Opinión

Así se titula un libro escrito por el siquiatra Vittorino Andreoli, en el que se refiere a los dos cerebros que usamos: el natural, que está en la cabeza, y el smartphone, el teléfono inteligente, el cerebro artificial que llevamos, generalmente, en el bolsillo, en la tasca.
Este cerebro de litio, así dice, es una conquista fantástica, un elemento que se ha hecho indispensable en este mundo líquido en que vivimos. Es fantástica su rapidez, y es fantástica la cantidad de conocimientos que nos puede ofrecer, gracias a su memoria de números y memoria de significados, semántica. La memoria, sobre todo, es de gran ayuda para los que la están perdiendo con la edad, y para los que necesitan tener muchos datos guardados en sus trabajos.

Pero hay que valorizar la gran, fundamental, importancia del cerebro natural, con el que pensamos, percibimos, imaginamos, nos comunicamos, con el que podemos inventar, crear cosas que no existían, y que dirige toda nuestra acción, y aun nuestras emociones y nuestros sentimientos.
El cerebro artificial puede sustituir algunas funciones de nuestro cerebro, puede sustituir a nuestra mente, pero no puede hacerlo todo, porque nuestro cerebro es insustituible, es una máquina magnífica e insuperable.

El gran problema es el exceso del uso del celular, del smartphone, que es la terminal de una computadora digital. Cuanto más funciones de nuestro cerebro delegamos en el cerebro artificial, más se deterioran nuestras neuronas y más nos deshumanizamos. No hay que demonizar el cerebro artificial, pero hay que usarlo con mucha cautela, en especial los jóvenes.
El cerebro humano tiene más de ¡noventa mil millones de neuronas!, que están interconectadas formando una red, por la cual corren las informaciones, mediante señales eléctricas. El término red y otros, que se usan en la tecnología provienen de la biología. Este cerebro, el natural, tiene creatividad, es decir, puede inventar cosas que no existían antes, puede intuir algo que después trata de representar. El cerebro artificial puede repetir, puede memorizar números y significados, pero cuanto más trabaje este cerebro del bolsillo, menos lo hará el cerebro natural nuestro, que se va despojando de esos números y significados, hasta que podemos llegar a depender exclusivamente de este instrumento para pensar, nuestra mente se va debilitando. Nuestro cerebro va perdiendo espontaneidad, plasticidad y creatividad, se va anquilosando. Se llega así a que los jóvenes tienen un número muy limitado de palabras y un pensamiento reducido, de acuerdo a su vocabulario, que se va empobreciendo cada vez más con el uso excesivo del celular.

Es muy importante recordar que las últimas investigaciones han descubierto que no es verdad que las neuronas se van muriendo con la edad. Con la experiencia y el aprendizaje, con la ejercitación de la mente, las neuronas van formando nuevas conexiones. Además los dos hemisferios cerebrales de los mayores, trabajan en armonía, y aunque su cerebro es más lento, siempre toman las decisiones más acertadas, quiere decir que su cerebro tiene plasticidad y sus neuronas funcionan bien, siempre que se lleve un estilo de vida saludable.
Para mantener la riqueza humana, hay que evitar el uso excesivo del smartphone. Con el uso continuo del cerebro artificial, cada uno con el suyo, la comunicación familiar queda bloqueada, los sentimientos se van enfriando, no se sienten las relaciones humanas reales. En la imagen virtual participa sólo la vista, a veces el oído, pero en la imagen real participa todo el cuerpo, todos los sentidos. La verdadera interacción humana que es la función más importante de los humanos, necesita de la presencialidad, que el cerebro digital no la puede dar.
Se pregunta el siquiatra: ¿Por qué se prefiere la virtualidad a los aspectos sociales reales? Y se responde: porque digitalmente podemos hacer desaparecer todo lo que no nos gusta, mientras que en la realidad debemos afrontar y resolver los inevitables conflictos.

El uso de los cerebros artificiales es limitado. Hay cosas que un smartphone no puede hacer, un cerebro digital no es capaz de emociones y sentimientos,(aunque sí los puede transmitir), no puede inspirar, no puede crear los pensamientos, no puede resolver los problemas complejos que nos afectan. Pero a pesar de sus limitaciones, no hay que demonizar al cerebro artificial.
No nos es posible renunciar a los instrumentos digitales que han llegado para quedarse, pero el cerebro humano es insustituible. Por eso debemos buscar una colaboración entre nuestro cerebro y la tecnología. Al fin y al cabo, fue el maravilloso cerebro humano quien creó el de bolsillo.
Hay que concientizar de esta realidad a los jóvenes, que no se dejen esclavizar por un cerebro de bolsillo. → Leer más

Los centros nocturnos, ya sean bailes, pubs, boliches o como quiera llamárseles, siempre son problemáticos en todas las ciudades, debido a la naturaleza de la actividad. En todos los casos, se trata de una concentración de gran cantidad de gente hasta altas horas de la madrugada, que conlleva un intenso tránsito de vehículos de todo tipo, con jóvenes que ya de por sí son ruidosos y descontracturados, pero lo son mucho más cuando están en “modo salida nocturna”. A eso hay que agregarle las aceleradas en la vía pública, la música a alto volumen tanto de vehículos como de los propios centros nocturnos, los gritos en la calle, alguno que orina donde le vino la gana y todo tipo de desbordes que siempre ocurren.

Por eso nadie quiere tener como vecino un comercio de ese ramo; cuanto más lejos esté, mejor. Por otra parte, son actividades que deben existir en toda ciudad, es necesario que los jóvenes tengan lugares donde reunirse, distenderse, relacionarse y divertirse. El problema es lograr el equilibrio entre el derecho de los vecinos al correcto descanso y el de los jóvenes –o no tanto– a su esparcimiento.

En ese sentido, la alcaldía de Sarandí Grande en el departamento de Florida parece haber encontrado una solución que ha dado muy buenos resultados. Se trata de fogones en un terreno alejado de las zonas más pobladas, dispuestos para que ese sector de la población pueda reunirse libremente, sin molestar el descanso de la ciudad. No es un descubrimiento nuevo; de hecho en Salto en algún momento se hizo algo parecido sobre la costanera norte de la ciudad, donde se establecieron los bailes lejos del centro. Incluso desde estas páginas propusimos hacer algo similar en la costanera sanducera, por cuanto al no haber un ordenamiento de estas actividades proliferaban los bailes y los pubs por toda la urbe, ocasionando inconvenientes insalvables en los barrios donde se encontraban.

Pero la experiencia de Sarandí Grande vuelve a poner el tema sobre la mesa, en este caso porque tras la publicación en medios de prensa de alcance nacional la experiencia ha tenido una amplia difusión.
¿Habría entonces que copiar la iniciativa floridense en Paysandú? Si bien es cierto que últimamente no ha habido denuncias por ruidos molestos –al menos de la misma forma que hace unos años–, la verdad es que lo que cambió no ha sido el comportamiento de la gente que concurre a estos lugares sino que, debido a la pandemia de COVID-19, tanto los bailes como los pubs vieron restringida su actividad casi completamente. Pero eso está cambiando ahora que, por efecto del éxito de la vacunación, el coronavirus está en franco retroceso en nuestro país. Así que no sería de extrañar que en poco tiempo volvamos a tener los mismos inconvenientes cada fin de semana.

De hecho, algo de esto ya sucede, pero sin los impactos negativos de la época prepandemia, justamente porque al estar prohibidas las reuniones multitudinarias, las que igualmente se hacen son “clandestinas” y para evitar el control de las autoridades se realizan en terrenos alejados del centro, en zonas poco pobladas y –en cierta forma– fuera del alcance de la vista de quienes no participan en ellas. Y si bien es cierto que oficialmente se indica que los bailes no están habilitados como tales, en la práctica ocurren dos cosas: por un lado están las “fiestas clandestinas” que mencionábamos, con cientos de jóvenes reunidos alrededor de discotecas muy bien montadas sin ningún tipo de control de la autoridad; y por el otro, es vox populi que hay algunos “boliches” que no respetan la normativa y se les hace la vista gorda. Está mal pero no tanto, por cuanto si no se controlan las reuniones clandestinas –por imposibilidad de hacerlo o por decisión política–, sería justo no perseguir al negocio establecido, que al fin y al cabo solo trata de sobrevivir frente a la catástrofe económica que le significó este año sin poder trabajar.

Paralelamente, los argumentos esgrimidos respecto al riesgo sanitario, a esta altura parecen más una excusa que una real preocupación, tras la permisividad con que se actuó en la Noche de la Nostalgia. Además, si estuviésemos en una situación de tanto riesgo como hacen ver las medidas dispuestas, a esta altura deberíamos estar en la cresta de la ola de la pandemia, porque es claro que el acatamiento es ínfimo y sólo para salvar las apariencias en la mayoría de los casos.
Volviendo al tema que motiva esta opinión, como decimos la experiencia de Sarandí Grande hace rato que tiene su similar en nuestra ciudad, solo que en las sombras, con convocatoria a través de redes sociales y sin publicidad.

No caben dudas que el hecho que estas fiestas multitudinarias se hayan realizado durante tanto tiempo sin provocar inconvenientes ya es muy meritorio. Entonces lo que habría que ver es cómo se regulariza esta situación de la forma menos traumática posible, y al mismo tiempo rescatando las virtudes de las experiencias clandestinas.
En primer lugar, lo que se rescata de los casos de Sarandí Grande como aquí en Paysandú es que la movida nocturna no puede hacerse en zonas densamente pobladas. Por lo tanto, un buen comienzo sería obligar a que los bailes o locales similares que concentran mucha gente hasta altas horas de la madrugada se establezcan fuera de la zona urbana. Por otra parte, para una mejor organización se podría establecer un lugar exclusivo para ello, en un sector específico a las afueras de la ciudad, e incluso ir más allá y fomentar esos entornos como lugares de reunión de la juventud. Si bien hace unos años planteamos que ese lugar podría ser la costanera al norte de Antonio Estefanell, habría que analizar si realmente es ese el mejor sitio, por cuanto en los últimos tiempos la ciudad ha crecido mucho para ese lado. Pero si no es ese, bien puede ser otro con buenos accesos, iluminación pública, seguridad y demás, que si aún no existe se puede crear.

Tendría además la ventaja que al estar todos los “boliches” juntos, las autoridades podrían realizar las fiscalizaciones correspondientes con mucho más facilidad; por ejemplo venta de alcohol o el ingreso de menores, horarios, cumplimiento de protocolos, aforos, etcétera. A la vista está que hoy no se hace al menos como se debería, quizás justamente por la dispersión de los lugares de reunión.

