Opinión

El acceso a la cultura es un derecho consagrado por el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vigente desde 1948, y todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan, deberían tener oportunidades de ejercerlo. Sin embargo, no siempre es así.
En diferentes partes del Uruguay existen personas de diferente edad que no tienen acceso a las actividades culturales que se desarrollan generalmente en las ciudades. Es más, se ha comprobado en investigaciones recientes que residentes de algunos barrios de Montevideo jamás estuvieron en el centro de esa ciudad. Podríamos preguntarnos qué ocurre acá y quizá no hay que ir muy lejos y recordar, por ejemplo, que iniciativas como la desarrollada años atrás cuando la Intendencia transportó personas desde diferentes localidades del Interior a espectáculos en el Teatro Florencio Sánchez, puso en evidencia una situación similar a la antes señalada.

Ocurre que los habitantes de los barrios más alejados y pobres, así como los pobladores del medio rural y las pequeñas localidades del interior, no suelen contar con los mismos servicios que quienes residen en las ciudades, lo que en la práctica es una limitante para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y culturales.
Por otra parte, cuando se vive en una ciudad no siempre se es consciente de lo difícil que puede resultar la vida en el entorno rural o pueblerino de las pequeñas localidades del país donde la falta de actividades y alternativas impactan fuertemente en la vida cotidiana de pobladores de toda edad, que se encuentran –en este sentido– en situación de desventaja frente a sus pares urbanos.
Desde hace ya unos cuantos años el gobierno nacional y algunas entidades privadas –muy pocas todavía– realizan distintas convocatorias que promueven el desarrollo de proyectos culturales por parte de grupos de la sociedad civil organizados, grupos de vecinos e incluso particulares.

En el marco de políticas nacionales referidas a la descentralización y participación ciudadana se han dispuesto fondos para la ejecución de políticas culturales en las pequeñas localidades (como el Programa Cosas de Pueblo durante el gobierno anterior, u otras convocatorias concursables del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, e incluso los Presupuestos Participativos de las Intendencias) que incidieron específicamente en el desarrollo de iniciativas locales en barrios y pueblos del país. Pocas de esas “ventanillas” continúan activas –la del Fondo Concursable para la Cultura es una de ellas– aunque es innegable que este tipo de convocatorias ha sido en los últimos años un semillero de proyectos que pusieron en acción a vecinos de distintas localidades del interior departamental y lograron promover el patrimonio e identidad local, fomentando la cohesión y el trabajo conjunto entre las personas.

En algunos pueblos los vecinos se juntaron para hacer sus fiestas locales y recuperar tradiciones, otros escribieron libros, otros construyeron galerías de fotos a cielo abierto o recorridos histórico culturales, o sentaron a las personas mayores a conversar con los jóvenes descubriéndose mutuamente. En todos los casos hubo una puesta en valor efectiva de las historias e identidades locales, se hicieron actividades culturales y se demostró que con un poco de ayuda y viento a favor, los propios vecinos pueden llegar incluso donde el Estado no llega.
Además de esto, en el entretejido de dinámicas sociales y culturales ocurren otras cosas. Y muy buenas. Hay iniciativas que surgen en los barrios, como las de la red de biblioheladeras de Paysandú, algunas de las cuales hoy no están activas pero que en otros casos continúan funcionando “a pulmón”, con grandes esfuerzos de vecinos que tienen una en su cooperativa, en un espacio de uso común, e incluso –como hemos visto– en el comedor de su propia casa.

Si miramos al interior de Paysandú existen realidades dignas de admiración como la Biblioteca Comunitaria de Pueblo Esperanza, fundada por un grupo de mujeres rurales en 2008 y que luego de permanecer cerrada durante los últimos cuatro años, fue reabierta por sus fundadoras, en plena pandemia y un nuevo espacio. También está el caso de clubes de lectura autoconvocados, entre ellos el existente en Quebracho, recientemente declarado de interés departamental por la Junta Departamental de Paysandú junto a otro emprendimiento cultural de la localidad.
Las bibliotecas y clubes de lectura son, incuestionablemente, promotores de cultura. No es fácil sostenerlos pero son imprescindibles para favorecer el acceso al libro como objeto cultural y medio de información y recreación, para incentivar el hábito de la lectura y brindar posibilidades de encuentro y socialización, especialmente en localidades como las mencionadas donde las oportunidades de actividades culturales son muy escasas.

Es en ese sentido que tanto las bibliotecas públicas y comunitarias –pero también un club de lectura– son herramientas válidas de inclusión social. Desde esa proximidad, pueden funcionar como espacio de prevención, detección e intervención social para superar la exclusión social, aproximarse al reconocimiento de problemas que afectan a las comunidades y encauzar su acción hacia la modificación de conductas, prevención de riesgos o el inicio de procesos socializadores.
Evidentemente, pueden desempeñar un importante papel integrador y de apoyo a través de los servicios específicos para los distintos grupos sociales de su comunidad de usuarios asumiendo un rol dinamizador de la sociedad y de promoción de la igualdad de oportunidades al permitir el acceso gratuito a la información y el conocimiento.

Es lamentable y una gran pérdida para la sociedad en su conjunto cuando no existen políticas culturales que apoyen este tipo de cosas. Y cuando existen, es necesario que en las localidades y barrios haya posibilidades reales de organizarse, escribir un proyecto y presentarlo formalmente para poder efectivizar aquello del aterrizaje local de las políticas nacionales.
¿Por qué apoyar las iniciativas culturales de los vecinos? Porque el acceso a la cultura es un derecho humano fundamental y porque la verdadera transformación de la realidad requiere de la participación social. Las iniciativas surgidas desde abajo, necesitan viento a favor. El Estado en sus diferentes estratos -nacionales, departamentales y municipales- tiene la obligación moral de considerar estos aspectos y fomentar su apropiación por parte de las comunidades. Aunque a veces lo olvidemos, el acceso a la cultura es un derecho consagrado para todos los seres humanos. Tan simple como eso y generalmente tan difícil de llevar a la práctica. → Leer más

Largamente hemos referido en EL TELEGRAFO al Corredor Pájaros Pintados, al impacto que tuvo en el territorio, a las inversiones que se concretaron, a los instrumentos que se generaron, también a los problemas con algunas lanchas que se compraron durante el desarrollo del proyecto y las derivaciones que seguimos viendo. Pero hay un aspecto del que llamativamente no hay el mínimo rastro, a un año ya de que el Corredor dejase de existir formalmente. Se trata de una de las patas más importantes que tiene que tener una iniciativa de la envergadura que tuvo, o se proponía tener el corredor, y es nada más ni nada menos que el rol que deberían desempeñar los operadores turísticos privados, que en definitiva son quienes se deberían haber beneficiado con el impulso que la implementación de este proyecto le diera al turismo en esta región.

Desde el inicio el Corredor previó no solamente espacios de participación, donde los operadores, bajo la figura de Adheridos no solamente tuvieron voz para expresarse sobre los distintos pasos que se dieron, sino que también había un ámbito, como la asamblea de adheridos, donde también se podía proponer cambios. Claro, todo esto en el papel, porque después estas buenas intenciones había que llevarlas al terreno de la realidad, a ver si efectivamente esto ocurría, si efectivamente los adheridos se apropiaban de la herramienta con un grado de compromiso tal como para que, una vez terminado el empuje de los dólares gordos del amparo del BID y de los pesos gordos de los viáticos y los salarios de los técnicos y funcionarios contratados para ejecutarlo, el proyecto seguía en pie.

No hace falta ni contar qué sucedió después que el gobierno decidiera que no formaba parte de sus planes mantener el suministro de oxígeno al Corredor. Hoy los únicos vestigios que quedan son los logotipos que se pueden ver, de norte a sur de la costa oriental del río Uruguay. Es decir, nadie ni siquiera solicitó el uso de la marca Corredor Pájaros Pintados para seguirla usando comercialmente. ¿Cómo puede ser que si el Corredor era tan beneficioso, si la marca estaba tan impuesta en el imaginario y los operadores estaban tan integrados y participativos, en la práctica nadie haya reivindicado su continuidad?

Del mismo modo ocurrió con una las lanchas que llegaron a navegar, la que se había destinado a Nuevo Berlín. Hubo un comunicado de la Liga de Turismo y el diputado Constante Mendiondo hizo un planteo discutiendo la decisión, pero, el resto de los adheridos al Corredor Pájaros Pintados no movió un dedo para cuestionar una decisión que fue el gesto que mostró que no había vuelta atrás, por lo simbólico y por cómo se ejecutó: de un día para otro vino el Ministerio y sin consultar a nadie la cargó en un camión y se la llevó al otro extremo del país. Sin construcciones colectivas, resoluciones de asamblea ni nada. Ahí se concretó en los hechos la muerte del proyecto elogiado por el BID y reconocido en publicaciones internacionales por su ideal de sustentabilidad. Cosas que pasan, como cantaba Larralde.

No obstante cabe hacer un repaso de algunas cosas que quedaron después de muerto el Corredor, de las que sería bueno que se informe su suerte, porque en definitiva se realizó en ellas una inversión para nada despreciable, de la que se debería dar cuenta. Claro que también pueden servir para impulsar nuevas políticas en materia turística en la región.
De acuerdo al contrato entre el Ministerio de Turismo y el BID, había tres componentes para la ejecución del proyecto Desarrollo de Corredores Turísticos. El primero la “Creación y consolidación de equipamiento turístico en el Corredor del Río Uruguay. Incluye inversiones relacionadas con la puesta en valor de atractivos turísticos públicos, que posibiliten el desarrollo del turismo náutico, cultural y ecoturismo”; el Componente 2 era el “Apoyo al emprendimiento y a la inversión turística privada en el Corredor del Río Uruguay. Se apoya técnica y financieramente a emprendedores locales para la creación y consolidación de nueva oferta turística, a través de un Fondo Concursable, que es ejecutado con el apoyo de ANDE. El Fondo otorga un aporte no reembolsable de hasta el 70% del costo total del proyecto, por un monto máximo de U$S 25.000”.

Este segundo componente incluía “acciones de captación de nuevos operadores e inversores nacionales e internacionales, a través de la elaboración y difusión de un catálogo de oportunidades de inversión en el CPP y un banco de proyectos bajo modalidades de asociación público-privada”. El catálogo fue elaborado por una consultora, que entregó a la conducción política del Corredor (Ministerio de Turismo), el documento titulado “Doce oportunidades de proyectos turísticos en el Corredor de los Pájaros Pintados”. Es decir, el estudio se realizó y hubo un resultado. Y seguramente tuvo un alto costo. Sería bueno saber si se hizo algo más que pagarle a los consultores por su trabajo, es decir, si esto no está hoy durmiendo en el cajón de algún escritorio del Ministerio.

