Opinión

Un nuevo coronavirus surgido en China podría mutar y propagarse a nivel mundial. Por lo tanto, no estaría nada mal que las autoridades de la salud del país comiencen a tomar cartas en el asunto y a estar preparados para un eventual arribo de este brote. Informarse, pedir información y asesoramiento, pedir estudios, preparar una contingencia, estar alertas.
Según las noticias que llegan, las autoridades de la provincia china de Hubei, donde se originó el nuevo coronavirus de la neumonía de Wuhan, elevaron ayer a 17 el número de muertos por esta enfermedad que, según la Comisión Nacional de Sanidad, podría mutar y propagarse. El número de casos confirmados en esa región se eleva hasta ahora a 444. Todos números que podrían aumentar, si ya no lo hicieron, con el paso de las horas y los días.
El viceministro de esa Comisión, Li Bin, ha brindado una pauta sobre lo que podría ocasionar este virus más allá de las fronteras chinas. “Aunque todavía falta por entender por completo la vía de transmisión del virus, existe la posibilidad de que mute y el riesgo de una mayor propagación”, indicó. Li admitió esa posibilidad y mostró su preocupación por el masivo movimiento de viajeros que traen aparejadas las vacaciones del Año Nuevo chino, que arrancan mañana, pero no se dejó llevar por el alarmismo e hizo hincapié en las medidas de prevención y fiscalización que Pekín ha puesto en marcha.
Ya se aplican –y son datos para anotar– control de temperatura a los viajeros en puertos, aeropuertos y estaciones de ómnibus y tren, seguimiento a quienes padecen los síntomas (fiebre, fatiga, tos seca, disnea) o designación de hospitales específicos para el tratamiento de los pacientes y el aislamiento de éstos, entre ellas. Así como evitar las aglomeraciones, ya que las autoridades sanitarias chinas han comprobado que también se contagia entre humanos, una transmisión que, creen, se produce principalmente por las vías respiratorias.
Y aunque no se ha logrado dar con el origen exacto del virus, todas las hipótesis apuntan a un mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan –hogar de unos 11 millones de personas–, por lo que se ha prohibido la venta de animales vivos en la ciudad. El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.
En el extranjero, por el momento se han detectado al menos 4 casos en Tailandia, y uno en Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos, y son muchos los países que llevan días controlando a los pasajeros procedentes de China para minimizar los riesgos de contagio. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a una reunión de expertos para determinar si el actual brote por coronavirus en China constituye una emergencia internacional. Esta organización solo ha utilizado esa denominación un puñado de veces, como en el caso del virus H1N1, o fiebre porcina (2009); la epidemia del virus del Ébola (2014-2016) o el virus del Zika (2016).
Muchas veces se ha dicho que las pandemias pueden ser más letales que el terrorismo, y la historia así lo ha demostrado con diferentes enfermedades que en su momento no han tenido cura y que son muy contagiosas. Hace unos pocos años fue el ébola, en su momento la viruela que dejó por el camino a más de 300 millones de seres humanos. El sarampión mató a unas 200 millones de personas, la gripe española entre 50 y 100 millones, la peste negra 75 millones, el virus de VIH, tan actual, lleva 25 millones de muertos a nivel mundial.
De China también salió la famosa gripe aviar que dejó su marca en ese país y en otros vecinos y no tan vecinos. Las inquietudes relacionadas con las pandemias aumentaron considerablemente con la propagación de ese virus de la influenza aviar (H5N1) en 1997, en animales de Asia, África, Oriente Medio y Europa, lo representa una amenaza para la salud humana. En 2009 se produjo una pandemia a partir de un nuevo virus de la influenza llamado H1N1. Este virus se propagó de persona a persona a escala mundial.
Con el crecimiento del gigante asiático, y las posibilidades que tiene su gente para viajar y moverse, la incidencia global de una enfermedad surgida allí se ha incrementado exponencialmente. En tiempo de vacaciones, muchas naciones podrían recibir millones de turistas chinos, y con ellos claro está, este virus del que tanto se habla por estos días podría introducirse.
Por esta razón, hay que mantenerse alerta y expectante, procurando estar bien informados y preparados, para que llegado el caso se tomen los recaudos necesarios. En Tailandia las autoridades han decretado controles de temperatura corporal obligatorios para los pasajeros procedentes de zonas de alto riesgo de China.
Medidas similares han tomado los gobiernos de Hong Kong, donde murieron centenares de personas durante la epidemia de SRAS entre 2002 y 2003, y Estados Unidos, que está controlando a los pasajeros provenientes de Wuhan. Taiwán ha emitido una alerta para los pasajeros que viajen hacia o desde la provincia china donde se encuentra el foco del problema. Vietnam ha reforzado los controles terrestres con su vecino chino. Todas decisiones a tener en cuenta por si acaso. → Leer más

La web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) recuerda que en Uruguay se realizan “evaluaciones nacionales del desempeño del sistema educativo” desde hace veinte años y, según la ley, desde 2016, esta tarea quedó a cargo de dicha entidad. Un organismo “autónomo e independiente”, de acuerdo a su propia definición. Informa, además, que “es así como surge Aristas, la nueva Evaluación Nacional de Logros Educativos”.
Hasta allí la definición técnica de una buena evaluación que ha tenido idas y venidas motivadas por los vaivenes políticos. El informe en cuestión debió presentarse en octubre de 2019, pero las sucesivas postergaciones arrojaron dudas sobre el fino límite entre lo político y lo técnico que cruza a la educación, que también tiene puntos de convergencia en temas sociales.
Y tanto costó que uno de sus integrantes, Pablo Cayota, acabó por renunciar en setiembre antes las complicaciones por tratar a las pruebas Aristas en la directiva del Ineed. Pero ya habían dejado el cargo Pedro Ravela y Mariano Palamidessi, por el mismo desgaste.
En una sociedad dinámica y en constantes transformaciones, los aportes de una evaluación de este tipo, resultan trascendentales. Más que antes y con las anteriores generaciones.
Evaluaciones como Aristas existen en el mundo entero y no son utilizadas como una variable de ajuste a la hora de medir la ventaja política o el costo que puede tener un resultado negativo. Porque sus protagonistas son más importantes. Son niños y adolescentes que representan el presente de un país y no pueden mirarse al trasluz de los beneficios que pueda tener un partido político. Como ocurre hasta ahora.
Las sucesivas prórrogas anunciaban que el informe se presentaría a fines de este mes. Sin embargo, urge dar a conocer los resultados para actuar en consecuencia y no, simplemente, para saber cómo estamos en determinados subsistemas donde ya sabemos que existe un “cuello de botella”.
De hecho, la web del Ineed le adjudica particular importancia a sus informes, en tanto la información “sirve para debatir y reflexionar, generando insumos útiles y válidos para el diseño de futuras políticas educativas”. Pero nada se ha dado, porque el informe se aplazó en conformidad a los tiempos electorales ocurridos en 2019.
La primera parte del documento, difundida en agosto, demostraba que el 80% de los estudiantes de tercer año de escuela que viven en barrios de contextos vulnerables, son incapaces de calcular un promedio.
Sin embargo, la parte aún no publicada precisa que además del contexto, los centros educativos evaluados también tienen diferencias y la UTU se encuentra en una “peor ubicación”.
La base de datos no menciona a las escuelas rurales y presenta una mirada sesgada sobre los liceos públicos de gestión privada, que tienen similares desempeños a liceos de gestión pública, pero instalados en contextos más desfavorables.
Aristas compara los desempeños de Matemática y Lengua en tercero de Primaria y en tercero de Educación Media y, en los sucesivos informes, reitera el mejor desempeño en los privados.
El 31% de los alumnos de liceos privados no pueden calcular un promedio, en los liceos públicos se eleva al 66% y en ciclo básico de UTU es el 80%. En Formación Profesional Básica (FPB), no puede hacerlo el 90%. Y si se toma en cuenta que este perfil educativo está orientado a los estudiantes de mayor rezago y con 18 años aproximadamente, se observan resultados similares en las pruebas anteriores.
La diferencia se sostiene entre el ciclo básico de los liceos y la educación técnica, cuyo tronco común ha recibido un mayor flujo de matrícula. En este caso, el 75% no sabe calcular un promedio matemática, cuando en los liceos públicos ese nivel es de 57% y en los privados del 28%.
Las desigualdades son marcadas en todos los quintiles y es una educación técnica que ha sido impulsada por las actuales autoridades de la ANEP, tanto en aspectos de inversión como en inscripciones recibidas. Aún no se presentaron los resultados de los centros educativos ubicados en ámbitos rurales, pero el panorama tampoco es alentador allí.
La divulgación de estos informes que confirman la realidad educativa en nuestro país, han sido el motivo de sendas discusiones entre autoridades de la educación y el Ineed. Incluso, a mediados del año pasado, el titular del Codicen Wilson Netto pidió postergar los resultados técnicos porque el documento “podía ser utilizado en contra de la educación” y con fines políticos electorales. También cuestionó las “fragmentaciones” en el manejo de las conclusiones, en una prueba donde los resultados son o no son favorables a una pregunta concreta. Como en este caso, el cálculo de un promedio matemático.
Es que la educación es un tema de debate político partidario y las futuras autoridades –que responden a un partido o coalición de partidos– deberán resolver. Y lo harán con la base de este escenario que permanece complicado, con elecciones o sin ellas.
No es posible darle tantas vueltas a un asunto complejo desde hace años, porque así lo señalan las pruebas efectuadas en 2017 y que están al alcance de la web. Las presiones políticas fueron más fuertes que la independencia técnica para el manejo de las conclusiones que, al menos en Uruguay, son importantes. Los informes son reveladores. Y revelan, precisamente, que la educación no es igualadora, sino todo lo contrario. Los estudiantes de tercer año de ambos subsistemas atraviesan por una importante inequidad. De otra forma, no hay explicación a las bajas tasas de egreso de la Media Superior.