Cabe aclarar que no desconocemos la realidad actual ni la precariedad de la situación sanitaria que, aún encontrándonos en un momento en que parece controlada la evolución de los contagios por coronavirus, todo lo logrado podría irse por la borda de un momento a otro si no se establecen controles adecuados. Lo que sí decimos es que ese podría ser el camino, porque si bien restan algunas “perillas” por abrir, las que están cerradas tienen demasiadas pérdidas y, a fuer de sinceros, tan mal no estamos.
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Por cierto que ha tenido impacto, no solo en Uruguay sino en la región mercosureña –léase Argentina– el anuncio del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou en el sentido de que nuestro país decidió avanzar en un estudio de prefactibilidad para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, porque ha generado un sacudón geopolítico, pese a la pequeñez y muy bajo peso relativo de nuestro país.

Y no es para menos, porque ante la quietud y cierre a cal y canto dentro de la región del Mercosur, sin que el bloque haya suscripto siquiera un solo acuerdo de libre comercio con otro bloque, contrasta la perspectiva de una salida al mundo por fuera del acuerdo o en el marco de una flexibilización que permita zafar del corsé que implica este rígido y disminuido acuerdo regional, donde hay intereses contrapuestos sobre todo entre economías muy asimétricas y filosóficamente hasta opuestas en esencia, como el caso notorio de Argentina con sus pares del acuerdo regional.

“El que avisa no traiciona”, dice el refrán, y desde que asumió el mandatario Lacalle Pou ha señalado la intención de su gobierno de promover una flexibilización del bloque regional que permita incrementar las exportaciones extrarregión, con un rotundo rechazo del gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente.
Al anunciar que Uruguay avanza en un tratado de libre comercio (TLC) bilateral con China, las repercusiones no se han hecho esperar y dentro de nuestro país los operadores han reaccionado con cierta cautela, pero en general abiertamente a favor de esta perspectiva, sobre todo en el caso del agro, en tanto hay reservas en sectores como la industria, que consideran que la competencia de productos chinos les sería abiertamente perjudicial.

Según comentó a Montevideo Portal Ignacio Bartesaghi, experto en relaciones internacionales, la flexibilización del Mercosur, algo muy discutido a nivel regional, “tenía sentido con China. Tenía sentido si es que dábamos un paso hacia el cierre de un acuerdo de importancia económica comercial para el país como es China y eso va a tener impactos en el desarrollo”.
Opinó que este anuncio de un inicio de un proceso para pactar un TLC con su principal socio comercial desde hace algunos años “es de las decisiones más importantes que ha tomado Uruguay en política exterior en los últimos 30 años”.

El ingreso a la Organización Mundial del Comercio fue la primera; la firma del Tratado de Asunción que creó el Mercosur fue la segunda; y esta última es la tercera decisión más importante de política internacional de la historia del país, enfatizó el experto, a la vez de señalar que “es muy bueno” que el mandatario haya convocado a todos los partidos políticos para anunciarles este hecho. “Ojalá que todos los actores nacionales acompañen esta gran decisión”, dijo Bartesaghi.
Por otro lado, es importante también considerar que es China quien tomó la iniciativa con Uruguay sin el resto de los miembros del bloque. Y en esto sin dudas debe pesar mucho el acercamiento que mantuvo con los gobiernos anteriores, en manos del Frente Amplio, por lo cual no sería descabellado pensar que en este caso sería una política de Estado que se continúa y profundiza en la actual Administración.

Por supuesto, de lo que se trata es de abrir nuevas oportunidades para el país, con o sin Mercosur, y en la discriminación por sectores, habrá algunos netamente favorecidos y otros que serán más vulnerables o expuestos al avance del gigante asiático, pero lo que debe primar es la visión país del tema, sin olvidar que no se trata solo de comercio, sino de una puerta abierta para inversiones significativas transferencia de tecnología y asociaciones con cadenas de valor que podrían potenciar nuestra economía y el bienestar general, viendo las cosas desde su lado positivo.

Todo indica que aunque sin hacerlo abiertamente, Brasil no ve con malos ojos la decisión de Uruguay de avanzar con China, pero la interrogante surge en los demás miembros del bloque. A partir del anuncio de Lacalle Pou se inició un proceso de estudio de prefactibilidad para la firma del TLC, por lo que hay que ver qué pasa en los próximos meses, qué pasa con las propias dinámicas internas de Argentina y con la propia estabilidad de Brasil.

Por su lado, para el secretario de la Presidencia de la República, Dr. Alvaro Delgado, el avance de negociación con China es un acto “de una política exterior como hacía tiempo no se daba”, y apuntó que lo que se busca es que Uruguay “sea punta de lanza de un proceso”, “que Uruguay sea puerta de entrada del Mercosur, con el Mercosur mismo”.
“Avanzar en este caso es un acto de responsabilidad política con mayúscula, de una política exterior como hacía tiempo no se daba, que es una política exterior de Estado”, destacó este miércoles en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y recordó que la intención de firmar un TLC con China no es nueva.

“Todos los gobiernos intentaron este proceso”, dijo y señaló que así viene siendo desde el año 1988, además de que el expresidente Tabaré Vázquez había anunciado un acuerdo de este tipo, que finalmente no se pudo concretar.
En ese sentido, también mencionó la resolución 32, suscrita por los países del Mercosur en el año 2000, que impide la negociación individual de cada uno de los miembros con terceros países, pero recordó que en ocasión del TLC entre Uruguay y México hubo una “no objeción” y se pudo avanzar.
Delgado consideró además que “avanzar en un estudio de factibilidad habla muy bien de Uruguay, de China y de la política del gobierno en materia exterior y comercial y habla de una oportunidad que no solo va a ser para Uruguay”. Por eso, afirmó, es que el presidente Luis Lacalle Pou pidió al canciller que informe a los países del Mercosur antes de la reunión que se mantuvo este martes en Torre Ejecutiva con representantes de todos los partidos con representación parlamentaria.

A su vez, el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou descolocó a las autoridades argentinas, que no se imaginaban la rapidez con que el gobierno uruguayo llevaría a la realidad su anuncio de salir a buscar acuerdos comerciales por afuera del Mercosur, según evalúan los observadores.
El gobierno uruguayo defiende la movida diplomática con China, asegurando que la decisión política se hace sin violar ninguna norma mercosuriana, y que no hay una intención de abandonar el bloque, en tanto las primeras reacciones del gobierno de Alberto Fernández sostienen que Uruguay es un país soberano, libre de tomar la decisión que considere más pertinente, pero que un acuerdo de ese tipo y magnitud solo puede hacerse dentro del Mercosur con el resto de los socios plenos (Argentina, Brasil y Paraguay) o fuera del bloque fundado el 26 de marzo de 1991.

Claro, se trata de un país gobernado por el peronismo desde hace décadas, que aplica políticas proteccionistas y un encierro económico basado en subsidios cruzados, con retenciones a las exportaciones y un tramado de ayuda “social” y planes para hacer depender del Estado a vastos sectores de la población como enganche electoral.
Desatar este “paquete” no puede hacerse de un día para otro y menos en proceso electoral, como ahora, sin más o menos transparentar y abrir la economía, por lo que la Argentina seguirá haciendo esta bicicleta por mucho tiempo y al margen del rumbo por el que va el mundo.

Pero no es el caso de Uruguay, felizmente, que desde hace ya tiempo incursiona por un camino diferente, de apertura y sinceramiento de la economía. Está por lo tanto en condiciones de por lo menos intentar algo mejor en el intercambio comercial, como una apertura a un futuro TLC con China, en el que habrá complejidades y vicisitudes, pero sin dudas una oportunidad en la que hay más para ganar que para perder, si se negocia bien, con o sin Mercosur.
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El turismo de reuniones y eventos, también llamado Turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions) es considerado como la 13ª economía más grande del mundo. Tomando en cuenta los impactos indirectos e inducidos, los eventos del segmento significan un aporte al impacto económico a nivel global de alrededor de U$S 2,5 trillones, generando aproximadamente 26 millones de empleos en el mundo.

Ocurre que un turista de negocios o un asistente a algún congreso, tiene un gasto promedio diario de 3 a 4 veces mayor que el de un turista tradicional, por lo que se trata de un sector altamente rentable. En consecuencia, en las últimas décadas diversas regiones o ciudades han hecho importantes esfuerzos por desarrollarlo y posicionar así sus propios destinos, de la mano de la oferta turística adecuada que permita las sinergias necesarias entre el evento en sí mismo y el destino donde se desarrolla.
Se trata de una industria que genera múltiples beneficios dado que fortalece el posicionamiento e imagen de una región o destino; fomenta la expansión del turismo recreativo; rompe la estacionalidad de la oferta turística, genera nuevos empleos, beneficia a diferentes rubros: hoteles, centros de convenciones, transporte, tour operadores, restaurantes, comercio local, pequeñas y medianas empresas. Además favorece el desarrollo del conocimiento y el posicionamiento de la ciudad anfitriona.

Se trata también de un sector en el que el impacto de la pandemia por COVID-19 fue casi fatal. Ha sido una de las actividades más golpeadas por los efectos de la crisis sanitaria mundial y las diversas restricciones –aún vigentes en muchos países– al funcionamiento de los eventos y reuniones.
La situación ha causado un impacto nunca antes visto en la historia de la industria. A nivel mundial un total de 4.209 reuniones fueron afectadas en el año 2020, con más del 60% de eventos y reuniones pospuestos. Para tener idea de la magnitud alcanza con decir que esto equivale a 17.052 días de congresos así como unos 2,5 millones de participantes y pérdidas estimadas en alrededor de 7.000 millones de dólares, según datos del Internacional Congress and Convention Association (ICCA).

Algunos de los eventos mundiales de mayor relevancia que fueron cancelados en 2020 fueron la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), el 11º Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña, la Conferencia sobre el Turismo y la Industria Audiovisual, el Congreso Mundial de Turismo Deportivo, la 65ª Reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Turismo (OMT) para las Américas, la Cumbre sobre Emprendimiento, Innovación y Resiliencia, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa América y Eurocopa, las Eliminatorias Mundialistas, Ligas de Fútbol Sudamericanas y Europeas, la NBA, la Fórmula 1. Además de los anteriores, eventos ligados al ciclismo, festivales de cine, conciertos, parques de diversiones como Disneylandia, desfiles, entre otros, han parado completamente, afectando seriamente a la dinamización de la economía mundial y poniendo en riesgo a la industria turística internacional.
De acuerdo a la misma fuente, en América Latina el 70% de las reuniones (192) fueron pospuestas, el 13% se realizó en formato virtual (36) y el 16% fueron canceladas (45) en tanto que solo una fue relocalizada.

