Opinión

Hace un par de días alguien de esta casa editorial salió a tomar la temperatura de distintos puntos de la ciudad y lo que descubrió fue bastante obvio: las superficies que estaban a la sombra de un árbol tenían una temperatura menor que las que estaba expuestas directamente al sol. Pero el asunto no quedó en esa simpleza. Porque cuando se dice “menor” se puede pensar en algunos grados, pero no en diez grados o más de diferencia. Porque es difícil imaginar tremendo contraste, pero esa fue la sorpresa. Y diez grados con estas temperaturas es una enormidad. Por eso a la media sombra de algunos árboles la diferencia de esa decena de grados llamaba mucho la atención.
La solución para combatir la canícula entonces es bastante obvia: plantar árboles. No hay que ser ningún especialista para concluir eso. Y pocos estarían en contra si tenemos en cuenta que hoy por hoy, muchos proclaman a viva voz que son “amantes” de la naturaleza, que estamos muy encerrados y que el hombre tiene que tener más contacto con todo lo que sea natural para sentirse mejor y, paradójicamente ser más “humano”. Lo de la paradoja viene a cuento porque, si vemos un poco la historia de la humanidad, el ser humano no ha sido precisamente un amigo de la naturaleza sino todo lo contrario. Desde que el mundo es mundo, hemos luchado contra ella. Hemos cazado, arado, talado, depredado y alterado completamente ecosistemas que nunca volvieron a ser los mismos.
¿Eso estuvo mal? Bueno, aquí tenemos el dilema entre la conservación de lo que nos rodea o el progreso que permite que usted esté leyendo este diario impreso en papel proveniente de un árbol y que quien lo escriba utilice una computadora, que además de consumir energía también tiene muchos componentes que tienen que ver con la explotación de la naturaleza.
Pero, en fin, hoy todos somos amantes de la naturaleza. Al menos hasta que esa naturaleza se acerca demasiado. Porque si a nuestra casa entra cualquier alimaña o animal ajeno, nos sentimos tan invadidos como el cavernícola que veía como un oso se metía en su cueva. Aunque ese puede ser un ejemplo demasiado radical.
Hay otro, sin embargo, que al ser prácticamente invisible, molesta cuando ya es demasiado tarde. Es el de los propios árboles, o mejor dicho, el de las raíces. Lo que vemos de un árbol es su tronco, sus ramas y sus hojas. Y nos gusta eso. Pero, para que eso sea realidad, las raíces que no vemos crecen tanto o más que la propia copa de ese árbol.
Y todo está bien hasta que las raíces comienzan a hacerse sentir en la superficie. Y lo hacen de la única manera que saben, o sea, crecer y crecer hasta que las veredas no dan más y primero se deforman y luego se rompen. Para completar, el árbol envejece y, después de un tiempo se vuelve una amenaza, cientos de kilos que pueden caer sobre la calle o sobre nuestras propias cabezas.
Se decide con mucha lógica entonces, cortar ese árbol. Son muchos los que últimamente se pueden ver por toda la ciudad de los que solo queda una base en la que se puede observar que había poco o nada en el centro. Bien talado entonces. Sin embargo, esos son los casos menos frecuentes. Muchos árboles eran jóvenes y fuertes, que tenían muchos años de vida todavía pero que, sin embargo, también fueron talados. El tema a esa altura ya no cierra tanto. ¿Porqué cortar esos árboles? ¿Por las raíces? ¿Por la higiene? Las razones pueden variar, el asunto es que a alguien se le ocurrió que ahí estaban de más y ahora ya no están.
A todo esto, todos pueden tener sus razones. Ahora bien, la sencilla demostración de comprobar con un termómetro infrarrojo que la sombra de los árboles es un gran alivio al calor infernal que vivimos, no es un asunto para dejar pasar.
Porque lo que está ocurriendo en muchos puntos de la ciudad es que se está llegando a un paisaje totalmente despojado de árboles y lleno de hormigón. Nos estamos quedando sin pulmones para que la ciudad respire y sin el acondicionador de aire natural que son los árboles. El poco verde que hay en las plazas no es suficiente. Sin embargo, es lo que estamos consiguiendo. Hace un tiempo Gensa hizo algo así como una campaña donde no solo plantaron algunos árboles, sino que también explicaban en las escuelas porqué eso era necesario.
Y nadie podía decir que no se estaba de acuerdo. Pero, como muchas veces sucede en Uruguay, la política se cruzó en el camino y todo quedó en la nada.
Como si de seguir luchando contra la naturaleza se tratara, parece que lo que hay ahora es toda una cruzada contra los árboles. Porque a aquellos que todavía están sanos y fuertes, también se los ataca cortándole la corteza en forma de anillos para que se sequen, o simplemente se los saca y se tapa con baldosas el agujero para no verse en la obligación o necesidad de reponerlo.
Es cierto, los árboles y cualquier otra planta demanda cuidados, trabajo y mantenimiento; regarlo, podarlo y barrer sus hojas en otoño, que pueden tapar desagües que también deberán limpiarse. Y en estos tiempos son pocos los que están dispuestos a hacerlo. De hecho en cada temporada de caída de hojas proliferan las quejas de los vecinos porque “la Intendencia no barre”… Cuando bien puede –y debe- hacerlo cada uno en el espacio que le corresponde, cuando menos. Entonces prefieren “cortar por lo sano” y terminar con el molesto vegetal que tienen frente a su casa, en forma inconsulta. Pero claro, llega el verano y buscan desesperados el árbol de algún vecino para estacionar su vehículo a la sombra –quitándole ese espacio al “dueño” que tiene que dejar su auto al rayo del sol–, y se quejan por “la” calor insoportable que no permite siquiera dormir, porque la calle y la vereda siguen al rojo vivo hasta pasada la medianoche. Además, la ciudad gasta miles de kilowatts de energía eléctrica para refrigerar de mala manera habitaciones con paredes calientes por estar expuestas directamente a los rayos solares, en especial las que dan al oeste. Energía que por más que la paga el vecino, significa un gasto para el país, que debe reforzar las líneas de abastecimiento para responder a demandas extremas que se dan ocasionalmente.
Por eso a esta altura el tener las veredas pobladas de árboles ya no debería ser una decisión personal, sino una obligación establecida por la reglamentación municipal. El interés colectivo tiene que estar por encima del particular, más si consideramos que con el cambio climático, las olas de calor extremo como el que estamos viviendo serán mucho más frecuentes en los próximos años.
Por supuesto es imprescindible crear conciencia ecológica y promover el árbol, pero dejar la decisión en manos de la gente nunca dará resultado; de hecho los árboles para el ornato público son gratis, los provee el vivero municipal o incluso Gensa si se lo solicitan, pero la tendencia sigue siendo deficitaria.
Sería buena cosa que la Junta Departamental se haga eco y encuentre la manera de hacer de Paysandú, una ciudad amigable con la naturaleza.

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Resulta un ejercicio en extremo complicado –si se quiere hacerlo con seriedad y objetividad— analizar las perspectivas en la evolución → Leer más

