, en estos tres meses que median hasta el 1º de marzo, de que se pongan las cosas en claro sobre el legado que se deja a las nuevas autoridades que se ha dado soberanamente el Uruguay, cuando además tenemos el antecedente del anterior, es decir el de José Mujica al actual presidente Tabaré Vázquez, que fue disimulado todo lo posible ya que el traspaso era entre integrantes del mismo partido.
Ello no obstó para que en su momento desde el mismo equipo económico que encabeza Danilo Astori se dijera que el legado de Mujica era peor que el que dejó Jorge Batlle nada menos que después de la crisis de 2002. Se cuestionó sobre todo el déficit fiscal que entonces estaba por encima del 2,5 por ciento del PBI, a lo que debe agregarse costos fijos en el Estado que condicionan severamente las cuentas públicas, lo que requiere gran cantidad recursos para atenderlas y encima tratar de revertir el déficit.
Y el déficit fiscal no es simplemente números que se pueden traspasar de una columna a la otra y asunto arreglado, como dijo una vez muy suelto de cuerpo e irresponsablemente el expresidente José Mujica con relación al déficit de Ancap, que debió ser recapitalizada: se trata de recursos que tendremos que pagar todos los uruguayos, con nuestro esfuerzo, a través de impuestos, de tarifas públicas con sobrecostos, haciendo que se sufra esta sangría de dinero que podría utilizarse, en otras circunstancias, para crear las condiciones para crecer y derramar efectos beneficiosos sobre todo el tramado socioeconómico.
Lamentablemente, como hemos señalado en más de una oportunidad, incluso cuando había mucho tiempo para que el gobierno ahora saliente introdujera los correctivos imprescindibles, el abultado déficit en las cuentas del Estado, y el altísimo costo para producir bienes y servicios, que nos deja fuera de competencia en mercados exteriores, es un corsé que no será fácil de aflojar y muchos menos liberarnos de sus ataduras.
En pocas palabras: el segundo gobierno del Dr. Tabaré Vázquez deja una situación económica preocupante. El presidente electo, Luis Lacalle Pou, ha dicho que la economía está “desordenada”, apoyado en los porfiados números que indican que el Producto Bruto Interno no crece desde hace varios meses, la inflación se mantiene fuera del rango meta, en el orden del 8,4%, y el déficit fiscal aumenta, llegando casi a 5% del PBI, cuando el ministro de Economía y Finanzas ha fallado una y otra vez en sus objetivos de dejarlo para esta fecha en el orden del 2 a 2,5 por ciento, menos comprometedor. Por añadidura, el empleo ha caído y siguen perdiéndose puestos de trabajo.
Quedan como apuestas –que se perciben como marcadamente insuficientes ante el extremo de la situación– proyectos de inversión que van a impulsar la economía en los próximos meses, entre los que se destaca el de la segunda planta de UPM y sus obras asociadas (ferrocarril, caminería, etcétera) y la coyuntura que da impulso al sector cárnico por la excepcional demanda china.
En cuanto a la corrección cambiaria, imprescindible para darle competitividad-precio a toda la economía, algo se ha hecho, pero a costa naturalmente de aumentar costos por el incremento del dólar y consecuente pérdida de poder adquisitivo de la población que gana en pesos. Todo indica que el gobierno entrante seguirá con esta corrección del dólar al alza, con moderación y evitando saltos abruptos, pero en todos los casos, pasará un período significativo para que el proceso se revierta y el país retome el crecimiento perdido.
Para lo que es preciso contar con un margen de paciencia y de asunción de responsabilidades por todos los actores, aunque haya sectores que no se sienten comprometidos ni mucho menos con el esfuerzo que hay que dar, porque no está en sintonía con sus visiones ideológicas. → Leer más

La transición entre el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y el electo Luis Lacalle Pou cumple este lunes una semana y ya hubo cruces desde el primer día por el incremento de las tarifas, los ascensos de generales y la política exterior.
