Política

Al hacer uso de la palabra en la última sesión de la Junta Departamental de Paysandú, el edil frenteamplista Andrés Imperial formuló una serie de cuestionamientos a la gestión del intendente Nicolás Olivera, y dijo que las diferencias “son políticas e ideológicas, que marcan distancia entre dos formas de administrar la cosa pública. Para la izquierda el principal objetivo es, al decir de José Artigas, ‘la pública felicidad’ que solo se logra con justicia social”.

Expuso que “por ejemplo, jamás hubiésemos otorgado a un jerarca municipal el privilegio de usufructuar un bien público; jamás hubiésemos modificado el ADN de la política de la primera infancia; jamás hubiésemos dejado desamparadas a las jefas de hogar nucleadas en cooperativas sociales. Recordamos que el actual intendente, durante el ejercicio de su diputación y en posterior campaña electoral, se rasgaba las vestiduras agitando la idea de que el departamento atravesaba una emergencia laboral. Por ello, después de ver todo esto, nos extraña el doble discurso ¿o es que la falta de trabajo solo se ve en los correligionarios? Porque a los correligionarios sí se los atiende, con especial clientelismo”.

La Bancada de ediles del Frente Amplio envió una carta a la Agencia de Desarrollo de Paysandú en la que expresa que “no es oportuna la designación del señor Borsani quien manifiesta será el Presidente de tan prestigiosa institución como lo es la Agencia de Desarrollo de Paysandú”.

Al mismo tiempo expresaron “nuestro rechazo y repudio a las declaraciones públicas del señor Diego Borsani, quien ha expresado mensajes de odio y de discriminación hacia sectores y referentes de nuestro Frente Amplio y a determinados grupos de personas por su elección sexual, manifestando su homofobia y lesbofobia, con un mensaje de corte fascista”. “Las instituciones públicas y sus representantes deben tener la capacidad y cualidad de respetar todas las expresiones de la sociedad y no discriminar bajo ninguna causa y menos en la persona de quienes las presiden”, afirman los ediles del Frente Amplio.

“Tenemos que entender que somos hijos de un tiempo en la historia que nos puso en un sitio especial, único. Ahora es el tiempo en que tenemos que sí o sí proceder a la transformación. Porque si seguimos cinco años como estamos ahora, creo –sinceramente– que no vamos a dejar un lugar para que nuestros hijos o la gente de nuestra edad disfrute un buen futuro”, dijo el intendente departamental, Nicolás Olivera, en la conmemoración del centésimo quincuagésimo octavo aniversario del decreto que declaró ciudad a Paysandú.
Como se sabe, los actos fueron virtuales. Por esa razón, Olivera reflexionó sobre la fecha a través de EL TELEGRAFO. “Ese gen que nos hace distintos a los sanduceros debe aflorar todos los días. Ese es el mensaje del 158º aniversario. Y hoy más que antes debemos comprender que desde nuestro origen, nuestro destino ha sido reponernos a la adversidad. Y una vez más lo haremos”.
“Pertenecemos a una colectividad que tiene muchos principios acumulados a través de la historia. Uno de ellos viene de lo que supuso ser la Defensa. Por eso es que en este gobierno departamental hablamos de ‘tierra heroica’. Eso no solo es una cosa que hace referencia solo al pasado, a lo que fuimos. Pero también habla del esfuerzo del presente, del día a día, para vencer las dificultades; sin ir muy lejos, ahora que estamos en un momento de pandemia”, dijo más adelante.

Diego Borsani, que publicó en su Facebook personal palabras que resultaron hirientes para muchas personas que vieron el posteo, dijo a EL TELEGRAFO que “quiero pedir disculpas públicas por medio del diario” y argumentó que todo fue debido a que se sintió molesto por expresiones que se venían dando en la conversación sobre una posible multa a la Intendencia por la aglomeración en el entierro de Jorge Larrañaga. Si bien las opiniones personales no suelen trascender públicamente, en este caso se trata del presidente del Rotary Club Puerto y de la Agencia de Desarrollo Departamental, por lo que esas expresiones –que fueron viralizadas por terceros– son hechas por una figura pública.

Es así que Borsani afirmó en su Facebook que a “estos comunistas les sirve cualquier cosa para agarrarse, y la marcha de las tortas el 8 de marzo tampoco dijeron nada, todo lo que es izquierda no dicen nada pero la derecha hace algo y ya saltan y los 800 millones que se robó Sendic”.
Borsani aseguró que “usé mi Facebook personal, en una conversación donde se decía que nos iban a cobrar una multa por el entierro de Larrañaga. Y yo soy apolítico, pero en este caso me molestó porque yo lo conocía no por ser ministro, sino porque era vecino de la casa de mis padres, y tenía otro trato con él”.
Dijo que “me molestó porque el hombre ya falleció y no lo dejan descansar en paz. Conozco a la familia, y me molestó, y por eso puse esas expresiones”.
“fue muy vulgar lo que dije”