La situación de Uruguay no ha sido muy diferente. En este sentido, el presidente de la Cámara de la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines (Audoca), Ing. Alejandro Abulafia dijo en una charla realizada la semana pasada por el Bureau Paysandú que también en Uruguay los efectos de la pandemia fueron muy graves para el sector. “Nos pegó en nuestra razón de ser, nosotros vivimos de juntar gente y de lo que resulta de esas reuniones y esos encuentros”, expresó.
No obstante, dijo que los sondeos realizados en Uruguay indican que “la gente está desesperada por volver a reunirse, obviamente a la espera de que las condiciones lo permitan” y opinó que la relativa mejora en la situación de nuestro país lo posicionan en un lugar ventajoso para captar las reuniones de congresos y eventos que se preveían realizar en países de la región.
Para lograrlo no solo es necesario trabajar en protocolos sanitarios sino también tener presentes algunas tendencias en el contexto de la nueva normalidad.
En este sentido, se entiende que las reuniones de negocios serían las primeras en recuperarse, mayoritariamente corporativas y de menor magnitud; en tanto que interesaran especialmente los destinos no masivos con poco nivel de contagio, protocolos seguros y es de esperar la existencia de ferias y exhibiciones híbridas con pocos participantes y versiones digitales.

La reactivación será primero en eventos locales (dentro de una misma ciudad), nacionales (entre ciudades) y posteriormente internacionales (entre países) y el pasaporte sanitario digital se volverá prácticamente un requisito para viajes así como la necesidad de un alto poder de organización y trazabilidad en los eventos.
Según los expertos en el nuevo escenario pos COVID-19, la situación favorece a destinos que comenzarán a ser más buscados para reuniones y eventos generando reactivación en el turismo de proximidad, de naturaleza, aventura, rural y los destinos no saturados.
Otros de los desafíos que se vienen para el sector es el control de la cantidad de turistas, la redefinición de rutas para evitar aglomeraciones, la asociación de destinos y una fuerte apuesta a la transformación digital.

Tampoco hay que descuidar que las necesidades de los organizadores de los eventos también están cambiando y posiblemente cambiarán aún más cuando comience la recuperación del sector. La seguridad y sanidad, así como excelentes condiciones de limpieza en sus múltiples aspectos, serán prioridad en cualquier evento y en todos los proveedores que trabajen para desarrollarlo además de los hoteles y el propio lugar de sesiones del congreso. Además, se estima que las asociaciones tendrán presupuestos más ajustados, serán necesarias mejores políticas de cancelación para dar confianza y se requerirán centros de convenciones más flexibles, polivalentes e, incluso que faciliten sesiones al aire libre o lugares naturales.
Es claro que en el nuevo escenario impuesto por lo que ha significado y aún significa la pandemia, no solo los organizadores de congresos y eventos sino también los gobiernos locales deben desplegar una estrategia global que integre a los diferentes sectores vinculados para atraer a sus ciudades reuniones y eventos.
En este sentido, si Uruguay y Paysandú pretenden captar eventos que podrían realizarse aquí, será necesario tener muy presente estas cuestiones y trabajar duro –hasta en los mínimos detalles– para lograrlo. Solo de esa manera tendremos realmente la posibilidad de aprovechar la oportunidad. → Leer más

El título de este artículo es el lema elegido este año para el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, que fue justamente ayer, y con este motivo el Ministerio de Ambiente, desde el Observatorio Ambiental Nacional, OAN, presentó una serie de instrumentos de los que dispone para generar datos que reflejan la evolución de la calidad del aire en nuestro país. El ministro Adrián Peña, a través de su cuenta de Twitter recordó –además de publicar un vínculo a los contenidos del OAN– que “Desde este año está vigente el ‘Reglamento del Aire’. Hoy es el Día Internacional del Aire Limpio”.
La fecha, establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas, hace hincapié en los aspectos relacionados con la salud de la contaminación atmosférica, y este año en particular, en lo que refiere a la pandemia de la COVID-19.

“Este año reclamamos con especial énfasis aire saludable para todas las personas. Asimismo, la conversación retoma otros grandes problemas como el cambio climático, la salud humana y del planeta, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Día sirve para hacer un llamamiento a la acción para aunar esfuerzos y reclamar aire limpio para todas las personas”, dice la publicación en la web de ONU, que convoca a usar la etiqueta digital #AireLimpioParaTodos.

La publicación es acompañada de algunos datos que dan cuenta de lo preocupante de este problema: “La contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muertes y enfermedades en todo el mundo, responsable de aproximadamente 6,5 millones de muertes prematuras en todo el mundo (en 2016) atribuidas a la contaminación atmosférica en interiores y al aire libre”, expone. Agrega que en los países en desarrollo “este tipo de contaminación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, los niños y los ancianos, y en particular a las poblaciones de bajos ingresos, que a menudo están expuestas a altos niveles de contaminación del aire en interiores y en espacios abiertos resultante de los métodos de cocina y calefacción que utilizan leña y queroseno”.

Como es de prever, el panorama a futuro no es alentador, “porque, si no se produce una intervención agresiva, el número de muertes causadas por la contaminación del aire en espacios abiertos va camino de aumentar en más de un 50 por ciento antes de 2050”.
La publicación menciona además que los problemas originados por la pérdida de calidad del aire se extienden también “sobre la economía, la productividad laboral, los costos de atención sanitaria y el turismo, entre otros”.

En cuanto a los instrumentos que presenta el Observatorio, por cierto que tienen mucho detalle y estadísticas, pero todo está presentado a un nivel eminentemente técnico, es decir, se requiere de la intervención de especialistas que “traduzcan” o “aterricen” esos datos que se generan y se ponen a disposición de la población en general. Sin esta mediación es difícil salir de esa página con una idea acabada de qué es lo que está pasando, más allá de constatar que alguno de los parámetros subió o bajó, sin poder tampoco interpretar qué quiere decir esa variación. Que se facilite no solo el acceso a los datos sino también a una evaluación de los mismos, es un debe para este Observatorio.

Lo que sí agrega en un cuadro al final es una serie de acciones que se puede tomar a nivel de la población para mejorar las condiciones del aire. Entre las recomendaciones aparecen: Transportarse más a pie o en bicicleta cuando sea posible; Fomentar la movilidad compartida; Apoyemos la renovación del parque automotor con bajas emisiones; Realizar mantenimiento a los vehículos; Evitar quemas a cielo abierto de restos de poda, hojas y/o pastizales, así como plásticos, cables, neumáticos o cualquier otro tipo de residuos; Utilizar leña seca para calefacción y/o cocción de alimentos; Optar por equipos de calefacción eficientes; Hacer mantenimiento a los equipos de calefacción; Apuntar al buen aislamiento térmico en las viviendas y Mantenerse informados de cómo podemos mejorar nuestros hábitos.

Da la impresión, en base a los informes que publicó ONU en la víspera que el país no está mal posicionado en el contexto internacional. De por sí, por las características de nuestra economía y la conocida baja densidad poblacional, el Uruguay no es propenso a tener inconvenientes con la calidad del aire, excepto por situaciones puntuales. Además, en relación a la población Uruguay cuenta con una gran cantidad de árboles que ofician de “filtros” de aire.
El nuevo reglamento (Decreto 135-021) obliga a los emprendimientos a realizar los monitoreos en el entorno, de hecho las plantas automáticas que aportan los datos que se presentan en el OAN han sido instaladas por emprendimientos privados en vistas de estas exigencias.

“Artículo 7° (Monitoreo). Sin perjuicio del monitoreo que se realice en el ámbito público para la evaluación de la calidad del aire ambiente, cuando la necesidad del monitoreo se relacione o pueda relacionarse con determinadas fuentes fijas, será de cargo del titular o responsable de cada una de esas fuentes, la instalación y seguimiento del monitoreo destinado a conocer la calidad del aire en su entorno, de conformidad con las pautas, metodologías y protocolos que establezca la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

En caso que se identifique más de una actividad que puede ser la causante de las emisiones contaminantes al aire en un mismo sitio o zona, la Dirección Nacional de Medio Ambiente podrá autorizar la realización de monitoreos conjuntos entre los involucrados”.

De hecho, en Paysandú en algún momento funcionaron hasta tres equipos que medían la calidad del aire, a cargo de la Intendencia Departamental, ubicados en puntos clave de la ciudad. Incluso uno de ellos estaba en Nuevo Paysandú, dado que en ese barrio se producían muchas quejas de los vecinos por las emisiones de la planta de portland de Ancap. No sería mala cosa que si estos equipos siguen operativos se comience a aportar la información que generen y que esta se haga pública a través del observatorio, o que, si es necesario, se actualicen, con aportes de los generadores de contaminación que se detecten, tal como se prevé en la norma. → Leer más