En los últimos días del año pasado, durante el debate parlamentario que concluyó con la aprobación en el Senado del proyecto de ley que introducía modificaciones en la normativa forestal (que luego sería vetado en el Poder Ejecutivo), como al pasar, el senador Enrique Rubio, del Frente Amplio, mencionó la posibilidad de que una cuarta planta de celulosa se instale en nuestro país. Poco después, entrevistado en el programa Mejor Hablar de la emisora montevideana M24, el mismo legislador agregó otras señas sobre esta posibilidad, como por ejemplo que podría ubicarse en el Este del país.
“Yo mismo, pero una opinión personal, preveo que pueda haber una cuarta planta en el Este. Porque el Este queda desnivelado, pero necesita una logística adecuada, y ahora como se estaba logrando un acuerdo con Brasil para el desarrollo de una vía navegable –la vieja idea de la laguna Merín – Laguna de los Patos–, y salir en un puerto de aguas profundas por ese lado, diría que en el horizonte puede estar esa posibilidad”, afirmó.
También expresó que esta eventual nueva industria no debería estar destinada a la mera producción de pulpa para papel, sino asociada a un desarrollo que vaya más allá de ese paso siguiente a la materia prima.
La posibilidad de esta cuarta planta de celulosa podría ser el eventual justificativo de que se ampliaran en el futuro los límites de la forestación, explicó Rubio.
“El gran futuro es el desarrollo biotecnológico porque la biología es el centro del desarrollo del mundo en este siglo. Es el desarrollo de las biorrefinerías; o sea, si el Uruguay toma el camino de las biorrefinerías, de transformar la materia prima biológica de base forestal, no competitiva con la cuestión alimentaria, si toma esa base biológica para producir bioproductos, se coloca en la primera línea del desarrollo mundial”, avizoró. Aclaró que lógicamente este paso requerirá de importantes inversiones tanto en investigación como en desarrollo.
Después de varios días parecía que el tema quedaría por allí, como un comentario descolgado de un legislador sobre un tema que planteó en medio de un debate más puntual, como el de las regulaciones a la actividad forestal. Pero esta semana fue el propio ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, quien hizo alusión a esta posibilidad de instalación de una nueva planta de celulosa en el país, y lo hizo en términos poco auspiciosos sobre la idea, aunque sin dejar de aclarar que se trata de una opinión estrictamente personal.
Hablando en la misma emisora que anteriormente lo hizo Rubio, en una entrevista en un programa agropecuario que tenía como tema principal los incendios forestales acontecidos en Paysandú y Río Negro dijo que “como Ministro de Ambiente no voy a opinar, pero como Adrián Peña me parece que ya estamos en el desarrollo suficiente de un modelo celulósico en el país y a priori me parece mucho una cuarta planta” de procesamiento de celulosa.
Por otra parte destacó que sí hay consenso en cuanto a la necesidad de avanzar en un modelo forestal destinado a madera de calidad para aserrío, que “tiene el respaldo de todo el sistema político”.
No está nada mal que ante la posibilidad de que se presenté un proyecto de inversión relacionado con la cuarta planta, ya haya un debate avanzado en el sistema político y en la opinión pública, considerando los pros y los contras. Claramente de presentarse formalmente la iniciativa, será un proyecto que tendrá aún más oposición que el actualmente en desarrollo en el centro del país, y no es de extrañarse.
Todo el proceso de UPM 2 ha evidenciado los problemas de infraestructura del país y lo difícil que es pretender solucionarlos de golpe, con soluciones casi mágicas, como la construcción exprés de un tren de carga de alta velocidad, un proyecto que se metió solito en un cuello de botella que eventualmente se resolverá, pero que dejará dolores de cabeza que tal vez el tiempo sea capaz de aliviar. La ralentización que sufrió esta solución mágica ocasionó que hubiese que salir a buscar otra no menos mágica, como la construcción de una doble vía en la Ruta 5 de Montevideo a Durazno, que eventualmente se inundará de camiones. En medio de todo, mientras se resuelve lo del tren, Ancap quedó sin poder transportar por vía férrea los combustibles a sus plantas de distribución en Durazno y Treinta y Tres, con los sobrecostos que ello implica.
Sin terminar de ver cómo se puede resolver eso ya hay mentes pensando en qué lugar del tablero se podría poner una cuarta fábrica de celulosa.
Todavía nos falta ver también cómo va a funcionar el tema de los vertidos en el río Negro, un curso mucho menos caudaloso que el Uruguay y el Río de la Plata, sobre los que se ubicaron las dos plantas que ya están operativas. Y en el Este, cuál sería el río capaz de absorber los vertidos. ¿El Cebollatí, el Tacuarí? Ambos mucho menos caudalosos aún que el río Negro y afluentes de la laguna Merín, que sería tal vez la otra posibilidad que se maneje.
No sería mala cosa que esta discusión sobre si Uruguay admite la construcción de una nueva planta se abra ahora y las consideraciones que se hagan se basen en realidades, como las posibilidades de desarrollo de la infraestructura necesaria y las condiciones ambientales, sin pretender cerrarse a ninguna posibilidad, pero sin hacerse trampas al solitario que terminar ocasionando daños colaterales que heredarán futuros gobiernos y, especialmente, futuras generaciones. → Leer más

Recientemente ha causado repercusión en el ámbito judicial expresiones vertidas por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, con su particular estilo frontal, en el sentido de que el Poder Judicial estaría “infiltrado” por el Frente Amplio ante determinados fallos polémicos, y esta postura dio lugar a rechazos desde la Asociación de Magistrados del Uruguay y la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay.
Sin embargo, en el marco de este debate, los integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay tienen una postura distinta y dieron a conocer un comunicado en el que señalan que “las circunstancias que se han expuesto denotan sin dudas falencias en el funcionamiento de lo que es el sistema de justicia”.
El presidente del gremio de los penalistas, el abogado Juan Fagúndez, habló con Montevideo Portal al respecto y dijo que sin intenciones de opinar desde “un punto de vista político”, cosa que según aseguró no compete al gremio, si se expresa desde “un punto de vista científico social” al decir que lo que les interesa es “que las personas no sean sometidas a un proceso desigual, injusto y que tiene que cambiar de una vez por todas”.
Asevera que “sobre todo, y esto es una cuestión personal de quien habla, no se puede otorgar derechos pisando derechos de otras personas. En general lo que viene pasando a nivel de política criminal es que se ha generado una situación donde parecería que en el Poder Judicial se toman resoluciones sin fundamento académico científico, simplemente por una cuestión de política social”.
“Las políticas sociales no tienen que influir en lo que la Constitución indica respecto de los derechos de las personas valorados igual y equitativamente”, agregó, para acotar que este año va a haber “un debate acerca de las diferencias de consideración sobre si quien acude a la Justicia es un hombre o una mujer”.
“Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos y si la justicia de este país va a atender algunas cuestiones que antes no se atendían nos parece perfecto, pero de ninguna manera soslayando los derechos de las personas, sean hombres, sean varones, sean lo que sea, para discriminar, desde el punto de vista de la justicia republicana, a un ser humano”, expresó Fagúndez, para añadir que el Poder Judicial tiene que “trabajar en la protección de algunas situaciones que antes eran ignoradas, pero eso no quiere decir que se avasalle el derecho de quien puede estar en una situación de imputado por esa razón”.
Asimismo el abogado manifestó que hoy el “Poder Judicial popular y académicamente está cuestionado por su falta de rigurosidad”, por “tomar decisiones que muchas veces afectan al ser humano hombre sin ningún tipo de intervención judicial”.
“Me refiero a una audiencia con abogado de las partes y con una discusión basada en el derecho y con técnicas de aplicación, ya sea forenses o psicológicas para llegar al fondo de la cuestión. Que sean serias, contundentes y que no tengan ningún rasgo de sesgo de decisión respecto a quien la expide o respecto de que se quiere determinar” dijo.
También evaluó que “hay una crisis absoluta del ejercicio de los derechos tal cual los manda la Constitución y los diferentes códigos respecto a lo que hacen algunos operadores en materia de Familia Especializada, en la materia penal y en el circuito que se da entre Familia Especializada y justicia penal”.
“Esto merece una discusión política profunda que no esté relacionada con votos o con futuras reelecciones, sino que tiene que estar relacionado con la Constitución, la República y la decencia en la aplicación del derecho”, concluyó.
Lo señalado por el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas da mucho paño para el análisis, por lo pronto si se parte de la premisa de que de lo que se trata es de hacer cumplir la ley, cuyos vericuetos no siempre permiten llegar a una definición justa en los conflictos o situaciones que se plantean, porque el juez lisa y llanamente debe atenerse al marco legal en sus análisis y fallos.
Por supuesto, no hay que olvidar que siempre está presente el factor humano, y por lo tanto los errores siempre pueden estar presentes a la hora de los fallos, pero lo importante es que funcione la institución como tal, para lo que existen por ejemplo los tribunales de alzada, aunque para estas instancias, más allá de eventuales fallos cuestionables, existen condicionamientos en tiempo, acceso y costos adicionales que no siempre pueden ser afrontados por el ciudadano común.
En el caso al que se refiere el profesional que preside la gremial de abogados criminalistas, es evidente que tiene que ver con la sanción de leyes en que lamentablemente se cedió a la presión de colectivos –en este caso feministas– con visiones extremistas –también ideológicas– y que hizo que en muchos casos se invierta la carga de la prueba, es decir que el acusado tuviera que probar a priori su inocencia, en lugar de ser al revés, de considerarlo inocente hasta que se pruebe lo contrario, así como llegar a la incongruencia de establecer la figura del femicidio, como si una muerte sea peor que otra de acuerdo al sexo de la persona y no tenga que ver con el crimen en sí, en la atrocidad de tronchar una vida por la circunstancia que sea.
De ahí la reflexión que aporta el Dr. Fagúndez en el sentido de que “las políticas sociales no tienen que influir en lo que la Constitución indica respecto de los derechos de las personas valorados igual y equitativamente”, y que este año va a haber “un debate acerca de las diferencias de consideración sobre si quien acude a la Justicia es un hombre o una mujer”, precisamente por la distorsión que implica haber aprobado leyes bajo la presión de colectivos fundamentalistas que se “bandean” en sus planteos y que son aprobados bajo consignas y griteríos de quienes hacen “lobby” para llevar agua hacia su molino.
Era evidente que aquellos polvos iban a traer estos lodos, que es el precio que se paga cuando más allá de la buena intención de quienes lo hacen para atender situaciones que responden a hechos abusivos, en su mirada hemipléjica lo que logran es dejar sembrado el germen de la injusticia contra personas a las que se les aplica el marco legal con una mirada previa de culpabilidad, muy difícil de levantar cuando se les estigmatiza automáticamente y se pisotean sus derechos por razones solo de su sexo, en una cancha “flechada”, como considera la Asociación de Abogados Criminalistas. → Leer más

