Opinión

El 27 de marzo próximo, los uruguayos acudiremos una vez más a las urnas.
De acuerdo al sistema democrático que se tiene en nuestro país, cada ciudadano tiene la opción del voto para decidir el futuro de la nación. En realidad la mayoría de los uruguayos ya decidió apostando a un cambio mediante la elección nacional.
Esto provocó que hoy Uruguay tenga una coalición en su gobierno. Y este equipo vio que nuestro país necesitaba cambios urgentes y radicales porque 15 años de la izquierda en el poder aniquilaron al país. En este sentido es que se propone la LUC. Es la ley de urgente consideración… y sí, realmente urgía que se cambiaran ciertas normas.
Pero parece que a la izquierda, de la mano de muchos sindicatos, no les servía las propuestas de la LUC, lo que hoy es una realidad y que en definitiva sólo ha traído beneficios para los ciudadanos de bien.
Entonces, al querer poner en tela de juicio este maravilloso instrumento, el 27 de marzo deberemos votar.
¿Qué debemos votar?
Debemos ir todos a colocar dentro del sobre la papeleta que dice NO, la celeste.
NO debemos derogar la LUC. No podemos volver atrás… porque de hacerse, más delincuentes acecharán y las penas serán menores, la educación seguirá gobernada por el sindicalismo que busca el bien para sí mismo, usted no tendrá opción de cambiar de compañía de teléfono y será rehén de la inclusión financiera, entre muchas otras cuestiones.
Estoy convencida de que es una excelente ley que protege al ciudadano de bien. La publicidad de aquellos que están en contra y los argumentos que utilizan no son ciertos puesto que se están valiendo de las mentiras para convencer al ciudadano.
Pero en esencia, si alguna persona de bien, si algún trabajador sufrió un embate negativo de la LUC, que lo exprese.
Porque hasta el momento los casos más que conocidos son en beneficio del pueblo. Es decir que los resultados producto de la aplicación de la LUC han sido muy buenos.
A quienes no favorece la ley son a los malos ciudadanos, a los delincuentes, a aquellos que no hacen otra cosa que daño a las buenas personas. Entonces, a la LUC NO debemos derogarla porque protege a la gente honesta.
Ana María San Juan, edila departamental → Leer más

En varias ocasiones EL TELEGRAFO ha sostenido, desde su página editorial, la necesidad de que Uruguay adopte un sistema parlamentario unicameral, tal como sucede en Israel, Nueva Zelanda, Ecuador, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Perú, Dinamarca, Costa Rica, Guatemala, Finlandia, Portugal y Suecia.
En el mes de mayo de 2020 y ante las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo en materia de ahorro de dineros públicos para el combate del COVID-19 expresábamos lo siguiente: “la instauración de un régimen parlamentario de una sola cámara cuyo total de componentes sea menor que los integrantes del actual parlamento (120). De esa forma se estaría logrando un ahorro significativo no sólo de dineros públicos sino también de tiempo en la discusión y aprobación de proyectos de ley. A los grandes males que vivimos actualmente (coronavirus), debemos responder con grandes remedios (sistema parlamentario unicameral, disminución de legisladores y rebaja de sus salarios y beneficios).
Un informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria del Congreso Nacional de Chile que data del año 2018 y estuvo a cargo de la especialista Verónica Barrios Achavar señala las siguientes ventajas del régimen unicameral: a) un solo esquema de representatividad en un solo cuerpo legislativo facilita que se acate la voluntad general; b) la consideración de la legislación por un solo cuerpo propende a la economía de tiempo y de recursos económicos; c) la concentración del esfuerzo legislativo en un solo cuerpo permite localizar y maximizar los recursos de investigación y, en consecuencia, el estudio de cada medida resulta más profundo, d) la inexistencia de un segundo cuerpo genera más sentido de responsabilidad en el cuerpo único y f) la división del Poder Legislativo en dos cuerpos debilita la rama legislativa frente al Poder Ejecutivo.
Por su parte, el especialista Víctor Ibañez Rozas, en el portal Unidiversidad de la Universidad de Cuyo (Argentina) destaca que el unicameralismo posee las siguientes bondades, algunas de las cuales coinciden con lo expresado por Verónica Barrios Achavar: a) permite mayor eficiencia y celeridad, al posibilitar la sanción de normas con mayor agilidad. La bicameralidad hace más difícil, lento y costoso el funcionamiento del órgano legislativo y las ventajas de la existencia de las dos cámaras pueden obviarse, por ejemplo, con mecanismos como el de la doble lectura para la sanción de leyes importantes, o la división en dos salas del cuerpo para el juicio político; b) en los debates plenarios de las cámaras no se trata de convencer o persuadir al adversario de las bondades de un proyecto, sino de difundir ante la opinión pública las decisiones de los partidos, adoptadas con anterioridad al tratamiento del proyecto. Por lo tanto, la existencia de dos cámaras sólo logra hacer el trabajo más lento y costoso; c) con normas adecuadas de trabajo interno se asegura toda la reflexión necesaria y la calidad legislativa. Pueden utilizarse métodos que van desde el mencionado de doble lectura, u otros como una audiencia pública entre la primera y la segunda sanción, o la exigencia de una mayoría agravada para la sanción de ciertas leyes; d) es necesario lograr un cuerpo colegiado poderoso y ágil, que esté en condiciones de controlar efectivamente al Poder Ejecutivo y que no sea solamente un acompañante tardío de sus decisiones; e) puede representar adecuadamente a la población y a los distintos sectores regionales con una composición mixta; y f) significa un menor costo operativo. La reducción de gastos ineficientes, cualquiera fuera su magnitud, resulta, por lo tanto, beneficioso.
A pesar de sus lógicas virtudes, no puede llamar a sorpresa que el unicameralismo cuente con pocos adeptos a nivel nacional, ya que sin duda significa que muchos políticos quedarían sin acceder a una banca parlamentaria y por ende sin el suculento sueldo que ella representa y los múltiples beneficios que dicho cargo acarrea. En un país donde afortunadamente no existen títulos nobiliarios y donde los empresarios son mirados con sospecha o con desprecio en muchos casos por gran parte de la población, dedicarse a la política le otorga a los que desarrollan esa actividad un poder especial, un aura que los distingue de los simples mortales y los vuelve casi intocables.
Poco importa si una persona desarrolla una prolífica actividad académica, posee una excelente hoja de servicios como policía o militar e incluso si desarrolla exitosamente su actividad comercial o industrial. Quienes realmente terminan siendo objeto de admiración son los políticos y por ello siempre dos cámaras son mejor que una, ya que permiten mayores posibilidades de formar parte de esa selecta casta.
Esas mismas ambiciones personales y deseos de acceder a cargos de privilegio fueron las razones que alentaron las divisiones departamentales en nuestro país. Recordemos que antiguamente el departamento de Paysandú comprendía todo el territorio al norte del Río Negro, hoy ocupado por los departamentos de Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Río Negro y –lógicamente– Paysandú. El departamento de San José incluía Florida, Flores y el propio San José. Maldonado estaba integrado por Rocha, Lavalleja y Maldonado mientras que Cerro Largo incluía además el hoy departamento de Treinta y Tres. Estos fenómenos no deberían llamarnos la atención ya que usualmente los movimientos tendientes a crear nuevas divisiones territoriales o áreas autónomas esconden en su interior los deseos de protagonismo y poder de quienes los encabezan. “Nada nace de un repollo”, dice un viejo refrán y lo mismo sucede con estas iniciativas territoriales o el bicameralismo, según el caso.
Para Alberto Ricardo Dalla Via, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, “el fortalecimiento del Poder Legislativo no solo depende de la legitimidad que le dispensa la confianza de la ciudadanía (la democracia es, en definitiva, un sistema de creencias compartidas), sino también de la eficiencia en el ejercicio de una función cada vez más difícil en realidades complejas”. En este sentido, el Poder Legislativo puede y debe actualizarse para hacer frente al resurgimiento de los populismos en todo el mundo y a las fuerzas extremistas y de pensamiento único en un mundo manipulado por los “bots” y las “fake news”. Por todos esos motivos, el Poder Legislativo debe desarrollar sus tareas y cumplir con sus cometidos en forma eficaz y eficiente, y para ello el unicameralismo resulta una herramienta fundamental.
Sólo queda por averiguar qué político “le pondrá el cascabel al gato” y tendrá la valentía de proponer la eliminación de una las cámaras legislativas, poniéndose del lado de los uruguayos “de a pie”, en lugar de defender el buen pasar de unos pocos que han hecho de la política su forma de vivir a costa de los impuestos que pagan los demás.