Desde diciembre se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores el proyecto de reforma de la Ley de Usura, promovido por partidos menores de la coalición de gobierno, como es el caso del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto, pero que es vista con buenos ojos por los otros partidos de gobierno y eventualmente desde el Frente Amplio, según se indica.
Al respecto, el diputado Daniel Peña, autor de la iniciativa, indicó al semanario La Mañana que “luego de que los bancos compraran la mayoría de las financieras, integraron las operaciones de venta de las mismas a su unidad de negocio. Eso hizo que la tasa media bancaria se elevara casi al triple y que por ende aumentara la tasa de usura, incrementándose los intereses a la gente”.
Amplió que “cuando nosotros convocamos al Banco Central del Uruguay (BCU) a la comisión para trabajar en esta iniciativa, le planteamos al presidente del organismo, Diego Labat, que nos parecía que la Ley de Usura no permitía que los bancos incluyeran dentro de su unidad de negocio los resultados de las financieras de su propiedad. Las autoridades del BCU comentaron que estaban de acuerdo con nuestra visión y que la ley era bastante clara al respecto”.
Aclaró el legislador que a raíz de este planteo, el BCU anunció a los bancos y las financieras que a partir de enero de 2022 no va a permitir más esta operativa, lo que determinará la imposibilidad de computarlo para el cálculo de la tasa media bancaria, “que es la madre de todos los males”, según el diputado Peña.
Reveló que por esta causa la baja en la tasa de interés va a estar en el entorno del 40 por ciento, nada menos, aunque los bancos privados y las financieras ya presentaron un recurso contra el decreto del Banco Central, mientras a su vez Peña tiene la expectativa de que su iniciativa pueda fusionarse con la de Cabildo Abierto sobre el mismo tema, para agilizar el tratamiento en comisión del Senado.
Los proyectos tienden a modificar la Ley de Usura y crear procedimientos para la reestructuración de la deuda de personas físicas, lo que a juicio de varios legisladores tiene vínculos directos con abusos en la aplicación de tasas de interés, que son exorbitantes, y que afecta a los segmentos más pobres de la población.
Otro de los defensores de la instrumentación de modificaciones a la normativa en vigencia es el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien manifestó al respecto que “se termina pagando intereses de ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos. O sea que no tiene gollete y se lo permiten hacer. Lo hacen financieras que dependen de los bancos principales, casi todas ellas. Esa usura termina con que el ciudadano no tiene formas de salir. Entra en una calesita de la cual no tiene salida”.
La iniciativa de Daniel Peña, del Partido de la Gente, procura dar lugar a una herramienta legal que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
El legislador subrayó que “el objetivo que yo persigo con el proyecto es bajar la tasa de interés que pagan los uruguayos. Lo que nosotros consideramos es que el cálculo que hoy acepta el país, en base a lo que se cobra por interés, raya la usura. No solo eso, sino que la ley acepta como norma lo que se cobra, pero estamos convencidos de que eso es usura y que no se debería permitir”.
La regulación del sistema financiero es una inquietud que el diputado tiene desde hace largo tiempo, sobre todo, porque “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
Aseguró que ellas conforman una mesa de bancos donde prácticamente se negocia todo y se deja “presa” a gran parte de la población, más que nada, la de menos recursos y más necesitada.
“Es un sistema muy maquiavélico que armó el Frente Amplio, que fue la bancarización obligatoria, donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, comentó que los consumidores van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tienen son quienes terminan pagando más.
Esto significa que acceden con el salario al crédito bancario, pero después, ante cualquier atraso, ingresan a financieras donde la ley hoy permite que haya hasta un 240% de interés anual en pesos en créditos al consumo.
Asimismo, el legislador calificó esa ganancia como “totalmente extralimitada” y “fuera de lo normal”, sobre todo, si se considera que la inflación actual del país es del orden del 10%. “Si el Estado permite esto, directamente estamos avalando el robo a mano armada a la gente que más necesita”, lamentó.
Incluso reveló que “miles de usuarios nos cuentan constantemente que reciben llamadas telefónicas de estudios de abogados que a través de mentiras, intentan cobrarles de todos los modos posibles, diciéndoles cosas inciertas y fuera de lugar, aprovechándose de una posición dominante y acosando gente que en muchos casos termina muy mal”.
Igualmente, debe considerarse que la diferencia entre porcentajes de inflación y las tasas que se cobran no es tan lineal, por cuanto hay costos financieros muy significativos que dispone la ley y que se incrementaron durante los gobiernos del Frente Amplio, incluyendo encajes en el Banco Central, tributación y costos aumentados por componentes de riesgo de los créditos que debe asumir quienes están en el sistema, que hace precisamente que los buenos pagadores tengan mayores costos para que las entidades se cubran de los márgenes normales de morosidad.
Por otra parte, los intereses exorbitantes no sólo se ven en los préstamos al consumo de las financieras, también son aplicados a la totalidad de las tarjetas de crédito sobre el saldo pendiente de pago.
En este contexto el planteo principal de este proyecto de ley es “atar” la tasa de usura a la inflación, porque “no podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente, tiene que ser reducida drásticamente”, destacó Peña.
Lo que es de recibo, además, hasta por el viejo dicho de no matar la gallina de los huevos de oro: el objetivo no debería ser “exterminar” al deudor en su vida financiera, sino darle aire para que pueda pagar sin atosigarlo con los intereses y costos sobre costos que hacen que la deuda resulte impagable.
Ese debería ser el aspecto a contemplar en una norma de sentido común sobre la usura, con acuerdos en el marco de un equilibrio imprescindible que tenga en cuenta todo el amplio espectro del escenario, para no generar distorsiones, para que no pagar no resulte un buen negocio y que no lo subsidien los buenos pagadores del sistema. → Leer más

A fines de este año, la presidencia temporal del Mercosur pasará a Paraguay y Uruguay aprovecha los últimos meses de la titularidad de Brasil para avanzar en su iniciativa de conseguir acuerdos más allá del bloque regional.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, abrió la cancha en marzo pasado cuando expuso su idea de negociar con otros bloques. Sus declaraciones provocaron un cruce de palabras con el mandatario argentino, Alberto Fernández, quien manifestó su oposición a la propuesta uruguaya.
Desde aquel énfasis puesto en que el Mercosur “no puede ser un lastre”, pasando por la respuesta del mandatario argentino que propuso a Uruguay que “tome otro barco”, muy poca agua ha corrido bajo ese puente.
Ya no es novedad la crisis del bloque regional, creado a comienzos de la década de 1990, tanto por cuestiones ideológicas como obvias y estratégicas. Son situaciones que hoy le impiden a los países negociar abiertamente y mantener enfoques en unidad. Una unidad que ha sido más o menos endeble, según la época y los gobiernos que pasaron, mientras el bloque se mantenía.
Al mismo tiempo que otras regiones se abren y firman acuerdos multinacionales, el Mercosur permanece allí, arraigado a antiguas épocas proteccionistas. Mientras observa a otros países que producen y exportan lo mismo, pero crecen y se vuelven competitivos con amplias mejoras en los niveles de vida de sus poblaciones, el bloque austral encuentra dificultades para insertarse en nuevos mercados.
Tampoco es novedoso que en los últimos años, el Mercado Común del Sur ha servido de trampolín para sostener influencias políticas y discursos con altos contenidos de victimización. O de promoción de figuras políticas hasta el escándalo. Y más allá, también.
Hasta ahora, Uruguay –acompañado por Brasil– ha levantado su voz y Paraguay, con una visión más cautelosa, espera por las reacciones de Argentina. El punto de cuestionamiento es que ningún socio puede imponer su modelo a los demás, porque son por demás visibles las asimetrías estructurales, entre otras variables económicas que remarcan esas disparidades. Y, porque en cualquier caso, creer que el bloque es una caparazón, va a contrapelo de lo que se hace en el mundo entero.
Sin embargo, estos sobresaltos no son nuevos. Incluso ocurrieron en la propia interna del gobierno uruguayo, pero en administraciones pasadas. A comienzos del primer gobierno de Tabaré Vázquez, su canciller Reinaldo Gargano amagó con renunciar en reiteradas ocasiones. La firma del Tratado de Inversiones con Estados Unidos, que impulsó el exmandatario no era digerida por Gargano, quien sostenía la tesis de “más y mejor Mercosur”.

Brasil no está alejado de la posición uruguaya, en tanto su presidente Jair Bolsonaro ha manifestado su voluntad de aunar esfuerzos en la modernización de la economía propia y de la región.

A pesar de que el gigante norteño es el principal socio comercial de Argentina, éste último registró –al menos hasta mayo pasado– un saldo negativo en su comercio bilateral de 470 millones de dólares. Un escenario que termina sazonado por la intensa discusión interna sobre el arancel externo común que manejan los países del bloque.
Ese debate –que lleva años– se intensificó durante la pandemia a raíz de sus efectos adversos sobre las economías de los países. Cuando asumió la presidencia pro témpore en julio, Brasil solicitó una baja del arancel para los productos importados por fuera de la zona y, en la misma línea de Uruguay, la posibilidad de concretar acuerdos en forma individual.

La postura argentina, opuesta a esta práctica, va en el sentido de proteger a las industrias regionales y acordar una reducción segmentada. En medio de esa puja ideológica, se manifestaron a favor de la posición del gobierno de Fernández la asociación de fabricantes de vehículos automotores de Brasil, en tanto un cambio de estrategia haría que las importaciones superaran a las exportaciones.

Es que las cuestiones de corte ideológico han influido en las marchas y contramarchas que ha tenido el bloque en los últimos tiempos, que nunca alcanzó una unión aduanera. A 30 años sigue inconcluso, distorsionado, muy discursivo, anquilosado en el tiempo y con barreras a la libre circulación. Es decir que, en vez de avanzar, retrocede.

Y porque existen urgencias, al menos para Uruguay. Tal como lo dijo el mandatario en marzo: “No hay tiempo para grandes diálogos y comisiones, es tiempo de actuar”. Sin embargo, a mitad del año Argentina cerró su presidencia temporal sin avances ni respuestas al pedido de los dos socios.

Por eso, Uruguay pone el pie en el acelerador y envía a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, a reunirse con su par Paulo Guedes, antes de un nuevo traspaso a la nación guaraní.

De todas formas, Uruguay ya salió a dialogar por fuera del bloque, con Armenia, Georgia, Turquía y España, a través de una extensa gira efectuada por el canciller Francisco Bustillo. El punto de destaque hay que ubicarlo en Estambul, donde las autoridades turcas manifestaron su interés en el desarrollo de acuerdos comerciales, de la llegada de Turkish Airlines y de la apertura de una embajada uruguaya en Ankara o su similar diplomática en Montevideo.
Por su parte, el presidente debutará en la Asamblea General de la ONU, viajará a México para tener encuentros bilaterales con los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y, a fines de setiembre, se reunirá con empresarios en Estados Unidos.

Por ahora, mientras Brasil quiere ingresar en la “cuarta revolución industrial” para llegar a una mayor cantidad de cadenas productivas internacionales, Argentina y Paraguay se apegan a la letra que ya tiene más de tres décadas.
Porque “consenso” no significa “freno” y porque la región es muy rica para huir de la integración y globalización que se practican en otras regiones. → Leer más