Mientras el ministro de Salud, Daniel Salinas, insta a “mirar lo macro”, ante el aumento de casos de COVID-19 por la variante ómicron en Uruguay, donde se registra un desacople entre la cantidad de positivos registrados a diario y los internados en CTI, otras autoridades que manejan el panorama a nivel macro mantienen sus posturas acotadas a una circunstancia pequeña.
En su última conferencia de prensa antes de Navidad, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que es una ilusión la dosis de refuerzo para superar la pandemia.
Alertadas por las autoridades sanitarias uruguayas desde hace varios meses, en nuestro país se reconoce que la vacunación con la pauta completa no es una condición de inmunidad absoluta. A nivel nacional, tanto las autoridades del gobierno, así como las académicas, sostienen que descendió la gravedad de los casos en función de los elevados índices de vacunación registrados desde el primer trimestre de 2020. Incluso, en las últimas semanas hubo un aumento en el registro de inscripciones para recibir la tercera dosis.
La información diaria que registra el Sistema Nacional de Emergencia, a través del ministerio, parece desalentadora, ante los esfuerzos registrados por profesionales de la salud. Sin embargo, el panorama macro mantiene otras aristas.
A nivel local, por ejemplo, no hay registros de internaciones por COVID-19 y en el país, en comparación al mismo período del año pasado, se incrementaban las ocupaciones de camas que se extenderían a lo largo del primer semestre de 2020.
¿Qué conclusión es posible sacar de este escenario uruguayo? Si las variantes provienen del exterior y el país comenzó su blindaje a través de la inoculación, no es posible suponer que los programas de refuerzo prolongarán la pandemia, en vez de acabar con ella. Sin embargo, la autoridad global así lo piensa.
Salinas, por el contrario, establece que hay un desacople entre el crecimiento exponencial de los casos positivos y el número de activos, en relación a la cantidad de internados graves y fallecidos.
Por ejemplo, de los 33 pacientes en cuidados intensivos, solo 3% cuenta con las tres dosis, el 18% recibió las dos dosis y el 80% decidió no vacunarse.
Esa es nuestra realidad. Y la de otros 120 países que retomaron sus niveles de vacunación. El problema no es la discusión sanitaria que puede extenderse mientras dure la pandemia, sino el contenido social de su discurso. Porque los países que encaran las dosis de refuerzo pertenecen en su mayoría a los ricos o de ingresos medios. Y, tal como lo ha dicho el comité de expertos en políticas de inmunización de la OMS, “ningún país pobre ha desarrollado aún un programa de refuerzo”.
Nuestra región se ha caracterizado por mantener esta brecha y Uruguay marca una tendencia favorable a su política sanitaria. De lo contrario, no tendrían otra explicación las colas de turistas que llegan a vacunarse en tiempos de vacaciones.
En cualquier caso, el programa sanitario uruguayo ha sido bastante más ambicioso que la exhortación de la OMS. La autoridad global recomendó que “los esfuerzos de inmunización deben seguir centrándose en la reducción de muertes y de los casos más graves y en la protección del sistema sanitario”.
La línea conductora en Uruguay se desmarcó desde sus inicios de ese objetivo inicial y apuntó a la búsqueda de una salida propia. Porque ese concepto tan polémico de la “libertad responsable” ubica a cada uno en su lugar de agente multiplicador de conciencia, donde cada uno resuelve hacia dónde va o con quién se reúne.
No es tarea fácil evitar que el virus circule, porque la interrupción de tareas implica costos laborales para trabajadores y empresas, en el marco de una coyuntura aún sensible a los niveles prepandemia.
También es posible analizar al grito de la tribuna este incremento de positivos y pedir medidas restrictivas de la movilidad o la convocatoria al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que oportunamente ya aportó todo su conocimiento y destaque académico.
La tensión en el primer nivel de atención está confirmada y las demoras en la atención generan hastío en una población –nacional y del planeta– que cumplirá dos años en marzo, hablando prácticamente del mismo tema.
Ningún discurso temerario ha tenido asidero ni ha llamado la atención del público. Porque mientras las palabras fluyen, los casos se multiplican en Europa, que contabiliza más de cien millones de casos desde el comienzo de la pandemia. Sólo en la última semana del año 2021, el viejo continente registró cinco millones y la variante se extiende rápidamente desde entonces.
Estados Unidos, en la misma situación, superó el millón de casos en un día y pasó por encima de la marca mundial desde el inicio de esta contingencia. Argentina, con 45 millones de habitantes, duplica los contagios cada día y en forma continua, cada país bate su propio récord.
Las primeras economías del mundo reportan situaciones críticas de atención a sus usuarios en los centros hospitalarios, ante la falta de recursos humanos. Y los centros educativos retrasan el comienzo del año lectivo europeo ante la escasez de personal. Es el caso de Inglaterra, que realizó un llamado a profesores jubilados para que ayuden a enfrentar el problema.
Es decir, el mundo entero sufre por la arremetida de esta nueva variante y ve un horizonte incierto de punto final. Las medidas individuales aportarán a ese escenario “macro”, pero ningún discurso tremendista servirá para algo más que las dudas y la crispación.
No es momento de ver a corta distancia ni desde el pequeño lugar del “yo”, sino del amplio “nosotros” que siempre fue el sino de nuestra propia historia.
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Un incendio de 37.000 hectáreas afectó recientemente campos de Río Negro y Paysandú. El fuego arrasó con la mayor superficie de la historia de… hojarasca. Los daños materiales de la tragedia han sido: cero viviendas quemadas, cero personas lesionadas, ningún vecino asistido por emergencia de salud, miles de árboles chamuscados que deberán ser cosechados para su industrialización antes de lo previsto –los troncos no tomaron fuego; solo la corteza de algunos y las hojas–, posiblemente algunas cabezas de ganado con quemaduras en las patas –no se ha establecido cuántas realmente o si hubo muertes–, algunas colmenas quemadas. El “incendio más grande de la historia del país” terminó con torrencial lluvia de… ¡10 milímetros! Pero sin dudas que estamos ante el mayor incendio de la historia… político. Y este incendio, tal como los verdaderos incendios forestales de magnitud, no se apaga un chaparrón aislado.
Cuando los reclamos pasan hasta por lo que gasta el gobierno en la construcción del tren para UPM, se puede asegurar que hay una intención superior que va mucho más allá de la emergencia, el drama vivido por la población y la búsqueda de evitar su repetición.
Ahora los intereses partidarios y la clásica “manija” que suele aparecer en estos casos toman el control de la escena departamental y nacional y los pobladores que vivieron el evento más traumático de sus vidas son usados como simples peones en el gran tablero de ajedrez de la política. En efecto, hasta hace algunos días la guerra era contra el fuego y ahora estamos en las primeras batallas de una guerra política en la cual el interés común y los problemas reales de la población quedan relegados por las apetencias personales de poder.
La oposición e incluso el partido Cabildo Abierto (que teóricamente integra la coalición gobernante) han comenzado a construir, en forma rápida y despiadada, el “relato” del más grande incendio forestal que ha sufrido nuestro país con la finalidad de utilizar políticamente –y para sus intereses– un hecho desgraciado para muchos. Ese relato que tanto el Frente Amplio como el partido liderado por el ex general Guido Manini Ríos quiere instalar en la opinión pública está basado en dos premisas fundamentales: por un lado, los errores de las autoridades nacionales y departamentales responsables en la materia –que por supuesto los hubo, y muchos–, incluyendo a la Dirección Nacional de Bomberos; por otro lado una relato épico y flechado según el cual el incendio de las “37.000 hectáreas” fue combatido, controlado y detenido casi exclusivamente por un grupo de vecinos que más allá de su buena voluntad y vocación de servicios no poseen el conocimiento que puede tener un bombero preparado a tales efectos ni las herramientas para hacerlo eficazmente.
Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, dijo que las medidas anunciadas por el gobierno para contrarrestar las consecuencias del fuego “son razonables”. Aun así, comentó que “hay que asumir” que “el pueblo fue quien se organizó para combatir el incendio”. Sin dudas que el pueblo y la solidaridad de la gente fue fundamental, como lo es siempre en este tipo de eventos extremos; por ejemplo en los balnearios del Este cuando sucede una desgracia así, todo el barrio se moviliza y actúa, porque nadie quiere ver su patrimonio transformado en cenizas sin haber hecho nada para evitarlo. Pero ninguna de las voces que alimentan el relato que tejen a cuatro manos tanto los líderes frentistas como cabildantes arrojan luz sobre los reales efectos de un incendio, que en realidad fue un fuego rastrero y se expandió a nivel de suelo, lo que demuestra lo débil que fue si lo comparamos con incendios forestales en otras regiones o incluso otros que han ocurrido en nuestro país.
El “relato” de los incendios forestales no menciona tampoco lo expresado por el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, quien aseguró que Bomberos ya tiene “pruebas fidedignas y suficientes” que cinco focos en el área en Paysandú donde ocurrió el incendio forestal más extenso en la historia del país “son de características intencionales”, y que pudo haber “más focos (de incendio) con características intencionales” en estos días. No decimos que el principal foco fuese intencional, pero ¿por qué se omite hablar de la existencia de los que fueron provocados intencionalmente? ¿Acaso se quiere distraer la atención pública y colocar a las autoridades nacionales y departamentales (incluyendo Bomberos) como las grandes responsables de la tragedia que no fue?
En este contexto, la Comisión Permanente del Parlamento Nacional sesionará el próximo miércoles 19 de enero, desde las 10, para recibir a los ministros de Ganadería, Fernando Mattos; de Ambiente, Adrián Peña; de Interior, Luis Alberto Heber, y de Defensa, Javier García. De acuerdo con lo informado por el diputado Felipe Schipani, integrante de la comisión, el objetivo es que los secretarios de Estado informen sobre lo actuado con respecto a los incendios forestales de los últimos días.
Este tipo de intervenciones se encuentran dentro de las reglas del juego democrático y es saludable que se produzcan en la medida que aporten soluciones reales a los problemas planteados y no se transformen tan solo en un circo para lograr apariciones en radio, televisión y diarios.
Mientras tanto, diversas autoridades han anunciado distintas medidas que ponen de manifiesto la intención de no dejar solos a quienes fueron afectados por el incendio. De acuerdo con lo informado por “La Diaria” en su edición del pasado 5 de enero “Al visitar la zona, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, especificó a VTV Noticias que OSE exonerará a 1.900 viviendas damnificadas. Por otra parte, Julio Luis Sanguinetti, vicepresidente de UTE, dijo a la radio Universal que se está valorando la posibilidad de exonerar las tarifas de diciembre, enero y quizás una extensión. Sobre la cantidad de personas que recibirán el apoyo y la opción de extenderlo, se está aún dialogando con los distintos ministerios, indicó. En tanto, en conversación con Desayunos Informales, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, anunció que el gobierno tratará de liberar fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia para intentar dar soluciones a los productores. Asimismo, planean “reprogramar los vencimientos de la contribución inmobiliaria rural adecuando el calendario a una situación más confortable para los productores”. A su vez, Telemundo informó que, para muchas de las personas damnificadas, el pago del Banco de Previsión Social (BPS) se hará en cuatro cuotas”.
Cuando una comunidad sufre una desgracia como el incendio que afectó nuestro departamento, se necesita un gran esfuerzo colectivo para superar sus efectos y buscar entre todos soluciones prácticas y efectivas para el futuro. Lamentablemente no todos los actores políticos (incluyendo aquellos supuestos actores sociales que en realidad actúan como “punteros” políticos) poseen esa visión y han elegido priorizar sus ambiciones electorales antes que la búsqueda sincera y consensuada de soluciones.
Es realmente triste e indignante que muchos quieran ganar apoyo político a costa del dolor ajeno, inventando para ello a un “relato” que está basado en medias verdades con la misma esperanza presente en una terrible frase que muchos atribuyen a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda Nazi: “Miente, miente, que al final siempre algo queda”.

