Mes: octubre 2020

Este martes, Estados Unidos conocerá quién gobernará el país a partir del 20 de enero del año próximo. Si continúa al frente de la Presidencia el inefable Donald Trump o, en su defecto, se da la alternancia y asume el demócrata Joseph Biden, un tipo con escaso carisma y que no ha logrado sacar todo el rédito del rechazo que genera su contrincante. Por ahora, el exvicepresidente de Barack Obama se mantiene a la cabeza aunque no todo está dicho.
Como ciudadanos de este lado del mundo, como parte de América Latina, solemos observar lo que sucede allá en el norte. Siempre, más allá de la importancia que le brinda el gobierno estadounidense de turno a la región –que antes la tildaba de patio trasero–, nos mostramos interesados en quién tomará las riendas de la Casa Blanca. No es para menos. La potencia mundial atrae la atención de todas las formas posibles.
De cualquier modo, Latinoamérica no figura en la agenda de Washington, una tendencia histórica, también influida por la oposición a todo lo estadounidense en gran parte de la población latinoamericana. Salvo por temas puntuales, a Estados Unidos tanto le da nuestra región. ¿Qué podemos esperar entonces luego de las elecciones?
Trump, del Partido Republicano, visitó solo una vez América Latina, la vez que viajó a Buenos Aires para asistir a la cumbre del G-20 en 2018. Obama –que, hay que decirlo, tenía políticas migratorias rigurosas–, se trasladó hasta 15 veces a distintos países latinoamericanos, incluido Cuba. Hasta George W. Bush, un republicano, supo subirse al avión para ir más hacia el sur del continente. Lo hizo en 18 ocasiones.
Evidentemente, “esto es una muestra del poco interés de la presidencia de Donald Trump por la región”, como afirmó Roberto Russell, académico de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, a Deutsche Welle (DW) en español. Es que en relaciones internacionales, la agenda de Trump hacia América Latina ha estado centrada en la seguridad, con temas como migraciones y narcotráfico, los que han alcanzado dimensiones de política interna para Estados Unidos. Lo que siempre ha estado muy claro desde el inicio de la Presidencia. En los debates electorales, el tema América Latina brilló por su ausencia.
¿Qué puede esperar América Latina tras las próximas elecciones presidenciales estadounidenses? “Si gana Trump va a seguir todo igual, con una política coercitiva, como en el caso de México con los aranceles, y dura hacia Cuba, y una menor relevancia relativa de toda América del Sur, lo que es una constante de la política de Estados Unidos, salvo en situaciones específicas que afecten sus intereses”, según Russell.
“Con Joe Biden podemos pensar en un cambio en el enfoque. Él ha hablado de ayudar económicamente a los países latinoamericanos e idear planes conjuntos de desarrollo para evitar las migraciones masivas. Estuvo muy involucrado en esta temática cuando fue vicepresidente. También tratará de tener una relación más flexible con Cuba, siguiendo los lineamientos que estableció Barack Obama”, agrega este analista.
A su vez, Latinoamérica está cobrando interés para Estados Unidos debido a la competencia estratégica global con China, que tiene un componente geopolítico muy importante en esta región que ha sido hegemonía de Estados Unidos durante muchas décadas.
Los países gobernados por la izquierda, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son blanco de la retórica incendiaria del gobierno Trump y de sanciones intensificadas, esperan sinceramente que el presidente republicano fracase en su intento de reelección, aunque solo sea porque perciben que su oponente demócrata Joe Biden puede ofrecer la perspectiva de una menor hostilidad e incluso posibles negociaciones, asevera un certero análisis de la BBC.
En cambio, algunos líderes latinoamericanos, como el presidente de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, y el colombiano Iván Duque, han forjado relaciones amistosas con Trump e incluso expresaron su apoyo abierto a su reelección.
No obstante, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se han mostrado cautelosos, manteniéndose al margen de la polarizada contienda electoral para no dañar años de apoyo estadounidense (con ambos partidos en el poder) a sus economías y fuerzas de seguridad, añade el reporte de la BBC.
Lo que está muy claro en esto, es que gane quien gane, América Latina seguirá siendo secundaria para los intereses de Estados Unidos, más allá del apoyo que busque Washington para sus políticas a nivel global. En especial, con la relación problemática con China.
Sí, desde este lado, no hay que hacer el tonto y soslayar el soporte estadounidense solo porque éste no mira con cariño a la región. Hay que acercarse lo mayor posible, sea quien sea el dueño del salón oval de la Casa Blanca, y procurar los acuerdos comerciales que sean más convenientes.
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La reciente reglamentación por el Poder Ejecutivo para la instalación de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de 15 integrantes que elaborará un diagnóstico y hará un planteo de reforma jubilatoria, es el puntapié inicial de un período de recopilación de datos y análisis con vistas a producir un proyecto –no vinculante– para abordar una problemática que requiere respuestas profundas y una actualización no solo al presente, sino sobre todo de cara al futuro.
Aunque en este año de pandemia la atención está centrada en la problemática relacionada con la COVID-19, tanto desde el punto de vista sanitario como de sus consecuencias socioeconómicas durante la coyuntura y su proyección en el futuro inmediato, igualmente es fundamental poner en el tapete y procurar avances en determinados temas importantes de mediano y largo plazo, pese a las urgencias de la hora.
Entre los importantes figura la seguridad social y más precisamente la reforma que seguramente deberá darse el Uruguay, con una base amplia y participativa, ante la diversidad de elementos e intereses en juego, desde que desde hace ya varios años se conjugan factores que en algún momento harán crujir el sistema desde el punto de vista estructural y no solo coyuntural.