El Componente 3 refería al “Fortalecimiento de gobernanza turística subnacional en el corredor”, e incluía el desarrollo de un observatorio turístico, con cuatro nodos de gestión territorial descentralizada. El observatorio estuvo generando coloridos informes sobre el movimiento turístico en la región, pero hace ya un buen tiempo que no los genera y pareciera un instrumento que, tal vez cambiándole el nombre, podría ser de utilidad para la gestión. → Leer más

Ya en proceso el gradual retorno a lo que ha sido denominado como una “nueva normalidad” en el país y en el mundo, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, respaldada por el avance de la vacunación y mantenimiento de protocolos para reducir la cadena de contagios en el mano a mano, la reversión del escenario incluye recuperar actividades clave con el fin de contener la crisis económica que se ha globalizado.

Lo cierto es que la pandemia ha hecho revisar drásticamente todas las previsiones trazadas por largos estudios en cuanto a la evolución de la economía, el salario y el empleo en todo el mundo, desde que ha resultado imposible encapsular la crisis y se ha dado una cadena de contagios también en la economía por el lado de la oferta, de la demanda y sus consecuencias en los precios, además de la cadena logística, la inversión, y la situación de empresas, con una incertidumbre e imprevisibilidad manifiesta, aunque se han sucedido en las últimas semanas signos alentadores.
En nuestro país, la ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche, al evaluar el panorama y las prioridades trastrocadas por la pandemia, ha señalado que es complejo realizar estimaciones bien fundadas a partir de una crisis económica y social, que tiene como origen una epidemia.

A su vez respecto al tiempo estimado de recuperación, la secretaria de Estado expresó que “estamos trabajando para que esa recuperación sea lo más rápida y fuerte posible, que al final de esta crisis si bien habrá una caída aguda como estamos observando, que también tenga una recuperación aguda y lo más rápida posible”.
Acerca de la mayor preocupación hoy en día señaló que es sin dudas el empleo, “porque el punto de partida es malo”, en tanto consideró que se busca “recuperar las fuentes de trabajo perdidas” y “generar así más empleo”.

“Por lo tanto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos trabajando para promover la inversión y tener más actividad. Estamos trabajando en tres ejes en simultáneo. El primero refiere a la atención de la demanda sanitaria y también lo que tiene que ver con lo económico y dar liquidez para que las empresas subsistan”, indicó.
Asimismo expuso que al irse superando la crisis e irse retomando la actividad, a esa recuperación natural se la tiene que apoyar y empujar con medidas fiscales concretas “y ese es un segundo eje en el que estamos trabajando. El tercero ya es mirar un poco más allá y poner sobre la mesa las reformas necesarias para el mediano plazo. Es lo que hemos presentado con el proyecto de ley de urgente consideración”.
Reafirmó que el objetivo es empujar la inversión, especialmente la inversión que es intensiva en mano de obra o que tiene un efecto derrame sobre otros sectores de la actividad que también generan empleo.
Sin dudas la secretaria de Estado no dijo otra cosa que la que pueda decir cualquier gobernante con los pies sobre la tierra en esta encrucijada, por encima de posturas ideológicas y demagogia, en cuanto a que la única salida posible a la crisis y la consecuente creación de empleos pasa por la inversión, el tratar de crear condiciones para favorecerla en un momento en que la incertidumbre todavía es manifiesta. Pero además, la imprescindible inyección de fondos para la reactivación y la forma en que se instrumentará, desde que este es el quid del asunto.

Todo indica que pese a que habría durante un tiempo un escenario de limitaciones y cuidados específicos que tendrá su mayor impacto sobre todo en la actividad turística y espectáculos masivos, entre otros, sin descartar rebrotes puntuales, el contar con crédito disponible para hacer frente a la depresión inmediata tendría efecto removedor en un mundo que sale de la cuarentena, fuera obligatoria o voluntaria, y que una vez superado este factor, no cuesta mucho imaginar que la gran mayoría de actividades, con el impulso del crédito para apuntalar las empresas, irán normalizándose en un contexto distinto, por lo menos al principio, respecto al mundo anterior al virus.

En el caso de Uruguay, con un desempleo que antes de la epidemia ya rondaba el 10 por ciento, es vital contar con un flujo de recursos adicional para hacer que también Uruguay se favorezca y haya un “rebote” que nos permita recuperar calidad de vida y sobre todo generar fuentes de empleo formales, con empresas saneadas en lugar de las situaciones comprometidas que venían arrastrándose ya desde hace tiempo y que se han acentuado a grado extremo por el parate de actividades.
Estos y otros sectores, desde el ámbito privado, son los que mueven la economía, y son por lo tanto los que aportan sistemáticamente para sostener el aparato estatal, las inversiones, el pago de salarios, la amortización de la deuda, el funcionamiento de los organismos que están en la primera línea en la contención social.
Pero como decíamos, el mundo no será el mismo por más que se supere la crisis sanitaria, y es difícil saber a ciencia cierta cuál será el impacto final en el trabajo, que en este último año ha experimentado cambios radicales tratando de adaptarse a las circunstancias.

Por ejemplo, un informe reciente de la consultora internacional Deloitte da cuenta que un 70% de las empresas continuará utilizando el teletrabajo total o parcialmente, de la forma en que se aplicó durante la pandemia, debido a la eficiencia alcanzada por esta vía. Según la información, las empresas detectaron que los trabajadores estaban más horas conectados desde sus hogares que lo que estaban obligados a hacer y que la productividad fue mayor en relación a la misma tarea en forma presencial.
Sin dudas esta es una buena noticia, pero a partir de esta realidad surgen varias interrogantes respecto a la relación laboral que deberán estudiarse con mayor detenimiento para poder establecer si los resultados son tan buenos como parecen. En todo caso, los parámetros de medición para la estadística seguramente serán diferentes a los que se analizaban antes de la pandemia, y recién sabremos si los cambios han sido positivos cuando podamos ver los resultados en el tiempo, ya sea las horas trabajadas, las remuneraciones, el ingreso de los hogares, la seguridad laboral, beneficios adquiridos o perdidos, tasa de empleo real, y la posibilidad de conciliar la vida personal y laboral.

Por lo tanto, podemos decir que estamos ante un principio de recuperación que se presenta auspicioso, pero con mayor incertidumbre debido a los cambios que mencionamos así como muchos otros que se están dando a nivel local como global, y que hacen difícil asegurar los resultados tanto en el mediano como en el largo plazo.
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La pandemia aceleró la instalación de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Era simplemente una cuestión de tiempo pero la situación aceleró el proceso e irrumpió frente a una masa de trabajadores que, a nivel global, no estaba preparada aún.
Y eso repercutió en las estadísticas negativas del desempleo junto a los envíos al seguro de paro. El mundo y el Uruguay pospandemia plantean estos desafíos, a pesar de que el despertar sobre estas realidades todavía cuesta y demora la capacidad de reacción.
Porque junto a los cambios tecnológicos también llegaron las transformaciones de los liderazgos, la visión sistémica de las nuevas realidades y la capacidad de adaptarse a los cambios. Sin embargo, la pandemia impactó mayormente sobre la mujer, que ha tenido que emigrar del trabajo a su casa por diversas razones.
La pérdida de empleo en la población femenina se ha registrado tanto en los países más avanzados, como en nuestro continente. Y si esa diferencia por el impacto negativo era preexistente a la COVID-19, en los últimos meses se agravó y es notorio que la única curva que cuesta aplanar es la de la mujer desempleada.
Como resultado, no es muy difícil predecir que la contingencia sanitaria simplemente amplió y profundizó la brecha de género en el mercado laboral mundial.
Y lo asegura la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus últimos informes. En México, el 50 por ciento de las mujeres están en riesgo de perder su empleo; en Estados Unidos las mujeres abandonaron ocho veces más la fuerza laboral que los varones; en India, el 49 por ciento de las mujeres contribuyen solamente con el 18 por ciento de la actividad económica nacional por la marginación y el desempleo. Sin contar, por ejemplo, que estas realidades repercuten en los índices del Producto Bruto Interno (PBI) de los países afectados.

Los perjuicios son notorios en las economías más débiles y sin coberturas de cuidados. Esos lugares que tradicionalmente ocupan las mujeres en sus hogares, quedaron como flancos débiles y expuestos frente a una contingencia sanitaria que llegó para quedarse. Y, en cualquier caso, también llegó para cambiar el concepto de la “vida diaria” tal como se manejaba.

Las demandas personales y familiares cayeron en forma desproporcionada sobre las mujeres, quienes debieron resolver entre los roles del género, los cambios culturales o las soluciones rápidas. Es así que tuvieron que encarar el trabajo no remunerado de las tareas domésticas y la crianza, ante este cambio de contexto.
No obstante, la reacción responde a una larga historia de brechas salariales entre hombres y mujeres que, sin dudas, cambiarán las ecuaciones de pobreza que fueron proyectadas para la próxima década.

En el comparativo anual, la OIT aseguró que este año –en relación a 2019– tendrá 13 millones menos de mujeres empleadas, mientras que el empleo en los hombres recuperará los niveles prepandemia. Este año, el organismo calculó que el empleo femenino llegará al 42,2 por ciento y los hombres recobrarán el 68,6 por ciento de sus trabajos.

A nivel global –tanto como desde el punto de vista nacional e incluso local– los empleos más afectados por la pandemia fueron los de los servicios de alojamiento, gastronómicos y manufactureros. Son, particularmente, los ámbitos de mayor desempeño femenino y su recuperación, en cualquiera de los escenarios, viene demorada.

En el viaje por los continentes, las Américas, recibieron el mayor impacto en esta población, en tanto registró una caída negativa de -9,4 por ciento, seguido de los países árabes y en tercer lugar, Asia y el Pacífico. En medio de esta contingencia que aún no finaliza, los países que aceleraron su recuperación fueron aquellos que adoptaron medidas para facilitar el reingreso de esta población, tanto por la creación de incentivos para contratar a mujeres, así como la asistencia a mujeres emprendedoras.

Asimismo, el contexto actual de dificultades ha demostrado otras estrategias laborales como el teletrabajo o la capacitación online. Y si antes la presencialidad captaba toda la atención y las aulas con estudiantes eran un sinónimo fuerte de complementariedad entre estudio y trabajo, hoy la agenda ha variado sustancialmente.

Hasta los gobiernos están obligados a incluir estas posibilidades en sus ámbitos de discusión, hasta el punto de tener que legislar al respecto o resolver sobre la marcha, en favor de la virtualidad. Pero aún quedan espacios débiles por cubrir porque la falta de liderazgos y de gestión ya eran notorias en el mundo y la pandemia sólo corrió el velo para mostrarlas en profundidad.

Las habilidades humanas como la colaboración, la empatía o la creatividad eran valores escasos y hoy se vuelven necesarios para acelerar los resultados en un ámbito laboral complicado.

Sin embargo, tampoco puede olvidarse el marco de circunstancias que existía, al menos en Uruguay, porque el estancamiento productivo tenía varios años y cuando llegó la pandemia, halló a un país en plena recesión.