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Estamos finalizando una etapa del año bastante crítica para las finanzas personales, una época en la que muchos jefes (muchas veces jefas) de familia hacen magia para poner lo que entienden necesario sobre la mesa y al pie del arbolito.

Esta magia suele no ser otra cosa que terminar accediendo a un crédito en condiciones que se harán difíciles de afrontar en los meses venideros, que a veces puede ser el resto del año o incluso mucho más allá, y la razón para meterse en este problema más que solución, es que es lo que está más a mano.
El dinero se ha convertido hace ya mucho tiempo en el eje de la vida diaria de los uruguayos, pero recientemente ha habido cambios en la dinámica de la obtención y la gestión de este recurso que ha expuesto a muchas personas al riesgo de una mala decisión que por salvar un momento, terminan ocasionando tormentos con consecuencias para nada deseables.

Estas decisiones pueden ser tan simples como la toma de un crédito a intereses muy onerosos para comprar un artículo que tal vez no fuera tan necesario, o el pago de solo los montos mínimos de una tarjeta de crédito con la que se compró una prenda, por la que se puede terminar pagando cientos de veces el valor original.

No es la idea demonizar a los instrumentos financieros. Un crédito puede ser un instrumento sumamente efectivo para sobrellevar un determinado apremio económico, al igual que una tarjeta de crédito puede servir para acceder a una financiación que nos alivie de un desembolso de una sola vez. Pero ¿cualquier crédito me conviene?, ¿todas las tarjetas funcionan igual?

Si tengo más tarjetas puedo aprovechar beneficios en más comercios, podría pensar alguien desprevenido de que con cada tarjeta, además del valor de compra (aunque sea sin recargo) vienen implícitos otros costos, asociados a esa tarjeta, como seguros, gastos de administración etcétera.
Sumado a ello, desde que se instrumentó la inclusión financiera y cada trabajador tiene una cuenta bancaria, se ha vuelto muy fácil acceder a una tarjeta de crédito, los mismos bancos la entregan gratuitamente, al igual que otros servicios de los que disponen por sí mismos o por empresas que forman parte de sus grupos empresariales, como casas de seguro.

Pero la cosa no ha quedado allí, porque han seguido apareciendo “oportunidades”, ya que con la economía digitalizada se ha hecho muy fácil llevar a cabo transferencias y pagos online y el comercio electrónico ha tenido el despegue que se venía pronosticando hace tantos años. La pandemia ayudó muchísimo también.

Y esto sigue, porque del mismo modo también han surgido formas de invertir a través de plataformas virtuales en instrumentos ya conocidos como las bolsas de valores, fideicomisos, y como si el universo conocido no alcanzare, también han aparecido las criptomonedas y tarjetas y cajeros y aplicaciones de trading que las ponen al alcance de la mano.

Es muy fácil. Pero aunque casi nadie hable de ello, también es muy riesgoso.
Y es que en nuestro país (y no solo en nuestro país, por supuesto) hay un debe muy grande en la educación en la economía (incluso en economía doméstica u hogareña) y en las finanzas.

Evidentemente es una exageración decir que todos los problemas de pobreza se solucionan con educación financiera, pero sí se hubiese podido ahorrar serios problemas a muchas de las personas que tomaron decisiones inconvenientes por desconocer las consecuencias de sus actos y terminaron “metidos en el Clearing”, es decir sin poder acceder al mercado formal de créditos, o pudiendo acceder pero a costos exorbitantes.
El Banco Central desde el año 2012 lleva adelante una propuesta llamada BCU Educa, que por medio de una metodología lúdica y vivencial (ferias educativas, talleres y material didáctico) se ocupa de llevar a niños y adolescentes conocimientos acerca de las temáticas económicas y financieras de la sociedad. Muchas de las instituciones bancarias tienen también sus propios programas, algunas intendencias han instrumentado programas de capacitación (incluso virtual), del mismo modo hay en la página de ANDE mucho material disponible al respecto y hasta hay también esfuerzos individuales, como el que lleva adelante Rodrigo Álvarez a través de su recomendable podcast Neurona Financiera, pero todavía es un tema que no alcanza a ser masivo, pese a que toda la sociedad utiliza y administra dinero en su día a día.

Cuál es la mejor forma de llegar con estos conocimientos. Esa es tarea que debería afrontarse y planificarse en conjunto entre los especialistas en la materia y expertos en pedagogía y transmisión de conocimientos. Es posible que no a todo el mundo se le llegue con el mismo mensaje, porque no todos están expuestos a los mismos problemas; no es como el caso del tabaco, por poner un ejemplo.

De buenas a primeras, está claro que es necesario acercarse más y crear consciencia a través de campañas de bien público, como se ha hecho con problemas de salud como la prevención del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares, o el riesgo de incendio o el peligro de sumergirse en aguas inseguras. La “salud financiera” de las personas y de las familias debería considerarse a ese mismo nivel, porque las consecuencias de su descuido pueden llegar a tener un triste desenlace, como tantas veces ha ocurrido. → Leer más

