Opinión

La práctica consumista de pagar para tirar no es para nada sostenible y también un desperdicio de recursos que resulta una bofetada para millones de seres humanos del planeta que enfrentan severas restricciones para el acceso a la comida, el agua y el trabajo en el mundo.
Aproximadamente una tercera parte de los alimentos para el consumo humano que se producen en el planeta terminan perdiéndose o desperdiciándose, lo que equivale a millones de toneladas al año. En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) informó que durante 2019 se desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos en el mundo, lo cual equivale a “23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados, suficiente para dar siete vueltas a la Tierra”.
Se trata de un hecho que ocurre por razones muy variadas que se producen a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola inicial hasta el consumidor.
Según FAO cada año se pierden y desperdician alrededor de un 30% de cereales; un 40 a 50% de tubérculos, frutas y hortalizas; un 20% de semillas oleaginosas, carne y productos lácteos y un 35% de pescado.
En los países de ingresos bajos los alimentos se pierden principalmente durante las primeras etapas y etapas intermedias de la cadena de suministro pero se desperdician muchos menos alimentos en el consumo. Esas pérdidas se deben a varias limitaciones técnicas y de gestión relacionadas con las técnicas de cultivo, el almacenamiento, el transporte, el procesamiento, las instalaciones frigoríficas, las infraestructuras, y los sistemas de envasado y comercialización.
Las pérdidas de alimentos también se producen debido a ciertas condiciones sociales y culturales. En los países de ingresos medios y altos las razones del desperdicio de alimentos están principalmente relacionadas con el comportamiento del consumidor y las políticas y normativas existentes.
Las subvenciones agrícolas, por ejemplo, pueden provocar un excedente de cultivos agrícolas, del cual al menos una parte se perderá o desperdiciará; la aplicación de los estándares de calidad e inocuidad alimentaria puede hacer que alimentos que todavía son inocuos para el consumo humano se excluyan de la cadena de suministro.
Por otra parte, la planificación inadecuada de las compras por parte de los consumidores y no consumir los alimentos antes de su fecha de caducidad también conllevan un desperdicio de alimentos evitable.
En Uruguay, la FAO impulsó la creación, en 2016, del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Disminución de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA) que actualmente lidera y está integrado por representantes del Ministerio de Ambiente; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Ministerio de Desarrollo Social; la Intendencia de Montevideo y la Comisión Especial de Asesoramiento Legislativo sobre el Derecho a la Alimentación de la Asamblea General.
En 2017 este grupo impulsó la ejecución del primer estudio de evaluación de pérdidas y desperdicio a nivel de Uruguay, que consideró el período comprendido entre 2011 y 2016. Esta investigación –que consideró las causas de las pérdidas y acciones para mitigarlas– fue divulgada en 2018 y fue el primer trabajo realizado para la evaluación de pérdidas y desperdicio en Uruguay, siendo gestionado por la Fundación Ricaldoni, un grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional con participación de la Universidad de la República y la empresa Equipos Consultores, en el cual colaboraron también distintos actores de las cadenas de suministro y de organismos del Estado.
Según los datos disponibles a partir de dicho estudio, en nuestro país las pérdidas y desperdicio de alimentos constituyen el 11% de la oferta de alimentos disponible para consumo humano. Esto representa alrededor de 1 millón de toneladas al año, con un valor estimado de ¡600 millones de dólares! en base a materia prima. Dentro del total de pérdidas y desperdicio, el 66% se produce en las etapas de producción y pos cosecha y el 11% se registra en los hogares.
Las pérdidas y desperdicio en volumen por cadena son: cereales 25%, lácteos 20%, caña de azúcar 19%, oleaginosos 15%, frutas y hortalizas 12% y carne 8%. En términos de valor monetario, la distribución de pérdidas es: carnes 43%, frutas y hortalizas 23%, lácteos 10%, cereales 8%, pescado 4% y caña de azúcar 2%.
Se trata de un tema que debe comenzar a considerarse seriamente. Hace unos años se impulsó un proyecto de ley para que se prohibiera que supermercados, distintas superficies que se dedican a la venta de alimentos y la industria alimentaria desecharan alimentos aptos para el consumo humano, como por ejemplo la comida que por estar cerca de su fecha de caducidad debe ser retiradas de las góndolas pero aún está en condiciones de consumirse.
En tanto, también la sociedad civil está poniendo iniciativas en marcha vinculadas a este tema. Algunas son muy innovadoras y valiosas, como la de Realco, una organización social surgida a iniciativa de un grupo de estudiantes que hoy en día, provee de alimentos recuperados a 220 instituciones (refugios, clubes de niños, centros juveniles, agrupaciones de vecinos, ollas populares, etcétera) que participan de la alimentación de 22.000 personas de Montevideo. La organización también colabora con Solidaridad.uy, una iniciativa surgida de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, que nuclea iniciativas solidarias de Montevideo.
La organización comenzó recuperando productos no vendidos del Mercado Modelo de Montevideo y ahora está ampliando su alcance a los productores de frutas y verduras, a quienes realiza un aporte económico para que en vez de dejar ese alimento en el suelo, le pueda pagar a alguien que lo junte y luego ir a la chacra a buscarlos o recibirlos. Actualmente, llegando a tan solo 15 productores están recolectando 60 mil kilos de alimentos por mes, según datos de FAO.
Aunque no existe balance entre los alimentos que se tiran en algunas partes y los que faltan en otros rincones del mundo, evidentemente, las pérdidas de alimentos conllevan una pérdida económica que siempre alguien termina pagando y generalmente son los propios consumidores, con afectación para los más vulnerables.
Si bien las pérdidas de alimentos existentes en Uruguay son de menor cuantía que en otros países de la región y comparables con los de los países desarrollados, es un tema donde hay aún mucha tela para cortar y que aún tiene una presencia escasa en la agenda pública. No obstante, en tiempos de dificultades económicas, laborales, sociales y sanitarias, resulta un imperativo ético y social comenzar a buscar soluciones a este problema. → Leer más

En febrero de este año el Comité Internacional de Bioética (CIB) de la Unesco y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (Comest) reclamaron públicamente un cambio de rumbo en las actuales estrategias de vacunación contra la COVID-19. Su pedido fue para que las vacunas se consideren un “bien público mundial para garantizar que estén disponibles de forma equitativa en todos los países, y no sólo para aquellos que hacen las ofertas más altas por ellas”.

Lejos de la luz de esperanza que se encendió en el mundo cuando se anunciaron las campañas de vacunación, el proceso se ha convertido en toda una demostración de lo peor que la política y los intereses individualistas y nacionalistas pueden lograr. La ausencia de solidaridad en el proceso que llevó al fracaso del mecanismo Covax, provocó que en más de 130 países aún no se ha recibido una sola dosis de ninguna vacuna.

“Mientras que algunos países avanzados han conseguido vacunas suficientes para proteger a toda su población dos, tres o cinco veces, el Sur del planeta se está quedando atrás”, señalaba entonces la declaración.

Claramente aquí hay una responsabilidad de las empresas farmacéuticas, que salieron a negociar individualmente con los estados, como quedó evidenciado en el episodio que terminó con el despido de un funcionario de confianza del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, que rechazó un ofrecimiento de una de las firmas multinacionales que desarrollaron vacunas. Pero por supuesto que también de países que terminaron adquiriendo muchas más dosis de las necesarias para su población.

La declaración hace hincapié en el rol de las industrias farmacéuticas y su responsabilidad “de compartir la propiedad intelectual adquirida con apoyo de los gobiernos, para permitir a los fabricantes de todos los países el acceso a las vacunas para todos, que deberían considerarse un bien público mundial”. También alentaron a invertir en la capacidad de producción de vacunas para mejorar la distribución.

Además señalaron que las estrategias de vacunación “deben basarse en un modelo no obligatorio y no punitivo, basado en la información y la educación, incluido el diálogo con las personas que puedan tener dudas sobre la vacunación o sean hostiles a ella”, afirmando que el rechazo a la vacunación “no debe afectar a los derechos fundamentales de la persona, en concreto a su derecho de acceso a la sanidad o al empleo”.

Esta declaración del mes de febrero, viene de la mano de una iniciativa anterior, pero que tuvo mayor destaque cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló hace pocos días de liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Esta demostración del mandatario estadounidense tuvo una rápida réplica desde Europa, donde Ángela Merkel, la canciller alemana, advirtió que “podría poner en peligro ‘la creatividad y la innovación’ de las farmacéuticas”, según recogió DW (La voz de Alemania).

Esta iniciativa, conocida como Declaración a favor de la ciencia abierta, se formuló en octubre del año pasado y se espera que llegue a ser discutida en noviembre de este año, en la próxima Conferencia General de Unesco. Fue formulada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Se fundamenta en “la urgente necesidad de reforzar la cooperación científica y garantizar el derecho fundamental de acceso universal al progreso científico y sus aplicaciones. El movimiento de ciencia abierta tiene como objetivo hacer la ciencia más accesible, más transparente y, en última instancia, más eficaz”.
Lo que se entiende por “ciencia abierta” es “el acceso libre a las publicaciones científicas, los datos y la infraestructura, así como a los programas informáticos gratuitos, los recursos educativos y las tecnologías abiertas, como los ensayos o las vacunas. La ciencia abierta también promueve la confianza en la ciencia en un momento en que proliferan los rumores y la desinformación, hasta el punto de que se ha hablado de una infodemia”.

Según la directora general de Unesco, Audrey Azoulay, “los modelos de ciencia cerrada se encuentran en un callejón sin salida porque aumentan las desigualdades entre los países y los investigadores y porque hacen que el progreso científico solo sea accesible para una minoría”. Agregó que la crisis sanitaria planetaria “ha demostrado el increíble potencial de la colaboración científica que nos ha permitido secuenciar el genoma del virus tan rápidamente. La solidaridad mostrada por la comunidad científica es un ejemplo para el futuro”.

Azoulay concluyó que “a medida que los países piden colaboración científica internacional; a medida que la comunidad científica, la sociedad civil, los investigadores y el sector privado se movilizan en estos tiempos sin precedentes; la urgencia de la transición a la ciencia abierta nunca ha sido más evidente”.
Lógicamente que el ideal es que todos los progresos científicos que se realicen sean considerados patrimonio de la humanidad, y como tales sean puestos a la brevedad posible en cuantas más manos mejor. Pero no se puede desconocer que gran parte de los avances que se han hecho en investigación y desarrollo se han logrado bajo la promesa de una recompensa en el mercado. Por ello, si dejar de considerar y reconocer las buenas intenciones que se tengan, no hay que dejar de tener en cuenta las expresiones de Ángela Merkel y no permitir que el noble deseo de una “ciencia libre” termine por transformarse en un desestímulo a la inversión privada en investigación. → Leer más

De acuerdo al informe dado a conocer este mes por el Instituto Uruguay XXI, el sector forestal de nuestro país tiene volumen suficiente de madera de eucalipto y pino para captar mayores inversiones y continuar creciendo en la industrialización de esta materia prima. El instituto aclaró que para poder determinar los volúmenes de ambas maderas con miras a 2050 es preciso tomar en cuenta una serie de aspectos que refieren a la duración de los ciclos forestales, a los datos disponibles en la actualidad y las posibles líneas de desarrollo del sector forestal uruguayo.

