A la vez que integrantes de la División de Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE) de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), dieran a conocer que en el año lectivo 2023 se confirmó nuevamente la tendencia de descenso de la tasa de repetición –1% el año pasado– los datos expuestos también indican que persiste la sistemática pérdida de alumnado tanto en el sector público como privado, como consecuencia de una caída en el número de nacimientos en el país.
No es una noticia para nada alentadora, y forma parte de la realidad demográfica del Uruguay, que es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
Considerando solamente los índices de natalidad y mortalidad, según un estudio del Banco de Previsión Social, nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 –cuando tampoco estábamos entre los de mayor índice– a 1,3 nacidos para 2023. En el año 2023 se registró un total de 31.381 nacimientos, representando un total de 920 nacimientos menos que en el año 2022.
Las conclusiones del estudio confirmaron que Uruguay enfrenta un problema debido a la reducción en la cantidad de nacimientos. Un fenómeno “esperado a la luz de la evolución demográfica regional, y en el largo plazo de la evolución demográfica mundial”. Así, “a la luz de esta tendencia y, de no mediar reversión de la misma o procesos inmigratorios importantes, la población del Uruguay seguirá una tendencia decreciente hacia el futuro”.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los nacimientos cayeron desde 46.712 en 2011 a 32.301 en 2023, con una diferencia de 14.411 bebés menos que nacieron en ese período. Por otra parte, las defunciones tuvieron un incremento pasando de 32.724 en 2011 a 39.322 en 2022, unas 6.598 muertes más en 11 años.
Del otro lado, la población de más de 65 años se duplicó en los últimos 60 años, al pasar de 8% en 1963 al 16% en 2023. También hubo un aumento en la cantidad de personas que tienen más de 100 años, desde 440 en 2004 a 517 en 2011 y llegando a 822 en 2023.
Otros datos en este comparativo indican que en 1950 el 8,2 por ciento de la población era mayor de 64 años, en 2010, era el 13,60 por ciento y en 2023 el 16 por ciento del total de uruguayos. Incluso para 2050, las previsiones son que por cada cien menores de 15 años habrá casi 119 adultos mayores de 64 años, por lo que en términos absolutos la población de adultos mayores habrá crecido unas cuatro veces de lo que crecieron los menores.
Por supuesto, estas cifras tienen sus aspectos positivos y negativos, según el ángulo desde el que se mire, por cuanto un menor número de nacimientos y la mayor expectativa de vida significa inequívocamente que estamos ante un envejecimiento de la población que implica un enorme desafío para un país de las características del Uruguay, puesto que, contrariamente a lo que ocurre por ejemplo en los países desarrollados, se llega con disponibilidad de recursos muy menguados y coberturas que dejan que desear en diversas áreas relacionadas sobre todo con la seguridad social, con la productividad y con los requerimientos de recursos humanos y materiales.
Esto no un tema nuevo, sino que refiere a una problemática que desde hace mucho tiempo debería estar recurrentemente en la mesa de trabajo, pero que a menudo se soslaya por los actores políticos, desde que no da réditos electorales, sino que de una u otra forma implica costos políticos por eventuales medidas antipáticas que se procura diluir en el tiempo.
Pero por más que se da vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando en lo que refiere al apoyo para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
Un paso en este sentido se ha dado con la aprobación de la última reforma de la seguridad social, la que procura derogar el Pit Cnt, a través de un plebiscito, el que de aprobarse no solo no dejará las cosas como estaban, sino que agravaría sustancialmente el escenario en este tema.
Mientras, el BPS ya tiene un déficit del orden de cientos de millones de dólares anuales y sus propios informes técnicos indican que se estaba incrementando hasta ser insostenible en los próximos años.
Es que con una relación activo – pasivo que dista de ser la ideal y con este ritmo de envejecimiento poblacional, los esquemas diseñados para otra relación entre las franjas etarias y las consecuentes necesidades del sistema, no estaban dando respuestas en cuanto a la sostenibilidad del sistema.
No hay dudas de que las exigencias que en algunas décadas tendrá el Banco de Previsión Social para estar en condiciones de seguir pagando prestaciones sin mayores sobresaltos, conlleva desafíos de gran magnitud para el Uruguay. El centro son los recursos financieros, pero en términos de seguridad social, de servicios, de calidad de vida, habrá demandas adicionales que deben evaluarse desde ya.
El punto es que los datos indican que en Uruguay las tasas de mortalidad descienden y aumenta la esperanza de vida, lo que responde a una tendencia mundial, además de una baja natalidad, aunque con la salvedad de que mientras en los países emergentes y del tercer mundo hay una alta tasa de natalidad, no ocurre lo mismo en el mundo desarrollado y tampoco en Uruguay, que tiene por un lado dos aspectos críticos: economía pequeña y las exigencias inherentes al aumento de la expectativa de vida, que requieren servicios más caros y demandantes.
Tenemos pues que el envejecimiento poblacional por el que atraviesa Uruguay es el resultado de una evolución muy positiva en la sociedad, pero al mismo tiempo genera desafíos políticos, fiscales y económicos que deben ser atendidos.
La reforma aprobada, según opinan los especialistas, si bien no es la solución definitiva, es un enfoque realista que permitirá dar aire al sistema previsional en el futuro más o menos inmediato, pero que seguramente demandará otros correctivos más temprano que tarde, para hacerlo sostenible. Claro que en las antípodas de la “reforma” que propone el Pit Cnt, que no solo no es sostenible, sino suicida para el país, tal como han señalado técnicos de todos los partidos, incluso por el economista Gabriel Oddone, quien se menciona como posible ministro de Economía y Finanzas en un gobierno del Frente Amplio, lo que da una idea de la irracionalidad de la propuesta sobre la que deberá expedirse la ciudadanía en el acto electoral.