Cuando el lunes 2 Lacalle finalizaba su encuentro con el mandatario saliente y se dirigía a la conferencia de prensa organizada en el mismo edificio, los medios de comunicación hacían su labor. Y una de las dudas que sobrevolaba el ambiente se enfocaba al ajuste de las tarifas públicas que, como era de rigor, se resolvían en diciembre y comenzaban a aplicarse en enero. Pero este año, el gobierno saliente resolvió lo contrario y para argumentarlo fuertemente, varios integrantes del Poder Ejecutivo se remitieron a la famosa conferencia del 29 de julio, donde el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, confirmaba que hasta fin de año las tarifas se mantenían igual y “probablemente” hasta el final del período.
Como “probablemente” no es un anuncio oficial ni mucho menos una afirmación, ni debe ser el lenguaje de una autoridad de gobierno, la confusión ganó su espacio y se apoderó de las redes. Con el paso de las horas y los días fueron sumándose los actores políticos del oficialismo en una discusión semántica que hasta se notaba que la disfrutaban. Y, después, sobrevino la lluvia de cruces a través de los mismos medios de comunicación que aprovechó el oficialismo para ubicarse en posición de comentaristas de la realidad. Un lugar que les encanta, porque su especialidad es transformarse en oposición todo el tiempo. Incluso, cuando gobiernan.
El gran problema es que aún no se dieron cuenta que –más allá de las decisiones que comprometen al futuro gobierno– se encuentra una ciudadanía que merece respeto. Es esa misma que dio un fuerte mensaje el 24 de noviembre, bastante cansada ya de que subestimen su inteligencia. Pero, no hay caso. Siguen sin aprenderlo.
Lejos de apaciguar, tiraron nuevamente con toda su artillería. Figuras de primera línea se ubicaron en el lugar del candidato que quisieron ser y no pudieron o, peor aún, en el sillón que no ocupan todavía en el Poder Legislativo. Porque Danilo Astori es el ministro de Economía, a pesar de resultar senador electo.
Sin embargo, adjudicó “ignorancia” y “mala fe” el mismo secretario de Estado que deja un déficit fiscal de casi 5% del Producto Bruto Interno. El mismo que dijo en la anterior campaña electoral que no eran necesarios los aumentos de impuestos, el que utilizó a las tarifas públicas como una continua variable de ajuste y que después se despachó con el término “consolidación fiscal”. El mismo que calculó el rojo de las cuentas públicas por debajo del 3% al finalizar el quinquenio, pero se va con el doble.
El mismo que, cuando era vicepresidente de la República bajo la administración de José Mujica, desconocía el endeudamiento de Ancap y las decisiones que adoptaba su directorio. De hecho quedará en los anales de la historia, la carta que Mujica escribió a Astori en diciembre de 2015, plagada de reproches y cuestionamientos. Una carta que, ciertamente, no fue de circulación en la interna de su fuerza política, sino que aprovechó los medios de comunicación para su divulgación. Y catarsis, por supuesto.
Hoy, a todos los que hacen gárgaras con el archivo, les parece más entretenida la transición porque le entregan la posta a la oposición, pero se olvidan que cuando se pasaron los gobiernos entre ellos, resultaron vergonzosas las facturas. Que ninguno pagó, porque el manejo de la cosa pública se había vuelto tan discrecional y liberal por tantos años, que no se dieron cuenta que alguien debía pagar por eso. Y lo hicieron pagar con los sucesivos incrementos de tarifas y costos de producción que, bajo la misma cara de circunstancia que la utilizada el 29 de julio, hablaban de los gastos “endógenos”, entre otros argumentos.
Por si fuera poco se sumó la designación de los nuevos generales del Ejército en febrero, en la que Lacalle Pou solicitó participar pero le fue negado por Vázquez. La resolución implica la renovación de una cifra cercana al 40% de los generales y atará al próximo gobierno, ante las supuestas “listas” con nombres que circulan hacia la interna de los comandos.
El otro tema es la posición uruguaya ante las resoluciones de algunos gobiernos latinoamericanos. Ya ocurrió con Paraguay y la posición del congreso de ese país que resolvió en 2012 remover al expresidente Fernando Lugo, luego de un juicio político. Uruguay se sumó a la suspensión temporal del Mercosur debido a “una interrupción del orden constitucional democrático y violatorio de la clausula democrática del Mercosur”.