Las expectativas de los actores de la economía para el presente año son indicadores inequívocos de la percepción sobre el rumbo del país, basado en una serie de componentes que intervienen en la compleja ecuación que cada uno percibe en un marco general de situaciones que muchas veces están contrapuestas o se encuadran en conflictos de intereses a dilucidar, por lo que se multiplica la incógnita sobre el futuro inmediato.
Por un lado, es evidente que en el caso de los empresarios, expectativas favorables los hacen proclives a la inversión o reinversión en sus emprendimientos de riesgo, que son los auténticos generadores de empleos genuinos en cualquier país, y por el contrario, una visión negativa tiene un efecto de retracción sobre la emisión de capitales de riesgo y reinversión, por lo que en los hechos, esta visión negativa refuerza un círculo vicioso que agrava el panorama general de la actividad y el empleo.
En nuestro país inciden aspectos coyunturales y estructurales, y lamentablemente, los primeros dependen de estos últimos, porque al seguir presente la problemática de fondo las mejoras coyunturales duran menos y no se condolida la mejora, como es claro ejemplo la época de bonanza que se extendió durante más de una década –hasta 2014– por las condiciones favorables del exterior, pero que no se tradujo a su vez en las inversiones en infraestructura que permitieran hacer sostenible es crecimiento extraordinario. Simplemente se vivió el momento, se gastó por el Estado todos los ingresos excepcionales y una vez transcurrida la onda, las cosas volvieron a ser como antes y peor aún, se dejó como herencia un aumento de los costos fijos del Estado para quien quisiera emprender.
La pandemia a su vez ha sido un convidado de piedra que ha torpedeado las mejores intenciones de reactivar el país, pero aunque todavía con un gran número de casos tras un período de caída muy alentador, se está en un proceso de aceptación en el sentido de que hay que aprender a convivir con la enfermedad mientras se hace todo lo que se pueda para erradicarla definitivamente, como ocurre en todo el mundo.
Esto ha sido incorporado a la visión que tienen los empresarios de nuestro medio: según un relevamiento del semanario Búsqueda, recuperar los niveles de demanda previos a la pandemia de COVID-19 o sostener la creciente recuperación de la actividad de algunos sectores serán, junto con las dificultades logísticas y de suministro a escala internacional y los altos costos internos, los principales problemas que el empresariado uruguayo enfrentará en 2022.
Asimismo, los empresarios mantienen la demanda histórica de que se controle el gasto público y bajar el déficit fiscal para reducir el peso del Estado sobre el sector privado y que se concrete la apertura de nuevos mercados firmando acuerdos de comercio y se incentive la atracción de inversiones.
Entre las dificultades que condicionan un mejor desempeño, la preocupación por la demanda débil o por debajo de los niveles prepandemia ha sido la mayor preocupación empresarial, particularmente entre los ejecutivos del sector de servicios y comercio.
Otro aspecto, relacionado con el sector exportador, tiene que ver con dificultades en la logística internacional que se presentaron en los últimos meses y afectaron la distribución de mercaderías e insumos desde los principales nodos de producción hacia el resto del mundo, lo que disparó las tarifas de los fletes y la disponibilidad de contenedores. Pero sin duda el componente por excelencia y el común denominador refiere a la alta carga impositiva y las tarifas de los servicios públicos, que se engloban en el denominado “costo país”, que es el factor omnipresente para todo emprendimiento o actividad que se encare dentro de la legalidad, además del costo de la mano de obra y en muchos sectores la falta de capacitación.
Asimismo, hay inquietudes que tienen que ver mayormente con el rubro de que se trate, desde que por ejemplo desde el turismo se manifiesta –con mucha razón– la preocupación porque se mantenga bajo control el coronavirus y el temor a que se multipliquen los focos de contagio, con las consecuentes medidas restrictivas, en tanto en otros se expresa incertidumbre por la situación de los países vecinos, la economía global y la competitividad.
Asimismo, la principal aspiración del empresariado es que en este año el gobierno tenga entre sus acciones prioritarias el control del gasto público, lo que naturalmente asocian al “costo país”, y enfatizan la necesidad de bajarlo.
Paralelamente, en la interrelación capital-trabajo, el más de un año y medio de pandemia ha llevado a una significativa caída de la actividad –pudo haber sido mucho peor de haberse adoptado medidas drásticas de cuarentena– se generó una caída del empleo y de los ingresos, y por lo tanto ello se ha reflejado en una pérdida de salario real, por un crecimiento mayor de la inflación que de los ingresos.
Sin dudas, la recuperación del salario real y del empleo son elementos clave para a la vez promover una reactivación del mercado interno, y ello tiene que partir de un esquema sustentable, es decir mayor creación de riqueza, de disponibilidad de recursos y de generación de expectativas positivas para dar condiciones de inversión. Es impensable, además, tener una mejora del salario real y del empleo sobre empresas que apenas sobreviven, endeudadas o con un perfil de actividad muy comprometido, por lo que en todos los casos debe basarse en un proceso gradual y cauteloso, lejos del “sálvese quien pueda”, que solo traería más problemas para los sectores más vulnerables.
Y en este contexto de asumir responsabilidades y situarse a la altura de los acontecimientos nos encontramos con reclamos disonantes como el de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), que denunció este miércoles una “rebaja en los salarios” y pide un incremento para recuperación del salario real.
Un reclamo justo, por supuesto, porque menos salario real conlleva una caída de la calidad de vida de los involucrados y afecta además la demanda en el mercado interno.
Pero la pregunta es si es posible acceder a ello de un plumazo y por decreto, como se reclama, cuando además parte de un sector de trabajadores –los estatales– que fue el único que no padeció desempleo y que mantuvo sus condiciones de trabajo durante la pandemia, contrariamente a lo que sufrió el sector privado en desempleo y subempleo, en reducción horaria, en desaparición de empresas y otras afectaciones producto de la incertidumbre y de la hora crítica.
No es “solidario” ni mucho menos que desde el sector de funcionarios estatales se exija esta recuperación desde ya, a costa de todos los otros sectores, cuando todos sabemos que ello solo puede hacerse a través de un mayor costo del Estado, de mayor carga de impuestos y a pagar por el verdadero motor de la economía, que es el sector privado. Y con esto nos referimos a todos; no solo las empresas “bancan” el estado paquidérmico y voraz, lo hace hasta el más humilde trabajador que paga el IVA en su consumo de subsistencia en el almacén del barrio, por lo que el aumento a los privilegiados de COFE termina pegándole a los que menos tienen.
De lo que se trata –tal vez sea mucho pedir pensando como viene la mano y de los antecedentes– es de compartir verdes y maduras entre todos los sectores, porque en las verdes siempre ha estado solo el sector privado. Es cosa de hacer y dejar crecer la torta para beneficiarnos todos, en lugar de tratar de reclamar primero que nada la tajada propia, y que los demás se arreglen como puedan, que es la forma en que seguramente vamos a perder todos. → Leer más

Paysandú está conmocionado por el incendio forestal que ha sufrido (y en parte sigue sufriendo) una importante área de nuestro → Leer más

A raíz de un llamado desde la Unidad de Género del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un proyecto nacido en Guichón titulado “Camino a Salsipuedes” obtuvo un reconocimiento consistente en el monto de $300.000 para su ejecución en el plazo de un año.
El concurso al que se presentó la iniciativa llevó por título “En apoyo a emprendimientos turísticos en el ámbito rural”, y la convocatoria se enfocó a atender principalmente la situación de las mujeres rurales que trabajan en iniciativas turísticas.
Explicado en EL TELEGRAFO por una de sus responsables, Gloria Duarte, el proyecto consiste básicamente en organizar caminatas desde Guichón hasta Salsipuedes, con varias paradas intermedias por lo que los caminantes cumplirían el trayecto en tramos de unos 20 kilómetros, llegando a pernoctar en cada uno de los centros poblados que se ubican sobre el conocido como Camino de los Charrúas, que son Piñera-Beisso, Merinos, Morató y Tiatucurá. Proponen en cada uno de esos centros poblados organizar las mujeres locales, que ya trabajan juntas en otros emprendimientos como El Camino de la Lana o Alma de Pueblo, abriendo la oportunidad a otras que se quisieran sumar. La tarea de las anfitrionas sería brindar servicios de alojamiento, de comidas, de paseo por la localidad y de contar a la gente que quiera la historia de cada uno de los lugares.
De hecho ya habían acordado con la Intendencia Departamental la gestión ante Inefop para ofrecerles a estas mujeres algún curso que les permita mejorar su capacidad para atender este desafío de recibir turistas.
También está previsto en el proyecto desarrollar determinada infraestructura a lo largo del trayecto, como un sendero a la vera del camino para que los caminantes circulen con mayor seguridad y la colocación de mojones indicadores. Estos mojones, proponían, serían señalizados con “las cartas que tenía Tacuabé” y la imagen general del Camino a Salsipuedes sería la de la escultura que creó el doctor Juan Carlos Ualde, justamente a partir de dos de estas cartas, una que representa al hombre y otra que representa a la mujer. Proponían además una dinámica de funcionamiento que plantearía un desafío para los caminantes, con premios para quienes completen el trayecto.
Pocos días después de que se publicara en EL TELEGRAFO la noticia sobre la aprobación de este proyecto, salió a la luz pública una declaración firmada por una serie de organizaciones que plantearon reparos respecto a la iniciativa. Entre los cuestionamientos mencionan la “comercialización de imágenes y simbología”, en alusión a las “cartas de Tacuabé”, y “que el recorrido termine en Salsipuedes”, un lugar simbólico “donde se encuentran los restos de nuestros ancestros asesinados”.
Pero a continuación profundizan en una serie de reivindicaciones frente al Estado que no están directamente vinculadas al proyecto, calificando como “terriblemente insensible, despiadado, e irrespetuoso, el hecho que desde el estado uruguayo avalen y premien que se utilice nuestra Historia, nuestra Cultura y nuestro Dolor, y que no se reconozca el Genocidio, que no se reconozca la preexistencia a los estados de los Pueblos Originarios de estas Tierras y que no se reconozca nuestra existencia hoy, en este presente”. Agregando su exigencia de “una ley, un decreto, con dignidad para salir de esta Deuda Histórica con el Pueblo Nación Charrúa”.
A raíz de esta protesta cabe hacer algunas consideraciones, y la primera de ellas es hacer notar que no es esta la primera actividad de reivindicación de los Charrúas que se organiza desde Guichón. De hecho el memorial en Salsipuedes, la obra del escultor Juan Carlos Ualde, está allí gracias a la iniciativa de la sociedad civil guichonense –y no por iniciativa de las autoridades políticas– a través del grupo Creativos, quienes en 2001 organizaron el primer encuentro en el lugar, en contacto con grupos que ya tenían la costumbre de reunirse en el lugar, aunque en la margen del departamento de Tacuarembó. La finalidad fue, a texto expreso, turística, desde el inicio. Se creó un circuito que dio lugar a otros posteriormente, que hoy siguen trabajando los Guías de Guichón.
Todo lo que se ha hecho en el lugar, se ha hecho con el mayor de los respetos por la memoria de quienes allí descansan, aún en circunstancias de las desavenencias que han existido entre los grupos de descendientes charrúas, que han llevado a que ese encuentro sea cada vez menos concurrido.
También partió desde Paysandú la iniciativa por la que hoy la ruta que conecta la capital departamental lleve el nombre de Camino de los Charrúas.
Y ni hablar de la obra de Ualde, que además de ese memorial comprende varias otras referencias a los antiguos habitantes de las tierras, de hecho una de sus esculturas, la que lleva por nombre Plegaria indígena, ubicada en Merinos, tiene una réplica obsequiada por el gobierno departamental de nuestro departamento a la cuidad de Villaguay, de cuya zona se sabe que procedieron los charrúas que después se ubicaron en esta zona.
La última consideración refiere a que el circuito tenga como lugar propuesto de finalización a Salsipuedes. Es que los actuales habitantes de la zona, los que conviven con el día a día de su realidad y sus posibilidades, los que de sol a sol salen a trabajar la tierra y que ven en el turismo la posibilidad de mejorar sus ingresos, tienen menos derecho a emplear ese nombre y ese lugar en su provecho.
Más allá de todo, hay que considerar el tipo de turismo que podría acceder a una propuesta de este tipo, evidentemente no se está hablando de un turismo masivo que abusa de los recursos. El proyecto evidentemente está orientado a quienes están dispuestos a hacer el sacrificio de caminar 100 kilómetros en condiciones adversas para tributar un reconocimiento y para adherir a las mismas reivindicaciones por las cuales estas organizaciones se oponen al proyecto.
Detrás de esta iniciativa no hay ninguna multinacional, hay vecinos de una comunidad orgullosa de sus raíces –la Historia no pertenece a ningún colectivo; es de todos– y que una y otra vez ha buscado la forma de resaltarlas y rendirles homenaje. Quienes hayan visto en esta protesta una oportunidad de hacer visibles sus reclamos frente al Estado, han de saber que han cometido un error. → Leer más

