La Ley de Urgente Consideración (LUC) creó el Instituto Nacional del Bienestar Animal (INBA), el cual consta de un Consejo Directivo rector que está conformado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que lo preside; el Ministerio de Salud Pública (Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis); el Ministerio del Interior; el Congreso de Intendentes; la Facultad de Veterinaria; la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay; las agremiaciones de productores rurales; y las protectoras de animales, todos con un representante cada uno.
Es importante tener en cuenta que, a modo de ejemplo, la legislación vigente atribuye responsabilidades a quienes tengan animales a su cargo, sean o no sus propietarios: a) mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, dándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie, b) no abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, c) cumplir con las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos, d) cumplir las normas de identificación y castraciones según el Programa Nacional de Control Reproductivo, e) tratarlo de forma adecuada a su especie o raza, f) permitir el acceso de la autoridad competente a los efectos del control de la tenencia del animal y de su estado, g) reparar los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, h) permitir el control del estado del animal, condiciones y lugar de la tenencia por parte del Instituto Nacional de Bienestar Animal, i) revenir que el animal cause perjuicio o deterioro al medio ambiente, j) impedir su permanencia en la vía pública sin supervisión directa y k) recoger la materia fecal en la vía pública. Si bien en la letra se trata de una norma basada en un mundo ideal, la misma ha tenido varias complicaciones para su aplicación práctica, generando controversia y polémica en un tema que debería generar unanimidades o al menos acuerdos mayoritarios, ya que se trata de un tema sensible tanto en el caso de los animales de producción como en los de compañía.
En el mes de marzo del presente año el diputado sanducero por el Partido Colorado, Juan Carlos Moreno expresaba, en una nota publicada por nuestro diario reconocía que “El INBA no funciona bien, no cumple los cometidos por los cuales fue creado”. El legislador colorado había manifestado que “No estamos de acuerdo con el funcionamiento del INBA, pero falta compromiso de las intendencias y municipios”. En esa ocasión y tal como surge de una nota publicada por nuestro diario, el representante aseveró que “la institución necesita otras herramientas legales y el compromiso territorial. Si los intendentes, las intendencias y los municipios no ayudan a minimizar esta situación de nada sirve lo que se hace”. El INBA renueva los convenios con las intendencias para efectuar hasta 6.000 castraciones anuales. “Ninguna intendencia ha cumplido con las castraciones y chipeo como corresponde. Necesitamos que pongan de sí, para la solución. Tampoco es un problema que no se pueda resolver. Es cuestión de actitud y estar arriba. Capaz hay que sacar a alguno detrás de los escritorios muy cómodos para que le den una solución al problema. Porque las normas están muy claras. Quienes son responsables tienen que cumplirlas y eso no se está haciendo”.
De acuerdo con Moreno, “las sanciones deben ser para el responsable del caballo que queda suelto. Pero, lamentablemente, quienes son responsables institucionalmente no lo hacen”.
Refiriéndose a otro aspecto del INBA, Moreno señaló a nuestro diario que “el problema son los perros sueltos y las jaurías. Ahí hay que plantear las responsabilidades y ya está claro dónde hay que atacar. Lo que pasa es que antes no se había hecho nada. El INBA quiere avanzar pero creo que tiene que cambiar su criterio y considerar de la misma forma tanto a los animales de compañía como a los de producción”. Explicó que “el INBA departamental es el director departamental del Ministerio de Ganadería y tiene las herramientas para brindar la primera ayuda. Porque, lamentablemente, el resto no está. No tenemos un albergue. No tenemos una Intendencia que quiera hacerse cargo. O un municipio, como el de Río Branco, que es un caso exitoso. Son cuestiones de prioridades que cada uno le da a su gestión. Por más que llamemos todas las semanas al INBA al Parlamento, si a nivel territorial no están todos arriba del tema, no se dará una solución en el mediano plazo”.
Así las cosas, se conjugan en el INBA y su errática actuación uno de los peligrosos enemigos de una democracia: por un lado una ley vigente, aprobada por un Parlamento elegido democráticamente y por otro lado la falta de voluntad política de los organismos públicos obligados por dicha norma para ejecutar y hacer cumplir el texto legislativo.
A todas luces se hace necesario “tomar el toro por las guampas” e instrumentar de una vez por todas señales que sean claras y firmes para lograr que el INBA pueda cumplir con la finalidad para la cual fue creado. Se trata de un organismo que maneja temas de suma importancia que tienen consecuencias directas no solo sobre aspectos emocionales de las personas como sucede en el caso de los animales de compañía que constituyen un apoyo psicológico a tantas personas que viven alejados de sus seres queridos, sino también a los animales relacionados con la producción rural, un motor de la economía nacional que debe ser protegida y alentada en beneficios de todos. Si a eso le sumamos que los animales sueltos en la vía pública son causantes de numerosos accidentes por su simple presencia o por sus ataques a motociclistas o conductores de bicicletas, el problema termina por adquirir el trascendente papel que debemos reconocerle y respecto del cual debemos actuar de manera urgente.
En cualquier caso se trata de “barajar y dar de nuevo” para que un organismo como el INBA pueda cumplir con sus importantes objetivos, los cuales se reflejan no solo en el bienestar animal, sino también en el de los seres humanos. A la luz de la experiencia recogida por dicha institución, todo lo referido a la organización institucional, así como el relacionamiento entre las instituciones públicas y privadas que actúan en su órbita debería ser revisado y ajustado para lograr que la gestión sea eficiente, eficaz y acorde a la finalidad que determinó su oportuna creación.
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