Actualmente, nos encontramos con una economía más chica de lo que ya era y sin posibilidades de bajar los costos frente a otros socios de la región que, a su vez, mantienen los mismos problemas. La competitividad es otro desafío permanente, pero con un agregado que no es menor: las empresas volvieron a producir con menor cantidad de empleados. Y, otra vez, la incorporación de tecnología y de capital repercuten sobre los puestos de trabajo en comparación con los años previos a la pandemia.

Por eso es que la consecuencia está a la vista. Los problemas de reinserción laboral de personas a quienes ya no se requiere para una tarea específica se ha transformado en un cambio de paradigma. El futuro del mercado de trabajo llegó hace rato y aún no se discuten las nuevas capacitaciones, la reforma educativa que prepare para ese otro escenario y la regulación laboral. Esa agenda hoy, se hace urgente. → Leer más

Las protestas populares acaecidas en Cuba durante las últimas semanas representan un importante paso para la recuperación de la democracia en ese país. Como es de conocimiento público, Cuba ha sido gobernada durante más de 60 años por una única organización política, el Partido Comunista Cubano, lo que no debe llamar a sorpresa ya que el mismo Fidel Castro expresó, en la década de los ochenta que “el pluripartidismo es la pluriporquería”, una frase que implica la negación total y absoluta de un juego democrático válido y real, en el cual pueda existir una alternancia en el poder. Por todo lo anterior no debería llamar la atención que el texto del artículo 5 de la Constitución de Cuba, el cual establece que “El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos”. ¡Cuánta diferencia con la Constitución Uruguaya la cual declara en su artículo 4 que “la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes”!
A pesar de que el régimen comunista imperante en Cuba se ha especializado en violar de todas las formas posibles los derechos humanos en la isla devenida en cárcel, existen muchos dirigentes y militantes frenteamplistas y sindicales que defienden con uñas y dientes la dictadura castrista y que atacan desde las redes sociales a quienes expresen aunque sea una tibia diferencia con la misma. La actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por ejemplo, sostuvo con claridad hace algunos meses que ni Cuba ni Venezuela eran dictaduras. El senador Mario Bergara (exintegrante de la Unión de la Juventud Comunista) por ejemplo, expresaba en el año 2019 a través de su cuenta de Twitter que “esta semana tuve el privilegio de ser recibido por el Consejo de Ministros de Cuba y por su presidente Miguel Díaz-Canel”. Paradójicamente, a pesar de la devoción por los ideales comunistas, cuando Bergara tuvo que realizar sus estudios de posgrado en economía no eligió a las universidades cubanas sino que optó por la Universidad de Berkley, en los Estados Unidos, país que representa todo lo malo para quienes apoyan al “paraíso” castrista. Es más: en el año 2019 esa universidad norteamericana otorgó a Bergara el premio Elise y Walter A. Haas International, lo que sin dudas representó una importante distinción para el otrora joven comunista y que según el diario “La República” incluyó 15.000 dólares para el hoy legislador. Ante las actuales protestas el también senador Enrique Rubio, por su parte, sostuvo que “hay que ver hasta donde hay represión y hasta donde no”, un argumento que bien podrían haber utilizado los seguidores de Augusto Pinochet o de Jorge Rafael Videla durante la década de los años setenta para justificar las flagrantes violaciones a los derechos humanos en esos países. Otro de los argumentos usualmente utilizados por algunos dirigentes frenteamplistas y del Pit Cnt (brazo sindical del partido de izquierdas) es que el régimen castrista “es una democracia al estilo cubano” o “que ellos tienen el derecho a darse el gobierno que desean” o que “es un concepto de democracia más avanzado del que existe en los países capitalistas”. Ese intento de justificar los abusos a los derechos humanos tomando base las particularidades políticas sociales o religiosas de un país o de una comunidad por encima de valores universales no son nuevas y pueden verse en temas tan actuales como en el casamiento de niñas con adultos, los matrimonios arreglados por las familias o la mutilación genital femenina. Quienes defienden estas aberraciones otorgan mayor valor a costumbres o creencias locales (“la democracia a la cubana”) que a los valores universales que recogen elementos esenciales de la democracia (elecciones libres, respeto a la oposición, libertad de prensa, etcétera).
Resulta oportuno recordar, asimismo, que no todos los frenteamplistas piensan igual que Cosse, Bergara y Rubio ya que por ejemplo el senador Danilo Astori afirmó días atrás que en Cuba existe “un sistema político autoritario” al mismo tiempo que expresó su condena a Venezuela a la cual catalogó como “una dictadura fuerte y profunda”. Por su parte, en el año 2006 el entonces diputado tupamaro Luis Rosadilla despertó encendidas críticas de dirigentes y votantes frenteamplistas al declarar que “en Cuba no se respetan algunas libertades ni se forma al hombre nuevo que imaginaba Ernesto Che Guevara”, sosteniendo que en ese país “no existe el sistema político de libertades abiertas como el que nosotros tenemos. No lo voy a inventar yo porque todo el mundo lo sabe. Por otra parte, que no hay libertad de prensa está claro. Solamente hay órganos partidarios del partido único. Ahora vos me podés decir: ‘¿Cuba es una dictadura?’ Y yo te contesto, desde el punto de vista de cómo concebimos eso como uruguayos que sí. Yo doy mi visión y soy consciente que en mi propia organización tengo compañeros que están de acuerdo de la A a la Z con el proceso que se vive en Cuba y pueden pensar que soy un hereje. Lo que hay en Cuba no responde al modelo de sociedad que yo quiero”.
No es la primera vez que los partidos de izquierda (y especialmente el Partido Comunista del Uruguay, con amplio poder extorsivo dentro de la coalición frenteamplista) apoyan gobiernos autoritarios de su mismo signo ideológico. La Unión Soviética, (incluyendo sus invasiones Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968), el gobierno de Velazco Alvarado en Perú, Corea del Norte o el telegrama de apoyo enviado por la Juventud Socialista del Uruguay (JSU) al dictador rumano Nicolae Ceaușescu pocos días antes de su derrocamiento como consecuencia de fuertes protestas populares. Como también ha pasado antes con la Unión Soviética, cuando el régimen cubano dé paso a un sistema democrático y se difundan los detalles de su sistema de corrupción y las violaciones a los derechos humanos el argumento de dichos partidos y de sus dirigentes será el mismo de siempre: “no estábamos suficientemente informados de lo que pasaba en ese país”. Sin embargo queda claro que si en Uruguay aceptan el juego de la democracia es simplemente porque aún no han logrado el poder suficiente para instalar una dictadura comunista igual a las que defienden, y que aspiran a alcanzar en algún momento.
La fuerte represión desatada por la dictadura cubana contra los manifestantes ha causado varios muertos, heridos, desparecidos y encarcelamientos de quienes por pensar distinto se transforman en presos políticos sometidos a parodias de procesos judiciales. A pesar de ello muchos dirigentes del Frente Amplio y del Pit Cnt ponen a Cuba como un ejemplo de democracia lo que claramente constituye un despropósito, ya que tal como fuera mencionado en cierta ocasión por Marcelo Jelen, periodista de “La Diaria”, “el régimen cubano tiene mucho que aprender, entre otros, de Uruguay. Por ejemplo, que tener presos políticos es algo horrible”.
La verdad es que, pesar de los apoyos del Frente Amplio a la dictadura cubana, “la cuestión es solo entre la libertad y el despotismo”, tal como expresara José Gervasio Artigas. → Leer más

El azote de la pandemia en este año y medio de avatares a nivel global no solo ha tenido un fuerte impacto en la economía y en el aspecto sanitario — con matices, de acuerdo al país y la región– sino que incluso desde ya, a partir del retroceso del flagelo en base a la vacunación y medidas de contención, surgen conflictos en el campo de las libertades, derechos y obligaciones, cuando el mundo lentamente se va asomando al escenario pos pandemia y de paulatina recuperación de la “normalidad”.

Es que tras millones de muertos y otras consecuencias en el plano sanitario, además del azote que ha significado para la economía y la destrucción de millones de empleos, sobre todo en los sectores directamente afectados como el turismo, el transporte, los eventos, entre otros, surge claramente la magnitud de la catástrofe para la humanidad y la necesidad de que ésta considere fundamental el coordinar acciones que permitan prevenir situaciones similares en el futuro, en este caso empezando por cortar radicalmente la circulación del virus y de eventuales reservorios desde donde pueda agazaparse y reciclarse en mutaciones para reaparecer con mayor agresividad en el momento menos pensado.

Es que el mundo ha tenido un antes y un después a partir de la vacunación contra el COVID-19, como ha ocurrido en la historia de la humanidad en un sinnúmero de enfermedades que a lo largo de los años han sido erradicadas gracias a esta barrera de la inmunización masiva, producto del avance científico basado en la investigación y el desarrollo tecnológico para potenciar el combate del propio organismo contra los agentes invasores.

Y cuando gracias a la vacunación y medidas preventivas como la reducción de la movilidad, los aforos en eventos públicos, sobre todo en lugares cerrados, los protocolos de medidas sanitarias, asoma en el horizonte la esperanza del retorno a la normalidad, el sentido común, pero sobre todo la comunidad científica en un 99 por ciento, considera que la batalla no está todavía ganada, y que durante un tiempo por ahora imposible de determinar es preciso potenciar la barrera de contención contra el virus para evitar o por lo menos reducir la aparición de eventuales focos que hagan peligrar lo trabajosamente ganado.

El valor diferencial con el escenario de hace un año es la disponibilidad de vacunas, y esta es por ahora el arma por excelencia contra el coronavirus. Sin discusión posible…. aunque nunca faltan delirantes que lo cuestionen, como ocurre con algunos que niegan que la Tierra sea redonda, o van más allá y aseguran que la realidad que vivimos es una fantasía creada por una “matriz” que nos gobierna, así como otras leyendas urbanas que son más parte de un acto de fe o de negacionismo del mundo que los rodea, de diferenciarse de todos los demás “tontos” que les creemos a los científicos y en los avances que éstos cuentan.
Por lo tanto, la discusión a darse dentro de cada país, es cómo hacer para que la vacuna se extienda al mayor porcentaje posible de población, para la protección de todos los ciudadanos, aún de aquellos que no creen en las vacunas.
Sin dudas, el aprobar mecanismos para hacer que la vacuna sea de carácter obligatorio es la medida no solo más lógica sino imprescindible, aunque broten cuestionamientos de quienes sientan vulnerada su “libertad” de enfermarse, si así lo quieren, aunque se olviden de mencionar que al contagiarse también se erigen en riesgo para sus semejantes, para quienes los rodean, aún –sobre todo– para sus seres queridos, para su entorno cercano.