En todo cierre de año la constante es trazar un balance de lo acontecido en las áreas que consideramos de mayor importancia, con lo bueno, lo malo y lo regular de uno y otro lado de la balanza. Sin dudas, más allá de determinados puntos de carácter personal o familiar, en el contexto general las inquietudes tienen que ver con aspectos socioeconómicos, los avatares y las perspectivas, con la esperanza de que el futuro va a ser mejor o que por lo menos no puede ser peor.

Pero este 2021, como se insinuaba ya en las postrimerías de 2020, estuvo signado en Uruguay y el mundo por los efectos catastróficos de la pandemia, tanto en el plano sanitario como en el económico, consecuencia de las medidas restrictivas y de contención. Lamentablemente, cuando todo parecía tender a normalizarse, un cuarto empuje de casos a nivel mundial nuevamente está poniendo una cuota de incertidumbre para el 2022.

Tanto es así que nuestros vecinos argentinos están batiendo récords de casos y han superado el máximo registrado en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19, con más de 42.000 casos en un día y, en términos comparativos, a Uruguay no le va mucho mejor, aunque todavía sin llegar a los niveles de los días más críticos.

Más allá del plano sanitario, 2022 se presentó con severas normas restrictivas para la reunión y la circulación en Europa y en menor medida en Estados Unidos, acompañando el invierno boreal, y ello a su vez se proyecta en el plano de la economía global, con algunos sectores más afectados que otros, pero con el efecto dominó en notorio proceso.

La diferencia, al igual que en todo el mundo, refiere a que felizmente las consecuencias sanitarias han cambiado sustancialmente, con un número de muertes e internaciones muy por debajo del año pasado, como consecuencia de que prácticamente tres cuartas partes de la población tienen dos dosis de vacunas y muchas ya se han aplicado la tercera de refuerzo. Los sectores más afectados por ende son los no vacunados y los grupos etarios que tienen menor porcentaje de vacunación, como es el caso de niños y jóvenes.

Pero volviendo al 2021 recientemente finalizado, puede decirse en términos generales que fue un año de particular complejidad y nuestro país salvó el trance con nota aceptable, si tenemos en cuenta que se hizo lo que había que hacer en los momentos de mayor incertidumbre por la pandemia, y el gobierno no cedió a las presiones de sectores –algunos por intereses político-ideológicos– que pretendían que se cerrara todo a cal y canto, y que se aplicara una severa cuarentena, al estilo de Argentina, donde ya sabemos lo que pasó.

En cambio, se trató de mantener la actividad, aunque en términos deprimidos, pero encendidos los motores de la economía, para cuando se pudiera reabrir la actividad. Así, lentamente se ha ido reintegrando a grupos de trabajadores del Seguro por Desempleo, aunque como contrapartida no se pudo sostener el salario real.

Es que es prácticamente imposible atar estas dos moscas por el rabo en plena pandemia, donde caen todos los ingresos y no hay magia para generar riqueza ni se tiene espalda financiera para pagar subsidios al barrer, como ha ocurrido en Europa. Los salarios han crecido menos que la inflación, y cuando era de esperar que se pudiera más o menos retomar un acercamiento entre estos parámetros, con un crecimiento además del consumo interno, se genera esta cuota de incertidumbre. Si bien no ha ido acompañada de medidas restrictivas específicas de contención, la contagiosidad de la variante Omicron –aunque con menos virulencia que las cepas predecesoras– da la pauta de que esta batalla no está ganada y que hay que seguir conviviendo con esta amenaza y sus consecuencias en el plano socioeconómico y sanitario.

Desde el punto de vista fiscal, vistas las circunstancias, el 2021 pudo haber sido mucho peor. La brecha fiscal en expansión, heredada del último gobierno del Frente Amplio, ha sido contenida, a pesar del aumento del gasto extraordinario debido a la pandemia. Es así que en términos netos, obviando este componente, el déficit ha caído al 4 por ciento del PBI anual, mientras que la tasa de crecimiento de la economía anualizada converge hacia un 3,8 por ciento, que no está nada mal teniendo en cuenta las circunstancias.

También ha caído en estos últimos meses la tasa de desempleo, que es del orden del 8,2 por ciento, es decir incluso por debajo del nivel prepandemia, porque no debe olvidarse que en 2020 la economía y el empleo venían en caída, mientras el déficit fiscal superaba el 5 por ciento por un gasto exacerbado del Estado y la ausencia de medidas de contención de estas erogaciones excesivas.

Teniendo en cuenta la importancia de la actividad turística en nuestra economía, no hay que hacerse muchas ilusiones de cómo repercutirá la recientemente iniciada temporada, justo cuando hay recrudecimiento de los casos de COVID en la región, y por ende su incidencia en economía, en el consumo y la creación de empleos zafrales.

Ello plantea una interrogante adicional en este desenvolvimiento de la economía, mientras sin dudas los sindicatos del Estado siguen aislados de la realidad, metidos en sus motivaciones político-ideológicas. Insisten en los paros y plataformas delirantes, con reclamos de recuperación salarial aún en convalecencia, que en el mejor de los casos, solo podrá salir del esfuerzo de todos los otros uruguayos del sector privado, que crean riqueza y mueven la economía asumiendo los riesgos y los costos.

Quiere decir que, como nunca, este 2022 plantea expectativas de corto plazo muy complejas, ante los avatares propios, los regionales y los globales, en una interrelación más controversial que de costumbre, y todo lo que se prevea se asemeja más a optimismo, a esperanzas, que a una realidad confusa e imprevisible.
Pero a la vez hay pendientes temas de mediano y largo plazo, de carácter estructural, que son el mayor problema que nos condiciona en el día a día, porque lo que nos ocurre en gran medida depende que no se hicieron a su debido tiempo las correcciones, como hubiera sido una gran oportunidad en la década anterior, cuando los ingresos extraordinarios por las condiciones favorables del exterior hubieran permitido tener aire para los correctivos que por ejemplo permitieran abaratar el costo del Estado para los sectores productivos y dejar de exportar nuestros mayores costos.

Y, paralelamente, trabajar en mejorar la productividad. Menor costo del Estado, eficiencia en los servicios públicos, reducción de la burocracia, apoyo a los emprendedores y capitales de riesgo para creación de empleos genuinos, son algunos de los deberes atrasados que tenemos y que lamentablemente no podrán arreglarse en el curso de este nuevo año.

Pero en algún momento hay que empezar, más allá de los consabidos enunciados para salir del paso y atribuir responsabilidades a los otros. → Leer más

El año 2022 comienza con la mirada puesta en el 2024. Tanto el gobierno como la oposición tienen en su horizonte el año electoral y las decisiones que se adopten en los meses siguientes se harán con el horizonte puesto en las reacciones del otro lado.
El 2021 finalizó con debates cerrados en el Parlamento, que instalaron temas polémicos y cruces dentro de la coalición de gobierno. El último tema fue la ley forestal, pero vendrán otros y la mayoría opositora se prepara para esas jornadas.
Con el veto presidencial sobre esa iniciativa, se marca la cancha para el escenario político que se retomará, luego de escasas vacaciones. Porque se viene el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que será el último domingo de marzo. Y, a pesar de que durante el año que culminó, el Poder Ejecutivo ignoró una campaña que comenzó con grandes dificultades a raíz de la pandemia de COVID-19, sus resultaron adquirieron fuerza y relevancia, hasta que ganaron los titulares.