Esa es la realidad. Todo lo demás, es una discusión bizantina que conduce a la nada. Con esta herencia deberá lidiar el próximo gobierno y será necesario que separe los tantos de entrada. Deberá hacerlo para no continuar en la confusión de los resultados de una política social rectora en la vida de un ser humano, como es la educación, con el cálculo electoral que dura solo cinco años. → Leer más

En un país en el que sistemáticamente se han venido perdiendo puestos de trabajo en la industria manufacturera en los últimos años, con una economía exportadora primarizada, cierre de industrias por los elevados costos y escasa o nula rentabilidad, surge claramente que la misión del próximo ministro de Industria Energía y Minería resultará un desafío titánico, en el que además su trabajo deberá estar estrechamente ligado a otros ministerios, sobre todo el de Economía y Finanzas, para una coordinación y sintonía en objetivos imprescindible.
Para este cargo ha sido designado el Ing. Omar Paganini, a quien secundará en la subsecretaría nuestro conterráneo Walter Verri, en buena medida como reconocimiento al Paysandú industrial que aflorara en la década de 1940, y que se ha ido apagando hasta llegar a una época actual de media agua, siguiendo el rumbo que ha tenido el país, pero con una repercusión socioeconómica mucho más grave en un departamento en el que las industrias han sido la clave de su pujanza y dinámica.
Por supuesto, el nuevo ministro no podrá partir de cero para hacer y deshacer a voluntad, sino que heredará una problemática tan vasta como compleja, en tanto su trabajo deberá desarrollarse en clave de la política económica que encare el gobierno que encabezará Luis Lacalle Pou.
La realidad indica que estamos en un país en el que emprender es un desafío formidable y en el que prima la cultura del Estado proveedor de bienestar y empleos cómodos de por vida, así como empresas estatales monopólicas e ineficientes protegidas con el dinero de todos los uruguayos, que las financian y como en el caso de Ancap, hasta las han capitalizado.
En entrevista concedida a Montevideo Portal, el futuro secretario de Estado dijo acerca de su gestión que entiende necesarios algunos cambios de las empresas públicas, que viren hacia cierta “flexibilidad” y “permeabilidad”, para apostar a la “innovación” y “competitividad”.
Asimismo, considera que las tarifas son un tema que estará desde el primer momento en el tapete, por cuanto se debe seguir la evolución de parámetros de costos que han cambiado significativamente en un año, y por lo tanto a su juicio, el gobierno de izquierda que está terminando debió haber realizado ajustes que no ha efectuado para que las decisiones las adopte el nuevo gobierno, pero ya con los costos atrasados.
A juicio de Paganini, cuando se tiene un mercado libre de un determinado bien o servicio no existen tarifas, sino precios, los que son fijados por el mercado de acuerdo a la interacción, interés, consumo y oferta, pero en el caso de las empresas estatales, con un mercado regulado, lo que sucede con los monopólicos u oligopólicos, como la electricidad, los combustibles, las tarifas se suelen fijar de manera administrativa por algún ente que tiene la potestad de decidir el precio.
Según el próximo jerarca, la visión moderna indica que “el propio prestador no puede ser el que fije sus propias tarifas, una decisión que de alguna manera le daría demasiado poder en un mercado monopólico. La tradición uruguaya es que esa decisión se negocie, digamos, entre la empresa responsable de proveer el servicio y sus necesidades económicas, el Poder Ejecutivo y su realidad. Le llamo discrecional a eso porque no es que se base en una regla determinada, sino en una negociación de cierto contexto. Esas tarifas salen de una discusión del tipo ‘yo necesito tanto’, ‘yo también’ o no… Por eso es discrecional”.
Bueno, esta es la historia del Uruguay, el Estado y los monopolios, los precios políticos y también los sobreprecios de acuerdo a las necesidades de caja del gobierno de turno, y en el caso del Frente Amplio, el abultado déficit fiscal ha hecho que en los últimos años sobre todo se haya puesto énfasis en recaudar por la vía de las tarifas de las empresas públicas, con el consecuente incremento de costos para los emprendimientos de todo tipo y naturalmente también para las economías domésticas.
Esta presión de costos es precisamente echar nafta al fuego de los problemas que tiene Uruguay para proyectarse en competir tanto en la exportación como en lo interno para productos de importación, porque tenemos precios altos en la comparativa regional y global, y se ha ingresado en un círculo vicioso en el que ha resultado harto difícil romper con el status quo ante el mínimo margen de maniobra que deja el gobierno que se va.
Según Paganini “las tarifas deben reflejar la realidad técnica, que los costos sean razonables para ser trasladados a tarifas, más un margen de ganancia. Cuando uno no tiene ese mecanismo técnico, lo que termina sucediendo es que deriva en una decisión política. Y a veces esa decisión es correcta, pero a veces no”, en tanto “nosotros creemos que las tarifas deben reflejar la realidad técnica en el sentido de que los costos sean razonables para ser trasladados a tarifas, más un margen de ganancia que también es natural que exista”.
Argumentó que “cuando uno dice que deberíamos ir a una visión técnica es que deberíamos ir a ver cuáles son los costos, ver si variaron, y si los costos variaron hay que ajustar el precio. Y en un año, en el combustible, los costos variaron, tanto del petróleo como del dólar. Y variaron en forma sustantiva. Entonces, si eso no se ajusta, lo que sucede es que uno le genera un problema a la empresa porque la hace operar en un contexto de costos mayores con precios congelados. Eso es lo que estamos diciendo nosotros como gobierno entrante: que el ajuste debió haberse realizado”.
Planteadas así las cosas, en medio de un déficit fiscal en el que la coalición de izquierdas ha seguido la línea de gobiernos anteriores en el sentido de que se recauda por las tarifas para enjugar las necesidades de caja inmediata de Rentas Generales, es muy difícil que el nuevo gobierno no encare de entrada un “ajuste” en el precio para no seguir aumentando el agujero en las finanzas, porque por fuerza de las circunstancias, lo urgente hace postergar lo importante y necesario y cada gobierno suma parches para seguir tirando, como una constante.
Ergo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería encuentra un sector afectado seriamente, que viene condicionado desde hace varios años con una tendencia que no es alentadora, con pérdida de mano de obra y de empresas.
Si bien es absolutamente de recibo la visión del próximo ministro de que hay herramientas a implementar, habida cuenta de que la reactivación del sector es de interés fundamental para el país, el escenario macro, el costo país, es piedra angular para todo lo que se haga, más allá de medidas puntuales de estímulo.
Las buenas intenciones de muy poco servirán si no se pone acento en abatir los costos internos y la competitividad. Ocurre que esa no es tarea de un solo ministerio y posiblemente ni siquiera de un solo gobierno, sino que corresponde a políticas de Estado que estén por encima de ideologías y que deben estar regidas por el sentido común, más allá de la ortodoxia, que es precisamente lo que ha estado ausente todos estos años en que solo se vivió el presente. → Leer más

La semana anterior cerró con casos luctuosos de inseguridad ciudadana y otros, inauditos, que deambulan en la red social, en el apartado de las noticias insólitas por infrecuentes. Aún resulta extraño que sea asesinado un funcionario afectado a la seguridad ciudadana. Pero así ocurrió el miércoles, poco después de las 7 de la mañana.
Un policía de 29 años, quien había egresado hacía cuatro meses, fue muerto de un balazo mientras conducía su moto rumbo al trabajo. Ese mismo día, pocas horas después, un oficial de la Guardia Republicana fue apuñalado para robarle su arma. Y al final del día, en Playa Pascual, un mujer policía de 19 años, también recién egresada, fue emboscada cuando bajaba del ómnibus por dos delincuentes fuertemente armados. En todos los casos para robarle su arma de reglamento.
O la violenta rapiña ocurrida en un supermercado ubicado en la zona de los barrios cooperativos de Paysandú, donde ingresaron dos delincuentes con medias en la cabeza, hirieron a su propietaria y apuntaron con un revólver a una niña de 6 años.
O el tiroteo en ruta 1, a la altura de San José, que terminó con un rapiñero de 16 años abatido por un policía. La vida perdida en plena adolescencia y delincuentes mejor armados que cualquiera, sin interés por la vida. Ni la propia, ni la ajena. Con valores perdidos mucho más allá de una generación cuya recuperación no ha sido posible, a pesar de los cuestionamientos ideológicos.
Las redes sociales han servido para acunar comentarios de todo tipo. Llevan sobre sí la suerte del verdugo y la del perdonador. Incluso intentan mezclar las políticas llevadas adelante por el gobierno saliente –que todavía permanece en funciones– con el indefinido “yo no los voté”.
La politización continua y constante, también habla de nosotros y de los otros. Porque no es posible creer en un cambio tangible, cuando las discusiones intentan zanjarse por el color partidario. Eso, claramente, nos define como sociedad.
O la condena selectiva a los hechos de violencia. Porque había que conformar una histeria colectiva que saliera a pintar muros y monumentos públicos para denunciar la “muerte al macho” y contra el “patriarcado”. Sin embargo, el “Ni una menos” ni se oyó por la mujer que intentó defender su trabajo o por la niña que corrió desorientada a la salida, cuando vio que su madre era agredida de un culatazo en la cabeza.
Hasta allí no llegan las oenegés. Y tampoco llegan los sindicatos que no salen a las calles cuando un trabajador es herido o asesinado porque la “corrección política” compromete las formas de protestar en un gobierno amigo. Sin embargo, adjudican la responsabilidad de informar a los medios de comunicación. Por eso, por hacer su trabajo.