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“El principal obstáculo que tiene Uruguay para aprovechar al 100% sus posibilidades como sociedad avanzada es el lastre cultural que os impone el fútbol”. La sentencia, como se deducirá por el inconfundible “os”, es de un español residente en Uruguay. Jorge Castrillón la hizo en Twitter en diciembre del año pasado y le valió casi 300 likes (que es como el “Me gusta” de Facebook) y cerca de un centenar de respuestas, la mayoría descalificando la opinión de quien nos ve “de afuera” (relativamente de afuera, porque lleva varios años ya residiendo en el país).
“Desde que sois así os inculcan una dinámica de competencia, de mis colores ante todo, de que los del otro equipo son unos putos, de que es válido el insulto, la gracieta discriminatoria y el todo vale por los colores que, de verdad, no os sientan nada bien”, proseguía el análisis del licenciado en historia, que agregaba “Y vale que en 1920 el fútbol fue una herramienta válida para crear cultura de país en una sociedad de migrantes, pero capaz que un siglo después merecería la pena plantearse nuevos significantes, querides”.
La mayoría de las respuestas, como se puede leer mediante una simple búsqueda en esa red social, denostan la opinión de Castrillón por tratarse de un extranjero –y encima de un europeo– que se toma el atrevimiento de hacer un comentario negativo sobre el que sin dudas es el mayor catalizador de las “pasiones” populares. Sí, el mayor indiscutiblemente, por encima de la política, el carnaval y otras que fueron perdieron rueda conforme avanzó el siglo XX y nos adentramos en el XXI.
Nada se compara a lo que despierta masivamente el fútbol en el Uruguay. Para bien y, como afirma Castrillón, para mal. Y las noticias de los últimos tiempos parecen darle, cuando menos, el derecho a que le prestemos atención a su diagnóstico.
Venimos de una comienzo de año nefasto, en la que la disputa de un partido “clásico” en Maldonado terminó con un joven futbolista enviado a la cárcel por, como aparentemente reconoció en su declaración, hacer un mandando a un grupo criminal que se identifica con los colores de la institución a la que él defendió, tratando de introducir un arma de fuego al estadio donde se disputaba el encuentro. Los detalles sobre este episodio son más para la página de Policiales, y es donde que por momentos parece que debiera trasladarse la cobertura “Deportiva”. Ayer, en su declaración ante la Justicia, el deportista dijo haber comprado armas robadas para comercializarlas entre los delincuentes que se identifican con los colores de su exequipo.
Pero la cosa no quedó allí, porque mientras se disipaba el humo de la cohetería de la celebración de los ganadores del partido amistoso, tomamos cuenta de que la atleta olímpica Déborah Rodríguez debió interrumpir su entrenamiento en la pista de atletismo cercana al estadio, víctima de agravios racistas y de agresiones por parte de “parciales” (delincuentes) identificados con el otro de los equipos contendientes esa noche. Punto para Castrillón.
Algunos quisieron “matizar” el hecho de los insultos racistas, afirmando que en realidad el motivante de los gritos que se profirieron tenían más que ver con el antecedente del hermano mellizo de la atleta, que militó en filas rivales años ha. Punto doble para el diagnóstico de Castrillón, porque si es así como dicen, pretendiendo justificar una agresión racial escudándose en que hay un motivo futbolístico detrás, no hacen más que certificar la afirmación original.
Claro, esto no empezó el miércoles pasado en Maldonado. Este clásico y uno anterior estuvieron cerca de no jugarse por dos hechos que se disputaron las páginas de Deportes y Policiales. El Ministerio del Interior investigó si el asesinato de un adolescente –17 años– en el barrio montevideano de La Unión se relacionaba con lo ocurrido pocos días antes, la noche de reyes, en la misma zona, mientras se desarrollaba la tradicional feria conocida como Vía Blanca. Allí se produjo un tiroteo que terminó con dos hombres heridos y otro muerto.
Todos los muertos vestían camisetas de los equipos de fútbol más populares del país.
Y los hechos estarían relacionados con episodios anteriores, del año 2016, cuando otros delincuentes identificados con los colores de una de las instituciones atacaron a traición a otro grupo que, en este caso, aparentemente no hacían más que celebrar el aniversario del otro club.
No alcanza ya no esta página, no alcanzaría todo este diario para seguir enumerando los violentos antecedentes producto del enfrentamiento entre los energúmenos que dicen apoyar a su equipo dando estas lamentables demostraciones. ¿A alguien le sigue pareciendo descabellada la afirmación de Castrillón?
Pero no se queda allí el asunto. Porque no podemos dejar de recordar que desde estas mismas páginas de EL TELEGRAFO durante los últimos meses del año pasado dimos cuenta de varios episodios de violencia extrema que empañaron competiciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) al punto que la entidad decidió en cierto momento que era tiempo de interrumpir la competencia para bajar los ánimos. Que no se aplacaron, porque los episodios siguieron ocurriendo y sobrevinieron intimaciones y sanciones por estos lamentables hechos.
Está claro que no podemos abstraernos de que hay un problema muy serio de violencia en la sociedad y no se limita al fútbol, en el sentido de que si elimináramos al fútbol como expresión esta desaparecería, que tampoco lo estamos proponiendo, pero está claro que hay un problema cultural y que tiene raíces en el mundo del fútbol. → Leer más

Con un nueva oleada de COVID-19 en su versión Ómicron, que está causando estragos a nivel global en número de casos –aunque no así en letalidad– esta recirculación pandémica encuentra a América Latina todavía sin poder salir del terrible shock socioeconómico que significara la irrupción del virus en el subcontinente, porque además del aspecto sanitario se proyecta sobre el área económica y social en una región que tiene enormes problemas estructurales que se agravan en determinados escenarios coyunturales adversos.

Uno de los problemas es sin dudas la primarización de su producción, de los bienes que vende al mundo, basados generalmente en sus riquezas naturales finitas, que al fin de cuentas se venden como materia prima para que se les de procesamiento por mano de obra y tecnología en el exterior, con un agregado de valor que hace la diferencia a la hora del reingreso de estos bienes terminados en la cadena comercial.

A la vez, tomado como un todo, pero con diferencias entre países y regiones, el subdesarrollo es multiplicador de carencias y de agravamiento de los problemas estructurales, que han sido disimulados en períodos en que se ha dado alta cotización en los precios internacionales de los commodities, con el agravante de que cuando se han dado ingresos excepcionales por esta vía, como regla general, en lugar de volcar recursos para revertir tales problemas, se ha incurrido en gastos con una visión populista que solo es caldo de cultivo para que las siguientes crisis resulten más graves en sus consecuencias, y así sucesivamente.

Un análisis del Financial Times, periódico de origen británico con especial énfasis en noticias internacionales de negocios y economía, recogido por El Observador, indica que los problemas de América Latina se han acentuado desde la crisis de la deuda a partir de 1980, lejos del escenario en el que el impactante crecimiento de Brasil y México auguraba un cambio en los modelos a seguir en la región, con efecto dominó que nunca se dio y que en cambio se fue diluyendo, hasta el impacto que significó el efecto de la deuda. Precisamente por la incapacidad de crecer del subcontinente por su baja productividad, problemas de infraestructura, corrupción e inestabilidad política. Pero, a la vez, por la acción de gobiernos de izquierda y de derecha que no han estado a la altura de las circunstancias.

La izquierda no invirtió riqueza proveniente del auge de las materias primas en la construcción de infraestructura competitiva y/o brindar mejor educación y salud de calidad, mientras que a la derecha se le reprocha hacer muy poco para combatir la desigualdad arraigada, promover una competencia efectiva o desarrollar un sistema de impuestos más justos, con todos los matices posibles entre estos dos extremos y el encasillamiento simplificado respecto al signo ideológico que este enfoque global implica.

Y el coronavirus en todas sus variedades y sus oleadas no ha hecho otra cosa que exponer en toda su magnitud estos déficits, porque sin dudas la problemática social y económica involucrada es consecuencia de las medidas para controlar la crisis sanitaria, y para ello se necesita espalda financiera, de forma de poder mitigar las consecuencias cuando se reducen las actividades laborales en todos los frentes y mucho más en los sectores más afectados, como el turismo. Porque es dinero que deja de circular, a la vez de demandarse más recursos al Estado para atender subsidios y todo el escenario involucrado.

Al respecto el Financial Times evalúa que “el coronavirus expuso cruelmente las limitaciones de América Latina: el impacto sanitario y económico combinado de la pandemia fue el peor del mundo. Ahora el cambio está en el aire. En una serie de elecciones importantes, los votantes de la región se volvieron contra los titulares y y eligieron a los radicales recién llegados”.

Considera asimismo que “afortunadamente los abundantes recursos naturales de América Latina significan que abundan las oportunidades. La región es rica en dos metales clave para la electrificación, que son el cobre y el litio. Hogar de algunas de las áreas más soleadas y ventosas del mundo, podría generar gigavatios de electricidad para producir y exportar hidrógeno verde”.

Asimismo, considera que “la región se encuentra en medio de un auge tecnológico tan grande que atrajo más capital privado en la primera mitad del año pasado que el sudeste asiático. El banco digital independiente más grande del mundo, Nubank, es brasileño. El país pequeño de Uruguay es un exportador líder de software”.

A la vez “el esfuerzo por parte de Estados Unidos para acercar la producción a sus costas podría dar un impulso a la fabricación en México y América Central. Brasil ha fomentado el desarrollo de una agricultura de alta tecnología competitiva a nivel mundial”, consigna.

Este análisis –parcialmente cierto por cuanto hay países que no encajan enteramente en esta percepción y presentan elementos propios que no responden a la generalidad– es coronado sin embargo con una reflexión que no solo compartimos plenamente, sino que ha sido expuesta repetidamente desde esta página editorial: “para aprovechar al máximo estas oportunidades, América Latina necesita adoptar soluciones pragmáticas que dejen atrás el debate ideológico. Esto debería comenzar con el axioma de que la riqueza primero debe crearse para ser compartida. Los ingredientes esenciales son un sector privado floreciente, un Estado en pleno funcionamiento, servicios público de calidad, el estado de derecho y la inversión extranjera”.

Esta fórmula simple en su esencia, sin embargo es cuestionada desde el espectro ideológico de izquierda, y los gobiernos que responden a este signo, como común denominador, se han afiliado a visiones populistas que se han caracterizado por utilizar recursos –más que los disponen por la creación de riqueza– para vivir el momento, pensando en la siguiente elección, y por lo tanto han desaprovechado oportunidades para instrumentar políticas sustentables, que realmente aseguren una mejor calidad de vida de la población, situándose en la realidad y no viviendo utopías.

La consecuencia inevitable ha sido pan para hoy y hambre para mañana, porque se ha pretendido repartir (mal) lo que no se tenía, y ello se paga solo con endeudamiento, más crisis social y descontento, pobreza y deterioro de calidad de vida, hipotecando el futuro de las siguientes generaciones.
Y evitar caer en estos entuertos no solo es cuestión de pragmatismo, sino de un mínimo de sentido común, el que lamentablemente no se lleva bien con los fanatismos ideológicos, que hacen pagar las consecuencias a la mayoría de la población más vulnerable.