El Gobierno se dio un baño de realidad cuando se contabilizaron casi 800.000 firmas, de las cuales la Corte Electoral validó las necesarias para efectuar una consulta popular.

Hoy, con el diario del lunes, no es muy difícil especular sobre lo sucedido si el mandatario hubiera encabezado la campaña a mediados del año. Sin embargo, no respondió ante ese escenario planteado y prefirió continuar en medio de una contingencia que apuraba el paso a otras decisiones sanitarias y de política social.
Cuando el panorama se abría a la “nueva normalidad”, ya finalizaba la recolección de firmas y se aguardaban otras etapas. Después de la resolución de la Corte, comenzaron la planificación de sus respectivas estrategias y el año nuevo promete contener un primer trimestre que quitará a la clase política de la siesta veraniega.

Pero, también, el año dejó a un oficialismo dividido que deberá recomponerse detrás de un objetivo que contiene 135 artículos fundamentales para el programa de gobierno y olvidarse de los constantes cruces públicos que tuvieron los socios de la coalición con la ley forestal.
De igual modo, el oficialismo palpa una campaña contra el Gobierno en vez de un plebiscito respaldado por la acción ciudadana. Y, porque no da lo mismo un resultado que otro, sino todo lo contrario.

Si gana el NO, adquiere una mayor fuerza el gobierno y sus oponentes deberán buscar otros temas para confrontar. Si gana el SI, la fuerza será menor y la expectativa hacia el 2024 aumentará su presión sobre los liderazgos que se posicionen para ese año electoral. Esos liderazgos que aún no están visibles y que componen la gran enseñanza que dejó la campaña electoral pasada.

En forma paralela, habrá una lidia sin tregua –al menos hasta el año electoral– con las organizaciones sociales y la fuerza política en la oposición, que no dejará flanco sin cubrir. Y, a pesar de sus constantes reclamos por mayor visibilidad en los medios de comunicación, son tan habituales sus presencias como panelistas en programas así como en el desarrollo de las noticias.

Tanto sus representantes legislativos como la clase dirigente de sus sindicatos, adquieren relevancia a través de las redes sociales, durante la campaña por la LUC o en entrevistas, donde acostumbraron a teledirigir sus discursos, con fuerte énfasis en sus demandas.
A pesar de que las encuestas dan como favorito al Gobierno, se deberá tener en cuenta que esa es una foto de la realidad de este momento, sin salir aún a la cancha.
Mientras ocurre esto, el presidente de la República apurará el paso para concretar algunos asuntos que fueron la punta de lanza de su campaña electoral y que, pandemia mediante, debió postergar. Como por ejemplo, la erradicación de los asentamientos y el objetivo de regularizar al menos uno por departamento.
El Gobierno se apoya en los buenos números de popularidad sobre la gestión de la pandemia, cuando en realidad recaen sobre la la figura del presidente de la República y, específicamente, en el asunto sanitario.

Como sea, el país se destaca en medio de un contexto regional y global complicado, con casos positivos en aumento y un mundo que vuelve a blindarse como si dos años no fueran nada.
Aquella “libertad responsable” tuvo esa consecuencia de mirada positiva, en comparación con aislamientos obligatorios y una salida hacia el empleo, que se recupera “a la uruguaya”. Porque ahora, la meta es la recuperación de guarismos previos a la pandemia y mejorarlos a partir del crecimiento de la inversión, con la creación de nuevas fuentes de empleo.

En medio de esta escena, existen detalles que no son menores y no cuentan al momento de exponer un debate político, como la estabilidad política, jurídica y económica que prevalece en el país a pesar de las circunstancias y las diferencias.

Y eso, en cualquier caso, es mérito de la matriz genética de un país que ha atravesado por las circunstancias más severas. A pesar de la gritería de quienes no están de acuerdo.
Porque esto, que parece un asunto menor, no se consigue en las cercanías de este gran barrio que es Latinoamérica. No es común, conseguir líderes que generen confianza y optimismo en países que tienen mayores territorios y posibilidades de salir de una crisis.

Una prueba de esto, es el incremento de las inversiones extranjeras y la presencia de quienes pueden invertir en sus propios países, pero lo hacen sobre este pequeño país latinoamericano.

Pero nada nos llegó desde arriba, sino que fue una construcción histórica, capitalizada por esos mismos liderazgos que transcurrieron en el tiempo y forjaron lo que somos.

Todo lo demás, son declaraciones altisonantes que desentonan ante un mundo complejo y de variadas realidades.
El 2021 no fue el fin del mundo, aunque algunos respondan que faltó muy poco para eso. El 2022 será un año importante para definir roles y forjar protagonismos. La responsabilidad, sin embargo, sigue siendo de todos.
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Se cumple en el día de hoy un nuevo aniversario de la caída de la ciudad de Paysandú como trágica culminación del sitio iniciado en el año 1864 y que finalizó el 2 de enero de 1865. Sobre el General Leandro Gómez y los hombres y mujeres que acompañaron la épica defensa de nuestra ciudad se han escrito muchísimos libros y artículos tanto en el Uruguay como en el extranjero y eso nos ha permitido, a quienes habitamos esta tierra, tener presente los detalles de un triste episodio de nuestra historia nacional.

Instalado en un tablero regional de múltiples condicionantes geopolíticas en el cual intervenían intereses tanto nacionales como político partidarios, la historia le reservó a Leandro Gómez la noble tarea de transformarse en el símbolo no solo de la soberanía nacional, sino también de la dignidad y el honor. Su vida de apego y trabajo desinteresado por las causas nobles se vio plasmada en el sacrificio máximo de entregar su vida por su Patria, pero sus acciones en pos del bienestar de los demás lo acompañaban desde el inicio de su vida. Nacido en Montevideo el 13 de marzo de 1811, trabajó como dependiente en la casa de comercio de su padre y en 1825 parte a Buenos Aires para continuar con la misma actividad. En esa ciudad se relaciona con Manuel Oribe, regresando a Montevideo en 1843 y tomando parte del sitio a esa ciudad hasta la paz del 8 de octubre de 1851. Entre otras actividades (y tal cual lo recoge el diario “La República”) “adquirió en Salto un saladero y estuvo en una serie de iniciativas que buscaban mejorar la navegabilidad del río Uruguay, promoviendo el desarrollo económico y social del litoral” e incluso participó en la promoción del ferrocarril en Uruguay por 1858, organizando “una empresa junto con Hocquart, Carlos Navia y Pablo Dupessis, con el propósito de construir un ferrocarril de Montevideo a La Unión, en donde se pensaba concentrar las tabladas”.

Como han expresado los investigadores Mario Dotta Ostria y Rodolfo González Risotto, “Leandro Gómez, reivindicador de Artigas en la época en que aún campeaba la leyenda negra, tuvo que enfrentar a sus detractores y demostrar con su propio ejemplo en la heroica Paysandú, la inmensa responsabilidad que asumía quien se atreviera nuevamente a tremolar la bandera del Jefe de la Liga Federal. Ligado a las tradiciones del Partido Nacional, Leandro Gómez se eleva por sobre banderías y cobra estatura legítima para todos los orientales, como denodado defensor de la independencia nacional llegando hasta el sacrificio en defensa de la misma, que supo defender con honor contra la amenaza de la inicua alianza que Venancio Flores había concertado con el Imperio del Brasil y con los unitarios argentinos”. Estos autores destacan tanto “su ser de ciudadano y militar, como a su pertenencia a la Masonería, y su actuación en 1857, durante la epidemia de fiebre amarilla, seguida de su preocupación por la educación y futuro de la niñez desvalida en la dirección de las Escuelas Filantrópicas, gratuitas y laicas, instaladas veinte años antes de la experiencia vareliana”, constituyendo “el ejemplo de un hombre integral, regido por el sentido del honor que presidía todos sus actos, que actuaba sin soberbia y compenetrado con los ideales artiguistas”. En cumplimiento de esas tareas, Leandro Gómez fue director de la Escuela Hiram, institución salteña que funciona hasta el presente y respecto de cuyas actividades expresó en 1859, al clausurar los cursos de su primer año de existencia: “Por esto no queremos que se diga que aquí formamos hombres de letras, no, sino que el propósito es más ambicioso, y es el de formar hombres de acuerdo a nuestras formas de pensar, que lo sean libres y de buenas costumbres, con defectos que los tendrán, pero con la suficiente hombría como para conocerlos y combatirlos”.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por “héroe” a una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. La grandeza de la vida y obra de Leandro Gómez alcanza su punto más alto en la ciudad de Paysandú y está indisolublemente ligada a la misma, pero excede el plano estrictamente militar para colocarse en los más altos valores de la condición humana. El 2 de enero de 1865 terminó uniendo para siempre el ejemplo perenne de una valentía e integridad indeclinable con la suerte de una ciudad que desde entonces y más allá de banderías político partidarias, lo reconoce como símbolo de su condición de ciudad valiente y pujante porque más allá del sitio infame que terminó ese día la ciudad se recuperó y continuó como pudo y a la velocidad que pudo su vida normal: se reconstruyó la ciudad, se levantaron nuevas construcciones y se continuó con el desarrollo económico y social que constituye la esencia misma del ser sanducero. ¿Acaso Paysandú estaba olvidando a Leandro Gómez al avanzar en dirección al progreso? Claro que no. En realidad, lo estaba honrado de la mejor manera (con hechos concretos y en pos del desarrollo material y espiritual de sus habitantes) y haciendo que valiera la pena el sacrificio que él y cientos de hombres y mujeres realizaron para defender nuestra ciudad. Leandro Gómez ha vivido desde su vil asesinato en el esfuerzo diario y sostenido de todos quienes habitamos este departamento: trabajadores, empresarios, artistas, educadores y en el personal de salud, entre tantos otros. En estos trágicos días en los cuales los incendios forestales azotan nuestro departamento, está claro que Leandro Gómez vive también en los bomberos, policías y militares que son servidores públicos como lo fue él mismo y que arriesgan sus vidas en terribles condiciones de trabajo y lejos de su familia, trabajando por el bienestar no sólo de las personas y poblaciones afectadas, sino también de la sociedad toda. Pero también en el pueblo solidario que no dudó de dar todo de sí para combatir la destrucción de las llamas o ayudar desde el lugar que podían hacerlo.