Precisamente debe tenerse en cuenta que los ciclos forestales en el Uruguay pueden ir de 10 a 20 años mínimos, según se trata de destino de pulpa de madera o aserrío, y de acuerdo al informe de referencia, “la plantación de pinos disminuyó paulatinamente hasta ser de poca importancia en los años recientes. Sin embargo, lo plantado con anterioridad asegura una disponibilidad muy importante durante los próximos 20 años, con picos de volumen muy grandes en el futuro cercano. Un promedio anual de disponibilidad de madera superior a los tres millones de metros cúbicos supera ampliamente la capacidad industrial instalada en Uruguay”.

Ello quiere decir que con la infraestructura de procesamiento de madera –muy reducida– con que cuenta el Uruguay, en el futuro inmediato se seguirá exportando materia prima para darle valor agregado fuera de fronteras, en lo que ha sido lamentablemente una constante en nuestro país a partir de la explotación de los montes plantados a partir de fines de la década de 1980, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Forestal.

Considera Uruguay XXI que la capacidad instalada de los aserraderos de pino nacional permite un consumo de entre 3.000 y 4.000 hectáreas de bosque maduro (un millón de metros cúbicos por año). La superficie destinada a plantaciones de pinos debería estar entre 60.000 y 80.000 hectáreas para satisfacer esa demanda , y “hoy es el doble de ese número”, consigna el análisis del instituto. Agrega que en 2019 había 25 millones de metros cúbicos en turno completo pronto para la cosecha, y que gran parte de ese volumen se exportó en bruto, es decir sin ningún valor agregado dentro del país.

No se trata solo del pino, en realidad, sino que el resto de los rangos forestales, si bien se reducen paulatinamente en el stock planteado, los proyectados se muestran muy superiores a la capacidad instalada actual, con un volumen que asegura la oferta para cualquier emprendimiento industrial.

En el caso del eucalipto, a su vez, de las 600.000 hectáreas plantadas, hay unas 107.000 manejadas para obtener madera de aserrío, pero de acuerdo a Uruguay XXI, igualmente “por el manejo que recibe un bosque de madera de calidad, produce en su ciclo completo un tercio de su volumen en madera de aserrío y/o exportación y dos tercios de madera para pulpa”. De estos datos surge que hay grandes excedentes de volumen de madera en nuestro país, al punto que el promedio hasta el 2030 será de más de 20 millones de metros cúbicos anuales de disponibilidad, pero tal como ocurre con el pino, hasta que no aumente la capacidad instalada para procesamiento, se irán acumulando volúmenes que permitan compensar las bajas de disponibilidad en el transcurso de las próximas dos décadas. Aunque con tres plantas de celulosa en funcionamiento, la demanda podrá generar presión sobre otros usos de la madera de eucalipto.

Sin dudas, el cuello de botella para obtener el mejor aprovechamiento de la riqueza forestal en el Uruguay –es decir, que se genere reciclaje de recursos por vía de la industrialización, aplicación de tecnología y creación de fuentes de empleo directos e indirectos, que tanto se necesitan– es la falta de inversiones significativas, más allá de algunas excepciones que no alcanzan a compensar el déficit en este sentido.

En este contexto es que debe evaluarse el anuncio de que inversores estadounidenses y uruguayos han adquirido el 100% del aserradero Frutifor Lumber Company, en Tacuarembó, luego que se informara que los empresarios Mark Crandall de Estados Unidos y Matías Abergo (Enkel Group) de Uruguay, confirmaran el desembarco de Arboreal. Este proyecto transformador para la industria maderera de Uruguay aumentará inmediatamente la capacidad de secado del aserradero, duplicando la producción y por tanto las exportaciones de madera procesada a partir del tercer trimestre de 2021. La inversión transformará además la matriz productiva de la madera en Uruguay y posicionará al país en el mercado mundial de CLT (Madera Laminada Cruzada, por su sigla en inglés), ya que se implementará la instalación de la mayor y más avanzada planta del producto en Sudamérica.

De acuerdo a lo anunciado por los inversores, el montaje está previsto para inicios de 2022. Se estima que la inversión, que superará los U$S 20 millones durante 2021-2022, generará aproximadamente 45 nuevos empleos en Tacuarembó de forma directa y más de 100 de forma indirecta.

Estos sistemas de procesamiento de madera, también llamados en su globalidad Mass Timber, permitirán construir en madera edificios en altura, casas, complejos habitacionales, centros deportivos, instituciones médicas, escuelas y otros proyectos en Uruguay y la región. De esta manera la inversión de Arboreal contribuirá a la generación de valor agregado de los recursos forestales de Uruguay, dinamizando la zona norte del país, y promoverá el desarrollo de la construcción de viviendas ambientalmente sustentables, según las previsiones de los inversores, quienes planean realizar una masiva capacitación en técnicas constructivas en madera, tanto a nivel arquitectónico como en el proceso constructivo, de forma que los profesionales en áreas de arquitectura, ingeniería y construcción adquieran los conocimientos necesarios y mejores prácticas.

Para los inversores, Uruguay tiene recursos forestales muy competitivos para posicionarse como referente en el mercado EWP (Engineered Wood Products) de la región y el mundo. “Vemos un país que ofrece la estabilidad jurídica y económica necesarias para invertir en el largo plazo. Estamos muy entusiasmados con nuestra inversión en Uruguay y agradecemos todo el acompañamiento recibido por el gobierno, sus ministerios y el asesoramiento y apoyo de la agencia de promoción de inversiones Uruguay XXI”, aseguró el CEO de Enkel Group, Matías Abergo.

Por supuesto, una flor no hace primavera, pero sí es un paso alentador en la dirección correcta respecto a lo que se necesita para complementar la cadena forestal en una parte clave, que es dotar de valor agregado a la materia prima que se genera dentro de fronteras y que fuera leit motiv cuando se aprobó la Ley de Desarrollo Forestal y se le dio política de Estado a sus objetivos, aún por los gobiernos del Frente Amplio, que en su momento votó en contra y criticó la ley.

En este caso, la inversión es importante no solo por su monto y empleo generado, sino por su impacto en la cadena industrial de la madera de pino, recurso que Uruguay tiene en abundancia y calidad, que de esta manera potencia las etapas de mayor valor agregado, como señalara el ministro de Industria Omar Paganini, y es de esperar que no se trate de un hecho aislado, sino que pueda repicarse ya en el futuro inmediato, para dar otro perfil a esta explotación, más allá de su salida como materia prima. → Leer más

Uruguay ya venía complicado en el escenario del mundo del trabajo. Y es bueno recordarlo ante las diversas propuestas nacionales y departamentales para debatir en torno a la crisis que desató la pandemia en este sentido. Porque entre 2015 y 2019, el país perdía unos 53.000 empleos que acentuaron su caída en 2020 de 3,5 por ciento y en comparación, es la mayor desde la crisis de 2002.
El año pasado, esos niveles retrocedieron a 2009 y –en promedio anual– la destrucción significó unos 60.000 empleos menos. Sin embargo, hay que reconocer que en Uruguay las cifras de desempleo siempre están atenuadas por el abandono de la búsqueda activa de trabajo. Igualmente, eso tampoco significa que permanezcan desempleados sino que, ante la necesidad de generar ingresos, una persona cumplirá actividades en la informalidad y dentro de su propia casa o entorno. Y eso también se observa particularmente en el Interior del país.
Las señales amarillas se presentaban desde hacía años y la problemática estructural del empleo, tampoco fue atendida conforme pasaron las diversas administraciones pre pandemia.
La mala inserción laboral de los jóvenes uruguayos está enquistada en las clases sociales media y baja desde hace bastante tiempo. Por eso no es una sorpresa que en esa franja etaria –al igual que en la población femenina– se registren los porcentajes más altos. Ni las legislaciones sancionadas en favor de los jóvenes sirvieron para alentar a su inclusión laboral. Por lo tanto, ya era una problema que tampoco formaba parte de las propuestas de discusión sobre el empleo ni adquiría mayor visibilidad.
En cualquier caso –claramente– no hay empleo sin la recuperación de las actividades económicas. No obstante, de acuerdo a algunas mediciones sólo el 26 por ciento de las empresas tiene previsto la contratación de nuevos trabajadores en 2022.
También conviene analizar este escenario, pero deberá hacerse despojado de cualquier ideología. Porque en Uruguay desde hace varios años que existe desconfianza de resolver sobre la incorporación de nuevos trabajadores. Es decir, la problemática de la calidad, generación y reinserción laboral en determinadas franjas, lleva años de discusión en el país.
Este universo complejo también deberá abarcar a más de 400.000 trabajadores informales y cuentapropistas que recibieron otras ayudas estatales, ante la ausencia de aportes a la seguridad social. Se dedican, mayoritariamente, a sectores de la economía afectados por las medidas adoptadas para bajar la movilidad.
En cuanto a la población de menor edad, la capacitación continua en las áreas de la economía que así lo requieren no ha sido un factor preponderante. Porque los empleos correspondientes a las actividades manufactureras u otras tradicionales, pierden terreno conforme pasan las décadas. Oficios que en generaciones pasadas le permitían a un trabajador comenzar y finalizar su vida laboral hoy simplemente no existen o no perciben remuneraciones acordes al costo de la vida actual. Sin embargo, aún se encuentran niveles de población aferradas a aquella realidad que hoy no resiste un análisis de rigor.
A primera vista, parece complejo recuperar los niveles salariales anteriores a marzo de 2020 pero sin una formación de los recursos humanos acorde a los nuevos escenarios, seguiremos hablando de lo mismo. No hace falta repetir que la pandemia simplemente aceleró la automatización en cualquier actividad económica y, aunque algunos sostengan que las trayectorias educativas no inciden en mayor medida, es bastante obvio que resulta así desde hace décadas.
Aparecen ocupaciones nuevas y otras que se reconvierten ante los ojos de una masa trabajadora aferrada al relato de otros tiempos. Sin avances en este sentido, se compromete seriamente el perfil de los nuevos empleados, quienes no serán otros que las poblaciones que continuarán en la pobreza y la desigualdad tantas veces planteadas en las plataformas reivindicativas.
De lo contrario –y ante la eventualidad de nuevas crisis– la salida que aparece será siempre la misma: una dependencia del Estado para la ayuda económica o para el empleo. Y las presiones en este sentido, al menos en Uruguay, ya están a la vista.
Por eso, la recuperación de la pandemia será “lenta, desigual e incierta”, según lo definió la Organización Internacional del Trabajo, particularmente en América Latina.
Este escenario, sin precedentes para las nuevas generaciones, reitera polémicas y estadísticas. Y cuando esto ocurre es porque las diversas gestiones no atacaron un problema de honda raíz ni tampoco vieron su costo social.
Políticas laborales débiles, recostadas en una mayor presencia del Estado, crean indefectiblemente una brecha muy difícil de salvar y comprometen a las clases más vulnerables. Y eso ocurrirá siempre. Quizás, por eso, el desempleo anterior a la COVID-19 era más evitable que ahora, donde el planeta está involucrado en el mismo problema.
En este marco, el mensaje para empleadores, trabajadores, organizaciones sociales y legisladores es una exhortación a prepararse para el día después. La salida no estará en la crítica ni en el debate, porque todos –antes o después– conformaron los equipos que tomaron las decisiones.
Por ahora, la fragilidad de la recuperación es notoria. El bajo crecimiento de la economía dificulta la recuperación del empleo. En el mismo escenario uruguayo se encuentran los países de la región, que obtendrán salidas diversas en función del impulso y el apoyo que le otorguen a las inversiones públicas y privadas.
Y eso tampoco es una novedad para quienes se proponen discutir salidas al problema del desempleo.