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De acuerdo con lo informado por nuestro diario, en las últimas horas la Intendencia de Paysandú resolvió extender por diez días, el plazo para la demolición de tres viviendas en el barrio Curupí cuya fecha vencía en el día de ayer, a fin de ejecutar las disposiciones legales establecidas en la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial que prohíbe el afincamiento en terrenos inundables.

La resolución mencionada está amparada en las facultades que la legislación vigente otorga al intendente, en especial la actividad administrativa del ordenamiento territorial, en todo el territorio del departamento, especialmente en lo relativo a elaborar directa o indirectamente los instrumentos de ordenamiento territorial y someterlos a la aprobación de la Junta Departamental sin perjuicio de las facultades de ésta en la materia, así como ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del ejercicio del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades en los terrenos y en general toda modificación predial, a través del otorgamiento de los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que dispongan las leyes y los decretos de la Junta Departamental. En la misma línea y a texto expreso, las normas vigentes disponen que el intendente podrá determinar, previo acuerdo de la Junta Departamental, las zonas inaptas por su carácter de inundables, para la construcción de viviendas.

Lamentablemente la situación planteada en el barrio Curupí no es nueva ya que año tras año se repiten este tipo de situaciones a pesar de los esfuerzos que varias administraciones departamentales han realizado en este sentido. En el año 2016, por ejemplo, el diario Cambio de Salto publicaba la siguiente nota a la entonces funcionaria de la Intendencia de Paysandú, doctora Claudia Moroy: “No podemos eliminar de un día para el otro toda la situación irregular en estas zonas y todo lo demás, pero sí podemos tener una política clara de que no queremos que crezca el asentamiento en esta zona, o sea, que frente a las nuevas actuaciones ahí, estamos actuando, desestimulando”. La funcionaria agregó que han tenido que intervenir en casos concretos, apelando al diálogo. “En acuerdo con esta idea de que tenemos que manejar el consenso con los vecinos, hemos logrado que se desarme esa construcción y buscar opciones, que la persona pueda armarla en el predio de un familiar, frenar el avance. Porque tenemos como muy instalada esta cultura de la ocupación, porque de alguna manera hemos estado omisos en el control, entonces como no pasa nada, lo hago y en definitiva no hay una respuesta institucional fuerte. Que ahora sí la hay”, afirmó.

Por supuesto que la medida de desalojo no es simpática y mucho menos provechosa para los políticos que tienen una mirada cortoplacista y juegan “para la tribuna”, tratando de evitar los temas urticantes y diciéndole a sus votantes y a la opinión pública en general aquellas cosas que ellos quieren oír. Sin embargo, muchas veces es necesario poner por encima de todas las cosas las políticas públicas discutidas y adoptadas por autoridades electas democráticamente en base a decisiones fruto de procedimientos administrativos donde se ha respetado el derecho a ser escuchado, a presentar descargos y que por ello mismo protegen el derecho constitucional a un debido proceso administrativo. Si bien el desalojo al que nos referimos refleja un problema social y humano que nos interpela a todos y ante el cual no debemos ser indiferentes, nadie de sostener con seriedad que esa acción es arbitraria o carece de fundamento legal.

Ante este panorama, deben ser bien recibidas las declaraciones del exsecretario general de la Intendencia de Paysandú en la anterior administración, doctor Federico Alvarez Petraglia quien manifestó que “Nos llena de sorpresa la controversia que se generó en función de la ocupación por parte de algunas personas en la zona del bajo Curupí” (…) “todo el espectro político debe apoyar estas decisiones referidas a no permitir estas ocupaciones, porque de lo contrario estaríamos echando por tierra una política de Estado que debe trascender a quienes gobiernan. Esas políticas de Estado por más duras que puedan parecer hay que defenderlas cuando son las correctas, aun cuando se deba pagar un costo político el cual –creo– con gusto hay que hacerlo”. Para el referido profesional, “es responsabilidad de la Intendencia controlar que eso o bien no pase, o si pasa actuar diligentemente para su expulsión inmediata del sitio, ya que de permitir que se vuelvan a instalar implicaría tirar por tierra todo el esfuerzo que la sociedad en su conjunto realizó para que nadie más se instale en esos lugares” (…) “Mi postura es la de seguir adelante con la política de Estado definida en su momento por Tabaré Vázquez y el gobierno departamental de Guillermo Caraballo, es decir no permitir la instalación en esos sitios de ninguna vivienda”. Y si eso sucediera, “poner en marcha todos aquellos instrumentos que la normativa dispone para llevar adelante los desalojos y derrumbes que se deban hacer, lamentando que exista gente que medre con esta situación como aparentemente se pudo haber dado con algunos de los ocupantes”. Finalmente aseguró que “le den 10 días más de plazo no me interesa, lo que me importa es que no haya fisuras en las decisiones políticas que se tomaron. Hay veces en que la gente tiene razón, pero cuando no la tiene hay que decirle porque se tiene que terminar la joda”.

La posición asumida por las autoridades departamentales y los comentarios de Alvarez Petraglia resumen el meollo del asunto: por una decisión individual (aún de quienes se encuentran en una situación desventajosa y de necesidad) no pueden violentarse normas y programas gubernamentales tanto a nivel nacional como departamental. Tampoco podemos cerrar los ojos ante un mercado especulativo de quienes levantan construcciones precarias en zonas inundables para luego venderlas sin siquiera informar a sus nuevos ocupantes sobre el inminente desalojo y demolición, tal como sucedió en este caso. A esos mercaderes de la necesidad les debe caer todo el peso de la ley. De la misma forma deben ser rechazadas las declaraciones formuladas sobre este tema por la edila frenteamplista Natalia Martínez quien atacó la decisión de la actual administración departamental sosteniendo es “vergonzoso, lamentable que dejen gente en la calle sin importarles nada”, dándole de esa forma un claro tinte político partidario a una situación que constituye una tragedia humana.

Tampoco se puede ni debe desconocer los esfuerzos realizados por las autoridades de la Intendencia Departamental en materia de ordenamiento territorial tanto en la anterior administración como en la actual, y eso deja en claro una voluntad clara e indeclinable de mantener políticas públicas de largo plazo más allá del partido político que ocupe circunstancialmente la máxima responsabilidad del departamento. Se trata de un símbolo de madurez política (algo muy poco usual en Paysandú) y por ello debe ser apoyado por todos los partidos sin distinciones y por la ciudadanía en general. → Leer más

Parece ser que la estrategia de reservar áreas protegidas no alcanzará como respuesta para salvar la biodiversidad en el planeta y será necesario ampliar la mirada.

Esa fue la conclusión a la que llegó un grupos de 50 investigadores que examinaron el documento que estará en discusión entre los países miembros de la Convención de la ONU sobre la Biodiversidad de cara a la conferencia COP15 que se llevará a cabo a fines de abril en Kunming, China. La COP15 es la 15ª reunión de los países que ratificaron la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), que son en total 195 países, entre los cuales se cuenta Uruguay, desde 1993.
Los analistas coincidieron en que “el aumento de las zonas protegidas favorece al medio ambiente pero resulta insuficiente para frenar la extinción de numerosas especies”, y como consecuencia reclaman “cambios sociales profundos en el marco de las negociaciones internacionales sobre la biodiversidad”.

Uno de los autores del informe, Paul Leadley, miembro del programa internacional de investigaciones bioDiscovery, dijo a la agencia AFP que hay un millón de especies amenazadas de extinción, en lo que calificó como una “crisis de la biodiversidad”.

En función de este panorama una coalición de 75 países propone declarar bajo protección “al menos un 30% de las tierras y los océanos antes del fin de la actual década”.

El grupo de investigadores insiste en que se necesitan cambios transformadores en aspectos como el uso de la tierra y el mar, la explotación de los organismos, el cambio climático, las contaminaciones o ante las especies exóticas invasivas, pero sobre todo aseguran es necesario “empezar a actuar sin dilaciones”.
Leadley dijo que hay que “cambiar nuestros modos de consumo, limitar el cambio climático a 1,5 ºC de ser posible, dejar de dar subsidios nefastos para la biodiversidad, como los que alientan la sobrepesca o la agricultura convencional”.

Aleksandar Rankovic, profesor en el instituto universitario Sciences Po de París, estimó que por cada dólar que se invierte en la protección de la biodiversidad “se gastan al menos 5 en prácticas que la destruyen”, lo que es ni más ni menos que hacerse trampas al solitario.

Lamentablemente la COP15 no viene precedida de los mejores antecedentes. De hecho se viene postergando ya en varias ocasiones debido a la pandemia, pero lo más representativo es que fracasó en el cumplimiento de las metas que se habían autoimpuesto los países firmantes (entre ellos Uruguay) para la década 2010-2020 (esos compromisos se pueden leer completos en www.bpmesoamerica.org/convenio-sobre-la-diversidad-biologica-cbd), por lo que es poco alentador el panorama respecto al cumplimiento en la década en curso de objetivos aún más ambiciosos. Sin embargo es bueno que se plantee, al menos como una aspiración y para que sirva de referencia.

Entre estos objetivos incumplidos, la Meta 11 decía que “Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios”. En Uruguay “el conjunto del territorio bajo distintas formas de protección de la biodiversidad (ecosistemas y espacios protegidos en el marco de convenios internacionales y áreas protegidas bajo diversas normas nacionales y departamentales) se ubica en el entorno del 8% de la superficie terrestre y marina del país”, según figura en la página del Ministerio de Ambiente, y en los papeles.