La semana transcurrió con intentos de femicidio en varios lugares del país, hubo animales carneados vivos en el medio del campo sin que la opinión pública siquiera se moviera y hasta tiraron un cordero desde un helicóptero a una piscina en un balneario exclusivo que –ese sí– motivó a la producción de sendos programas en ambas orillas rioplatense.
Patético y extraño para una sociedad que tiene alto desarrollo humano y tecnológico, pero escaso nivel reflexivo. Porque cuando hubo que condenar la violencia, se lo hizo con más violencia e intolerancia. Y cuando hubo que emitir juicios con consideración, se lo hizo de la forma más descarnada posible. No importaba si invadía la privacidad de una familia en duelo: el comentario era el video sobre un cuerpo tirado en la calle. O el video que habían filmado durante varios minutos un grupo de curiosos en un centro comercial, por el simple morbo.
No hay forma de pensar diferente porque simplemente no ocurrió diferente. Y porque no se puede hablar de individuos recuperables si matan y carnean a tres caballos que son usados para equinoterapia. Y tampoco se puede hablar de penas, si un ladrón de autos es condenado a lavar ese vehículo hurtado tres veces por semana con “cera y silicona”, como especifica el dictamen. O si la condena para quien compra objetos robados es freír tortas fritas para una institución pública o privada de bien público, por el simple hecho que esa persona tiene un puesto de tortas fritas. O quienes están “condenados” con “libertad vigilada” o aquellos que deben ir por las noches un par de horas a una comisaría.
Todo muy excéntrico y cruel. Pero todo eso somos nosotros: los que condenan y los condenados. ¿Quién creó y promovió la brecha que ha ocupado ríos de tinta en las editoriales? Las divisiones no se zanjan con discursos ni por las redes. Porque tienen muy poco en común, los afectados y los “comentaristas”. Y, sin embargo, provienen de la misma sociedad.
¿Qué nos transformó y nos cortó el diálogo y la convivencia? ¿Qué nos hizo tan perdedores de los modales y nos dio tan baja tolerancia para quien piensa diferente? ¿Qué nos hizo mostrar la frustración que llevamos dentro?
Porque la humanidad se construyó sobre la base de las discusiones filosóficas, los encuentros y desencuentros.
Pero al final, al menos en nuestras comunidades pequeñas, prevalecía la parte humana. Y hasta ahí nada raro, porque eso era el “ser uruguayo”. Un individuo que quería sentirse apartado de una región, donde comenzaban a ocurrir otras cosas a un tiempo más vertiginoso.
Sin embargo, parece claro que la mayoría optó por el bando opuesto, sin que importe demasiado si eso crea divisiones o permite mostrar la cara más visible de esa brecha, que es la violencia. Cualquiera sea su forma de expresión.
Porque la culpa siempre será del otro. Por opinar distinto, por estar allí en el momento menos pensado, por llegar, por irse, por creer en un cambio o por descreer en todo. Las acciones del otro serán la variable de ajuste para cada pensamiento y dar batalla en “la chiquita” será como estar en el gran combate.
No se puede mirar para el costado y hacer como que no pasa. Todo esto que ocurre, nos impide el pensamiento con claridad y el debate con audacia.
No permite un análisis crítico de los límites que tenemos como individuos, porque nos permitimos la ilimitada capacidad de decir lo que queramos, en cualquier circunstancia y creer que eso es democracia. → Leer más

Es pertinente formular algunas reflexiones o compartir razonamientos a partir de datos que surgen ocasionalmente para establecer comparativos entre regiones o países, los que nos permite hacer una composición de lugar, en el mejor de los casos, sobre la realidad en la que estamos situados, desde que no somos una isla.
Por lo tanto en tren de comparaciones, todo lo que surge tiene que ver con nuestra inserción en el mundo, fundamentalmente para un país del tamaño de nuestra economía, precisamente.
Tenemos así que en las últimas horas se conocieron detalles del ranking mundial de las ciudades más caras del mundo, en el que se da cuenta que Montevideo es la ciudad más cara de la región, y le siguen en el subcontinente otras como San Pablo, Santiago de Chile, y Guayaquil. Entre las primeras diez ciudades hay cuatro brasileñas y dos ecuatorianas, en tanto las ciudades más baratas son Caracas, Cali, Medellín, Asunción del Paraguay y Bogotá.
De acuerdo a la base de datos Numbeo, en Montevideo el mayor porcentaje de gastos se destina a la alimentación, seguido por el alquiler, los restaurantes y el transporte, para continuar en escala descendente con los servicios mensuales, los deportes y el ocio, y cerrar con la compra de ropa y zapatos.
En Montevideo, por ejemplo, los precios de los restaurantes están 92 por ciento por encima de Bogotá, mientras que el poder adquisitivo es 40 por ciento mayor que el de la capital colombiana. La ciudad más cara del mundo es Zurich y en el ranking le siguen otras cuatro ciudades suizas.
Bueno, podría decirse que el hecho de que Montevideo sea la ciudad más cara del Cono Sur latinoamericano sería un problema de los montevideanos, pero en realidad la capital uruguaya es una muestra del nivel de precios comparativos de todo el país en la región, e incluso si tomamos algunos precios en el Interior, nos encontraremos que son más caros que en la capital, pese a una creencia generalizada en contrario, y ni que decir que se cobra muchas veces el transporte hacia el Interior de mercadería que se produce fuera de Montevideo, en otros departamentos, y que luego se redistribuye a todo el país.
Igualmente, este no es el punto central, porque no estamos analizando datos absolutos, sino que todo es relativo, al fin de cuentas, salvo a la hora de traducir los valores a dólares en el concierto internacional para vender y comprar. Ahí se nota cuando un país es realmente caro, porque se ponen en juego los costos internos, la relación cambiaria, la eficiencia y la productividad para colocar en destino el producto final o la materia prima.
No cuesta poco inferir que con los precios más altos de la región, el país tiene escasas posibilidades de competir con los países que venden la misma materia prima o productos semiterminados, y mucho menos si como es el caso de Uruguay, no tiene una compensación a través de aranceles preferenciales por tratados de libre comercio o acuerdos similares, como sí tienen muchos de nuestros competidores.
Con salarios y tarifas altas en dólares, al igual que la energía, con una pesada tributación, e insumos en niveles similares, a lo que se agrega una productividad que está muy lejos de acercarse a lo que se requiere en el mundo moderno, es claro que no aprobamos el examen de competitividad. Peor aún, tenemos las piezas acomodadas en este rompecabezas de costos de tal forma que es muy difícil, si no imposible, modificar algunos de los elementos sin afectar otros factores de primer orden y eventualmente empeorar las cosas, por lo menos en el primer empujón, con la expectativa de ir adecuando el resto a nuestras posibilidades.
Ello se debe al escaso, por no decir casi nulo, margen de maniobra que tendrá el futuro gobierno, mientras el actual sigue en piloto automático y peor aún, se decide a hacer cosas y dejar papeles firmados para que esos proyectos los aborden las nuevas autoridades y a la vez los financien, sin siquiera consultar sobre lo que es posible y lo que no se está de acuerdo, para no tener que revisar todo de nuevo y perder tiempo en reconsideraciones y análisis adicionales en la difícil tarea que sobrevendrá.
Volviendo al punto inicial, tenemos que el hecho de que Montevideo sea la ciudad más cara de la región es un símbolo que pinta el eje de la cuestión, porque abaratar el país no será cosa fácil si no se empieza por el gran culpable de este escenario, que es precisamente lo que el Estado le cuesta a los uruguayos.
Somos caros porque todos debemos volcar compulsivamente gran parte de nuestros ingresos al Estado, desde empresarios a trabajadores, y lejos de facilitar las cosas para los inversores, su ineficiencia y sus altos costos impiden hasta reducir en una mínima parte el déficit fiscal de más del 5 por ciento del PBI.
Es decir que como en un hogar, se sigue gastando más de lo que ingresa, lo que implica afrontar un mayor endeudamiento, mientras la vez no se pueden bajar las tarifas públicas, caso concreto de la energía, como así tampoco la presión tributaria, porque el Estado necesita recaudar mes a mes para satisfacer –igualmente no alcanza– sus necesidades de caja para poder seguir funcionando.
Por un lado hay que comenzar, y debería ser empezar a gastar menos. Pero este es un hueso difícil de roer tal como deja las cosas el gobierno saliente, porque los costos fijos implican salarios y jubilaciones, los costos de producir y de funcionamiento de las empresas públicas y de la burocracia estatal, pagar los compromisos de deuda, mantener la salud y las prestaciones sociales, la educación, a la vez de dejar margen para la vivienda y la inversión en infraestructura, por mencionar solo algunos de los aspectos más importantes.
Es decir, todo aquello que subyace en el dato de que Montevideo es caro, porque el país es caro, producimos caro e ineficientemente, gastamos mucho y generamos poca riqueza. Y no es que el dueño del restaurante que vende caro, o el bolichero que cobra caro o cualquier otro amasa fortunas en Montevideo; es que a pesar de todo lo caro, más caro nos resulta mantener al Estado y todo lo que éste “inventa” que encarece el trabajo uruguayo. → Leer más

Desde que tenemos memoria, el escenario socioeconómico que se da en América Latina, aún teniendo en cuenta los matices entre regiones y países, tiene una alta dependencia de la economía mundial y de las relaciones entre y con países desarrollados, que son los que al fin de cuentas dictan las leyes en el comercio y las finanzas; y porque además seguimos siendo vulnerables y tomadores de situaciones, más allá de avatares propios.
Sobre todo porque en cuanto a infraestructura, crecimiento y desarrollo, el Cono Sur y Centroamérica dependen de las exportaciones de sus materias primas, como abastecedores de commodities para terminación y procesamiento fuera de fronteras, para a la vez pagar precios elevados por el trabajo y la tecnología a los países que vendemos, los que cuentan con infraestructura, industria y tecnología para exportar productos terminados.
