El reciente informe del Ministerio del Interior, recogido por EL TELEGRAFO y complementado y ampliado con fehacientes datos locales sobre el particular, confirma estadísticamente la visión del ciudadano común en el sentido de que la estafa ha pasado a ser uno de los principales delitos en el Uruguay, como consecuencia de un crecimiento sostenido de esta modalidad, sobre todo porque se ha sustentado en la masificación del uso de la tecnología digital para la comunicación y operaciones de todo tipo.
Nuestro país no es una excepción, sino que sigue la regla mundial en la materia, aunque cada país o región tiene sus particularidades que se reflejan en las estadísticas en cuanto a la modalidad. El informe presentado por el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), Diego Sanjurjo, y el subdirector de la División de Estadísticas y Análisis Estratégico, Edgardo García Velázquez, indica que en el contexto internacional, con base en registros administrativos, datos de victimización y estudios científicos, hay una coincidencia en que “las estafas han aumentado notablemente en las últimas décadas a nivel mundial, tanto en volumen como en los métodos empleados para llevarlas a cabo”.
El aumento y la diversificación se dan, según señalan, “en el marco de cambios sociales y avances tecnológicos que ofrecen oportunidades delictivas nuevas, dando lugar a conductas delictivas omnipresentes que suponen una amenaza global para individuos, empresas y organismos públicos”. Algunas de las estafas más comunes son las de inversión, pago por anticipado, de carácter sentimental en línea y fraude por correo electrónico dirigido a empresas a través de la suplantación de identidad.
Así, el delito por estafa pasó de estar décimo a tercero en el ranking de delitos más denunciados, a partir de que entre 2013 y 2024 hubo un crecimiento “de forma sostenida y acelerada” de las denuncias por estafa. En 2013, se contabilizaban 37,7 denuncias por cada 100.000 habitantes, y en 2024 esta tasa ascendió a 870,5, lo que significa un incremento superior al 2.000%.
No se necesita ser un experto en la materia para inferir que este crecimiento se vincula con el auge de las tecnologías de comunicación, el uso de redes sociales, plataformas digitales de compraventa y canales electrónicos de pago, que ampliaron las oportunidades para estafas remotas o automatizadas. Además, el encierro debido a la pandemia de Covid-19 obró como catalizador de la tendencia, si se tiene en cuenta que las condiciones de entonces aceleraron el uso de la comunicación y digitalización de los servicios en línea, provocando un incremento de las oportunidades para cometer actividades cibernéticas maliciosas a nivel global.
En Uruguay, el crecimiento sostenido no sólo está reflejado en la tasa de denuncias, sino que también en su posición relativa respecto a otros delitos. Por ejemplo, en 2013, en el ranking de los diez delitos más denunciados del país, el de estafa estaba en el último lugar, mientras que para 2024 este ascendió al tercer lugar.
En general, los ciberdelincuentes se valen del desconocimiento de muchas personas, sobre todo de las de mayor edad, del manejo de celulares y los equipos informáticos en general, cayendo en maniobras a veces muy burdas de suplantación de identidad o pedido de datos sobre tarjetas o cuentas bancarias, pero se advierte que también la creciente sofisticación y el uso de inteligencia artificial está haciendo caer en estas estafas a personas que tienen buenos fundamentos tecnológicos, en lo que tiene que ver con inversiones, transferencias y uso de criptomonedas, ofreciendo negocios muy vidriosos a simple vista, pero presentados como oportunidades que no hay que perder. Muchas veces los delincuentes no necesitan esforzarse mucho para convencer a la víctima, porque ciertamente hay una gran cantidad de gente en Internet y las redes que está dispuesta a creer casi que cualquier cosa, por disparatada o evidente que sea, e incluso cuando se les presentan evidencias de que está frente a una estafa, se autoconvencen de que no es un engaño y que, ya sea pagando –una vez más—por un determinado trámite –obviamente falso—o en un futuro próximo, finalmente recibirán lo prometido.
También son comunes los “premios” que se ofrecen en celulares para cuyo cobro se piden determinados datos personales y a veces depósitos de dinero, los correos con rótulos y logos falsos de entidades bancarias o comercios que redireccionan a otros sitios web para obtener datos, WhatsApp falsos en nombre de familiares, dentro de un sinnúmero de posibilidades que van surgiendo para confundir y convertir el mundo digital en una verdadera selva en la que cada vez resulta más peligroso adentrarse por personas con poco dominio del mundo digital.
Además, las ofertas y presentación de aplicaciones que se pretende descargar, de determinados sitios, están infectadas de opciones maliciosas y de “hacer click aquí”, que son parte de un verdadero campo minado para el usuario, con el objetivo de dirigirlo a trampas digitales de las que no siempre se puede salir ileso, porque incluso pueden inducir a error hasta a usuarios con cierta experiencia.
En el propio informe del Ministerio del Interior, éste precisa que a diferencia de delitos de contacto directo, las estafas “suelen involucrar interacciones remotas, donde autor y víctima pueden encontrarse en distintos departamentos o incluso en países diferentes”.
Asimismo, el informe reveló que las tasas más altas de victimización por estafa están en el tramo de edad de 26 y 55 años, pero si se desagrega por sexo, se indica que “las mujeres presentan consistentemente tasas de victimización más altas que los hombres”, lo que puede estar asociado, apuntan, a “diferencias en los canales de contacto, los patrones de consumo o la disposición a denunciar”.
Este último es otro factor a tener en cuenta, porque posiblemente se esté ante un subregistro de víctimas, desde que cuando se trata de operaciones de menor monto, muchas de las personas afectadas son reacias a presentar la denuncia para no quedar expuestas como crédulas o con pocas luces ante la comunidad. Pero además, hay una brecha persistente y creciente en la relación entre denuncias de estafa y las imputaciones penales a medida que aumentan las denuncias, ante las dificultades en desentrañar el real origen del delito en el laberinto de las direcciones falsas o encubiertas.
En 2024, se registraron 1,5 imputaciones por cada 100 personas; y este dato “sugiere una respuesta penal limitada frente al crecimiento del fenómeno”, según consigna el informe. “El bajo nivel puede explicarse por la complejidad investigativa del delito, la dispersión de víctimas, la posible dimensión transnacional de los casos y la sobrecarga del sistema fiscal, que no ha crecido al ritmo de las denuncias”, detalla.
Por cierto, a nivel internacional, donde este tema se viene investigando desde hace ya tiempo, se coincide en señalar que no hay vacuna posible contra este tipo de delitos, que van cambiando en cuanto a sus formas de inducir a engaño, a partir de las propias innovaciones tecnológicas, pero sí, ante la irreversibilidad de este escenario de avance del mundo digital, es preciso que más allá de la coordinación internacional entre los institutos especializados, en cada país se trabaje intensamente en el diseño de estrategias de prevención, educación y fortalecimiento de canales de denuncia, adaptadas a la naturaleza particular de este delito.
Para enfrentar este creciente problema, es crucial que los gobiernos desarrollen políticas públicas persistentes y efectivas, incluyendo marcos legales y regulaciones específicas que aborden el uso de tecnología en actividades fraudulentas, acompañado ello de la capacitación y educación ciudadana, para que las potenciales víctimas estén informadas sobre las técnicas de los estafadores y cómo protegerse, a efectos de minimizar el problema. → Leer más