Formalmente, “la superficie terrestre bajo protección del SNAP, con 17 áreas ingresadas, es hoy de 334.125 hectáreas, incluyendo las superficies terrestre y marina, alcanzando al 1,05% del territorio”, dice también en la página ministerial, y de nuevo, en muchos de esos casos la protección existe en la norma, porque en efecto para enormes extensiones, como ocurre en Montes del Queguay, se dispone de solamente un guardaparques. Claro, hay un montón de acuerdos con otros ministerios, intendencias y organizaciones estatales y civiles, que hacen que la mirada sobre ese territorio vaya un poco más lejos, pero permanente, en el terreno, es solo un par de ojos.

Aún así, este 1,05% del territorio, y aún ese 8% están distantes del 17% que se pretendía alcanzar en 2020 y mucho más lejos aún del 30% que podría establecerse en la próxima reunión en abril, si es que llegan a reunirse.

No se puede dejar de mencionar y reconocer los esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo por incorporar nuevas áreas protegidas al sistema, como el impulso por las islas de la desembocadura del río Queguay en el Uruguay y la costa cercana, y la idea del corredor biológico que conecte las áreas protegidas Montes del Queguay y Esteros de Farrapos.

Pero claro, la discusión derivará inmediatamente hacia el hecho de que si se destina el 30% del territorio a áreas protegidas, se perderá ese espacio para actividades productivas. Este razonamiento equivale a reconocer que muchas de las actividades productivas que hoy se llevan a cabo no son compatibles con la conservación de la biodiversidad, porque si lo fuesen no habría inconveniente en que se lleven a cabo (en muchas de las áreas protegidas se realiza ganadería, agricultura o silvicultura) y este es en realidad el verdadero problema sobre el que hay que trabajar. → Leer más

La lenta pero sostenida recuperación del empleo tras la crisis socioeconómica que trajo aparejada la pandemia de la COVID-19 en 2021, es consecuencia sin dudas de un aumento de la actividad tras la depresión por las medidas preventivas que se dieron a lo largo del año pasado, y representa un elemento favorable en el período pospandemia, pese al rebrote que viene afectando al país y al mundo.

Pero esta recuperación debe evaluarse en su real magnitud, porque no se da en todas las áreas ni en las mismas condiciones, y porque en el mejor de los casos está volviendo a niveles de 2019, es decir en la prepandemia inmediata. Tampoco significa quedar en una buena posición, por cuanto en ese período desde hacía tiempo venía decayendo la actividad, seguía aumentando el desempleo y el déficit fiscal, tal como venía ocurriendo en los años inmediatos anteriores.
De todas formas se ha reducido significativamente la cantidad de trabajadores en el Seguro por Desempleo y ha aumentado el empleo respecto a los niveles de lo peor de la crisis, lo que es un buen indicativo teniendo en cuenta el escenario global.

Pero es fundamental saber dónde estamos parados en lo que respecta al mercado laboral para actuar en consecuencia y determinar las prioridades, más allá de las medidas de carácter general, cuando se deben conciliar políticas que alientan la inversión y creación de empleos, mientras crecen las demandas –sobre todo desde el sector público– de mejora del salario real, lo que no siempre es posible cuando la actividad no crece en forma dinámica y la vez lo que se otorgue por un lado se traducirá paralelamente en menor demanda de empleo en los sectores reales de la economía.

A propósito de esta problemática, la consultora PWC aporta un estudio que indica que de la caída próxima a los 61.000 empleos provocada por la pandemia en 2020 se recuperaron 30.000 en el primer semestre de 2021, con la salvedad de que este aumento se concentró en empleos formales, con mayor nivel educativo y en el interior del país.

Los datos de la consultora –recogidos por el suplemento Economía y Mercado del diario El País– indican que en el desarrollo inicial de la pandemia la caída del empleo se había dado casi exclusivamente en el trabajo informal, con un sesgo marcado en personas mayores de 40 años y sin sesgos pronunciados respecto al sexo. A su vez, la caída del empleo se había concentrado en la población con menor nivel educativo y el aumento de la inactividad se había concentrado en personas con nivel terciario incompleto que se habrían dedicado a estudiar.

De todas formas, la recuperación se concentró exclusivamente en empleos formales, dado que los empleos informales incluso continuaron cayendo en el primer semestre de 2021 y cuando se considera la variable educativa la caída de empleos de la pandemia 2020 se verificó para las personas con menores logros educativos, destaca PWC.

La recuperación en el primer semestre de 2021 respecto al segundo semestre de 2020 se da a partir de un incremento de empleo en personas con nivel educativo alto, al punto que del incremento de 30.301 empleos, 28.648 de ellos se da en personas con nivel terciario completo e incompleto, mientras paralelamente también se verifica con mayor énfasis la recuperación del empleo en el Interior.

Por supuesto, este análisis debe tomarse como un sola faceta de la problemática, pero siguiendo con los números tenemos que alcanza al 90 por ciento el porcentaje de empleo informal sobre el total de empleo perdido en pandemia, en tanto la recuperación se dio con nueva caída de informales e incremento de formales.

Ergo, los sectores más vulnerables, con menos contención social –naturalmente del sector privado, que ha sido el único que ha pagado el precio socioeconómico de la pandemia– han sufrido prácticamente todo el impacto de la crisis en pérdidas de empleos o subempleo y por ende el que debe ser la prioridad, por cuanto el sector de funcionarios del Estado ha superado prácticamente sin zozobras esta etapa pandémica, ante la inamovilidad y condiciones del empleo, cuando todos los otros trabajadores temían –y lo sufrieron– por sus empleos y condiciones de trabajo.

Estamos por lo tanto en una etapa de recomposición de actividad y empleo en el motor de la economía, que es el sector privado, donde se juega realmente el futuro del país, donde el Estado solo administra (generalmente mal y/o ineficientemente) los recursos que aporta la asociación capital-trabajo, que es la clave para la creación de riqueza que luego se derrama hacia todo el tramado socioeconómico nacional.

Lamentablemente, en épocas normales, y mucho más cuando se dan circunstancias inesperadas negativas, como la pandemia, deben compatibilizarse urgencias y problemas puntuales con políticas de mediano y largo plazo que aporten a la sustentabilidad de las medidas y el desafío que ello implica pasa por atar estas moscas del rabo con la menor afectación posible.

Es que los recursos para atender urgencias se distraen, cuando no hay alternativas, de los que deberían utilizarse para sustentar estas políticas con apuestas de resultados a determinados plazos con estímulos para la inversión, por ejemplo a través de exoneraciones impositivas, aporte de infraestructura y facilitación de trámites en el Estado, búsqueda de acuerdos para intercambio comercial –que implica también concesiones para equilibrar– mientras por otro lado hay que atender necesidades como consecuencia de la pandemia.

Pero más allá de estos aspectos puntuales de inmediatez, no debe perderse de vista que las respuestas pasan por generar condiciones para captar inversiones que se traduzcan en fuentes de empleo genuinas y sustentables, que trasciendan un período de gobierno, porque lo peor que se puede hacer es apurar el tranco para obtener ya la cosecha, cuando de lo que se trata es de procesos que llevan etapa de proyecto, desarrollo y consolidación.

Por lo que no hay recetas mágicas, sino solo trabajar pensando en el país que queremos, en lugar de apuntar solo a como nos irá en la próxima elección, como ha sido la constante en el juego perverso de trancazo gobierno-oposición, en el que siempre todos terminamos perdiendo. → Leer más

Las empresas líderes siempre captan mayores mercados. Este axioma que se visibiliza con claridad en el ámbito privado se confirma con una empresa pública, cuando tiene mejores posibilidades para atraer a nuevos usuarios.
Eso, precisamente, está confirmado con Antel. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, informó que al 20 de enero, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos había ganado 1.500 clientes y perdido 40. Y eso ocurrió en sólo ocho días, porque la portabilidad numérica rige desde el pasado 12 de enero.
Los atrasos generados en las primeras horas ante la falta de capacitación de los funcionarios, se regularizaron con el paso de los días y sumaron nuevos usuarios. Los planes y paquetes de gigas encuentran en el ente a un serio competidor y los resultados están a la vista. Y esto es así, porque los agoreros del desastre anunciaban una emigración masiva desde Antel hacia las empresas privadas, donde los cálculos “más optimistas” aseguraban que las pérdidas totalizarían más de 30 millones de dólares.

Los sondeos estimaban una voluntad de cambio en torno al 5%, e incluso algunos estudios efectuados desde la oposición apuntaban que en las próximas dos décadas, Antel perdería entre 123 y 425 millones de dólares. Claro que, en un escenario con estas características, no había forma de responder a las razones por las cuales el Estado quería perjudicarse a sí mismo y favorecer a las empresas multinacionales.
Incluso el argumento sobre lo “obsoleto” del sistema ante la generalización del uso del WhatsApp, que también fue usado para confrontar por la elección de una compañía, pero manteniendo el número en propiedad, tampoco fue de recibo.
Quedó expuesto que para la población es muy importante mantenerlo como una identidad y poder elegir, sin que se desmantele una empresa pública que continuará con sus buenos aportes a rentas generales y que, desde allí, se definan las políticas sociales.

Con las cartas vistas, hubo referentes por el Sí que mutaron su discurso y explicaron que no quisieron decir lo que, en realidad, dijeron. Porque el archivo de videos, entrevistas y redes sociales es muy vasto.
Por ejemplo, el vocero de la campaña por el voto rosado, Rafael Michelini, preguntó en el programa “Esta boca es mía”: “¿Nosotros queremos un mercado solo dominado por Antel? ¿No es mejor que haya competidores?”. Porque “lo que no quiero es que el mercado esté en una sola empresa”.
En pocos meses, el cuestionamiento pasó sobre las vinculaciones con las multinacionales de dos jerarcas del gobierno ligados a la comunicación, a manifestar una precaución porque las cuestiones del mercado iban a concentrarse en una sola empresa. Por otro lado, eran visibles las muestras de apoyo a la portabilidad numérica de algunos defensores del voto rosado que –precisamente–, denostaban los seis artículos correspondientes a este tema, contenido en los cuestionados 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que irán a consulta popular el 27 de marzo.