En los últimos años la bonanza económica de la región que se dio por algo más de una década, no se debió a que se pusieran en marcha políticas de desarrollo y derrame de riqueza por inversión genuina y consecuente mejora de la calidad de vida, sino que se apoyó en el elevado precio de los commodities. También ayudó que la Reserva Federal de Estados Unidos (conocida como Fed) redujo durante varios años a cero la tasa de interés para los bonos del tesoro americano, por lo que los inversores decidieron colocar su dinero en países del Tercer Mundo en lugar de ponerlos en bonos que no le redituaban nada. La mayor disponibilidad de recursos permitió dar la sensación de un bienestar que resultó efímero, porque no se solucionaron los grandes problemas endógenos, en tanto los gobiernos populistas en su afán de retener el poder, gastaron incluso más de lo que ingresaba, sin a la vez generar condiciones para el crecimiento.
Vuelta las aguas de los precios a su cauce, nos encontramos con que se han incorporado más costos fijos en el Estado y no se cuenta con recursos para financiarlos, lo que explica en gran medida el déficit fiscal y la inflación que padece la región como común denominador, de lo que nuestro país es un ejemplo claro.
Las previsiones para América Latina en este 2020 están evaluadas en base a la evolución de la economía mundial, en nuestra situación de dependencia de los mercados que se abren y cierran de acuerdo a la conveniencia de las grandes economías y sus necesidades de momento.
En este sentido tenemos que los más reputados economistas internacionales especializados en la región están pronosticando que la economía latinoamericana crecerá en 2020 y que si bien no será un gran año, sí será mejor que 2019.
Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) y otras instituciones internacionales, la expectativa es que la región crecerá alrededor de un 1,4 por ciento este año, en comparación con su crecimiento casi nulo del 0,2 por ciento el año pasado.
Hay elementos que influyen notoriamente en esta evaluación, y que en mayor o menor medida, tiran abajo el promedio. Así, la economía de Venezuela es un barril sin fondo, la Argentina está en crisis, y economías como las de Colombia y Chile, que se presentan como saneadas, a la vez están jaqueadas por manifestaciones callejeras que tratan de promover el caos.
En este tema es valedero aportar reflexiones del analista político internacional Andrés Oppenheimer, quien en análisis sobre el tema para el diario La Nación, de Argentina, evalúa que no debe dejarse de tener en cuenta que China, un importador importante de materias primas latinoamericanas, está creciendo a un ritmo más lento y que podría haber una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que podría hacer caer el comercio mundial.
Considera igualmente al respecto que Alejandro Werner, director del Departamento de América Latina del FMI, “me dijo que a pesar de todas estas amenazas, la economía de América Latina va a tener un mejor desempeño en 2020. Entre otras cosas, habrá un ‘efecto rebote’ después de cuatro años de estancamiento económico, y las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, crecerán más que el año pasado”.
Según el pronóstico del FMI, la economía de Brasil crecerá un 2 por ciento este año, gracias a la aprobación de una reforma de pensiones y otras medidas que atraerán más inversiones al país. Brasil, junto con Colombia, es una de las economías que están creciendo más rápido entre los países más grandes de América Latina. Además de Brasil y Colombia, la economía de México probablemente crecerá hasta un 1,4 por ciento este año, tras un crecimiento del 0,4 por ciento el año pasado, según dijo Werner.
Esto se debe a que es probable que Estados Unidos, México y Canadá ratifiquen su tratado de libre comercio, lo que alentará las inversiones.
Además, es probable que el sector manufacturero de México se beneficie del acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China. Si crece el comercio entre Estados Unidos y China, crecerán las exportaciones de las fábricas mexicanas que abastecen a los productores estadounidenses.
Como contrapartida, todo indica que la economía de Venezuela continuará cayendo un 10 por ciento este año después de una disminución del 35 por ciento el año pasado, y es harto probable que la economía de la Argentina siga estancada, cuando está ahora en el poder un gobierno populista como el de Alberto Fernández y las herencias “malditas” entre los gobiernos se siguen dando en un país con grandes recursos naturales mal gestionados, por decir lo menos.
Otro elemento a tener en cuenta es que el crecimiento proyectado de la región del 1,4 por ciento en 2020 todavía estaría por debajo del crecimiento poblacional. Eso significa que los países no estarían generando aún suficientes trabajos para los millones de jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral todos los años.
Lamentablemente, el eje de este diagnóstico –no es un tema nuevo– es que si no se generan inversiones genuinas no hay crecimiento, lo que indica que se cuenta con recursos insuficientes para reciclar y hacer frente a la pobreza.
Una especie de mosca blanca en este panorama regional paradójicamente lo tenemos en la excolonia Guyana, desde que según el Fondo Monetario Internacional la economía de esta olvidada nación sudamericana de casi 800.000 habitantes crecerá en 2020 a la espectacular tasa del 86% anual, o sea 14 veces más rápido que la economía china y será la economía de mayor crecimiento en el mundo.
También podría convertirse rápidamente en una de las naciones más prósperas per cápita en el hemisferio e incluso en el mundo; pero claro, ese crecimiento no es por hacer las cosas bien, sino por el petróleo que está empezando a brotar del subsuelo guyanés.
Enhorabuena para los guyanos, aunque teniendo en cuenta la historia de la región, y sobre todo la de sus vecinos venezolanos, este escenario de nuevos ricos con una producción del orden de un millón de barriles de crudo diarios, podría ser una catapulta para sanear su economía y el bienestar económico de su pueblo, o como ha ocurrido, se podría ingresar en una espiral de ocio, indolencia, corrupción y de comodidad que termine en más problemas que los que se tiene ahora.Pero, solo de ellos depende hacer las cosas bien, y es de esperar que no caigan en el populismo y despilfarro que es pan para hoy y hambre para mañana. → Leer más

En Rusia pasa un poco lo que en los países árabes. No están acostumbrados a la democracia, y en algunos casos la desconocen. Los rusos, comandados bajo la égida comunista durante 80 penosos años, se han visto luego frustrados de observar verdaderos procesos democráticos desde los años de 1990 hasta la fecha, con el hombre fuerte por antonomasia de ese enorme país: Vladimir Putin.
El presidente, exagente de la temible KGB, ha creado desde hace años un régimen en torno a su figura, haciendo y deshaciendo a placer, al tiempo que se ha armado de un barniz democrático. La última de Putin tuvo lugar el miércoles: provocó la renuncia en pleno del gobierno al anunciar una reforma política que otorgará mayores poderes al Parlamento y abre la operación sucesión en el Kremlin.
Esto quiere decir que después de 20 años en el Kremlin marcados especialmente en los últimos años por la involución democrática, Putin propuso introducir una serie de enmiendas a la Constitución que deberán ser validadas por los rusos en un referéndum. La movida del mandatario incluyó la salida de Dimitri Medvedev, el fiel escudero de Putin desde hace dos décadas: en su lugar quedó un desconocido, Mijail Mishustin.
Putin propuso que a partir de ahora la Duma vote la candidatura del primer ministro, cuando hasta ahora se limitaba a dar el visto bueno. Lo mismo ocurrirá con los viceministros y el resto de miembros del Ejecutivo, prerrogativa que la oposición comunista había demandado durante los últimos años ante el descrédito de la Cámara Baja entre la ciudadanía. Claro está, la reforma política fue muy bien recibida tanto por los principales poderes del Estado, incluido la Duma o Cámara Baja y el Senado, como por los principales líderes políticos leales al Kremlin.
La renuncia del primer ministro Medvedev, muy impopular entre los rusos por la drástica caída del nivel de vida en los últimos años, abre muchos interrogantes sobre el futuro del propio Putin, que debe abandonar el Kremlin en 2024, cuando expira su segundo mandato presidencial consecutivo de seis años cada uno.
Tras gobernar como presidente durante dos primeros mandatos (2000-2008), Putin situó a Medvedev en su puesto entre 2008 y 2012 para esquivar la prohibición de ser jefe de Estado durante más de dos períodos. Durante esos cuatro años, el actual presidente ejerció como primer ministro y luego volvió a intercambiarse los cargos con Medvedev. El hasta ahora primer ministro asumirá un cargo de nueva creación: vicejefe del Consejo de Seguridad que lidera el presidente ruso.
Con las distintas modificaciones, Putin, de 67 años y que lleva en el poder desde hace dos décadas, se aseguraría que nadie esté en el cargo durante tanto tiempo como él, ni acumule tanta autoridad. Es la persona que más tiempo ha estado al cargo desde Josef Stalin (en la URSS). Su sucesión y qué papel desempeñará el hombre que maneja todo el poder es una cuestión vital para un país con la economía estancada y la ciudadanía exhausta por el empeoramiento en el nivel de vida.
“Rusia ha entrado en su período de transición de poder antes de lo previsto”, según dijo la politóloga Tatyana Stanovaya, fundadora del grupo de análisis R. Politik. “Putin se está preparando para dejar la presidencia –ya sea en 2024 o incluso antes–, y está tratando de crear un mecanismo de seguridad para su sucesor en caso de conflicto. Al mismo tiempo, se está deshaciendo de Medvédev, que se ha vuelto tóxico para la élite y la población en general. Esto debería hacer que el período de transición sea más suave”, añadió la analista. El hasta ahora primer ministro tiene un índice de popularidad de un 37,9%, según la encuestadora estatal Vtsiom (datos de diciembre). El de Putin, aunque ha sufrido altibajos grandes, es de nada menos de 70,3%.
Sea como sea, durante las dos últimas décadas Putin fue el “hombre fuerte” que reubicó otra vez a Rusia en el mapa de la política mundial. Sus numerosas reformas internas, desde recortes de impuestos hasta una expansión de los derechos de propiedad, han ayudado a cambiar la vida de millones de rusos afectados por la pobreza y la inestabilidad que siguieron a la caída de la Unión Soviética.