En esta línea se encuentra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al anunciarse que hará obligatoria la vacunación en su país, lo que ha generado protestas de sectores radicales.
Sin embargo, también han surgido fuertes apoyos, como el del músico estadounidense Steven Van Zandt quien ha felicitado a Macron a través del poco convencional elogio de “¡Por fin un político con pelotas!”
“¡Presidente Emmanuel Macron! ¡Te saludo! ¡Por fin un político con pelotas! ¡Se requiere vacunación obligatoria para todo! Cafés. Barras. Restaurantes. Autobuses. Trenes. Taxis. Aviones. Tiendas. ¡Eventos deportivos! Así es como vuelves a la normalidad. Pero todos los países tienen que hacerlo”, disparó. “La ‘gente’ es idiota. Pueden tener toda la libertad que quieran para suicidarse. El problema es que mantienen vivo el virus, mutando y propagándose. Es el primer trabajo del gobierno proteger a su gente. ¡De enemigos (y tarados), extranjeros y (especialmente) domésticos!”, sentenció.

Pero en la vereda opuesta se encuentra otra leyenda del rock, el británico Eric Clapton, quien tuvo la mala idea de anunciar que no se presentaría en aquellos espectáculos donde se exigiera que los asistentes presentaran carné sanitario o comprobante de que se han vacunado, como forma de evitar nuevos casos del virus, por considerar que se trata de un forma de “discriminación”.
Pero el tiro le salió por la culata, porque todo indica que el mundo no está dispuesto a seguir a quienes se consideran por encima del bien y del mal, y no atienden más razones que las que provienen de su propia concepción de como son o deberían ser las cosas, sin ningún asidero. Y así lo que ha logrado es que se le cierren potenciales contratos, porque ni los productores pero sobre todo la gente, el ciudadano de a pie, están dispuestos a exponerse a los peligros de estar entre una multitud sin las mínimas garantías de seguridad de que le pasen una película que ya vio y que no quiere repetir. Es que saber tocar bien la guitarra no quiere decir que también se sepa de pandemias ni de vacunas, ni de por qué la gente siente como siente.

Y si para muestra basta un botón, podemos remitirnos a lo expresado a Montevideo Portal por el virólogo compatriota Santiago Mirazo, en el sentido de que “las personas que hoy están en mayor riesgo es la población no vacunada. Se habla de que la pandemia se va a dividir entre los vacunados y los no vacunados, de hecho, en Estados Unidos algunos investigadores plantean las dos Américas”.
En ese sentido, Mirazo dijo que “en Estados Unidos si uno separa por estados con buena o baja cobertura de vacunación son dos países totalmente distintos en cómo se mueve la epidemia. Hay una reducción de casos graves, muertes e internaciones en el primer ejemplo y todo lo contrario en donde hay baja cobertura”.

Mejor explicación imposible, y una razón más que contundente para que en nuestro país, como seguramente va a ocurrir en gran parte del mundo, se evalúe seriamente la posibilidad de incorporar la vacuna como obligatoria, por lo menos por un tiempo prudencial, como ocurre con otras enfermedades –o por lo menos que se cuente con la vacuna para poder acceder a espectáculos masivos–, como una forma lógica de preservar la salud de la población, de autopreservarse y de poner en pie de equilibrio derechos y obligaciones hacia el prójimo. → Leer más

Desde marzo del año pasado casi 180 millones de estudiantes de diferentes niveles educativos de en la región tuvieron que seguir su educación desde sus propios hogares, con situaciones muy desiguales para la continuidad de clases virtuales en los países en que esto fue posible.
En América Latina el cierre de las escuelas complejizó enormemente la situación por dos razones: es la región que cuenta con el triste récord de más días de escuelas cerradas (en promedio 158 días, lo que supera ampliamente la media global de 95 días de cierre, según datos de Unicef) y, por otra parte, es también la región más desigual del mundo.

Las inequidades sociales respecto a las oportunidades educativas, el acceso a la conectividad y las condiciones socioeconómicas de las familias son anteriores a la pandemia pero se vieron fuertemente impactadas por ella, debido a los confinamientos y medidas que debieron imponer los gobiernos por la emergencia sanitaria, la consecuente desaceleración de la economía y la pérdida de fuentes de empleo y oportunidades de ocupación.
En relación a la situación educativa, un informe titulado “Efectos en la Educación iberoamericana: un año después de la COVID-19”, realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) sostiene que serán necesarios 11 años para recuperar el aprendizaje perdido debido al impacto de la pandemia en Iberoamérica.

A partir de la evidencia recopilada en el último año, el documento concluye que la estimación global del impacto económico de la pandemia –tomando en consideración la pérdida de aprendizaje de estudiantes de todos los niveles educativos– varía entre una caída del 12% al 18% del nivel de renta nacional, dependiendo de los niveles de participación de la fuerza laboral en cada país.
En cuanto a la pérdida de aprendizaje, los autores del informe concuerdan que, si bien ha habido algunos estudios sobre el impacto del COVID-19 en Iberoamérica, en líneas generales, no resulta fácil conseguir datos debido bien a que no existen, o a que no se han puesto a disposición de los investigadores por distintas causas, entre ellas la ausencia de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas en los sistemas educativos, lo que dificulta la definición de estrategias de acción claras y precisas en la región.

Respecto a las clases, la OEI recomienda que, por varias razones, lo antes posible se retome una presencialidad segura. En primer lugar porque aunque en América Latina el 90% de las respuestas educativas para la continuidad de la educación en pandemia fue la utilización de plataformas en línea para clases virtuales, solo 4 de cada 10 hogares latinoamericanos tiene conexión a internet y cuenta con las herramientas necesarias para sostener la educción a distancia.
Por otra parte, existen otras barreras para el despliegue de una educación a distancia exitosa, tales como la alimentación insuficiente, una falta de preparación, tiempo y recursos de los padres, madres y cuidadores para brindar apoyo a la educación en casa; condiciones materiales, ambientales y de espacio inadecuadas; hacinamiento y la existencia brecha digital entre docentes, señala el organismo internacional en su informe.

En lo que respecta a la vuelta a clases en los países de la región, en “Retorno escolar postpandemia en Iberoamérica: avances, reflexiones y recomendaciones”, también publicado por la OEI, se indica que a marzo de 2021, del total de países consultados, 14 de ellos (un 67%) habían optado por retornar a clases presenciales, frente a un 33% no presencial. Asimismo, 8 lo habían hecho de manera obligatoria (Andorra, Argentina, Colombia, Cuba, España, Nicaragua, Portugal y Uruguay), y 5 optaron por la voluntariedad (Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay. Solo Brasil declaró tener una modalidad mixta (obligatoria y voluntaria), ya que en su caso la decisión depende de cada estado federal.

En el caso de Uruguay, a marzo de 2021 un 87% del total de la matrícula de estudiantes en educación inicial y educación primaria había retornado a las clases presenciales pero al recrudecer la pandemia por el ingreso de la variante P1 del COVID-19 volvieron a cerrarse, reanudándose desde junio a la presente semana.
Como es sabido, el pasado lunes se completó el retorno a la presencialidad de toda la educación formal con carácter obligatorio en nuestro país al retomar clases presenciales unos 169.000 alumnos, de segundo y tercer año de educación media básica y de segundo de media superior, de Secundaria y Técnico Profesional, en centros públicos y privados, habilitados y autorizados por la ANEP.

En estos días autoridades de la ANEP han inaugurado infraestructura educativa en diferentes departamentos –entre ellos un Instituto de Alta Especialización de la Educación Técnico Profesional en Paysandú, que trabajará articuladamente con los sectores productivos–, modernos edificios construidos en el marco del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, con el propósito de mejorar e innovar en cuanto a la oferta de formación y capacitación de la ANEP. Se trata de incorporaciones importantes más allá de los ladrillos y moderno mobiliario o equipamiento, los cuales son necesarios pero no el único requisito para una educación de calidad acorde a los vaivenes de los tiempos que debemos enfrentar.
El panorama es complejo y también en nuestro país es necesario alertar sobre la profundización de las brechas educativas preexistentes que se agudizan por la pandemia, así como acerca de otras consecuencias que ha tenido el cierre de instituciones educativas en aspectos de rezago y deserción escolar, los cuales es necesario estudiar y atender en profundidad y de manera rápida.
Tal como lo plantean los informes de la OEI, el contexto actual obliga a reconocer que es difícil prever un panorama auspicioso para el futuro de esta generación de estudiantes, cuyos efectos aún no se conocen del todo.

Los desafíos pedagógicos acarreados e incrementados por la pandemia son enormes. Por eso, el compromiso de todos los actores educativos y el esfuerzo necesario hacia una educación de calidad debe ser priorizado en forma urgente tanto a nivel de las políticas públicas como las prácticas cotidianas de cada docente y centro educativo. Es necesario reflexionar y actuar, identificar buenas prácticas e innovaciones útiles, prepararse para la extensión de la hibridez –dado que la pandemia no ha finalizado– y adaptarnos a los nuevos tiempos y necesidades para dar respuesta a la diversidad de contextos y de estudiantes, sin generar más desigualdad o exclusión. → Leer más

El fin de semana se presentó en San Javier un ambicioso proyecto ecoturístico a desarrollarse en unas 20 islas del río Uruguay, la mayoría comprendidas dentro del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay; no todas porque la extensión de este proyecto alcanza una zona algo más al norte, hasta casi el extremo sur de Concepción del Uruguay.

El acto en que se realizó esta presentación, se hizo en el emblemático Galpón de Piedra de la vecina localidad del departamento de Río Negro –construido por los inmigrantes rusos para uso de toda la comunidad en sus actividades productivas– con la presencia de numerosas autoridades, funcionarios de los ministerios de Ambiente y Turismo, y medios de comunicación que realizaron la cobertura, que luego participaron en un recorrido en embarcaciones de la Armada Nacional y de operadores turísticos.

Del proyecto todavía no se conocen los pormenores, apenas algunos anuncios relacionados con intervenciones en las islas para dotarlas de infraestructura, algunas embarcaciones pequeñas que han llegado, la idea de que los alojamientos sean en tierra firme y no en las islas y el nombre de la organización que van a aterrizar el proyecto en el lugar y la fundación internacional que está detrás de la iniciativa.

No caben dudas de que se trata de un proyecto muy importante y que está orientado a la gran promesa turística que ha acompañado esta pandemia, que es la promesa de un turismo enfocado a los espacios naturales convertido en generador de desarrollo local. Si le parece estar teniendo un deja vú, es porque ya ha leído esto anteriormente. O al menos algo parecido. Es que se trata justamente de parte de la fundamentación de por qué se llevaba adelante el proyecto del Corredor Pájaros Pintados, hoy caído en desgracia y del que solamente persiste alguna cartelería dispersa y los nombres de algunas controvertidas lanchas, que se usan para tiras y aflojes políticos.

El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, asumido cuando el deceso del corredor ya estaba declarado, comentó en una entrevista con EL TELEGRAFO que este proyecto, a efectos de las localidades de la zona, San Javier y Nuevo Berlín, eran incluso superadores del impacto logrado por el corredor. La afirmación es como poco discutible, pero encima de ello es imposible de demostrar, porque lo que se logre de ahora en más, se logrará construyendo encima de la visibilidad que estas localidades consiguieron en el marco del Corredor. Es como afirmar que el corredor Pájaros Pintados fue un buen sustituto de la inclusión de los Esteros de Farrapos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. No sustituye, en todo caso viene a sumar a lo que se hizo anteriormente, que no fue poco, reconocido por los propios operadores.