El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley a través del cual se deroga la ley Nº 16.805 que permitía correr los días de asueto por los feriados, a fin de evitar los días “puente”.
La normativa vigente, del 24 de diciembre de 1996, establece que si los feriados coinciden en sábado, domingo o lunes se mantienen esos días; si caen martes o miércoles pasan para el lunes anterior; y si son jueves o viernes, pasan para el lunes siguiente. La ley 16.805 original exceptuaba de este régimen los feriados de Carnaval, Semana de Turismo, 1º y 6 de enero, 1º de Mayo, 18 de Julio, 25 de Agosto y 25 de diciembre.
En su argumentación, el gobierno de Luis Lacalle Pou expresó que “Los feriados son fechas de celebración de festividades, y en el caso de los feriados alcanzados por la ley que se proyecta derogar, nos recuerdan acontecimientos patrios propios de la gesta libertadora de nuestro país así como hechos de repercusión universal, cuya importancia hace que para honrar nuestra historia, los mismos sean celebrados en la fecha que recuerda su ocurrencia”.
Como era de esperar, la resolución presidencial tuvo repercusiones inmediatas desde distintos ámbitos, empezando por la Cámara de Turismo, que considera que la medida perjudica su actividad por cuanto los fines de semana “largos” son tomados como una suerte de vacaciones cortas por muchos uruguayos que los aprovechan para hacer turismo interno.
Sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou ya se había manifestado sobre esta iniciativa el pasado 18 de mayo. En esa oportunidad dijo que “Los feriados no nacieron por un tema turístico, los feriados que tiene un país significan un momento de recordación y poner un poco de pausa en esta vida tan loca que llevamos todos”.
Y le asiste la razón al presidente, por cuanto cambiar las fechas de las conmemoraciones desvirtúa la razón de ser del feriado. Los reyes de esta distorsión seguramente han sido los argentinos, que en aras de incentivar el turismo interno durante los gobiernos kirchneristas fomentaron todo tipo de festividades tanto nacionales como provinciales donde tenían un fin de semana largo prácticamente en cada mes.
Sin embargo hay quienes lo ven de otra manera y, por ejemplo, consideran que la norma que ahora se deroga es una conquista laboral que le da a los trabajadores la oportunidad de disfrutar de un descanso excepcional, que ocurre tres veces al año: el 19 de Abril (Desembarco de los 33 Orientales), 18 de Mayo (Batalla de Las Piedras) y el 12 de Octubre (Día de la Raza o Descubrimiento de América), que hasta ahora se pasan para un lunes o un viernes. Además, esto permite que quienes trabajan lejos de su hogar, por ejemplo en la construcción, puedan estar con sus familias por más tiempo, dado que no se justifica viajar por un solo día en caso de que el feriado caiga en medio de la semana.
Otros, en cambio, ni siquiera lo ven como un inconveniente, por cuanto los feriados que se verán afectados por la derogación de la ley 16.805 son laborales y por lo tanto benefician a un sector minoritario de los trabajadores. En efecto, cada vez son más los comercios y las empresas que no cierran en estas fechas, quedando reducido el alcance prácticamente al sector oficial, bancario y poco más. Por decirlo de alguna manera, es un privilegio del que goza una minoría, entre los cuales los trabajadores del Estado.
Por supuesto hay un sector más radical que considera que lo que corresponde es hacer de estas fechas un feriado obligatorio para que en este sentido no haya hijos y entenados, donde todos tengamos un día de asueto y claro está, correrlos para que se sumen al fin de semana. Obviamente se trata de gente que vive de su salario, no de empresarios que son los que deben pagarles el sueldo, con plata que no se genera precisamente cerrando las puertas del negocio.
Pero toda esa discusión parece perder de vista el verdadero sentido del feriado, que no es un “día libre” sino una fecha para recordar un evento que ocurrió precisamente ese día y que por su importancia histórica tanto para el país o para la Humanidad amerita una celebración de esa magnitud. Lamentablemente en estos tiempos se ha puesto de moda “ningunear” la Historia, restándole importancia a los hechos que a la postre determinaron nuestro vida como nación y nuestra identidad, al punto que hasta la propia directora de Cultura de la pasada Administración municipal, Cinthya Moizo, gestora cultural egresada de la Universidad Claeh –con felicitaciones públicas de la Institución cuando asumió el cargo en Paysandú–, reconoció con total desparpajo en un programa de radio que no sabía qué se recordaba el 18 de Julio en nuestro país. Aunque no se lo preguntamos, es obvio que desde la óptica de la exdirectora de Cultura está perfecto que se modifiquen las fechas recordatorias en pos del bienestar y disfrute de los trabajadores, pero todavía hay quienes consideramos que hay valores que no deben perderse, y entre ellos está el respeto por la gesta de quienes nos precedieron y que con sus actos heroicos permitieron forjar el Uruguay del que hoy gozamos.
Por lo tanto, de entenderse que es más importante fomentar el turismo interno o establecer vacaciones cortas periódicamente, lo que corresponde es dejar de lado las razones históricas de los feriados y establecer asuetos en fechas que se consideren adecuadas para tal fin, incluso hasta se podría hacer pensando en los mejores momentos para sacarle el mayor jugo posible a los feriados de descanso; por ejemplo en base a datos históricos del clima, para reducir las posibilidades de que una tormenta estropee las merecidas vacaciones del trabajador. Porque a nadie le gusta hacer turismo con lluvias, así que por lo pronto hay que evitar las fechas próximas al 30 de agosto, porque muy posiblemente Santa Rosa nos estropee todos los planes.

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El 7 de julio de 2002 publicábamos en la portada de EL TELEGRAFO una foto que recorrería el mundo, repicada por la agencia de noticias francesa AFP. La imagen mostraba un camino de hormigas en que se había transformado el puente internacional General Artigas, con cientos de personas cruzando el tendido a pie portando bolsos repletos de alimentos y productos adquiridos en la vecina orilla. Era en plena crisis económica, la mayor de que se tenga registros pero que recién impactaba en Uruguay, puesto que en Argentina había estallado seis meses antes. Por eso la diferencia cambiaria era abismal, y los mismos productos que acá eran “carísimos” allá se podían comprar a precios irrisorios.

Poco después, cuando las economías de los dos países se equilibraron –ambos quedaron fundidos, solo que Argentina eligió el camino del default para no pagar la deuda externa–, ese milagro por el cual del otro lado del río todo estaba “regalado” se esfumó. Pero para ese entonces ya era tarde para Paysandú que a pesar de estar en mejor posición para enfrentar la crisis con respecto a otros departamentos, por contar con industrias que seguían exportando y produciendo, fue de los que peor la pasó, con miles de sanduceros sin empleo y otros tantos emigrando en masa a países europeos o Estados Unidos, dejando atrás sus familias quebradas y con deudas impagables, así como también se disparó la tasa de suicidios a niveles históricos. Una dolorosa lección que dejó profundas heridas que hasta hoy perduran en nuestra sociedad.

Asimismo, cuando el país comenzó a recuperarse, Paysandú fue de los últimos en acusar la mejoría.
Hoy, el lento pero irreversible retorno a la normalidad tras la crisis sanitaria de la COVID-19 es un hecho próximo para festejar, por cuanto no solo implica superar una amenaza que ha acarreado miles de muertes en el Uruguay y de muchos millones en todo el mundo, sino que a la vez será la instancia que se estaba esperando para intentar poner nuevamente en marcha plena a la economía, y con ello una mejora en la calidad de vida, en el empleo, en el reciclaje de recursos; en suma, generar condiciones para un derrame de más bienestar en la población que, naturalmente, nunca es homogéneo.

La crisis sanitaria golpeó de manera distinta en cada país y en el caso de Argentina –donde todavía hay lugares en que la pandemia no ha sido controlada completamente–, las políticas económicas y sanitarias llevadas adelante por el gobierno de Alberto Fernández han dejado a la nación en una situación muy precaria, con una moneda que no vale nada mientras un 40% de la población cayó en la pobreza y más de un 10% en la indigencia.

Así, vuelve a presentarse una situación similar a la de julio de 2002, con un gran desequilibrio de precios entre una y otra orilla, aunque afortunadamente de este lado estamos bastante mejor en términos relativos, con índices de pobreza de “apenas” un 11,6% y una indigencia de menos del 0,4%. Por supuesto eso no quiere decir que podamos tirar manteca al techo ni es algo para festejar, porque la realidad es que muchos sanduceros están pasando mal y a la gran mayoría los números no les dan, al ver reducidos sus ingresos.
Pero esa precaria situación de privilegio con respecto a la Argentina podría esfumarse en un abrir y cerrar de ojos en las ciudades fronterizas, de volver a ocurrir lo que pasó en 2002. Porque el contrabando hormiga puede parecer una tabla de salvataje para muchas familias que hoy cuentan sus pesos para adquirir los elementos más básicos de la canasta del hogar, pero en el mediano plazo eso se traduce en cierre de comercios, desocupación, cesación de pagos y pobreza, aumentando la situación de angustia. Y lo que pocos quieren reconocer es que el trabajador que se queda sin empleo tampoco tendrá un salario para gastar en la vecina orilla. Porque sin dudas que la ecuación más tentadora es ganar en Uruguay y comprar en Argentina, pero eso no es sustentable.

Lamentablemente la disconformidad social actual sumado al efecto de las redes sociales –que poco aportan al sentido común y sí al rencor y el resentimiento– nubla el raciocinio de quienes no quieren entender que Uruguay es un país caro por diversas razones y no porque los comerciantes se estén enriqueciendo a costa de los trabajadores aprovechando que los puentes están cerrados. Son muchos los gastos que deben afrontar para mantener la persiana en alto, entre ellos los salarios de sus empleados. Y también sufrieron y sufren los efectos de la pandemia, aunque en menor medida justamente porque el tránsito vecinal fue cortado.
Y como bien señala el diputado del Frente Amplio por Río Negro, Constante Mendiondo, cuando se instala el trasiego masivo, “los perjudicados somos los litoraleños y los que cruzan al otro lado no son los más pobres. En cualquier caso, los pequeños comercios son los que mueren primero”.

En diálogo con EL TELEGRAFO, el legislador reconoció que “lo primero es tener mucha amplitud. Hay que estar muy juntos con las asociaciones comerciales porque son el sostén del comercio y, a su vez, el comercio es el sostén del empleo. Y, luego, la política. Es decir, los gobiernos departamentales y los municipios, además de los representantes nacionales, para terminar en un proyecto de ley”. “El país ya perdió una cantidad enorme de puestos de empleo y hay una ingreso grande a la pobreza con más de 100.000 uruguayos. Por eso decimos que va a ser un problema grande cuando se abran los puentes”.
Dijo que la legislación actual “apunta a fortalecer y brindarle instrumentos a los comercios locales para que se vuelvan competitivos. Porque el ideal es que no haya un trasiego permanente y sea atractivo quedarse. Pero en las condiciones actuales es imposible”. Apuntó que “ir por el lado del ‘cero kilo’, nunca dio resultado. Eso es vecino contra vecino y la clave está en no hacer atractivo el cruce”.

Sin embargo no es fácil “volver competitivos” a los comercios locales, por cuanto la carga impositiva, los servicios y los salarios de Uruguay son mucho más altos en dólares que en Argentina. Y aún si se pudiese resignar la parte tributaria en las ciudades fronterizas y los precios de los productos fuesen entonces similares a los de la vecina orilla, eso crearía una gran desigualdad con el resto del país, que además de ser injusto promovería una suerte de contrabando interno. ¿Y cuál sería la solución para evitarlo? ¿Instalar una aduana en Constancia y otra en La Lata? Obviamente eso sería absurdo. Por el otro lado, el “cero kilo” –a diferencia de los que sostiene Mendiondo– sí dio muy buen resultado cuando se aplicó a rajatabla durante el gobierno de Mujica, y permitió sostener la base de la economía local en momentos de fuerte desequilibrio de precios, manteniendo la libre circulación de personas por el puente.
Pero rescatamos entonces que los diputados que representan cuatro partidos “han manifestado una conjunción política muy fuerte”, buscando la mejor salida con los gobiernos departamentales y los centros comerciales de la región.

Ojalá todos estos elementos se tengan en cuenta a la hora de tomar las medidas que inevitablemente deberán llegar, ponderando debidamente los pro y los contra, y que la comunidad ponga de su parte para aportar a una respuesta que nos beneficiará a todos, por encima de colores políticos y situación social.
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“Imagino que aparecerán empresas que aserren y debobinen, que vengan a instalarse cerca de donde están nuestros bosques, que empiecen a generar mercado”, resumió el vicepresidente de la Sociedad de Productores Forestales de nuestro país, Francisco Bonino, al analizar para el suplemento Economía y Mercado del diario El País la realidad del sector forestal y sobre todo las perspectivas de abordar un esquema revulsivo imprescindible para el sector y el país, como es el caso de la incorporación de valor agregado a la materia prima que se produce en los bosques.

Reveló asimismo que los fondos captados en los fideicomisos van a terminar generando ingresos muy significativos, “pero el sector en general está teniendo un desempeño por encima de lo esperado. Este ha sido un año absolutamente récord en volumen y precios, excepto dos sectores que tienen un comportamiento no tan bueno. Las exportaciones de celulosa están creciendo, pero no arrancaron bien, y las exportaciones de chips se habían parado durante la pandemia y recién comenzaron a retornar a una buena senda”.