Como el congreso paraguayo siempre se opuso al ingreso de Venezuela, era una oportunidad óptima para que accediera el chavismo, apañado por sus amigos ideológicos. Después, con el paso de los años y la profundización de la crisis social, política y humanitaria que llevó a una migración histórica de casi 5 millones de venezolanos y a una inflación de 200.000%, nada opinan.
Argumentan que es injerencia en los asuntos de otros países, mientras que los dogmáticos de siempre esgrimen el argumento del petróleo bajo el bloqueo del imperio.
Más o menos parecida a la explicación del litio o también denominado “oro blanco”, en Bolivia. El combustible del futuro alimenta las baterías de toda la nueva tecnología a nivel global y su demanda aumentará con el tiempo. Este mineral parece controversial y pocos dudan del papel central que tuvo en la desestabilización democrática del país andino. Sin embargo, los hechos no ocurrieron como un plan para lograr beneficios a corto plazo. Evo Morales tenía intenciones de perpetuarse en el poder y las modificaciones efectuadas a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, lo mantenían al frente de la Casa Grande del Pueblo, como se denominaba la sede de su gobierno.
Sin dejar de mencionar las dudas y confirmaciones que quedaron, luego de las últimas elecciones nacionales. Ante la extrema presión social, Morales renunció a su cargo y se exilió en México. El miércoles de la semana pasada, la cancillería uruguaya pidió que se activaran los mecanismos previstos en el Protocolo de Ushuaia.
Está claro que no es cogobierno, pero faltan menos de 80 días para el traspaso y las decisiones que se adopten en esta transición quedarán atadas a los compromisos de gestión que queden por delante. → Leer más

En los últimos días el equipo de dirección del Hospital Escuela del Litoral (HEL) Galán y Rocha, integrado por la directora Ángela Almeida, la adjunta Cecilia Sánchez y la directora administrativa Natalia Borrelli, dieron explicaciones sobre la falta de funcionarios que determinó que 36 camas –de las 132 que tiene el HEL– no puedan estar operativas por no tener quien atienda a los pacientes que pudieran ocuparlas.
De acuerdo con Almeida, “esto sucedió por el acuerdo que se hizo con muy buenas intenciones entre la presidencia de ASSE y la Federación de Funcionarios de Salud Pública, donde se estableció no descontar el jornal a los funcionarios que tuvieran certificado de enfermedad. La idea era que cada funcionario que no pudiera trabajar por problemas de salud, cobrara todo su salario, mientras que antes se le descontaban los primeros tres días, como es en la actividad privada”. Sin embargo, había excepciones coordinadas entre el HEL y el sindicato, cuando se trataba de enfermedades graves, como pacientes oncológicos, a quienes se les abonaba el salario completo.
Pero, este acuerdo determinó que “hubiera un abuso, ya que aumentaron tres veces más las certificaciones (con relación a los años anteriores, en que se descontaba) y eso llevó a que a esta altura del año ya no tuviéramos más recursos para contratar suplentes que son exclusivamente para los sectores asistenciales, no los administrativos”. Como hubo que reducir las contrataciones de suplentes por haber agotado los recursos presupuestales, “lo que se hizo en todo ASSE fue disminuir el número de camas, a medida que iban quedando libres no se volvían a ocupar, y se redistribuyó el personal para con los funcionarios presupuestados cubrieran la asistencia de los usuarios de manera correcta. Y como la normativa nos exige que debe ser un auxiliar de enfermería cada ocho o hasta nueve camas, debimos bajar a 96 camas que están ocupadas”.