Y no solo difusión dejaron tanto el SNAP como el Corredor, ha quedado muy buena infraestructura, como el mismo Galpón de Piedra o la Estación Náutica, en el caso de Nuevo Berlín, y la lancha, que lamentablemente no quedó por una caprichosa e inconsulta decisión ministerial que no consideró la opinión de la Intendencia, del Municipio ni de los operadores turísticos locales, algunos que realizaron inversiones importantes –a la escala de la localidad lo fueron– y perdieron de un plumazo un atractivo que tanto el gobierno departamental como el local se habían manifestado dispuestos a mantener. Claro, todo esto ocurrió antes de la pandemia. Entonces es difícil de comparar.

Se puede aceptar que, como dice Lafluf, este Ministerio de Turismo tenga una visión diferente, de hecho la tiene. Lo que no parece fácil de llevar es que las decisiones se adopten sin tener en cuenta a las personas que trabajan en el territorio, que en algunos casos hicieron mejoras comprometiendo incluso patrimonio personal y de un día para otro se encuentren sin el paraguas bajo el que pensaron que estaban. Porque no es lo mismo hacer mejoras en una vivienda para ponerla en condiciones de alquilarla a turistas o montar un pequeño negocio, sabiendo que se contaría con el respaldo de una marca que se hizo conocida y un proyecto que realizó permanentemente actividades en la localidad, a, de un día para otro verse en la soledad y al descubierto.
Ahora surge esta nueva esperanza y ojalá, por el bien de toda la zona –porque incluso Paysandú se verá beneficiado si sabe plegarse a la propuesta– traiga consigo ese desarrollo prometido y muchas personas puedan crecer profesional y económicamente.

De hecho el ministro Cardoso dijo que se espera en el país una aceleración en el turismo de naturaleza y anunció que desde agosto saldrán a capacitar hasta a las chircas en cuanto al turismo en espacios naturales, por el impulso que se espera.
Pero si esto es así, lo que no se comprende es la estrategia. La fortaleza que buscaba el Corredor era unificar toda la oferta turística del litoral bajo una marca común y que las diferentes propuestas se complementen entre sí. Por lo que estamos viendo y lo que comentan las autoridades “lo nuevo” es venderlas por separado, así tener una Ruta Unesco, un Destino Termas, las áreas protegidas. Todo por separado, por más que en el territorio coexistan y para el visitante resulte más cómodo tener claro de antemano todo lo va a poder encontrar cuando llegue.
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“El Uruguay necesita captar la inversión externa directa y por ende si se dan señales negativas a una inversión como la forestal, que ya está instalada, genera un ambiente poco propicio, además del concepto de limitación productiva”, sentenció el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, ante la Comisión de Ganadería del Senado, a efectos de brindar información a los legisladores sobre esta cadena productiva.

Junto a técnicos de la Dirección General Forestal y de la Dirección General de Recursos Naturales del MGAP, el secretario de Estado expuso sobre el tema de la forestación en el Uruguay y sobre los suelos de prioridad forestal, a partir del proyecto de ley que promueve el partido Cabildo Abierto, que tiende a limitar la afectación de tierras con bosques forestales, lo que genera resistencia y fuertes cuestionamientos desde los otros partidos de la coalición de gobierno.
Mattos trajo a colación en la oportunidad que Uruguay tiene actualmente 1.043.000 hectáreas forestadas, lo que significa el 6 por ciento del área productiva que tiene nuestro país, y subrayó que medidas de protección para poder autorizar proyectos forestales no necesitan de una nueva ley, sino que pueden aplicarse a través de decretos en el marco de preservación medioambiental.

Pero claro, como hemos señalado en más de una oportunidad desde esta página editorial, si bien la inversión en el área forestal en las tres últimas décadas ha sido revulsiva e incorporado un sector pujante al agro, creando miles de puestos directos e indirectos, hasta ahora la participación en valor agregado en el sector en nuestro país es mínima, desde que la madera que no se usa para hacer pasta de celulosa se exporta como materia prima para su industrialización en el exterior, lo que indica que es preciso buscar alternativas de inversión que permitan dotarle de valor agregado dentro de fronteras, y establecer una cadena de valor potenciada que sería de gran beneficio para la economía.

Al respecto es pertinente traer al tapete recientes declaraciones del subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el sanducero Walter Verri, al efectuar su presentación en la firma por la Unión Europea (UE) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), del acuerdo bilateral “Facilidad para el Desarrollo en Transición”, ámbito en el que se proporciona oportunidades para trabajar en cooperación internacional apoyando iniciativas que sean innovadoras y de beneficio mutuo, además de fortalecer el diálogo estratégico y de desarrollo entre Uruguay y la Unión Europa.

En la oportunidad fueron presentadas tres iniciativas relacionadas con la economía circular, como es el caso de Innovación y desarrollo sustentable de la industria de transformación mecánica de la madera, Mujeres en el sector de la Información y Formación de jóvenes innovadores.
El subsecretario de Energía sostuvo que “la transformación mecánica constituye un sector con gran potencial que nos posibilitará avanzar en la cadena de producción, obteniendo como resultado productos destinados a la construcción en madera y carpintería, mayor valor agregado y generación de mano de obra”.
Verri asimismo destacó que se realizó un estudio sobre las oportunidades de la bioeconomía forestal en el país, y en este documento de trabajo se puso énfasis en el análisis de una industria catalogada como primaria y poco profesionalizada, por lo que la transformación mecánica constituye un sector con gran potencial, “que nos posibilitará avanzar en la cadena de producción hacia la segunda transformación, obteniendo como resultado productos destinados a la construcción en madera y carpintería, mayor valor agregado y con ello generación de mano de obra”.

“Poco a poco nuestro país se ha posicionado como pionero en América Latina en la transformación hacia una economía circular, paradigma que nos propusimos potenciar cuando asumimos, junto a Omar Paganini, al frente del Ministerio de Industria”, acotó el jerarca.
Trajo a colación ejemplos de avances en esta materia, apuntando a profesionalizar el sector maderero, en el sentido del papel cumplido por la Red de Desarrollo Maderero (Redema), en Rivera, con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la calidad del empleo.
Del estudio a su vez en ese departamento de alta forestación ha surgido que un aspecto relevante para esta industria incluye la gestión logística de residuos y subproductos desde la perspectiva de la economía circular. En la búsqueda de alternativas se pone en marcha un proyecto en los departamentos de Rivera y Tacuarembó que cubre 34 aserraderos.
Según Verri, este proyecto “generará insumos fundamentales, como por ejemplo información de los volúmenes de residuos y sus características, tecnologías asociadas al procesamiento de residuos forestoindustriales, potenciales productos que se pueden producir a partir de los residuos de la forestoindustria, entre otros, a lo que se agregará evaluar la posibilidad de hacer un estudio de prefactibilidad de la instalación de una biorrefinería de pequeña escala”.

Precisamente, uno de los aspectos a tener en cuenta para intentar generar un nuevo escenario en esta industria surge de que la mayor parte de los productos ofrecidos por los aserraderos nacionales hoy son los que surgen de la transformación mecánica, los cuales presentan bajo valor agregado. “Pero a su vez en la transformación mecánica hay grandes oportunidades de desarrollo y de generación de empleo, mediante el agregado de valor a la materia prima a través de su transformación en productos conocidos como los productos de ingeniería de la madera”, aportó el subsecretario.

En este sentido figura entre los destinos posibles identificados la madera tratada térmicamente, la madera laminada cruzada, la madera microlaminada, los tableros de virutas, la madera laminada encolada y los paneles y contrachapados, aseguró el subsecretario de Industria.
Este es el camino que se debe seguir, el de generar propuestas e incentivos para potenciar el ciclo de valor agregado a la materia prima que se genera dentro de nuestro territorio, porque implica incorporar inversión, tecnología y empleos de calidad, además del reciclaje de insumos dentro de fronteras en el marco de una economía circular que recicla recursos que de otra forma se van del país.

Y una parte importante de la ecuación para promover inversiones de riesgo de este perfil es generar señales equívocas a estos capitales, como por ejemplo el incorporar medidas limitantes en la Ley de Desarrollo Forestal, porque como dijera en comisión el ministro Fernando Mattos, el dar señales negativas a una inversión como la forestal, que ya está instalada, genera un ambiente poco propicio, además del concepto de limitación productiva que hace retraer el aporte de los capitales que imperiosamente se necesitan para generar más empleo en el sector. → Leer más

Hace años que los uruguayos podemos informarnos sobre los casos de suicidios y su incremento. Y cada 17 de julio, en el marco del Día Nacional establecido en la Ley 18.907, la noticia se repite. En esta oportunidad, con el halo de la pandemia sobre la noticia, se dio a conocer que un joven se autoeliminó cada tres días y eso significa un aumento del 45 por ciento con respecto al 2019. La gran pregunta que deberíamos hacernos todos, y cada uno desde su lugar, es: ¿hasta cuándo?
Pero ese “hasta cuándo” debería ser más inquisidor que de costumbre. Y preguntarnos “hasta cuándo” seguiremos hablando del tema en números, a través de sendas conferencias de prensa que muestran estadísticas comparativas de un asunto de salud pública que ha atravesado a todas las administraciones.
Ya sabemos como comunidad, que Uruguay presenta altas cifras de suicidio. También es conocido por todos aquellos que quieren informarse, que los jóvenes son –principalmente– esa población de riesgo.

No es novedoso el perfil del suicida. Así como tampoco es una novedad que la media mundial de suicidio es de 10 cada 100.000 habitantes, cuando en Uruguay –desde hace algunos años– nos mantenemos exactamente en el doble. En 2020, fue 20,30 y en 2019, 20,55.

Desde hace años que analizamos las realidades complejas de cada ser humano y, en todo este tiempo, pedimos a las familias que permanezcan alertas. Sin avizorar que no todas las familias ni están alertas ni están fortalecidas como para sostener a uno de sus integrantes cuando ya no tiene fuerzas para vivir.
Es evidente que los dispositivos instalados a lo largo de los años no han sido adecuados; de lo contrario, hablaríamos de una mejora en las estadísticas. Y podríamos argumentar las razones del aislamiento en pandemia, así como las crisis económicas y sociales, pero nuestras cifras nos aseguran que, aún en mejores épocas, la realidad del suicidio era tan dura como ahora.

Entonces, ¿qué hacer con tantos datos? ¿Esperar al año próximo, cuando un nuevo 17 de julio nos convoque a hablar de este asunto? ¿O quedarnos con que el análisis no debiera ser circunstancial ni parcial porque estamos ante un problema multicausal?