Por otro lado, muchos le señalan de haber conducido a su país durante las últimas dos décadas a un nuevo autoritarismo, inflexible en su represión de la disidencia y en sus incursiones militares o políticas en Crimea, Medio Oriente o en las elecciones de Estados Unidos. Para muchos, otro de los momentos incuestionables que marcó la Rusia de Putin fue su estrategia para conservar el poder. En su biografía “El nuevo zar: el ascenso y el reinado de Vladimir Putin”, el periodista e investigador Steven Lee Myers señala que el ascenso del gobernante ruso durante los últimos 20 años marcó también el regreso de la autocracia, de la concentración de poderes y el culto a la personalidad que caracterizaron a la Rusia imperial y, luego, a la Unión Soviética.
La Constitución vigente únicamente obliga al presidente a dejar el cargo tras ejercer dos mandatos consecutivos, pero no le impide regresar al Kremlin posteriormente. Putin tendrá 71 años cuando tenga que abandonar el gobierno en 2024, pero hoy ningún analista se atreve a descartar que durante la próxima década siga dirigiendo los destinos de este país en primera línea o en la sombra. → Leer más

Tabaré Vázquez es un presidente en retirada que pretende, a todas luces, dejar un legado. En las últimas semanas procuró encabezar conferencias de prensa, donde realizó anuncios importantes, pero que deberá resolver el próximo gobierno.
El lunes encabezó la presentación de un nuevo Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en cardiología en el hospital de Tacuarembó. El mandatario destacó que por primera vez, el Fondo Nacional de Recursos regirá un IMAE público y capacitará a recursos humanos en el Interior. La población objetivo son unos 350.000 usuarios residentes al Norte y se destinará para su instalación, una inversión de tres millones de dólares.
La atención a las enfermedades cardiovasculares en Uruguay es de vital importancia, en tanto matan al 30,5% de las mujeres y al 25,7% de los hombres. El presidente Vázquez sabe que la descentralización de los servicios en un país como el nuestro es un reclamo de larga data. Tanto como un IMAE cardiológico que llevaba 12 años a la espera de una decisión política; sin embargo, muchos de los pacientes que infartan deben trasladarse a la capital.
Así como el tiempo pasó, también pasará otro poco más porque la fecha de inicio del servicio no está definida. Tampoco hay definiciones presupuestales o de recursos humanos, al tiempo que deben llevarse adelante las coordinaciones jurídicas de los servicios porque varias instituciones intervendrán en la extensión de este IMAE.
El director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, tuvo que aclarar algunos aspectos desconocidos para la opinión pública. Y estuvo bien, porque alguien debe manejar las expectativas de la población.
Porque deberá resolverse la forma de pago de los técnicos y las gestiones ante el Fondo Nacional de Recursos (FNR) para establecer ese financiamiento. Mientras tanto, se está creando una unidad de atención a pacientes vasculares con alto presupuesto que contiene intervenciones quirúrgicas, entre otros tratamientos.
No hay dudas que el hospital tacuaremboense es un centro de referencia en el interior del país, por su equipamiento con salas híbridas y de primer nivel. Sin embargo, es la primera vez que un IMAE con estas características funciona fuera de Montevideo. Y en Uruguay, además, todo funciona más lento.
La resolución del FNR determina los pasos a dar y varios de esos pasos aún quedan por resolverse. Si son procedimientos complejos, entonces las resoluciones también lo son y las intervenciones cardiovasculares deben atravesar por esos procesos.
Por otra parte, los técnicos no están en el Interior por lo que hace falta un acuerdo interinstitucional, con la participación del Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Pero además deberán viajar desde Montevideo y para eso se necesitará destinar presupuesto y logística.
Y esos recursos no saldrán del FNR si no se cumplen con las pautas que establece el fondo. El Hospital de Clínicas proveerá de recursos humanos y técnicos, pero antes deberán establecerse las condiciones óptimas, además de saber quién financiará desde el comienzo.
Para eso hace falta plata y esas distancias aún no están recorridas. Está fuera de discusión que los usuarios que viven al Norte, merecen el mismo tratamiento que los residentes en el Sur.
El problema radica en escuchar al presidente y a su ministro de Salud, Jorge Basso, y creer que en poco tiempo todo comenzará a funcionar de acuerdo al lanzamiento efectuado en Presidencia.
En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a los anuncios que después no se concretan y hay sobrados ejemplos, así como la promulgación de leyes que no tienen presupuesto y son imposibles de instrumentar. Como la ley integral de violencia basada en género que es una buena iniciativa, pero no tiene plata para su desarrollo pleno. O la nueva ley de salud mental, a la cual le destinaron el 40% del total del presupuesto necesario.
O la declaración de emergencia nacional de la violencia doméstica que llega tarde, a fin de año y motivado por los casos fatales ocurridos en fechas de alta sensibilidad, como las fiestas tradicionales. Una declaración que deberá reglamentar el gobierno de Lacalle Pou.
La visión de la comunicación de resoluciones importantes es un punto débil en el gobierno saliente. No asentar sobre las bases de la realidad estos anuncios, se confunde con la etapa que llevamos adelante como país, como es la transición hacia el próximo gobierno que asumirá el 1° de marzo. Y de la que restan aún, 45 días.
También el próximo gobierno deberá resolver sobre la construcción de una represa en el río Santa Lucía. Tendrá a su consideración la exclusión de los tratamientos que no forman el protocolo del FNR para evitar mayores casos de judicialización de la salud. Y el gran “legado” que fue un cambio radical en las medidas de suba de las tarifas públicas, que siempre hacía a comienzos del año y en esta oportunidad no ocurrió. Por más que los cercanos a Vázquez se esfuercen por explicar lo que anunció el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, durante la conferencia de prensa del 29 de julio. Ese día, el secretario de Estado dijo “probablemente” hasta el final del período y “probablemente” en una autoridad de gobierno no es anuncio de nada.
Por eso, seguramente las tarifas se incrementarán en marzo y el legado se transformó en un enorme conjunto de problemas que deberá resolver el gobierno multicolor. Una decisión que comprometerá los anuncios de ahorro que Lacalle Pou efectuó durante su campaña y calculó en torno a 900 millones de dólares, destinados a bajar el déficit fiscal que se mantiene planchado en el 5% del PBI y que el actual gobierno no pudo reducir. Con bonanza y sin ella, es la deuda pública más alta de los últimos 32 años.
Por lo tanto, el cambio en las reglas de juego también será su “legado”. → Leer más

Sin dudas un elemento central en las políticas que habrá de llevar adelante el nuevo gobierno –con expectativas acotadas, naturalmente, ante un margen de maniobra muy condicionado por el estado deficitario de las cuentas públicas, el atraso del tipo de cambio, aumento de la desocupación y desaceleración de la economía– tiene que ver con el precio de la energía que moviliza el aparato productivo y la logística, nada menos, y pese que en estos últimos años se ha mejorado el perfil de la matriz energética, el petróleo sigue ocupando un papel prioritario en este esquema.
Es por ello que debe considerarse como de primer orden la evaluación a priori que formulan quienes habrán de ocupar cargos de decisión en el gobierno que asumirá el 1º de marzo, como es el caso del designado subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, nuestro conterráneo diputado Walter Verri, quien se integrará al cargo en el marco de la distribución de ministerios entre los integrantes de la coalición multicolor, en este caso por el Partido Colorado.
En diálogo con EL TELEGRAFO, Verri dijo que “no está descartado que la liberalización de la importación de combustibles se pueda incorporar a la Ley de Urgencia, o enviar un proyecto independiente a la brevedad, pero tampoco es un tema que necesariamente deba procesarse rápidamente”, lo que indica que con buen tino se ha preferido ir despacito por las piedras, porque se trata de una problemática compleja en un tema que tiene pendiente el país desde hace muchos años y que tiene que ver también con el papel que cumplen o deberían cumplir las empresas estatales.
Adelantó sí Verri que existe ya desde el vamos la decisión de que los precios de los combustibles tiendan a estar alineados con el precio de paridad de importación, “más allá que exista o no la posibilidad de importarlo”.
Explicó que no existe tampoco una decisión cerrada en el sentido de incluir o no el tema en la Ley de Urgente Consideración que implementará el gobierno lo antes posible a partir del inicio de su gestión, lo que reafirma la idea de que es un tema en el que no se puede acelerar sin evaluar todo el escenario, más allá de la coincidencia en la necesidad de que el Uruguay deje de tener los combustibles más caros de la región y entre los más caros del mundo, lo que por supuesto contribuye a que seamos un país caro, porque el combustible es clave en la pirámide de costos. Y mucho más cuando estamos atados al régimen monopólico de Ancap, su ineficiencia y su burocracia, por no mencionar una gestión que desde hace años ha estado dejando que desear, al punto que el gobierno debió capitalizar la empresa ante sus pérdidas, por un monto no inferior a los 600 millones de dólares.
En suma, el eje del tema son los precios, más allá de quien refine o importe, y para el país es de fundamental importancia que por lo menos no tengamos los combustibles más caros del mundo, en parte por el costo de importación y refinado, pero también en gran medida porque los impuestos que se aplican explican no menos de la mitad del precio del combustible en surtidor, simplemente porque entre todos estamos financiando al Estado que gasta demasiado y mal.
Señaló precisamente el futuro subsecretario que si el tema “está sobre la mesa es porque la orientación del ministerio estará alineada para que el Uruguay sea más competitivo. Por eso es evidente que tenemos que bajar el precio de los combustibles”, y “hacia ese horizonte vamos a trabajar, con liberalización o no”.