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En los últimos días se han difundido diversos documentos sobre el pasado reciente de nuestro país, los cuales han permitido apreciar una nueva perspectiva de uno de los períodos más violentos de la historia uruguaya. De acuerdo con lo informado por el periódico “La Diaria”, “El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, entregaron este martes copias digitalizadas de los archivos de la dictadura hallados en el Grupo de Artillería 5 al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Mariana Mota y Wilder Tayler, con quienes mantuvieron reuniones en la Torre Ejecutiva desde antes del mediodía. En horas de la tarde, el titular de Defensa entregó otra copia del material a representantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, a quienes recibió en la sede ministerial. (…) Los documentos militares hallados van de 1971 a 1986 y es la primera vez que el Ministerio de Defensa Nacional divulga documentos encontrados del período del terrorismo de Estado”.

La actitud del Presidente Lacalle Pou contrasta con la asumida por los gobiernos del Frente Amplio durante el período 2005-2020 en el cual existió una falta de transparencia respecto de otros archivos documentales en esta materia, que incluyó la negativa del ministro de Defensa Nacional del momento, Eleuterio Fernández Huidobro, a que la entonces jueza Mariana Mota realizara actuaciones en dependencias militares.

Los documentos –y el gesto del Poder Ejecutivo de entregarlos a diversas entidades e incluso difundirlas públicamente a través de Internet– ha sido valorado positivamente por diversos referentes en materia de derechos humanos, en el entendido que significa acercar a la población detalles de una época dolorosa de nuestra historia. Esa era la triste realidad de nuestro país, en la cual la violencia era el modo de expresar las diferencias que pudieran existir mientras el régimen democrático, cada vez más debilitado, se deslizaba lentamente hacia el oscuro abismo de la dictadura en el cual estuvo durante doce largos años.

Con el regreso de la democracia en el año 1985, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros llevó a cabo una dilatada e intensa tarea de publicación de varios libros en los cuales comenzó a cimentarse lo que luego se conocería como ”el relato tupamaro”, o sea una versión en la cual las víctimas de esa violencia guerrillera quedaron relegadas al olvido en aras de santificar y engrandecer a quienes tomaron la justicia por mano propia y decidieron la muerte de varios efectivos militares, policiales y civiles.

Al fin y al cabo, la soberbia máxima es creer que se tiene la autoridad moral para quitarle la vida a un semejante por el simple hecho que piense diferente o que deba cumplir con su deber. Durante muchos años el “relato tupamaro” ha mostrado a los integrantes de ese grupo guerrillero como supuestos libertadores y luchadores por la justicia social que incluso enfrentaron supuestamente a la dictadura, cuando en realidad el MLN ya estaba derrotado en 1973. Uno de los principales gestores de ese relato es el expresidente José Mujica ya que, según su excompañero de armas, Jorge Zabalza, “Mujica es el símbolo del tipo que renunció a su pasado, que lo fantaseó, lo transformó en un relato épico y con eso hizo el caudal electoral que le permite hoy ser uno de los operadores mayores del capitalismo que hay en el Uruguay”.

El supuesto cambio de alguno de sus miembros no debe hacernos olvidar que el MLN, en su mesiánico delirio por imponer un régimen mediante la violencia, violó los mismos derechos humanos que supuestamente pretendía defender, tal como lo expresó el general Líber Seregni (líder histórico del Frente Amplio) en una recordada entrevista televisiva con el periodista Néber Araújo, en la cual reconoció que en las llamadas “Cárceles del Pueblo” que organizó y digirió el MLN se violaban los derechos humanos.

Los archivos entregados por el Poder Ejecutivo y cuyo contenido ha sido difundido en redes sociales, hacen referencia a una supuesta colaboración de José Mujica, Lucía Topolansky y Eleuterio Fernández Huidobro con las autoridades militares de la dictadura en cuya ocasión se formularon diversos conceptos sobre otros integrantes del MLN en documentos que llevan la firma nada más y nada menos del entonces director de la División de Ejército IV, general Gregorio Alvarez, quien luego fuera presidente de facto. No resultan ajenas a esta cercanía las negociaciones llevadas a cabo entre militares y líderes del MLN en el año 1972, ya que tal como lo explicó otro integrante de esa organización (Samuel Blixen) en el semanario “Brecha”, la amistad entre los militares y Fernández Huidobro “comienza en el Batallón Florida, producto de aquellos intercambios que, a pretexto de una discusión sobre el papel de las oligarquías y la utilización de la “mano de obra militar” para la defensa de los intereses, derivó en las negociaciones para la superación de “la guerra”.

Los intercambios se multiplicaron a lo largo de los años en la rotación por los diferentes cuarteles del Interior, donde Fernández Huidobro, aislado, y con un precario contacto con sus dos compañeros de encierro, aceptó la continuación del intercambio, que a veces se disfrazaba de interrogatorio y a veces era un simple diálogo entre combatientes. En una situación similar, Sendic se negó sistemáticamente a aceptar el intercambio, y los únicos diálogos se redujeron a salvajes torturas, so pretexto de interrogatorios”.

En este contexto, no puede llamar la atención que Fernández Huidobro afirmara en los últimos años que “existen sectores que quieren justicia, además de verdad. Quieren castigar a los culpables de las violaciones de derechos humanos. Yo no lo acepto”. Por todo ello no resulta una sorpresa que, en ocasión del fallecimiento de Fernández Huidobro, quien fuera en esa época Comandante en Jefe del Ejército y hoy ocupa una banca en el Senado como representante de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuviera que el dirigente tupamaro “era un ser excepcional” (…) “Era un hombre valiente, un quijote, un gladiador, y siguió su lucha hasta el último de sus días. (…) “Creo sinceramente que quienes vestimos el uniforme de las instituciones armadas de la República le debemos un sincero homenaje a don Eleuterio Fernández Huidobro”.

Seguramente la difusión de estos archivos y el paso de los años permitirá a todos los uruguayos conocer cómo fueron realmente los años violentos en los cuales el MLN desató un espiral de violencia por el simple hecho de creer que existían las condiciones para iniciar un movimiento guerrillero en nuestro país, el cual nunca pasó de ser un grupo de iluminados que nunca lograron la adhesión de las mayorías populares. Más temprano que tarde las responsabilidades de ese grupo guerrillero y sus formas de proceder quedarán debidamente expuestas, ya que como expresó Abraham Lincoln, “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