En el decreto reglamentario a que nos referimos se establece que la comisión se relacionará con “los ministerios competentes, el Banco de Previsión Social (BPS), los demás servicios estatales de previsión social, las tres personas públicas no estatales de seguridad social y cualquier otro organismo que estime pertinente, en forma directa”.
Asimismo, “la información requerida” por la comisión “tendrá adecuada prioridad, debiendo brindarse con la máxima diligencia toda aquella que se solicitare, salvo las limitaciones que imponga la normativa vigente”.
A su vez, respecto a las decisiones de la comisión, éstas se adoptarán prioritariamente por consenso o por una mayoría de nueve votos conforme a lo establecido en la Ley de Urgente Consideración, y de no lograrse, hacerlo por mayoría.
Entre los 15 integrantes de la comisión figuran técnicos de diversas áreas, entre los cuales tres abogados: Rodolfo Saldain (expresidente del BPS, especializado en derecho del trabajo y seguridad social, representando al Partido Nacional), Nelson Loustanau (exministro y subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, representante del Frente Amplio) y Renán Rodríguez (quien también es escribano, participó en la redacción de la reforma previsional de 1996, exsubsecretario de Trabajo y Seguridad Social y exministro de la Corte Electoral).
En la comisión de expertos figuran asimismo ocho economistas, dos contadores y un escribano, los que deberán conciliar elementos técnicos y también políticos, por cuanto las respuestas en esta problemática no se limitan solo a números ni a cuadro normativo, sino asimismo a compatibilizar la teoría con la realidad socioeconómica y visiones a veces muy distantes entre sí.
De esta forma, con el decreto habilitante, en los próximos meses ya nuestro país comenzará a transitar por este proceso de reforma mediante el trabajo de un equipo que será el encargado de elaborar primero un diagnóstico de la situación, para luego evaluar y recomendar posibles respuestas ante un gran desafío para el que difícilmente se puedan diseñar soluciones definitivas, sino más que nada esquemas que necesitarán ajustes con el paso del tiempo y los nuevos escenarios que los precipiten.
El presidente de la comisión de expertos, Dr. Rodolfo Saldain, tuvo participación en el grupo que estudió y redactó la reforma de la seguridad social que se aprobó en 1996 y que está vigente, con algunas correcciones. Fue presidente del Banco de Previsión Social (BPS) entre 1990 y 1993, director del organismo el período previo y consultor internacional sobre temas previsionales. Según ha expresado, “hay suficientes debilidades como para justificar un examen global”, a la vez que ya “hay situaciones que no son sostenibles” respecto a las cajas paraestatales. Además, es partidario de hacer modificaciones tanto en el tramo jubilatorio que administra el BPS como en el que gestionan las AFAP.
En una primera aproximación al tema, Saldain ha evaluado que hoy hay un nivel de conocimiento acumulado y masa crítica “bastante mayor que el que había en 1995. Es bastante más fácil hablar de este tema, en 1995 la academia tenía mínima participación y hoy hay sectores académicos, organizaciones no gubernamentales, que han venido trabajando estos temas. Hay un conjunto también de expertos que en aquel momento era bastante más limitado. Eso es una diferencia importante”.
A su juicio la reforma previsional de 1996 “intentó preparar” al sistema para esta nueva realidad demográfica, que implica la nueva forma de pirámide de edades con una base bastante más angosta y una cúspide cada vez más ancha de envejecimiento de la población, aspecto que precisamente es el nudo gordiano que promueve que haya necesidad de reajustar el esquema previsional.
Adelantó que “hoy el sistema mixto tiene menores detractores que en el pasado, hay muy pocas personas en el Uruguay que sean capaces de sostener que todo el sistema deba reposar en las finanzas públicas, en el BPS. Podremos discutir cuál es la mejor forma de diseñarlo, probablemente hoy no sea la forma que tiene el actual sistema mixto dividiendo el salario por niveles, que por encima de un nivel es obligatorio y por debajo voluntario. En lo personal ya hoy pienso que no es lo mejor ese sistema sino ir a un sistema más de tipo de corte longitudinal donde se aporte al sistema de reparto por ejemplo el 8% o 7,5% del 15% del aporte personal, y que el otro tanto que se aporte a un sistema de ahorro individual. Es probable que tampoco sea (la ideal) la forma en que se diseñó el segundo pilar y haya oportunidades de mejoras”.
Con la experiencia del período previo a la reforma y los problemas detectados durante su vigencia, se debería delinear el nuevo sistema aterrizando la teoría en la porfiada realidad, sin voluntarismos que son pan para hoy y hambre para mañana. Hasta 1996 había únicamente un BPS que tenía un esquema de reparto solidario intergeneracional en el que no se alentaba el aporte individual ni tampoco estar en la legalidad, y por lo tanto el sistema se iba desfinanciando y se requería cada vez más recursos desde Rentas Generales, a la vez de haberse otorgado generosamente pasividades sin los aportes correspondientes, por notorio manejo político-electoral del sistema previsional.
El escenario actual no es el ideal ni mucho menos, con exigencias financieras al sistema que han crecido sobre todo por efectos de la mayor expectativa de vida como de una menor relación activo-pasivo, que implica que los aportes se estrechen ante los requerimientos de las prestaciones, y que el sistema se resienta cuando se entra en un período de decaimiento de la actividad y los aportes, con creciente desfasaje entre lo que ingresa y las exigencias en erogaciones.
Una comisión de estas características es un ámbito fundamental para que el sistema político responda con madurez y amplitud mental para establecer los correctivos que se necesitan, con aportes plurales para ponderar y tratar de coincidir en fórmulas que permitan llegar a la mayor base de apoyo posible, sin recaer en posturas populistas y demagógicas de seguir pateando la pelota para adelante para que otros se hagan cargo, llegado el momento, de adoptar decisiones traumáticas por no hacer las cosas bien para tratar de evitar los costos políticos. → Leer más