El punto es que aunque se hagan gárgaras con el tema de la “soberanía” para tratar de justificar el monopolio del refinado de Ancap, el Uruguay importa todo el petróleo que consume, desde siempre, y por lo tanto esta soberanía es simplemente un eslogan que han inventado los funcionarios sindicalizados y grupos de izquierda para defender este monopolio, porque al igual que en las demás empresas públicas, se sienten –y en buena medida lo son, tal como se han venido desarrollando los hechos– como los verdaderos dueños de estas empresas, en lugar de dedicar sus desvelos a brindar el mejor servicio posible a quienes les pagamos el sueldo, es decir todos los uruguayos.
Lo señala Verri al considerar que “Uruguay es tomador de precios en un mercado muy volátil, como ocurre ante la posibilidad de un conflicto entre Estados Unidos e Irán”, y reconoció que “esa volatilidad no la podemos manejar, pero tenemos otras herramientas, como por ejemplo diversificar los lugares desde donde se puede importar combustible. Ancap está trabajando en ese sentido, de manera independiente al cambio de gobierno”.
Consideró al respecto que la posibilidad de liberar la importación de combustible “es una herramienta que debería estar vigente, porque eso es algo que a Ancap lo obligaría a ser eficiente. Y en un ambiente donde somos tomadores de precios, para bajar el costo final de los combustibles tenemos que hacer énfasis en la eficiencia. No queda otra, de lo contrario se debería bajar algún impuesto que tiene el combustible. Pero si bien no se piensa aumentar, tampoco es posible reducirlos con un déficit fiscal de cinco puntos, que heredaremos”.
Es precisamente en estos aspectos en que está centrado el meollo de la cuestión: el alto componente de impuestos que no se pueden bajar cuando el Estado necesita paliar el déficit fiscal de 5 por ciento del PBI que deja este gobierno, pese a haber tenido durante gran parte de su gestión uno de los períodos más favorables de la historia en las condiciones internacionales para nuestras exportaciones y por ende contar con recursos extra, y por otro, aprovechar el menor precio de importación de los combustibles, sin a la vez incrementar gastos por el funcionamiento en costos fijos de la refinería, incluyendo naturalmente a su personal inamovible.
Estamos en este caso ante lo que podríamos denominar una “tormenta perfecta”, que hace que con Ley de Urgente Consideración o no, entre impuestos, monopolios, burocracia, costos fijos y presiones sindicales, resulte difícil cambiar la pisada porque no se parte de cero, sino de algo ya montado, por mejores intenciones que se tengan. → Leer más

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostró un nuevo deterioro del mercado de trabajo uruguayo, cuya cifra similar debe remontarse al 2007. Los datos oficiales indican un desempleo de 9,2% a nivel nacional, pero analizado solo el Interior del país, se eleva a 10%.
En forma paralela, el Instituto Cuesta Duarte del Pit Cnt, estimó en su análisis que la pérdida de puestos laborales afectó a unas 55.000 personas entre 2014 y 2019 y planteó que la recuperación de las tasas de empleo “sin duda será uno de los principales desafíos para el 2020”. La desocupación involucró en noviembre a unas 159.000 personas, por lo tanto el deterioro aceleró su ritmo, de acuerdo a dicho análisis.
Así como se elevó el desempleo, la tasa de empleo presenta su registro más bajo en los últimos años, al menos desde 2014. Y por rubros, claramente, la industria manufacturera continúa a la cabeza con la pérdida de 27.800 puestos, seguido de la construcción, el sector rural y el comercio.
Resulta fuerte y desalentador que las conclusiones digan que el desempleo será “uno de los principales desafíos” en 2020, cuando el deterioro mantiene una tendencia desde hace tres años. Fueron años de tibieza y de mirar las pizarras con el ceño fruncido, mientras las cifras no mejoraban. Pero, nada más.
Y si creemos que el índice de desempleo surge de la oferta y la demanda, entonces el porcentaje se eleva porque hay personas que ya no salen a buscar un empleo. O encontraron una solución en la informalidad o en la autogestión que no resulta visibilizado en las cifras. Pero tampoco califica como un empleado de calidad.
Ahora el Pit Cnt señala la “falta de políticas más activas” con respecto al gobierno saliente que estuvo en el poder por tres períodos. Si, de acuerdo a la estadística, el comercio, los servicios y la construcción siguen afectados, entonces la falta de inversiones aclara el panorama.
Y, por enésima vez, habrá que hablar de los problemas productivos, de inserción internacional y de competitividad que tiene Uruguay y no han sido resueltos. Porque el mundo transforma su tecnología y resuelve bastante más rápido de lo que nosotros pensamos. Y porque nuestros índices de empleo demuestran mes a mes, que no ha sido posible bajar el porcentaje de personas en el seguro de paro ni mejorar la tasa de actividad.
Todo eso, de acuerdo a las cifras oficiales. Porque en ciertos territorios y, particularmente al norte del río Negro, se percibe mucho más.
Pero el fenómeno no se detiene allí, porque el deterioro incluye a los salarios y su poder adquisitivo. Por eso la economía crece poco y refleja períodos de estancamientos. O con el déficit fiscal, incompatible con la deuda pública y el tan discutido “grado inversor”, que durante el último tramo de la campaña electoral estuvo sobre la mesa de debate. Porque si Uruguay lo pierde, habrá que mirar hacia atrás y lo que se hizo o no se hizo para sostenerlo.
La voluntad política exigía definiciones rápidas para evitar mayores complicaciones, con una reducción del déficit fiscal –no logrado– y que ahora no podrá asimilarse en pocos meses. Quizás para el 2021, siempre y cuando no haya problemas de gobernabilidad, ni se sostenga la fragmentación política. A todo esto deberá sumarse el contexto regional y externo porque en Uruguay, al menos, son factores que permean.
Porque cuando Tabaré Vázquez asumió la segunda presidencia en 2015, Uruguay tenía cifras de desempleo un poco por encima del 7%, con un perfil de la economía bastante cercana al pleno empleo.
Sin embargo, las condiciones cambiaron de manera radical y el contexto internacional ya no favoreció a la condición uruguaya. Mientras esperábamos que eso ocurriera, nuestras propias cifras comenzaban a deteriorarse y el peso mayor de ese perjuicio se notó en el empleo.
Ahora, esa senda de crecimiento ya no puede retomarse sin medidas antipáticas que alguien, en algún momento, deberá adoptar y dejar de patear la pelota hacia adelante. Y deberá resolver, a pesar de los costos políticos que el gobierno que se va no quiso asumir, porque pizarreaba constantemente los resultados, enmarcados en las últimas instancias electorales.
La prudencia deberá ejecutarse en los gastos públicos y también en los ajustes de salarios porque, de lo contrario, la problemática del empleo no se soluciona más. Y a eso lo saben los negociadores que vayan a sentarse a una mesa a dialogar en los próximos meses, tanto como el Pit Cnt, que se ha visto más conciliador a la salida de la última reunión en la sede del sector Todos.
Porque esta situación compleja de deterioro no surgió de la combustión espontánea, sino de una serie de factores no subsanados a tiempo y que ejercieron una fuerte presión en los guarismos de la economía uruguaya. El resultado fue el descontento popular y las explicaciones políticas sin fundamentos.
Porque hasta el momento se han mostrado expectativas exageradas en la creación de empleos a partir de algunas inversiones, como es el caso específico de la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM. En cualquier caso, abrir un panorama sin medir sus impactos a futuro, inhibe de la adopción de otras medidas que también son tan necesarias como avalar el emplazamiento de inversiones en el Interior del país. Un país que, dicho sea de paso, tiene una capacidad ociosa en torno al 40% y que también sirve para explicar el efecto de la recesión en la economía.
Mientras sigamos caros, los inversionistas demorarán su llegada, continuarán las restricciones para producir y exportar. Por lo tanto, ineludiblemente afectará en la mano de obra.
No es tan difícil de entender. No obstante, requiere de medidas generales tanto a corto como a largo plazo en una región compleja. O mejor dicho, en un mundo complejo donde nos involucra hasta la guerra comercial entre China y Estados Unidos, o lo que pueda ocurrir en Medio Oriente.
Ningún fenómeno geopolítico nos es ajeno y la celeridad en la toma de decisiones puede ser la diferencia entre seguir como estamos o cambiar la pisada. → Leer más

Un tema que debería incorporar desde el vamos el nuevo gobierno refiere a una problemática que ha estado recurrentemente ausente en el Uruguay y mucho más durante la gestión de los quince años de gobierno de izquierda. Nos referimos a la productividad, un elemento que es de vital importancia desde siempre, pero mucho más aún en el mundo moderno y globalizado.
Por supuesto, este componente sigue ausente en los planteos de la dirigencia sindical, y desde el gobierno no se han enviado todavía señales en cuanto a abordar el problema en toda su entidad. Es a todas luces una necesidad que el Uruguay aumente la productividad, como una forma genuina de reducir costos, incidiendo por lo tanto positivamente en la competitividad en los productos de exportación, y a la vez contribuyendo a contener la inflación, nada menos.
Un estudio del Banco Mundial, que data desde hace unos años pero que no ha cambiado en esencia, indica que la contribución del capital humano al crecimiento que ha tenido el Uruguay, sobre todo en la última década, ha sido muy baja, aspecto este que no ha tenido modificación durante los gobiernos del Frente Amplio, pese a la persistente suba de los costos de producción y pérdida de competitividad.
Estamos por lo tanto ante retos vigentes por temas pendientes y acentuados a partir de un escenario internacional que ha cambiado, con precios de commodities estancados o en baja, con los competidores pugnando por desalojarnos de los mercados y sin que tengamos a la vez tratados preferenciales para compensar este desfasaje, por lo que nuestros competidores llevan las de ganar.
Desde el Banco Mundial se indica que si bien Uruguay es hoy un país mucho más moderno y mucho más fuerte, con logros económicos y sociales en años recientes, hay desafíos que es preciso abordar, y precisamente cuando ya no hay viento de cola, el empuje por la productividad y el crecimiento en el futuro es aún más grande.