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El deporte ha estado en el ojo de la tormenta desde que la pandemia de coronavirus llegó a nuestro país. Las medidas adoptadas por el gobierno a lo largo de este poco más de un año desde que se conocieron los primeros casos en Uruguay, siempre han implicado una restricción de las actividades deportivas, lo que ha generado situaciones complicadas en ámbitos específicos. Y han despertado lógicamente polémica, teniendo en cuenta la innegable relación entre el deporte y la salud.
El deporte está sufriendo una complicada situación económica producto de las restricciones, aunque esto alcanza en menor medida a las dos disciplinas que se practican de manera profesional en el país: la competencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Federación Uruguaya de Básquetbol ha podido continuar, aunque a puertas cerradas.
Esto ha llevado a que las personas vinculadas a cualquier actividad deportiva se pregunten por qué el deporte amateur no ha tenido la misma suerte. Pero hay una realidad: para el deporte amateur es imposible poder mantenerse sin la venta de entradas, lo que significa la presencia de simpatizantes. En el profesionalismo la situación es diferente, teniendo en cuenta que genera ingresos más allá de que el hincha pase por boleterías. Y en su momento se agregó que la continuidad del deporte profesional, televisado, colaboraba con aquella premisa de quedarse en casa para evitar el contagio, más allá de que en los últimos días se solicitó posponer el reinicio de la competencia.
Pero para el deporte amateur la situación es otra, y las restricciones han llevado a que las instituciones comiencen a tambalear económicamente. Si bien se habla preferentemente de los clubes de fútbol y básquetbol, de aquellos que participan en competencias, hay muchos otros sectores que sufren especialmente las consecuencias de la pandemia y que están ligados directamente a la práctica deportiva.
Mientras al menos los clubes que compiten no generan los siempre indeseados déficit, hay que tener en cuenta que para las instituciones deportivas en general, los que desarrollan el deporte de manera social, las medidas adoptadas perjudican sensiblemente, ya que debieron primero cerrar sus puertas, después cumplir con un aforo determinado y desde hace varias semanas volver a cerrar.
Y ni hablar de los emprendimientos particulares vinculados al deporte o a la actividad física como gimnasios, academias de artes marciales o escuelas de danza, que sin poder cobrar una cuota deben subsistir, sin que exista un subsidio que verdaderamente pueda contribuir para tener una estabilidad en tiempos complicados. Y también están en esa lista los complejos de canchas de fútbol.
El cierre de estos emprendimientos particulares siguen generando reclamos por parte de los propietarios, que entienden insuficientes las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía. Es que el razonamiento es básico y también muy lógico: se prohíbe abrir, pero no se brinda el apoyo necesario como para poder sostener, en la mayoría de los casos, la vida familiar detrás del emprendimiento.
Desde la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (Cuga) se ha señalado que en el país existen unos 1.985 gimnasios y afines registrados, pero también que seguramente sean muchos más, estimándose que unas 40.000 personas viven directamente del sector. Pero los reclamos aparecen por partida doble, ya que si bien se ha apuntado al aspecto económico, el deporte todo entiende que es parte de la solución. Por eso Cuga levanta la bandera que reza que deporte y salud van de la mano, por lo que se ha comenzado a trabajar para presentar un proyecto de ley con el objetivo de declarar al deporte como una actividad esencial.
El camino fue marcado en España, donde ese paso fue dado por la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso, cuando también los gimnasios y demás mantenían sus puertas cerradas. Pero mientras del otro lado del Atlántico se tomó esa postura, por acá parece que con el paso de los días esa posibilidad pierde fuerza, más allá de que se sigue abrazando la idea. Y se habla, entonces, de un doble discurso con respecto al deporte.
“No existe ninguna evidencia científica ni estadística que diga que los gimnasios deben permanecer cerrados. Al contrario, el deporte es clave en la pelea contra el coronavirus”, dijo el referente de Cuga en Paysandú, Gonzalo Sueldo, quien anunció que se realizará el lunes una caravana en nuestra ciudad para reclamar por la situación.
El deporte y la actividad física están directamente relacionados con la disminución de los casos graves de la enfermedad, de lo que lógicamente se abraza el sector para pedir a gritos poder volver a abrir las puertas de manera cuidadosa, respetando los protocolos que están aprobados por las autoridades correspondientes, lo que disminuye sensiblemente la posibilidad de contagio.
El reclamo es claro, y se parte de la base de que en el deporte no se han generado focos importantes de coronavirus. Pero la pregunta es cómo se continuará cuando se levanten las restricciones. Se habla de que la posibilidad de reabrir está cerca, protocolo mediante, aunque es difícil pensar en cómo hará el sector y las familias que dependen de estos emprendimientos para salir adelante.
Porque está claro que no será borrón y cuenta nueva tampoco para el deporte, que sangra en medio de la pandemia, y por partida doble al considerarse parte de la solución para pelear contra la pandemia.
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Con la salida del extitular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Pablo Bartol, por decisión del presidente Luis Lacalle Pou, se ha desatado un sin fin de especulaciones, tejidas sobre todo desde sectores de la oposición, respecto al eventual fracaso o decisión de carácter político partidario para “rumbear” el ministerio hacia una gestión tendiente a generar dependencia y afinidad con el gobierno desde los presuntos beneficiarios de los programas.
Por cierto que la génesis de este ministerio, durante uno de los gobiernos del Frente Amplio, nos debería acarrear ya algo de luz sobre la problemática que involucra, porque esta secretaría de Estado fue adjudicada por el primer gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 al Partido Comunista, como un feudo en el que podría aplicar sus “recetas” sociales basadas en sus dogmas históricos, y en realidad de lo que se trató fue de incorporar asistencialismo esquivando en la medida de lo posible el exigir contraprestaciones de los beneficiarios de los programas, para por lo menos dejar sentado que no hay nada gratis en la vida y que el trabajo dignifica.
Bueno, el punto es que desde su creación el Mides se centró en crear una gran estructura burocrática, en general con militantes frenteamplistas y contratos con oenegés afines, lo que ha dado lugar a una estructura cerrada en consonancia con la necesidad de crear dependencia del Estado a los beneficiarios, más allá de algunos programas de empleos temporales y lejos de la perspectiva de generar políticas sustentables contra la marginación.
Se puso énfasis en cambio en líneas de acción con planes de emergencia para hacer frente a una situación social que venía muy afectada desde la crisis de 2002, y en su momento se destacó que se estaba atendiendo a no menos de medio millón de personas en todo el país.
Claro, el “desarrollo social” presuntamente en marcha ha contado con el apoyo de una estructura creada desde el Estado por el Partido Comunista con unos 1.800 funcionarios públicos y no públicos, direcciones nacionales y departamentales, numerosos programas que también han implicado superposiciones en diversas áreas y sobre todo, con la poca edificante impresión, luego ratificada en números, de que la asistencia del Mides ha implicado que más de la mitad de los recursos se perdían en su burocracia, incluyendo sueldos y pagos a las oenegés amigas, gastos de gestión y mantenimiento cuyo resultado fue que solo una parte menor del dinero afectado al ministerio llegara a sus verdaderos destinatarios.
Este ministerio ha sido recibido por el nuevo gobierno justo cuando la pandemia, más precisamente las restricciones que han afectado la actividad y repercutido en el empleo, han derivado en un incremento de la pobreza y consecuentemente demandado que se refuercen planes de asistencia a personas que han quedado en posición de extrema vulnerabilidad.
Todo ello en un marco de menor disponibilidad de recursos por menor recaudación y limitaciones exacerbadas por las medidas preventivas contra el COVID-19, por lo que el desafío inicial para el nuevo gobierno pasó a ser de otra magnitud y los planes de corto y mediano plazo resultaron trastrocados.
Precisamente Pablo Bartol, con formación académica y experiencia de campo pero sin formación política, tuvo a su cargo una dificultosa tarea en el peor momento, en el que hubo que conjugar la emergencia con políticas de mediano plazo que pretendía desarrollar en el Mides, conjugado con una distribución de responsabilidades directrices que afectaron la mejor coordinación en la cabeza del ministerio.
En los ámbitos departamentales la situación ha sido diferente, por cuanto las direcciones locales trabajan con apoyo de las respectivas intendencias, hay cercanía con la población comprometida y se comparte en gran medida la atención de los sectores vulnerables.
Por lo demás, el relacionamiento con la estructura heredada desde el Partido Comunista, que aspiraba a seguir gobernando con el Frente Amplio y consolidar la cabeza de playa establecida de cara a los grupos vulnerables, no ha sido el mejor, porque además, como todos sabemos, en el Estado uruguayo hay un lastre para la gestión que radica por lo general en mandos medios y funcionarios que hacen un culto de la burocracia, y mucho más aún cuando quien ejerce el gobierno no es afín a su ideología.
Con la salida de Bartol, todo indica que el presidente Luis Lacalle Pou, al apelar al diputado Martín Lema para encabezar el ministerio, considere que un político con otra cintura, podría buscarle la vuelta a una gestión acorde a este escenario y superar la resistencia burocrático-ideológica en el ministerio.
También hay que tener en cuenta que las políticas sociales en el Uruguay no nacieron con el Mides ni mucho menos, y que el argumento para crear este ministerio ha sido el de acumular, centralizar y coordinar planes en esta dirección, las más de las veces en forma independiente y voluntarista, con luces y sombras en la ejecución, pero siempre con la tónica de demandar muchos más recursos que los que realmente se trasladan a los grupos objetivo.
En realidad, no hay ministerio que pueda sacar a la gente de la pobreza y tampoco que asegure un paliativo más o menos eficaz. La única política social efectiva es la de generar un contexto socioeconómico virtuoso, con creación de riqueza y planes de inserción sustentables que permitan que grupos históricamente marginados puedan vivir de su trabajo, salir de sus asentamientos irregulares y tener respuesta a sus necesidades básicas, sin recibir dádivas y sin depender del Estado para subsistir.
Y para ello, no hay soluciones mágicas, sino la articulación de políticas que alienten la inversión, la creación de empleos, espíritu emprendedor y de autosuperación, de la cultura del trabajo, así como una gestión adecuada en materia de vivienda, capacitación laboral, salud, entre otros, apuntando a consolidar una red más potente de trabajo formal que sustituya a las transferencias de recursos desde el Estado que solo puede sacar a gente de la pobreza en las estadísticas mientras dure el dinero de los otros.
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Si bien ya nadie discute que su existencia es una realidad con disímiles y profundas afectaciones en distintas partes del planeta, una apreciación ligera o no informada podría relacionar el cambio climático exclusivamente con cuestiones como las afectaciones a la capa de ozono o el derretimiento de los casquetes polares, fenómenos reales y preocupantes pero que están muy lejos de ser los únicos. Por el contrario, el cambio climático nos enfrenta a vulnerabilidades y riesgos presentes en la vida cotidiana de muchas personas que residen en pueblos y ciudades, en las costas o en el campo.
Vivimos en una de las regiones del mundo con mayor variabilidad climática y se prevé a futuro un incremento en la frecuencia de eventos extremos que podrán tener impacto en distintos sectores y a diferentes escalas.
Las manifestaciones locales son cada vez más claras en la medida que se genera mayor información y conocimiento sobre el tema, tarea en que se trabaja ya desde hace algunos años. En este sentido, los informes de organismos especializados en el tema señalan que nuestro país evidencia muy fuertemente el impacto del fenómeno de El Niño principalmente en la primavera y en el otoño, incrementando la probabilidad de que las lluvias ocurridas sean de mayor magnitud respecto a datos históricos para esas épocas del año. En tanto, los años de predominio de La Niña, sufre prolongadas y profundas sequías.
Según datos del Ministerio de Ambiente, durante los últimos 30 años se ha observado un cambio en las precipitaciones acumuladas anuales en la región, hacia mayores valores, confirmando una tendencia general creciente en el último siglo. El análisis de las precipitaciones acumuladas desde el año 1980 a la fecha muestra que han aumentado en todo el país y particularmente en el litoral atlántico a partir del año 2001. También se observa una tendencia creciente en la evolución de la temperatura anual.
Las amenazas de origen natural, en interacción con la exposición y vulnerabilidad social, han ocasionado múltiples impactos sobre las poblaciones, las infraestructuras, los ecosistemas, la actividad agropecuaria y la biodiversidad.
La instrumentación de soluciones de adaptación y resiliencia es una cuestión compleja que supone inversiones de recursos y, en el caso de las ciudades conlleva procesos de ordenamiento territorial y consolidación urbana así como otros vinculados a la cambios sociales y culturales de la relocalización de grupos humanos en nuevas soluciones habitacionales, por ejemplo.
Uruguay, donde más de 93% de la población vive en zonas urbanas –porcentaje que según las proyecciones aumentará en los próximos años– definió impulsar un proceso de planificación específico para sus ciudades e infraestructuras para dar respuesta a esta situación.
En este sentido, desde 2018, en el marco del proyecto Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructuras y en el ordenamiento territorial en Uruguay, se viene trabajando en el desarrollo del NAP Ciudades, un plan que aborda los múltiples desafíos que enfrentan las ciudades ante los impactos del cambio climático.
Las olas de calor y frío, las ráfagas de vientos, tornados y tormentas convectivas así como la inundación fluvial de las poblaciones que viven en las costas o la inundación por drenaje en diferentes partes de nuestras ciudades son algunos de los riesgos a los que se pretende enfrentar.
Planes de aguas urbanas para una mejor gestión del sistema pluvial de un barrio o una ciudad o propuestas para el control de la impermeabilización, alternativas constructivas para que las viviendas puedan estar mejor preparadas ante vientos fuertes o tormentas son algunas de las medidas que se impulsan en Uruguay para la adaptación al cambio climático.
A esto se debe agregar el acondicionamiento térmico de las viviendas ante olas de frío o calor, medidas para evitar el asentamiento informal en zonas de riesgo o tendientes a la recuperación y la protección de los ecosistemas urbanos; alternativas para hacer frente a los incendios en zonas de proximidad urbano rural o el apoyo e incentivo a las huertas urbanas, conforman un paquete bastante amplio de medidas propuestas por distintos actores institucionales, sociales y técnicos de diferentes zonas del Uruguay para la adaptación local al cambio climático.
Algunas de las propuestas en las que se viene trabajando confluyen dos miradas interesantes y muy necesarias para nuestras ciudades. Nos referimos al bioclimatismo (un diseño que aproveche las condiciones ambientales en beneficio de los usuarios, considerando condiciones de confort térmico y ahorro energético) y la incorporación de la naturaleza al diseño, con particular consideración al drenaje sostenible y al arbolado urbano. Algo tan sencillo como la recuperación de espacios verdes públicos puede contribuir a disminuir las olas de calor y a la vez contar con la utilización de especies del bosque nativo para poner en valor esos espacios y contribuir a concientizar sobre la necesidad de su protección y cuidado por los múltiples servicios que generalmente prestan a los ecosistemas donde se encuentran.
También están en desarrollo herramientas valiosas como el Sistema Nacional de Información de Inundaciones y Drenaje Pluvial Urbano ya que contar con información actualizada, precisa, clara y fiable constituye un insumo fundamental para la toma de decisiones o para ser utilizadas como información clave en el marco de los procesos de participación que se han habilitado con miras al desarrollo de respuestas y mecanismos de adaptación.
No es un tema menor si tenemos en cuenta que según datos de la Dirección Nacional de Agua (Dinagua) aproximadamente 100.000 personas residen en áreas inundables en nuestro país. En consecuencia, es necesario que esa información esté almacenada, organizada y sea fácilmente recuperable para su análisis o la modelación de datos referidos, por ejemplo, a las inundaciones puesto que constituyen una de las manifestaciones de la variabilidad climática que más población afecta en episodios intensos.
Múltiples vulnerabilidades y riesgos nos acechan más allá de la pandemia y vivimos en una de las regiones del mundo con mayor variabilidad climática, previéndose a futuro un incremento en la frecuencia de eventos extremos que podrán tener impacto en distintos sectores y a diferentes escalas. Nuestras ciudades y pueblos y villas deben, necesariamente, incorporar la dimensión del cambio climático en la planificación de su ordenamiento territorial y en lo que respecta al desarrollo de infraestructura con la finalidad de aumentar la resiliencia de nuestros espacios vitales ante la incertidumbre actual y futura.
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Qué vendrá después de las redes sociales, cómo saberlo, igual que fue una ola que en su momento no vimos venir, seguramente tampoco estamos viendo ahora cuál será la que venga detrás. En todo caso lo que da la impresión es que estamos acercándonos a un punto de inflexión en la vida de estas plataformas que nos vienen acompañando en la última década y algo más. Un síntoma de ello es que el 96% de los usuarios de Iphone haya decidido bloquear a Facebook.