Sí, claro. Tan multicausal como las cosas que nos pasan en la vida misma. Pero tampoco existen campañas que durante todo el año hablen del tema. Y si ahora estamos aún inmersos en una pandemia, con todos los recursos orientados a salvarnos de esta contingencia sanitaria, bien vale recordar que, en los tiempos anteriores, no era una prioridad en las campañas.

La necesidad de concientizar y educar a la población para que no naturalice o quite interés a conductas relacionadas a la salud mental, fundamentalmente en los más jóvenes, es más necesario hoy que nunca. Porque el suicidio es la primera causa de muerte en las personas de 15 a 24 años y porque con la muerte de un joven, quedan afectadas más de cien personas, según el Área Programática de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública.
Con las promoción por más de un año del distanciamiento físico y la necesidad de bajar la movilidad para evitar mayores contagios, la “otra pandemia” acechó como siempre lo hizo.

Ahora, necesariamente, el mensaje comunicacional deberá revertirse y enfocarse en el acercamiento, sin dejar de lado la prevención realizada hasta ahora. Y comenzar, más temprano que tarde, verdaderas campañas masivas que hablen del problema sin mitos ni pudores. Porque se suicidan más personas que las que mueren en los siniestros de tránsito.

Las nuevas tecnologías, plataformas y mundo virtual es un escenario para empezar a trabajar. Porque ese ambiente, justamente el más frecuentado por esa población de riesgo, está huérfano de campañas.

No se llegará a una persona que convive con un trastorno mental a través de campañas televisivas porque, probablemente, sea el último aparato que encienda en su casa. Tampoco será fácil que lo hable, porque su cabeza vive a mil. De hecho, en el mundo, hay 300 millones de experiencias similares que señalan las dificultades existentes para dialogar sobre su problema.

Porque existen juicios apresurados que no se hacen esperar, o subestimaciones sin conocer realidades personales o imposiciones de una sociedad moderna que siempre “exigirá” estar bien. Con ese mar de circunstancias, solo nos quedará la observación que va más allá de lo que alguien que está en problemas pueda contar.

Las redes sociales, en manos de comunidades hipercríticas e intolerantes, donde el insulto es un modo de vida, son un ejemplo claro de los tiempos que corremos. Y claramente se nota que en vez de ser la solución, son una parte más del problema. Así, será bastante más difícil la necesaria transformación en agentes de cambio. Porque la empatía es escasa y las agresiones, sin mirar edades ni géneros, se han vuelto una peligrosa costumbre.

Mientras tanto, seguiremos siendo un punto rojo en el mapa de la Organización Mundial de la Salud. Porque las estadísticas que corresponderán al 2021 también serán negativas y avizoran un incremento de los casos. Porque cuando pase la pandemia, si es que esto sucede, habrá que descorrer el velo para ver las heridas y secuelas que tendremos como sociedad. Es probable que veamos soledad, más familias destruidas, desempleo, desesperanza y una mayor cantidad de personas aguardando por una consulta.

Es tiempo de estar atentos y llegar antes, para evitar la causa de muerte violenta más frecuente del mundo. → Leer más

En los últimos días la localidad de Piedras Coloradas, el departamento de Paysandú y todo el país, se han visto conmocionados por el caso de una violación de una menor de 17 años. Como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo, la Justicia condenó a seis años de cárcel al entonces indagado como autor del aberrante y repudiable hecho. Como suele ocurrir en estos casos, la comunidad de Piedras Coloradas y los familiares de la víctima realizaron diversas movilizaciones pacíficas en solidaridad con ella y reclamando la condena del responsable del delito. Tales expresiones públicas pusieron de manifiesto el estado de ánimo de diversas personas al conocerse la violación y los detalles de un crimen tan deleznable desde todo punto de vista.

De acuerdo con el especialista chileno Francisco Leturia, la expresión “justicia paralela” o “justicia mediática” se refiere “a todas aquellas actuaciones realizadas al margen del proceso jurisdiccional y que en alguna medida se superponen a la misma, investigando, aportando pruebas y realizando juicios de inocencia o culpabilidad que no siempre coinciden, generando una situación compleja, que puede afectar a una serie de derechos. Ello deja en evidencia una amplia área sin regulación adecuada, donde entran en conflicto las principales libertades expresivas con la necesidad de protección del proceso y de los derechos de las partes y donde no hay claridad de cómo proceder”. Para este abogado, “al mismo tiempo que resulta y necesaria una amplia publicidad mediática sobre los asuntos de interés público –y tanto los hechos delictuales como los juicios lo son–, es necesario avanzar en la protección del proceso y de las personas muchas veces injusta o inadecuadamente aludidas. (…) Los bienes jurídicos afectados por las comunicaciones relativas a procesos judiciales pendientes son múltiples y ninguna lista podría agotarlos. Es claro que entre ellos estarán el derecho a un proceso debido y a un juicio justo, el derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar, y la presunción de inocencia, considerando este último como el derecho a no ser condenado y sancionado mediáticamente”.

Es importante tener en cuenta que, tal como lo expresa el doctrino mexicano Miguel Ángel Aguilar López, “en todo juicio el imputado se medirá contra el poder del Estado, ya que es el Estado mismo el órgano que sostiene la acusación frente a un ciudadano común y corriente. Este simple hecho ya pone en desventaja al procesado, frente al poderío que representa su contraparte. Es por eso que el ciudadano debe llegar al juicio arropado de una serie de derechos que sirva de contrapeso a ese poderío y que al mismo tiempo le permita una especie de coraza para poder competir con más o menos igualdad frente a la acusación. Y en este sentido es que la presunción de inocencia se erige como uno de los principales derechos que permiten al imputado arribar al juicio y que obliga al fiscal a probar su culpabilidad, sin que el propio procesado tenga la carga de acreditar su inocencia”.

En virtud de lo señalado, la “justicia mediática” constituye un claro ataque a diversos derechos que, en el caso de Uruguay, están consagrados en la Constitución Nacional así como en diversos tratados firmados por nuestro país e incluyen a modo de ejemplo, el derecho a la libertad, al honor y al debido proceso (“nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal”). Resulta más que evidente que tanto esos derechos como aquellos inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno y que se encuentran reconocidos por el artículo 72 de nuestra Carta Magna pueden ser claramente vulnerados por el accionar de las redes sociales o de la prensa que no cumpla debidamente con su tarea como agente vital en la construcción democrática de las diversas comunidades.

Como ha señalado Leturia, “todas las medidas que puedan plantearse deberán compatibilizar, en la mayor medida posible, la necesidad democrática de una comunidad en cuanto a disponer de información sobre el funcionamiento de los órganos del Estado y los asuntos de interés público, el ejercicio de las libertades expresivas e informativas y las garantías y necesidades propias de un juicio justo. En particular, es fundamental que los tribunales sean vistos como el lugar adecuado para resolver adecuadamente las controversias jurídicas dentro de la organización social, evitando cualquier incentivo a utilizar la prensa con este propósito”.

La actuación judicial en materia penal tiene a disposición una importante herramienta que le permite, cumplidos los requisitos legales establecidos a tales efectos, restringir la libertad ambulatoria del sospechoso y al mismo tiempo continuar una investigación que le otorgue más garantías: la prisión preventiva.

Según el abogado peruano Luis Pásara, “la imposición de la prisión preventiva (PP), como medida cautelar previa al juicio en el cual el procesado será condenado o absuelto, es un espacio importante para el ejercicio de la independencia judicial. Tanto el fiscal, que solicita o no la medida, como el juez que la dispone o no una vez formulada la solicitud, deben evaluar la condición del procesado y el grado en el cual se cumplen o no los supuestos o requisitos que la legislación dispone para aplicar la PP. Al efectuar esta evaluación, fiscal y juez deben proceder imparcialmente, esto es, en atención a las normas de derecho aplicables y a las circunstancias propias del procesado.

Para que esa imparcialidad sea posible, es necesario que cada fiscal y cada juez dispongan de independencia. La independencia suele caracterizarse en negativo, esto es, como ausencia de presiones o interferencias que estorben o impidan que el operador judicial proceda según su recto criterio. Pero en la noción de independencia también debe comprenderse, en positivo, por la presencia de factores como los mecanismos institucionales de respaldo, cuya existencia y funcionamiento resguarden a jueces y fiscales de las presiones que interfieren en su labor y favorezcan así que se conduzcan imparcialmente. Cuando tales respaldos están ausentes, el fiscal o el juez carecen de apoyos para conducirse con independencia y resultan desprotegidos respecto de las presiones que obstaculizan su trabajo”.

El dolor de las personas afectadas directa o indirectamente por crímenes tan aberrantes como el ocurrido en Piedras Coloradas siempre deberá ser respetado, junto con su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente en relación con la actuación de las autoridades judiciales, fruto del derecho de la libertad de expresión que ampara tal tipo de manifestaciones. Sin perjuicio de ello, en todos los caso debe tenerse especial cuidado en que las redes sociales y los medios de comunicación no se terminen constituyendo en una suerte de “justicia paralela” que presione a los jueces actuantes y que vulnere el derecho a la presunción de inocencia que todo indagado posee hasta que se demuestre lo contrario. → Leer más