Sin dudas que hay aspectos que no han acompañado los cambios positivos, empezando por el escenario internacional, a lo que se agregan planteos difíciles en lo interno, como es el caso de la situación demográfica, el deterioro de la economía y en el plano de la educación, la gran deserción y la movilidad educativa.
Estos aspectos sin embargo son perdidos de vista ante las urgencias y los cortoplacismos, y sobre por reclamos sectoriales para contar con más recursos, como acontece cada vez que surge una instancia presupuestal en el caso de los gremios del Estado.
Por lo tanto es de recibo el planteo de elevar la competencia y la competitividad. Para el Banco Mundial, si se compara la contribución de la productividad total al crecimiento en Uruguay con otros países, esta no es alta, por lo que se requiere promover la innovación, lo que tiene mucho que ver con las regulaciones anticompetencia y fomentar la competencia público y privada. El punto es continuar aumentando la eficiencia, también en las empresas públicas, mejorando las reglas y la institucionalidad.
Estos argumentos no se descubren ahora, sino que los hemos expuesto en numerosas oportunidades desde esta página editorial, porque además se han registrado cambios en el escenario que se ha dado en el país en los últimos años, donde se han registrado fuertes transferencias entre sectores, y no necesariamente para favorecer a los que realmente contribuyen a dinamizar la economía, si se tiene en cuenta que desde actividades de riesgo en el sector privado se han fortalecido remuneraciones en la burocracia del Estado, y no se han volcado recursos suficientes para apuntalar infraestructura.
El reacomodamiento ha disimulado desigualdades en redistribución por las exportaciones de productos primarios, pero al cesar el viento de cola en las condiciones internacionales, y con un elevado déficit fiscal, ya no se pueden seguir afrontando y disimulando los altos costos internos, con una fuerte carga tributaria y los altos precios de insumos y energía, entre otros aspectos.
Ello indica que se ha constreñido el margen de maniobra para abaratar costos de producción, mientras por el lado de la inflación se reduce sustancialmente el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, los más afectados por el aumento en los precios de los alimentos, y tal como están planteados los esquemas estructurales no es fácil reducir el costo país para las empresas mediante rebaja de cargas e impuestos con los gastos rígidos que han incorporado los últimos gobiernos.
Desarrollar una gestión del Estado por un gobierno austero que reduzca el gasto público es ya una condición sine qua non, porque es impensable seguir aumentado impuestos, y lo que queda pendiente es apuntar seriamente a la productividad, que es un parámetro en el que se podría trabajar con muy buenas posibilidades, pese a que a los sindicatos el tema está lejos de seducirlos y más aún, se han centrado en reducir la jornada laboral. Ello es precisamente lo contrario a lo que requiere el país, que es producir más bienes a menores costos para mejorar la competitividad de exportación y al mismo tiempo competir con los productos similares que ingresan desde el exterior.
La productividad significa tecnología actualizada en los centros de producción de bienes y servicios, mano de obra capacitada, coordinación, mejor gestión, logística a tono con los requerimientos y una escala de volumen suficiente para abaratar la cadena de producción cuando salga el producto terminado, con el funcionamiento de un esquema complementario armonioso capital-trabajo, que a la vez permita potenciar ventajas comparativas. Y este objetivo debe ser prioritario, en este como en cualquier gobierno, por encima de ideologías. → Leer más

En un país agonizante y decadente como Venezuela, hay un presidente que se comporta ajeno y alejado de toda la miseria, pobreza y sufrimiento que padece su país. Autoritario, se muestra impasible ante la destrucción institucional, la economía hecha añicos, la inseguridad galopante y las cárceles rebosantes, y la emigración de millones de venezolanos que escapan al régimen chavista.
Se trata de Nicolás Maduro, un ser nefasto que siempre se las arregla para mantenerse firme al frente del gobierno, para soportar las presiones, y para generar siempre nuevos impedimentos para que la oposición y su gente puedan escalar y tengan algún tipo de influencia o poder dentro del panorama político de la nación.
Hace un año ya que Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela como titular de la Asamblea Nacional, con el reconocimiento de unos 60 países. Justo en este momento, Maduro volvió a pegar duro para impedir la renovación de Guaidó como presidente del legislativo, y colocar en su lugar a un típico inservible y detestable chavista como Luis Parra. Al tipo no lo votó ni la mayoría simple de diputados, pero igual estará en ese lugar cual usurpador.
“Venezuela está pues sumida en un caos institucional: Maduro ejerce el poder; la Asamblea Nacional renovó, con votos y quórum verificados, a Guaidó como presidente encargado, que sigue reconocido por numerosos países en Europa y América, mientras Parra encabeza una fantasmal junta directiva alternativa en la Asamblea que nadie, excepto el chavismo y sus aliados, reconoce”, enumera acertadamente un editorial de El País de Madrid, siempre atento a lo que sucede en Venezuela.
Por supuesto, los países europeos y latinoamericanos integrantes del Grupo de Contacto liderado por la Unión Europea (UE) reiteraron el jueves su apoyo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional al considerar ilegítima la elección de Parra.
“La elección de Luis Parra no puede ser considerada legítima ni democrática”, reza una declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que expresa su “gran preocupación” por los acontecimientos recientes en la cámara venezolana. “Apoyamos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional”, subraya el grupo formado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, así como los europeos Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Suecia y el Reino Unido.
A todo esto hay que sumar más factores implementados por el chavismo que hacen de Venezuela un país imposible. Se agregó la ilegítima Asamblea Constituyente, instituido de manera non sancta por Maduro y sus secuaces, y dedicada solo a quitarle legitimidad a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
“Esta es una de las características más descaradas de los regímenes autoritarios. No cumplen ni siquiera sus propias reglas de juego. O solo las cumplen cuando van a su favor. Cuando fingen utilizarlas para dinamitarlas desde dentro, como ha hecho Maduro con la elección y juramento fraudulentos de un presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, con el único objetivo de desposeer a Guaidó”, añadió con fuerza el diario español.
La mafia que gobierna Venezuela sigue haciendo de la suyas, vaciando al país y llevando al límite su poder y audacia. Maduro siempre tiene a mano la manera de sonsacar aún más la democracia, esa que dejó de existir hace tiempo en el régimen bolivariano ya desde la época de Hugo Chávez, y que por aquí en Uruguay se defendió por largo tiempo desde los gobiernos izquierdistas.
El mandatario venezolano vive alejado de la realidad, al tiempo que destruye a sus propios compatriotas. Maduro, que carece de planes y seguramente comprenderá que no tiene futuro alguno, es cruel y va camino a ahondar la catástrofe. Hasta el momento, los esfuerzos de la comunidad internacional han sido poco certeros, al tiempo que ya ni se habla de una intervención extranjera, algo que muchos venezolanos reclaman. Además, Venezuela sigue siendo un punto de inestabilidad regional.
Estos días, Estados Unidos instó a establecer un diálogo en Venezuela para formar un gobierno de transición que permita organizar nuevas elecciones y ponga fin a la crisis política desatada con el segundo mandato de Maduro iniciado hace un año.
“Una rápida transición negociada a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado. “Las negociaciones podrían abrir el camino para salir de la crisis a través de un gobierno de transición que organizará elecciones libres y justas”, apuntó.
Esto resultó muy agradable en los papeles y a Estados Unidos no le falta razón para recomendar esa serie de puntos, ideal para comenzar a salir de una crisis, o al menos para intentarlo. La presión sobre Maduro, no obstante, no deberá cesar. Las condenas a su régimen no podrán detenerse ante una continua violación a los derechos humanos. Y, a su vez, enfocar los esfuerzos para que el ejército bolivariano por fin cambie de bando y deje de apoyar al nefasto Maduro, punto clave sobre el que el régimen se apoya y se sostiene. → Leer más

“Hoy tenemos cierre de comercios, gente sin trabajo, empresas paradas y el 50 por ciento de la flota de camiones de Uruguay hoy está sin trabajo”, expresó uno de los voceros del movimiento Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, al cabo de una reunión que mantuvieron representantes de este grupo con el presidente electo Luis Lacalle Pou y sus asesores para considerar la problemática del agro y el Interior teniendo en cuenta la mirada de este movimiento.
El panorama que traza Franchi es el mismo que planteó en su momento Un Solo Uruguay al presidente Tabaré Vázquez, haciéndose eco de la realidad socioeconómica del Interior.
Precisamente esta realidad que desde la coalición de izquierdas, con Vázquez a la cabeza, se negaba, explica en gran medida la derrota del gobierno en las elecciones de octubre-noviembre, al quedar demostrado que no eran producto de una fantasía con intenciones electorales, sino el sentir de una gran parte de la población, de los sectores productivos, que continuaron retrocediendo en tanto el gobierno seguía con piloto automático a la espera de que transcurriera la elección.
Este escenario de paralización y deterioro de la economía es un fardo que ha quedado para el gobierno que asumirá el 1º de marzo, en el marco de un proceso que no se ha generado de un momento para otro, sino que ya lleva por lo menos tres o cuatro años sin que se intentaran correctivos a tiempo para por lo menos recuperar cierto grado de crecimiento real y no solo algún dato estadístico.
Lamentablemente, no solo no se ha retomado el crecimiento, sino que estamos ante un estancamiento muy obvio, con el Interior con el principal afectado en su papel de causa-efecto, y con el agravante de que esta inacción ha seguido repercutiendo negativamente en las cuentas públicas, con un déficit fiscal que está superando actualmente el 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y con la apuesta casi única del gobierno del Frente Amplio de recuperar la senda del crecimiento a través de la inversión de la nueva planta de celulosa de UPM y su eventual efecto de arrastre.