Según afirmó Borsani, “no soy homofóbico, no hice una afirmación homofóbica. Capaz que sí fue muy vulgar la forma en que lo dije, no lo niego. Pero nunca pensé que fuera a tener tanta trascendencia, y nunca quise herir a nadie, ni molestar a ninguna persona. Porque nosotros en Rotary tenemos socios que son gays, y no tengo ningún problema con ellos, al contrario”.
Reiteró que “quiero pedir disculpas públicas por este medio, ya que las pedí por Facebook donde fue el problema, y no fueron aceptadas. Y quiero dejar en claro que lo dije en forma personal y desde mi Facebook, no lo dije en un Facebook de Rotary, y sin embargo salieron a matar a Rotary, y eso me molestó porque no tiene nada que ver con eso”.
Afirmó que “en Rotary tratamos de ayudar a todo el mundo, y es otra cosa, no es esto. Porque yo lo hice desde mi Facebook personal, y pido disculpas porque me agarró mal, molesto. Fue un comentario que hicieron y me molestó, y lo hice sin pensar. Fue muy vulgar mi comentario, lo reconozco”, dijo sobre su afirmación de las mujeres que van a la marcha del 8 de marzo, y también su referencia a los izquierdistas “fue vulgar lo que dije”.

Sobre si esta situación determinará algún cambio en su trabajo en el Rotary Puerto o en la Agencia de Desarrollo, dijo que “no. Mi mandato de presidente del Rotary lo termino en un mes, y sigo sí como presidente de la Agencia de Desarrollo y en Rotary paso a ser tesorero, y voy a quedar como secretario ejecutivo. Y la Agencia de Desarrollo y la Cipup la manejo yo”.

La Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo de la Junta Departamental de Paysandú analizó la moción de ediles nacionalistas sobre el uso recreativo del río Queguay y la zona de esparcimiento bajo el puente, para lo cual señala que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el respectivo municipio con jurisdicción en el área, para avanzar en la concreción de esta propuesta.

La moción de marras es de autoría de los ediles Pedro Braga y Mabel Moreira, y oportunamente el tema fue radicado en las comisiones de Turismo y de Descentralización, Integración y Desarrollo.

El alcalde del Municipio de Guichón, Martín Alvarez, dijo a EL TELEGRAFO que hay caminos “en estado crítico pero transitables”, y que no cuenta con toda la maquinaria vial para los trabajos en la zona, aunque se hace parte de lo planificado.
“El Municipio de Guichón tiene una motoniveladora y su aplanador realizando el camino desde Piñera hacia Arbolito. Ese equipo llegaría hasta Morató y el equipo mixto –porque está el que nos prestó la Intendencia y nuestros camiones y pala– desde estancia “La Lolita” hasta el castillo Morató, termina ese camino en 10 días y arranca desde Morató hasta Arbolito, y con eso culminaríamos la columna vertebral desde Piñera hasta Arbolito, que conecta todos los pueblos, que es una zona muy importante”.
Adelantó que “esta semana sale la máquina Champion que está en el taller de Paysandú, que se rompió el 11 de enero, y estimamos que en una semana va a salir la Caterpillar que se rompió el 14 de diciembre, y desde esa fecha hasta mediados de enero trabajamos con la otra motoniveladora unos 20 jornales, nada más. Tenemos un retraso de unos seis meses en vialidad”.
También estamos contentos porque en unos meses se va a bituminizar desde Piñera hasta Morató, siendo la segunda obra de mayor presupuesto que va a tener la Intendencia en el departamento de Paysandú, que son unos 120 millones de pesos para hacer casi 50 kilómetros”.

Todas las oficinas de la Junta Departamental de Paysandú trabajarán durante junio en “un régimen de burbuja”, según resolvió la Mesa del deliberativo comunal. En un comunicado oficial de siete puntos, se indica que “la directora general interina de Secretaría coordinará con el jefe de cada oficina el horario de los funcionarios, implementando nuevamente el teletrabajo mediante el programa AnyDesk”, que es un software de escritorio remoto para Windows, Android o Linux para teletrabajo.

El tema y las repercusiones de la contratación y posterior cese de contrato de Sergio Germán Escobar Mattos (53 años), en la Intendencia de Paysandú no termina. Ahora los coordinadores de las dos bancadas de la oposición en la Junta Departamental plantean un pedido de informes al intendente Nicolás Olivera para que se “transparente todo su proceso de contratación; qué funciones cumplió, en dónde y por cuánto tiempo, despejando así las afirmaciones que apuntan a que este señor (Escobar) realizaba tareas de supervisor y no como usted lo relata de que era un simple peón de la cuadrilla. Sería bueno también que diera total transparencia a la resolución que decidió desvincularlo mostrando y explicitando claramente cuáles fueron las razones de su cese”.