La pandemia no está en su punto más alto, pero hay 717 personas cada 100.000 habitantes cursando la enfermedad. La ocupación de camas del CTI local es del 83% y sólo un 13% de la población está completamente vacunada (dos dosis más 14 días desde la última inoculación).
La vacunación avanza, pero los que tienen la primera dosis no alcanzan al 50% de la población, y apenas un 46,7% ha recibido la segunda dosis de alguna de las vacunas que se están aplicando.
La variante Delta tiene alta incidencia y la situación dista mucho de estar controlada. Oficialmente se informa que “si bien la mayoría de los departamentos están con el mismo número de casos o han bajado, el descenso ha sido muy poco en relación a lo que veníamos observando en semanas anteriores. Incluso en algunos departamentos ha aumentado el número de casos en relación a semanas anteriores”.
Mientras tanto la ciudad recibe el turismo “con todos los protocolos” y quiere abrirse aún más. Mientras, buena parte de la población parece haberse olvidado de la pandemia. Las termas este fin de semana tuvieron intensa actividad con turistas de todas las regiones, y se pide a gritos la apertura del puente internacional General Artigas, dado que se entiende que lo más grave ya pasó.
No. No estamos hablando de Paysandú. No siquiera de Uruguay, donde seguramente de encontrarnos en una situación tan difícil como esta, buena parte del espectro social y político estaría exigiendo la inmediata paralización del país, como ya ocurrió. Y por supuesto pedirían un juicio político a las autoridades por la responsabilidad del gobierno ante las muertes “evitables”, ante la desidia de permitir tanta movilidad y además no contar con un plan eficiente de vacunación. Menos aún aceptarían que el presidente justifique su incompetencia argumentando que una sola dosis de la vacuna es suficiente, aún cuando ni siquiera se alcanzó la meta psicológica del 50% de inoculados.
Quizás el lector a esta altura sabrá por dónde viene la cosa. Los datos se parecen más a algunos que se han visto en provincias argentinas, por lo cual podría pensarse que es algo lejano, a cientos o miles de kilómetros de Paysandú. Pero no, son los números que azotan del otro lado del río, a la ciudad de Colón, precisamente. Y no estamos hablando del departamento –cuyos números son aún más preocupantes— sino la ciudad misma. Son números proporcionados por el hospital San Benjamín de la ciudad vecina, que publica diariamente en su Facebook oficial.
Puede que para muchos saber que hay 142 casos activos en toda la ciudad no les resulte preocupante; al fin y al cabo no son tantos. Pero ocurre que la población es de sólo 23.200 habitantes, que hace que la relación cada 100.000 habitantes sea equivalente a 717 personas cursando la enfermedad.
Es cierto, Paysandú estuvo mucho peor que eso. Sin ir más lejos, el 8 de junio teníamos 1.680 casos activos cada 100.000 habitantes; dos veces y media más que la vecina orilla en este momento. Pero Colón también estuvo peor, y hoy se encuentra posicionado como estábamos de este lado el 1º de julio pasado, en pleno “rojo Harvard” si tomamos la referencia del índice de infección que se maneja oficialmente. Es que hace 17 días Paysandú contaba con 681 casos para una población departamental de 113.000 habitantes, equivalentes a los 140 casos activos de Colón en la actualidad.
¿Están tan mal entonces? La respuesta a esta pregunta es bastante fácil de contestar. ¿Cómo nos veíamos el 1º de julio pasado? Pues mal, muy mal, aunque ya se veía una mejora sustancial en la situación, y la tendencia en todo el país era a la reducción de casos. Algo que no ocurre en este momento en Entre Ríos, donde –como indicó el director general de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, el pasado martes 13– “en algunos departamentos ha aumentado el número de casos en relación a semanas anteriores, como es el caso de Victoria, Uruguay, Islas, Gualeguaychú, que se mantienen en una tasa muy alta y Feliciano, que se mantiene en la tasa que se venía registrando”.
El agravante para nuestros vecinos es que Colón es una ciudad turística, que recibe visitantes de toda la argentina y que se está abriendo, aún cuando los números continúan en rojo y la población en general está lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño debido a la baja cantidad de vacunados al 100%. Y, como además su economía se basa en el turismo, la presión social para volver a la normalidad o al menos a una normalidad “disfrazada” es muy fuerte.
Es algo completamente entendible; por un lado la curva de contagios ha mostrado una mejora, aunque lenta, pero que permite ver un futuro más aliviado. Y por el otro, hace ya mucho tiempo que la ciudad no recibe turistas, siendo que en cada temporada es uno de los puntos que congrega más visitantes por sus playas de río y servicios. Mientras tanto la inflación, que ronda el 50% anual, según datos oficiales, hace desaparecer lo poco que los empresarios y la gente puedan haber ahorrado para tiempos difíciles.
Entonces surge también la presión por habilitar el paso por el puente internacional General Artigas. Porque si bien es real que muchas familias quedaron separadas por el cierre de fronteras –quienes tienen doble residencia pueden cruzar por el puente San Martín o por Buquebus, con ciertos requisitos–, al grueso de la población eso no lo afecta tanto como el hecho de no contar con el “turismo” hormiga de los sanduceros.
Claramente se puede apreciar la diferencia en los reclamos cuando en 2007 un puñado de activistas cortó arbitrariamente el paso por el puente; en aquel momento la incidencia económica del “bagayo” y el “turismo” uruguayo era marginal en comparación con los ingresos por el verdadero turismo regional, por el que recibían decenas de miles de turistas en cada temporada así como una cantidad importante durante el resto del año. Y por lo tanto, la presión social colonense estaba bastante más del lado de los activistas que de la libre circulación.
Pero hoy lo que motiva el cierre es algo más serio que un capricho ideológico pseudoambientalista. Hoy estamos enfrentando una pandemia que aún no se ha podido combatir, y que nos obliga tomar decisiones dolorosas para todos.
Abrir las fronteras con Argentina significaría un movimiento de miles de personas diarias entre ambos países –no es solo entre Colón y Paysandú; muchos viajarían a otros destinos–, y en los hechos no se podría hacer un correcto seguimiento de ese tráfico, que sí se puede hacer cuando ocurre en menor escala a través de un aeropuerto o por barco.
Por lo tanto, es claro que aún no están dadas las condiciones para volver a la normalidad. Aunque eso no signifique que la situación pueda dar un vuelco en las próximas semanas, cuando finalmente la vacunación en el vecino país tenga un alcance mayor y se reduzcan sustancialmente los contagios, y ahí sí estaremos en condiciones de volver a encontrarnos, unidos como siempre por el puente General Artigas.
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Las consecuencias devastadoras de la pandemia a nivel global presentan heterogeneidad, pero con el común denominador de agregar a la problemática sanitaria un impacto contundente sobre la economía, tanto en las naciones desarrolladas como en el Tercer Mundo, solo que en los países con menos recursos no se ha contado con espalda financiera para subsidios y medidas destinadas a mantener cierta actividad y contener la caída a la espera de que se revierta la difusión del COVID- 9.

Las experiencias son variadas, con medidas como llevar adelante la cuarentena más larga del mundo, que intentó hacer en Argentina el gobierno de Alberto Fernández, sobre la base del eslogan de elegir entre “economía o muerte”, buscando trasladar la responsabilidad a los que pedían que se mantuviera cierta actividad. Para justificar su arriesgada decisión había dicho que prefería un 10 por ciento más de pobres que 100.000 muertos; y terminó superando las dos cifras. Ahora tiene una economía devastada y van más de 100.000 muertes, que no logró evitar.

Es decir, dos tazas para el que decía que no quería caldo, además de haber tenido el mal tino de rodearse solo de infectólogos, en lugar de integrar una especie de GACH como en el Uruguay, con académicos de varias especializaciones para encarar un enfoque integral del escenario. Y además, como era de esperarse en un gobierno kirchnerista, se cerró a la vacuna rusa Sputnik V por motivos políticos ideológicos, y tampoco le fue bien por ese lado. A esta altura sólo un 11% de la población argentina tiene las dos dosis necesarias, y el avance es lento. Por eso Fernández-K inventó un discurso único en el mundo, por el cual considera que no se necesitan dos dosis para alcanzar la inmunidad y con una sola es suficiente, cuando lo que ocurre es que no puede cumplirle a su pueblo.

En el caso de Uruguay, el gobierno ha optado por tratar de compatibilizar factores en contradicción, porque cierta apertura de la economía implica siempre riesgo de mayor transmisión y apelando a la denominada libertad responsable para que la población se hiciera cargo de las medidas preventivas recomendadas, se logró más o menos hacer que la economía no tuviera una caída tan drástica, lo que igualmente no evitó que se dieran las dos cosas, es decir miles de víctimas fatales y caída del PBI, pero a años luz de la catástrofe kirchnerista argentina.
En este más de año y medio de pandemia hubo sin dudas en todo el mundo un proceso de aprendizaje e incertidumbre que se mantiene, aunque en menores niveles que hace unos meses, y en todos lados se cometieron errores, precisamente porque epidemia y economía no son compatibles, con la salvedad de que naturalmente, desde el punto de vista sanitario, la medida efectiva por excelencia hubiera sido haber cerrado todo a cal y canto, para evitar la difusión del virus, aunque la consecuencia hubiera sido más pobreza y desempleo masivo y con graves repercusiones sociales.

El punto es que felizmente –crucemos los dedos– este debate va quedando atrás y hay un presente y un futuro que afrontar, para recuperar terreno perdido y aprender de los errores, tanto desde el punto de vista sanitario como de la economía.
La vacunación ya en grado muy avanzado ha incorporado un valor diferencial de carácter fundamental, por lo que ahora, en proceso de reversión del problema sanitario, las baterías deben apuntar en esta coyuntura a evitar una mayor caída en la economía y revertir gradualmente el proceso negativo, sin descuidar por supuesto la parte sanitaria, porque por varios años esta batalla no estará ganada ni mucho menos.
En nuestro país la economía en este último período ha tenido altas y bajas en comparación con 2019, el año previo a la pandemia, en el que ya sin embargo estábamos ante una tendencia decreciente de la economía, creciente desempleo y deterioro de las cuentas públicas, al punto de tener un déficit fiscal por encima del 5 por ciento del PBI.

Precisamente estos avatares están reflejados en el informe de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) recogido en el suplemento Economía y Mercado del diario El País, al abordar la evolución de la economía del Uruguay a partir de los últimos seis años. Indica que sin lugar a dudas el estancamiento en Uruguay comenzó en 2015 cuando nuestra economía cerró un ciclo de bonanza extraordinaria que se dio entre 2004 y 2014. En tanto desde 2015 hasta la mitad de 2019 se registró un estancamiento de la economía, para en la segunda mitad del año irrumpir la pandemia en el verano de 2020, dando lugar a una caída brusca del PBI. Se generó luego una recuperación y posterior caída, para volver a repuntar en el trimestre abril-junio, el último período con datos conocidos.
La caída de casos en este período es un muy buen escenario para consolidar esta tendencia, y de acuerdo a los economistas de Ceres todo indica que el PBI vuelve a crecer a tasas moderadas, empujadas por un sector agropecuario que encuentra buenas condiciones de exportación.
En este contexto, el Índice Líder de Ceres (ILC), que se utiliza como anticipador de tendencia de actividad, señala que luego de tres subas consecutivas en el segundo trimestre se superaron las dificultades de enero-marzo y se afirmó una tendencia alcista de la actividad económica.

Esta tendencia sin embargo no es homogénea, porque las señales más positivas vienen del agro, que se beneficia con un buen impuso de la demanda externa y de esta forma hace un muy buen aporte al crecimiento.
En el caso de la construcción, nos encontramos con que como consecuencia de la obra de UPM y el ferrocarril central, entre otros emprendimientos, la construcción también empuja a la recuperación de la actividad.
Incluso indica Ceres que la industria está algo por encima de los niveles prepandemia, aunque las horas trabajadas se incrementaron por debajo de la producción, lo que pone de relieve las dificultades del mercado de trabajo que eran ya manifiestas antes de la pandemia, en un sector complicado.

En el consumo interno, la reactivación sigue muy lenta, salvo algunas fechas puntuales de ventas en los comercios en determinados rubros, mientras paralelamente se está ante una caída del salario real, que alcanza a un 4,3 por ciento respecto a febrero de 2020.
Por otro lado se mantiene el bajo nivel de movilidad en el transporte, y también hubo un menor pasaje de vehículos por los peajes nacionales.
En el mercado de trabajo, hasta ahora, pese a que han mejorado los niveles respecto a los períodos más críticos de la pandemia, el escenario sigue complicado y hay una pérdida del orden de 42.000 puestos de trabajo respecto a febrero 2020, cuando ya la situación venía en decadencia.