Vamos a precisar un poco la afirmación anterior. El que haya decidido bloquear a Facebook no quiere decir que haya dado de baja la cuenta, ni que la haya suspendido temporalmente o que haya migrado a otra red; no, estas personas siguen usando el “servicio” de la empresa. La variante está en una nueva función que ha incorporado Iphone.

Se trata de la nueva App Tracking Transparency (ATT), una función de privacidad que Apple estrenó en sistema operativo iOS 14.5, que se ha convertido en todo un éxito. De acuerdo con los datos de la firma de análisis de aplicaciones Flurry, tan solo un 4% de los usuarios de aparatos de esta marca en los Estados Unidos dejaron activado el seguimiento en las aplicaciones.

Esta novedad técnica permite a los usuarios de este sistema operativo la opción de elegir una por una las aplicaciones que pueden acceder a su información.
Facebook no está contento con estos números porque su modelo de negocio se basa, justamente en el rastreo de nuestra actividad en Internet. La reacción ha sido, en el anuncio de que se necesita habilitar el rastreo la advertencia a los usuarios de que podría, en el futuro, cobrarles por usar sus servicios, que incluyen entre otros a Instagram y WhatsApp, entre otros, colocando el aviso “Ayude a mantener Facebook gratis”.

Desde que se puso en funcionamiento esta opción, el pasado 26 de abril, hasta el 6 de mayo, las cifras que representan a los usuarios que no quieren ser rastreados han oscilado entre el 11% y el 13% en todo el mundo y entre el 2% y el 5% en Estados Unidos. En Flurry creen que la tendencia podría continuar a largo plazo.

La empresa que realizó el estudio indicó que “La transparencia de seguimiento de aplicaciones requiere que las apps obtengan el permiso del usuario antes de rastrear sus datos en aplicaciones o sitios web propiedad de otras empresas para publicidad, o compartir sus datos con corredores de datos. Las aplicaciones pueden solicitar permiso a los usuarios y, en Configuración, los usuarios podrán ver qué aplicaciones han solicitado permiso para realizar un seguimiento para poder realizar cambios en su elección en cualquier momento”.

Lógicamente que es aún poco el tiempo que ha transcurrido y seguramente muchos propietarios de iPhone no han actualizado a iOS 14.5, pero aún así las cifras no dan lugar a dobles interpretaciones: a la gran mayoría le preocupa la privacidad de sus datos.

No es la primera vez que se habla de la posibilidad de que Facebook y algunos de sus servicios dejen de ser “gratuitos”, aunque sistemáticamente la empresa lo ha salido a negar, incluso con la afirmación de que nunca sería pago, una afirmación sobre la que hoy la misma empresa echa una sombra de duda.

Hace relativamente poco tiempo casi nadie sabía nada de la privacidad de los datos y el rastreo que hace Facebook; al menos no así, masivamente.

Pero ha sido la misma empresa la que se ha ido metiendo en reiteradas controversias por este tema y llamando la atención de los usuarios. Mucho de esto está explicado en la película “The social dilemma” (El dilema de las redes sociales), donde justamente se hace énfasis en la perversidad del modelo de negocios, consistente en la venta de los datos de los usuarios a otras empresas. “Cuando algo es gratis, es que el producto eres tú”, una frase que envuelve todo el concepto sobre el que advierte la película.

Por eso cabe cuestionarse si acabará el creciente celo de los usuarios por su privacidad tumbando el modelo de negocios de Facebook y el resto de sus empresas. Saben de sobra en Silicon Valley que el cementerio está lleno de gigantes imbatibles que en sus días conquistaron el mundo y cayeron cuando reventó la “burbuja de las puntocom”, así que nadie tiene el mañana asegurado.

No obstante no es la primera vez que las cosas se le ponen cuesta arriba a la empresa estadounidense. Un informe del digital El Español, del 3 de febrero de 2019, cuando Facebook cumplía 15 años, compiló una serie de 15 situaciones polémicas en la que se le involucró a lo largo de su trayectoria. Entre esas hay algunas que amenazaron con hacerla tambalear, como la de la guerra contra las fake news (desinformación). En 2017 cuando el problema de las publicaciones mentirosas que se estaban haciendo pasar por noticias se hizo demasiado evidente Facebook reaccionó y tomó medidas. Una de ellas fue priorizar entre los contenidos lo publicado por otros usuarios, antes que los de empresas o medios de comunicación.

Esa lista incluye también una advertencia preocupante sobre los efectos sociales del uso masivo de la plataforma.

“Está desgarrando el tejido social”, dijo quien fuera el vicepresidente de crecimiento de la compañía, Chamath Palihapitiya, que trabajó allí de 2007 a 2011. Explicaba entonces que “Los ciclos de retroalimentación a corto plazo impulsados por la dopamina que hemos creado están destruyendo el funcionamiento de la sociedad. Sin discursos civiles, sin cooperación, con desinformación, con falsedad”, criticó.

También ha sufrido acusaciones por falsear sus estadísticas, lo que le valió una demanda en 2018, de parte de un grupo de pequeños empresarios estadounidenses que habían utilizado el servicio de anuncios. Estimaron que se habían inflado las cifras de visualizaciones en hasta un 900%.

Por otra parte se les señaló por la incidencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, que –se dice– ayudaron a llegar a Donald Trump a la presidencia del país.

Pero una de las mayores controversias es el intercambio de datos. Desde 2010 Facebook ha hecho acuerdos para ceder los datos de los usuarios como modelo de negocio y sin realizar un seguimiento de todo lo que implicaba esta cesión, como demostró una publicación del diario The New York Times. No fue sino hasta 2015 que se restringió el acceso que tenían los desarrolladores de aplicaciones a los datos personales.

Con estos antecedentes no sorprende el celo de los usuarios por preservar su privacidad. → Leer más

El advenimiento de la pandemia a nivel global ha sido un factor omnipresente y puesto en stand by una serie de actividades que hasta el 2020 habían estado en primera línea de las inquietudes y agenda internacional, aunque lentamente se está tratando de retomar cierta normalidad en el quehacer de los foros internacionales, al menos de forma virtual y con un compromiso en el que la atención mundial sigue distraída ante las prioridades por la pandemia.

El COVID-19 fue el gran problema de 2020, sin duda, y en la primera mitad de 2021, cuando las vacunas se están aplicando y se espera que lentamente se vaya extendiendo la inmunidad, se está procesando la recuperación de la agenda con relación al cambio climático.
Es así que en noviembre de 2021, los líderes mundiales se reunirán en Glasgow, Escocia, para trabajar en el sucesor del histórico Acuerdo de París de 2015, encuentro aquel que revistió gran significación porque fue la primera vez que prácticamente todas las naciones del mundo se unieron para acordar que todas necesitaban ayudar a abordar el cambio climático.
El problema fue que los compromisos asumidos por los países para reducir las emisiones de carbono en ese entonces no alcanzaron los objetivos establecidos por la conferencia. En París, se acordó que para fines de siglo el aumento de la temperatura global no estaría por encima de 2°C respecto a los niveles preindustriales. El objetivo era limitar el aumento a 1,5 °C, si era posible.
Pero la realidad indica que los avances han sido muy escasos en este sentido, y según los planes actuales, se espera que el mundo supere el límite de 1,5 °C en 12 años o menos, y que alcance 3 °C de calentamiento para fines de siglo.

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de París, los países prometieron volver a reunirse cada cinco años y aumentar sus objetivos de reducción de carbono, y se había fijado el encuentro en Glasgow en noviembre de 2020, pero debido a la pandemia se aplazó para este año, con la expectativa puesta en que se aumenten los recortes a las emisiones de carbono.
El anuncio más importante respecto al cambio climático se dio el año pasado cuando en setiembre, en la Asamblea General de la ONU, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país tenía como objetivo convertirse en neutral en emisiones de carbono para 2060, lo que implica un cambio contundente, porque la nación más contaminante del mundo, responsable de cerca del 28% de las emisiones mundiales, de esta forma anunciaba el compromiso de cortar sus emisiones incondicionalmente, independientemente de si otros países siguen su ejemplo.
Este aparece en principio como una vuelta de tuerca respecto a las negociaciones anteriores, cuando todos temían asumir el costo de descarbonizar su propia economía, mientras otros no tenían el mismo compromiso.

Otro aporte valedero fue el del Reino Unido, cuando en 2019, fue la primera de las principales economías del mundo en asumir un compromiso legal de cero emisiones netas y la Unión Europea hizo lo mismo en marzo de 2020. Desde entonces, Japón y Corea del Sur se han sumado a lo que, según estimaciones de la ONU, son ya más de 110 países que han establecido una meta de cero neto para mediados de siglo.
Según explica la ONU, el cero neto significa que no se estará agregando nuevas emisiones a la atmósfera. Las emisiones continuarán, pero se equilibrarán absorbiendo una cantidad equivalente de la atmósfera. Los países que se han puesto la meta de llegar al cero neto representan más del 65% de las emisiones globales, y más del 70% de la economía mundial, dice la ONU.
Incluso con la elección de Joe Biden en Estados Unidos, la economía más grande del mundo ahora se ha reincorporado al coro de reducción de carbono.
Con este escenario se llegará en noviembre próximo a la cumbre de Glasgow, donde será preciso aterrizar muchas de estas buenas intenciones, estableciendo una agenda y un cronograma con pautas concretas para hacer realidad estos anuncios optimistas.