Así las cosas, Leandro Gómez no es solo un héroe militar sino también un héroe civil y un referente ético y por sobre todo un servidor público ejemplar que debe acompañarnos y guiarnos como sociedad. No dejemos que el tiempo y el bronce lo transforme en un figura lejana y pétrea, máxime cuando los valores humanos universales que defendió durante el sitio a Paysandú siguen tan vigentes como entonces y necesitan ser recordados, retomados y cultivados por todos, pero especialmente por las nuevas generaciones. Figura destacada y merecida del Partido Nacional, Leandro Gómez ha superado los límites de esa colectividad política y forma parte, con total justicia, del más preclaro acervo de nuestra nacionalidad. Tal como fuera destacado en al año 2018 por el entonces intendente de Montevideo, el ingeniero Daniel Martínez, al inaugurar un monolito y una placa en homenaje a Leandro Gómez ubicado en rambla República Argentina de esa ciudad, se trata de una “referencia ética, un faro que debe iluminar la búsqueda de la verdad, pero sobre todo por la defensa de las instituciones y la solidaridad humana”. → Leer más

Esta época del año –y más concretamente su último día– es por excelencia un momento en el cual las instituciones públicas y privadas y los individuos en general realizan un balance de los hechos acaecidos en el año que hoy finaliza. Tratándose de una tendencia generalizada en todas las civilizaciones, más allá de la fecha en la cual se celebre el cambio de año, la tarea supone e impone que no se tomen hechos aislados (algunos buenos y otros malos) sino que se considere la totalidad de todo lo que ha sucedido para poder saber cuán positivo o negativo ha resultado el año transcurrido.

Como lo ha expresado Leonel García en la revista Galería, esos balances se hacen en el peor contexto posible ya que “diciembre es, por muchos motivos, abrumador. El tránsito se convierte en una jungla. Los supermercados están repletos de gente. Los chicos están ansiosos por las vacaciones. Los jóvenes están histéricos por los exámenes. En las oficinas el trabajo sale hasta de los aires acondicionados. La temperatura nubla las mentes. El bombardeo publicitario navideño satura. Las despedidas empachan y embriagan. Las parejas discuten con qué familia política pasar cada fiesta. Las reuniones con seres queridos se superponen; las con seres no queridos también. Ufff. También es un mes donde las soledades y las pérdidas duelen más. Y es un mes en el que se suele pasar raya, poner los ítems en las columnas del debe y del haber, y confeccionar el tan mentado balance. Este diciembre, además, es particularmente abrumador”. ¡Y vaya si lo será, ahora con la sucesión de incendios por todos lados!

Paradójicamente, el balance puede ser un ejercicio que se relacione no sólo con el pasado sino también con el futuro. Como lo ha expresado el psicólogo Nicolás Bagattini: “Los tiempos de reflexión sobre el pasado más próximo, al igual que el más lejano, permiten consolidar progresivamente la identidad en la que sustentamos el futuro. En ese sentido, pensar hacia atrás es también mirar hacia adelante un poco. Ese es un derivado del desarrollo de especie, que nos permite poner la acción en segundo plano y vernos un rato desde fuera. Reflexionar permite así procesar dolores y relativizar euforias, corregir errores y evaluar escenarios futuros”.
Lo cierto es que el 2021 ha dejado, tal como sucede con todos los años, diferentes hechos y circunstancias sobre los cuales debemos reflexionar en tanto comunidad de hombres y mujeres que comparten un espacio físico (nuestro departamento) al cual estamos ligados por lazos familiares, laborales, afectivos, sociales o económicos, pero que en todo caso siempre será “nuestro lugar en el mundo” y lo mismo se aplica, a otra escala, para el Uruguay como país.

Desde el punto de vista económico, por ejemplo, la actividad ha tendido a su normalización en los últimos meses y eso ha sido una gran ayuda para sectores que fueron especialmente afectados por la COVID-19, como por ejemplo la gastronomía, el turismo y las empresas de transporte interdepartamental. A nivel general, se produjo un descenso de la tasa de desempleo (actualmente en valores similares a los de 2019) y un crecimiento de la tasa de actividad y la caída de los seguros por desempleo solicitados por las empresas. De a poco, y a pesar de los reiterados pedidos de quienes poco tienen de profesionales o científicos y mucho de agitadores y “punteros” de la izquierda, no hubo un paro total de actividad y eso fue beneficioso tanto desde el punto de vista social como económico e incluso sanitario especialmente para la salud mental de la población. Hoy, “con el diario del lunes”, queda claro que la opción tomada por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ha sido la correcta y como se dice en la jerga política “dato mata relato”.

A pesar de que estamos ante un aumento sostenido de casos que auguran una nueva ola de infectados, la potencial crisis encuentra al país en una situación mucho mejor que en el 2020 ya que no solamente existen vacunas contra el virus COVID-19 sino que Uruguay ha aplicado tres dosis y eso ha permitido bajar el número de contagios y/o sus efectos en el caso en que finalmente se concreten. Al igual que lo sucedido en la crisis del año 2002 la mesura y la firmeza del presidente de la República fue un elemento decisivo para sortear las aguas embravecidas navegando en un barco donde parte de la tripulación y de los pasajeros pedían, paradójicamente, que el barco se hundiera para poder salvar a los que viajaban a bordo del mismo. Una forma curiosa de razonamiento pero también una muestra impecable de cómo piensan aquellos que apuestan a la máxima “cuando peor, mejor”. Al fin y al cabo, los mismos que pidieron el default en el 2002 son los que pidieron la cuarentena total en el 2021, tal como lo habían hecho en el 2020.

Pese a la sequía que podría poner en riesgo las cosechas de los próximos meses, Uruguay ha logrado muy buenos rindes en materia de trigo, cebada, soja y colza (por mencionar tan sólo algunos) y se sigue beneficiando de un alto precio de las materias primas (“commodities”) como la carne y la celulosa. La construcción de la segunda planta de UPM y el crecimiento del sector forestal reafirman este panorama alentador. De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) Uruguay exportó, en los primeros diez meses del año, 2.300 millones de dólares en el sector cárnico, 53% más que en igual período de 2020. Asimismo, entre octubre de 2020 y de 2021 se vendieron 530.000 toneladas, cifra que supera el récord alcanzado en 2006. En la industria los niveles de actividad han subido considerablemente y sectores como la construcción o las plantas de celulosa continúan “haciendo punta” en materia de actividad y empleo. La llegada de nuevas inversiones al país reafirma la confianza que Uruguay ha logrado construir, mantener y acrecentar durante décadas de gobiernos de distintos partidos políticos. No hay misterio en estos resultados: las políticas de estado que superan la corta mirada electoral siempre brindan beneficios y Uruguay no es la excepción.

A nivel departamental el panorama también invita a soñar con un futuro mejor, anhelo que puede resumirse en el avance de la construcción de la Torre de la Defensa, cuyo carácter emblemático se refuerza con una estructura que cambiará la fisonomía de la ciudad para impulsarnos al futuro y alentarnos a nuevos logros. La importante actividad portuaria (especialmente en lo relativo a contenedores y la posibilidad de articular servicios complementarios con el puerto de Concepción del Uruguay), así como la gran cantidad de obras públicas actualmente en desarrollo y el paulatino embellecimiento de la ciudad (por ejemplo, de la avenida España o de avenida Soriano) aportan a una actividad que genera puestos de trabajo locales. A todo esto, debe sumarse la consolidación y crecimiento de Paysandú como una ciudad universitaria, realidad que este diario siempre ha impulsado desde esta página editorial.

Es verdad que se puede ver el vaso “medio vacío” o “buscarle la quinta pata al gato” en aras de atacar por atacar a diestra y siniestra, pero lo cierto es que también hay motivos para ver el vaso “medio lleno” y es en base a esos logros (que deben ser extendidos y mejorados) que deseamos brindar imaginariamente con nuestros lectores, deseándoles un Feliz Año 2022 que nos encuentre trabajando juntos por hacer realidad las palabras que enmarcan nuestro escudo departamental: “Paz – Trabajo – Progreso”. Que así sea.

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