Consideró que sin dudas hay espacio para crecer, y que para las plantaciones que están en marcha, “lo importante será el desarrollo industrial”, a la vez que reflexionó que “tenemos muy fuerte la celulosa en el Uruguay, pero hay otros eslabones en la cadena para aprovechar. Y aunque estemos exportando bien la madera en bruto, hay otras oportunidades. Cuando se aprovecha bien la madera en el lugar donde se produjo, se logran muchas eficiencias, con menores emisiones de carbono por transporte”.

Lo que expresa el empresario va en línea con lo que hemos señalado en más de una oportunidad, respecto a que si bien la inversión en el área forestal en las tres últimas décadas ha sido revulsiva e incorporado un sector pujante al agro, creando miles de puestos directos e indirectos, hasta ahora la participación en valor agregado en el sector en nuestro país es muy relativo, desde que la madera se exporta como materia prima para su industrialización en el exterior, lo que indica que es preciso buscar alternativas de inversión que permitan aportarle mano de obra dentro de fronteras, y establecer una cadena de valor potenciada que sería de gran beneficio para la economía.

Vienen al caso declaraciones del subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, al efectuar su presentación en la firma por la Unión Europea (UE) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), del acuerdo bilateral “Facilidad para el Desarrollo en Transición”, ámbito en el que se proporciona oportunidades para trabajar en cooperación internacional apoyando iniciativas que sean innovadoras y de beneficio mutuo, además de fortalecer el diálogo estratégico y de desarrollo entre Uruguay y la Unión Europa.
En la oportunidad fueron presentadas tres iniciativas relacionadas con la economía circular, como es el caso de Innovación y desarrollo sustentable de la industria de transformación mecánica de la madera, Mujeres en el sector de la Información y Formación de jóvenes innovadores.

El subsecretario de Energía sostuvo que “la transformación mecánica constituye un sector con gran potencial que nos posibilitará avanzar en la cadena de producción, obteniendo como resultado de productos destinados a la construcción en madera y carpintería, mayor valor agregado y generación de mano de obra”.
Verri asimismo destacó que se realizó un estudio sobre las oportunidades de la bioeconomía forestal en el país, y en este documento de trabajo se puso énfasis en el análisis de una industria catalogada como primaria y poco profesionalizada, por lo que la transformación mecánica constituye un sector con gran potencial, “que nos posibilitará avanzar en la cadena de producción hacia la segunda transformación, obteniendo como resultado productos destinados a la construcción en madera y carpintería, mayor valor agregado y con ello generación de mano de obra”.

Precisamente, uno de los aspectos a tener en cuenta para intentar generar un nuevo escenario en esta industria parte de que la mayor parte de los productos ofrecidos por los aserraderos nacionales hoy son los que surgen de la transformación mecánica, los cuales presentan bajo valor agregado. “Pero a su vez en la transformación mecánica hay grandes oportunidades de desarrollo y de generación de empleo, mediante el agregado de valor a la materia prima a través de su transformación en productos conocidos como los productos de ingeniería de la madera”, aportó el subsecretario.

En este sentido figura entre los destinos posibles identificados la madera tratada térmicamente, la madera laminada cruzada, la madera microlaminada, los tableros de virutas, la madera laminada encolada y los paneles y contrachapados, aseguró el subsecretario de Industria.
Este es el camino que se debe seguir, el de generar propuestas e incentivos para potenciar el ciclo de valor agregado a la materia prima que se genera dentro de nuestro territorio, porque implica incorporar inversión, tecnología y empleos de calidad, además del reciclaje de insumos dentro de fronteras en el marco de una economía circular que recicla recursos que de otra forma se van del país.

Es decir, todo lo contrario al proyecto que se intenta impulsar en el Parlamento por el que se pretende introducir limitaciones muy precisas a la expansión forestal porque, como bien señala Bonino, “ningún inversor apuesta en lugares donde está topeado. El inversor apuesta a lo que crece, tiene proyección y futuro. La señal en este caso iría en sentido contrario. En nuestro país el espacio para seguir creciendo dependerá de las condiciones que establezca la legislación”.
Y una parte importante de la ecuación para promover inversiones de riesgo de este perfil es no generar señales equívocas a estos capitales, como por ejemplo el incorporar medidas limitantes en la Ley de Desarrollo Forestal.
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Uruguay aún no ha solucionado el complejo problema de los residuos sólidos y una recorrida por los titulares de prensa de algunos departamentos muestra que el tema no solo está muy presente en la agenda ciudadana, sino que no se ha llegado a soluciones efectivas y de consenso social.
Somos uno de los países latinoamericanos que genera más basura, con un estimado de aproximadamente 1 kilogramo por habitante por día, según un informe del Banco Mundial. La cifra se sitúa por encima de la tasa media de América Latina, fijada en 0,87 kilogramos y del promedio mundial, establecido en 0,74 kilogramos. No obstante, nuestro país también lidera los rankings de cobertura de recolección de basura en el continente.

La gestión de residuos sólidos es un asunto que preocupa más allá de las fronteras y, si se analiza a nivel regional, en América Latina y el Caribe anualmente se generan alrededor de 216 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.

En un reciente artículo, Magda Correal, especialista senior de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, señala que de la cantidad antes mencionada el 52% corresponde a residuos orgánicos, mientras que el 19% son materiales con mayor potencial de ser reciclados, como papel, cartón, vidrio y metales, adicionalmente a los plásticos que representan el 12% del total.

Respecto a la disposición final de los residuos sólidos, el 56% son llevados a rellenos sanitarios, mientras que cerca del 40% se disponen inadecuadamente en vertederos a cielo abierto y con escaso control, en tanto que sólo el 4,5% son reciclados.

La experta señalaba que “en términos de gobernanza, existen desafíos en cuanto a la planificación de acciones concretas y realizables por gobiernos nacionales y municipales, si bien en muchos países los municipios están obligados a elaborar planes de gestión de residuos, la implementación de estos no siempre está asegurada”. Considera que “también se evidencian dificultades en la identificación y estructuración de soluciones técnicas que mejor se adecuen a las necesidades y capacidades de municipios y regiones” y que América Latina necesita “instrumentos regulatorios y al mismo tiempo fortalecer los organismos encargados de vigilar, monitorear y asegurar que las normas se implementen” así como fortalecer el desarrollo de reglamentaciones de la valorización de residuos y la economía circular. En este sentido valoró que “los esquemas de responsabilidad extendida y/o compartida del productor están tomando cada vez más importancia en los diferentes países, como Chile, Colombia y Uruguay, donde recientemente se han establecido obligaciones y metas de recuperación de envases a los productores y fabricantes. Se requiere contar con sistemas de información de datos y cifras oficiales que faciliten el monitoreo y la evaluación de la gestión, así como el diseño y la medición del impacto de diferentes iniciativas y programas”, señaló.

Apenas una generación atrás eran pocas las ciudades que contaban con programas de gestión de residuos sólidos. Probablemente, los hogares producían menos desechos que ahora: las bolsas de plástico se usaban mucho menos, y los animales domésticos comían sobras y no alimentos granulados como en la actualidad. Los residuos relacionados con empaques prácticamente no existían y las ciudades en su conjunto producían bastante menos basura.

La mala gestión (o la ausencia de ella) de los residuos sólidos urbanos genera no solo impactos ambientales sino también sanitarios y sociales de relevancia. Se requieren no solo soluciones técnicas sino también la inclusión de los recicladores informales, cambios culturales en relación a la conducta de las personas y educación y motivaciones claras para que la gente se motive a reducir y reciclar sus residuos.

En cuanto a los trabajadores informales, estudios realizados por el Banco Mundial indican que juegan un rol importante en los países en desarrollo, ya que entre el 15% y el 20% de las basuras generadas se maneja ad-hoc por parte de individuos o microempresas que no están formalmente registradas o reconocidas.
Como sabemos, aquí en Paysandú hay muchos clasificadores que se dedican a recolectar, seleccionar, reciclar y reutilizar los residuos en sus domicilios, siendo los menos los que participan de emprendimientos de tipo asociativo vinculados a puntos de clasificación.

En nuestra ciudad se producen aproximadamente 80.000 kilos diarios de basura, que se depositan en el vertedero municipal, en el que la Intendencia se apresta a introducir cambios.

En este sentido, recientemente se anunció una licitación para prestar servicios de reciclaje y encapsulado de residuos sólidos no reciclables, a partir de una iniciativa presentada por una empresa privada. Habrá que ver si es la mejor solución pero resulta evidente que el mejoramiento de la gestión de residuos sólidos municipales impacta positivamente en la calidad de vida y en el cumplimiento de los compromisos establecidos en la agenda 2030, especialmente en las metas enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Empero, es necesario avanzar también en otros sentidos ya que “es indispensable contar con información y datos de calidad, que le permitan a las administraciones nacionales y municipales la medición del impacto de las políticas públicas y de las inversiones, así como la definición de metas y el seguimiento de sus planes y estrategias. Por ejemplo, ¿qué cantidad de residuos genera cada habitante?, ¿cuánto logramos reducir esta cantidad cada año a través de la prevención y la reutilización?, ¿cuánto aumenta anualmente la tasa de reciclaje en una ciudad o un país?, ¿cuántos residuos dejan de disponerse en vertederos a cielo abierto?”, pregunta la experta del BID.