Ante la evidencia del error en el anuncio del peor escenario privatizador de las telecomunicaciones uruguayas, comenzó a ganar las portadas la afirmación basada en las decisiones “improvisadas” y en que ahora irán por la producción de contenidos de esa empresa, en el marco de un concepto más vasto. Una perspectiva a largo plazo que –claramente– no fue explicada en esta campaña donde se exponen 135 artículos a un referéndum.
Al menos en comunicación, si es que de eso están hablando, habrán de ponerse de acuerdo para que el mensaje llegue con claridad a la ciudadanía y, en el caso de no sostener un razonamiento con la realidad –como ocurre en este caso– que el cambio de estrategia para su defensa no vuelva tan evidente la falta de argumentos.
De lo contrario, el destinatario final del mensaje dudará ante su veracidad. Porque ahora parece que el riesgo es que la empresa estatal se fortalezca y que las multinacionales ayuden a regular el mercado de las telecomunicaciones. Es decir, muy confuso para el lector y televidente de cualquier noticia que escuchó antes y después con los resultados de una medida en marcha.

Algo similar ocurre con la cuantificación de los distintos delitos y las acaloradas discusiones sobre la incidencia de la pandemia por la baja movilidad, o las diferencias existentes entre los números que maneja el Ministerio del Interior y la Fiscalía.
Las diferencias, ya conocidas por los operadores del Derecho, pero no así por el público en general, se encuentran entre el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, utilizado por el Ministerio del Interior desde 2010 y al que acceden la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía. Y el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay, desde 2018, que está disponible en forma exclusiva para la Fiscalía.

Esta última, inmersa en su etapa de investigación, contabiliza como homicidios a los casos caratulados como homicidio doloso, mientras que para su registro en el Ministerio es necesario una decisión judicial, además de la investigación. Entre ellos, se encuentra la legítima defensa o algún caso referido al accionar policial o la muerte de un vecino, confundido con un delincuente cuando se encontraba en la azotea.
La secretaría de Estado contabiliza a los homicidios con intenciones de matar y su observatorio de criminalidad permanece sin variaciones desde el gobierno de José Mujica. Incluso a cargo de Javier Donnángelo, quien desde entonces cumple funciones como director de Estadísticas del Ministerio del Interior.
El tiempo y la experiencia indican que los anuncios son necesarios. De lo contrario, se reclamarían por la falta de transparencia. Es un continuo retorno al viejo refranero que aseguraba el castigo por remar y también por dejar de hacerlo.

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Recientemente asumió por quinta vez el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con la ausencia de los líderes latinoamericanos, con opositores presos y medios de comunicación acallados de las formas más viles posibles.
La comunidad internacional rechazó en los días siguientes al nuevo mandatario que retoma la riendas de un país sin garantías democráticas y con declaraciones adversas ante la falta de elecciones libres y transparentes. A la toma de posesión de Ortega, solo asistieron Miguel Díaz-Canel, de Cuba, Nicolás Maduro, de Venezuela y el saliente presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Con la ausencia de los demás, los gobiernos de Argentina y México, enviaron representantes diplomáticos.

Estas cuestiones ya resueltas desde hace décadas en países de profunda raíz democrática y en otros, como Uruguay, donde la autoridad electoral es reconocida internacionalmente, vuelven a la polémica. Sobre todo porque toca de cerca y mancha al pasado reciente de las relaciones bilaterales con otros países del contexto regional.
En 2008, Ortega recibió de manos del entonces intendente de Montevideo y actual coordinador del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, las llaves de la ciudad. A pesar de los sucesivos reclamos políticos que comenzaron a mediados del año pasado, y continuaron hasta hace unos días, de retirarle dicha distinción que han recibido otras personalidades destacadas de la cultura y la política, el intendente interino Guillermo Moncecchi, negó tal posibilidad.

“No existe en el digesto departamental ni en otro cuerpo normativo la opción de retirar. Este acto protocolar se gestó en el ámbito diplomático” dice la resolución. Y agrega: “el respeto institucional es fundamental en el ordenamiento republicano de nuestro país, por lo que la Intendencia de Montevideo no tomará decisiones que resulten una injerencia en el desarrollo de las relaciones exteriores y diplomáticas del Uruguay, tema que por su competencia, le corresponde al Poder Ejecutivo – Ministerio de Relaciones Exteriores”.
La misiva era la respuesta a un pedido del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, el 12 de enero. Pero a mediados del año pasado, una solicitud similar fue presentada por ediles nacionalistas en la Junta Departamental capitalina y en 2018, cuando Christian Di Candia estaba al frente del gobierno departamental.
Di Candia había reiterado que no era posible tal gestión, ante la falta de una normativa que lo permita. Los ediles blancos presentaron una moción para cambiar el sistema, ante una realidad que puede repetirse.

Porque el criterio no parece equivocado, ante una clase política que continuamente argumenta sobre los tratados internacionales aprobados por Uruguay, entre los cuales se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, los representantes frenteamplistas no estaban dispuestos a aceptar el cambio.
Incluso, es conveniente recordar que en 2011, el entonces presidente José Mujica envió un telegrama de felicitación al nicaragüense por resultar reelecto “en comicios democráticos”, tal como lo define la información de Presidencia de aquel año, aún colgada en la web.
“El amplio apoyo popular con el que el Pueblo hermano de Nicaragua ha decidido ratificarlo en la presidencia de su país, nos alienta a continuar el camino de la solidaridad y la integración latinoamericana. A la vez que le expresamos nuestras congratulaciones, comprometemos nuestro afán en el continuo fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países, formulando votos por su bienestar y el de su Pueblo”, señala el mensaje.

Mientras organismos internacionales notan “afectaciones a las libertades fundamentales”, existen aún sectores apegados a una historia que ya no es tal, con una visión romantizada de hechos contados desde un mismo lugar.
Porque lo cierto es que al día de hoy hay más de 170 presos políticos en Nicaragua, de los cuales 36 son los referentes opositores relevantes del espectro nicaragüense y se encuentran encerrados en “El Chipote”.
Ese centro de reclusión es directamente definido como la mazmorra más oscura del matrimonio presidencial, algo así como la Torre de Londres en la Inglaterra del Siglo XVI insertada en Centroamérica. Y Ortega no gobierna solo, sino que lo hace de la mano de su esposa, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo. Una figura inventada que, claramente, no existe en la Constitución de Nicaragua.

El mandatario centroamericano carga sobre sus espaldas con más de 330 muertos, 800 personas en prisión y quién sabe cuántos miles en el exilio.
La mirada internacional debería ponerse ahora mismo sobre “El Chipote”, donde los presos sufren desnutrición, torturas y mucho frío en el invierno. Son personas que reciben en forma muy esporádica la visita de sus familiares y apenas tienen acceso a asesores legales. El anecdotario sobre lo que ocurre allí dentro es muy vasto y oscuro. Pero solo un caso servirá de ejemplo, cuando un abogado –crítico con el gobierno de Ortega y Murillo– fue arrojado dentro de una celda de dos metros de largo por dos de ancho en noviembre pasado, con un deprimente agujero en el techo.
La depresión y ansiedad invade a seres humanos que solamente cometen el “error” de oponerse a un régimen con el que no están de acuerdo. Demacrados y torturados por largas sesiones de interrogatorios y sobremedicados, esperan que algún alma se apiade de ellos. Otros, directamente prefieren morir con dignidad. Así como el horror por el que atraviesan las mujeres presas allí y por quienes el mundo se ha olvidado de rechazar la violencia machista.

Justamente todos estos elementos son los que predican los ideales progresistas y humanistas que supuestamente se oponen a los totalitarismos, pero paradójicamente hacen silencio ante la triste realidad del pueblo nicaragüense.
Uruguay no puede seguir siendo cómplice de un tirano que en su sed de poder ha encarcelado hasta sus propios compañeros de la guerrilla sandinista. La ideología no puede ser tan ciega como para no reconocerlo.
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Mucho dolor nos dio encontrar la capilla destrozada. Entraron por una banderola del baño y destrozaron y robaron en la Capilla María Auxiliadora del Barrio Nueva York. Victoria, catequista, tiene 64 años y desde que tiene 13 concurre a esa capilla. Varias generaciones han recibido allí su primera Comunión.
Tal vez, dice Victoria, algunos de los que allí se bautizaron hicieron eso, porque, gracias a Dios, ninguna imagen fue rota.
Duele mucho lo que hicieron porque esta capilla es el faro de luz en este barrio. Desde hace más de cuarenta años hago las charlas para los padres y padrinos.
El sacerdote da el sacramento del Bautismo. Celebra la misa todos los domingos a las 9.
Hace más de treinta años se reparte ropa y calzado a los más necesitados. Todos los meses de agosto, para el día del niño se trae una cama elástica, castillo inflable, se reparten bollos, refrescos y juguetes. ¿Por qué entonces tanta maldad?
Todos los sábados de diciembre y enero vengo a repartir pan y bollos que Andrés, el animador de la Parroquia del Sagrado Corazón recoge de los cinco supermercados de Paysandú, que donan durante todo el año. Yo cuido como un gran tesoro esta capilla.
Ya habían robado antes los cables de luz, más de 40 metros, y roto el contador. Pero ahora no dejaron nada de la instalación eléctrica, todos los cables y llaves de luz de los tres ventiladores y los plafones de luz.
Se llevaron cinco manteles del altar, ocho cortinas con las arandelas de madera, de una cruz de madera sacaron el Cristo de bronce y el foco que alumbraba la imagen de nuestra patrona María Auxiliadora. Todos los floreros y el cáliz dorado con el que el sacerdote celebra la misa. Todo eso se llevaron.
Pero yo les digo que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo ve.
Un Dios inmensamente bueno que si estamos arrepentidos de lo malo que hacemos, todo lo perdona.
Arrepiéntanse, no vayan al infierno donde todo es fuego, tristeza y rechinar de dientes.

