En estos días nos han llegado las noticias desde Perú y Ecuador sobre las respectivas crisis que vuelven a colocar a la región en la arena movediza de la inestabilidad política, económica y social. A estas graves situaciones, que tienen en vilo a sus poblaciones y a la comunidad latinoamericana, se suma el caso del desastre de la Venezuela de Nicolás Maduro y también lo que sucede en Argentina, con la alta probabilidad de que vuelva a ser gobernada por los kirchneristas, corruptos por antonomasia.
Por un lado, no sorprende que surjan estos dramas en naciones con larga tradición de inestabilidad y crisis, de políticos corruptos, de grandes diferencias sociales, de mucha pobreza y postergación. Pero por otro, cualquiera hubiera querido pensar que países como Perú y Ecuador ya habían dejado de lado al menos algunas costumbres y que iban avanzando hacia otro estadio de mayor tranquilidad. Pero así parece ser América Latina. Un lugar lleno de contrastes donde la paz y la seguridad no tienen un lugar de privilegio.
¿Qué pasó en Perú? A principios de mes el choque entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso, de mayoría opositora, terminó por llevar al país a una profunda crisis política. El bloqueo del Parlamento llevó al mandatario a disolverlo y a convocar nuevas elecciones legislativas. Lo hizo invocando un mecanismo previsto por el artículo 134 de la Constitución, que se puede activar cuando la Cámara rechaza considerar dos proyectos de ley del gobierno. Las tres Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se alinearon con Vizcarra mientras la bancada fujimorista y sus aliados de la derecha votaron suspender al presidente.
La decisión de Vizcarra buscaba, en la sustancia, una salida a los intentos de la oposición de elegir más magistrados afines del Tribunal Constitucional y controlar dicha instancia. Se produjo, además, después de meses de bloqueo de facto del poder legislativo. Sin embargo, las fuerzas opositoras no acatan el cierre del Congreso y llegaron a calificar la medida de “golpe de Estado”, en palabras del presidente del Congreso, Pedro Olaechea.
La urgencia de las bancadas de opositoras de asegurarse la mayoría de votos en el Constitucional se debe a que sus principales líderes son investigados por dos grandes casos de corrupción. El primero, vinculado a pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, por fondos de campaña y sobornos. Y el segundo, relacionado con una trama ilegal que operaba en el sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto.
Keiko Fujimori, la líder de la oposición, está en prisión preventiva desde octubre de 2018 mientras es investigada por lavado de dinero como consecuencia de los sobornos de Odebrecht a su campaña electoral de 2016. La defensa de Fujimori espera una decisión del Constitucional para anular dicha prisión preventiva, pero también la oposición prevé acudir a ese tribunal para sortear las investigaciones fiscales y seguir haciendo política.
La sombra del padre de Keiko, Alberto Fujimori –expresidente que dio un autogolpe en 1992, acusado de fraude y de toma ilegal de las instituciones, además de modificar la Constitución para la reelección–, continúa en el aire pese a que sigue entre rejas.
Y en Ecuador, ¿qué sucede? Ecuador está pasando por una grave crisis política y económica. El gobierno declaró el estado de excepción en todo el país en respuesta a las protestas callejeras por la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Esta semana fue suspendida la producción de tres pozos petroleros en medio de manifestaciones que se oponen al plan de ajuste económico anunciado por el presidente Lenín Moreno que, entre otras medidas, puso fin a 40 años de ayudas financieras para mantener bajos los precios de las naftas y el diesel.
Con carreteras bloqueadas en 17 de las 24 provincias, el país ha comenzado a ver los primeros efectos económicos de la crisis política: desabastecimiento de nafta en algunas zonas del país, escasez de productos en mercados callejeros, especulación en el precio de alimentos y fletes, además de un aumento del precio del pasaje del transporte urbano en algunos municipios.
“El último capítulo del plan de ajuste, conocido entre los ecuatorianos como ‘el paquetazo’, forma parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por 4.209 millones de dólares a cambio de reducir el déficit fiscal. La fórmula es recortar el gasto público y aumentar la recaudación”, explicó la BBC en un análisis.
El caso ecuatoriano tiene un componente más económico respecto al peruano, pero coinciden en algunos puntos: como en la fragilidad institucional y en los problemas estructurales que aún padecen. Un ajuste de éstos, en un país con mayor estabilidad, supondría protestas y movilizaciones, pero no del grado que existen en Quito con la llegada de miles de indígenas que han copado la capital y con el toque de queda decretado por el gobierno.
En Uruguay creemos, por distintas razones, que estamos curados de estas situaciones. De todos modos, siempre es bueno tomar nota y observar al vecino. El barrio está alborotado y no da igual. → Leer más