Son preguntas que tenemos que comenzar a hacernos. Teniendo en cuenta que la gestión de residuos sólidos recae sobre las intendencias y municipios, bueno es que el tema sea incluido en forma prioritaria en sus agendas de gobierno en el marco de un compromiso social y ambiental que redunde en la mejora de las condiciones de vida de todos. Y que se adopten medidas eficientes para la solución un problema que vuelve una y otra vez. → Leer más

“El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo”. Así encabeza un informe sobre la situación de este delito en nuestro país la embajada de Estados Unidos en Uruguay, que lo situó en el Nivel 2.
Comencemos por entender un poco más sobre este delito, tan complejo, que muchas veces la misma víctima no se identifica como tal. No son pocas las ocasiones en las que ha habido incluso protestas de personas que estaban siendo sometidas, en defensa de las personas que estaban vulnerando sus derechos.
Técnicamente, de acuerdo al protocolo de Naciones Unidas del año 2000, “Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Esta explotación, agrega, “incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
La definición es muy específica en advertir que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no se tendrá en cuenta, por esta misma falta de percepción que a veces ocurre.
En el caso de las personas menores de 18 años, solamente alcanza para configurar trata con “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación”.
El informe señala que el Gobierno uruguayo “demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior si se tiene en cuenta el impacto que la pandemia de COVID-19 puede haber tenido en su capacidad de lucha contra la trata”, en función de esto es que el país se mantuvo en el nivel 2.
Este trabajo, dice el informe, “incluyó formalizar a más tratantes, aumentar el número de unidades especializadas en la lucha contra la trata en Montevideo e iniciar la mayor investigación sobre delitos de explotación sexual del país, que incluyó delitos de trata y llevó a identificar 20 víctimas de trata menores de edad y formalizar a más de 30 personas por buscar víctimas de trata infantil con fines de explotación sexual”, en alusión a la sonada Operación Océano.
No obstante señala que el gobierno “no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave”, y en este sentido menciona que se identificaron menos víctimas que en el período del informe anterior, que los funcionarios policiales e inspectores de trabajo “no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática”, y el gobierno “no ofreció servicios adecuados para las víctimas ni acceso constante a refugios”.
Advierte además que se dedicaron “recursos insuficientes tanto a investigar, formalizar y condenar a autores del delito de trata con fines de explotación laboral, como a proteger a las víctimas de este delito”. También advirtió que algunas víctimas “se negaron a participar en juicios contra sus tratantes por tener dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.
El informe, que se puede consultar completo en la página web de la embajada (uy.usembassy.gov/es/informe-sobre-trata-de-personas-2021-segmento-de-uruguay) incluye además una serie de recomendaciones priorizadas, la primera de las cuales es “brindar servicios adecuados y refugio a todas las víctimas, especialmente a las víctimas de sexo masculino y a aquellas que se encuentran fuera de la capital”. Y aquí hay un detalle a tener en cuenta, porque se desprende de este estudio que la problemática es bastante más compleja en el interior del país que en Montevideo, a la par de la diferencia en los controles que se ejercen.
También se recomendó “aumentar la capacitación para los funcionarios policiales, inspectores de trabajo, Prefectura, fiscales, jueces y trabajadores sociales” con el propósito de comprender mejor la trata de personas “y, cuando corresponda, identificar de manera proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral”. El país, entienden los expertos, debería implementar “una serie de lineamientos de rutina para la identificación proactiva de víctimas de trata y capacitar a los funcionarios en su uso”, además de “asignar un presupuesto específico para luchar contra la trata, financiar la aplicación del plan de acción nacional y de la ley contra la trata, y aumentar el presupuesto para los servicios para víctimas”. En este sentido se recomendó “ampliar los servicios de largo plazo y de reinserción, incluida la formación vocacional”, así como “condenar a los tratantes con penas adecuadas, que deberían implicar períodos de encarcelación importantes” y “garantizar la seguridad de las víctimas que participen en los juicios contra sus tratantes”.
En Uruguay, por el artículo 78 de la Ley de Migraciones, promulgada en 2008, se castiga la trata de personas con penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Penas que, de acuerdo al informe, “son lo suficientemente severas” y “acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación”. Las penas se incrementan de un tercio a la mitad si el delito de trata involucra a una víctima menor de edad.
En los últimos 5 años se investigaron 55 casos de trata, que llevaron al procesamiento o formalización de 39 presuntos tratantes, de los cuales se condenó a solo 15.
De las 37 víctimas de trata atendidas por Inmujeres en 2020, todas mujeres adultas, la mayoría eran uruguayas, dominicanas o cubanas.
Si bien las víctimas pueden presentar demandas civiles para obtener una reparación de sus tratantes, no se informó que alguna lo hubiese hecho en 2020. Tampoco si se otorgaron permisos de trabajo y residencia a las víctimas extranjeras.
El delito de trata no es de fácil constatación y presenta esta dificultad adicional de que muchas veces la misma víctima no se reconoce como tal. Sin embargo, cuando el año pasado el gobierno habilitó una línea telefónica directa, específica para una investigación a nivel nacional, además de información vinculada al caso se recibieron pistas que permitieron abrir cinco investigaciones nuevas, al menos una de las cuales refería a un posible delito de trata de personas.
Además, no se trata de un problema que afecte solamente a personas extranjeras en nuestro país. Las redes de captación operan también en Uruguay. En los últimos cinco años se ha explotado a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior, que han sido obligadas a practicar actos sexuales con fines comerciales en Argentina, Brasil, Italia y España.
Hay otras ramificaciones aún más complejas, como el caso de los tripulantes de barcos pesqueros (con banderas asiáticas principalmente). Entre 2018 y 2020 hubo 17 fallecimientos de tripulantes asociados con buques pesqueros. Antes de ese año “había un promedio de 11 tripulantes fallecidos al año”.
Como nación no podemos permanecer ajenos ante este panorama nada alentador. → Leer más

Un elemento claro que surge de la evaluación de casi dos años de pandemia en nuestro país, y cuando el panorama ha mejorado sustancialmente, aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, es que la crisis ha servido para poner al desnudo falencias en un “paraguas” que se creía era producto de fortalezas que al fin de cuentas no eran tales, y que además de un déficit de coordinación internacional en materia de controles sanitarios, también tiene que ver con escenarios internos en cada país.

Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada país, así como de la espalda económico financiera, existen aspectos colaterales a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.
Es que en este período amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte han quedado expuestas a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor de años anteriores.

Precisamente como consecuencia de la caída de actividad y las medidas de contención, sobre todo, ha crecido la informalidad, que es tanto causa como consecuencia de la falta de desarrollo, e implica un círculo vicioso de difícil salida.
En sí, conlleva debilidad social por el atraso que amerita en los métodos de producción, acceso a servicios públicos y la posibilidad de mitigar riesgos de shocks, por lo que es un mal recurso pero prácticamente inevitable para atemperar golpes como el que trae aparejada la pandemia en el tramado socioeconómico.

Por otro lado, desde el punto de vista recaudatorio, también es un problema el que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en la medida en que lo hace el resto de la economía, aspecto clave en cuanto a los flancos débiles que implica tener una economía informalizada en una serie de áreas.
Precisamente, queda expuesta en toda su magnitud en coyunturas como la actual, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva, de las células del tejido socioeconómico, salen todavía con cobertura muy afectada de esta emergencia.

De ahí que los esfuerzos en épocas normales deben centrarse fundamentalmente en captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad, que sin dudas es un aspecto en el que se ha estado trabajando con énfasis en los últimos años, con resultados que se habían manifestado en su momento como satisfactorios, porque se había logrado bajar un 40 por ciento prácticamente crónico en nuestro país hasta porcentajes del orden del 22 por ciento, con algunos altibajos, de acuerdo a cifras de organismos del Estado y sobre todo del Banco de Previsión Social (BPS).

Sin embargo, el escenario que quedó visible por la crisis a lo a largo de la pandemia desnuda que el informalismo estaba disimulado, que la regularización estaba prendida con alfileres, en el mejor de los casos, porque las necesidades de asistencia por el Estado en estos grupos ha sido mucho mayor e inmediata de lo que se podía suponer. Tanto es así que en marzo de 2020, a mitad de mes del encierro voluntario y cuando se suponía que todos los trabajadores ya habían cobrado sus sueldos normalmente, el país vio florecer las ollas populares como si hiciese meses que esa gente no recibía su salario completo, al tiempo que la central sindical y el Frente Amplio reclamaban de inmediato la asistencia económica para los afectados. Esto ocurría apenas asumido el gobierno actual.

Consecuentemente, en este período en que se está apresurando el retorno a la normalidad, dentro de lo posible, se presenta el doble desafío de hacer crecer la economía pero también hacerlo dentro de la formalidad, para beneficio general, más allá de que evidentemente hay un alto costo para la regularización en todos los sectores, tanto en lo que refiere a cargas sociales como desde el punto de vista impositivo.

Pero también ocurre que el escenario interno recoge el impacto del escenario cambiante en el exterior. Desde el punto de vista de las señales externas, se observa que China ha retomado la senda del crecimiento y ello es particularmente importante para el continente sudamericano y Uruguay en particular, si se tiene en cuenta nuestra condición de abastecedores de materia prima para el gigante asiático.

De todas formas, América Latina se ha convertido en la región más azotada en términos de vidas y costos económicos por la pandemia, con una significativa caída en el Producto Bruto Interno (PBI) en 2020 y 2021. Esto ha ocurrido pese a que el subcontinente tenía una “ventaja” sobre otras partes del mundo, como es el caso de Europa, porque estaba con el diario del lunes sobre la devastación causada por el virus que en principio era una gripecita pero que mostró extrema virulencia para personas vulnerables y una capacidad de transmisión pocas veces vista.
Es que si bien algunos de los países de la región reaccionaron temprano, en base a las desgraciadas experiencias de naciones como Italia, España y Francia, igualmente el avance del coronavirus ha devastado a varios países de la región, que supuestamente habían tenido tiempo para hacer preparativos que minimizaran o hicieran menos grave el impacto, habida cuenta de las delicadas situaciones socioeconómicas y la debilidad de los sistemas sanitarios, por regla general.

Bueno, incluso el punto es que aun habiendo aplicado las mismas medidas de contención que los países desarrollados, los resultados obtenidos han sido diferentes, en general con escenarios muy preocupantes y procesos en marcha, brotes incontenibles en algunas zonas y un deterioro socioeconómico generalizado.
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial (BM) sobre este escenario, se señala que las políticas de contención han sido menos eficaces en los países menos ricos debido precisamente a las bajas condiciones sanitarias, el hacinamiento, la falta de políticas sanitarias de base, la mala alimentación y sobre todo, por el alto grado de informalidad.

Este último es también un aspecto clave, por cuanto la falta de contención en el sistema de seguridad social, implica que se trata de personas y microempresas que siguen “haciendo la diaria”, que viven al día, y por lo tanto no pueden ampararse en ningún programa de transferencia de recursos más o menos confiable o estable, por determinado período, que implica paralelamente un serio desgaste de los recursos del Estado, que es el encargado de esta transferencia.