Victoria Chialanza
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Estamos a pocos días del referéndum.
Me preocupa la poca defensa que tienen los artículos que quieren derogar los frenteamplistas y algunos personajes de los partidos tradicionales que se han unido para apoyar ya que en las últimas elecciones los votaron solo los familiares e inclusive alguno que los votos fue por algún puestito que le prometieron pero como no ganaron, ahora están a favor del SI para hacerse ver.
Quieren poner palos en la rueda al gobierno que está intentando hacer las cosas bien, que por supuesto, no estamos totalmente conformes los uruguayos, pero debemos entender que con todas los problemas graves que han surgido como la pandemia, que fue un regalo que le dejo el gobierno de izquierda ya que calladito se fue sin decir nada y el nuevo presidente tuvo que agarrar ese fierro caliente que hasta ahora le está dando dolores de cabeza ya que no se ha podido combatir y el país está teniendo muchos infectados y fallecimientos.
Lo peor es que los señores que dicen defender a la gente siguen haciendo tablados con cantores y murgas que como siempre están a favor de todo lo que sea contra los gobiernos de derecha.
Sólo saben protestar y estar contra el gobierno. Por eso cada día tienen menos gente que los apoya, cada día va menos gente a los concursos.
No se dan cuenta que el carnaval es otra cosa, como antes, que no era solo protesta, se cantaba de todos los temas, de los personajes como Tino o como otros que veíamos todo el año transitar nuestras calles.
Ellos hacían del barrio letras divertidas, de la vecina que era protagonista y siempre daba la nota.
Ahora aburren cantando siempre lo mismo donde los ricos tienen la culpa de todo, los milicos son los malos y los jóvenes la pasan mal ahora porque trabajan y ganan sueldos de miseria.
Yo pregunto señores murguistas; durante su gobierno de izquierda, que estuvo 15 años, cuando los sueldos y jubilaciones eran mínimos, ¿cuánto salía la canasta familiar?
Por favor no sean hipócritas, sáquense la careta.
Ustedes son los contras del progreso y de que le vaya bien al gobierno, ustedes son los que piensan que solo los gobernantes de izquierda pueden ser gobierno.
Les dolió que perdieran el gobierno y por eso, esas protestas son infundadas y siempre para el mismo lado.
Escucharlos es comprobar todo lo mal que puede hacer una fiesta popular como lo es el carnaval. Ponen a los jóvenes en contra de todo, apoyan la marihuana, apoyan al vaguismo, a la asistencia social sin mirar primero si corresponde, les dan todo sin que aporten nada.
Es por eso que no les sirve que a este gobierno le vaya bien, no les gusta que tengamos un presidente con perfil bajo, que abrace a todos y converse con la gente.
Quieren ver un presidente de izquierda con 20 guardaespaldas y que no tenga contacto con la gente común, que solo sean los elegidos y de su agrupación, como cuando hacían los consejos de ministros a varios kilómetros de la ciudad con mucho personal de seguridad para que no pasaran los que no eran invitados pero sí los militantes de su partido. Vergonzoso.
Después hablan de libertad y de igualdad para todos, qué poca memoria que tienen.
Los mismos que organizan estas cantadas y las caminatas puerta a puerta en plena pandemia y con días de mucho contagio siguen manifestando como si no pasara nada.
Lo increíble de estos personajes políticos, que sabemos quiénes son, es que piden explicaciones a las autoridades por el gran contagio que hay siendo que son ellos los que organizan todo para que se junte la gente a manifestar, en este caso, a favor del SI.
Nunca los vas a sentir decir o aconsejar a los jóvenes para que no salgan de sus casas, que no vayan a un baile. No, todo está bien. Los alientan a más.
Son tan ingenuos que se creen que la gente es tonta, que se come la pastilla.
No todos son militantes del Frente Amplio y para decir a todo que sí.
Estoy seguro que van a fracasar, que va a ganar el NO, porque hay muchas cosas de la LUC que están funcionando muy bien: la seguridad, la policía trabaja mucho mejor porque tiene respaldo, la ley de bancarización porque los negocios hasta 100 mil dólares se pueden hacer efectivo o por banco y los sueldos se pueden pagar en efectivo y en la empresa, el cambio de la enseñanza, que antes gobernaban los gremios y hoy hay un Consejo de Educación.
Hay que hacer un cambio urgente en la educación. Hoy salen sin saber nada de la escuela pero antes éramos unos de los mejores países del mundo. ¿Qué pasó?
Por favor señores, piensen. Este gobierno prometió cambiar muchas cosas con la LUC y lo cumplió. Por ejemplo, la ley de alquileres favorece a los más humildes que no pueden pagar una garantía y a los estudiantes que pueden alquilar por algunos meses.
Les molesta que esto fuera también aceptado por la gente y los operadores inmobiliarios porque sabíamos que había gente que era buena pagadora y no contaba con garantías de seguros o depósitos quedándose sin poder alquilar. Hoy si. Gracias a la LUC que se implementó hace unos meses, muchas familias están usando esa herramienta que le dio la ley, pero por supuesto, para los señores del Frente Amplio está mal la ley.
Le inventan lo malo para asustar a la gente. Es lógico que si no paga el alquiler en un plazo de 60 días se intima y se procede al desalojo. Es el único requisito que tiene que cumplir la persona, pagar todos los meses. ¿Eso lo ven mal los que quieren derogar esta ley? ¡Vergonzoso!
Este referéndum solo es política, sólo quieren perjudicar al gobierno y no les importa la gente. Ojalá la mayoría de los uruguayos le demuestre a esta gente que sólo tienen la ideología metida en la cabeza y nada tiene que ver con la LUC porque es una ley que está bien.
Había que cambiar el rumbo de muchas cosas en este país, todo era fiesta y joda, se tiraba la plata.
Nos dejaron una deuda monstruosa que nunca la vamos a terminar de pagar y también hay muchos compañeros beneficiados por ser de izquierda que no nunca produjeron nada.
Angel
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Con el comienzo del nuevo año varias agencias e institutos científicos comenzaron a publicar datos de sus registros en materia climática referidos al 2021, y lo que se ha conocido hasta ahora no es para nada alentador en materia de cambio climático.

Podría pensarse que no hace falta ver esos números, que con el enorme incendio forestal que vivimos en el departamento semanas atrás, y fenómenos como el que se aprecia por estos días en el Queguay, la pesistente bajante del paterno y los desbordes en los desagües pluviales en Montevideo ya tuvimos bastantes muestras, pero no, los datos están ahí para darnos una referencia de lo que ocurre en el mediano o el largo plazo, que es lo que importa realmente. Es que más allá de lo potencialmente destructivo de estos fenómenos puntuales, al tratarse de transformaciones a escala planetaria, lo que hay que considerar es la tendencia, por más que puntualmente en algún año se pueda registrar un pico. Es decir, a efectos de considerar que el cambio climático existe, no es tan importante que el año pasado se hayan roto tales o cuales récords de temperaturas máximas, sino el que estos récords se vengan batiendo regularmente en los últimos años. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo. En los últimos siete años se han registrado las temperaturas promedio anuales más altas.

Por ejemplo, el servicio europeo de pronóstico del tiempo y el clima, Copernicus, dio a conocer que 2021 fue el quinto año más cálido registrado desde 1979. Esto lo confirmó pocos días después la agencia espacial estadounidense, NASA, que publicó que, usando la línea de referencia de 1951-1980, la temperatura promedio global de la superficie de la Tierra durante 2021 fue la sexta más cálida registrada, igualando a la de 2018.

Estos récords de temperatura también se están verificando en el mar. El promedio de temperatura del océano fue durante 2021 el mayor jamás registrado, aun en presencia del fenómeno de La Niña. Así lo publicó la revista científica Advances in Atmospheric Sciences el pasado 11 de enero.
En el caso de los océanos, el 2021 fue el primer año de la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (www.oceandecade.org), una iniciativa de las Naciones Unidas que se plantea una serie de desafíos, entre ellos (Desafío 1) “Comprender y vencer la contaminación marina”, (Desafío 2) “Proteger y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad”, (Desafío 5) “Desbloquear las soluciones al cambio climático basadas en los océanos”. Pero también se propone como meta (Desafío 3) “Alimentar de forma sostenible a la población mundial”, (Desafío 4) “Desarrollar una economía oceánica sostenible y equitativa” o (Desafío 6) “Aumentar la resistencia de las comunidades a los peligros oceánicos”.

El asunto es que este primer año no cerró con buenas noticias, ya los océanos están más calientes que nunca. En la revista Science Advances se publicó un informe realizado por 23 investigadores de 14 institutos bajo el título “Otro récord: el calentamiento del océano continuó durante 2021 a pesar de La Niña (en inglés Another Record: Ocean Warming Continues through 2021 depite La Niña conditions). De hecho los récords de temperatura en el océano se vienen batiendo en forma consecutiva desde el 2016.

Los investigadores firmantes indican que han descubierto “que los 2.000 metros superiores en todos los océanos absorbieron la energía equivalente a 145 veces la electricidad generada en el año 2020”.

“El calor en el océano está aumentando sin descanso a nivel mundial, y este es un indicador principal del cambio climático inducido por el hombre”, señaló Kevin Trenberth, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Colorado, uno de los responsables del informe.

Lijing Cheng, profesor asociado del Centro Internacional para el Clima y las Ciencias Ambientales, primer autor del estudio, agregó que “además de absorber calor, el océano también absorbe del 20% al 30% de las emisiones humanas de dióxido de carbono, lo que lleva a la acidificación del océano”. De esta forma el calentamiento oceánico “reduce la eficiencia de la absorción de carbono y deja libre más dióxido de carbono en el aire”. De allí que “la vigilancia y comprensión de la combinación de calor y carbono en el futuro es imprescindible para realizar un seguimiento de los objetivos de mitigación del cambio climático”, añadió.