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), creada en la Ley de Urgente Consideración (LUC), tendrá una prórroga de 45 días para presentar su informe final y elevará sus recomendaciones al gobierno el 6 de agosto, a fin de comenzar a discutir en el Parlamento una reforma previsional.
“Da para pensar que están negociando. Ya habían prorrogado un primer plazo para hacer el diagnóstico y el 28 de mayo era la fecha establecida para entregar un primer borrador, con el informe final el 20 de junio. Con esta prórroga quedará para agosto”, señaló Adolfo Bertoni, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.
Explicó que dentro del equipo “se conformaron subgrupos que elaboraron un temario para la reforma que confirma algunas cosas que decían. Por ejemplo el denominado ‘pilar cero’. Significa que brindan alguna prestación al trabajador que no va a reunir los años necesarios para jubilarse, ni siquiera a los 70 años. En este sentido, hay entre 600 y 700.000 que no reunirán los años en su historia laboral. Son quienes deberán esperar hasta los 65 años para recibir una asistencia por edad, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o una pensión a la vejez a los 70 años, del BPS”.
Bertoni, integrante de la comisión de seguridad social de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) señaló a EL TELEGRFO que “lo negativo de este punto es que hay que probar los ingresos para el caso del Mides, donde una persona tiene que estar en pobreza crítica. Y para el beneficio del BPS, dependerá de lo que ganen en el núcleo familiar”.

El diputado del Partido Colorado por Paysandú, Juan Carlos Moreno, se reunió con el presidente de ANEP, Robert Silva, y el vicepresidente de CARU, Miguel Feris, a fin de solicitar el ciclo básico para la Escuela Nº 25 de tiempo completo, en San Félix. La entidad binacional apadrina a ocho escuelas rurales en el marco de un proyecto pedagógico con extensión a la comunidad, para el cuidado de los árboles, su reforestación y la instalación de huertas familiares.
La iniciativa de CARU promueve la divulgación de las variedades autóctonas y exóticas de árboles, con marcas lectoras bajo códigos QR, donde contiene información de las especies y CARU aporta los árboles desde sus viveros.
Moreno y Feris presentaron su inquietud ante Silva “de que haya ciclo básico en esa escuela, teniendo el respaldo de los padres de los alumnos, maestros y directores. Es una comunidad educativa importante. La infraestructura está actualmente remodelada y es un ejemplo de trabajo, además de un zona de contexto complicado”.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Ambiente, que reconoce el trabajo de instituciones públicas y privadas en iniciativas sustentables. En la ocasión, el ministro del área, Adrián Peña, anunció inversiones para dotar de saneamiento a más de 100 localidades de Uruguay de más de 2.000 habitantes, lo que, indicó, contribuirá al aumento de la calidad de vida. Junto con Lacalle Pou y Peña, participaron del acto la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, y legisladores nacionales. La premiación se desarrolló este viernes 4 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Argimón expresó reconocimiento a las instituciones participantes del premio Uruguay Natural, galardón entregado para reconocer a organizaciones o personas que realicen actividades continuas tendientes a proteger al ambiente y que contribuyan por la formación de ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad.
El Día Mundial del Ambiente se conmemoró este sábado 5, mediante una convocatoria global que refiere a la preservación y regeneración de los ecosistemas, consigna que es acompañada por Uruguay con este premio, destacó, por su parte, Peña. A la convocatoria se presentaron más de 60 postulantes de centros educativos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y empresas.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada (Sintep) convocó a la Fundación A Ganar a una instancia de negociación ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en representación de los trabajadores de los ocho centros CAIF, donde plantearon aspectos relacionados a la nueva gestión. Un nuevo encuentro quedó planteado para el próximo martes con la posibilidad de invitar a un representante de la Intendencia de Paysandú.
“Desde finales del año pasado, los trabajadores de los centros educativos iniciaron una transición y esperamos que ese proceso se terminara porque estaba la relación de dependencia de esos trabajadores con la Intendencia. Con la presencia de la fundación, que entendemos es el empleador, llevamos esta instancia adelante que estuvo bien porque hubo recepción de los planteos”, dijo a EL TELEGRAFO el secretario de Asuntos Laborales del sindicato, Pablo Abisab.
Explicó que durante el encuentro, “algunos aspectos se relativizaron, pero para nosotros son importantes. Por ejemplo, la mayor parte de estas trabajadoras son mujeres jefas de hogar y en muchos casos es el único sustento. Por lo tanto, no es una cuestión corporativista mantener el trabajo, sino que es fundamental. Además, es importante que las trabajadoras y los equipos técnicos continúen porque son parte de las vidas que se atienden en los centros educativos”.

Para aclarar

Abisab señaló que “hay cuestiones que no están claras. Por ejemplo, quién es el empleador. La fundación dice que gestiona los recursos humanos y tiene el ejercicio de la potestad disciplinaria y la administración. La Intendencia tiene la gestión operativa, la logística y es responsable de la parte pedagógica. No nos termina de cerrar y yo ponía un ejemplo en la reunión. Si es la Intendencia que tiene a su cargo la orientación pedagógica y la fundación a cargo de la potestad disciplinaria, entonces quién me orienta en mi tarea docente”.
El dirigente informó que “la fundación admitió que había algunas cosas para trabajar porque está claro que no hay claridad sobre quién es responsable de una cosa y quién de la otra”.