Hay factores que según los expertos en buena medida estarían facilitando esta transición hacia la reducción de emisiones a la atmósfera, uno fundamental tiene que ver con la reducción de costos de las energías renovables, y enhorabuena.
Es que la caída del costo de las energías renovables está cambiando el cálculo de la descarbonización. En octubre de 2020, la Agencia Internacional de Energía, una organización intergubernamental, concluyó que los mejores esquemas de energía solar ofrecen ahora “la fuente de electricidad más barata de la historia”.
Cuando se trata de construir nuevas centrales eléctricas, las energías renovables ya suelen ser más baratas que la energía generada por combustibles fósiles en gran parte del mundo, según evaluó la agencia.
Si las naciones que marcan la agenda aumentaran sus inversiones en energía eólica, solar y de baterías en los próximos años, es probable que los precios caigan aún más, hasta un punto en el que comenzará a ser rentable cerrar y reemplazar las centrales eléctricas de carbón y gas.
Esto se debe a que el costo de las energías renovables sigue la lógica de toda la industria: cuanto más se produce, se abarata el producto y cuando más barato se vuelve, más se produce para satisfacer la demanda creciente.

En este contexto, la Unión Europea y el nuevo gobierno de Joe Biden en EE. UU. han prometido billones de dólares en inversiones verdes para poner en marcha sus economías e iniciar el proceso de descarbonización. Pero advierten además su intención de incorporar impuestos a las importaciones de países que emiten demasiado carbono, lo que puede verse como muy alentador si al mismo tiempo no se tiene en cuenta que como contrapartida, en esta ecuación también hay verdes: según la ONU, los países desarrollados están gastando un 50% más en sectores vinculados a los combustibles fósiles que en energías bajas en carbono.
Como tendencia, en este panorama en que nos asomamos lentamente a la pospandemia, tenemos que globalmente existe un impulso creciente para lograr que las empresas incorporen el riesgo climático en su toma de decisiones financieras.

El objetivo es hacer que sea obligatorio para las empresas y los inversores demostrar que sus actividades e inversiones están dando los pasos necesarios para la transición a un mundo de cero emisiones netas, enfoque que será clave para incorporar la integración de estos requisitos en la arquitectura financiera mundial en la conferencia de Glasgow.
Pero no hay que precipitarse en echar las campanas a vuelo ni mucho menos: generalmente se trata de procesos lentos y complejos, con marchas y contramarchas, con muchos intereses en juego que explican muchos de los tropiezos que se han dado hasta el presente y el retraso en alcanzar los objetivos que anteriormente se había trazado.
Así, para tener una posibilidad razonable de alcanzar el objetivo de 1,5°C, se debe reducir a la mitad las emisiones totales para fines de 2030, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el organismo respaldado por la ONU que recopila la ciencia necesaria para informar las políticas.

Esto implicaría lograr cada año la reducción de emisiones que hubo en 2020 gracias a los confinamientos masivos debido a la pandemia, pero la realidad indica que las emisiones, sin embargo, ya están volviendo a los niveles que tenían en 2019.
Ello indica que deberá seguirse trabajando con mucho esfuerzo y convicción, porque muchos países han proclamado a tambor batiente sus intenciones del carbono, pero solo algunos han implementado estrategias para alcanzar esos objetivos y el gran desafío para Glasgow será lograr que las naciones adhieran a políticas que comiencen a reducir las emisiones desde el vamos. → Leer más

Nuevamente el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) alertó por un avance en los estadíos de las enfermedades oncológicas en Uruguay, cuando comiencen los tratamientos. El equipo que asesora al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, planteó la posibilidad de un incremento en las muertes por estas patologías, al menos durante los próximos cinco años. Son las consecuencias “no COVID” que deberá abordar el sistema de salud uruguayo y enfrentar una realidad que ya era dura.
Porque el cáncer es la segunda causa de muerte en Uruguay, detrás de las afecciones cardiovasculares. Y si bien la tendencia a la baja de los estudios preventivos comenzó a observarse el año pasado, este nivel descendente se mantiene en lo que va de 2021.
En Uruguay se diagnostican más de 16.000 nuevos casos anuales y fallecen alrededor de 8.000 pacientes por cáncer. Las nuevas tecnologías, como la telemedicina, tan impulsada en tiempos de pandemia a nivel global, son reconocidas por los servicios de atención sanitaria y la academia.
Sin embargo, los equipos técnicos señalan que no estaban preparados para este escenario. Tampoco los usuarios. Ni siquiera para la atención telefónica, que ha despertado tantos desencuentros entre prestadores y pacientes a nivel nacional.

La reducción de la movilidad y los continuos mensajes que apuntaban a ese objetivo, conspiraron con el descenso del 23 por ciento de estos estudios. Las estadísticas que maneja el GACH recuerdan que a comienzos del año pasado en Uruguay se efectuaban 30 pruebas de Papanicolau por hora. Contrariamente y, en lo que va de este año, ese análisis que detecta el cáncer de cuello de útero, bajó un 61 por ciento. Las mamografías un 75 por ciento y los análisis necesarios para la detección del cáncer de colon descendieron el 45 por ciento.
Con esta realidad a cuestas, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian, acompañado por el director general de la Salud, Miguel Asqueta, anunciaron el retorno a las consultas presenciales el 17 de mayo.
Una vez que se reinstale la consulta tradicional entre médico y paciente, será necesario observar las respuestas. Porque el panorama aún es incierto y no es posible avizorar en forma cercana un descenso sostenido de los casos de COVID-19. Por lo tanto, el miedo seguirá allí.

Y así como la información diaria de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) presenta un cuadro preocupante en la ocupación de las camas de los CTI y situaciones de estrés en los recursos humanos afectados a estas áreas por la pandemia, el escenario no será mejor cuando se corra esa cortina que aún permanece cerrada. Esa realidad será el turno de los distintos tipos de cáncer o cardiopatías que no tuvieron oportunidad de pasar por una medicina preventiva para evitar la intervención o la utilización –nuevamente– de los centros de tratamiento intensivo. La única diferencia es que ahora será por otras causas.
Porque en forma paralela se han afectado todo tipo de controles: en la gestación, salud mental, falta de asistencia a personas con consumo problemático de sustancias, entre otros factores de riesgo para la vida. Y los cuidados paliativos o aquellos que ayudan a sobrellevar los últimos momentos con menos dolor descendieron en forma constante. Uruguay tampoco escapará de las estadísticas internacionales que aseguran un aumento de la mortalidad por cáncer de mama entre 5 y 7 por ciento en los próximos cinco años. O el de cáncer de colon entre 12 y 14 por ciento. O el de pulmón entre 6 y 7 por ciento.

Porque la realidad indicaba que en este país, 678 mujeres morían por cáncer mamario. O que se detectaban unos 2.000 casos de cáncer de colon, razón por la cual fallecían unas 1.000 personas. Incluso el Ministerio de Salud Pública sabe que aproximadamente el 4% de los uruguayos serán diagnosticados con cáncer colo-rectal en algún momento de su vida.
O en el cáncer de pulmón, con un promedio de 1.092 casos nuevos por año en los hombres, con la muerte de 1.000 cada año. Y en las mujeres: 399 casos nuevos y 343 fallecimientos. A estos números, solo hay que agregarle el incremento calculado por los científicos para nuestro país.
En cualquier caso, la no presencialidad en la salud no puede sostenerse hasta que pase la pandemia sanitaria. Las consecuencias no visibles de estas otras patologías afectarán a los servicios asistenciales. Y aunque los esfuerzos están enfocados en enfrentar a una cepa con alta carga viral que se registra en prácticamente todo el país, el día después se plantea desafiante.
Las campañas de prevención y los días de recordación de las patologías oncológicas y cardiovasculares se han vuelto más necesarios que en otras ocasiones. La difusión de hábitos saludables son imprescindibles para comprender que una población obesa, con sobrepeso e insuficiencia respiratoria por EPOC, es de riesgo. La prueba está ahora mismo en los CTI uruguayos, con un alto porcentaje de los pacientes internados por complicaciones con la COVID-19.

Son factores de riesgo que hacen imposible ver una evolución favorable, en tanto la juventud de los internados tampoco jugará a favor. En estos momentos se ve con mayor claridad la utilidad de las campañas mediáticas o la insistencia de los consejos médicos que referían a las consultas anticipadas.
La incertidumbre será revelada con las estadísticas a largo plazo. Pero es un futuro poco halagüeño. → Leer más

Desde el inicio de la pandemia causada por el COVID-19, en estas mismas páginas hemos señalado los graves efectos económicos que la misma tendría sobre nuestro país y sobre sus habitantes. No se trataba (ni se trata) de anteponer la economía a la salud, sino de advertir sobre los males que se manifestaban en diferentes ámbitos tales como el desempleo o un incremento en los problemas relacionados con la salud mental de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Infelizmente los meses transcurridos han confirmado muchos de nuestros temores tal como surge de los estudios llevados a cabo por las autoridades nacionales e internacionales en materia sanitaria.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2020 se perdió el 8,8 por ciento de las horas de trabajo a nivel mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivales a 255 millones de empleos a tiempo completo. La pérdida de horas de trabajo fue particularmente elevada en América Latina y el Caribe, Europa meridional y Asia meridional. La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009”. Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha señalado que “la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia del COVID-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla”.

En Argentina, por ejemplo, y de acuerdo con algunas normas dictadas recientemente, las personas que han recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas en la República Argentina pueden ser convocadas a trabajar de manera presencial una vez que pasaron 14 días de la aplicación de la vacuna. La norma prevé que puede convocarse a trabajar de manera presencial, si han recibido la primera dosis de la vacuna, inclusive a: a) trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años de edad, b) trabajadoras embarazadas y c) trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria nacional de ese país. De acuerdo con la regulación del vecino país, las siguientes personas no podrán ser convocadas a trabajar de manera presencial: a) Personas con Inmunodeficiencias (congénita, asplenia funcional) o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave, VIH dependiendo del status, personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis y b) pacientes oncológicos y trasplantados (con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento o trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos). El personal de la salud con alto riesgo de exposición que se encuentre dentro de los grupos de riesgo y las trabajadoras embarazadas podrán ser convocados a trabajar de manera presencial una vez que pasaron 14 días de haber completado el esquema de vacunación. Las personas convocadas a trabajar de manera presencial deberán presentar constancia de vacunación o manifestar, con carácter de declaración jurada, los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación. Asimismo, se prevé que la persona convocada a trabajar en forma presencial que tenga la posibilidad de vacunarse y opte por no hacerlo, deberá actuar de buena fe y hacer todo lo que esté a su alcance para disminuir los perjuicios que su decisión cause a los empleadores o empleadoras.