El equipo de investigadores también ha vinculado estos fenómenos oceánicos con consecuencias en la atmósfera. “A medida que los océanos se calientan, el agua se expande y el nivel del mar aumenta. Los océanos más cálidos también sobrecargan los sistemas meteorológicos, creando tormentas y huracanes más poderosos, además de aumentar las precipitaciones y el riesgo de inundaciones”, afirmó Michael Mann, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania. Agregó que “hasta que no alcancemos las cero emisiones netas ese calentamiento continuará y se seguirán produciendo nuevos récords de calor oceánico, tal y como pasó este año”. → Leer más

A medida que nos acercamos a la fecha de la consulta popular respecto a la derogación o no de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuestionados por el Pit Cnt, el Frente Amplio y organizaciones satélites, lamentablemente se viene planteando gradualmente el temido escenario de pugna de eslóganes, descalificaciones y cuestionamientos que apuntan a la desinformación, parcialización y/o falsa “información” sobre el tema, en aras de llevar agua hacia los respectivos molinos.
Citemos algunos ejemplos claros, entre la enorme gama de “razonamientos” y “argumentos” que se difunden a través de los medios –ni que decir dentro del monstruo de desinformación, intolerancia y agresividad en las redes sociales– para engañar a la población o inducirla a votar la papeleta celeste o la rosada, por el No y el SI respectivamente.
El dirigente político del Frente Amplio (FA) y vocero de la Comisión Nacional por el SI Rafael Michelini, al referirse este miércoles a la campaña que se aproxima por el referéndum contra los 135 artículos de la LUC, aseguró que es una campaña “de los débiles”, “de los indios”, contra los “poderosos” (¿?).

Entrevistado por Telemundo (Canal 12), y de acuerdo a lo recogido por Montevideo Portal, Michelini aseguró que, naturalmente, “es una campaña sin recursos” la que realizará el SI, pero invitó a que la gente se ponga a los hombros la campaña y que salga “barrio a barrio, casa por casa y ciudad a ciudad” a explicar lo que significan los 135 artículos. “Cuando uno los explica eso ya está para que la gente vote por SI, entre otras cosas, el aumento del combustible”, indicó.
“¿A quién se le ocurrió que el Estado deje de ser amortiguador? Antes era una vez por año que se corregían las tarifas, ahora la corrigen todos los meses. O sea, puede más el mercado que el Estado, y el Estado pierde su rol de amortiguador”, criticó.
Por otra parte, pidió “apropiarse al máximo del color rosado. Ellos hicieron un acto injusto, que es poner el celeste, adjudicarse el celeste, eso fue injusto, una cosa mala, que no corresponde, pero nosotros nos apropiamos del color rosado y pintar la ciudad toda de rosado”, pidió.

“Que la gente que vaya con una camisa rosada, con un pañuelo rosado, que esté con algo rosado, que las casas tengan algo rosado, que no sea la balconera porque no sé si vamos a llegar con tantas balconeras a tantas casas, pero que ponga un lienzo rosado, que ponga en su vehículo un pañuelo rosado. El rosado por todos lados, ese va a ser uno de los distintivos de nuestra campaña”, agregó.
El dirigente de izquierda dijo que en la etapa final de la campaña habrá actos, múltiples actos en plazas y lugares concurridos, pero que también habrá “barriadas” explicando los “nefastos 135 artículos. Uruguay es libre y todo el mundo puede defender sus ideas. Pero, la verdad, hasta ahora en todos los departamentos los ediles y algunos diputados ni idea tenían de la LUC. Por lo tanto, que salgan a explicar lo que significa esta ley me parece bueno, porque en definitiva van a tener que explicar por qué a los colonos les dan tierra y por arte de magia pueden vivir en Montevideo y en Punta del Este”, indicó.

“Los artículos de la LUC no son contra los delincuentes, son contra los ciudadanos honestos. Si usted va a parar a un narcotraficante para pedirle la cédula… lo primero que saca es un revólver y se balea. Todos esos artículos de revisión agarrarán a algún pequeño, microtraficador, pero es contra los ciudadanos. Son molestias contra los ciudadanos”, concluyó en declaraciones al medio anteriormente mencionado.
Es decir, de todo menos explicar lo que realmente contienen los 135 artículos cuestionados, sino poniendo las cosa en blanco y negro, con una fárrago de inexactitudes y falsedades que solo se “justifican” en intenciones ideológico-electorales.
Por otro lado, la Coordinadora por el NO de Salto se desmarcó de una publicación en el diario Cambio en defensa de la LUC, en la que señala que “Mao y Stalin mataron 150 millones” y son “padrinos” de “muchos” defensores del SI. Por más que la primera parte sea un hecho cierto, el vincularlo con una campaña por mantener los artículos de la LUC no tiene relación con lo que debería explicarse a la población que aún no está interiorizada de la vasta problemática a que se refiere la LUC. Es por lo tanto un golpe bajo, sucio y carroñero que mancha la campaña llevándola en una dirección contraria a los valores democráticos que posicionan a Uruguay entre las más sólidas democracias del mundo, y por lo tanto merece el repudio de todos os sectores.

Es sensato por lo tanto que la Coordinadora de Salto por el NO Deroga emitiera un comunicado de la publicación en defensa de la LUC, en el que expresa que “los integrantes de los cinco partidos políticos de la Coalición de Salto No Deroga reitera su compromiso de llevar el debate por la defensa de la LUC basado únicamente en la discusión de los 135 artículos, defendiendo la libertad y los derechos por esta ley conquistados y son el punto de partida de los cambios que votamos en 2019. Todas nuestras publicaciones están debidamente identificadas con los logos de la Coordinadora y de la coalición de gobierno”, por lo que entienden que la publicación es de carácter sectorial o individual y no representativa del sentir de la coordinadora.
Pero estos episodios son válidos para ilustrar sobre el sesgo que está adquiriendo la campaña de protagonistas de uno y otro bando en aras de defender a ultranza su postura, en una actitud intolerante pero peor aún, donde lejos de confrontar visiones y argumentos, se trata de esquematizar, de descalificar, de distorsionar, de atribuir intenciones retorcidas, de poner “indios” contra “poderosos”, de demócratas puros contra totalitarios a ultranza; en fin, instaurando la “grieta” que caracteriza al pueblo argentino en nuestro país, sin plantear la esencia de los temas.

Claro, tampoco es fácil –diríamos que poco menos que imposible, y menos aún en este clima de diálogo de sordos– exponer normas y su significado, así como sus resultados, –porque la LUC hace rato que está en vigencia– ante una opinión pública en general poco interesada sobre la problemática, que parece más bien un debate para darse a nivel académico-ideológico y no apelando a facilismos.
Lo que nos indica, por si alguien alguna vez tuvo alguna duda, que la dilucidación del punto en las urnas se va a dar en base a las fidelidades y afinidades partidario-ideológicas y no por análisis objetivos que aparecen ya como una utopía. → Leer más

Si bien se trata de un riesgo que existe durante todo el año, la llegada de la temporada veraniega supone un preocupante incremento de los ahogamientos en todo el territorio nacional, ya sea que se trate de océano, ríos, arroyos, lagunas, piscinas, tajamares o canteras por nombrar tan sólo algunos ejemplos. De acuerdo con los estudios en la materia, en Uruguay los ahogamientos constituyen la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en niños de entre 1 y 4 años y la segunda entre los de 5 a 15 años, pudiéndose constatar en cualquier otra etapa de la vida. En este sentido resulta oportuno mencionar que el 8 de diciembre de 2021 y jerarquizando la prevención de este tipo de situaciones, el ministerio de Salud Pública declaró de interés ministerial ese día como “Día de prevención de ahogamientos”, concientizando a la población de la importancia de esta causa prevenible de mortalidad, pero también de morbilidad, porque muchos que sobreviven a un ahogamiento, sufren secuelas.

En efecto, tal como lo afirma la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) “En Uruguay los ahogamientos constituyen la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en niños de entre 1 y 4 años y la segunda entre los de 5 a 15 años. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) se trata de un “importante problema de salud, grave y desatendido”, ya que en el mundo 372.000 personas fallecen por ahogamiento cada año; un promedio de 47 personas por hora. Entre 2012 y 2017 en nuestro país fallecieron 56 niños de entre 0 y 15 años por esta causa, según datos del Ministerio de Salud. En 2018, la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA) registró 165 eventos adversos en el agua, en los que fallecieron 40 personas, entre ellas 7 niños”. En varias ocasiones la OMS ha señalado que los ahogamientos de menores son un problema de salud, “grave y desatendido” y las cifras tanto globales como de nuestro país confirman esa triste aseveración.

Naciones Unidas también se ha referido a este tema, resaltando que “Todas las economías y regiones del mundo sufren mortalidad por ahogamientos y soportan la correspondiente carga. Sin embargo, debemos destacar: El 90% de las muertes por ahogamiento no intencional se concentra en los países de ingresos bajos y medianos. Más de la mitad de los ahogamientos del mundo se producen en las regiones de la OMS del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental. Los índices de muerte por ahogamiento alcanzan su máximo en la Región del Pacífico Occidental, donde son 27 y 32 veces más elevados que en el Reino Unido o en Alemania, respectivamente”. Esto deja en claro que las poblaciones social y económicamente más vulnerables están más expuestas a esta causa de muerte, todo ello como consecuencia de falta o ineficacia de políticas públicas en la materia o la imposibilidad de acceder a enseñanza y práctica de la natación en condiciones adecuadas. En pocas palabras: todos pueden ahogarse, pero al final los pobres se ahogan más. Así las cosas, la posibilidad de aprender a nadar significa no sólo un elemento cierto en la conservación de la vida humana sino también en la mejora de su calidad para los habitantes de esas regiones, todo lo que implica un aumento en los niveles de equidad y justicia social de esas sociedades.