Queda entonces de relieve que la trama es muy compleja, por los serios problemas estructurales y su debilidad intrínseca para enfrentar shocks globales, vengan del lado que vengan.
Hay poco margen de maniobra en el corto plazo para cambiar este escenario, y nada indica que será fácil apartarse de este camino con alguna jugada genial: el sentido común indica que hay que seguir en una apertura gradual, con protocolos y responsabilidad de la población. Esto por lo menos asegura generar actividad y riqueza, a la vez de seguir atendiendo en la medida de lo posible con transferencias a los sectores que realmente lo necesitan para poder subsistir, mientras se trata de captar inversión de riesgo y volcar recursos financieros con créditos especiales para rehacer la economía y tratar de evitar que la pandemia del COVID-19 también se prolongue en una pandemia de penuria económica.
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Si la convivencia y la tolerancia son difíciles dentro de un hogar, no es posible imaginar lo que ocurre entre cinco socios que conformaron una coalición para gobernar. La estabilidad es importante entre partidos, algunos chicos, pero todos con identidades y opiniones propias que pesan al momento de gobernar y de aportar a la gobernabilidad necesaria.
De cualquier modo, la salida de cuatro ministros ha sido una prueba fundamentada de que no es fácil. En los últimos días, la renuncia de Germán Cardoso al Ministerio de Turismo aporta luz sobre la situación que viven las internas en los partidos. Porque lo ocurrido con el secretario de Estado no es el resultado de una campaña de la oposición o una corrida mediática que lo llevara a la dimisión. El exministro volvió a la Cámara de Diputados, con el reclamo de una investigación a fondo sobre las denuncias presentadas en su contra por supuestas irregularidades en compras directas. Pero fue por más, al reclamar una investigadora sobre las últimas gestiones del Frente Amplio en la cartera.
En forma paralela, el desarrollo de la discusión de la Rendición de Cuentas y el estilo de la polémica instalada en el Parlamento, refrendan la intensidad del ambiente. Las voces levantadas, las alusiones personales y un estilo impropio de personalidades con fueros que alientan y caldean el ambiente marcan el derrotero de los últimos meses. O la interpelación efectuada al ministro Luis Alberto Heber, quien compareció en la Cámara de Senadores por su actuación anterior al frente de la cartera de Transporte y Obras Públicas, a raíz de la extensión de un contrato a la empresa belga Katoen Natie hasta el 2081, a cambio de no activar un juicio por U$S 1.500 millones y hacer inversiones superiores a U$S 459 millones. Cabe recordar que dicho juicio fue anunciado a mediados de febrero de 2020 por la empresa, al considerar que el Estado uruguayo toleraba la existencia de una terminal por fuera del régimen (Montecon S.A), como principal operador de los muelles en el puerto capitalino.
Tanto Tabaré Vázquez como el entonces presidente electo Luis Lacalle Pou recibieron las notificaciones respectivas, donde la firma belga aclaraba que aplicarían las clausulas previstas en el tratado de inversiones entre Uruguay y la Unión Europea para la solución de controversias.
Una situación basada en decisiones adoptadas por el gobierno anterior le valió a Heber una interpelación de 20 horas en la cámara alta y, también, momentos de crispación donde se confundían las labores parlamentarias con discusiones bolicheras que bajaban el nivel de importancia del tema.
En las últimas interpelaciones, los socios de la coalición brindaron su apoyo a los miembros del Poder Ejecutivo que fueron interpelados, tal como ocurrió con Azucena Arbeleche, de Economía, y Daniel Salinas, de Salud Pública, en junio pasado.
Sin embargo, aclararon en el caso del entuerto portuario que los acuerdos se alcanzaron sin conocimiento de los demás partidos. De cualquier modo, la empresa belga accedió a incorporar una cláusula –propuesta por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos– a través de la cual el Estado uruguayo tiene “la última palabra, o sea la posibilidad, la potestad de autorizar o no autorizar una eventual enajenación de las acciones en el futuro”.
Una cuestión no menor era la desconfianza que le despertaba a los cabildantes una cláusula. El contrato planteaba que en caso de cambios de accionistas de la compañía, el acuerdo se mantenía en todos sus términos. El senador Guillermo Domenech desnudó en una pregunta una realidad no prevista: “Realmente esta cláusula nos preocupa, porque ¿a manos de quién puede ir a parar el Puerto de Montevideo?”, preguntó.
Es un ejemplo de coalición que sostiene al gobierno, pero no escatima esfuerzos para proponer cambios ante un escenario incierto y manifestar sus diferencias. Tal como sucedió con Cardoso, a quien el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo hasta que pudo. Hasta que, finalmente, las reiteradas apariciones en los medios de comunicación y las supuestas denuncias presentadas por el exdirector Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, le obligaron a dar un paso al costado. Incluso con el aporte de Julio María Sanguinetti como máxima autoridad del Partido Colorado.
En medio de este escenario de alta intensidad política, el presidente actúa algunas veces como bombero en internas que no imagina que ocurran. Como por ejemplo, en el Inisa entre la presidenta del directorio que pertenece a Cabildo Abierto y una de sus integrantes nacionalistas.
Lo cierto que, en medio de estos cuestionamientos y pausas para las interpelaciones, el país debe poner el pie en el acelerador y aprovechar el retroceso de la pandemia. Hay una agenda que cumplir con responsabilidad porque la carta que la ciudadanía entregó a la actual coalición no es un cheque en blanco que durará para siempre. Fue la posibilidad de un cambio de gobierno, luego de tres períodos consecutivos del Frente Amplio, donde no les fue fácil acceder al sillón presidencial. Y hay figuras relevantes que hoy reconocen los escollos transitados.
Tampoco es difícil suponer que, ante un cambio en la contingencia sanitaria con apertura de fronteras, menor cantidad de casos graves y la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria, el panorama se volverá más confrontativo.
Al gobierno solo le quedan tres años para capitalizar la imagen positiva que la ciudadanía mantiene sobre la gestión de la pandemia, que no implica un apoyo a su política. Por lo tanto, deberá esforzarse porque la oposición ya encontró sus puntos débiles. Uno de ellos lo descubrió con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y lo puso en debate hasta juntar firmas y llegar a un referéndum. Nada más ni nada menos que una interpelación a su gestión. Será, además, una oportunidad para la oposición de medir la temperatura ciudadana y saber lo que le depararán las próximas elecciones. → Leer más

La pandemia ha puesto en escena un escenario coyuntural adicional a la problemática de la economía y el trabajo, sobre todo en países subdesarrollados como es el caso de nuestra región y América Latina en general, por lo que se han agudizado las históricas carencias y desigualdades que padece el subcontinente.
Sobre la problemática producto de la pandemia de COVID-19 hace referencia el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aborda la incidencia de las medidas que se han adoptado para tratar de contener la expansión del flagelo, similares a las de Europa y Estados Unidos, pero con un impacto negativo potenciado dada la diferente espalda financiera y la economía subdesarrollada.

A juicio del BID, estas medidas que han procurado contener los contagios han frenado la actividad económica y golpeado duramente al empleo, un aspecto especialmente delicado en los países del subcontinente, donde reinan la precariedad y la informalidad en el caso de la actividad privada y un marcado exceso de burocracia e ineficiencia en el ámbito estatal.
Es decir, falta de respaldo financiero, primarización de la economía, desigualdades, políticas populistas sin atacar los reales problemas de fondo y solo salvando las apariencias hasta la próxima elección, han sido el escenario con el que llegó la pandemia a la región, y por cierto que no es de extrañar que haya sido devastador este ataque a la línea de flotación de un barco que hacía fuerza por mantenerse a flote.

Al respecto, el organismo financiero internacional señala que muchos trabajadores de la región han perdido sus empleos, han tenido una caída sensible en sus salarios y en las horas trabajadas. Los más afectados han sido los trabajadores informales e independientes, es decir aquellos en situación precaria, por un lado, y los que dependen fundamentalmente de sus ingresos en el día a día. En este sector de alta vulnerabilidad se encuentran además las personas de menores niveles de educación, los jóvenes y las mujeres.
Incluso la pandemia revirtió la tendencia creciente que se venía manifestando en forma heterogénea en los ingresos de la región y por tanto el ritmo en que se venía reduciendo la desigualdad de ingresos en la población, como regla general.

En cuanto a las perspectivas, el organismo sostiene que la visión optimista que se tenía para la década de 2020-2030 en la tendencia en la lucha contra la desigualdad se ha visto alterada sustancialmente por la pandemia y un consecuente retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Por cierto que con los gastos adicionales en que han incurrido los gobiernos para contener la pandemia y auxiliar a los sectores más debilitados, el reto se ha acentuado para el futuro inmediato pospandemia, al punto que haciendo realidad la reflexión de que siempre se puede estar peor, nos encontramos con lo que la difícil situación que reinaba en la región y en el Uruguay ya en 2019 suena a bonanza en términos comparativos, una ironía que revaloriza lo que son los términos relativos en todo análisis posible.
Es decir, que se apunta a minimizar los daños, en el mejor de los casos retrotrayéndolos al pantano en el que ya vivíamos hace dos años, sin pandemia, lo que da la pauta de cuánto habrá que remar sin ponernos a llorar sobre la leche derramada para poder tomar el camino del crecimiento real y no solo de estar menos peor.

Es decir, dejar de lado cortoplacismos que nos condenan a repetir errores, porque cada gobierno quiere hacer las cosas dentro de su período o por lo menos aparecer ante la elección como el gran salvador, con carácter refundacional, y se pierde de vista que la respuesta está inevitablemente en adoptar políticas de Estado, es decir de cursos de acción permanentes o semipermanentes, pasibles de correcciones de acuerdo a las circunstancias o coyunturas. Pero que permitan definir un rumbo por encima de la rotación de partidos en el poder, generar esquemas estructurales que nos den solidez frente a los avatares y nos hagan más eficientes desde el punto de vista productivo y el tramado socioeconómico.
El punto es que en los sucesivos gobiernos se ha incursionado por imponer medidas cortoplacistas e improvisaciones, salvo determinadas áreas específicas –muy pocas– en las que felizmente se ha seguido trabajando en la misma línea por encima del gobierno de turno, como es el caso de la reconversión energética, desarrollo del sector forestal y muy pocas cosas más que podrían definirse como un atisbo de políticas de Estado.

La constante ha sido que cada gobierno ha venido con su libreto debajo del brazo y tratando de dar su impronta, desestimando por regla general lo que intentara o hubiera comenzado a hacer el gobierno anterior, que a su vez actuó de la misma forma respecto al que lo antecedió y así sucesivamente.
La visión en la que prima la inmediatez, que ha sido dominante históricamente, conspira contra reglas de juego claras para alentar las inversiones, salvo excepciones como el acuerdo político para la Ley de Inversión Forestal, concebida con visión de décadas y que ha permitido grandes inversiones en el sector, pese a virtudes y falencias y el innegable déficit en la incorporación de valor agregado con actividades para explotar la materia prima.
Es decir, estamos hablando de falencias ya de prepandemia, que se manifiestan con toda su crudeza en tiempos de mayores dificultades, como el actual, pese al alivio que significa en nuestro país la actividad del sector exportador empujado por el agro, siempre en producciones primarias.

Y como bien señalara en su momento el contador Ricardo Pascale, expresidente del Banco Central del Uruguay, nos hemos quedado atrás en la productividad total de los factores. “Sería todo aquello que hace crecer el PBI y no es explicado ni por el crecimiento del trabajo, ni por el capital ni por los recursos naturales”, sino que pasa “por la eficiencia con la que se utilizan otros recursos, el conocimiento aplicado que hay”.
Por cierto, el mayor desafío pasa sobre todo por apuntar a capacitar en el conocimiento aplicado, que repercute en la innovación, la que impacta en la productividad y en abatir costos hacia el exterior, con productos terminados para obtener mejores ingresos de divisas y mejorar la calidad de vida de la población, entre un sinnúmero de beneficios.

Y no se va a lograr de un día para otro ni en un período de gobierno, sino que es un derrotero que se debe trazar el país, en el marco de un gran acuerdo de todos los actores, sobre todo del sistema político, por encima del partido en el gobierno y de la coyuntura. → Leer más