En la medida que la crisis sanitaria, económica y social causada por el COVID-19 es un fenómeno de alcance global que ha colocado al mundo en una preocupante encrucijada, otros países están estudiando medidas similares a las adoptadas por la República Argentina para evitar los graves problemas que acarrea esta situación. Ante esto, Uruguay debe comenzar a estudiar las medidas de contenido similar que permitan revertir la preocupante situación que golpea tanto a trabajadores como a empresarios y que derrama sus tristes consecuencias sociales en los hogares de todo el país. No podemos seguir esperando por una situación ideal que podría llegar demasiado tarde, especialmente porque el costo de esa postergación se traducirá en más consecuencias negativas, muchas de ellas irreversibles.

En este sentido, y tal como lo ha anunciado el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Dr. Pablo Mieres, en la próxima ronda del Consejo de Salarios, el MTSS debe analizar si impulsará la introducción de cláusulas en la negociación colectiva que promuevan la vacunación contra la COVID-19 en ámbitos laborales. En varias oportunidades Mieres ha expresado que la vacunación no es obligatoria, pero ello no significa que vacunarse no sea un deber cívico para cualquier ciudadano en condiciones de hacerlo. De la misma manera que manejar borracho causando daños materiales, físicos y morales a otras personas es considerado un acto casi criminal y con graves consecuencias penales y patrimoniales, la falta voluntaria de vacunación, el no uso de tapabocas o el incumplimiento de otras medidas sanitarias dispuestas por las autoridades supone un desprecio por la propia vida pero también por la vida de los demás. Tal como lo establecen en forma expresa las normas argentinas ya mencionadas, el trabajador que decida no vacunarse y no hacer todo lo que esté a su alcance para disminuir los perjuicios de tal decisión será responsable por los mismos ante los empleadores o empleadoras. En estos casos quienes prefieran no vacunarse deberán asumir las consecuencias de sus actos porque no viven aislados sino que son partes de una comunidad ya que como lo dispone nuestra Constitución Nacional, “la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio” a lo que debe sumarse que la salud es un deber como lo establece en forma clara ese cuerpo legal: “Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad”. Quienes no se vacunan violan doblemente ambas disposiciones de nuestra Carta Magna.

Teniendo en cuenta que durante el presente año deberá renovarse un número significativo de convenios colectivos, resulta de máxima urgencia que las partes involucradas en la negociación empiecen cuanto antes a discutir la posibilidad de incluir ese tipo de disposiciones y el alcance de las mismas. En este sentido creemos que Mieres debe convocar a trabajadores y empleadores para que el diálogo se adelante incluso a al inicio de la discusión de otros temas más habituales en ese tipo de negociaciones como por ejemplo, el salarial. La razón para realizar dicha convocatoria resulta doblemente clara ya que por un lado se podrá alcanzar un acuerdo en un tiempo más breve y no tener que esperar varias semanas o meses que tendrán un costo adicional desde el punto de vista económico, social y humano sino porque también se aceleraría la reactivación de la economía.

Sin perjuicio de las fórmulas concretas que deberán ser adoptadas y en todos los casos, Uruguay necesita acelerar su recuperación económica con medidas claras, innovadoras y que brinden seguridad a los trabajadores y a sus familias, por el bien de las mismas y de toda la sociedad. → Leer más

Aunque desde sectores de la oposición hay quienes siguen reclamando que desde el Estado se instale como la “gran solución” una renta básica universal para los sectores más afectados por la pandemia, como si el dinero brotara de entre las piedras y se haya gastado poco de los recursos públicos –los que aportamos todos los uruguayos por la vía de impuestos y otras carga– la realidad indica que a nivel global el advenimiento de la pandemia, además del costo en vidas humanas y económicos, con una recesión ya instalada cuya reversión aparece por ahora como un elemento más de incertidumbre, ha dado por tierra con planes y expectativas generadas en los más diversos países, porque el contagio sanitario también ha dado lugar a un contagio y distorsión de la economía en todo el planeta, en una u otra forma.
Y si a esta problemática no es ajeno ni invulnerable ningún país, por más poderoso que sea, mucho menos lo es Uruguay, que añade a su dependencia y reducida economía en cuanto a escala, el arrastre de un sostenido déficit fiscal, de más del 5 por ciento del PBI, fuerte desempleo y reducción de actividad, lo que acentúa estos parámetros.
Más allá del aspecto sanitario, que lamentablemente está arrojando un altísimo saldo en pérdidas de vidas, con el invierno y sus complicaciones por delante, –pero con una vacunación alentadora y que es de esperar se acelere nuevamente en los próximos días– el gran desafío sigue radicando en atender las consecuencias económico financieras de la pandemia. No solo por el requerimiento de recursos inherentes a subsidios para los sectores más afectados por el desempleo y la pérdida de actividad, sino también por la caída en la recaudación por efectos de una menor dinámica ante la cuarentena voluntaria, y una normalización gradual en la que ha resultado inevitable en el corto plazo la pérdida de empleos y reducción de horas de trabajo, así como disponibilidad de bienes por efectos de la depresión consecuente.
Ante este panorama hay necesidad de disponer de líneas de crédito en volumen significativo y costos accesibles para los sectores reales de la economía, para la inversión y estímulos, tanto en lo que refiere a líneas regulares de organismos internacionales como las de carácter especial que se deberán instrumentar a nivel global para la reactivación de la economía mundial, a lo que deberíamos “prendernos”, por supuesto, cuando se los tenga disponibles.
Pero cada país tiene sus características y sobre todo problemas propios, y si bien Uruguay, en los últimos quince años registró un sustancial incremento de la deuda, también actuó criteriosamente en lo que refiere a contar con disponibilidad de crédito internacional, con créditos al alcance para instrumentar cuando se decidiera dar el paso y la ocasión lo aconsejara.
Sin duda la pandemia ha gatillado y potenciado esta posibilidad, que ya era necesario incluso sin pandemia, habida cuenta del estancamiento de la economía y el desempleo reinantes en el Uruguay, que ronda el 10 por ciento pero con una significativa depresión de la actividad.
Los números recientemente publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, dan cuenta de un déficit fiscal equivalente al 5 por ciento del PBI en los 12 meses cerrados a marzo de 2021, aunque la media adecuada es del 5,7 por ciento descontando el efecto de los fondos vertidos por mandato legal desde el sistema jubilatorio privado al fideicomiso de la Seguridad Social al BPS, conocido como fondo de los cincuentones.
De acuerdo al informe de la consultora KPMG, medido en dólares corrientes, el déficit del gobierno central-BPS es de unos 3.100 millones de dólares, y el país sigue atravesando el período de mayor déficit de los últimos treinta años, iniciado en el gobierno anterior. Si bien al cierre de 2021 se presume que este déficit será inferior al de 2020, el recrudecimiento de la crisis sanitaria hace pensar que estará por encima de la proyección de 4,3 por ciento trazada por el Poder Ejecutivo.
El gobierno de Luis Lacalle Pou delineó el año anterior un nuevo plan financiero ante la realidad, y este paquete comprende fundamentalmente usufructuar los créditos de diversos organismos, cambio de moneda en préstamos y emisiones.
La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló en este sentido que las necesidades totales de fondeo para 2020 se proyectaban en unos US$ 4.649 millones.
La citada Unidad detalló que los gastos se verían incrementados por los efectos económicos del coronavirus, y en su reporte trimestral, al señalar las necesidades totales de fondeo de US$ 4.649 millones, precisa que de ese total, “el 68% corresponde a servicio de deuda (pago de amortizaciones e intereses)”, y puntualiza que de la deuda a amortizar en 2020 “casi 80% está denominada en moneda local y en manos de residentes, lo cual mitiga la exposición de corto plazo a una depreciación del tipo de cambio (suba del dólar) y la volatilidad de los mercados financieros globales”.
El informe de la consultora de que da cuenta El País, resume que el fondeo logrado por Uruguay en 2020 cubrió el déficit previsto, pero a costa del aumento de deuda, que es del orden del 70 por ciento del PBI, poniendo en riesgo en su momento el grado inversor, aunque los mercados financieros siguen renovando su confianza en cuanto al nivel del riesgo más allá del aspecto coyuntural por el COVID-19.
Alerta el informe que el déficit de la seguridad social afecta la baja estructural más allá del aspecto transitorio del COVID-19, y se estima el déficit del BPS actual en los 5.300 millones de dólares.
Es una buena señal que el sistema político tenga consenso en la importancia de abordar esta problemática, incluso a través de una comisión interdisciplinaria de expertos designada por el presidente Luis Lacalle Pou.
De todas formas, el diagnóstico y recomendaciones que surjan de este trabajo no se aplicarán en lo inmediato y a lo sumo se podrá trabajar hacia el mediano plazo. Pero estos elementos no juegan en la encerrona actual de pandemia-caída de actividad, que requiere respuestas inmediatas para poder empezar a transitar el camino del crecimiento lo antes posible.
Lamentablemente, ello solo podrá ser objeto de atención prioritaria tras la coyuntura sanitaria, porque es preciso utilizar con el mejor criterio posible en la pospandemia los fondos para insuflar recursos en sectores clave de la economía, a efectos de la producción de bienes y servicios, además de atender políticas sociales mientras se dé la transición hacia la recuperación económica y su consecuente derrame gradual sobre el tramado socioeconómico, alentando la asociación de capital-trabajo como motor disparador de la generación de riqueza. → Leer más

“También encontré una empresa que, en algún momento, perdió el rumbo en las razones para la que fue creada, que es dar servicio de telecomunicaciones”; “hay contrastes entre una localidad del Interior profundo que no tienen conectividad y acá (Montevideo) tenemos lujos” reflexionó en entrevista con Montevideo Portal el presidente del Directorio de Antel, Dr. Gabriel Gurméndez, quien había ocupado ya este cargo durante la presidencia de Jorge Batlle, al referirse a la situación en que encontró al ente de las telecomunicaciones y el desafío que implica su gestión.

El jerarca apuntó al respecto que “para mí fue una responsabilidad” y consideró que más allá de los titulares “lo que tuve fue un sentimiento de gran orgullo y de gratitud con el presidente Lacalle Pou, no habiendo estado nunca cerca de él en lo político, ni de tener una relación personal de amistad porque somos de generaciones distintas. Agradezco que él haya tenido ese paso de convocarme en un momento difícil y donde yo me sentía que podía ser útil”.
Consideró que “creo que como todas las cosas, uno recibe un Antel con muchas fortalezas y muchas debilidades. Antel tiene fortalezas creadas por su propia protección legal, tiene una infraestructura y una plataforma técnica en términos de redes, de cable, de fibra óptica, de celular, etcétera. Evidentemente, eso es una fortaleza. Tiene liderazgo de mercado en términos de participación del mercado en términos de cantidad de clientes en los mercados en los que es competitivo. Tiene una posición top of mind en el consumidor y tiene un equipo técnico robusto, con capacidades”.