En esa misma línea, en abril de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos se celebre cada 25 de julio ya que el “día puede servir para crear conciencia en todo el mundo sobre el impacto trágico y profundo de los ahogamientos en las familias y comunidades. También debe ofrecer soluciones para prevenir estos accidentes y de este modo, salvar vidas. Todos los interesados, tantos gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y los particulares, están invitados a celebrar este día. Todos ellos podrán mostrar la necesidad de una acción urgente, coordinada y multisectorial sobre medidas eficaces tales como enseñanza de natación, seguridad acuática y rescate seguro a los niños en edad escolar”.

EL TELEGRAFO ha sostenido a través de los años una prédica constante sobre la importancia de aprender a nadar y por ello en nuestro editorial del 25 de mayo de 2019 expresábamos lo siguiente: “Nuestro país está rodeado por agua, con grandes ríos, con cientos de arroyos, con costas al océano Atlántico. El contacto con este elemento fundamental es permanente y accesible. Y, así y todo, la falta de cultura acuática entre nuestros ciudadanos y de políticas públicas resulta alarmante. Estamos en una nación donde históricamente se han priorizado los contenidos alejados de la práctica deportiva, donde la natación debería ser una materia obligatoria en los primeros años escolares. Además de los valores emocionales fundamentales que se transmiten a través de la educación física, en lo que se refiere a la natación, se brindan armas y recursos para defenderse en el agua, tan necesario como saber otros aspectos de la vida. Esto no quiere decir que baste con saber nadar para evitar una tragedia, pero al menos se cuenta con algo básico para manejarse en el agua. Además, ayuda a conocer los riesgos que representa el agua, a no subestimarla, y a saber las diferencias que existen entre nadar en una piscina y en aguas abiertas. Es sorprendente incluso la cantidad de pescadores artesanales que pescan embarcados en precarios botes tanto a remo como a motor fuera de borda, en ríos como en la costa oceánica, que sin embargo no saben nadar, y ni siquiera usan chaleco salvavidas”. En esa misma ocasión recurrimos a la opinión de Ariel González, conocido como el pionero del surf en Uruguay, exguardavida y actualmente educador y escritor, para quien el fenómeno del ahogamiento “debe estudiarse dentro del contexto socioeconómico y político donde ocurre, porque es determinante; así como otras variables tales como los entornos geográficos, demográficos y ambientales”. “A mayor complejidad situacional de estos factores, mayor es la incidencia social del ahogamiento”, afirma. “La correlación existente entre las economías y las fajas etarias comprometidas con el ahogamiento es significativa y sugiere la pobre intervención de los estados en sus programas educativos para erradicar el flagelo”, prosigue González con acierto. “Uruguay es un claro ejemplo donde los diferentes gobiernos han postergado y relegado los contenidos humanistas de sus currículas educativas, priorizando las científicas. Han sido negligentes en dotar al niño uruguayo de los valores emocionales fundamentales transmitidos por la educación física, los deportes, el arte, la música, danza, teatro, etcétera. Saber nadar debería ser materia tan obligatoria como las matemáticas”.

Los uruguayos tenemos muchas formas de cumplir con la promesa contenida en nuestro himno nacional y según el cual “sabremos cumplir.” Sin lugar a dudas saber nadar es una de ellas y en esa tarea deben trabajar sin demora y sin pausa tanto las autoridades nacionales y departamentales como las personas e instituciones de la sociedad civil. → Leer más

No es ninguna novedad que a los ojos montevideanos problemas que son frecuentes en distintos lugares del país se magnifican cuando ocurren en el centro de la zona metropolitana. Pero esta vez quizás se justifique la excesiva difusión que tuvo el episodio de intensa lluvia que ocasionó desbordes en varias zonas de la capital del país.
Lo otro que no es novedad es lo que ocurrió después, cuando ya las aguas habían escurrido, dejando atrás un montón de destrozos y ocasionando pérdidas materiales a los vecinos, que vieron muebles, ropas, herramientas, electrodomésticos y vehículos irse flotando, presenciamos a través de los medios y de las redes sociales los clásicos señalamientos de responsabilidades entre políticos, que aparecen igual que la resaca en las veredas y en las paredes.
Y no aplica solo a este caso, porque hace muy pocos días, ante un desborde muy parecido, ocurrido en la ciudad balnearia de Piriápolis, en Maldonado, también hubo reproches cruzados entre dirigentes del Partido Nacional y del Frente Amplio, que han ocupado tanto la conducción del municipio local como de la Intendencia fernandina.
Y mucho más cerca, aquí mismo en Paysandú, esas mismas discusiones afloran cada vez que estos desbordes ocurren, aún en lugares donde ya es previsible que ocurran y donde ya se sabe que hay poco por hacer para evitarlos, como en un tramo de la calle Charrúas. O en el caso del incendio de Algorta – Piedras Coloradas, para el cual nadie estaba preparado para enfrentar un siniestro de ese tipo en el cual convergen todas las condiciones para una propagación extraordinaria, como es el calor extremo, sequía muy pronunciada y fuertes vientos.
Evidentemente que cada uno intenta sacar algo de ventaja en cada situación, algo atribuible al “juego democrático”, una carátula para justificar ese sinsentido de ocupar tiempo mediático desviando la atención de los problemas de fondo.
Y es que estos fenómenos pueden tener determinada cuota de responsabilidad de parte de la conducción política, pero es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, porque hay incluso errores de planificación urbana, de terrenos en los que se construyó y corrientes de agua que se canalizaron (sepultaron bajo el hormigón), bajo la presión de intereses inmobiliarios, que dejaron como herencia estos problemas. La pavimentación tiene el efecto de impermeabilizar el suelo, es decir, hace que la tierra ya no absorba parte del agua, que ahora corre por el declive, y la canalización va acelerando su transcurrir.
¿Piensan ustedes que la calle Charrúas siempre fue así como es hoy, con su pavimento de hormigón y sus veredas con cordones elevados para evitar los desbordes del agua de lluvia? No. La calle que hoy conocemos está construida sobre una antigua cañada, cuyo cauce corre mayormente bajo la planchada de calle Washington, pero que, cuando se producen episodios de lluvia abundante, vuelve a aflorar ante los ojos de todos.
¿Qué tipo de obra de ingeniería sería capaz de absorber –de esconder– el volumen de agua que por allí pasa?
Ello mismo ocurrió esta vez en el barrio de Malvín, en Montevideo, en la denominada rambla Concepción del Uruguay, que no es más que una avenida, que mantiene el nombre de rambla porque antes por allí transcurría el arroyo Malvín, hoy sepultado por el hormigón.
Las lluvias, en un episodio de mucho volumen en un lapso relativamente breve, provocaron un desborde que afectó a muchos de los vecinos que habitan en las márgenes del viejo cauce.
Esa rambla se construyó en 1918, junto a un puente sobre ese arroyo. Las obras que canalizaron el curso de agua por debajo de la superficie datan de mediados del siglo pasado.
En ese entonces todavía no se hablaba de cambio climático, no existía como concepto y es posible que lo que se planificó y ejecutó en sus días, fuese una solución óptima para esa realidad (por más que siempre se ponga como ejemplo la planificación de los ferrocarriles ingleses, cuyos puentes “nunca quedan bajo agua”, una afirmación que no es tan así, aunque algo de razón tiene).
Pero el clima cambió, está cambiando, y solucionar los problemas de aquellas soluciones pueden suponer esfuerzos que tal vez no estén al alcance de los presupuestos de una intendencia, ni de la de Paysandú, ni de la de Maldonado; ni siquiera de la de Montevideo. Hacer frente a estos cambios es un desafío que ni siquiera el presupuesto del Estado, siempre tan ajustado, permitiría.
Sin embargo son situaciones que ya están tan denunciadas, tan comprobadas y aceptadas, que se han creado programas internacionales para atenderlos, a partir del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, PNUD. Hablamos, claro está, de los programas nacionales de adaptación, NAP, por sus siglas en inglés. Y Uruguay tiene en marcha uno específicamente destinado a ciudades (NAP-Ciudades), además de otros destinados a zonas costeras y a la producción, respectivamente.
En el caso de las ciudades, el proyecto “busca ayudar al Gobierno de Uruguay a avanzar en el proceso del Plan Nacional de Adaptación en ciudades y gobiernos locales”, en un proceso que marca dos objetivos. Por un lado “reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático mediante la creación de capacidades de adaptación y resiliencia en ciudades, infraestructuras y entornos urbanos”. Por otra parte trata de “facilitar la integración de las medidas de adaptación al cambio climático, de manera uniforme, en las políticas, programa y actividades correspondientes, tanto nuevas como existentes, en procesos y estrategias de planificación del desarrollo concretos dirigidos a las ciudades y al ordenamiento territorial”.
Este programa tiene previsto actuar en 40 ciudades del país de más de 10.000 habitantes, incluida Montevideo. De hecho en Paysandú ya se ha hecho un relevamiento de las zonas en las que es necesario actuar, debido a las reiteradas inundaciones ocasionadas por los desbordes del río Uruguay. Estas acciones implican por ejemplo realojos de familias que habitan zonas de riesgo y el desestímulo a que otras personas se instalen en las viviendas que se desocupan.
Claro, después habrá que encontrar la forma (y más que la forma, los recursos) para llevar a cabo a las soluciones que se vayan planteando, como ya lo hizo en Glasgow el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien planteó que “es fundamental avanzar en la nueva meta global en financiamiento climático posterior a 2025 y en el financiamiento de largo plazo”.
Quizás la obtención de estos recursos que permitan llevar a cabo las transformaciones necesarias sea en sí un buen fin al que destinar la energía que a veces se pierde en discusiones absurdas. → Leer más