Es decir que la recuperación se está dando con muchos tropiezos, como era de esperar y por encima de la coyuntura. Con rebotes más y menos, es indudable que de esta crisis se sale solo con mayor inversión para crear fuentes de trabajo y dinamizar la economía, como en todo tiempo, por encima de avatares y coyunturas.
Pero quizás el mayor desafío es visualizar cómo ha cambiado el mundo en estos dos años, porque nada será igual en tiempos pospandemia, y habrá que aprender y adaptarse a la nueva realidad para volver a insertarnos de la mejor forma. → Leer más

Esas parecen ser las tres razones fundamentales para que la pandemia haya aumentado el uso de las bicicletas, también en Uruguay.
En este sentido, cabe preguntarse si la nueva normalidad consolidará este nuevo escenario en cuanto a la movilidad de las personas en nuestras ciudades. Es una cuestión con varias aristas complejas ya que si bien en el transcurso de los últimos años es notoria una mayor adhesión de las personas al uso de bicicletas para el ocio y el ejercicio físico, su inclusión más firme como medio de transporte enfrenta a las administraciones públicas nacionales, departamentales y locales a considerar aspectos referidos a la infraestructura y la seguridad en la circulación vial. Y por qué no, también de recursos, porque las bicicletas no pagan patente.

Sabido es que desde que en sus algo más de 200 años de existencia desde que el barón alemán Karl von Drais inventó el primer prototipo –hecho de madera que pesaba casi 23 kg, sin pedales ni frenos al que inventores franceses décadas después agregaron una cadena a la llanta delantera–, la bicicleta ha evolucionado notoriamente y hoy se la propone como una forma de movilidad emergente.
Se trata de un medio de transporte ampliamente consolidado en países como China e India, así como en varios países europeos –especialmente los nórdicos, así como en los Países Bajos– pero que también viene posicionándose fuertemente en diferentes países del mundo y ciudades como Nueva York, Berlín, París, Bogotá, Lima, y Ciudad de México, han puesto en marcha vías emergentes en espacios que antes eran tránsito de vehículos motorizados.

El Banco Interamericano de Desarrollo viene promoviendo fuertemente esta visión con el fundamento de una movilidad más higiénica, que contribuye a la recuperación sostenible de la economía y apoya la transformación del transporte urbano hacia la descarbonización.
Aunque algunos países latinoamericanos están trabajando fuertemente en esto, lo cierto es que nuestras ciudades no se caracterizan por contar con una distribución eficiente ni equitativa del espacio público. Las calles de las principales urbes latinoamericanas siguen congestionadas y aún aquellas que intentan recuperar espacios para ciclistas y peatones tienen mucho por delante.
Un artículo reciente del BID plantea que la caída del tráfico vehicular producido por la pandemia debido a las restricciones a la circulación en algunos países, el teletrabajo, la cancelación de eventos sociales, entre otros aspectos, constituye un buen momento para reclamar espacios para ciclistas.
En este sentido, considera que en el contexto actual, “las aceras peatonales son insuficientes para mantener el distanciamiento físico mínimo de dos metros, al tiempo que existe mucho espacio en las calles por la baja en tránsito vehicular” y que “soluciones como la introducción de ciclovías emergentes, la expansión de senderos peatonales o calles de tránsito calmado y compartido, que ya se venían probando en ciudades anteriormente, se perfilan como algunas de las posibles medidas que varias ciudades pueden implementar rápidamente y con beneficios”.

Agrega que en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, las tiendas de bicicletas reportaron un aumento en sus ventas de hasta 700%, comparado al año anterior. En el marco de la pandemia, en 2020, en París, el sistema de bicicleta pública afirmó que en la segunda semana de mayo se hicieron más de 400.000 viajes, casi 120.000 de ellos en un solo día. En Londres, los viajes en bicicletas eléctricas se duplicaron en menos de tres semanas. Al otro lado del mundo, los viajes de las bicicletas públicas en Nueva York incrementaron casi 70% comparado con el 2019. Y eso que la Gran Manzana no es precisamente “amigable” con ese medio de transporte.
En Montevideo, donde reside la mayor cantidad de población usuaria de ómnibus, la pérdida de boletos fue histórica, aproximándose a la mitad de pasajeros, según lo informado oportunamente por la Intendencia de Montevideo. El comparativo más cercano a esto en materia de números fue la crisis de 2002, cuando el transporte urbano de Montevideo perdió el 10% de los boletos.
A su vez, en todo Uruguay la pandemia ocasionó un boom de consumo y uso de bicicletas, que favoreció al sector de fabricación y venta de las mismas. “Han colapsado las fábricas, y la cadena de producción anterior a la fábrica”, informó la revista Galería en un artículo sobre el tema, que también señala la existencia de demoras en las entregas hacia mercados pequeños como el uruguayo.

En sintonía con estos datos, una medición realizada en 2020 por la Intendencia de Montevideo sobre circulación en la principal vía de la capital uruguaya, confirma la tendencia ya que la participación de la bicicleta entre todos los medios de transporte y las personas que se desplazan por 18 de Julio, aumentó de 4% a 8%.
A simple vista puede decirse que la bicicleta es un medio de transporte y de recreación muy utilizado también en Paysandú: diariamente cientos de personas las utilizan para trasladarse de un lugar a otro en el marco de sus actividades habituales mientras que pareciera ir en aumento la cantidad de sanduceros que usan bicicletas en espacios públicos con la finalidad de ejercitarse y cuidar su salud.

No obstante, nuestra ciudad cuenta con escasa –sino nula– infraestructura para bicicletas. Mientras tanto, de parte de la Intendencia no hay una política de promoción de este medio de transporte. No existen bicisendas o ciclovías en el centro o las principales avenidas –como las existentes en otras ciudades del Uruguay– ni infraestructura suficiente y adecuada para su estacionamiento.
Por otra parte, durante todo el año puede notarse un flujo consistente –con picos de días y horarios– de ciclistas en algunas zonas de la ciudad y alrededores. En particular, es claro que esto ocurre en el entorno de la ruta 90, donde numerosas personas transitan en bicicleta. La ciclovía allí existente, por su escasa longitud, es utilizada para caminar pero muy poco por los ciclistas adultos que suelen pedalear varios kilómetros más hacia el Este.
En la ciudad, la ausencia de bicisendas hace que trasladarse en bicicleta requiera todavía cierto grado de audacia, valentía –o necesidad– y conlleva todavía un grado de riesgo mayor que otros medios de transporte debido a la inseguridad.

Si la bicicleta se afirma para quedarse como medio de transporte cotidiano, ya sea por motivos de salud, ahorro u ocio en el marco de la nueva normalidad, es deseable y necesario que las administraciones de gobierno que definen presupuestos y obras destinen recursos para integrarla como un medio de transporte seguro.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó esta semana una declaración en la que se expresa acerca de los “refuerzos” en las vacunas contra la COVID-19. Según la organización “no son necesarias dosis de refuerzo para la población vacunada” contra la COVID-19 y expresó un pedido “a las farmacéuticas y los gobiernos”, para que prioricen inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo.

El director general, Tedros Gebreyesus, dijo al respecto que “La brecha mundial en el suministro de la vacuna contra el COVID-19 es enormemente desigual. Algunos países y regiones están pidiendo millones de dosis de refuerzo, antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores sanitarios y a los más vulnerables”.

Según la declaración son hasta ahora cuatro los países que han anunciado oficialmente programas de refuerzo, “y la OMS calcula que si 11 países ricos o de ingresos medios dan una tercera dosis a su población, harían falta 800 millones de vacunas adicionales”.

La científica jefa de la Organización, Soumya Swaminathan, agregó que “en este momento, no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos visto aumento de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones. Puede que tras dos o tres años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de seis meses”. Agregó que “es una decisión que hay que basar en la ciencia, no porque una compañía declare que hay que dar refuerzo de su vacuna”. Claro, tampoco es una decisión que deba quedar en manos exclusivamente de uno o más gobiernos, es decir, sin que se considere la opinión de la academia. En este sentido cabe revalorizar el instrumento que nuestro país, y el gobierno de nuestro país, tuvo a disposición a través del Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, al que tan certeramente se reconoció su labor recientemente.

En un artículo publicado en su blog dentro de la página de las Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la directora del Grupo de Salud, Mandeep Dhaliwal, explicó que los análisis que manejan indican que durante este año se producirán en el mundo suficientes dosis de vacunas contra la COVID-19 para alcanzar a inmunizar a un 70% de la población de todos los países. Eso si se distribuyeran equitativamente, por supuesto.

Claro que ello no está ocurriendo, dado que los países con economías más fortalecidas ya han reservado para sí gran parte de esas dosis (las existentes y las por existir). Eso, sumado a las restricciones a la exportación de dosis que otros están considerando, es probable que provoque muchos países de ingresos medianos y bajos no logren vacunar por completo a sus poblaciones antes de 2023.

El mensaje es que el mundo necesita vacunar a más personas, más rápidamente (los expertos señalan que al ritmo de vacunación actual, de alrededor de 6,7 millones de dosis por día, llevaría 4,6 años inocular a entre un 70% y un 85% de la población), y priorizar a quienes no han recibido ninguna dosis ante quienes ya cuentan con la cobertura prevista inicialmente.

Curiosamente el mundo contó con un instrumento que nació con este propósito de hacer lo más equitativa posible la distribución y el acceso, tanto a las vacunas como a otros insumos necesarios para hacer frente a la pandemia, solo que algunos países, algunos gobiernos, decidieron simplemente ignorarlos y someterse voluntariamente a las condiciones impuestas por las empresas farmacéuticas. Lejos del orden deseado la lucha por el acceso a las vacunas se volvió un sálvese quien pueda. Y ahora parece que, con la pandemia ya controlada en muchos de estos países que se compraron un puesto más adelante en la fila, en vez de encaminarnos a enmendar ese error y tratar de ayudar al resto del mundo a acceder a las vacunas, se viene una nueva carrera por las dosis de refuerzo, que ni siquiera está comprobado que sean necesarias.

El fracaso del Covax, como se llamaba este mecanismo multilateral de acceso a las vacunas, será la gran mancha con la que el mundo saldrá de esta pandemia
Tedros Gebreyesus insistió en el llamado a fabricantes y países a trabajar juntos para donar 10 millones de dosis al Covax a fin de que los países de ingresos medios y bajos que todavía esperan recibir los primeros envíos de vacunas puedan comenzar a inocular al menos a sus trabajadores de la salud, “que corren mayores riesgos, y a las personas mayores”. La organización también pidió a los fabricantes de vacunas “que concedan sus tecnologías en licencia a otros fabricantes para acelerar el proceso”. Cosa que, ni se diga, no ha acontecido.

Es claro que la pandemia no ha sacado lo mejor de la humanidad, ni ha supuesto una oportunidad para un nuevo comienzo para el planeta. Más bien todo lo contrario.

El mundo no es un lugar mejor, tal vez por ello es que vemos hoy cómo los millonarios más multimillonarios están preocupados por irse al espacio. → Leer más