Asimismo, “también encontré una empresa que, en algún momento, perdió el rumbo en las razones para la que fue creada, que es dar servicio de telecomunicaciones. Tuvo una confusión en su dirección estratégica que, lógicamente, siempre se ejemplifica en por qué hacer un estadio o por qué tirar satélites al espacio, o por qué gastar en esas cantidades enormes de publicidad cuando hay carencias tan relevantes en el servicio. Hay contrastes entre una localidad del Interior profundo que no tienen conectividad y acá tenemos lujos. Entonces creo, y sin ánimo polémico, que hubo un desvío, una distracción en el objetivo de la compañía. En esa distracción, creo que se abandonó muchísimo ciertos sectores de la población”.
A su juicio “hay grandes oportunidades en mejoras en lo que es la gestión de la compañía, una mejor administración de los recursos, una modernización digital, en tener un mejor contacto con el cliente, en poner al cliente en el centro. Creo que se olvidaron, en gran medida, del cliente. Es un vínculo que no se modernizó. Hay que poner más énfasis en la calidad del servicio, hay que modernizar todos los sistemas. Antel es una empresa que, a pesar de su tecnología y su aura, un aura que tiene que ver con todo lo que se gastó en publicidad, tiene ese tipo de carencias. Por ejemplo, los expedientes son de papel y no tienen expediente electrónico. Entonces, hay un contraste entre lo que es la realidad tecnológica y lo que es la gestión. Ahí creo que hay que mejorar mucho y creo que se confió mucho en que los privilegios legales iban a sostener. La única manera de competir es administrando bien, pensando en el cliente y siendo muy eficientes”.

Comparó paralelamente que “el Antel de hoy no tiene nada que ver ni con el del ‘90, ni con el del 2002, por una razón muy sencilla que es, más allá de las coyunturas nacionales, económica o política, que pueden parecerse, tecnológicamente es tal la vorágine del cambio, es de tanto dinamismo, que no tienen nada que ver las realidades tecnológicas. Los impactos en la vida de la gente son absolutamente distintos. En el ‘90, nosotros hablábamos de líneas telefónicas, en el 2002 empezábamos a hablar de ADSL y las cosas se medían en kilobytes. En el 2021 estamos hablando de terabytes y estamos hablando de que las telecomunicaciones son casi la vida misma de las personas, así que son empresas totalmente distintas. Pero los desafíos, desde el liderazgo, al final siempre son los mismos: saber bien cuáles son los problemas, movilizar y motivar los recursos humanos, formar equipos, administrar. Hay ciertas recetas básicas del liderazgo que van más allá de las circunstancias”.

Ocurre que más allá de las cambios inherentes a las épocas, de lo que se trata es de identificar y cumplir con los objetivos y sobre todo el servicio que se brinda a los clientes, de la gestión de la empresa estatal monopólica y de su carácter nacional, es decir de los clientes a lo largo y ancho del país, más allá de donde se encuentren. Y aquí evidentemente se ha incurrido en aciertos y errores, y estos últimos encierran frecuentemente uno de los grandes males del país, es decir el centralismo, que para la dirigencia capitalina implica asimilar los intereses de Montevideo con los del país, cuando se trata de asimetrías y realidades diferentes, en las que el Interior lleva la peor parte.
La construcción del Antel Arena por Antel, cuando presidía el organismo la actual intendente de Montevideo, Carolina Cosse, es un claro ejemplo de cómo se cometen dos errores de gestión en uno: invertir dinero de los contribuyentes en un proyecto que nada le aporta al ente en cuanto a mejorar los servicios para los que pagan los clientes, y además, hacerle un favor al gobierno de Montevideo, porque el estadio es una obra eminentemente de carácter municipal, al punto de que reemplaza al siniestrado Cilindro Municipal, por lo que desde el ente de todos los uruguayos se le regaló más de cien millones de dólares a la Intendencia capitalina.

Y si bien de alguna manera podría haberse atenuado el impacto negativo de este entuerto si la obra se hubiera hecho cuando el ente tuviera una cobertura nacional cumplida, tenemos que se gastó en el Antel Arena más del doble de lo que se tenía previsto, porque se pasó de 40 a 80 o 100 millones de dólares, por lo que, como bien sostiene el actual presidente del organismo, en el gobierno del Frente Amplio se incorporó otro lujo capitalino para Antel mientras en grandes áreas del Interior profundo se sigue sin conectividad, sumando otro privilegio mientras se posterga a los habitantes del norte del Santa Lucía.

Ah, pero sin embargo el gasto estuvo bien hecho, como bien “explica” el director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa. Según el jerarca representante de la oposición, la pandemia “evidenció que invertir en Antel Arena fue un acierto”, y que la situación sanitaria “demostró la utilidad del edificio”, que se transformó en un vacunatorio.
Daría para reírse, si no fuera para llorar, al festejarse un gasto de 100 millones de dólares en un improvisado galpón de lujo para aplicar vacunas durante la emergencia en Montevideo. Pero no todo son sombras, y coincidimos en la importancia de que se haya invertido en la anterior gestión, en extender el servicio con fibra óptica y mejorado la conectividad en muchos lugares en que las carencias eran notorias.
Hubiera sido realmente plausible que se hubiera persistido en esta línea y atender otras mejoras pendientes para el servicio, en lugar de abordar una obra faraónica para lucirla como galardón del jerarca de turno que busca quedar en la historia. → Leer más

Bajo el eslogan “Cómo te movés”, el Movimiento Mayo Amarillo llega a su sexta edición, por segundo año consecutivo en contexto de pandemia.
El objetivo es impulsar la discusión en la sociedad sobre la urgente necesidad de disminuir el número de muertes y heridos como consecuencia de los siniestros de tránsito. Se trata, en definitiva, de dedicar un mes para poner el tema en la agenda pública, aumentar la visibilidad del problema y concientizar a través de diferentes acciones.
Mayo Amarillo es un movimiento surgido en Brasil, hace ya varios años, que ha tomado al quinto mes del año como la referencia para generar acciones en torno a lo que significan las consecuencias de la siniestralidad vial. Se realiza en mayo porque el 11 de mayo de 2011 la Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó la Década de Acción para la Seguridad Vial, y pidió un fuerte compromiso a sus países miembros para sumar esfuerzos de cara al 2020 para poder lograr la reducción de la siniestralidad vial, trabajando en forma multidisciplinaria desde la salud, educación y transporte, entre otros.
En 2015 se consolidó el Mayo Amarillo en todo el mundo, con una gran variedad de acciones y adhesiones en más de 20 países, y la participación masiva de toda la sociedad: ciudadanos, empresas, entidades, organismos públicos y privados, unidos en pro de un tránsito más seguro.
A partir de una importante adhesión de los operadores del sistema de salud y sus profesionales, del apoyo de instituciones que trabajan en el tema del tránsito, de organizaciones y empresas públicas y privadas que se suman a la iniciativa a nivel local cada año, así como los mensajes públicos que se ponen en circulación durante el mes de mayo, la campaña anual apunta a reforzar el valor de los buenos hábitos en el tránsito. Estas acciones han tenido en los últimos años un fuerte apoyo de los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, que se erigen como referentes, para promover buenas prácticas ha generado una serie de intervenciones para poner en agenda pública el tema.
De acuerdo a lo informado por los organizadores, el plenario del Movimiento Mayo Amarillo Uruguay, definió entre varias alternativas trabajar bajo el hasthag #CómoTeMovés.
Al respecto, se entiende que este lema “es una apelación a la reflexión de cómo cada uno usa y se integra a los espacios de tránsito y movilidad, más allá del rol que ocupe circunstancialmente en él”.
Aunque más que llamar la atención sobre los altos índices de fallecidos, heridos y lesionados permanentes como consecuencia del tránsito, la intención es movilizar a la sociedad toda a involucrarse en acciones concretas que difundan este asunto y promuevan la adopción de conductas preventivas, las nefastas estadísticas de accidentes de tránsito –en su mayoría prevenibles– es algo imposible de obviar.
Según la Organización Mundial de la Salud, la siniestralidad vial sigue siendo la principal causa de muerte para personas comprendidas entre los 15 y 29 años.
En toda Latinoamérica es masivo el uso de motocicletas para el transporte de personas, lo que ha aumentado y facilitado la capacidad de traslados pero también engrosado las estadísticas de accidentes y mortalidad, dado que los motociclistas son los más vulnerables.
Nuestro continente registra el 11% de los fallecimientos ocasionados en el tránsito. Se trata de unas 155.000 defunciones anuales y equivale a un 13% de la población del mundo, según los reportes de la Organización Panamericana de la Salud.
Los accidentes de tránsito en rutas y ciudades uruguayas afectan fundamentalmente a población joven y la mayor cantidad de víctimas son motociclistas. En ese sentido, de acuerdo a los informes de siniestralidad vial de los últimos años, aproximadamente la mitad de los motociclistas fallecidos eran jóvenes entre 15 y 29 años.
Según las cifras oficiales de siniestralidad vial, en 2020 un total de 21.854 personas resultaron lesionadas como consecuencia de un siniestro de tránsito, de las cuales 391 fallecieron. Por otra parte, en 2019 hubo un promedio de 2.000 lesionados por mes, en 2020 fueron 1.700. La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) atribuyó la disminución a los períodos de baja movilidad registrados durante la cuarentena voluntaria por la pandemia de COVID-19.
De acuerdo a la información oficial, en marzo de 2020 las restricciones de movilidad derivadas del inicio de la pandemia por COVID-19 incidieron positivamente en la disminución de la siniestralidad, y que las medidas que fueron ampliamente acatadas por la población y eso se vio reflejado en una reducción de la movilidad.
Luego de abril, se volvió prácticamente a la movilidad anterior durante los meses de mayo a diciembre de 2019, y con ello la tasa de siniestralidad sufrió un incremento.
En 2020 el número de fallecidos en siniestros de tránsito descendió un 7,3% respecto al año anterior; el total de lesionados lo hizo en un 13%; y la tasa de mortalidad descendió casi un punto: de 12 cada 100.000 habitantes a 11,1 para nuestro país.
En gran parte, esto parece haberse debido al descenso de movilidad debido a la pandemia. Y esa posibilidad es bastante desalentadora. En primer lugar porque el abatimiento se debe a una coyuntura totalmente nefasta que día a día nos azota sin que hayamos podido ni siquiera frenar un poco los contagios, una pandemia que nos está llevando familiares, amigos, vecinos y que ha matado ya a 3.000 uruguayos.
No es deseable que un mal mayor disminuya otro problema grave de salud pública. Los accidentes de tránsito deberían abatirse por la mejora de nuestras prácticas cotidianas en cosas simples como respetar las reglas de tránsito, utilizar casco, adelantar donde está permitido, no conducir alcoholizados, entre otras conductas que conocemos muy bien pero –evidentemente– no siempre practicamos.
Los siniestros de tránsito constituyen un problema de salud pública y tienen graves repercusiones sociales y económicas, además de las consecuencias físicas y psicológicas que suelen padecer las víctimas, así como la desmejora de la calidad de vida con posterioridad al accidente en caso de sobrevivir.
Quizá hoy, frente a una pandemia que arrasa al mundo, se podría discutir si se puede utilizar el sustantivo “pandemia” para referirse a las muertes provocadas por la siniestralidad vial. No obstante, es indiscutible que necesitamos continuar trabajando para bajar la lamentable estadística de muertes y lesiones en el tránsito. Para eso no se necesita ninguna vacuna sino disminuir las conductas de riesgo cuando estamos en la calle. Se necesita conciencia. → Leer más