El 2 de diciembre, la Asociación Médica de Paysandú (AMP) resolvió informar a la población de la situación crítica por la que atraviesa nuestro hospital, destacando que no se compartía la visión expresada por las autoridades del HEL. En esa ocasión, los médicos manifestaron su profunda preocupación por el cierre de camas de internación en ese centro asistencial, debido a la redistribución de personal dada la falta de presupuesto para contratación de suplentes hasta el 15 de diciembre del corriente año, destacando además que la disminución de camas corresponde al 30% de la capacidad habitual pasando de 155 a 110 camas en el momento actual, lo cual influye directamente en la calidad de atención de los usuarios, provocando traslados a otros centros, así como la saturación del servicio de urgencia ya que los pacientes esperan camas en este servicio y no cuentan con traslados eficientes. Según la AMP, todo ello se verá agravado por el inminente cierre de la totalidad del block quirúrgico por la reforma del mismo a partir del 15 de enero del 2020 y durante aproximadamente dos meses, con la consiguiente problemática que ello trae aparejado.
Previamente, la Asociación Médica de Paysandú había denunciado otras situaciones en el HEL a través de un comunicado de fecha 12 de noviembre y que fuera publicado en nuestra edición del 29 del mismo mes. En ese documento, los galenos sanduceros manifestaron, entre otros conceptos, “su preocupación por el deterioro en la calidad de atención de los usuarios de ASSE de nuestro departamento, así como las deficitarias condiciones de trabajo a la que estamos sometidos para brindar dicha asistencia” como por ejemplo en el Servicio de Urgencias, donde las esperas pueden llegar a ser interminables por la falta de ejecución de un sistema de triage que es lo que resolvería el 80% de las consultas que son banales. En cuanto a los traslados de pacientes, argumentan que falta un sistema efectivo y permanente, formado por personal capacitado en las destrezas y conocimientos requeridos para trasladar pacientes críticos con las mínimas complicaciones y la máxima seguridad”. Asimismo, sostienen que en reiteradas oportunidades faltan guardias de diferentes especialidades y existe una insuficiente dotación de recursos humanos en policlínicas centrales, generando largas listas de espera, por ejemplo: en Cardiología y Neurología (mayor a seis meses) y Oftalmología (un año y medio). En cuanto a la parte edilicia, la AMP alertó que la reparación de los techos del block quirúrgico y las reformas planeadas, que llevaron de contar con cuatro salas de operaciones a sólo dos salas, se han extendido por todo el año 2019 con el consiguiente perjuicio de que muchos pacientes vieron vencida su valoración preoperatoria debiendo hacer los trámites nuevamente para tener la oportunidad de quedar en una larga lista de espera.
La gestión hospitalaria en el sector público resulta especialmente sensible tanto social como económicamente, teniendo en cuenta que el mismo se financia a través de los impuestos que pagamos todos los uruguayos sin distinciones. Si bien de acuerdo con el Poder Ejecutivo el presupuesto asignado a ASSE se ha triplicado en los últimos quince años, es evidente que el mismo no ha sido debidamente administrado. Queda claro que ASSE gasta mucho y gasta mal, y las víctimas de esa mala gestión son precisamente los usuarios de la misma. Como lo reconoció oportunamente Martín Pereira (Presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública e integrante del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT) las irregularidades descubiertas en ASSE se deben “a la falta de control, a las cuotas políticas. Son varios factores que hicieron que ASSE no se controlara como se debía. Algunos errores se corrigieron y otros se habrían solucionado más fácilmente si no hubiera pesado la cuota política por encima del organismo.
Además, en ASSE nadie paga la mala gestión. Es decir, al director o administrador que remueven de determinada unidad ejecutora, lo mandan para otra con un cargo similar y no pierde salario. Un trabajador comete un error, termina con un sumario y posiblemente cesado. Ahora, en la gestión se equivocan, pierden millones y lo que hacen es mover al responsable a otra parte”.
Más allá de los planteamientos gremiales formulados por la Asociación Médica de Paysandú o por el Presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, existe una situación cuya gravedad y urgencia las autoridades del HEL no pueden ni deben desconocer ni minimizar, especialmente teniendo en cuenta que está en juego la salud de amplios sectores de la población sanducera que continúan confiando en un centro asistencial que, hace mucho tiempo, supo ser motivo de orgullo para todos los que habitamos este departamento. → Leer más