La realidad y las perspectivas son mucho más complejas que los efectos beneficiosos que traería aparejada la instalación de una nueva planta de celulosa, porque los resultados de un emprendimiento de estas características ya lo hemos tenido en experiencias anteriores, y por supuesto, estamos ante una inversión positiva pero que implica mayormente una arremetida de impacto transitorio y que queda como algo sustentable en un margen mucho menor.
Volviendo al encuentro de Un Solo Uruguay con el presidente electo, en un verano que tiene como elemento especial de interés las alternativas del proceso de transición hacia el 1º de marzo, tenemos que la delegación trasladó al futuro mandatario y sus asesores una serie de inquietudes que entre otros elementos incluye el pedido de que el nuevo gobierno no aplique un ajuste de tarifas públicas en marzo, como se estima que sucederá, sobre todo a partir de que el gobierno del Frente Amplio no lo hizo este fin de año, como sí lo ha hecho invariablemente año a año, dejando al nuevo gobierno el costo político de tener que hacerlo tan pronto asuma, para no seguir deteriorando las cuentas públicas.
Por cierto es una chicana que no es invento del Frente Amplio, sino que ha sido aplicada en más de una oportunidad, lo que reafirma sí la poca responsabilidad con que se mueven algunos actores políticos, con tal de buscarle la vuelta para llevar agua hacia su molino, tratando de que a quienes asuman la responsabilidad de gobierno las cosas no le salgan bien, para así tener mejores oportunidades de volver en la siguiente elección.
Y también en este aspecto incide gravosamente el costo país, el costo de producir en el Uruguay, tanto bienes como servicios, lo que conspira contra nuestra competitividad, sobre todo en la región, porque con un tipo de cambio atrasado para no afectar la inflación y mantener el poder adquisitivo de salarios y pasividades, nos encontramos con que a la hora de exportar, estos costos exacerbados en dólares se trasladan a los productos que vendemos, y a la vez se está subsidiando indirectamente la importación de los similares a los que se producen dentro de fronteras. Una práctica que se ha utilizado recurrentemente por gobiernos populistas, tanto de derecha como de izquierda, para mantener a la población satisfecha artificialmente durante cierto tiempo, hasta que la situación se hace insostenible y no hay más remedio que adecuarse a las circunstancias, con la consecuencia de sacrificar calidad de vida y salario real en aras de generar más ocupación, de la mano de una mayor rentabilidad de las empresas, así como evitar más cierres de fuentes de trabajo.
Nada nuevo bajo el sol, en una película que en nuestro país hemos visto más de una vez, y que se reedita por quienes se encierran en su autocomplacencia y se niegan a aceptar la realidad, a aplicar el sentido común y actuar a tiempo, cuando se puede todavía aplicar correctivos que resulten menos traumáticos.
Lo que plantea Un Solo Uruguay es absolutamente sensato y seguramente refleje el sentir de la mayoría de los uruguayos, porque al decir de Franchi “un ajuste de tarifas es un ajuste para todos. Si sube la luz sube para todos, sube para la industria, pero también sube para las familias”.
Lo que es absolutamente cierto, pero no quita el preguntar lo de Perogrullo, que es que si eso todos lo sabemos ¿por qué lo hacen? Y aquí está el meollo de la cuestión: se tensa la cuerda hasta tal punto que no se deja margen de maniobra para evitarlo, porque las empresas estatales están funcionando como agentes recaudadores para transferir recursos a Rentas Generales, para tratar de paliar un déficit fiscal que ha crecido y que no es posible solventar por la vía de impuestos cuando sigue decayendo la actividad económica.
Hay que abaratar el país, pero en forma sustentable, y una vía de hacerlo es evitando o por lo menos atenuando la suba de costos como el de la energía, otros insumos y los impuestos, entre otros, por la vía de lograr eficiencia en el Estado. Pero si a la vez no se recauda para enjugar el déficit, nos encontramos ante un encierro, porque los sectores productivos, de toda rama de actividad, se encontrarán siempre ante costos elevados y no tienen forma de ser competitivos con los precios.
Bueno, ese encierro en el que se ha metido el Frente Amplio por medidas y errores propios, se ha trasladado al nuevo gobierno, que solo tiene como vías alternativas reducir el gasto estatal desmesurado que ha heredado, y eventualmente también aumentar ciertos impuestos, o las dos cosas.
La clave está en el cómo hacerlo, en los pasos a dar, en muchas veces tener que optar entre lo urgente y lo importante, cuando se puede, y hacerlo en lo posible dentro del primer año de gobierno, cuando todavía no se generan la impaciencia y las demandas que inevitablemente sobrevendrán en mayor o menor grado, dependiendo de cómo evolucione la situación.
Es que cuando las necesidades son muchas y los recursos insuficientes, es inevitable el síndrome de la sábana corta, y siempre quedará algo al descubierto, por mejores intenciones que se tengan. → Leer más

A nadie medianamente cuerdo le conviene una guerra en toda su extensión entre Estados Unidos e Irán, y entre sus ramificaciones allá en Medio Oriente. El drama generado por la muerte de un militar iraní hacía presagiar una escalada de tensión y de acciones bélicas. No obstante, desde Teherán parecen querer bajar la pelota al piso, al tiempo que Donald Trump, el presidente estadounidense, se moderó en el tono hacia su rival, mientras que su figura sale fortalecida de cara a las elecciones de noviembre.
Pese a los daños significativos producidos en edificios de la base aérea Al Asad, en Irak, que alberga a tropas estadounidenses y que fue atacada el martes por la noche por Irán –en represalia por el asesinato del general Qasem Soleimaní–, Trump hizo unas declaraciones menos explosivas respecto a los iraníes, algo que fue bien saludado por Naciones Unidas. Tras ese ataque, el mandatario estadounidense anunció nuevas y “poderosas” sanciones económicas contra Irán, a la vez que instó a las potencias mundiales, como el Reino Unido, Francia y Rusia, a que “rompan” con el acuerdo nuclear de 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto.
Todo el mundo estaba atento a las palabras de Trump, después de que el sábado asegurara que reaccionaría ante una eventual represalia de Irán contra “cualquier estadounidense o activo estadounidense” atacando “muy rápido y muy fuerte” 52 sitios iraníes. Este interesante y moderado discurso de Trump sobre el conflicto con Irán indica que las dos partes están dispuestas a bajar las tensiones. Lo que significa una buena noticia para la comunidad internacional.
Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dio la “bienvenida a cualquier indicación de que los líderes están evitando una mayor confrontación”. En una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Dujarric insistió en la importancia de que los líderes mundiales hagan “todo lo posible para evitar una mayor escalada”.
Lo cierto es que un enfrentamiento directo con la primera potencia militar sería un desastre para Irán, y esto los dirigentes iraníes lo saben muy bien, más allá de que “las características de la región y el desarrollo de capacidades de enfrentamiento asimétrico le permiten tener alternativas sobre la mesa”, según un análisis de El País de Madrid. Las sanciones de Estados Unidos sobre Irán han repercutido negativamente en la capacidad económica de Teherán y, por supuesto, en su dinámica militar.
Pero para Estados Unidos un panorama de guerra tampoco le resulta muy rentable. Irán ha desarrollado un notable programa de misiles, y muchos objetivos estratégicos en el golfo Pérsico e incluso Israel están al alcance de esos misiles iraníes. La República Islámica también ha desarrollado la tecnología de los aviones no tripulados.
“Para el nuevo tablero regional no todas las cartas son militares, ya que Irán se enfrenta a una guerra económica que acosa cada vez más a los sectores vulnerables, la principal base social de la República Islámica. Aunque la conmoción provocada por el asesinato inesperado de Soleimani distraiga a la opinión pública de la crisis interna, su efecto sedante no durará mucho y las autoridades iraníes, conscientes de las estrecheces económicas, ven limitado su margen de maniobra”, añade el análisis de El País madrileño, que deja en claro que Teherán se mantendrá, en lo posible, en el ámbito de la retórica.
Estos días resultarán clave para saber a ciencia cierta cómo un tipo como Trump maneja una crisis. Con su carácter impulsivo y explosivo, que le importa bien poco qué puedan pensar o sentir los demás, los detractores han esperado un momento de estos para conocer, finalmente, qué haría Trump en una situación de crisis internacional de escala, como la de ahora con Irán. Esos críticos “advertían que un comandante jefe conocido por sus reacciones impulsivas podría extralimitarse y, con ello, provocar consecuencias alarmantes”, manifestó un texto del diario The New York Times.
“Probablemente haya llegado el momento que todos temíamos”, escribió el fin de semana en Twitter Christopher Murphy, senador demócrata del estado de Connecticut que ha sido muy crítico con Trump. “Un presidente inestable que se ve rebasado por la situación y entra en pánico cuando ya todos sus asesores experimentados han renunciado y solo quedan los principiantes que lo adulan. Asesinar a líderes extranjeros, anunciar planes de bombardear a los civiles. Una pesadilla”.
Por lo declarado ayer, Trump parece adentrarse en un terreno más de centro, más moderado, seguramente asesorado por su gente más cercana. Pese a que se trata de un tipo que no escucha mucho las opiniones de los demás. “El presidente estadounidense tendrá que transitar por un período complicado y peligroso sin cometer el tipo de errores de los que acusó a sus predecesores de haber cometido. Además, enfrenta un gran escepticismo por parte de sus detractores, quienes, desde hace tiempo, han advertido que era demasiado impredecible para enfrentar momentos de crisis”, continuó el Times neoyorquino.
Como siempre sucede en los conflictos bélicos, la población es la que termina pagando las consecuencias, y siempre debería priorizar, por encima de todo, a la diplomacia y a los acuerdos. Estados Unidos e Irán nunca serán amigos, pero al menos pueden mantener la pelota contra el piso. Se lo ruega la comunidad internacional. → Leer más